Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2018-00312-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2018-00312-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 25000-23-37-000-2018-00312-01
Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello
27 de febrero de 2025
Radicado: 25000-23-37-000-2018-00312-01 (28752)
Demandante: Avanza Colombia S.A.S.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá, D.C., veintisiete (27) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
Referencia Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación 25000-23-37-000-2018-00312-01 (28752)
Demandante AVANZA COLOMBIA S.A.S.
Demandada UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN
PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA
PROTECCIÓN SOCIAL UGPP
Temas Liquidación de aportes. Revocatoria directa. Reiteración
jurisprudencial.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia del 5 de octubre de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A, que decidió1:
“PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda.
SEGUNDO: No se condena en costas a la parte vencida, conforme lo expuesto en la parte
motiva de la presente providencia.
(…).”
ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA
Previo Requerimiento para Declarar y/o Corregir Nro. 436 del 17 de junio de 2015,
la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (en adelante UGPP), profirió la Liquidación Oficial
Nro. RDO 2016-00197 del 23 de marzo de 2016, en la que determinó los aportes
adeudados al sistema de la protección social en salud, pensiones, ARL y
parafiscales a cargo de la demandante, por las conductas de mora e inexactitud por
los períodos de febrero y marzo de 20132, y la sancionó por inexactitud.
La sociedad no interpuso recursos administrativos contra la anterior decisión. No
obstante, presentó solicitud de revocatoria directa, la cual fue resuelta mediante la
Resolución Nro. RDC 663 del 19 de diciembre de 2017, en el sentido de reducir los
aportes oficialmente determinados por comprobarse la corrección de la
autoliquidación frente a algunas administradoras del sistema (marzo para pensiones y
abril para salud), pero sin alterar la sanción por inexactitud porque se mantuvo la
comprobación de dicha conducta3.
1
Samai del Tribunal, Índice 35, página 10.
2
La Sala precisa que, si bien esto es lo manifestado en la parte resolutiva del acto administrativo, en el SQL únicamente
persistieron ajustes relacionados con el mes de marzo. Cfr. Samai del Tribunal, índice 23, carpeta de antecedentes,
carpeta de liquidación oficial, PDF de liquidación oficial.
3
Los antecedentes administrativos pueden ser consultados en el índice 23 del Samai del Tribunal.
1
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Radicado: 25000-23-37-000-2018-00312-01 (28752)
Demandante: Avanza Colombia S.A.S.
ANTECEDENTES DEL PROCESO
Demanda
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
contemplado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), la parte demandante formuló las
siguientes pretensiones, conforme la demanda integrada con la subsanación4:
“PRIMERA: Declárese la nulidad parcial de la Resolución No. RDC 663 del 19 diciembre de
2017, proferida por Director de Parafiscales de la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP-, en lo referente a la
confirmación de la cuantía de la liquidación, la cual consideró la UGPP corresponde a la suma
de DOSCIENTOS UN MIL (sic) QUINIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE
($201.508.400).
Así mismo, declárese la nulidad de la Liquidación Oficial RDO-2016-00197 del 23 de marzo
de 2016.
SEGUNDA: Como consecuencia de lo anterior, se exonere de toda responsabilidad a
AVANZA COLOMBIA S.A.S., identificada con Nit.900.154.405, por cuanto es evidente que
procedió al pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social y no hay lugar a imponerse
sanción alguna.
TERCERA. Se solicita tener en cuenta lo señalado en el artículo 16 de la Ley 446 de 1998,
que señala que “Dentro de cualquier proceso que se surta ante la Administración de Justicia,
la valoración de daños irrogados a las personas y a las cosas, atenderá los principios de
reparación integral y equidad y observará los criterios técnicos actuariales”.
CUARTA: Que se condene a la demandada a pagar a favor de la parte demandante las costas
que se generen como consecuencia de este proceso, así como las agencias en derecho” 5.
La Sala precisa que la pretensión de nulidad de la liquidación oficial fue rechazada
por el Tribunal mediante auto del 9 de octubre de 2019, pues respecto de este acto
la actora no subsanó adecuadamente la demanda al omitir aportar el poder
requerido en el auto inadmisorio, la copia de su notificación y precisar si se agotaron
los recursos administrativos obligatorios en su contra6. Además, en dicho auto se
admitió la pretensión de nulidad de la resolución que decidió la petición de
revocatoria directa porque, a juicio del a quo, modificó la situación jurídica de la
sociedad y, por lo tanto, constituye un acto administrativo definitivo susceptible de
control judicial7.
Para sustentar sus pretensiones, en el escrito de la demanda allegado con el
memorial de subsanación, la demandante invocó como violados los artículos 29 de
la Constitución Política; 3, 136, 137 y 138 del Código de Procedimiento
Administrativo y lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011); 6 del Decreto 510
de 2013; y 167 del Código General del Proceso.
La actora propuso dos cargos de nulidad (infracción de las normas en que debía fundarse e
indebida motivación), pero al estar íntimamente relacionados entre sí, se resumen de
forma conjunta, así:
4
La demanda inicialmente presentada fue inadmitida mediante auto del 2 de mayo de 2019, en el que se solicitó a la
demandante precisar i) el poder de su abogado para actuar, ii) expresar si se agotaron los recursos administrativos
obligatorios según la ley, iii) identificar la copia de la constancia de notificación de los actos acusados y iv) realizar una
estimación razonada de la cuantía. Cfr. Samai, índice 2, PDF del auto de inadmisión de la demanda, página 1.
5
Samai, índice 2, PDF de la subsanación de la demanda, página 15.
6
Samai, índice 2, PDF del auto que rechaza y admite parcialmente la demanda, páginas 3 a 6.
7
Al especto invocó la sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, del 7 de octubre de 2016, exp. 21286, C.P. Martha
Teresa Briceño de Valencia.
2
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Explicó que por error de digitación de la Planilla Nro. 8422533959 pagó los aportes
al sistema para meses equivocados, siendo los correctos en pensión el período de
marzo y en salud el de abril, ambos del año 2013.
Indicó que este yerro fue informado a cada una de las administradoras, tal como lo
recomendó la UGPP, frente a lo cual obtuvo respuestas favorables en el sentido
que los pagos fueron aplicados a los meses correspondientes en sus bases de
datos. No obstante, al verificar la información, la UGPP notó que algunas de las
administradoras guardaron silencio, dando por sentado la mala fe de la empresa.
Señaló que lo anterior fue el único argumento de la entidad para abstenerse de
revocar la sanción impuesta en el acto inicial, todo lo cual implicaba la vulneración
del debido proceso y la indebida motivación en la toma de la decisión administrativa.
Afirmó que la UGPP infringió el artículo 6 del Decreto 575 de 2013, pues omitió sus
deberes de seguimiento y colaboración para la determinación de la adecuada y
completa liquidación de las contribuciones, toda vez que se abstuvo de adelantar
las gestiones y requerimientos pertinentes a las administradoras de la seguridad
social con el objetivo de confirmar los pagos que la empresa había demostrado
previamente.
Sostuvo que si bien la UGPP recibió las pruebas que sustentaban los pagos de las
cotizaciones al sistema, como lo fueron las respuestas brindadas por las
administradoras a las solicitudes de corrección elevadas por la empresa, esos
documentos no fueron valorados en debida forma para acceder de manera total a
la revocatoria de la liquidación oficial.
Indicó que se desconoció el artículo 42 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo, norma según la cual los actos administrativos
deben estar fundados en el material probatorio obrante dentro del proceso, pero
insistió en que fue pretermitido en esta ocasión.
Insistió en que, si la demandada consideraba que esas respuestas eran
insuficientes, debió requerir a las administradoras correspondientes para que dieran
información sobre las correcciones, en lugar de presumir la ausencia del pago8. Así,
consideró que la decisión de la UGPP constituía un incentivo para que dichas
administradoras omitieran responder las peticiones de los contribuyentes, en una
transgresión al principio de buena fe de los administrados y la imposición de
mayores cargas tributarias a la empresa.
Manifestó que la Unidad, al exigir que fuera la demandante la que obtuviera
respuesta de las administradoras, le trasladó la carga de la prueba a la parte más
débil para su obtención, pues solo la entidad tiene facultades para requerir
información y apremiar el cumplimiento de su solicitud, por lo que consideró violado
su derecho al debido proceso.
Oposición de la demanda
La entidad demandada controvirtió las pretensiones de la demanda, para lo cual
señaló que, según el artículo 37 de la Resolución Nro. 1747 de 2008 del Ministerio
de la Protección Social, una vez los aportantes pagan las contribuciones a través
del operador de información, éste tiene la obligación de informarlo a esa entidad.
Con dicha información se alimentan las bases de datos PILA, todo lo cual es útil
para constatar las sumas canceladas durante los períodos que se fiscalicen.
8
Al respecto invocó la sentencia de la Corte Constitucional T-638 de 1996.
3
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Así, la UGPP verificó los pagos registrados en la base de datos del Ministerio a
nombre de la sociedad, y por los períodos y trabajadores fiscalizados, luego de lo
cual evidenció que se habían aplicado la totalidad de las contribuciones canceladas
por la demandante antes de la notificación de la liquidación oficial. Sin embargo,
respecto de la Planilla Nro. 8422533959, luego de verificar el reporte PILA, no se
reflejó el pago para los subsistemas y períodos discutidos por la demandante
(pensión marzo de 2013 y salud abril del mismo año).
Así, en el proceso de fiscalización que dio lugar a los actos de determinación, la
sociedad no logró acreditar que canceló los aportes para los períodos objeto de
discusión.
Sostuvo que lo anterior no supone la imposición de cargas desproporcionadas, sino
que se trataba del cumplimiento del deber de fiscalización encomendado por el
legislador a la UGPP, por tanto, en los casos que se presenten errores, es deber
del administrador adelantar su corrección ante la respectiva administradora.
Indicó que expidió la resolución de revocatoria directa con fundamento en las
pruebas y documentos aportados al proceso de fiscalización, tal como las planillas
de liquidación de aportes y las cartas de confirmación de corrección de las
administradoras. Sin embargo, ante el silencio de la administradora sobre la solicitud
de corrección, no podía la UGPP entender que el reclamo fue exitoso, como lo
pretende la demandante, por el contrario, lo cierto fue que al verificar la planilla de
liquidación PILA, no se encontró el pago de los aportes, de allí que fueran
procedentes los ajustes. Conforme lo expuesto, reiteró en que no incurrió en una
indebida motivación porque el acto de revocatoria directa se fundamentó en las
pruebas que obraban en el expediente.
En el acápite de la oposición a las pretensiones, insistió en que los actos acusados
fueron proferidos válidamente y que, por lo tanto, es improcedente el
restablecimiento del derecho pedido. Además, sostuvo que es improcedente la
condena en costas porque en el asunto de la referencia se ventila un interés público.
Sentencia apelada
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A, negó
las pretensiones de la demanda por lo siguiente:
Delimitó el problema jurídico señalando que solo estudiaría la legalidad parcial de
la Resolución Nro. RDC 663 de 2017, en cuanto revocó la liquidación oficial, pues
es la que modificó la situación jurídica de la actora. De este modo, consideró que
analizar la parte restante de dicho acto, que mantuvo la decisión inicial, implicaba
desnaturalizar la figura y revivir términos que la accionante dejó precluir 9, más aún
porque en este caso no se ejerció el recurso de reconsideración10.
Expuso el contenido del acto acusado y advirtió que la discusión gira respecto a los
ajustes por mora de marzo de 2013 por pensión y abril del mismo año por salud,
pues se modificó la situación jurídica con base en las correcciones que informaron
9
Al respecto, citó las sentencias del Consejo de Estado. Sección Cuarta, del 15 de mayo de 2019, exp.22483, C.P. Milton
Chaves García y del 20 de septiembre de 2017, exp.22673, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
10
Una de las magistradas integrantes de la Sala del Tribunal salvó el voto porque consideró que el estudio de legalidad del
acto de revocatoria directa no podía ser objeto de escisión, pues ello desconoce el principio de unidad de materia y que
la Administración cambió sustancialmente la situación de la contribuyente, de modo que en su concepto debió estudiarse
la totalidad del acto acusado. Cfr. Samai del Tribunal. Índice 37
4
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algunas administradoras. Luego sostuvo que, para aquellos casos en que se
presenten ajustes por mora derivados de errores del aportante al presentar las PILA,
es su deber probar la corrección de ello ante las administradoras del sistema11.
Adujo que la UGPP reconoció que la sociedad presentó la Planilla Nro. 8422533959
el 5 de abril de 2013 y que unos días después solicitó a las administradoras corregir
el error en el mes pagado. Empero, la base datos de PILA indicaba que la corrección
no se efectuó, por lo que la Administración procedió a requerir a las administradoras
para que confirmaran si efectuaron las correcciones, a lo que solo cuatro
respondieron afirmativamente.
Bajo esas consideraciones el Tribunal concluyó que la revocatoria parcial de la
liquidación oficial se basó en el acervo probatorio que indicaba que la corrección de
los aportes en efecto se hizo, aunque solo en parte, por lo que la nueva situación
jurídica que se creó a partir del acto analizado no vulneró los principios del debido
proceso, buena fe, eficacia, y tampoco incurrió en falsa motivación.
Finalmente, se abstuvo de condenar en costas porque no las encontró probadas.
Recurso de apelación
La parte demandante apeló la sentencia de primera instancia de conformidad con
lo que pasa a exponerse:
Reprochó que el Tribunal no motivó adecuadamente su decisión de estudiar de
manera parcial el acto administrativo de revocatoria directa únicamente en lo que
fue favorable para la actora, en lugar de analizar la totalidad de la glosa que dio
lugar a una nueva situación jurídica, lo que a su juicio desconoce los artículos 8 y
25 de la Convención Americana de Derechos Humanos y el derecho al debido
proceso12. En ese sentido, advirtió una falta de motivación de la sentencia de
primera instancia para negar las pretensiones de la demanda, las cuales estaban
dirigidas a controvertir lo no concedido por la Administración, y que resultó negativo
para la sociedad.
Posteriormente insistió en que la empresa cometió un error al momento de presentar
la Planilla Nro. 8422533959 porque imputó pagos a periodos que no correspondían,
siendo el correcto en pensiones el mes de marzo y en salud el de abril, ambos de
2013. Por esta razón elevó solicitudes de corrección a las administradoras del
sistema, frente a lo cual algunas accedieron y otras guardaron silencio. Sin
embargo, la UGPP pasó por alto los intentos que la empresa hizo para demostrar
que efectuó las contribuciones a la seguridad social, y que el error en que incurrió
fue debidamente corregido e informado ante las administradoras del sistema, dando
por sentada la mala fe del actuar, desconociendo la presunción de buena fe
conforme mandato constitucional.
Reiteró que la actuación demandada desconoció el debido proceso e incurrió en
una indebida motivación porque, si bien la UGPP recibió las pruebas del pago de
las cotizaciones, como lo fueron las cartas allegadas a las administradoras para el
respectivo ajuste y las respuestas a estas, lo cierto fue que esos documentos
11
Invocó como precedente horizontal la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta,
Subsección A, del 7 de septiembre de 2022, exp. 11001-03-37-043-2020-00006-01, M.P. Luis Antonio Rodríguez
Montaño.
12
Invocó la Sentencia T-607 de 2000 y el fallo del Consejo de Estado, Sección Tercera, del 26 de febrero de 2002, exp.
27245 (no informó quien era el ponente).
5
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resultaron insuficientes y tampoco se apreciaron como pruebas para acceder de
manera total a la revocatoria y no simplemente presumir la omisión para mantener
la imposición de cargas excesivas a la empresa.
Oposición a la apelación
La entidad guardó silencio.
Intervención del Ministerio Público
El agente del Ministerio Público guardó silencio.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
Cuestión previa
Mediante escrito del 17 de febrero de 202513, el consejero Luis Antonio Rodríguez
Montaño manifestó estar impedido para conocer del presente asunto de
conformidad con la causal establecida en el numeral 2 del artículo 141 del Código
General del Proceso. Lo anterior por cuanto mientras se desempeñó como
magistrado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta,
Subsección A, conoció del proceso de la referencia en primera instancia.
En esas condiciones, la Sala considera que se configura la causal de impedimento
invocada, toda vez que el consejero mencionado fue ponente de la sentencia
apelada objeto de decisión en el presente asunto. En consecuencia, se declarará
fundado el impedimento y se le separará del conocimiento del presente asunto.
Problema jurídico
Le corresponde a la Sala resolver el recurso de apelación de la demandante contra
la sentencia de primera instancia que negó la nulidad de la Resolución Nro. 663 del
19 de diciembre de 2017, por medio de la cual la UGPP accedió parcialmente a la
solicitud de revocatoria directa presentada por la sociedad contra la Liquidación
Oficial Nro. RDO 2016-00197 del 23 de marzo de 2016, acto que a su vez determinó
oficialmente los aportes al sistema de seguridad social a cargo de la actora.
Análisis del caso concreto
La apelante afirmó que el Tribunal incurrió en un error y en indebida motivación al
limitar el estudio de legalidad de la Resolución Nro. 663 en cuanto accedió a la
revocatoria parcial de la liquidación oficial, aspecto fue favorable a la sociedad y por
tanto no se controvirtió en la demanda, dejando de estudiar los puntos que le fueron
perjudiciales. De esta forma, destacó que es procedente el análisis de la totalidad
de dicho acto administrativo, pues constituye una unidad de materia y porque fue
modificada su situación jurídica.
Para decidir, la Sala reiterará lo expuesto en la Sentencia de Unificación CE-SUJ-
4-005 del 5 de diciembre de 2024 sobre los eventos en que son susceptibles de
control judicial los actos administrativos que deciden, de oficio o a petición de parte,
sobre una revocatoria directa14.
13
Samai, índice 15
14
Consejo de Estado. Sección Cuarta. Exp.27841. C.P. Wilson Ramos Girón.
6
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En ella se puso de presente que la figura de revocatoria directa se encuentra
consagrada en nuestro ordenamiento jurídico en el artículo 93 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, norma según la
cual los actos administrativos “deberán ser revocados por las mismas autoridades que los
hayan expedido o por sus inmediatos superiores jerárquicos o funcionales de oficio o a solicitud de
parte, cuando: (i) sea manifiesta su oposición a la Constitución o a la ley; (ii) no estén conformes o
atenten contra el interés público o social; o (iii) causen un agravio injustificado a una persona.”
Además, de conformidad con el artículo 94 de la misma ley, la revocatoria directa
es improcedente por la causal primera antes expuesta cuando “el peticionario interpuso
los recursos procedentes o en aquellos en los que operó la caducidad para su control judicial.” A su
vez, el artículo 737 del Estatuto Tributario15, establece que la figura aludida solo
procederá “cuando el contribuyente no hubiere interpuesto los recursos por la vía gubernativa”.
Por su parte, el artículo 96 de la Ley 1437 de 2011 prevé que, ni la petición de
revocatoria directa ni su decisión, “revivirán los términos legales para demandar el acto ante
la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, ni darán lugar a la aplicación del silencio
administrativo”.
El fallo de unificación reiterado puso de presente que la Sección ha admitido el
control de legalidad de los actos que deciden sobre la revocatoria directa
únicamente cuando se presenta una “situación nueva”, para lo cual debe analizarse de
forma íntegra, tanto su parte motiva como la resolutiva.
Con lo anterior, indicó que, en principio, el acto que decide sobre la revocatoria
directa no es pasible de control judicial. Pero se habilita dicho control por la
jurisdicción contencioso-administrativa cuando la motivación del acto de revocación
se refiere a situaciones nuevas, que se “concretan en hechos o planteamientos distintos a
los formulados en el acto inicial y que llevan a modificar la situación jurídica del administrado por su
revocación total o parcial”. Por lo anterior, la Sala sostuvo que, en estos eventos, el
estudio de legalidad “procede solo en aquello que resulta ser novedoso respecto del acto objeto
de la revocatoria; así porque en lo demás, ese acto administrativo no puede ser revisado ya que está
debidamente ejecutoriado y su revisión implicaría una transgresión del artículo 96 del CPACA que
prohíbe que la petición y la decisión de la revocatoria directa revivan los plazos para demandar una
decisión administrativa que está en firme y frente a la que no se agotaron los recursos ordinarios
para culminar la sede administrativa y, consecuentemente, habilitar su control judicial por esta
judicatura.”
Seguidamente, fijó las reglas sobre la procedibilidad del control jurisdiccional de
actos administrativos que deciden la revocatoria directa, y que para lo procedente
se reiteran en esta providencia:
1. Los actos administrativos que decidan, de oficio o solicitud de parte, sobre la revocatoria
directa de otros actos administrativos no son pasibles de control judicial.
2. Se exceptúan de la regla anterior los actos de revocación que incluyan situaciones nuevas
respecto del actos iniciales, siempre que lleven a modificarlos total o parcialmente, caso
en el cual serán susceptibles del control judicial, pero únicamente respecto a la decisión
novedosa y sin que pueda discutirse la legalidad de los demás planteamientos del acto
inicial objeto de la revocatoria.
3. Las anteriores reglas jurisprudenciales de unificación rigen para los trámites pendientes
de resolver en vía judicial. No podrán aplicarse a conflictos previamente decididos.
Con base en lo anterior, la sentencia de unificación en el caso concreto analizado
concluyó que el acto que accedió parcialmente a una solicitud de revocatoria directa
15
Esta norma es aplicable por remisión expresa del artículo 156 de la Ley 1151 de 2007.
7
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no era susceptible de control judicial porque, aunque modificó una liquidación oficial
expedida por la UGPP, se limitó a excluir aportes y la sanción por algunos periodos
con base en las pruebas allegadas por la peticionaria. Sin embargo, en lo demás,
reiteró el sustento del acto de determinación relacionado con la sujeción pasiva de
los rentistas de capital y la necesidad de probar los requisitos para el reconocimiento
de costos y gastos conforme el artículo 107 del Estatuto Tributario.
Teniendo presente lo anterior, la Sala advierte que la Liquidación Oficial Nro. RDO
2016-00197 del 23 de marzo de 2016 determinó los ajustes a cargo de la actora
porque i) incurrió en mora ya que no registró cotizaciones para el período de marzo
de 2013 de acuerdo con lo reportado en la PILA; ii) se presentó inexactitud debido
a que realizó aportes inferiores a los que legalmente estaba obligada por no incluir
en el IBC pagos que a juicio de la entidad eran salariales y por no informar
novedades de las relaciones laborales; y iii) la sancionó por inexactitud16.
La sociedad, mediante escrito del 16 de febrero de 2017, solicitó revocatoria directa
de la liquidación oficial porque indicó que, por error, presentó la Planilla Nro.
8422533959 realizando aportes por unos períodos equivocados, siendo los
correctos el mes de marzo en pensiones y abril en salud, ambos del año 2013. Junto
a este documento allegó como pruebas las peticiones de corrección presentadas
ante las EPS y los fondos de pensiones, así como las respuestas de algunas de
esas administradoras, entre otros17.
La UGPP expidió la Resolución Nro. RDC 663 del 19 de diciembre de 2017, que
accedió parcialmente a la solicitud de revocatoria directa. En ella indicó que la
Unidad, atendiendo las respuestas de las administradoras requeridas por la misma
entidad, procede el retiro de los ajustes para las que dieron respuestas favorables,
pero se mantienen frente a las que guardaron silencio. Además, indicó que se
mantiene la sanción por inexactitud porque se confirmó que se incurrió en la
conducta y porque el pago fue posterior a la notificación de la liquidación oficial18.
Atendiendo las reglas de unificación 1 y 2 de la sentencia reiterada, y de
conformidad con el anterior recuento de la actuación administrativa, la Sala
considera que la resolución de revocatoria directa acusada no es susceptible de
control judicial. Esto por cuanto que, si bien redujo el monto a pagar por aportes de
la liquidación oficial, lo hizo con base en las pruebas aportadas por la actora y las
respuestas a los requerimientos que hizo la misma entidad a las diferentes
administradoras del sistema de seguridad social. Pero, en lo demás, mantuvo el
sustento de la liquidación oficial sobre la mora e inexactitud en el pago de los aportes
para los periodos fiscalizados.
Lo anterior se refuerza en que la misma apelante señala que su demanda no
controvierte el aspecto que fue revocado por la UGPP, pues le fue favorable, sino
las glosas de la liquidación oficial que la UGPP no alteró, por ser lo que la perjudica.
De esta forma, su intención no es debatir una situación jurídica nueva, sino utilizar
el acto de revocatoria parcial para revivir términos de la discusión frente a un acto
en firme, que determinó los aportes e impuso una sanción, y contra el cual no
interpuso recursos.
16
Samai del Tribunal, índice 23, carpeta de antecedentes administrativos, carpeta de la liquidación oficial, PDF de la
liquidación oficial.
17
Samai del Tribunal, índice 23, carpeta de antecedentes administrativos, carpeta del escrito de revocatoria directa, PDF
del escrito de revocatoria directa.
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Samai del Tribunal, índice 23, carpeta de antecedentes, carpeta de respuesta a la revocatoria directa, PDF que resuelve
revocatoria directa.
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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 25000-23-37-000-2018-00312-01 (28752)
Demandante: Avanza Colombia S.A.S.
Ahora bien, el hecho de que el único acto acusado en el proceso de la referencia no
sea susceptible de control judicial da lugar a la configuración de la excepción de
inepta demanda por incumplimiento de los requisitos formales19, tal como ocurrió en
la sentencia de unificación reiterada.
Se advierte que, si bien el auto que admitió la demanda previamente se había
pronunciado sobre este punto, nada impide su estudio oficioso en la sentencia. Por
el contrario, el artículo 187 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo ordena que en “la sentencia se decidirá sobre las excepciones
propuestas y sobre cualquiera otra que el fallador encuentre probada ”. En consecuencia, la
declaratoria de la excepción de inepta demanda en este caso constituye el
cumplimiento de un deber legal, por lo que no afecta el debido proceso de las partes
ni supone un desconocimiento de la prohibición a la reforma en peor del apelante
único.
Por lo anterior, la Sala también se releva de estudiar los demás cargos de la
apelación, pues la consecuencia de la prosperidad de la excepción es que no se
profiera sentencia de mérito.
Conclusión
No prospera la apelación. Sin embargo, la Sala revocará la sentencia de primera
instancia que negó las pretensiones de la demanda y, en su lugar, declarará
probada de oficio la excepción de inepta demanda porque la Resolución Nro. RDC
663 del 19 de diciembre de 2017 no es susceptible de control judicial.
Costas
La Sala se abstendrá de su imposición, toda vez que se observa que en el
expediente no obra prueba de su causación como lo exige el numeral 8 del artículo
365 del Código General del Proceso, norma aplicable por remisión expresa del
artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Declarar fundado el impedimento manifestado por el consejero Luis Antonio
Rodríguez Montaño de conformidad con lo expuesto en esta providencia, en
consecuencia, se le separa del conocimiento del asunto.
2. Revocar la sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A, el 5 de
octubre de 2023.
3. Declarar probada de oficio la excepción de inepta demanda por cuanto la
Resolución Nro. RDC 663 del 19 de diciembre de 2017 no es susceptible de
control judicial.
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Numeral 5 del artículo 100 del Código General del Proceso.
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Radicado: 25000-23-37-000-2018-00312-01 (28752)
Demandante: Avanza Colombia S.A.S.
4. Sin condena en costas.
Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al tribunal de
origen. Cúmplase.
La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente
(Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
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