Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2018-00301-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 25000-23-37-000-2018-00301-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2018-00301-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 25000-23-37-000-2018-00301-01
Consejero ponente: Milton Chaves Garcia
28 de septiembre de 2023
Radicado: 25000-23-37-000-2018-00301-01 (27349)
Demandante: ECOPETROL S.A.
Fallo
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: MILTON CHAVES GARCÍA
Bogotá, D.C., veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y
RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 25000-23-37-000-2018-00301-01 (27349)
Demandante: ECOPETROL S.A.
Demandado: UAE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS
NACIONALES- DIAN
Temas: Contribución de obra pública. Aplicación sentencia de
unificación de Sala Plena de lo Contencioso Administrativo.
Hecho generador.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la
sentencia de 7 de abril de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección “A”, que negó las pretensiones de la
demanda (numeral primero) y no condenó en costas (numeral segundo).
ANTECEDENTES
Previo requerimiento ordinario y su respuesta, con fundamento en el artículo 6 de la
Ley 1106 de 2006, la DIAN expidió a ECOPETROL S.A, la Resolución
312412017000004 de 15 de junio de 2017, por la cual determinó en $100.317.000 la
contribución del contrato de obra pública Nº 13564 de 24 de julio de 2012. Dicho acto
fue confirmado por Resolución 010251 de 21 de diciembre de 2017, que resolvió el
recurso de reconsideración.
DEMANDA
ECOPETROL S.A., en ejercicio del medio de control previsto en el artículo 138 del
CPACA, solicitó que se declare la nulidad de las resoluciones citadas. A título de
restablecimiento del derecho, pidió que se declare a “ECOPETROL S.A. a paz y salvo
por concepto de las sumas objeto de discusión y se proceda al archivo de los
expedientes respectivos”.
La demandante invocó como normas violadas las siguientes:
Artículos 6, 13, 29, 83, 123, 338 y 363 de la Constitución Política.
Artículos 42 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
Artículos 643, 715, 716, 717 y 730 del Estatuto Tributario.
Artículo 76 de la Ley 80 de 1993.
Artículo 264 de la Ley 223 de 1995
Artículo 3 de la Ley 548 de 1999.
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Radicado: 25000-23-37-000-2018-00301-01 (27349)
Demandante: ECOPETROL S.A.
FALLO
Artículo 6 de la Ley 1106 de 2006.
Artículo 4 de la Ley 1150 de 2007.
Artículo 113 de la Ley 1943 de 2018.
Decretos Nos. 3461 de 2007, 4048 de 2008 y 399 de 2011.
Conceptos DIAN 009714 de 4 de agosto de 1993, 036803 del 17 de mayo de
2007 y 063832 de 2008.
Sobre el concepto de la violación, la demandante expuso, en síntesis, lo siguiente:
Falta de competencia de la DIAN para la determinación de la contribución en
contratos de obra pública. Aunque la Ley 1106 de 2006 retomó los elementos de las
regulaciones anteriores, estableció una nueva contribución sin determinar en forma
expresa la competencia funcional para su administración por la suscripción de
contratos de obra pública. Tampoco existe norma que otorgue a la DIAN la facultad de
expedir los actos de determinación de este tributo.
No existe fundamento normativo para que la DIAN asuma la competencia para la
fiscalización, determinación y control de la contribución de los contratos de obra
pública. Dicha competencia está asignada expresamente al Ministerio del Interior, de
acuerdo con la Circular No. CIR13-000000007-2013 del 7 de febrero de 2013,
expedida por esa entidad. También fue asumida, en lo correspondiente, por el Distrito
Capital, a través del Decreto 243 de 2012 y la Resolución No. DDI-040601 del 15 de
agosto de 2012.
Además, dentro de las competencias residuales asignadas a la DIAN no se encuentra
la de administrar contribuciones, por lo que dicha entidad vulneró los artículos 6 y 123
de la Constitución Política y el Decreto 4048 de 2008.
El contrato que celebró la demandante no es de obra pública. Tiene relación con
la exploración y explotación de petróleo. ECOPETROL está excluida de la Ley 80
de 1993, porque de acuerdo con el artículo 76 ibidem, se rige por una legislación
especial, pues es una entidad estatal encargada de la exploración y explotación de
recursos naturales no renovables en el sector de hidrocarburos y gas, así como del
desarrollo de las actividades industriales y comerciales propias del mismo sector.
Sin embargo, en los actos demandados, de manera contraria a la ley, la DIAN sostuvo
que la exclusión de la contribución solo opera respecto de los contratos de exploración,
explotación y refinación de hidrocarburos propiamente dichos y no de otro tipo de
contratos, aunque estén relacionados con esas actividades.
Además, en otros casos 1, la DIAN revocó a ECOPETROL actos de determinación de
la contribución especial, pues señaló que los contratos suscritos por esta empresa no
son considerados como estatales, puesto que no incluyen cláusulas exorbitantes y a
través de ellos se desarrollan las actividades propias del sector de hidrocarburos.
1 Resolución 900001 de 14 de junio de 2013, que revocó la Resolución 900113 de 24 de septiembre de 24 de
septiembre de 2013, que determinó a la actora la contribución por el contrato de obra pública 4014775 de 17 de
julio de 2007. Además, en la Resolución 900005 de 27 de agosto de 2013 la DIAN revocó una liquidación de
determinación de la contribución de obra pública.
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Radicado: 25000-23-37-000-2018-00301-01 (27349)
Demandante: ECOPETROL S.A.
FALLO
El Consejo de Estado ha reconocido que ECOPETROL no celebra contratos de
obra pública. En sentencias de 22 de febrero de 2018, exp. 2014-00994-01 y de 25
de abril de 2018, exp. 2014-00015-01, la Sección Cuarta del Consejo de Estado
concluyó que los contratos suscritos por Ecopetrol corresponden a actividades directas
y necesariamente relacionadas con la exploración y explotación de recursos naturales
no renovables, en desarrollo de su objeto social. Por tanto, se les aplica el artículo 76
de la Ley 80 de 1993 y no generan la contribución, pues no son de obra pública.
A su vez, en la sentencia del 20 de febrero de 2014, exp. 45310, el Consejo de Estado
precisó que los contratos que suscribe Ecopetrol se regulan por el derecho privado y,
en consecuencia, no se someten a la Ley 80 de 1993, sino que resulta aplicable el
Decreto 3461 de 2007, conforme con el cual en este asunto no se causa la contribución
de obra pública.
ECOPETROL no celebró contratos de obra pública sometidos a la contribución.
De conformidad con la jurisprudencia2, los contratos sometidos a la contribución de
obra pública no solo requieren ser suscritos por una entidad pública, sino que deben
someterse a las disposiciones de la Ley 80 de 1993 y, que, en efecto, constituyan
contratos de obra pública.
No obstante, de acuerdo con el artículo 76 ibidem y el Decreto 3461 de 2007,
reglamentario de la Ley 1106 de 2006, los contratos celebrados por ECOPETROL, en
desarrollo de su objeto social, se encuentran excluidos del mencionado gravamen.
Como los contratos que suscribe ECOPETROL se rigen por el derecho privado y no
por el Estatuto General de la Contratación, pues carecen de cláusulas excepcionales 3,
no están gravados con la contribución de obra pública.
Los actos demandados son contrarios a los Conceptos DIAN 036803 de 17 de
mayo de 2007 y 063832 de 2008. Mediante Concepto 063832 de 2008, la DIAN
concluyó que los contratos relacionados con las actividades del sector de
hidrocarburos no se encuentran sujetos a la contribución de obra pública.
Además, el Concepto DIAN 036803 de 17 de mayo de 2007 señala que la Ley 80 de
1993 no es aplicable a los contratos suscritos por el Banco de la República y, por ende,
no están sometidos a la contribución especial sobre contratos de obra pública por no
realizarse el hecho generador de este tributo. Esa situación es aplicable a
ECOPETROL porque cuenta con un régimen legal y contractual especial.
El contrato que dio lugar a la determinación de la contribución por parte de la DIAN
corresponde al desarrollo de actividades propias de la industria de exploración y
producción de hidrocarburos. De ahí que no esté sujeto a la referida contribución.
Sin embargo, en los actos acusados, la DIAN desconoció el anterior criterio, al igual
que el artículo 113 de la Ley 1943 de 2018 (anteriormente artículo 264 de la Ley 223
2 Sentencias C-1153 de 2008 de la Corte Constitucional y de 1 de marzo de 2012, expediente 17907 del Consejo
de Estado.
3Sentencia de 20 de febrero de 2014, exp 45310, del Consejo de Estado.
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Demandante: ECOPETROL S.A.
FALLO
de 1995) y los principios de confianza legítima, seguridad e igualdad de los
contribuyentes.
Los actos demandados interpretan erróneamente el artículo 6 de la Ley 1106 de
2006, que fija la contribución de obra pública. El artículo 6 de la Ley 1106 de 2006
estableció que el hecho generador de la contribución es la suscripción de contratos de
obra pública. Dicha norma excluye del hecho generador del tributo los contratos
suscritos por ECOPETROL, dado que la infraestructura para el desarrollo de las
actividades de exploración, explotación, transporte, refinación de hidrocarburos no
corresponde a una obra pública. En efecto, los contratos que celebra ECOPETROL
tienen por objeto el desarrollo de una actividad industrial del sector de hidrocarburos,
que no implica la prestación de un servicio público, como puede entenderse del
desarrollo de la infraestructura para uso público como la construcción de un puente,
una carretera o un acueducto.
Los actos demandados están viciados de falta de motivación. La DIAN motivó
indebidamente los actos demandados, pues no indicó las razones de hecho y de
derecho que sustentaron la consideración de calificar el contrato analizado, que recae
sobre inmuebles, como de obra pública y no de otra naturaleza. Sin soporte probatorio,
se limitó a realizar afirmaciones generales y a calificar el contrato como de obra pública
sin analizar el objeto de éste y si su finalidad era la construcción directa del bien o si
se trataba de otro tipo de actividad.
La DIAN violó el debido proceso y el derecho de defensa de ECOPETROL. En el
hipotético caso de que la DIAN tenga competencia para fiscalizar la contribución de
los contratos de obra pública, debió aplicar el procedimiento establecido en el Estatuto
Tributario para la determinación, liquidación, discusión y cobro del tributo. No obstante,
la DIAN determinó la contribución a cargo de la actora sin notificarle un emplazamiento
o requerimiento ordinario que le permitiera conocer las razones por las cuales fijaba el
tributo a cargo de la demandante y controvertir, previo a la liquidación oficial, las
razones de su imposición.
ECOPETROL no es sujeto pasivo ni responsable de la contribución por obra
pública. De acuerdo con la Ley 1106 de 2006, la obligación de liquidar y pagar la
contribución por contratos de obra pública recae exclusivamente en los contratistas,
no en la contratante, que es ECOPETROL. La citada ley no estableció una solidaridad
entre el contratista y la entidad contratante, ya que la obligación de pago solo surge
para el contratista.
CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
La DIAN se opuso a las pretensiones de la demanda con fundamento en los siguientes
argumentos:
La DIAN sí tiene competencia para determinar la contribución a cargo de la
actora. De acuerdo con las sentencias C-083 de 1993, C-427 de 1993, C-930 de 2007
y C-1153 de 2008, la contribución de obra pública es un tributo del orden nacional, por
lo que conforme con la competencia residual prevista en el artículo 3, numeral 1 del
Decreto 4048 de 2008, la DIAN tiene la administración y control de éste al no estar
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asignada a otra entidad estatal. De otra parte, según el artículo 691 del ET, la División
de Liquidación de la DIAN es la competente para expedir las resoluciones de
determinación de los tributos.
La DIAN no vulneró el artículo 76 de la Ley 80 de 1993. El artículo 76 de la Ley 80
de 1993 dispone que los contratos celebrados por entidades estatales competentes
para la exploración y explotación de recursos naturales renovables y no renovables se
rigen por una legislación especial, diferente al régimen establecido en ese estatuto de
contratación. Así que los demás contratos, esto es, los que no estén directamente
relacionados con las actividades de exploración y explotación de los recursos
naturales, aun cuando no se encuentren regidos por la Ley 80 de 1993, están
sometidos a la contribución especial señalada en el artículo 6 de la Ley 1106 de 2006,
por configurarse el hecho generador del tributo, esto es, la celebración de contratos de
obra pública.
El artículo 6 de la Ley 1106 de 2006 establece el hecho generador del tributo sin
distinguir si el régimen contractual de la entidad se rige por el derecho privado o por el
Estatuto General de Contratación.
El contrato que fue objeto de determinación de la contribución por parte de la DIAN es
de obra pública, de acuerdo con el artículo 32 de la Ley 80 de 1993. Lo anterior, porque
lo celebró una entidad estatal, independientemente de que esté sujeta o no a la Ley
80 de 19934. En consecuencia, se configuró el hecho generador y ECOPETROL debió
efectuar la retención de la contribución por tratarse de contratos de obra pública.
No se desconoce lo dispuesto en el Decreto 3461 de 2007. El Decreto 3461 de
2007 no prevé exclusión de la contribución respecto de los contratos de obra pública
suscritos por entidades del Estado. Lo que pretende es reglamentar la aplicación del
tributo para los nuevos hechos generadores incluidos en el artículo 6 de la Ley 1106
de 2006, como los contratos de concesión, que antes estaban excluidos del pago de
la contribución especial. No es cierto que a partir de entrada en vigencia del Decreto
3461 de 2007, la contribución se aplique únicamente a los contratos surgidos como
resultado de una licitación o un proceso de selección. El hecho generador de la
contribución atiende a la existencia de un contrato de obra pública y a la entidad pública
contratante, como factores determinantes del tributo, no al mecanismo de selección
del contratista.
El contrato 13564 del 24 de julio de 2012 giró en torno a unas obras civiles respecto
de inmuebles que no tienen relación directa con la exploración y explotación de
hidrocarburos.
No se desconoce la doctrina oficial de la DIAN. La DIAN no desconoció el artículo
264 de la Ley 223 de 1995 ni los Conceptos 063832 de 3 de julio de 2008 y 48027 del
8 de agosto de 2014, pues estos se refieren al Banco de la República, que tiene un
régimen legal propio, al que no se le aplica el artículo 6 de la Ley 1106 de 2006.
4 Citó la sentencia C-1153 de 2008, que analizó la exequibilidad del artículo 6 de la Ley 1106 de 2006.
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FALLO
No es cierto que exista doctrina oficial que concluya la inexistencia de la obligación de
pagar la contribución especial por la celebración de contratos de obra pública por parte
de ECOPETROL. Tampoco, que la DIAN haya reconocido en casos similares que no
hay lugar a la causación de la contribución de obra pública.
Cuando la DIAN revocó la resolución de determinación del tributo lo hizo porque
evidenció la inexistencia del contrato con base en el cual se determinó inicialmente la
contribución. En el caso en discusión, la situación es distinta porque está demostrada
la suscripción del contrato de obra pública.
La sentencia de 20 de febrero de 2014, proferida por el Consejo de Estado, no es
aplicable al presente asunto. En la sentencia en mención, exp. 45310, el Consejo de
Estado no analizó los eventos en los que ECOPETROL celebra contratos de obra
pública. De dicha sentencia no puede concluirse que los contratos de obra pública
sujetos a la contribución especial son los que suscribe una entidad de derecho público
sometida al Estatuto General de la Contratación.
ECOPETROL es una entidad estatal, aunque no se rige por la Ley 80 de 1993. La
demandante es una entidad de derecho público, por lo que se cumple uno de los
requisitos del hecho generador de la contribución de obra pública, según el artículo 6
de la Ley 1106 de 2006, independientemente de que esté sometida al régimen de
derecho privado.
No existe interpretación errónea de la Ley 1106 de 2006. Según el artículo 32 de la
Ley 80 de 1993, para que el contrato de obra sea público no se requiere que el bien o
servicio resultante deba ser puesto a disposición del público en general. Lo que da el
carácter de contrato de obra pública es que éste se celebre con una entidad pública,
como ECOPETROL. No es determinante el objeto del contrato, el tipo de obra o el bien
sobre el que esta recaiga.
Los actos demandados están debidamente motivados. Los actos demandados
indican los motivos de hecho y de derecho que llevaron a la DIAN a concluir que el
contrato que celebró la actora es de obra pública porque está relacionado con
actividades de construcción, mantenimiento y reparación de bienes inmuebles y que
sobre él debía practicarse la retención del 5%, correspondiente a la contribución de
obra pública.
Además, en los actos acusados se acreditó que el contrato objeto de determinación
de la contribución no se relaciona con actividades de exploración, explotación o
comercialización de hidrocarburos.
La DIAN respetó el debido proceso de la actora. Para verificar el cumplimiento de
la obligación de retener el valor de la contribución por el contrato de obra pública
celebrado por la actora en el año 2012, la DIAN remitió a ECOPETROL acto
preparatorio, en el que le solicitó suministrar la prueba de pago de la contribución y,
en su defecto, explicar la omisión de esa obligación.
La demandante ejerció su derecho de defensa, de manera que conoció el contrato
sobre el cual no había realizado la retención de la contribución de obra pública y
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expuso las razones de oposición antes de la determinación del tributo. Además,
interpuso recurso de reconsideración contra el acto de determinación de la
contribución y el recurso le fue resuelto oportunamente.
SENTENCIA APELADA
El Tribunal negó las pretensiones de la demanda, por las siguientes razones :
Competencia de la DIAN para determinar la contribución especial. La competencia
residual asignada a la DIAN en el artículo 1, inciso segundo, del Decreto 4048 de 2008,
cobija la administración de las contribuciones que no estén asignadas a otras
autoridades estatales, como la contribución del contrato de obra pública prevista en el
artículo 6 de la Ley 1106 de 2006.
Además, la Circular Externa CIR 13-000000007-2013 del 7 de febrero de 2013 del
Ministerio del Interior, se refiere específicamente al recaudo de la contribución, no a su
determinación. En virtud del artículo 122 de la Ley 418 de 1997, el Ministerio del Interior
administra la cuenta especial del Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia
Ciudadana- FONSECÓN, encargado de invertir los recursos recaudados por concepto
de la contribución de los contratos de obra pública. Ello no implica que sea ese
Ministerio el sujeto activo de la contribución, pues no puede confundirse la actividad
de la administración del tributo, con el uso dado a los recursos recaudados con el
mismo.
Motivación de los actos acusados. El contrato materia de los actos demandados no
corresponde a la exploración y explotación de hidrocarburos, sino a un conjunto de
obras que tiene por objeto el mantenimiento, aseo, limpieza, cafetería, etc., de una
estación VIT de descargadero, que si bien podrían tener relación indirecta con la
actividad de exploración y explotación de petróleo, lo cierto es que dichos trabajos no
tienen por objeto la búsqueda o producción del hidrocarburo, tal como lo concluyó el
Consejo de Estado en la sentencia de unificación de 25 de febrero de 2020, en la que
afirmó que “no hay lugar a aplicar un criterio de conexidad entre la obra y la destinación
del inmueble, porque como se explicó se trata de contratos típicos que tienen objetos
totalmente diferentes”.
En el presente caso se incurrió en el hecho generador de la contribución al haberse
suscrito el contrato de obra MA-0013564 de 24 de julio de 2012, por lo que a Ecopetrol
S.A. le correspondía retener al contratista la contribución de los contratos de obra
pública, en los términos del artículo 6 de la Ley 1106 de 2006 y el artículo 121 de la
Ley 418 de 1997.
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FALLO
Además, como lo precisó el Consejo de Estado en sentencia de 15 de julio de 2021 5
“está demostrado que, desde la determinación oficial del tributo, la demandante contó
con la información necesaria para controvertir la decisión administrativa. Aunado a lo
anterior, […] para verificar la realización del hecho generador debatido bastaba con
que la Administración advirtiera que el objeto de los convenios analizados consistía en
«la realización de trabajos materiales sobre bienes inmuebles» y que la contratante
era una entidad pública, como ocurrió en el presente caso. Por consiguiente, contrario
a lo planteado por la actora, la demandada no estaba obligada a describir en los actos
censurados razones adicionales para sustentar su decisión”.
Presunta infracción de las normas en la que debía fundarse. Deben aplicarse las
reglas fijadas en la sentencia de unificación 2020-CE-SUJ-SP-001 de 25 de febrero de
20206 del Consejo de Estado.
ECOPETROL intervino como contratante en el contrato que originó la determinación
de la contribución de obra pública que se cuestiona y de conformidad con la Ley 1118
de 2006, la demandante es una sociedad de economía mixta de carácter comercial,
del orden nacional cuyo objeto social es, en general, la actividad comercial o industrial
relacionada con la exploración y explotación de hidrocarburos.
Al revisar el objeto del contrato, corresponde a un conjunto de obras que tienen por
objeto actividades propias de un contrato de obra y no de la exploración y explotación
de petróleo, porque no tienen por objeto la búsqueda o producción del hidrocarburo.
Por lo anterior, se incurrió en el hecho generador de la contribución, por lo que
correspondía a ECOPETROL retener al contratista la contribución del contrato objeto
del tributo, como lo exigió la DIAN en los actos acusados.
Dada la calidad de tributo indirecto que tiene la contribución de obra pública, la sujeción
pasiva está, de una parte, en cabeza del contribuyente, que es la persona natural o
jurídica que suscriba los contratos de obra pública con entidades de derecho público
y, de otra, el agente retenedor, que es la entidad de derecho público contratante de la
obra pública, que de no realizar la retención por la suma que está obligado a retener,
deberá responder de manera directa por dicha suma ante el sujeto activo del tributo,
sin perjuicio de su derecho de reembolso contra el contribuyente, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 370 del E.T. y demás normas aplicables.
Falta de aplicación de la doctrina oficial. El cargo no está llamado a prosperar pues
la doctrina a que se refiere el oficio 100202208-915 de 2014 no estaba vigente al
momento en que la actora debió efectuar las retenciones en discusión -201. Lo
anterior, en línea con el criterio expuesto por el Consejo de Estado, en sentencia de
15 de julio de 2021, exp. 24248.
Costas. No se condena en costas porque no están probadas.
RECURSO DE APELACIÓN
La demandante apeló la sentencia por las razones siguientes:
5 Exp. 24248 CP Julio Roberto Piza Rodríguez.
6 Exp. 25000-23-37- 000-2014-00721-01 (22473) (IJ)
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Radicado: 25000-23-37-000-2018-00301-01 (27349)
Demandante: ECOPETROL S.A.
FALLO
Incompetencia de la DIAN para determinar la contribución especial. Contrario a lo
concluido en la sentencia de primera instancia, la contribución de obra pública está
asignada al Ministerio del Interior – FONSECÓN para su administración que, no implica
únicamente el recaudo. Además, el Ministerio del Interior tiene jurisdicción coactiva
para hacer efectivo este crédito a su favor. Así, la entidad competente para adelantar
el trámite de determinación oficial y cobro de la contribución de obra pública es el
Ministerio del Interior, no la DIAN, a pesar de que dicha contribución tenga naturaleza
tributaria.
Vulneración del debido proceso. En relación con la contribución de obra pública, no
se ha establecido, por vía legal o reglamentaria, la obligación de presentar una
“declaración tributaria” por parte del sujeto pasivo (contratista) ni del agente de
retención (contratante). Tampoco existe la obligación de incluir las retenciones en la
fuente a título de contribución de obra pública en la declaración de retención en la
fuente que presentan los contribuyentes a la DIAN. Por el contrario, el Ministerio del
Interior – FONSECÓN ha dispuesto los mecanismos necesarios para contar con la
información que sirve de sustento a los recaudos que recibe por cuenta de la
contribución de obra pública, a partir de la cual puede adelantar los procedimientos
administrativos que correspondan para garantizar el debido recaudo de la misma.
En consecuencia, no se explica cuál es el fundamento jurídico para expedir una
“resolución oficial de determinación”, pues en el Estatuto Tributario dicho acto
administrativo no está establecido. En virtud del Estatuto Tributario, las liquidaciones
con las que se determina oficialmente un tributo son la de revisión y la de aforo.
Además, están las liquidaciones que buscan “corregir” la determinación del tributo, no
su determinación total.
El cargo presentado en la demanda, referido a la violación del debido proceso por falta
de la expedición de un acto administrativo previo, no puede entenderse superado con
la notificación de un “requerimiento de información”. Dicho requerimiento busca
recolectar la información requerida por la administración para realizar los cruces
necesarios que lleven a la certeza de la ocurrencia de una inexactitud en una
declaración tributaria presentada por el contribuyente o a la ocurrencia de una omisión
del deber de declarar o de otro hecho sancionable.
Sin embargo, no puede aceptarse la interpretación según la cual, la DIAN puede
“diseñar” un procedimiento tributario por analogía o según la necesidad del proceso de
fiscalización que adelante, en el que un “requerimiento ordinario de información” se
convierte en un acto administrativo preparatorio, que tiene el alcance de romper la
firmeza de la declaración tributaria y ser válido como acto previo de un proceso de
determinación oficial. Esta interpretación es contraria a la normativa tributaria y al
debido proceso.
9
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Radicado: 25000-23-37-000-2018-00301-01 (27349)
Demandante: ECOPETROL S.A.
FALLO
Si el procedimiento de determinación oficial que adelantó la DIAN hubiera
correspondido a un aforo (ante la ausencia de declaración tributaria), el acto
administrativo previo es el emplazamiento para declarar, no el requerimiento ordinario
en el que se pide copia del pago del tributo. Y, si lo que buscaba la administración era
proferir una liquidación oficial de revisión, el acto administrativo previo debió ser un
requerimiento especial.
En este caso, no se profirió ningún acto administrativo previo de los que trata el
Estatuto Tributario para dar validez al procedimiento de determinación oficial del
tributo. Por tanto, las liquidaciones oficiales de determinación de la contribución de
obra pública resultan nulas y violatorias del ordenamiento constitucional y tributario.
La sentencia apelada desconoció el alcance del artículo 76 de la Ley 80 de 1993.
Conforme con el artículo 76 de la Ley 80 de 1993, los contratos de exploración y
explotación de hidrocarburos se rigen por un régimen especial, ajeno al de los
contratos de obra pública, toda vez que comprenden una categoría separada, con
régimen propio. Y hacen parte de los contratos de exploración y explotación de
petróleo, todas las actividades conexas y complementarias a estos.
TRÁMITE PROCESAL EN SEGUNDA INSTANCIA
La demandada no intervino en la oportunidad prevista en el artículo 247, numeral 4
del CPACA, modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021.
El Ministerio Público no intervino.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
En los términos del recurso de apelación interpuesto por la demandante, la Sala decide
si: (i) la demandada es competente para determinar la contribución de obra pública; (ii)
se violó a la actora el debido proceso por falta de un acto previo al de determinación
del tributo y (ii) si se desconoció el alcance del artículo 76 de la Ley 80 de 1993, para
lo que se define si el contrato cuestionado en los actos demandados está sujeto a la
contribución de obra pública, por realizarse el hecho generador.
Para resolver el caso, la Sala aplica el criterio fijado en sentencia de unificación de 25
de febrero de 2020 7 de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta
Corporación 8. Por tanto, confirma la sentencia de primera instancia, objeto de
apelación, conforme lo considerado a continuación:
1. La DIAN tiene competencia para proferir los actos demandados. El artículo 1 del
Decreto 4048 de 1998, en concordancia con el artículo 3 numeral 1 del mismo decreto,
otorga competencia a la DIAN para administrar los “impuestos de renta y
complementarios, de timbre nacional y sobre las ventas; los derechos de aduana y los
7 Expediente 25000-23-37-000-2014-00721-01 (22473) (IJ), C.P William Hernández Gómez. Mediante providencia
de 20 de octubre de 2020, se negó la solicitud de aclaración de la referida sentencia, presentada por ECOPETROL.
En igual sentido se reitera la sentencia de 26 de julio de 2023, rad. 25000-23-37-000-2019-00270-01 (27012), C.P.
Milton Chaves García.
8 El ponente de esta providencia salvó el voto en la sentencia de unificación. No obstante, en virtud del art. 270 del
CPACA, acoge el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo.
10
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Radicado: 25000-23-37-000-2018-00301-01 (27349)
Demandante: ECOPETROL S.A.
FALLO
demás impuestos internos del orden nacional cuya competencia no esté
asignada a otras entidades del Estado, bien se trate de impuestos internos o al
comercio exterior”. En el contexto de los artículos 1 y 3 numeral 1 del Decreto 4048 de
2008, la expresión los “demás impuestos internos del orden nacional” comprende los
demás tributos internos del orden nacional no previstos en el Estatuto Tributario.
Aunado a lo anterior, al analizar la exequibilidad de las normas que han regulado la
contribución de obra pública en las sentencias C-083 de 1993, C-427 de 1993, C-930
de 2007 y C-1153 de 2008, la Corte Constitucional sostuvo que esa contribución es un
tributo y se refirió a sus elementos esenciales 9.
Por tanto, la DIAN tiene a su cargo la administración de todos los tributos nacionales
de orden interno cuya competencia no esté asignada a otra autoridad, dentro de los
cuales se encuentra la contribución de obra pública. Esta interpretación ha sido
acogida por la DIAN, como consta en el oficio 079017 de 2010, en el que señaló que
la DIAN es competente para administrar la contribución de obra pública de la Ley 1106
de 2006, en los casos en que los contratos sean suscritos por entidades públicas del
orden nacional, como ECOPETROL, que es una sociedad de economía mixta del
orden nacional.
Las anteriores consideraciones se apoyan en lo dispuesto en el artículo 121 de la Ley
418 de 1997, que impone a los agentes retenedores del tributo la obligación de remitir
copia del recibo de consignación de la contribución al Ministerio de Hacienda y Crédito
Público y a la DIAN, cuando se trata de entidades del orden nacional.
Cabe precisar que la competencia para el recaudo y control de la contribución por los
contratos de obra pública está asignada a la DIAN, no al Ministerio del Interior, como
lo entiende la apelante. En efecto, en los términos del artículo 122 de la Ley 418 de
1997 (modificado por el art. 7 Ley 1421 de 2010), el Ministerio administra la cuenta
especial del Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana – FONSECÓN
creada con el fin de que los recursos recaudados por el tributo se inviertan en
seguridad y convivencia ciudadana. No obstante, de la norma en mención no puede
entenderse que sea el ministerio en mención el encargado de la determinación, cobro
y recaudo del tributo. Lo que la ley le encomendó fue la administración del fondo, que
es una cuenta especial.
Sobre el particular, en la sentencia apelada se precisó que “si bien de conformidad con
lo previsto en el artículo 122 de la Ley 418 de 1997 los recursos que recaude la Nación
por concepto de la contribución de los contratos de obra pública deberán invertirse por
medio del Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana- FONSECÓN,
cuenta especial administrada por el Ministerio del Interior, ello no implica que sea éste
el sujeto activo de la contribución, pues no puede confundirse la actividad de la
administración del tributo, con el uso dado a los recursos recaudados con el mismo,
correspondiendo la primera a la DIAN y la segunda, al Ministerio del Interior, por medio
de FONSECON.”
9 La contribución fue creada por el Decreto Legislativo 2009 de 1992 y prorrogada por diferentes normas, la última
de las cuales fue la Ley 1106 de 2006, que estableció una nueva regulación del tributo.
11
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Radicado: 25000-23-37-000-2018-00301-01 (27349)
Demandante: ECOPETROL S.A.
FALLO
Para la apelante, es insuficiente la motivación que en este punto realizó la sentencia
de primer grado. Sin embargo, la misma resulta razonable y no logra ser desvirtuada
con los argumentos traídos con la apelación, puesto que, se insiste, en el orden
nacional es la DIAN la encargada de administrar todos los tributos nacionales de orden
interno, cuya competencia no esté asignada a otra autoridad. Y para el caso de la
contribución especial no existe disposición que asigne al Ministerio del Interior la
competencia para la determinación y recaudo de este tributo. No prospera el cargo.
2. No se violó el debido proceso de la demandante. ECOPETROL afirma que la
DIAN vulneró su derecho de defensa y contradicción porque le determinó la
contribución sin proferir un emplazamiento o acto previo, que le permitiera conocer las
razones por las cuales liquidaba el tributo sobre los contratos celebrados.
Para resolver este punto, la Sala reitera lo expuesto en la sentencia de unificación de
25 de febrero de 2020, expediente 2014-007212-01 (22473) (IJ), en el sentido de que
“la Sección Cuarta de esta Corporación ha señalado que aquellos actos
administrativos que liquidan tributos, bien porque modifiquen las declaraciones
privadas o porque impongan una obligación que no fue declarada o en la que no existía
la obligación formal de declarar (liquidación de aforo), deben estar precedidos de un
acto previo en que se manifiesten las razones de la liquidación, de manera que el
contribuyente pueda ejercer el derecho de defensa en sede administrativa”. Al
respecto, esta Sección se ha pronunciado en ese sentido en varias oportunidades. 10
Pues bien, en virtud del artículo 121 de la Ley 418 de 1997 11, ECOPETROL S.A, en
calidad de responsable del tributo, no solo debió retener y consignar la contribución a
la cuenta correspondiente, por la suscripción del contrato celebrado en el año 2012,
sino también remitir a la DIAN, copia del recibo de consignación y una relación donde
conste el nombre del contratista, el objeto y el valor de los contratos. Ello fue dispuesto
en esa norma, precisamente, para que la DIAN ejerciera las facultades de fiscalización
y determinación del tributo y el administrado ejerciera la facultad de discusión del
mismo12.
Así, en lo que interesa a este asunto, la DIAN profirió el requerimiento ordinario
900.001 de 7 de abril de 2015, en el que, con fundamento en lo dispuesto en el artículo
6 de la Ley 1106 de 2006, solicitó a la demandante la relación detallada de los
10 Ver, entre otras, sentencia del 12 de noviembre de 2015, expediente 2011-00051-01 (Exp. 20633), C.P. Martha
Teresa Briceño de Valencia; sentencia del 25 de octubre de 2017, expediente2005-00939-01 (Exp. 20499), C.P.
Stella Jeannette Carvajal Basto; sentencia del 18 de octubre de 2018, 2013-00153-01 (Exp. 22892), C.P. Milton
Chaves García.
11
Ley 418 de 1997. Artículo 121. Para los efectos previstos en el artículo anterior, la entidad pública contratante
descontará el cinco por ciento (5%) del valor del anticipo, si lo hubiere, y de cada cuenta que cancele al contratista.
El valor retenido por la entidad pública contratante deberá ser consignado inmediatamente en la institución que
señale, según sea el caso, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público o la entidad territorial correspondiente, copia
del correspondiente recibo de consignación deberá ser remitido por la entidad pública al Ministerio de Hacienda y
Crédito Público, Unidad Administrativa de Impuestos y Aduanas Nacionales o la respectiva Secretaría de Hacienda
de la entidad territorial, dependiendo de cada caso. Igualmente, las entidades contratantes deberán enviar a las
entidades anteriormente señaladas, una relación donde conste el nombre del contratista y el objeto y valor de los
contratos suscritos en el mes inmediatamente anterior.
Esta norma estaba vigente en la época de los hechos, y aún está en vigor y observancia, en tanto ha sido prorrogada
por el artículo 1 de la Ley 1106 de 2006, 1 de la Ley 1421 de 2010, 1 de la Ley 1738| de 2014, y 1 de la Ley 1941
de 2018.
12 Esto, en los casos que la entidad de derecho público fuera de carácter nacional. En caso contrario, la fiscalización
y determinación del tributo corresponde a la secretaria de hacienda de la respectiva entidad territorial.
12
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Radicado: 25000-23-37-000-2018-00301-01 (27349)
Demandante: ECOPETROL S.A.
FALLO
contratos, convenios u órdenes de trabajo que involucren obra civil suscritos durante
el año 2012, para lo cual concedió 15 días. El requerimiento fue atendido mediante
oficio GGT-476 de 11 de mayo de 2015, por el cual el contribuyente allegó la relación
de los contratos suscritos en el periodo comprendido entre el 1º de enero y el 31 de
diciembre de 2012.
Posteriormente, en cumplimiento del Memorando N° 0000406 de 10 de agosto de
2010, la DIAN envió a ECOPETROL acto previo denominado requerimiento ordinario
N° 900001 de 23 de marzo de 2017, en el que solicitó mayor información respecto a
los contratos incluidos en la relación allegada con el oficio GGT-476 de 2015 y la
prueba del pago de la contribución especial por contratos de obra pública suscritos
durante el año 2012, o, en su defecto, la explicación sumaria correspondiente a la
omisión de dicha obligación. Lo anterior por cuanto, de conformidad con la Ley 1106
de 2006 y el Decreto 3641 de 2007 ECOPETROL estaba obligada a retener y pagar la
contribución especial del 5% del valor total de los contratos de obra pública y sus
adiciones. En lo pertinente, el requerimiento señaló lo siguiente:
“De conformidad con lo señalado en la Ley 1106 de 2006, por medio de la cual se
prorroga la vigencia de la Ley 418 de 1997, prorrogada y modificada por las Leyes 548
de 1999 y 782 de 2002, y en especial lo establecido en su artículo 6º inciso 1º cuyo texto
reza “todas las personas naturales o jurídicas que suscriban contratos de obra pública,
con entidades de derecho público o celebren contratos de adición al valor de los
existentes deberán pagar a favor de la Nación, Departamento o Municipio, según el nivel
al cual pertenezca la entidad pública contratante, una contribución equivalente al cinco
(5%) del valor total del correspondiente contrato o de la respectiva adición …”, en
armonía con el contenido del Decreto 3461 de 2007, esa entidad se encontraba en la
obligación de retener y pagar la contribución especial del 5% del valor total de los
contratos de obra pública y sus respectivas adiciones, celebrados a partir de la vigencia
de la ley.”
Conforme con lo anterior y de acuerdo al listado anexo de contratos y adiciones suscritos
por Ecopetrol durante el año 2012, en uso de las facultades consagradas en los artículos
684, 686 y 691 del Estatuto Tributario, le solicito suministrar dentro de los 15 días
calendario siguientes al recibo de la presente comunicación, la prueba de pago de la
respectiva contribución. En su defecto, sírvase rendir la explicación a la omisión de dicha
obligación (…)”
El 24 de abril de 2017, ECOPETROL remitió, entre otros, el contrato N° 13564 de 24
de julio de 2012, celebrado con la UNIÓN TEMPORAL UTECC, y el 8 de mayo de
2017, ECOPETROL allegó acta de liquidación por mutuo acuerdo de dicho contrato.
Además, el 17 de mayo de 2017, la DIAN profirió el auto de apertura Nº
312412017000099 que ordenó iniciar la investigación contra la demandante, por el
“programa contribución especial”, en razón del contrato Nº 13564 de 24 de julio de
2012, celebrado con la UNIÓN TEMPORAL UTECC.
Posteriormente, la DIAN profirió la resolución de determinación de la contribución,
contra la cual ECOPETROL interpuso recurso de reconsideración, que fue resuelto
mediante la resolución que confirmó la liquidación del tributo, como se señaló en los
antecedentes de esta decisión.
13
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Demandante: ECOPETROL S.A.
FALLO
Por ello, la Sala concluye que la resolución de determinación acusada estuvo
precedida del acto previo, que permitió a la actora conocer las razones por las cuales
la DIAN pretendía la determinación de la contribución de obra pública.
Frente lo alegado por la apelante en cuanto que no se siguió el procedimiento del
Estatuto Tributario para la expedición de la liquidación de aforo o de la liquidación
oficial de revisión, se advierte que los actos de determinación de la contribución a
cargo de la actora no corresponden a un aforo ni a una liquidación oficial de revisión.
No obstante, como acto administrativo definitivo que es, el acto de determinación de
la contribución debe estar precedido del acto previo que le permita al administrado
conocer las razones por las cuales la DIAN pretende determinarle el tributo para
expresar sus opiniones (artículo 42 del CPACA). Lo importante, entonces, es que
exista ese acto previo que garantice el derecho de defensa del administrado,
independientemente del nombre que se le dé 13.
Así, en este caso, el procedimiento adelantado por la DIAN garantizó a la actora el
debido proceso, toda vez que expidió el acto previo a la determinación del tributo y
ECOPETROL tuvo oportunidad de exponer los motivos de inconformidad y
posteriormente controvertir el acto definitivo, como en efecto lo hizo. No prospera el
cargo.
Los contratos celebrados por la actora son de obra pública. Como lo precisó la
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en la sentencia de unificación de 25 de
febrero de 2020, el artículo 6º de la Ley 1106 de 2006 establece la contribución sobre
los contratos de obra que se celebran con entidades de derecho público, en la cual el
contratista tiene la calidad de contribuyente y la entidad de derecho público contratante
es la responsable del tributo, es decir, quien se encarga de retener y consignar el
tributo.
En ese sentido, la norma en mención determinó el tributo respecto de todos los
contratos de obra celebrados con entidades de derecho público, sin que el régimen
contractual que las rige sea un referente del hecho generador. Ello porque esa
disposición no sujetó el hecho gravado a un determinado régimen contractual ni a la
Ley 80 de 1993.
Lo relevante para la causación del tributo es que una de las partes sea una entidad de
derecho público y que el objeto del contrato sea una de las actividades descritas en el
artículo 32 de la citada Ley 80 de 1983. Lo anterior corresponde a la primera regla de
unificación fijada en la sentencia en mención.
Precisamente, en la referida sentencia de unificación se discutió un caso entre las
mismas partes con similares supuestos fácticos y jurídicos y se advirtió que “dentro
de esas entidades de derecho público, se encuentran las sociedades de economía
mixta en las que el Estado tiene participación superior al 50%, como lo es el caso de
la entidad demandante, ECOPETROL S.A.”
13
sentencia de 26 de julio de 2023, rad. 25000-23-37-000-2019-00270-01 (27012), C.P. Milton Chaves García.
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Demandante: ECOPETROL S.A.
FALLO
Al respecto, la sentencia de unificación sostuvo que el hecho de que algunas entidades
de derecho público tengan un régimen especial para ciertos tipos de contratos –como
los contratos de exploración y explotación de recursos naturales renovables y no
renovables- no impide que cuando suscriban contratos de obra, estos se encuentren
gravados con el tributo. Ello porque en ejercicio de su actividad contractual, la entidad
pública puede celebrar diferentes clases de contratos, sin que pierdan su identidad,
dado que uno es el objeto social o actividad principal de la entidad, y otra, su actividad
contractual.
En el caso que estudió la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, se acudió a lo
dispuesto en el artículo 76 de la Ley 80 de 1993, para explicar que esa norma se refiere
a un contrato distinto al que es objeto de tributo (de obra pública). De manera que, en
el supuesto contemplado en el citado artículo no se configura el hecho generador.
A continuación, la sentencia de unificación definió el contrato de obra pública y el de
exploración y explotación de recursos naturales. En relación con el primero, precisó
que es “el celebrado con entidades de derecho público para la realización de trabajos
materiales sobre bienes inmuebles, advirtiéndose que en cada caso en concreto,
corresponderá al juez definir si se configura el contrato de obra pública, atendiendo
aspectos tales como, el objeto, las cláusulas contractuales, y las reglas de
interpretación de los contratos.”
Y respecto del segundo, indicó que es un contrato típico y tiene unas particularidades
que lo distinguen del contrato de obra. En efecto, en virtud de las regulaciones del
Código de Petróleos, de Minas y Energía y de la Agencia Nacional de Hidrocarburos,
la sentencia de unificación, que se reitera sostuvo lo siguiente:
“El citado contrato [se refiere al contrato de exploración y explotación de recursos
naturales renovables y no renovables] no tiene el propósito de realizar actividades
materiales para construir, reparar o mejorar ciertos bienes –como los contratos de
obra pública-, sino que su finalidad es la de determinar la existencia, ubicación,
calidad, reservas, extracción, producción, y comercialización de recursos
naturales, previa asignación de un área territorial. […]”
Así, concluyó que uno y otro contrato son diferentes, pues son identificables por sus
características propias.
Igualmente, la sentencia de unificación precisó que el artículo 76 de la Ley 80 de 1993
que regula los contratos de exploración y explotación de los recursos naturales,
establece un régimen jurídico contractual especial sobre ese tipo de contratos, no una
exención tributaria. Cosa diferente es que esa norma se refiera a una clase de contrato
que no fue gravado por el artículo 6º de la Ley 1106 de 2006, pues es distinto al de
obra pública, que es la razón por la cual dicho contrato no está sujeto a la contribución.
Con fundamento en las anteriores consideraciones, la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo estableció las siguientes reglas de unificación:
“1. Para determinar si se realiza el hecho generador de la contribución de los
contratos de obra pública no es determinante el régimen contractual de la entidad
que celebre el contrato de obra pública, sea el general de la Ley 80 de 1993 o un
15
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Demandante: ECOPETROL S.A.
FALLO
régimen exceptuado. El elemento de la obligación tributaria se define en función
del contrato celebrado, y no de la actividad o régimen jurídico de la entidad de
derecho público.
2. Los contratos de obra pública y los contratos de que trata el artículo 76 de la
Ley 80 de 1993 –contratos de exploración y explotación de recursos naturales, y
las actividades comerciales e industriales, son dos categorías de contratos
diferentes, en tanto tienen características y finalidades propias, que impiden que
se trate de un mismo contrato.
3. La contribución no grava los contratos referidos en el artículo 76 de la Ley 80 de
1993, por cuanto no corresponden a los contratos de obra pública que son objeto
de gravamen en el artículo 6º de la Ley 1106 de 2006.”
Precisado lo anterior, la Sala procede a resolver el asunto de fondo.
Caso concreto
En el caso en estudio, la DIAN determinó que Ecopetrol S.A. era responsable de
retener la contribución del contrato de obra 13564 de 24 de julio de 2012 suscrito con
la UNIÓN TEMPORAL UTECC, que, en su criterio, está gravado con el tributo por ser
un contrato de obra pública.
ECOPETROL sostiene que, aunque es una entidad pública no celebra contratos de
obra de la Ley 80 de 1993, sino de exploración y explotación de recursos naturales en
el sector de hidrocarburos y contratos relacionados con dichas actividades, que
corresponden al ejercicio de su actividad. Que, en consecuencia, le resulta aplicable
el artículo 76 de la Ley 80 de 1993.
El contrato de obra 13564 de 24 de julio de 2012 suscrito entre ECOPETROL S.A. y la
UNIÓN TEMPORAL UTECC, que dio lugar a la determinación de la contribución de
obra pública, tuvo como objeto el SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL
(ASEO, CAFETERÍA, LIMPIEZA, ROCERÍA, MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES
Y JARDINERÍA, MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OBRAS CIVILES
MENORES) PARA LA ESTACIÓN DE LA VIT DESCARGADERO, ARAGUANEY,
MONTERREY Y ALTOS DEL PORVENIR (incluyendo las oficinas de gestión social,
[mantenimiento] y operaciones de la VIT oficina de la OPC en Monterrey) EN EL ÁREA
DE INFLUENCIA DEL DEPTO DE CASANARE DE ECOPETROL S.A.".
El objeto del contrato de mantenimiento general corresponde a actividades propias de
un contrato de obra pública, dado que presenta características típicas de esta tipología
contractual, esto es, actividades de construcción, reparación y mantenimiento sobre
bienes inmuebles.
Es relevante traer de nuevo a colación la sentencia de unificación de 25 de febrero de
2020, en la que se precisó que no es posible aplicar un criterio de conexidad entre la
obra y la destinación del inmueble, pues “el hecho de que las obras se practiquen o
se relacionen con bienes utilizados en la industria petrolera o en el bienestar de los
empleados, no desconoce su naturaleza de contrato de obra pública (…). Tampoco –
la destinación de los inmuebles- puede llevar a considerar que se trate un contrato de
exploración y explotación, porque estos tienen por objeto específico determinar la
existencia, reserva, extracción, y/o la producción del recurso natural.”
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Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través d e
la siguiente dirección electrónica: https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador.aspx
Radicado: 25000-23-37-000-2018-00301-01 (27349)
Demandante: ECOPETROL S.A.
FALLO
En este caso, el contrato objeto de tributo no corresponde al tipo de contrato
establecido en el artículo 76 de la Ley 80 de 1993, como lo sostiene la apelante. En
consecuencia, se configura el hecho generador de la contribución de obra pública,
pues, como quedó dicho, el contrato 13564 de 24 de julio de 2012 es de obra pública.
De ahí que, de acuerdo con la referida sentencia de unificación, los actos
administrativos de determinación del tributo proferidos por la DIAN se encuentren
acordes con el artículo 6 de la Ley 1106 de 2006, puesto que del análisis del objeto
contractual de los referidos contratos se concluye que los mismos corresponden a
contratos de obra pública gravados con el tributo. Por tanto, no existe la errónea
interpretación de dicha norma, alegada por la actora.
Al configurarse el hecho generador de la contribución, correspondía a ECOPETROL
S.A. retener al contratista el valor de la contribución de los contratos de obra pública
(artículo 121 de la Ley 418 de 1997).
Por lo expuesto, se confirma la sentencia apelada.
Condena en costas. No se condena en costas en esta instancia, pues conforme con
el artículo 188 del CPACA 14, en los procesos ante esta jurisdicción, la condena en
costas, que según el artículo 361 del CGP incluye las agencias en derecho, se rige por
las reglas previstas el artículo 365 del Código General del Proceso, y una de estas
reglas es la del numeral 8, según la cual “solo habrá lugar a costas cuando en el
expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación”, requisito
que no se cumple en este asunto.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por
autoridad de la ley,
FALLA
1. CONFIRMAR la sentencia apelada.
2. No condenar en costas en esta instancia.
Cópiese, notifíquese, devuélvase el expediente al Tribunal de origen. Cúmplase.
14 CPACA. Art. 188. Condena en costas. “Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de
Procedimiento Civil”.
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Demandante: ECOPETROL S.A.
FALLO
La anterior providencia fue estudiada y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRÓN
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