Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2018-00304-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2018-00304-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 25000-23-37-000-2018-00304-01
Consejero ponente: Milton Chaves Garcia
3 de noviembre de 2022
Radicado: 25000-23-37-000-2018-00304-01 (26266)
Demandante: IMA - INDUSTRIA DE ARTÍCULOS DE MADERA S.A.
– EN REORGANIZACIÓN
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: MILTON CHAVES GARCÍA
Bogotá D.C., tres (3) de noviembre de dos mil veintidós (2022)
Referencia: MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL
DERECHO
Radicación: 25000-23-37-000-2018-00304-01 (26266)
Demandante: IMA - INDUSTRIA DE ARTÍCULOS DE MADERA S.A. - EN
REORGANIZACIÓN
Demandado: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN
PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA
PROTECCIÓN SOCIAL – UGPP
Temas: Aportes parafiscales, periodo 2013. Competencia UGPP. Firmeza
autoliquidaciones.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la demandante contra la
sentencia del 13 de mayo de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección “B”, que negó las pretensiones de la
demanda y no condenó en costas.
ANTECEDENTES
El 16 de abril del 2014, la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección, en adelante la UGPP, profirió
Requerimiento de Información a la sociedad IMA INDUSTRIA DE ARTÍCULOS DE
MADERA S.A. – EN REORGANIZACIÓN, mediante el cual la Subdirección de
Determinación de Obligaciones solicitó la información por los años 2011, 2012 y 2013.
Acto que fue notificado por correo el 4 de abril de 2014.
La UGPP expidió el Requerimiento para Declarar y/o Corregir RCD 2016-00220 del 1
de marzo de 2016, en el que propuso determinar una deuda a cargo de IMA
INDUSTRIA DE ARTÍCULOS DE MADERA S.A., por $79.116.240 por mora e
inexactitud en las autoliquidaciones y pagos de los aportes parafiscales por los
periodos de enero a diciembre de 2013. Esa decisión fue notificada por correo el 31
de marzo de 2016.
Previa respuesta al requerimiento, el 9 de diciembre de 2016, la UGPP expidió la
Liquidación Oficial No. RDO – M – 705, en la que determinó $79.116.240 por mora e
inexactitud en las autoliquidaciones y pagos de los aportes parafiscales de los periodos
de enero a diciembre de 2013.
El 15 de febrero de 2017, la demandante interpuso recurso de reconsideración contra
la liquidación oficial en mención.
Por Resolución RDC 661 del 15 de diciembre de 2017, la UGPP resolvió el recurso y
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Demandante: IMA - INDUSTRIA DE ARTÍCULOS DE MADERA S.A.
– EN REORGANIZACIÓN
confirmó el acto de liquidación en su integridad.
DEMANDA
IMA – INDUSTRIA DE ARTÍCULOS DE MADERA S.A. – EN REORGANIZACIÓN, en
ejercicio del medio de control previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, formuló las siguientes pretensiones:
“PRIMERO: Que es nulo el acto administrativo que se relaciona a continuación:
Resolución RDC-661 del 15 de diciembre del año 2017, mediante la cual la Unidad
de Gestión Pensional y Parafiscales- UGPP resolvió el recurso de reconsideración
contra la liquidación oficial No. RDO-M-705 del 2016.
SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del
derecho, se exonere del pago y se declare que la sociedad IMA INDUSTRIA DE
ARTICULOS DE MADERA S.A. EN REORGANIZACIÓN, se encuentra a paz y
salvo con la entidad por no estar obligada a cancelar una sanción en la cual La
Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales – UGPP no tiene facultades ni
competencia para exigirla”.
Mediante auto del 24 de julio de 2020, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Cuarta, Subsección “B”, declaró saneado el proceso, en el sentido de tener
como actos demandados los siguientes:
Liquidación Oficial No. RDO-M-705 del 09 de diciembre de 2016, mediante
la cual se determinaron los aportes al Sistema de la Protección Social a
cargo de la sociedad IMA S.A., por los periodos de enero a diciembre de
2013.
Resolución No. RDC 661 del 15 de diciembre de 2017, que resolvió el
recurso de reconsideración interpuesto contra el acto de liquidación oficial.
La actora invocó como normas violadas los artículos 150, 338 y 363 de la Constitución
Política; 42 del CPACA; 792 y siguientes del Estatuto Tributario; 1626 del Código Civil;
5º del Decreto 3033 de 2013; 156 de la Ley 1151 de 2007; y 178 y 179 de la Ley 1607
de 2012.
El concepto de la violación se sintetiza así:
Falta de competencia fiscalizadora de la UGPP.
Sostuvo que en los actos administrativos demandados se fiscalizó a la sociedad IMA
– INDUSTRIA DE ARTÍCULOS DE MADERA S.A. – EN REORGANIZACIÓN por los
periodos comprendidos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2013. Sin embargo,
tales actos se expidieron con fundamento en el requerimiento de información No.
20146201596411 del 16 de abril de 2014, mediante el cual la UGPP solicitó a la
sociedad información de los años 2011, 2012 y 2013. En consecuencia, debe
declararse la nulidad de los actos acusados por cuanto dicho requerimiento de
información incorporó los años 2011 y 2012, periodos en los cuales la UGPP no tenía
facultades para fiscalizar y sancionar a la actora.
La UGPP omitió su deber de regirse conforme a las reglas sobre firmeza de la
declaración tributaria del Estatuto Tributario.
Señaló que el artículo 156 de la Ley 1151 de 2007 creó la UGPP y le asignó como una
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Demandante: IMA - INDUSTRIA DE ARTÍCULOS DE MADERA S.A.
– EN REORGANIZACIÓN
de sus funciones, la adecuada, completa y oportuna liquidación y pago de las
contribuciones parafiscales de la protección social, para lo cual eran aplicables los
procedimientos de liquidación oficial establecidos en el Libro V, Títulos I, IV, V y VI del
ET.
Indicó que el artículo 705 del Estatuto Tributario, aplicable al procedimiento de
liquidación oficial de las contribuciones parafiscales, prevé que el plazo para notificar
el requerimiento es de 2 años, contados a partir del vencimiento del término para
declarar o desde la presentación de la declaración privada, en caso de ser
extemporánea. Además, el artículo 714 del ET dispone que la declaración tributaria
quedará en firme, si dentro de los 2 años siguientes a la fecha del vencimiento del
plazo para declarar no se ha notificado el requerimiento especial.
Manifestó que la planilla integrada de liquidación de aportes constituye la declaración
de los aportes de la protección social y parafiscales. De modo que, en el presente
asunto, la UGPP perdió la competencia fiscalizadora, porque notificó el requerimiento
para declarar o corregir el 31 de marzo de 2016, es decir, tardó más de dos años en
iniciar la investigación fiscal de las planillas de liquidación de aportes (PILA)
presentadas por los periodos 2011, 2012 y 2013.
Concluyó que la UGPP no tenía facultades legales para fiscalizar y sancionar a la
sociedad IMA INDUSTRIA DE ARTICULOS DE MADERA S.A.- EN
REORGANIZACIÓN, por los años 2011, 2012 y 2013, pues las planillas de aportes ya
se encuentran en firme.
Violación al artículo 42 de la Ley 1437 de 2011 – Falta de motivación.
Expresó que la Resolución RDC 661 de 2017 adolece de falta de motivación, pues la
UGPP se suscribe a enunciar normas y delimitar algunos casos de inconsistencias sin
que de manera precisa se fijen los ingresos base de cotización “IBC” de manera clara
y detallada, así como la fórmula de cálculo con respecto a los supuestos
incumplimientos de la sociedad contribuyente, máxime cuando el documento word que
profiere la entidad no corresponde con el excel, el cual de manera tangible pres enta
incongruencias, lo cual impide el derecho de defensa y contradicción.
Dijo que las tablas de cálculo remitidas por la UGPP no tienen un orden lógico más
allá de clasificar los ajustes por el beneficiario del pago (Salud, Pensión, ARL y Caja
de Compensación) y no tienen agrupadas las sumas de las cifras que finalmente
incluye la entidad en la parte considerativa. Frente a lo anterior, la contribuyente se vio
en la obligación de depurar con el dispendioso método de ensayo y error de cálculos
en un plazo legal considerablemente breve de dos (2) meses con la finalidad de
determinar de dónde salen las cifras establecidas por la UGPP.
Extinción de las obligaciones por pago.
Manifestó que la sociedad IMA INDUSTRIA DE ARTICULOS DE MADERA S.A. - EN
REORGANIZACIÓN, cumplió íntegramente con su deber de afiliación y pago de los
aportes al sistema de la protección social. En efecto, para cada uno de los periodos
cuestionados en la Resolución No. RDC 661-2017 proferida por la UGPP, la empresa
cumplió con su obligación de realizar los pagos correspondientes al Sistema de
Seguridad Social conforme al reporte emitido en medio magnético por parte del
operador de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes.
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Demandante: IMA - INDUSTRIA DE ARTÍCULOS DE MADERA S.A.
– EN REORGANIZACIÓN
Precisó que la obligación de aportar al Sistema General de la Protección Social por el
año 2013 se encuentra extinguida, ya que el Estatuto Tributario en sus artículos 792 y
siguientes consagra el pago como una de las formas de extinguir las obligaciones
tributarias, en concordancia con el artículo 1626 del Código Civil. Por lo tanto, mal
haría la sociedad en pagar nuevamente aportes que ya fueron cancelados y, además,
la demandante no puede ser sancionada y menos aún obligada a realizar aportes al
Sistema General de la Protección Social dos o más veces, teniendo en cuenta que la
misma ha cumplido a cabalidad con su obligación de aportar al sistema.
CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
La UGPP se opuso a las pretensiones de la demanda, con fundamento en los
siguientes argumentos:
De la facultad fiscalizadora y sancionatoria.
Sostuvo que no tienen ninguna validez los argumentos expuestos por la demandante
por cuanto el hecho de que la UGPP, en un inicio, hubiera solicitado documentos e
información respecto de los años 2011 y 2012, no vicia de nulidad el proceso de
fiscalización, pues la entidad goza de plenas facultades legales para solicitar la
información que estime conveniente para el desarrollo de sus funciones de
fiscalización sin que de ninguna manera se hubiera vulnerado el debido proceso.
Indicó que los actos demandados proferidos por la UGPP solo están fiscalizando el
periodo 2013, que fue posterior a la entrada en vigencia de la Ley 1607 de 2012 y, en
esa medida, la firmeza de las declaraciones correspondientes al año 2013 se
encuentra cobijada por los cinco años previstos en el artículo 178 de la Ley 1607 de
2012. Lo anterior, por cuanto, la remisión al Estatuto Tributario contenida en el artículo
156 de la Ley 1151 de 2007 es de carácter residual; es decir, que al estar regulado en
el parágrafo 2º del artículo 178 de la Ley 1607 de 2012 el término prescriptivo y de
caducidad de la actuación de la UGPP, le está vedado acudir y dar aplicación al artículo
714 del Estatuto Tributario.
Motivación de los actos demandados.
Señaló que los actos administrativos expedidos por la UGPP fueron motivados en
debida forma, toda vez que en las páginas de la liquidación oficial se hizo un recuento
del material probatorio y con base en esas pruebas se dio respuesta a todos y cada
uno de los planteamientos formulados por el aportante en su respuesta al
requerimiento para declarar y/o corregir y frente a las pruebas por el suministradas.
Además, en el archivo excel denominado SQL se encuentran explicados y detallados
contablemente los valores y ajustes determinados por la entidad para cada trabajador
y en cada subsistema. Estos ajustes se realizaron debido a que se evidenciaron casos
en los que la demandante realizó cotizaciones al IBC inferiores a los registrados en la
nómina.
Obligaciones pendientes de pago.
Afirmó que la sociedad demandante no efectuó el pago total de la obligación
determinada a favor del Sistema de la Protección Social e incurrió en inexactitud en la
autoliquidación y pago de aportes por los periodos de enero a diciembre de 2013.
Entonces, existen obligaciones pendientes a favor del sistema, debido a que el pago
efectuado fue parcial e incompleto. De manera que no se puede alegar que la UGPP
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esté desconociendo el pago como forma de extinción de las obligaciones, pues a partir
de las planillas se identificó que el valor pagado fue inferior al determinado, por lo que
subsiste la obligación para el Sistema de la Protección Social.
SENTENCIA APELADA
El Tribunal negó las pretensiones de la demanda, por las siguientes razones:
Competencia de la UGPP para adelantar acciones de fiscalización.
Mencionó que de acuerdo con lo previsto en la Ley 1151 de 2007 y el Decreto 5021
de 2009, la parte demandada estaba habilitada para adelantar el proceso de
determinación de aportes en contra de la sociedad IMA S.A. por los periodos de enero
de 2011 a diciembre de 2013 y, como consecuencia de ello, establecer la ocurrencia
de hechos generadores y determinar la configuración de las conductas de mora e
inexactitud en el pago de aportes frente al periodo 2013.
Firmeza de las autoliquidaciones.
Señaló que las declaraciones privadas presentadas por los contribuyentes en vigencia
de la Ley 1151 de 2007, adquieren firmeza si dentro de los dos (2) años siguientes a
la fecha del vencimiento del plazo para declarar, o de su presentación extemporánea,
la Administración Tributaria no ha notificado el requerimiento especial. No obstante,
con la entrada en vigencia de la Ley 1607 de 2012, la firmeza de las autoliquidaciones
es de cinco años contados a partir de su presentación.
En esa medida, concluyó que la entidad demandada tenía como plazo para notificar el
requerimiento para declarar y/o corregir hasta los meses de enero a diciembre de 2018,
respectivamente, toda vez que se trata de las declaraciones de aportes pr esentadas
por la actora durante el año 2013. En consecuencia, el Requerimiento para Declarar
y/o Corregir No. RCD 220 del 01 de marzo de 2016, fue notificado oportunamente por
correo el 31 de marzo de 2016, es decir, antes de que se cumpliera el plazo de cinco
(5) años previsto en la norma.
Motivación de los actos administrativos.
Sostuvo que los actos administrativos acusados están debidamente motivados, pues
revisado el archivo SQL de la liquidación oficial, se observa que frente a cada glosa se
expone la razón del ajuste de los aportes al sistema de la protección social, igual
acontece con la resolución que desató el recurso de reconsideración interpuesto contra
el acto anterior. Se desprende entonces que las glosas propuestas por la entidad
demandada están explicadas de tal manera que la sociedad aportante puede conocer
el trabajador particular, el periodo, el subsistema y la motivación del ajuste formulado
por la UGPP.
Del pago y el cumplimiento de las obligaciones ante el Sistema de la Protección
Social.
Dijo que el pago tendrá fuerza extintiva de la obligación hasta tanto se satisfaga la
totalidad de las prestaciones a favor del sistema de la protección social. Sin embargo,
la existencia de las conductas de inexactitud y mora en el pago de aportes llevan a
indicar que los valores cancelados por IMA S.A. no fueron cancelados en su totalidad.
Además, la demandante no probó haber pagado los aportes, sanciones e intereses
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derivados de la liquidación oficial.
RECURSO DE APELACIÓN
La demandante presentó recurso de apelación contra la anterior decisión con
fundamento en los siguientes argumentos:
Omisión en la valoración probatoria.
Sostuvo que el a quo no realizó una debida valoración probatoria, pues el auxilio de
rodamiento y el auxilio de transporte que fueron otorgados a los trabajadores de la
demandante en el año 2013, no podían ser incluidos en el IBC porque se trata de
pagos no remunerativos.
La UGPP omitió su deber de regirse conforme a las reglas sobre firmeza de la
declaración tributaria del Estatuto Tributario.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 156 de la Ley 1151 de 2007 y los artículos
705 y 714 del ET, las planillas de aportes declaradas y pagadas por los años 2011,
2012 y 2013 gozan de la firmeza de la declaración predicable en materia impositiva,
pues el requerimiento para declarar y/o corregir, fue notificado el 31 de marzo del año
2016, es decir, dos años después de la presentación de las liquidaciones privadas.
Manifestó que es pertinente desvirtuar la tesis esbozada por la UGPP, y ahora
convalidada por el despacho de primera instancia, ya que dicha entidad parte del
supuesto que el artículo 714 del E.T. no se debe aplicar y que la normativa que debe
imperar es la Ley 1607 del año 2012, sin embargo, aunque en el Requerimiento para
Declarar y/o Corregir No. RCD-2016-00220 y la Liquidación Oficial No. RDO- M-705,
la UGPP redireccionara la fiscalización solo por el año 2013, la entidad omite que el
proceso de determinación se inició con la expedición del Requerimiento de Información
No. 2014620201596411, acto administrativo que incorporó los años 2011, 2012 y
2013.
Dijo que la UGPP actuó indebidamente ya que solicitó información por periodos que
nunca entró a fiscalizar, pero a su vez desgastó administrativamente a la sociedad a
tal punto, que la información que reportó la sociedad fue remitida con errores
involuntarios producto del poco tiempo que contaba y del volumen de la información
que la entidad solicitó “2011, 2012 y 2013”.
Falta de competencia fiscalizadora de la UGPP.
Expresó que la Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales, para los
periodos cuestionados no gozaba de competencia ni facultades para realizar la
correspondiente fiscalización. Aunado a lo anterior, en el caso hipotético de aceptar la
tesis expuesta por la UGPP, en donde la norma aplicable al proceso de la referencia
es el artículo 178 de la Ley 1607 del año 2012, tal planteamiento desencadena
igualmente en una nulidad absoluta del proceso, ya que para la época que se dio
apertura al proceso de fiscalización de determinación por los años 2011, 2012 y 2013,
mediante el Requerimiento de Información No. 20146201596411, el cual fue notificado
el día veinticuatro (24) de abril del año 2014, no se encontraba en vigencia la Ley 1739
del año 2014, norma con la que la UGPP, desarrolló el proceso de fiscalización en
contra de la sociedad demandante.
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Precisó que la UGPP omitió aplicar el artículo 180 de la Ley 1607 del año 2012, pues
la entidad tenía seis (6) meses para expedir y notificar la liquidación oficial a partir del
29 de abril del año 2016. Sin embargo, la UGPP solo notificó dicho acto hasta el 15 de
diciembre del año 2016 mediante correo certificado, esto es, por fuera del término
previsto en la norma. Por lo tanto, es evidente que el funcionario que profirió la
liquidación oficial no tenía competencia para tal efecto.
Silencio administrativo positivo.
Precisó que la liquidación oficial se notificó fuera de los seis meses y la respuesta al
recurso de reconsideración contra la Resolución No. RDC-661 del año 2017, también
fue notificada por fuera del término consagrado en el artículo 180 de la ley 1607 del
año 2012. Razón por la cual, se configura el silencio administrativo positivo consagrado
en el artículo 734 del E.T.
Violación del derecho al debido proceso y al principio de seguridad jurídica.
Irretroactividad de las normas tributarias.
Afirmó que la UGPP se extralimitó en sus facultades y competencias al iniciar el
proceso de fiscalización por los años 2011 y 2012, pues lo que debió realizar la entidad
fue proferir un requerimiento de información exclusivamente por el año 2013.
TRÁMITE PROCESAL DE SEGUNDA INSTANCIA
De acuerdo con la modificación del artículo 247 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo introducida por el artículo 67 de la
Ley 2080 de 2021 y dado que en el presente caso no fue necesario decretar pruebas
en segunda instancia, se advierte que una vez notificado el auto admisorio del recurso
de apelación, el expediente pasó al despacho para proferir sentencia de segunda
instancia.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
Problema jurídico
En los términos del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, le
corresponde a la Sala determinar (i) si la UGPP tenía la competencia para adelantar
acciones de fiscalización en la determinación de aportes al Sistema de la Protección
Social en los periodos 2011, 2012 y 2013; y (ii) si las autoliquidaciones de aportes al
Sistema de la Protección Social presentadas por los meses de enero a diciembre de
2013 cobraron firmeza, a cuyo efecto deberá determinarse si es aplicable el término
de dos (2) años contemplado en el artículo 714 del E.T., o el plazo de cinco (5) años
previsto en la Ley 1607 de 2012.
La Sala confirma la sentencia apelada, según el siguiente análisis:
Sea lo primero precisar que la sociedad demandante no formuló cargos de apelación
contra la sentencia de primera instancia en relación con la falta de motivación de los
actos demandados y, a su vez, respecto a la extinción de las obligaciones por pago.
Por tanto, en esos puntos se mantiene la sentencia apelada.
De otra parte, se advierte que la apelante agregó nuevos cargos que no fueron
propuestos en la demanda, ni que hicieron parte de la fijación del litigio señalado en la
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audiencia inicial de acuerdo con los argumentos expuestos por las partes. Los nuevos
puntos alegados son los concerniente a la inclusión del auxilio de rodamiento y del
auxilio de transporte al IBC en el periodo del 1º de enero al 31 de diciembre del año
2013; la omisión en la aplicación de los términos previstos en el artículo 180 de la Ley
1607 de 2012 para efectos de la expedición de la liquidación oficial de revisión; y la
configuración del silencio administrativo positivo respecto a la resolución que resolvió
el recurso de reconsideración.
Es importante destacar que el demandante tiene la carga de exponer en su demanda
los fundamentos de hecho y de derecho de sus pretensiones y, en esa medida, el juez
no puede, en la sentencia, exceder el marco planteado por las partes en la demanda
y su contestación. En ese sentido, el recurso de apelación debe dirigirse contra la
decisión de primera instancia y no puede entenderse que constituye una oportunidad
para modificar la demanda o para plantear nuevos cargos que no fueron propuestos
en la misma.
Por lo anterior, la Sala no se pronunciará frente a estos nuevos cargos, pues de lo
contrario, se desconocería el principio de congruencia que debe existir entre el recurso,
la sentencia censurada, el concepto de violación de la demanda y los argumentos
expuestos en la contestación de la misma en atención a lo dispuesto en el artículo 320
del CGP y, a su vez, se vulneraría el derecho de defensa y contradicción de la UGPP.
Competencia de la UGPP para solicitar información a los aportantes y determinar
el IBC para los aportes con destino al sistema de la protección social
La Sala ha precisado que la UGPP tiene como competencia la fiscalización y
determinación de las contribuciones al sistema de la protección social, para lo cual, la
Subdirección de Determinación de Obligaciones de la entidad podrá proferir las
liquidaciones oficiales y la Dirección de Parafiscales resolver los recursos de
reconsideración1.
Así mismo, la entidad tiene la competencia para adelantar las acciones e
investigaciones con el objeto de verificar el cumplimiento de las obligaciones con el
sistema de la protección social, comprobar la exactitud de las declaraciones de
autoliquidación y determinar la completa y oportuna liquidación de aportes. En ejercicio
de tales atribuciones, la entidad tiene la potestad para solicitar información a los
aportantes y analizar todos los medios probatorios que estén a su alcance con el objeto
de verificar qué pagos de los que reciben los trabajadores deben integrar el IBC.
Por lo anterior, se concluye que la entidad sí tenía la competencia para solicitar
información respecto a los años 2011, 2012 y 2013 y así verificar los aportes
parafiscales realizados en dichos periodos. Así mismo, para fiscalizar y sancionar a
través de los actos demandados a la sociedad IMA INDUSTRIA DE ARTÍCULOS DE
MADERA S.A. – EN REORGANIZACIÓN, por el periodo comprendido entre el 1º de
enero y el 31 de diciembre del año 2013, debido a la presunta mora e inexactitud en
las autoliquidaciones y pagos de los aportes parafiscales.
En consecuencia, no prospera el cargo de apelación.
1 En la sentencia del 16 de junio de 2022, exp. 25753, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto, la Sala precisó que
“del estudio armónico de las normas (Ley 1151 de 2007 (art. 156), Decretos 169 de 2008 (art. 1), 5021 de 2009
(arts. 7, 18 y 20) y 575 de 2013 (arts. 19 y 21), derogatorio del Decreto 5021 de 2009), se desprende que la UGPP
tiene asignada la competencia de fiscalización y determinación de las contribuciones al sistema de la protección
social”.
8
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Radicado: 25000-23-37-000-2018-00304-01 (26266)
Demandante: IMA - INDUSTRIA DE ARTÍCULOS DE MADERA S.A.
– EN REORGANIZACIÓN
Firmeza de las autoliquidaciones de los años 2011, 2012 y 2013
La demandante cuestionó el término que tenía la UGPP para modificar las
autoliquidaciones de aportes parafiscales, precisamente porque, de manera correlativa,
estas habían adquirido firmeza y, por esta razón, eran inmodificables, con fundamento
en el artículo 714 del ET 2. Además, así lo entendió la UGPP en los actos demandados,
pues expresó que el artículo 714 del Estatuto Tributario no era la norma aplicable al
presente asunto, sino el término previsto en el artículo 178 de la Ley 1607 de 2012.
Es de anotar que, si bien en el requerimiento de información se solicitó a la sociedad
demandante que allegara la información concerniente a los periodos de los años 2011,
2012 y 2013, también lo es que en el requerimiento para declarar se fiscalizó
solamente el periodo comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2013.
Razón por la cual, no se vislumbra ninguna arbitrariedad por parte de la UGPP al
solicitar información por los años 2011, 2012 y 2013 y determinar en el proceso de
fiscalización que las inconsistencias de mora e inexactitud de las liquidaciones se
evidencian en el año 2013, periodo que cuestiona en los actos demandados y frente
al cual procede la Sala a estudiar el cargo formulado de firmeza de la autoliquidación.
Para resolver el presente cargo de apelación, se reitera, en lo pertinente, el criterio
expuesto en sentencia de 30 de septiembre de 2021, en la que, respecto a las
autoliquidaciones de aportes a la protección social y la firmeza de las mismas, la Sala
dijo lo siguiente 3:
“[…] en materia de autoliquidaciones de aportes a la protección social, la firmeza
de las mismas ocurrirá cumplido el término que señale la ley vigente para el
momento en que empezó a computarse. Para ello, es relevante verificar la fecha
en la que venció el plazo para presentar las autoliquidaciones.
Como se indicó, el artículo 156 de la Ley 1151 de 2007 determinó que el
procedimiento para la determinación de las contribuciones parafiscales de la
protección social debía ajustarse a lo establecido en el Libro V, Títulos I, IV, V y VI
del Estatuto Tributario.
En el artículo referido no se previó el término en el que la UGPP podría iniciar esas
actuaciones, ni el término de firmeza de las autoliquidaciones de aportes, por lo
que resulta aplicable lo dispuesto en el artículo 714 del E.T.
Según esa norma, la declaración tributaria queda en firme si dentro de los dos (2)
años siguientes a la fecha del vencimiento del plazo para declarar no se ha
notificado requerimiento, y si la declaración inicial se presentó en forma
extemporánea, los dos (2) años se cuentan a partir de la fecha de la presentación
de la misma.
Sobre la aplicación del artículo 714 del ET para fijar el término de firmeza de las
autoliquidaciones por aportes parafiscales, la Sala ha señalado lo siguiente4:
2 El artículo 714 del ET, vigente para la época de los hechos disponía, en lo pertinente, lo siguiente:
“ARTICULO 714. FIRMEZA DE LA LIQUIDACIÓN PRIVADA. La declaración tributaria quedará en firme, si dentro
de los dos (2) años siguientes a la fecha del vencimiento del plazo para declarar, no se ha notificado requerimiento
especial. […]”
3 Exp. 25313, C.P. Milton Chaves García.
4 Sentencia del 24 de octubre de 2019, Exp. 25000-23-37-000-2014-00900-01(23599), reiterada en sentencia del
30 de octubre del 2019, Exp. 25000-23-37-000-2015-01053-01 (23817), ambas con ponencia del Magistrado Jorge
Octavio Ramírez Ramírez.
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– EN REORGANIZACIÓN
“(…) El artículo 156 de la Ley 1151 de 2007, por medio de la cual se creó la
UGPP, le asignó como una de sus tareas la determinación de la adecuada,
completa y oportuna liquidación y pago de las contribuciones parafiscales de la
Protección Social.
Es cierto que no contempló un término dentro del cual podría iniciar esas
actuaciones, pero no es menos cierto que dispuso que “los procedimientos de
liquidación oficial se ajustarán a lo establecido en el Estatuto Tributario, Libro V,
Títulos I, IV, V y VI”.
De allí que sea aplicable el artículo 7145 del ET, conforme el cual la declaración
tributaria queda en firme si dentro de los dos (2) años siguientes a la fecha del
vencimiento del plazo para declarar no se ha notificado requerimiento.”
Valga precisar que, en cuanto al término de firmeza de las autoliquidaciones del
Sistema de Protección Social y contribuciones parafiscales, el artículo 714 del ET
es aplicable solo para aquellas presentadas con anterioridad a la entrada en
vigencia de la Ley 1607 de 20126.
Lo anterior, porque la citada ley incluyó una norma especial frente al término que
tiene la UGPP para iniciar las acciones sancionatorias y de determinación de las
contribuciones parafiscales. En efecto, en el parágrafo 2 del artículo 178 de la Ley
1607 de 2012 se señala que la UGPP tiene cinco (5) años para ejercer su facultad
fiscalizadora, con la notificación del requerimiento de información o del pliego de
cargos, contados a partir de la fecha en que el aportante debió declarar, declaró
valores inferiores o se configuró el hecho sancionable”.
Del criterio anterior, que se reitera, se concluye que antes del 26 de diciembre de 2012,
fecha de entrada en vigencia de la Ley 1607 de 2012, no existía regulación específica
respecto de la firmeza de las autoliquidaciones de aportes al Sistema de la Seguridad
Social. De modo que, conforme a la remisión efectuada por el artículo 156 de la Ley
1151 de 2007, era aplicable lo dispuesto en el artículo 714 del Estatuto Tributario,
independientemente de la naturaleza de las contribuciones a la seguridad social, como
lo sugiere el apelante.
Por tanto, para los periodos anteriores a dicha fecha, la UGPP podía iniciar el proceso
de fiscalización dentro de los 2 años siguientes, contados a partir de la fecha de
vencimiento del plazo para declarar o de la presentación de la declaración cuando se
trate de una declaración extemporánea. Y para las declaraciones presentadas
después del 26 de diciembre de 2012 se aplica el término de 5 años dispuesto en el
artículo 178 de la Ley 1607 de 2012, sin que sea posible aplicar la ley de forma
retroactiva.
Como lo precisó la Sala en sentencia de 30 de septiembre de 2021, “[…] en materia
de autoliquidaciones de aportes a la protección social, la firmeza de las mismas
ocurrirá cumplido el término que señale la ley vigente para el momento en que empezó
a computarse. Para ello, es relevante verificar la fecha en la que venció el plazo para
presentar las autoliquidaciones 7.
En consecuencia, la norma aplicable a la firmeza de las autoliquidaciones de aportes
es la vigente al momento del vencimiento del plazo para presentarlas. En general, las
5 Antes de la modificación hecha por el art. 277 de la Ley 1819 de 2016.
6 Sentencia de 30 de julio de 2020, Exp. 25000-23-37-000-2015-00266-01 (24179), C.P.Milton Chaves García.
7 Exp. 25313, C.P. Milton Chaves García.
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– EN REORGANIZACIÓN
autoliquidaciones de aportes de enero a diciembre de 2013 debían presentarse entre
febrero de 2013 y enero de 2014, esto es, en vigencia de la Ley 1607 de 2012.
En el caso concreto, frente al periodo fiscalizado, que corresponde al periodo
comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2013, el requerimiento para
declarar y/o corregir de 1 de marzo de 2016, se notificó oportunamente el 31 de marzo
del mismo año, es decir, dentro de los cinco años siguientes a la presentación de las
autoliquidaciones de aportes.
En ese orden de ideas, no se configuró la firmeza de las autoliquidaciones de enero a
diciembre del año 2013, que fueron objeto de ajuste por la UGPP mediante los actos
acusados. En consecuencia, no prospera el cargo apelado.
Las razones que anteceden son suficientes para confirmar la sentencia apelada.
Condena en costas
No se condena en costas en esta instancia, pues conforme con el artículo 188 del
CPACA 8, en los procesos ante esta jurisdicción, la condena en costas, que según el
artículo 361 del CGP incluye las agencias en derecho, se rige por las reglas previstas
el artículo 365 del Código General del Proceso, y una de estas reglas es la del numeral
8, según la cual “solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se
causaron y en la medida de su comprobación”, requisito que no se cumple en esta
instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por
autoridad de la ley,
FALLA
1. CONFIRMAR la sentencia apelada.
2. Sin condena en costas en esta instancia.
Cópiese, notifíquese, devuélvase el expediente al Tribunal de origen y cúmplase.
La anterior providencia se estudió y aprobó en sesión de la fecha.
(Firmado Electrónicamente) (Firmado Electrónicamente)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente de la Sección
(Firmado Electrónicamente) (Firmado Electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
8
CPACA. Art. 188. Condena en costas. “Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas
del Código de Procedimiento Civil”.
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