Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2018-00101-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2018-00101-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 25000-23-37-000-2018-00101-01
Consejero ponente: Julio Roberto Piza Rodriguez
10 de marzo de 2022
Radicado: 25000-23-37-000-2018-00101-01 (25791)
Demandante: Empresas Varias de Medellín S. A. ESP
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ
Bogotá, D. C., diez (10) de marzo de dos mil veintidós (2022)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-37-000-2018-00101-01 (25791)
Demandante: Empresas Varias de Medellín S. A. ESP
Demandada: Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
Temas: Contribución especial año 2017. Adición rubros por faltantes
presupuestarios.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la demandada contra la sentencia
del 13 de agosto de 2020, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Cuarta, Subsección A, que decidió (índice 2)1:
Primero. Declárase la nulidad parcial de la Resolución nro. SSPD-20175340028746, del 29 de junio
de 2017, por medio de la cual le fue proferida a la sociedad demandante liquidación oficial por la
contribución especial de servicios públicos (aseo) del año gravable 2017; y de las resoluciones nros.
SSPD-20175300146425, del 24 de agosto de 2017, y SSPD-2017000181445, del 29 de septiembre
de 2017, por medio de las cuales se confirmó la mencionada liquidación, al desatar los recursos de
reposición y apelación interpuestos, respectivamente, de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva de la presente providencia.
Segundo. A título de restablecimiento del derecho declárase que la contribución especial a cargo de
Empresas Varias de Medellín S. A. ESP, por el año 2017 por el servicio de aseo, corresponde a la
suma de $206.362.916, según la liquidación consignada en la parte motiva.
Tercero. Se ordena a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios devolver a Empresas
Varias de Medellín S. A. ESP la suma de $221.316.084 ajustada al IPC, junto con los intereses
moratorios que legalmente se causen según lo previsto en los artículos 187, 192 y 195 del CPACA.
Cuarto. Deniéganse las demás pretensiones de la demanda.
Quinto. No se condena en costas a la parte vencida, de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva.
(…)
ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA
Mediante los actos administrativos demandados, la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios liquidó, a cargo de la demandante, la contribución especial por el
año 2017 en el monto de $427.679.000. Este acto fue confirmado al resolverse los
recursos de reposición y apelación interpuestos por la actora (índice 2).
1 Del historial de actuaciones registradas en la plataforma informática Samai. Las demás menciones a «índice» están
referidas al mismo repositorio.
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Radicado: 25000-23-37-000-2018-00101-01 (25791)
Demandante: Empresas Varias de Medellín S. A. ESP
ANTECEDENTES PROCESALES
Demanda
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en
el artículo 138 del CPACA (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Ley 1437 de 2011), la demandante formuló las siguientes pretensiones
(índice 2):
1.1 Se declare la nulidad parcial de los actos administrativos expedidos por la entidad demandada
que a continuación se relacionan:
1.1.1 Liquidación Oficial número SSPD nro. 20175340028746 de 2017-06-29, de la contribución
especial correspondiente al año 2017, con fundamento en los artículos 85 de la Ley 142 de 1994 y
23, numeral 9.º, del Decreto 990 de 2002. (…).
1.1.2 Resolución nro. SSP-20175300146425 del 24/08/17 (…) «por la cual se resuelve el recurso de
reposición presentado por Empresas Varias de Medellín ESP contra la Liquidación Oficial nro. SSPD
nro. 20175340028746, del 29 de junio de 2017, correspondiente a la contribución especial año
2017».
1.1.3 Resolución nro. SSPD-20175000181445 DEL 29/09/2017 (…) «por el cual se resuelve un
recurso de apelación», presentado por Empresas Varias de Medellín S. A. ESP, en contra de la
Liquidación Oficial nro. SSPD nro. 20175340028746, del 29 de junio de 2017, correspondiente a la
contribución especial del año 2017.
1.2 Que como consecuencia de la nulidad parcial de los actos administrativos antes enunciados, se
restablezca el derecho de mi representada, ordenando a la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios (SSPD) el reintegro de la suma de dinero correspondiente al mayor valor cancelado
por concepto de contribución especial del año 2017, del servicio de aseo, equivalente a
$247.302.923.13, por el mayor valor cancelado por la contribución especial del servicio de aseo,
suma que deberá ser indexada al momento de proferirse la sentencia.
1.3 Que se condene a la entidad demandada a reconocer y pagar en favor de mi representada los
intereses legales causados sobre las sumas reclamadas desde el momento del pago de la
contribución —teniendo en cuenta el anticipo cancelado frente a cada una de ellas— y hasta la fecha
en la cual se verifique el cumplimiento efectivo de la sentencia con la cual se ponga fin a la
controversia.
1.4 Que se ordene a la entidad demandada a dar cumplimiento a la sentencia en los términos
establecidos en los artículos 192 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
1.5 Que se condene a la entidad demandada al pago de las costas y agencias en derecho a que
haya lugar.
A los anteriores efectos, invocó como normas violadas los artículos 9.º, 29, 95.9, 338 y
363 constitucionales; 712 del ET (Estatuto Tributario); 44 y 237 del CPACA (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011);
85.2 de la Ley 142 de 1994; y 1.º del Decreto 707 de 1995. El concepto de violación
planteado se sintetiza así (índice 2):
De acuerdo con el artículo 85 de la Ley 142 de 1994 y las sentencias C-455 de 1994 y C-
452 de 2003, la demandante consideró que la SuperServicios vulneró el principio de
reserva de ley en materia tributaria, dado que no le era dable ampliar la base gravable
para cubrir faltantes presupuestarios, específicamente, porque para adicionar la base
imponible interpretó las cuentas contables a ser incluidas. Para ello, indicó que el
parágrafo 2.º del artículo 85 permite adicionar a la base gravable del tributo cuando se
verifiquen faltantes de presupuesto los gastos operativos y, en el caso de empresas del
sector eléctrico, las compras de electricidad, las compras de combustibles y los peajes y,
respecto de empresas de otros sectores, los gastos de naturaleza similar a estos rubros.
En ese entendido, aseveró que los siguientes costos adicionados incumplen esa
condición de tener una naturaleza similar a los gastos que se autorizan incluir conforme
al aludido parágrafo: servicios personales, generales, gastos operativos de bienes y
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Radicado: 25000-23-37-000-2018-00101-01 (25791)
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servicios públicos para la venta, órdenes y contratos de mantenimiento y reparaciones,
órdenes y contratos por otros servicios, materiales y otros gastos de operación. A su
juicio, esos conceptos son costos de producción del grupo 75 que no deben integrar la
base gravable del tributo discutido, así que los actos infringen las disposiciones
superiores, incurren en falsa motivación y, asimismo, al no sustentar las razones para
que esos rubros tengan naturaleza similar a los que señaladamente indica el parágrafo
2.º ibidem produce la causal de nulidad de falta de motivación.
Por otra parte, expuso que las cuentas anunciadas para integrar la base gravable en la
parte considerativa de la liquidación oficial son incongruentes con las cuentas finalmente
adicionadas en la parte resolutiva del acto y ello violaba el derecho de defensa y del
debido proceso. Adicionalmente, expuso que la empresa declaró desde el año 2015 llevar
su contabilidad con base en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)
y, a su entender, la información contable reportada a la demandada en el SUI ocasionó
que empezara a incluirse las cuentas del grupo 75 en la base gravable de la contribución
de los años 2016 y 2017.
Contestación de la demanda
La parte demandada se opuso a las pretensiones (índice 2), en la medida en que los
actos particulares estuvieron fundamentados en el acto general que fijó la tarifa de la
contribución especial para el año 2017, norma que previó la inclusión de las cuentas o
rubros indispensables para cubrir el faltante presupuestario y que goza de presunción de
legalidad que no ha sido desvirtuada judicialmente. Es decir, el acto general también
discriminó que las cuentas de servicios personales, generales, gastos operativos de
bienes y servicios públicos para la venta, ACPM fuel oil, órdenes y contratos de
mantenimiento y reparaciones, materiales y otros gastos de operación, órdenes y
contratos por otros servicios y disposición final, podían adicionarse en proporción al 28.11
% para completar el monto del presupuesto que no alcanzaba a solventarse.
Sentencia apelada
El tribunal anuló parcialmente los actos acusados (índice 2). Para dicha corporación, de
conformidad con el auto del 15 de junio de 2017 (exp. 22873, CP: Jorge Octavio Ramírez
Ramírez), la sentencia del 10 de mayo de 2018 (exp. 22972, CP: Milton Chaves García),
y, desde luego, la sentencia del 10 de octubre de 2019 (exp. 22394, CP: Jorge Octavio
Ramírez Ramírez) —esta última que anuló parcialmente el artículo 2.º de la Resolución
nro. 20171300096075, del 20 de junio de 2017, a través de la cual la demandada fijó la
tarifa del tributo— la demandada podía incluir en la base gravable algunas cuentas para
cubrir faltantes de presupuesto para las empresas vigiladas de distintos sectores, dentro
de ellas, para las empresas prestadoras de servicios de acueducto, alcantarillado y aseo,
en el que se encontraba inmersa la actividad de la demandante. Debido a que esa
providencia anuló la inclusión de servicios personales, generales, órdenes y contratos de
mantenimiento y reparaciones, y órdenes y contratos por otros servicios, el tribunal anuló
los actos particulares excluyendo esos rubros de la base imponible. Consecuentemente,
ordenó la devolución de $221.316.084, por haber sido un pago en exceso, cifra que debía
ajustarse con el IPC y, además, reconocerse los intereses de mora que se causaran
conforme a los artículos 192 y 195 del CPACA.
Recurso de apelación
La demandada interpuso recurso de apelación con el fin de que se evaluara si la decisión
fue extra petita, vulneró el principio de justicia rogada y fue incongruente. Todos esos
defectos anotados, sustentados en que, a su entender, al dirimirse la controversia el
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análisis del tribunal desatendió el marco del cuestionamiento planteado en la demanda
que pretendía la nulidad de los actos demandados en cuanto incluyeron rubros de la
cuenta del grupo 75 —costos—, «pero en ninguno de sus argumentos [los de la
demandante] se trataron cuentas por las cuales se obtuvo nulidad» (índice 2).
Alegatos de conclusión
La demandante y demandada reiteraron sus pronunciamientos de demanda y de
apelación, respectivamente (índices 18 y 20). Por su parte, el ministerio público no
intervino en esta oportunidad.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
1- Juzga la Sala la legalidad del acto demandado, atendiendo al cargo de apelación de
la parte demandada contra la sentencia de primera instancia que anuló parcialmente los
actos demandados. Concretamente, se debe establecer si, como lo sostiene la apelante,
la decisión de primera instancia en vez de haber concentrado su análisis de nulidad
respecto de si la demandada podía incluir en la base gravable conceptos de la cuenta del
grupo 75, profirió un fallo extra petita, que vulneró el principio de justicia rogada y que fue
incongruente, al haber ordenado la exclusión de la base imponible de los rubros
correspondientes a servicios personales, generales, órdenes y contratos de
mantenimiento y reparaciones, y órdenes y contratos por otros servicios, adicionados a
la base imponible del tributo para solventar faltantes de presupuesto del sujeto activo de
la relación jurídico-tributaria.
2- Sobre el punto de la controversia, la Sala advierte que la sustentación del recurso de
apelación parte de un equivocado entendimiento del juicio que hizo el tribunal, además
de que su reproche resulta ser insuficiente para enervar la decisión de anulación parcial
de los actos enjuiciados. Al efecto, tal como se sostuvo en el fallo de primer grado, la
adición a la base imponible del tributo del artículo 85 de la Ley 142 de 1994 de las cuentas
concernientes a servicios personales, generales, órdenes y contratos de mantenimiento
y reparaciones, y órdenes y contratos por otros servicios se hizo mediante el artículo 2.º
de la Resolución nro. SSPD-20171300096075, del 20 de junio de 2017, que fue anulado
parcialmente por esta corporación en la sentencia del 10 de octubre de 2019 (exp. 22394,
CP: Jorge Octavio Ramírez Ramírez).
En la anotada providencia, la Sala advirtió que la demandada incumplió los requisitos del
parágrafo 2.º del artículo 85 de la LSPD para poder adicionar a la base imponible
conceptos de naturaleza similar a gastos operativos, compras de electricidad o compras
de combustibles y peajes, pues incorporó a la base gravable los señalados conceptos de
servicios personales, generales, órdenes y contratos de mantenimiento y reparaciones,
órdenes y contratos por otros servicios y licencias de operación del servicio, todos los
cuales no compartían semejanza a la naturaleza de los conceptos que de forma exceptiva
permite adicionar la aludida norma. Si bien la sentencia no especificó si estos conceptos
hacían parte de la cuenta del grupo 75, aclaró que el parágrafo 2.º del artículo 85 ibidem
no se ocupó de catalogar como costo o gasto los rubros que excepcionalmente puedan
adicionarse, de modo que esa clasificación no sería determinante para identificar su
procedencia como adición de la base imponible para cubrir faltantes presupuestarios, en
cambio, explicó la jurisprudencia indicada que sí era relevante el que esas cuentas
guardaran similitud con los gastos operativos o las compras de electricidad, compras de
combustible y peajes, en los eventos de empresas de otros sectores.
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3- Como lo concluyó el a quo la providencia tuvo un efecto general inmediato en la
legalidad de los actos particulares demandados que reforzaba la comprobación de la
infracción de las normas superiores, por contravenir la regla exceptiva del parágrafo 2.º
del artículo 85 ídem, sin que tal decisión significara exceder el petitum, quebrantar la
congruencia externa de la sentencia o el desconocimiento del principio dispositivo —o de
justicia rogada—, puesto que la anulación sobreviene para reafirmar la censura de la
demandante, al plantear que esas cuentas no debían integrar la base gravable porque
no tenían la naturaleza de los costos o gastos que de forma excepcional pueden servir
para ampliar la base, de manera que el argumento de la apelación no tiene la entidad de
desvirtuar el acierto del juzgador de primera instancia. Agréguese que, en su momento,
desde el Plan General de Contabilidad para Entes Prestadores de Servicios Públicos, los
conceptos anulados por esta jurisdicción hacían parte del grupo 75 costos de producción,
esto es, específicamente de las cuentas 7505 (servicios personales), 7510 (generales),
7540 (órdenes y contratos de mantenimiento y reparaciones), y 7570 (órdenes y contratos
por otros servicios), de ahí que la demandante en su cargo de nulidad aludiera a dichas
cuentas como pertenecientes al grupo 75 y aun cuando la sociedad aplicaba las NIIF,
estas cuentas le sirvieron de referencia para identificar que se trataban de costos y no de
gastos de funcionamiento. No prospera el cargo de apelación.
4- Tampoco se impondrá condena en costas en esta instancia, toda vez que no se
encuentran acreditadas las exigencias que hace el ordinal 8.º del artículo 365 del CGP
para su procedencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por
autoridad de la ley,
FALLA
1. Confirmar la sentencia apelada.
2. Sin condena en costas en esta instancia.
3. Reconocer personería al abogado Jhonathan Arisbey Linares Beltrán, como
apoderado de la parte demandada, conforme al mandato conferido (índice 19).
Cópiese, notifíquese, comuníquese. Devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase.
La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
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