Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2018-00192-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 25000-23-37-000-2018-00192-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2018-00192-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 25000-23-37-000-2018-00192-01
Consejero ponente: Milton Chaves Garcia
31 de marzo de 2022
Radicado: 25000-23-37-000-2018-00192-01 (25306)
Demandante: Algranel S.A.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: MILTON CHAVES GARCÍA
Bogotá D.C., treinta y uno (31) de marzo de dos mil veintidós (2022)
Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-37-000-2018-00192-01 (25306)
Demandante: ALGRANEL S.A.
Demandado: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN
PENSIONAL Y PARAFISCALES - UGPP
Temas: Aportes parafiscales al Sistema de Seguridad Social – falta de
motivación de los actos administrativos – IBC en salario integral –
IBC de vacaciones – pagos no constitutivos de salario – carga
probatoria – cesación de obligación de pago de aportes a la
seguridad social – idoneidad probatoria en materia parafiscal –
devolución de aportes.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por las partes contra la sentencia
del 25 de julio de 2019, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta,
Subsección B, que declaró la nulidad parcial de los actos administrativos demandados
y resolvió lo siguiente:
“PRIMERO: DECLÁRASE la nulidad parcial de la Liquidación Oficial No. RDO 702 24 de
agosto de 2015, y la Resolución No. RDC 541 de 9 de septiembre de 2016 proferidas por
la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y
CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL-UGPP. de
conformidad con la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: En consecuencia, a título de restablecimiento del derecho. (i) ORDÉNASE a
la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CONTRIBUCIONES GESTIÓN
PENSIONAL PARAFISCALES DE Y LA PROTECCIÓN SOCIAL UGPP a (i) realizar la
correspondiente revisión del cálculo de los aportes en los casos de salario integral respecto
de los periodos de vacaciones disfrutadas, con el fin de verificar que efectivamente se tome
para el efecto el IBC del mes anterior, (ii) retirar la marca de salarial de la bonificación
otorgada a los trabajadores (con salario integral y con salario ordinario) registrada en las
Cuentas 510548001 "Bonificaciones" y 510548002 "Bonificaciones no integrales", con el
propósito de que sea incluida en el limite del 40% de pagos no salariales conforme el
articulo 30 de la Ley 1393 de 2010, (iii) excluir la glosa respecto de los aportes del señor
Pedro Pablo Ahogado Villalba correspondiente al mes de diciembre de 2013. y (iv) decretar
por medio de acto administrativo la devolución de los aportes a que haya lugar con ocasión
de la declaración de la presente nulidad parcial de los actos, siguiendo el procedimiento
previsto para el efecto en el artículo 311 del Ley 1819 del 29 de diciembre de 2016, de
acuerdo con las razones expuestas en la considerativa.”1
1 Folios 380 a 421 c.p. 2.
1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
Radicado: 25000-23-37-000-2018-00192-01 (25306)
Demandante: Algranel S.A.
ANTECEDENTES
Previa investigación, el 14 de enero de 2015 la UGPP profirió un requerimiento para
declarar y/o corregir, en el que le propuso a la sociedad demandante el pago de
$69.919.900 por los periodos de enero a diciembre de 20132 por mora e inexactitud en
los pagos correspondientes al subsistema de salud, pensión, riesgos laborales,
régimen de subsidio familiar, ICBF y SENA, junto con la correspondiente sanción por
inexactitud por $19.893.545. El 22 de abril de 2015, la sociedad demandante dio
respuesta al requerimiento 3.
Mediante Resolución RDO 702 de 24 de agosto de 2015, la UGPP profirió liquidación
oficial en la que mantuvo las glosas propuestas en el requerimiento especial,
disminuyó el saldo a pagar a la suma de $69.445.800, y aumentó la sanción por
inexactitud a $33.977.9404.
El 9 de noviembre de 2015, la contribuyente presentó recurso de reconsideración
contra la liquidación oficial 5, que fue resuelto mediante Resolución RDC 541 de 9 de
septiembre de 2016, en el sentido de modificarla y determinar un saldo a pagar de
$65.076.000 y una sanción por inexactitud de $31.470.7806.
DEMANDA
La sociedad contribuyente, en ejercicio del medio de control previsto en el artículo 138
del Código de Procedimiento Administrativo y de Contencioso Administrativo, formuló
mediante apoderado ante esta jurisdicción las siguientes pretensiones 7:
“PRIMERA: Se declare la nulidad de la Liquidación Oficial No. RDO 702 del 24 de
agosto de 2015 expedida por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional
y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, por medio del cual se profiere
Liquidación Oficial por no pago e inexactitud en las autoliquidaciones y pago de los
aportes al Sistema de Protección Social, por los periodos comprendidos entre
01/01/2013 al 31/12/2013, y se sanciona por inexactitud por los periodos comprendidos
entre 01/01/2013 al 31/12/2013.
SEGUNDA: Se declare la nulidad de la Resolución No. RDC 541 del 9 de septiembre
de 2016 expedida por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, notificada por edicto del 201
octubre de 2016, por medio de la cual se resuelve el recurso de reconsideración
interpuesto contra la Resolución Nro. RDO. 702 de 24 de agosto de 2015, a través de
la cual se profirió liquidación oficial a ALGRANEL S.A. con NIT 860.053.976 por mora
e inexactitud en las autoliquidaciones y pagos al Sistema de Protección Social en
Salud, Pensión, Riesgos Laborales, Régimen del Subsidio Familiar, ICBF y SENA de
los periodos comprendidos entre el 01/01/2013 al 31/12/2013 y se sanciona por
inexactitud por los periodos comprendidos entre 01/01/2013 al 31/12/2013.
TERCERA: Como consecuencia de las pretensiones primera y segunda, y como
restablecimiento del derecho se declare que las liquidaciones privadas de los aportes
al Sistema de Protección Social liquidados y pagados por ALGRANEL, por los periodos
de enero a diciembre de 2013. se hicieron de conformidad con la ley y se encuentran
en firme.
2 Folios 107 a 111 c.p. 1.
3 Folios 113 a 121 c.p. 1.
4 Folios 122 a 153 c.p. 1.
5 Folios 154 a 169 c.p. 1.
6 Folios 170 reverso a 182 c.p. 1.
7 Folios 1 a 37 c.p. 1.
2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
Radicado: 25000-23-37-000-2018-00192-01 (25306)
Demandante: Algranel S.A.
CUARTA: Como consecuencia de las pretensiones primera, segunda y tercera, se
declare que no había lugar a efectuar los pagos realizados por ALGRANEL a las
entidades del Sistema de Protección Social para dar cumplimiento a los actos
administrativos demandados.
QUINTA: Se ordene a la UGPP que ordene al FOSYGA, al Fondo de Riesgos
Laborales, a las Administradoras de Pensiones y Riesgos Laborales, las Entidades
Promotoras de Salud, al Tesoro Nacional, al ICBF, al SENA, a las Cajas de
Compensación y a todas las demás entidades que hayan recibido recursos del Sistema
de Protección Social, la devolución de la totalidad de los aportes, intereses moratorios
y sanciones pagados por ALGRANEL, debidamente indexados hasta la fecha en que
se verifique el pago.
SEXTA: Se ordene a la UGPP devolver la suma de dinero pagada por ALGRANEL a
título de sanción, debidamente indexada hasta la fecha en que se verifique el pago.
SÉPTIMA: Se condene a la UGPP a pagar las costas y agencias en derecho.
2.2. Pretensiones subsidiarias: En caso que las pretensiones principales no estén
llamadas a prosperar, subsidiariamente solicito lo siguiente:
PRIMERA SUBSIDIARIA: Se declare que el valor liquidado en la Liquidación Oficial
contenida en la Resolución RDO 702 del 24 de agosto de 2015 y modificada por la
Resolución RDC 541 del 9 de septiembre de 2016 no corresponde a las normas que
regulan la liquidación y pago de aportes al Sistema de Protección Social. SEGUNDA
SUBSIDIARIA: Como consecuencia de las anteriores declaraciones, el despacho
proceda a realizar las liquidaciones correctamente de conformidad con las normas que
regulan la liquidación y pago de aportes al Sistema de Protección Social.
TERCERA SUBSIDIARIA: Como consecuencia de los valores de la nueva liquidación,
se proceda a liquidar nuevamente los intereses moratorios que se generaron hasta la
fecha en que ALGRANEL realizó el pago.
CUARTA SUBSIDIARIA: En consecuencia y a título de restablecimiento del derecho,
se ordene a la UGPP, ordenar al FOSYGA, al Fondo de Riesgos Laborales, a las
Administradoras de Pensiones y Riesgos Laborales, las Entidades Promotoras de
Salud, al Tesoro Nacional, al ICBF, al SENA, a las Cajas de Compensación y a todas
las demás entidades que hayan recibido recursos del Sistema de Protección Social, la
devolución de los aportes pagados en exceso, así como los intereses moratorios y
sanciones pagados injustamente por ALGRANEL, debidamente indexados hasta la
fecha en que se verifique el pago.
QUINTA SUBSIDIARIA: En consecuencia y a título de restablecimiento del derecho, se
ordene a la UGPP devolver el dinero pagado por ALGRANEL a título de sanción,
debidamente indexado hasta la fecha en que se verifique el pago.
SEXTA SUBSIDIARIA: Se condene a la demandada a pagar las costas y agencias en
derecho.”
Indicó como normas violadas los artículos 29 de la Constitución Política; 103 y 138 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo; 638, 703,
711 y 712 del Estatuto Tributario; 128 del Código Sustantivo del Trabajo; 17 y 64 de la
Ley 100 de 1993; y 3.2.5.1. del Decreto 780 de 2016.
Los cargos y el concepto de la violación se sintetizan así:
3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
Radicado: 25000-23-37-000-2018-00192-01 (25306)
Demandante: Algranel S.A.
Sostiene la demandante que dentro del proceso de fiscalización, la UGPP emitió un
requerimiento para declarar y/o corregir que no propone modificaciones, sino que
liquida y ordena pagar las contribuciones parafiscales a su cargo, lo cual no cumple
con los requisitos previstos en el Estatuto Tributario, dado que se debió proferir
previamente un requerimiento especial.
Asimismo, la liquidación oficial se limitó a liquidar valores por inexactitud y mora en el
pago de aportes parafiscales sin exponer las razones y los cálculos utilizados para
liquidarlos. Igualmente, se vulnera el principio de correspondencia (artículo 711 del
E.T.) debido a que en este acto se incluyó el numeral "Inexactitudes", del cual no se
hizo mención en el requerimiento para corregir y/o declarar.
Afirma que la UGPP aumentó injustificadamente el IBC de los trabajadores que
devengan salario integral cuando se reportaron vacaciones; es decir, partió de una
base de liquidación incorrecta, por cuanto el IBC para calcular los aportes parafiscales
es el 70 por ciento del salario integral. Dado que el salario integral para el año 2013
era de $7.663.501, el ingreso correcto para liquidar los aportes era $5.364.450 y no
los $5.572.000 que utilizó la UGPP en el acto que resolvió el recurso.
Agrega que la Junta Directiva de la sociedad decidió otorgar a todos los trabajadores
de la empresa una bonificación por una única vez y por mera liberalidad, por lo que
estos pagos no son constitutivos de salario. No obstante, la entidad demandada
determinó que en el caso de los trabajadores con salario ordinario, dicha bonificación
sí es constitutiva de salario, y hace parte de la base para liquidar los aportes
parafiscales.
Indica que en el caso de la señora Rosemary Padilla (empleada de la sociedad), se
realizaron los pagos de los aportes al sistema de la protección social por los periodos
de abril y mayo de 2013, en los cuales se digitó erradamente el número de la cédula
de ciudadanía de la beneficiaria; es decir, fueron realizados con el número de cédula
4.557.418, cuando la correcta es 45.557.418. A pesar de ello, las administradoras de
los recursos no efectuaron requerimientos por el pago y le prestaron los servicios con
normalidad, por lo que se presume que el pago se imputó a la mencionada trabajadora.
Expone que no realizó el pago de aportes a pensión de diciembre de 2013 del señor
Pedro Pablo Ahogado Villalba por cuanto ya había cumplido los requisitos para obtener
su pensión de vejez, y la obligación de hacer aportes a pensión cesó a partir de ese
mes.
Relata que luego de un requerimiento del ICBF, pagó los aportes correspondientes a
los períodos de abril a noviembre de 2013, por lo que la mencionada entidad le entregó
un paz y salvo el 16 de mayo de 2014; sin embargo, la UGPP no tuvo en cuenta la
certificación anterior con el argumento de que “encontró un error de digitación en el
documento, lo cual desconoce que las pruebas deben valorarse en conjunto, y denota
una interpretación conveniente del documento”, sin demostrar que el pago realizado
no fue completo, oportuno o adecuado.
4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
Radicado: 25000-23-37-000-2018-00192-01 (25306)
Demandante: Algranel S.A.
CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
La UGPP se opuso a las pretensiones de la demanda 8 en los siguientes términos:
La actuación y los procedimientos realizados por la UGPP están regulados por la Ley
1151 de 2007, que no prevé la expedición de un requerimiento especial, sino que por
el contrario, en su artículo 156 ibidem establece que previo a la expedición de la
liquidación oficial deberá enviarse un requerimiento de declaración o corrección, y el
artículo 180 de la Ley 1607 de 2012, que señala que el acto administrativo de trámite
que contiene la propuesta de liquidación es el requerimiento para declarar y/o corregir.
Agrega que en el requerimiento para declarar y/o corregir se explicaron los ajustes
efectuados por mora e inexactitud, sustentación que igualmente se plasmó en el
archivo Excel que hace parte integral de tales actos.
Afirma que no se vulneró el principio de correspondencia, dado que no se agregaron
nuevos cargos por el concepto de inexactitud entre el requerimiento para declarar y/o
corregir y la liquidación oficial.
Respecto al aumento del IBC de los trabajadores que devengan salario integral cuando
se reportaron vacaciones, indica que se recalculó el IBC teniendo en cuenta la novedad
de vacaciones de acuerdo con el artículo 70 del Decreto 806 de 1998; es decir,
tomándose el IBC del mes anterior a la ocurrencia de la novedad.
Respecto a los trabajadores que devengaron bonificaciones no constitutivas de salario
en diciembre de 2013, no se cambió su naturaleza de pago no salarial, sino que tales
bonificaciones pasaron a integrar el límite de pagos no salariales; esto es, se verificó
que la demandante hubiere respetado el tope legal establecido en la Ley 1393 de 2010,
toda vez que estos valores irradian de manera directa en la determinación del IBC al
momento de efectuar el pago correcto de los aportes.
Frente al caso de la señora Rosemary Padilla, aduce que la contribuyente no ha
efectuado la corrección mediante el pago del aporte en debida forma o la solicitud de
corrección ante las respectivas administradoras, por lo que no pueden tenerse como
válidos los pagos efectuados por los periodos de abril y mayo de 2013.
Respecto a la situación del señor Pedro Pablo Ahogado Villalba, indica que
únicamente se encuentran exceptuados de cotizar a pensiones quienes ya han
cumplido con los requisitos para pensión, o quienes por edad ya no están obligados a
afiliarse y cotizar. Luego de verificar la información en la base de datos del RUAF, se
concluyó que el señor Ahogado es pensionado, pero para la fecha de fiscalización no
se encontraba acreditado que hubiese cumplido los requisitos para su pensión por lo
que persistía la obligación de cotizar.
Expone que la UGPP es competente por acción preferente frente al ICBF y al SENA,
y sus facultades se limitan a que la Unidad no ejerza conocimiento del asunto. Llegado
el caso en que se detecten omisiones, inexactitudes y mora, la entidad asumirá la
gestión integral del proceso, tal como ocurrió en el caso concreto al expedirse el
requerimiento de información. Respecto del paz y salvo, señala que no sirve como
medio de prueba, toda vez que certifica periodos diferentes a los fiscalizados.
8 Folios 212 a 239 c.p. 1.
5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
Radicado: 25000-23-37-000-2018-00192-01 (25306)
Demandante: Algranel S.A.
SENTENCIA APELADA
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A, en
sentencia de 25 de julio de 2019, accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda y no condenó en costas, con fundamento en las razones que se resumen a
continuación 9:
En primer lugar, consideró que los actos acusados se encontraban debidamente
motivados, por cuanto contienen las explicaciones de las glosas determinadas
oficialmente y la forma como se fijó el ingreso base de cotización, para lo cual se
analizaron y explicaron las novedades de los aportes en desarrollo del vínculo laboral
que incidían en los ajustes efectuados. Estas novedades se encuentran respaldadas
en el archivo Excel que hace parte integral de los actos demandados, en el cual se
detalló cada uno de ajustes efectuados.
Respecto al cargo referente a que la UGPP no profirió un requerimiento especial en el
trámite de fiscalización antes de proferir la liquidación oficial, citó el artículo 180 de la
Ley 1607 de 2012, el cual establece que dentro del proceso de determinación de los
aportes parafiscales se debe proferir un requerimiento para declarar o corregir o un
pliego de cargos antes de la expedición de la liquidación oficial de revisión, tal como lo
realizó la entidad demandada dentro del proceso de fiscalización.
No encontró vulnerado el principio de correspondencia por cuanto en el requerimiento
para declarar y/o corregir se hizo mención a que las irregularidades detectadas surgían
por la mora e “inexactitudes” en las autoliquidaciones presentadas por la sociedad
demandante, las cuales sirvieron de fundamento para la determinación oficial de los
aportes.
Acerca del salario integral, y luego de explicar la normatividad relativa a este y la base
para cotizar al sistema de la protección social, sostuvo que si bien la UGPP en la
liquidación de revisión determinó oficialmente el IBC en los casos en que este era
inferior a 10 SMMLV, aumentándolo automáticamente a este valor (10 SMMLV), lo
cierto es que con ocasión del recurso de reconsideración replanteó su posición y
realizó los cambios pertinentes para retirar las glosas referentes al salario integral.
Asimismo, concluyó que la entidad demandada realizó correctamente el cálculo de los
10 SMMLV, dado que para el año 2013 el salario mínimo correspondía a la suma de
$589.500, el mencionado tope era de $5.895.000 y no $5.364.450, como alega la
demandante.
En cuanto a las vacaciones de los trabajadores que perciben salario integral, sustenta
que la UGPP no adoptó las correcciones en el IBC para la liquidación de los aportes
al sistema de la seguridad social, dado que las cotizaciones a este último deben
realizarse sobre el último salario base de cotización reportado con anterioridad a la
fecha en la cual el trabajador hubiere iniciado el disfrute de las respectivas vacaciones,
de conformidad con lo previsto en el artículo 70 del Decreto 806 de 1998.
Para el a quo, la UGPP efectuó un cálculo errado de las vacaciones disfrutadas, y no
se entiende cuáles fueron los valores tomados para efectuar la liquidación oficial y para
determinar el ingreso base de cotización.
9 Folios 380 a 421 c.p. 2.
6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
Radicado: 25000-23-37-000-2018-00192-01 (25306)
Demandante: Algranel S.A.
En relación con la bonificación, sostiene que se trata de la que otorgó la Junta Directiva
de la sociedad demandante tanto a los trabajadores que perciben salario ordinario
como a los que reciben salario integral, a los cuales no se les puede dar un tratamiento
diferenciado; es decir, que a los trabajadores que perciban salario ordinario se les
incluya como constitutiva de salario, y a los trabajadores que reciben salario integral
se les tome como no constitutiva de salario.
Por lo anterior, adujo que la bonificación percibida por todos los empleados de la
sociedad demandante no constituye salario por ser pactada como desalarizada, y por
haberse reconocido por solo una vez en el año, tal como quedó establecido en el
"Extracto Acta No. 474 de 2013”.
Para tal efecto, considera que como la demandante previó la naturaleza de no salarial
respecto de la mentada bonificación, esta debió incluirse en la determinación del límite
previsto en el artículo 30 de la Ley 1393 de 2010, respecto de todos los empleados de
Algranel S.A.
En lo que se refiere al caso de la señora Rosemary Padilla, estableció que la
contribuyente tenía la obligación de demostrar que los aportes pagados a nombre de
la mencionada señora en los periodos cuestionados (abril y mayo de 2013) sí fueron
cargados al Sistema General de Seguridad Social con las constancias de cada una de
las entidades con las que se reportaron los aportes, por cuanto es la única forma de
evidenciar que el error en el número de la identificación de la beneficiaria no afectó el
cumplimiento de la obligación de pago, situación que no fue probada dentro del
expediente.
Frente al caso del señor Pedro Pablo Ahogado Villalba, precisó que la Ley 100 de 1993
establece que durante la vigencia de la relación laboral deben efectuarse las
cotizaciones obligatorias a los regímenes del Sistema General de Pensiones por parte
de los empleadores y trabajadores con base en el salario recibido. No obstante, la
normativa establece que la obligación de cotizar al Subsistema de Pensiones cesa al
momento en que el afiliado reúna los requisitos para acceder a la pensión mínima de
vejez, o cuando el afiliado se pensione anticipadamente.
En el caso particular, indicó que con las pruebas allegadas al expediente se corroboró
que la fecha de inicio del disfrute de la pensión del mencionado señor fue el 1 de
diciembre de 2013, de suerte que desde esa fecha se encuentran acreditados los
requisitos de pensión del señor Ahogado Villalba y la adquisición de su condición de
pensionado, por lo que a partir de la misma fecha cesó para el empleador la obligación
de pagar los aportes, siendo ilegal el cobro de los aportes a la seguridad social del
mes de diciembre de 2013.
En relación con la certificación expedida por el ICBF en la cual se hace constar un paz
y salvo por concepto de aportes a dicha entidad, precisó que de conformidad con la
Ley 1151 de 2007 y el Decreto Ley 169 de 2008, la UGPP cuenta con la potestad para
adelantar las investigaciones de hechos que generen obligaciones pecuniarias en
materia de contribuciones parafiscales, por lo que la certificación no genera un
impedimento para que la entidad demandada ejerza sus funciones legales, así como
tampoco limita ni suprime sus competencias y facultades legales en relación con la
verificación de la exactitud de las declaraciones.
Finalmente, ordenó a la UGPP que decrete la devolución de los respectivos aportes a
través de la expedición del respectivo acto administrativo a todas las demás entidades
7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
Radicado: 25000-23-37-000-2018-00192-01 (25306)
Demandante: Algranel S.A.
que hayan recibido recursos del Sistema de la Protección Social, según el caso. No
condenó en costas al no estar probadas.
RECURSO DE APELACIÓN
La parte demandante apeló con el fin de que la sentencia de primer grado se revoque
parcialmente. Sustentó el recurso en los siguientes términos 10:
La UGPP no explicó los ajustes realizados ni cómo logró establecer los mismos, dado
que el archivo Excel anexo a los actos demandados tan solo contiene cifras, pero
estas no se encuentran acompañadas de las fórmulas y las bases para realizar los
cálculos de los aportes parafiscales.
Sostiene que el a quo se equivocó al considerar que el cargo de nulidad estaba
encaminado a discutir la existencia o no del requerimiento especial, sino que por el
contrario, lo que se pretende discutir es que este no cumplió con uno de los requisitos
establecidos en el artículo 712 del E.T., es decir, con la explicación sumaria de las
modificaciones efectuadas en lo concerniente a la declaración.
El Tribunal erró al determinar que el IBC sobre el cual debían realizarse las
cotizaciones al Sistema de la Seguridad Social era igual a $5.895.000, que
corresponden a 10 SMLMV para el año 2013, cuando lo correcto era realizar este
cálculo tomando el 70% del salario integral pactado con el trabajador tal como lo
establecen los artículos 18 y 49 de la Ley 100 de 1993.
La actuación del Tribunal vulneró el deber que tienen todos los jueces de practicar
pruebas de oficio cuando existe la necesidad de esclarecer puntos oscuros en la
controversia, dado que el a quo debió indagar de manera oficiosa ante las entidades
del Sistema de Seguridad Social si los dineros pagados a nombre de la señora
Rosmery Padilla sí ingresaron a sus arcas. Asimismo, solicita que en segunda
instancia se realicen las indagaciones oficiosas que se consideren necesarias para
esclarecer la falta de certeza esgrimida por el Tribunal.
Igualmente, no valoró adecuadamente las pruebas obrantes en el expediente;
concretamente, respecto del comprobante de paz y salvo expedido por el ICBF, en el
cual se declara que la deuda a favor del ICBF correspondiente a los periodos de
diciembre de 2011 y de abril a noviembre de 2013 se extinguió con el pago realizado
el 21 de mayo de 2014.
Ahora bien, al final de la certificación, el ICBF manifiesta que esa liquidación
corresponde a la vigencia "enero de 2010 hasta abril de 2013"; sin embargo, esto
corresponde a un error de digitación de la entidad.
Asimismo, el 10 de octubre de 2017, y luego de ser requerido por el Juzgado Cuarenta
y Cuatro Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, el ICBF certificó que los
periodos liquidados y pagados a su favor por la contribuyente comprendieron los
meses de diciembre de 2011, y desde abril hasta noviembre de 2013, por lo que la
obligación no se encontraba en mora, ni mucho menos se liquidó de forma inexacta.
10 Folios 431 a 450 c.p. 2.
8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
Radicado: 25000-23-37-000-2018-00192-01 (25306)
Demandante: Algranel S.A.
Por su parte la entidad demandada solicitó que se revoque la sentencia apelada.
Sustentó el recurso en los siguientes términos 11:
El recálculo del IBC para las vacaciones se realizó conforme al artículo 70 del Decreto
806 de 1998, para lo cual se tomó como IBC el mes anterior a la ocurrencia de la
novedad, es decir noviembre de 2013, para los días de disfrute del mes de diciembre.
Por lo anterior, para la entidad las vacaciones fueron liquidadas de conformidad a lo
establecido en la ley para los casos en que el trabajador es remunerado mediante
salario integral.
Por otra parte, sostiene que la sociedad demandante incurre en un error de
interpretación, en el cual cae el a quo, pues la entidad nunca desconoció la naturaleza
de pago no salarial de la bonificación pagada por el demandante a sus trabajadores
en el mes de diciembre de 2013.
En la resolución que resolvió el recurso de reconsideración se mantuvo la naturaleza
no salarial de la bonificación. Sin embargo, esta se incluyó en el IBC conforme lo prevé
el artículo 30 de la Ley 1393 de 2010; es decir, los pagos laborales no constitutivos de
salario de los trabajadores particulares no podrán ser superiores al 40% del total de la
remuneración, cuyo excedente entrará a ser parte del IBC para liquidar los aportes
parafiscales.
Por lo anterior, la demandante no efectuó los aportes a la seguridad social por el valor
que excede el tope del 40% dispuesto en el artículo 30 de la Ley 1393 de 2010.
Para el caso del señor Pedro Pablo Ahogado Villalba, la sociedad demandante no
allegó con la respuesta al requerimiento para declarar y/o corregir, ni con la
presentación del recurso de reconsideración, las pruebas que acreditaran el
cumplimiento de los requisitos para acceder a la pensión en el periodo fiscalizado.
Considera que no se le puede dar valor probatorio a la solicitud de reconocimiento
pensional presentada por el señor Pedro Pablo Ahogado Villada a Skandia el 2 de
diciembre de 2013, dado que para esa fecha no se sabía si el indicado trabajad or
acreditaba los requisitos para acceder a la pensión de vejez. En igual sentido, la
comunicación del 21 de enero de 2014 no da cuenta de si el trabajador cumplió los
requisitos para acceder a la prestación reclamada a Skandia.
Finalmente, afirma que existe una imposibilidad jurídica para realizar el reintegro y
cumplir la orden dada por el a quo, por cuanto los dineros que se recaudan a través
de las acciones de determinación y cobro no ingresan al patrimonio de la UGPP ni son
administrados por la Unidad, sino que son girados a cada una de las administradoras
de los subsistemas que integran el sistema.
ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
La demandante reiteró lo dicho en el memorial de apelación 12.
La demandada reiteró los argumentos expuestos a lo largo del proceso 13.
El Ministerio Público guardó silencio.
11 Folios 451 a 459 c.p. 2
12 Índice 17 SAMAI
13 Índice 18 SAMAI
9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
Radicado: 25000-23-37-000-2018-00192-01 (25306)
Demandante: Algranel S.A.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
Cuestión previa
La demandante, en el recurso de apelación, solicita que en segunda instancia se
practiquen de oficio las pruebas que se consideren necesarias para esclarecer la falta
de certeza esgrimida por el Tribunal frente al incumplimiento de la carga probatoria en
el pago de aportes a la seguridad social de una de sus trabajadoras.
Conforme al artículo 212 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo 14, el decreto de pruebas en segunda instancia cuando se
trata de apelación de sentencia solo procede dentro del término de ejecutoria del auto
que admite el recurso y en los eventos que la misma norma establece de manera
taxativa, dentro de los cuales no encuadra la solicitud presentada en este proceso.
Además, no es pertinente decretar la prueba solicitada de oficio, toda vez que en el
presente caso no es necesario esclarecer puntos oscuros o difusos de la contienda,
como lo prevé el artículo 213 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
Por lo anterior, se rechaza la solicitud.
Problemas jurídicos
En los términos de los recursos de apelación, la Sala determinará lo siguiente: i) Si los
actos se encuentran debidamente motivados; ii) si la UGPP determinó de manera
correcta el IBC de los trabajadores que perciben salario integral; iii) si el recálculo del
IBC para las vacaciones de los trabajadores que reciben salario integral se realizó
conforme al artículo 70 del Decreto 806 de 1998; iv) si en el IBC de aportes al Sistema
de Seguridad Social deben incluirse aquellos conceptos no constitutivos de salario
que excedan el 40% de la remuneración total del trabajador; v) si se encuentra
probado que la sociedad Algranel S.A. pagó los aportes correspondientes a los meses
de abril y mayo de 2013 a favor de la señora Rosmery Padilla; vi) si había cesado la
obligación de pagar aportes al subsistema de pensiones respecto del señor Pedro
Pablo Ahogado Villalba; vii) si los documentos aportados al proceso son idóneos para
probar el pago de aportes parafiscales al ICBF; y viii) si se encuentra obligada la UGPP
a realizar la devolución del valor de los aportes pagados en exceso.
Falta de motivación de los actos administrativos
14 “Para que sean apreciadas por el juez las pruebas deberán solicitarse, practicarse e incorporarse al proceso
dentro de los términos y oportunidades señalados en este Código. (…)
En segunda instancia, cuando se trate de apelación de sentencia, en el término de ejecutoria del auto que admite
el recurso, las partes podrán pedir pruebas, que se decretarán únicamente en los siguientes casos:
1. Cuando las partes las pidan de común acuerdo. En caso de que existan terceros diferentes al simple coadyuvante
o impugnante se requerirá su anuencia.
2. Cuando fuere negado su decreto en primera instancia o no obstante haberse decretado se dejaron de practicar
sin culpa de la parte que las pidió. En este último caso, solo con el fin de practicarlas o de cumplir requisitos que
les falten para su perfeccionamiento.
3. Cuando versen sobre hechos acaecidos después de transcurrida la oportunidad para pedir pruebas en primera
instancia, pero solamente para demostrar o desvirtuar estos hechos.
4. Cuando se trate de pruebas que no pudieron solicitarse en la primera instancia por fuerza mayor o caso fortuito
o por obra de la parte contraria.
5. Cuando con ellas se trate de desvirtuar las pruebas de que tratan los numerales 3 y 4, las cuales deberán
solicitarse dentro del término de ejecutoria del auto que las decreta. (…)”
10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
Radicado: 25000-23-37-000-2018-00192-01 (25306)
Demandante: Algranel S.A.
La Sala ha concluido que los actos administrativos se encuentran conformados por
elementos objetivos y subjetivos, los cuales conforman la expresión de la voluntad
unilateral de la administración 15.
Respecto de la motivación de los actos expedidos por la UGPP en los procesos de
determinación seguidos por ella, la Sección 16 ha considerado que “estos se entienden
motivados en la medida que incluyan los valores y las razones en las que se sustentan
los ajustes”; asimismo, se aceptó que dentro de la motivación de los actos se encuentre
el archivo Excel, el cual detalla la manera como se liquidaron los ajustes de los aportes
a la seguridad social en cada uno de sus subsistemas.
En el presente asunto, la parte demandante insiste en que la entidad demandada no
explicó los ajustes realizados ni cómo llegó a establecer los mismos, dado que el
archivo Excel anexo a los actos enjuiciados solo contienen cifras, pero estas no se
encuentran acompañadas de las fórmulas y las bases para realizar los cálculos de los
aportes parafiscales.
Revisados los actos enjuiciados, tal como lo dijo el a quo, se establece que según el
contenido del archivo magnético se constataron los pagos efectuados por la
demandante para determinar la mora y la inexactitud de los aportes al Sistema de la
Protección Social, y se especificó el ajuste por trabajador, por mes y por subsistema,
así como los elementos de juicio jurídicos y fácticos que sustentan su decisión. Que
los motivos estén expresados de forma concreta y breve no indica que no estén
motivados.
La esencia de la motivación es que el destinatario entienda claramente su contenido
de manera que pueda ejercer su derecho de defensa, como ocurre en el presente caso,
donde se observa que la demandante identificó de manera inequívoca los ajustes
realizados al IBC sobre los cuales no está de acuerdo y sobre los cuales plantea los
cargos de violación.
Por lo anterior, encuentra la Sala que los actos enjuiciados están debidamente
motivados. El cargo de apelación no prospera.
Falta de motivación del requerimiento especial
La parte demandante cuestiona la sentencia de primera instancia al considerar que en
ella no se analizó de manera adecuada el cargo de nulidad, dado que se estudió la
existencia o no del requerimiento especial, cuando lo que se pretendía era que se
examinara si los actos cumplían o no los requisitos establecidos en el artículo 712 del
E.T., es decir, si estos contenían una explicación de las modificaciones efectuadas a
la declaración de los aportes parafiscales.
De la lectura de la demanda, y concretamente del primer cargo de violación se
establece que lo que pretende la sociedad demandante es que se deje sin piso jurídico
el requerimiento especial, por cuanto este “no propone modificaciones, sino una
liquidación u orden de pago” y “ no contiene las razones que lo sustentan”.
15 CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. Sentencia del 26 de agosto de
2021, Exp. 24735, en la que se reiteran las sentencias del 12 de octubre de 2017, Exp. 19950, del 27 de agosto de
2020, Exp. 24533 y del 24 de junio de 2021, Exp. 25467 C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
16 Cfr. la sentencia del 2 de octubre de 2019, Exp. 24090, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
11
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
Radicado: 25000-23-37-000-2018-00192-01 (25306)
Demandante: Algranel S.A.
La Ley 1151 de 2007, en el inciso segundo y tercero del numeral 5° del artículo 156
(vigente para la época de los hechos) previó que antes de proferir la liquidación oficial
de aportes parafiscales se tenía que expedir un requerimiento para declarar o corregir,
el cual debía ser respondido en el término de 6 meses y en caso de que no fuera
admitido por el contribuyente se debía expedir la correspondiente liquidación oficial
dentro de los 6 meses siguientes. Para tal efecto, el procedimiento a seguir sería el
establecido en Capitulo V, libros I, IV, V y VI del Estatuto Tributario (procedimiento
tributario).
Al efecto, el artículo 712 del E.T. contempla los requisitos que debe contener la
liquidación oficial de revisión, mas no los requisitos para expedir el requerimiento para
declarar y/o corregir de la UGPP, los cuales el legislador si incluyó con el artículo 180
de la Ley 1607 de 2012; sin embargo, esta última normativa no es aplicable al presente
asunto, dado que se profirió con posterioridad a la ocurrencia de los hechos aunado
al hecho que la norma aplicable era el artículo 703 del E.T. 17, por remisión expresa
del artículo 156 de la Ley 1151 de 2007, en la cual se establece que se debe enviar
un requerimiento especial antes de realizar la liquidación oficial de revisión el cual
debe contener todas las modificaciones propuestas y la explicación de las razones
que motivaron tal reforma.
La Sala observa que en el requerimiento para declarar y/o corregir enviado por la
UGPP a la sociedad demandante se encuentran las motivaciones tanto legales como
conceptuales de las glosas la cual se encuentra acompañada del archivo Excel dentro
se encuentran los ajustes realizados a las glosas propuestas . Por otra parte, es claro
que el requerimiento mencionado constituye un acto de trámite dentro del proceso de
fiscalización, por lo que no es susceptible de un juicio de legalidad en sede judicial
sobre el mismo. El cargo de apelación no prospera.
Porcentaje del IBC para el salario integral
El artículo 132 del Código Sustantivo del Trabajo contempla el salario integral el cual
incluye las prestaciones sociales, horas extras, recargos nocturnos, trabajo dominical
y festivo primas extralegales que tenga la empresa y otros conceptos que las part es
acuerden.
Por su parte, el inciso 5.° del artículo 18 de la Ley 100 de 1993 establece que “Las
cotizaciones de los trabajadores cuya remuneración se pacte bajo la modalidad de
salario integral, se calculará sobre el 70% de dicho salario.”
Al respecto, esta Sección ha precisado18:
“3.3.1. De la lectura armónica de los artículos 132 del Código Sustantivo del Trabajo
(modificado por el artículo 18 de la Ley 50 de 1990), 18 de la Ley 100 de 1993, 49 de la
Ley 789 de 200219 y 5º de la Ley 792 de 2003, y de lo que ha precisado sobre ese tema la
Jurisprudencia de esta Sección y la Corte Constitucional20, es claro que del 100% de lo que
recibe como remuneración el trabajador que ha pactado con su empleador un salario
17 Artículo 703. [Creado por el Inc. 1 del Art. 45 del D. E. 2503 de 1987] El requerimiento especial como requisito previo
a la liquidación. Antes de efectuar la liquidación de revisión, la administración enviará al contribuyente, responsable,
agente retenedor o declarante, por una sola vez, un requerimiento especial que contenga todos los puntos que se
proponga modificar, con explicación de las razones en que se sustenta.
18 CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia del 24 de octubre de
2019, Exp. 23599, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
19 Mediante el artículo 49 de la Ley 789 de 2002, se interpretó con autoridad el artículo 18 de la Ley 50 de 1990, en
el entendido “que la base para efectuar los aportes parafiscales es el setenta por ciento (70%)”.
20 Corte Constitucional, sentencia C-988 de 1999.
12
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
Radicado: 25000-23-37-000-2018-00192-01 (25306)
Demandante: Algranel S.A.
integral, el 30% es factor prestacional que no tiene carácter salarial, y sobre el resto, esto
es, sobre el otro 70% se calculará la base de los aportes parafiscales para el Sistema de
la Protección Social.”
En el caso concreto, de las pruebas obrantes en el expediente, y concretamente en el
recurso de reconsideración junto con su archivo Excel anexo, la Sala observa que en
el caso de la sociedad demandante desaparecieron los ajustes , y para el caso de los
empleados Silvia Susana Orejarena Serrano, Libardo Viasus Pérez y Carlos Martín
Delgadillo Saltarín, en aplicación de la mentada norma, se realizó la liquidación sobre
70% del salario integral percibido por estos trabajadores.
Si bien la demandante, tanto en la demanda como en su recurso de apelación da una
cifra de $7.663.500 de salario integral, por lo que el 70% de este salario ($5.364.450)
sería la base para liquidar los aportes parafiscales, se constató dentro de las pruebas
anexas que el salario integral percibido por estos trabajadores es de $7.740.000 21, por
lo que la base para liquidar corresponde a $5.418.000 22, tal como lo estableció la
entidad demandada en los actos administrativos al desaparecer los ajustes, de suerte
que el cargo de apelación no prospera.
IBC en los que se registraron novedades de vacaciones – salario integral
Al analizar el cargo de violación, el a quo determinó que la entidad demandada no
efectuó las correcciones en el IBC para liquidar los aportes al Sistema de la Protección
Social conforme lo establece el inciso segundo del artículo 70 del Decreto 806 de
199823, es decir (en el caso de los trabajadores que reciben salario integral), la UGPP
no liquidó los mencionados aportes sobre el salario base de cotización reportado en el
mes anterior a la fecha del disfrute del descanso. Asimismo, sostuvo que las cifras o
valores para efectuar la liquidación no eran comprensibles. Lo anterior es discutido por
la administración al considerar que sí dio aplicación a esa normativa.
Se reitera que en la Resolución RDC541 de 9 de septiembre de 2016, la UGPP
reconsideró su posición al reliquidar los aportes de la seguridad social sobre el 70%
del salario integral percibido por algunos trabajadores.
Para tal efecto, eliminó, disminuyó y mantuvo algunos ajustes. En los casos que
disminuyó los ajustes, determinó que “en algunos casos los ajustes no desaparecen
en su totalidad sino que disminuyen a pesar de la reliquidación del IBC del trabajador
sobre el 70% del salario integral en razón a que la aportante en algunos casos toma
[como] IBC de vacaciones lo devengado en el mes y no aplica el artículo 70 del Decreto
806 de 1998”24.
Al verificar el archivo Excel anexo al recurso de reconsideración, se constata que frente
a las trabajadores Myriam Stella Beltrán Beltrán, Silvia Susana Orejarena Serrano,
Pedro Pablo Ahogado Villalba Carlos Martín Delgadillo y Luis Hernán Cárdenas
21 SQL del recurso de reconsideración – columna V “sueldo” y columna BC “observaciones”
22 SQL del recurso de reconsideración – columna AY “IBC (Recurso de reconsideración)”
23 Artículo 70. Cotización durante la incapacidad laboral, la licencia de maternidad, vacaciones y permisos
remunerados. Para efectos de liquidar los aportes correspondientes al período durante el cual se reconozca al
afiliado una incapacidad por riesgo común o una licencia de maternidad, se tomará como Ingreso Base de
Cotización, el valor de la incapacidad o de la licencia de maternidad según sea el caso, manteniéndose la misma
proporción en la cotización que le corresponde al empleador y al trabajador.
Las cotizaciones durante vacaciones y permisos remunerados se causarán en su totalidad y el pago de los
aportes se efectuará sobre el último salario base de cotización reportado con anterioridad a la fecha en la
cual el trabajador hubiere iniciado el disfrute de las respectivas vacaciones o permisos.
24 Folio 176 c.p. 1
13
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
Radicado: 25000-23-37-000-2018-00192-01 (25306)
Demandante: Algranel S.A.
Bedoya la UGPP realizó el ajuste en el IBC para reliquidar los aportes por concepto de
vacaciones sobre el 70% del salario integral percibido en el mes inmediatamente
anterior al periodo en el que se inició el disfrute de estas, de suerte que el ajuste
desapareció en algunos casos al efectuar el nuevo cálculo y persistió en otros dado
que la demandante liquidó el aporte sobre lo percibido en el mismo mes en que inició
el periodo de descanso.
Ahora bien, el a quo afirma que la cifras con las cuales se realizó la liquidación no son
comprensibles, esto se da por cuanto en ella se incluyeron pagos no constitutivos de
salario, lo que será discutido más adelante.
Por lo anterior, prospera el cargo de apelación sobre este punto, y por lo tanto se
mantiene la liquidación efectuada por la UGPP respecto al IBC de las novedades en
las cuales se reportaron vacaciones de los trabajadores que perciben salario integral.
IBC - conceptos no constitutivos de salario – limitante del artículo 30 de la Ley
1393 de 2010 – aplicación de la sentencia SU 2021CE-SUJ-4-004
En la sentencia SU 2021CE-SUJ-4-00425 se establecieron las reglas de unificación
respecto del alcance y contenido de la limitación contenida en el artículo 30 de la Ley
1393 de 2010 de la siguiente manera:
1. El IBC de aportes al Sistema de Seguridad Social (subsistemas de pensión, salud
y riesgos profesionales) únicamente lo componen los factores constitutivos de salario, en
los términos del artículo 127 del CST, estos son, los que por su esencia o naturaleza
remuneran el trabajo o servicio prestado al empleador.
2. En virtud de los artículos 128 del CST y 17 de la Ley 344 de 1996, los
empleadores y trabajadores pueden pactar que ciertos factores salariales no integren el
IBC de aportes al Sistema de Seguridad Social.
3. El pacto de “desalarización” no puede exceder el límite previsto en el artículo 30
de la Ley 1393 de 2010, es decir, el 40% del total de la remuneración. En estos eventos,
los aportes se calcularán sobre todos aquellos factores que constituyen salario,
independientemente de la denominación que se les dé (art. 127 CST- contraprestación del
servicio) y, además, los factores que las partes de la relación laboral pacten que no
integrarán el IBC, en el monto que exceda el límite del 40% del total de la remuneración.
4. El pacto de “desalarización” debe estar plenamente probado por cualquiera de
los medios de prueba pertinentes.
5. Los conceptos salariales y no salariales declarados por el aportante en las
planillas de aportes al sistema de la seguridad social o PILA se presumen veraces. Si el
ente fiscalizador objeta los pagos no constitutivos de salario para incluirlos en el IBC de
aportes, por considerar que sí remuneran el servicio, corresponde al empleador o aportante
justificar y demostrar la naturaleza no salarial del pago realizado, a través de los medios
probatorios pertinentes.
En el caso bajo estudio, la UGPP reconoció en el transcurso del proceso que los pagos
por bonificaciones realizadas a los trabajadores de la sociedad demandante no son
25 CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. Sentencia SU 2021CE-SUJ-4-
004 de 9 de diciembre de 2021, Exp. 25185, C.P. Milton Chaves García.
14
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
Radicado: 25000-23-37-000-2018-00192-01 (25306)
Demandante: Algranel S.A.
constitutivas de salario conforme a lo expresa el artículo 128 del CST que preceptúa
que “No constituyen salario las sumas que ocasionalmente y por mera liberalidad
recibe el trabajador del empleador, como primas, bonificaciones o gratificaciones
ocasionales, participación de utilidades, excedentes de las empresas de economía
solidaria y lo que recibe en dinero o en especie no para su beneficio, ni para enriquecer
su patrimonio, sino para desempeñar a cabalidad sus funciones, como gastos de
representación, medios de transporte, elementos de trabajo y otros semejantes. […]”.
Para tal efecto, consideró que estos pagos no constitutivos de salario hacen parte de
la base para aportes a seguridad social en lo que supere el 40% del total de la
remuneración; es decir, persistió en los ajustes al adicionar al IBC de aportes, factores
que, bajo su interpretación, por su naturaleza y por disposición del propio artículo 128
del CST no tenían connotación de salariales, en aquella parte que excedía el 40% de
la remuneración total.
De las pruebas obrante en el expediente, se tiene que mediante el Acta 474 de 2013 26,
la sociedad demandante decidió otorgar una bonificación por “única vez y a mera
liberalidad” a sus trabajadores, para lo cual suscribió convenios con cada uno de sus
trabajadores los cuales denominó “otorgamiento auxilio o beneficio artículo 15 de la
Ley 50 de 1990” en los cuales hizo constar lo siguiente: “En desarrollo de lo
establecido en el artículo 15 de la Ley 50 de 1.990 EL EMPLEADO recibe del
EMPLEADOR una bonificación por la suma única de $6.000.000 pesos mcte.- el
cual no constituye salario y para ningún efecto laboral se incluye en la base para
liquidar prestaciones sociales.”27
De acuerdo con lo expuesto, la UGPP aceptó que los pagos por bonificaciones no son
constitutivos de salario conforme al artículo 128 del Código Sustantivo del Trabajo, tal
como quedó plasmado en los documentos de “otorgamiento auxilio o beneficio artículo
15 de la Ley 50 de 1990” aunado al hecho que en estos también se dejó la constancia
que “para ningún efecto laboral se incluye en la base para liquidar prestaciones
sociales” por lo que tal bonificación no tuvo la connotación de salarial y en consonancia
con la regla 1 de la sentencia de unificación de 9 de diciembre de 2021, no le asiste
razón a dicha entidad en cuanto señala que los factores no constitutivos de salario
hacen parte del IBC de aportes al Sistema General de Seguridad Social (salud,
pensión y riesgos laborales), en aquella parte que exceda el 40% de la remuneración
total.
En consecuencia, se revocará la sentencia apelada frente a este punto, en razón a
que en este asunto la bonificación pagada por la sociedad Algranel S.A. a sus
trabajadores no debe ser incluida dentro del IBC de los aportes al sistema de la
protección social.
Carga de la prueba – caso Rosmery Padilla
En el caso de la señora Rosmery Padilla, se tiene que la sociedad demandante arguye
que el deber de la administración de justicia era el de practicar las pruebas de oficio
necesarias para esclarecer puntos oscuros en la controversia.
Respecto de la carga probatoria del contribuyente, la Sala ha precisado que “de
conformidad con el artículo 742 del ET, los actos de liquidación de impuestos deben
26 Folio 52, c.p. 1
27
Folios
15
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
Radicado: 25000-23-37-000-2018-00192-01 (25306)
Demandante: Algranel S.A.
fundarse en los hechos que se encuentren acreditados en el expediente administrativo,
y soportarse en los medios probatorios previstos en la normativa tributaria y en los
códigos procesales”. 28
A su vez, el artículo 744 ibidem contempla la oportunidad con la que cuentan los
contribuyentes para allegar las pruebas que considere pertinentes, las cuales deben
ser valoradas por la autoridad fiscal como garantía del debido proceso y de los
derechos de defensa y de contradicción. Asimismo, la Sala ha dicho que “con la
demanda se pueden presentar las pruebas necesarias para demostrar el derecho
pretendido, lo cual exige que el juez las valore y determine si cumplen la finalidad llevar
certeza en relación con los hechos que se pretenden demostrar” 29.
Por lo anterior, la carga de la prueba en materia parafiscal en lo que atañe a demostrar
los pagos al Sistema de Seguridad Social recae en el sujeto pasivo, por cuanto es
quien lo solicita.
En ese contexto, una vez requerida por la autoridad, la demandante tenía la carga de
aportar los medios de prueba idóneos, pertinentes y necesarios para soportar los
pagos al sistema de la protección social.
Al efecto, tal como lo dijo el a quo, la Sala resalta la importancia de la correcta
identificación de la empleada Rosmery Padilla en las planillas de liquidación de los
aportes, toda vez que a través del número identificación es que se puede corroborar
el cumplimiento del deber de pago del aporte.
Así, se concluye que la sociedad Algranel S.A. tenía la obligación de demostrar que
los aportes pagados a nombre de la mencionada señora en los periodos cuestionados
sí fueron cargados a su favor en el Sistema General de Seguridad Social con las
correspondientes constancias de cada una de las entidades con las que se reportaron
los aportes, lo cual no realizó. El cargo de apelación no prospera.
Cesación de la obligación de pagar aportes al subsistema pensional cuando se
cumplen los requisitos para acceder a la pensión de vejez – caso Pedro Pablo
Ahogado Villalba
Respecto al caso del trabajador Pedro Pablo Ahogado Villalba, el a quo aceptó el cargo
de violación, al considerar que desde el 1.° de diciembre de 2013 el señor Ahogado
comenzó a disfrutar de la pensión de vejez otorgada por el fondo de pensiones
Skandia, por lo que la sociedad demandante no se encontraba en la obligación de
continuar cotizando a su nombre.
En su recurso de apelación, la parte demandada insiste en que para la fecha en que
el señor Ahogado Villalba presentó su solicitud de pensión no se tenía certeza de si
este cumplía o no los requisitos para acceder a esta.
Al efecto, el inciso del artículo 17 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 4.°
de la Ley 797 de 2003 prevé que la obligación de cotizar cesa al momento en que el
afiliado reúna los requisitos para acceder a la pensión.
28 CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 28 de octubre de
2021, Exp. 24837, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto
29 CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, Sentencia del 14 de junio de
2018, Exp. 21061, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
16
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
Radicado: 25000-23-37-000-2018-00192-01 (25306)
Demandante: Algranel S.A.
Por su parte, la Corte Constitucional en la sentencia T-705 de 2006, reiterada en la
sentencia T-208 de 2010 sostuvo que “la obligación de realizar aportes cesa en el
momento en que se cumplen los requisitos para acceder a una pensión mínima.”
Asimismo, la Sección Segunda de esta Corporación en la sentencia de 24 de enero de
201930, respecto a la causación del derecho pensional indicó que “es pertinente
diferenciar 2 circunstancias temporales planteadas en la misma, a saber: (i) la
causación del derecho pensional y (ii) el disfrute de las mesadas pensionales. […]
La primera ocurre desde el momento mismo en que el afiliado reúne los requisitos
mínimos de edad y cotizaciones exigidos normativamente o tiempo de servicio según
sea el caso;” (Negrilla del despacho)
En el caso concreto, se tiene que el 2 de diciembre de 2013 el señor Pedro Pablo
Ahogado Villalba solicitó al fondo de pensiones Skandia el reconocimiento de la
pensión de vejez al considerar que cumplía con los requisitos de pensión, lo cual fue
confirmado por la mencionada administradora pensional mediante el oficio de 21 de
enero de 201431, a través de la cual le indicó lo siguiente:
“Queremos informarle que su solicitud de Pensión de Vejez Normal, radicada el pasado
2dediciembrede 2013, fue aprobada: teniendo en cuenta que una vez realizado el estudio
pertinente se evidenció que usted cumple con los requisitos exigidos para obtener el
derecho a dicha prestación.”
Por lo anterior, para la sociedad Algranel S.A., una vez causado el derecho pensional
del señor Ahogado Villalba, cesó la obligación de realizar cotizaciones al Sistema de
la Seguridad Social a partir del 2 de diciembre de 2013. El cargo de apelación no
prospera.
Idoneidad de la prueba – facultad de la UGPP para determinar aportes
parafiscales al ICBF
En relación con los aportes parafiscales al ICBF, el tribunal de primera instancia
determinó que si bien existe una certificación de paz y salvo por este concepto a
nombre de la sociedad demandante por los periodos de enero de 2011 a noviembre
de 2013, lo cierto es que esta sola circunstancia no le impide a la UGPP realizar todas
las acciones tendientes a verificar el completo cumplimiento del pago de aportes
parafiscales al ICBF.
La sociedad demandante se opone a estos argumentos al considerar que la
certificación expedida por el ICBF es el medio idóneo para probar que se encuentra a
paz y salvo con la entidad.
En el presente asunto, se tiene que el 21 de marzo de 201432, el ICBF requirió a
ALGRANEL S.A. para el pago de los periodos desde abril hasta noviembre de 2013.
El 16 de mayo de 2014, el ICBF levantó el acta de verificación de aportes, donde se
determinó que por concepto de aportes por los meses de diciembre de 2011 y abril a
noviembre de 2013 se debía pagar la suma de $2.273.949. 33
30 CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 24 de enero de
2019, Exp. 2988-2015, C.P. Sandra Liseth Ibarra Vélez.
31 Folios 43 a 44 c.p. 1.
32 Folios 64 a 66 c.p. 1.
33 Folios 67 a 69 c.p. 1.
17
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
Radicado: 25000-23-37-000-2018-00192-01 (25306)
Demandante: Algranel S.A.
Para tal efecto, Algranel S.A. el 21 de mayo de 2014 pagó el valor requerido por el
ICBF, tal como consta en el formato de consignación del Banco Davivienda nro.
2963567834, por lo que, el 10 de julio de 2014 el ICBF le expidió a Algranel S.A. el paz
y salvo nro. 11-50131-133, en el cual se hace constar lo siguiente:
“En atención a su comunicación radicada el 28 de mayo de 2014 de manera atenta le
informo que mediante Liquidación 2014110109 del 16 de mayo de 2014 se determinó
una deuda a favor del ICBF, por concepto de aportes parafiscales del 3% dejados de
pagar por los siguientes periodos:
Diciembre de 2011 $282.249
Abril a noviembre de 2013 $1.464.285
Valor total por concepto de capital $1.746.534
Interés de mora $527.415
Total cancelado $2.273.949
Esta obligación quedó extinguida con el pago realizado el día 21 de mayo de 2014, por
valor de DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS
CUARENTA Y NUEVE PESOS ML ($2.273.949) en consecuencia se certifica que la
empresa ALGRANEL S.A. Identificado con NIT 860.053.976-0 se encuentra a Paz y
Salvo, respecto de la liquidación No. 2014110109 del 16 de mayo de 2014
correspondiente a la vigencia enero de 2010 hasta abril de 2013.”
Tal paz y salvo fue valorado en los actos administrativos por el ente de fiscalización.
Sin embargo, la UGPP no le dio valor probatorio dado que en este se encuentran
discrepancias entre los periodos certificados, pues en un aparte se hace constar que
el pago corresponde a los periodos de diciembre de 2011 y abril a noviembre de 2013,
y en otro se refiere a los periodos comprendidos entre diciembre de 2011 y abril de
2013, por lo que para la UGPP no hay certeza sobre los periodos certificados como
pagados.
Para tal efecto, antes de declarar la falta de competencia, el Juzgado Cuarenta
Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, a través del Oficio nro. 254/17 de 5 de
octubre de 2017, solicito al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar certificara si la
sociedad demandante presentaba “mora o inexactitudes por el pago de aportes
parafiscales para el período comprendido entre enero a diciembre de 2013” 35.
Al responder, el ICBF certificó los períodos pagados por la sociedad demandante de
la siguiente manera:
“Que se realizó el proceso de verificación al aportante ALGRANEL SA con NIT
860.053.976 la cual arrojo la liquidación número 2014110109 del 16 de mayo de 2014
Que los valores liquidados corresponden a un total de $2.266.903 discriminados a Capital
$1.746 534 e intereses $520.369 Que las vigencias verificadas fueron de enero de 2010
hasta diciembre de 2013, y para in vigencia 2013 los valores a favor del ICBF se
determinaron así:
2013
Mes Capital Intereses
Abril $8.424 $2.530
Mayo $10 $3
Junio $325.037 $81.009
34 Folio 70 c.p. 1.
35 Folio 296 c.p. 2.
18
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
Radicado: 25000-23-37-000-2018-00192-01 (25306)
Demandante: Algranel S.A.
Julio $643.210 $143.641
Agosto $324.974 $64.695
Septiembre $162.464 $28.046
Octubre $156 $23
Noviembre $10 $1
Que el aportante ALGRANEL, realizo el pago de la obligación el dia 21 de mayo de 2014,
por un total de $2.273.949, discriminados a capital $1.746.534 e intereses $527.415.”
De las anteriores pruebas, la Sala verifica que la sociedad Algranel S.A. se encuentra
a paz y salvo por concepto de aportes parafiscales por los meses de diciembre de
2011 y de abril a noviembre de 2013.
No sin antes resaltar que de conformidad con la Ley 1151 de 2007 y el Decreto Ley
169 de 2008, la UGPP cuenta con las potestades para adelantar las investigaciones
de hechos que generen obligaciones pecuniarias en materia de contribuciones
parafiscales, de suerte que, a pesar de que se está declarando que la demandante se
encuentra a paz y salvo por los meses de abril hasta noviembre de 2013, el ente
demandado aún conservaba plena competencia para determinar los aportes al
Sistema de la Protección Social sobre los meses en los cuales no se certificó por parte
del ICBF que la sociedad se encontraba a paz y salvo, esto es, los meses de enero,
febrero, marzo y diciembre de 2013.
En consecuencia, se modificará la sentencia apelada en este punto, y como
restablecimiento del derecho se ordenará a la UGPP reliquidar los aportes al
subsistema del ICBF solamente respecto de los meses en los cuales no se hace
referencia la certificación expedida por el ICBF.
Devolución de aportes al sistema de la protección social
La UGPP cuestiona la orden dada por el a quo al esgrimir una imposibilidad jurídica
para realizar el reintegro de las sumas pagadas por la contribuyente por cuanto los
dineros recaudados no ingresan a las arcas de la Unidad, sino por el contrario, estos
son pagados a cada una de las administradoras que integran el Sistema de la
Seguridad Social.
Sin embargo, se tiene que el artículo 311 de la Ley 1819 de 2016 36, prevé que en los
casos en que se declare la nulidad total o parcial de los actos administrativos proferidos
por la UGPP y se ordene la devolución de aportes, la Unidad debe proferir el
36 ARTÍCULO 311. DEVOLUCIÓN DE APORTES Y SANCIONES. En los eventos en los que se declare total o
parcialmente la nulidad de los actos administrativos expedidos por la UGPP y se ordene la devolución de aportes
y/o sanciones, la UGPP ordenará la devolución de los mismos al Fosyga, al Fondo de Riesgos Laborales, a las
Administradoras de Pensiones, y riesgos laborales, al Tesoro Nacional, al ICBF, al SENA, a las Cajas de
Compensación, y a todas las demás entidades que hayan recibido recursos del Sistema de la Protección Social,
según el caso, conforme con el procedimiento que establezca para el efecto.
La orden de pago será impartida por la UGPP dentro de los 30 días hábiles siguientes contados a partir de la fecha
en que quede ejecutoriada la sentencia, mediante acto administrativo que será notificado a las enti dades obligadas
a la devolución de los aportes y/o sanciones.
La devolución de los aportes por parte de las entidades obligadas deberá realizarse y acreditarse dentro de los dos
(2) meses siguientes a la notificación del acto administrativo proferido por la UGPP, en la cuenta que para tal efecto
disponga el aportante; de lo contrario se causarán intereses moratorios con cargo a las mencionadas entidades a
la tasa de interés bancario corriente certificada por la Superintendencia Financiera por el período en el que se
realiza el pago.
Notificada la admisión de la demanda a la UGPP, esta deberá comunicarse a las Administradoras, o a quienes
asuman sus obligaciones para que efectúen las provisiones correspondientes en una cuenta especial que
reconozca la contingencia y que garantice la devolución de los recursos.
19
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
Radicado: 25000-23-37-000-2018-00192-01 (25306)
Demandante: Algranel S.A.
correspondiente acto administrativo a través del cual le ordene a las diferentes
administradoras de los subsistemas la devolución de los montos determinados.
Se observa que en el cedé anexo a la demanda se encuentra la relación de los pagos
realizados por la sociedad demandante con ocasión de la Resolución RDC541 de 9 de
septiembre de 2016, por lo que procede el reintegro de las sumas pagadas en exceso
y determinas por esta Corporación a continuación. El cargo de apelación no prospera.
Por todo lo anterior, acogiendo el criterio mayoritario de la Sala se adicionará el
numeral segundo de la sentencia apelada, para ordenar a título de restablecimiento
del derecho que la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social [UGPP] reliquide las
contribuciones parafiscales al Sistema Integral de Seguridad Social por los periodos
enero a diciembre de 2013, retirando del IBC para liquidar las bonificaciones pagadas
a los trabajadores de Algranel S.A. en el mes de diciembre de 2013 en los subsistemas
de pensión, salud, FSP, SENA, ARL y SENA; asimismo, se reliquide los aportes al
Sistema de la Protección Social en el subsistema del ICBF solo por los meses de
enero, febrero, marzo y diciembre de 2013. En lo demás, se confirma la sentencia
apelada.
Condena en costas
No se condena en costas en esta instancia, pues conforme con el artículo 188 del
CPACA 37, en los procesos ante esta jurisdicción, la condena en costas, que según el
artículo 361 del CGP incluye las agencias en derecho, se rige por las reglas previstas
el artículo 365 del Código General del Proceso, y una de estas reglas es la del numeral
8, según la cual “solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se
causaron y en la medida de su comprobación”, requisito que no se cumple en este
asunto.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sección Cuarta, Sala de lo
Contencioso, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por
autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: Modificar el numeral segundo de la sentencia apelada, el cual quedará
así:
SEGUNDO: En consecuencia, a título de restablecimiento del derecho.
ORDÉNASE a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE
CONTRIBUCIONES GESTIÓN PENSIONAL PARAFISCALES DE Y LA
PROTECCIÓN SOCIAL UGPP a (i) retirar la bonificación otorgada a los
trabajadores (con salario integral y con salario ordinario) de la base gravable
del sistema de la protección social en los subsistemas de pensión, salud, FSP,
SENA, ARL y SENA (ii) excluir la glosa respecto de los aportes del señor Pedro
Pablo Ahogado Villalba correspondiente al mes de diciembre de 2013; (iii)
reliquidar los aportes parafiscales al ICBF respecto de los periodos de enero,
febrero, marzo y diciembre de 2013 que no se encuentran a paz y salvo y que
no fueron certificados por la mencionada entidad; y (iv) decretar por medio de
acto administrativo la devolución de los aportes a que haya lugar con ocasión
37 CPACA. Art. 188. Condena en costas. “Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de
Procedimiento Civil”.
20
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
Radicado: 25000-23-37-000-2018-00192-01 (25306)
Demandante: Algranel S.A.
de la declaración de la presente nulidad parcial de los actos, siguiendo el
procedimiento previsto para el efecto en el artículo 311 del Ley 1819 del 29 de
diciembre de 2016, de acuerdo con las razones expuestas en la considerativa.»
Ordenar a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE
CONTRIBUCIONES GESTIÓN PENSIONAL PARAFISCALES DE Y LA
PROTECCIÓN SOCIAL UGPP reliquidar los aportes a la seguridad social
retirando del IBC para liquidar las bonificaciones pagadas a los trabajadores
de Algranel S.A. en el mes de diciembre de 2013 en los subsistemas de
pensión, salud, FSP, SENA, ARL y SENA; asimismo, se reliquide los aportes
al Sistema de la Protección Social en el subsistema del ICBF solo por los
meses de enero, febrero, marzo y diciembre de 2013.
SEGUNDO: En lo demás, confirmar la sentencia apelada.
TERCERO: Sin condena en costas en esta instancia.
Cópiese, notifíquese y comuníquese. Devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
Cúmplase.
La anterior providencia se estudió y aprobó en sesión de la fecha.
(Firmado Electrónicamente) (Firmado Electrónicamente)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente de la Sección
(Firmado Electrónicamente) (Firmado Electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Aclaro voto
21
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.