Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2018-00364-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2018-00364-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 25000-23-37-000-2018-00364-01
Consejero ponente: Wilson Ramos Girón
8 de agosto de 2024
Radicado: 25000-23-37-000-2018-00364-01 (26391)
Demandante: Veta C.T.A. Vigilancia especializada de Trabajo Asociado
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN
Bogotá D.C. ocho (08) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-37-000-2018-00364-01 (26391)
Demandante: Veta C.T.A. Vigilancia especializada de Trabajo Asociado
Demandada: UGPP
Temas: Cooperativa de trabajo asociado. IBC. Pagos no retributivos
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación1 interpuesto por la parte demandante contra la
sentencia del 18 de febrero de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, que decidió2:
Primero: Niéganse las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la motiva de la
presente providencia.
ANTECEDENTES
Actuación administrativa
Previo requerimiento para declarar y/o corregir, la UGPP profirió Liquidación Oficial RDO-
M-001 de 19 de enero de 20173 por medio de la cual determinó y modificó a la actora las
autoliquidaciones de los aportes al SPS (Sistema de Protección Social) correspondientes
a los períodos enero a diciembre del año 20134.
Decisión modificada con la Resolución RDC-030 de 23 de enero de 20185, que disminuyó
el monto de los ajustes liquidados oficialmente y de la sanción por inexactitud6.
Demanda
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en
el artículo 138 del CPACA (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Ley 1437 de 2011), la parte demandante formuló las siguientes
pretensiones7:
Primera.- Declarar la nulidad de las resoluciones No. RDO-M-001 del 19 de enero de 2017, y RDC-
030 del 23 de enero de 2018.
1
Ingresó por primera vez al despacho el 20 de mayo de 2022. SAMAI CE índice 3
2
SAMAI Tribunal índice 22. Sin pronunciamiento frente a las costas.
3
SAMAI CE índice 43
4
Determinó ajustes por mora e inexactitud de $716.319.800 e impuso sanción por inexactitud de $361.669.320
5
SAMAI CE índice 43
6
Disminuyó ajustes de aportes a $673.715.100 y sanción por inexactitud a $336.106.500
7
SAMAI CE índice 2 certificado ED_CUADERNO1_02DEMANDA(.pdf) NroActua 2 f. 3
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Segunda.- Como consecuencia de la anterior declaración, ordenar dejar sin efectos jurídicos la
resolución mencionada.
Invocó como normas vulneradas los artículos 137 y 138 del CPACA (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011); 2,
6 y 29 de la CP (Constitución Política) y 179 de la Ley 1607 de 2012, bajo el siguiente
concepto de violación8:
Los actos demandados están viciados de falsa motivación y ausencia de la misma, así
como también por haberse emitido con falta de competencia debido a que la UGPP
usurpó las facultades asignadas a los jueces laborales9.
Comoquiera que se discuten los aportes de 2013, anteriores a la expedición de la Ley
1819 de 2016, cuando se notificó el Requerimiento para Declarar y/o Corregir RCD-2016-
00353 del 01 de abril de 2016, las autoliquidaciones ya habían cobrado firmeza, teniendo
en cuenta los dos años previstos en el artículo 714 del ET.
Entre las autoliquidaciones tributarias y la liquidación oficial existen diferencias que
vulneran el principio de correspondencia, comoquiera que ese acto modificó el IBC
autoliquidado sin tener en cuenta novedades de trabajadores asociados, pagos
realizados y lo dispuesto en el artículo 70 del Decreto 806 de 1998 para el cálculo del
aporte en periodo de vacaciones, e incluyendo arbitrariamente auxilios de transporte y de
alimentación como constitutivo de compensación ordinaria.
En cuanto a los ajustes por mora, durante los periodos de incapacidad, licencias y
descansos anuales y/o vacaciones no se generó la obligación de la demandante de
realizar el pago de aportes a ARL, toda vez que los trabajadores no tuvieron el riesgo de
sufrir accidentes de trabajo o de adquirir enfermedades laborales. A la par, cuando un
trabajador se incapacita, la EPS o ARL paga el auxilio económico que no tiene
connotación de salario y no constituye base para la liquidación de aportes parafiscales a
SENA, ICBF y CCF. Además, cuando es una incapacidad por riesgo laboral, los aportes
a pensión y salud corresponde asumirlos a la ARL.
Deben tenerse en cuenta los pagos realizados y que fueron pretermitidos por la
administración, los cuales constan en las planillas aportadas al expediente.
Frente a los ajustes por inexactitud, la UGPP modificó de forma arbitraria el IBC, toda vez
que (i) varió sin justificación la información reportada incluyendo improcedentemente
conceptos que por voluntad de las partes fueron excluidos o que por su naturaleza jamás
debieron ser considerados como compensación ordinaria; (ii) alteró los días
efectivamente laborados; (iii) calculó de manera errada los ajustes a seguridad social
respecto de los trabajadores que se encontraban en periodo de descanso anual; y (iv) no
efectuó adecuadamente la liquidación del aporte cuando se presentaron en el mismo
periodo múltiples novedades.
Las cooperativas de trabajo asociado (CTA) se rigen por normas especiales diferentes a
las laborales, pues la relación entre aquellas y el trabajador asociado, es un vínculo de
naturaleza cooperativa y solidaria, de manera que, lo que éste percibe no es salario, sino
compensación que puede ser ordinaria o extraordinaria. No obstante, existen pagos que
no son retributivos y no se configuraron como compensación porque fueron entregados
8
SAMAI CE índice 2 certificado ED_CUADERNO1_02DEMANDA(.pdf) NroActua 2 ff. 5 a 42
9
Señaló que usurpó funciones de los jueces laborales para la determinación de lo que debe ser factor salarial, desconoció la validez
de los pactos de desalarización y que los pagos discutidos obedecen a la mera liberalidad.
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para desempeñar las funciones, como sucede con los auxilios de transporte y de
alimentación, los cuales fueron incluidos por la UGPP dentro del IBC de forma arbitraria.
La UGPP efectuó una interpretación errónea de los preceptos jurídicos en lo que refiere
a los conceptos de compensación anual diferida, ajuste de compensación extraordinaria,
compensación semestral, descanso anual compensado en tiempo y descanso anual
compensado por terminación de contrato, los cuales corresponden a compensaciones
extraordinarias y, según el régimen de la demandante, comportan prestaciones sociales
no constitutivas de retribución ordinaria para ningún efecto.
De las cuentas de servicios y diversos de la actora, la UGPP tomó algunos pagos y les
dio la connotación de compensaciones extraordinarias para incluirlos en el IBC de
aportes, cuando no obedecieron a la relación de trabajador asociado y cooperativa, sino
a emolumentos adicionales diferentes a los relacionados en la nómina respecto de los
cuales la demandante no debió efectuar cotizaciones. Igualmente, algunos asociados
tuvieron una relación civil con la demandante, en tanto ofrecieron sus servicios como
contratistas independientes y por tanto la cooperativa no era responsable de sus aportes.
La entidad demandada incluyó en el cálculo del IBC valores que no fueron informados y
por tanto, no podían fundamentar la sanción económica impuesta. La multa determinada
carece de fundamento jurídico y no atiende lo dispuesto en el artículo 179 de la Ley 1607
de 2012.
Contestación de la demanda
La demandada se opuso a las pretensiones de la actora10. Sostuvo que los actos
acusados no se encuentran viciados de falsa ni falta de motivación, y la actora no
determinó en qué consistió la supuesta extralimitación de funciones de la UGPP.
No operó la firmeza de las autoliquidaciones objeto de litigio porque la administración
profirió el requerimiento de información 201462001732371 del 30 de abril de 2014 dentro
de los cinco años que establece el artículo 178 de la Ley 1607 de 2012.
No se vulneró el principio de correspondencia, toda vez que la información del SQL
coincide con la de nómina y los hechos analizados en el requerimiento para declarar y/o
corregir son los mismos de la liquidación oficial, relativos a los aportes en los periodos
del 2013.
En cuanto a los ajustes por mora, al cotejar la información de nómina frente al SQL del
recurso de reconsideración se evidencia que las compensaciones ordinarias y
extraordinarias fueron incluidas en el IBC de acuerdo a lo reportado por la demandante y
en el cálculo no se incorporaron las incapacidades en los subsistemas de ARL y CCF.
Frente a los ajustes por inexactitud, surgieron al comparar el aporte determinado por la
UGPP y el realizado por la actora, que fue inferior al liquidado oficialmente. No es cierto
que la entidad no haya validado los estatutos y el régimen de trabajo asociado de la
actora. Tampoco se trasgredieron las normas que regulan a las cooperativas porque los
actos se encuentran ajustados a las mismas.
No proceden los argumentos de la actora en cuanto a trabajadores independientes, dado
que no se allegaron contratos que confirmaran la relación civil y no fue posible verificar
10
SAMAI CE índice 2 certificado ED_CUADERNO1_12CONTESTACIONDEMAND(.pdf) NroActua 2
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la aplicación de la retención en la fuente.
Sentencia apelada
El tribunal negó a las pretensiones de la demanda11, por las siguientes razones:
Los actos acusados no se encuentran viciados de falsa ni falta de motivación, y no es
procedente el cargo de falta de competencia porque la UGPP tiene plenas facultades
para ejercer funciones de fiscalización, determinación y cobro de las contribuciones al
SPS.
No cobraron firmeza las autoliquidaciones del 2013, dado que la UGPP notificó el
requerimiento para declarar y/o corregir el 10 de mayo de 2016, esto es, dentro de los
cinco años que contempla el artículo 178 de la Ley 1607 de 2012.
La actuación enjuiciada no vulneró el principio de correspondencia porque los
fundamentos de los ajustes en el requerimiento fueron los mismos que sirvieron de
sustento para la determinación oficial, que tuvieron como punto de partida las planillas,
cuya cuantía disminuyó luego de que la UGPP validara las pruebas.
En cuanto a los ajustes por mora, analizó tres trabajadores y estableció que el concepto
de incapacidad no fue incorporado al IBC de los subsistemas ARL, CCF, ICBF y SENA12.
Las planillas a que alude la demandante fueron aplicadas tanto en la liquidación oficial
como en la resolución que desató el recurso, tal como fue enunciado en esos actos
administrativos.
Frente a los ajustes por inexactitud, comoquiera que en el régimen de compensaciones
la erogación que perciben los trabajadores por un periodo de descanso no es equivalente
a la regulada por el CST, debió tomarse como compensación extraordinaria para la
determinación del IBC de aportes.
En cuanto a los cálculos realizados por la UGPP en los periodos donde el trabajador
asociado tuvo varias novedades, analizó el caso de un trabajador13 para concluir que las
glosas se ajustan a las previsiones legales y a la información reportada en la nómina por
la sociedad actora.
Respecto de los días efectivamente laborados, comoquiera que la demandante omitió
aportar la relación de los trabajadores frente a los que considera la irregularidad, el
tribunal tomó aleatoriamente tres cooperados14 para comparar la información reportada
por la cooperativa en el curso del proceso de fiscalización con la incluida por la UGPP en
el SQL del recurso de reconsideración, y concluyó que los datos tomados por la
administración en la liquidación de aportes se ajustan a los días informados y a la realidad
de los hechos.
Si bien el Decreto 4588 de 2006 establece que la fuente de derecho de las CTA está
constituida por sus estatutos, lo cierto es que dicha autonomía no es absoluta comoquiera
11
SAMAI Tribunal índice 22. Sin pronunciamiento frente a las costas.
12
Revisó subsistemas (i) ARL de enero de 2013 respecto de Rosa Yadira Sarria Romero, (ii) CCF de enero de 2013 frente a Nelson
Enrique Osorio Quintero y (iii) ICBF y SENA de enero de 2013 en cuanto a Jeison Odeiber Giraldo Montoya.
13
Respecto de Carvajal Duvian Albeiro, analizó los subsistemas salud e ICBF del mes de septiembre de 2013
14
Revisó lo reportado en diciembre de 2013 respecto de Luis Fernando Cardona Bedoya, Sindy Jakeline Arcila Jaramillo y Felin David
Quiroz Arcila
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que se sujeta a normas superiores que señalan como únicos pagos en favor de los
trabajadores asociados las compensaciones ordinarias y extraordinarias, siendo estas
últimas aquellas sumas que recibe el trabajador como retribución a su labor distinta a las
fijadas como compensaciones ordinarias. Por tanto, era improcedente que la
demandante, fundamentada en su libertad de estipulación estatutaria, calificara
emolumentos con naturaleza diferente cuando en realidad fueron compensaciones
extraordinarias.
Los pagos identificados en las cuentas auxiliares debieron incluirse en el IBC como
compensaciones extraordinarias, acorde con los artículos 2 y 6 de la Ley 1233 de 2008,
en la medida que corresponden a pagos efectuados a los trabajadores, respecto de los
cuales no se desvirtuó su carácter retributivo.
La sanción por inexactitud impuesta por la demandada se ajustó al artículo 179 de la Ley
1607 de 2012, modificado por el artículo 314 de la Ley 1819 de 2016, al aplicar el 60% al
total de las inexactitudes resultantes, teniendo en cuenta que no fueron corregidas con
ocasión del requerimiento para declarar y/o corregir.
Recurso de apelación
La demandante apeló la decisión del a quo15. Censuró en general la decisión y en
particular reiteró que existe vulneración al principio de correspondencia por parte de la
UGPP al aumentar el hecho generador, la base gravable y la tarifa en la liquidación oficial,
en relación con lo determinado en el requerimiento para declarar y/o corregir, situación
que debió analizarse respecto de cada uno de los trabajadores asociados y no de manera
genérica, como lo verificó el tribunal.
Adujo que el tribunal incurrió en defecto fáctico y omisión de valoración probatoria al
tomar como ejemplo únicamente tres trabajadores asociados para concluir que frente a
todos los que tuvieron incapacidad la UGPP no incluyó el valor de la misma en el IBC de
ARL, CCF, ICBF y SENA, pues debieron verificarse cada uno de los casos junto con las
pruebas aportadas -trajo un listado de trabajadores que considera debe analizarse-.
En cuanto a las planillas, el a quo no las verificó contra las obligaciones determinadas
por la UGPP, pues se limitó a tomar como prueba de su aplicación lo señalado en los
actos acusados y, por tanto, deben revisarse cada una de ellas.
Frente a las múltiples novedades reportadas en un mismo periodo, el tribunal también
incurrió en defecto fáctico porque solo verificó un caso para concluir que se calculó en
debida forma el IBC respecto de todos los trabajadores asociados -trajo un listado de
trabajadores que considera debe analizarse-.
Enlistó los trabajadores frente a los cuales estima que la UGPP modificó los días
laborados sin justificación jurídica ni probatoria y en contravía del artículo 742 del ET.
La cooperativa no incurrió en equivocación al determinar pagos no constitutivos de
compensación, como auxilios de movilización y alimentación, pues no tienen la finalidad
de retribuir el servicio, sino que fueron entregados para desempeñar las labores. Ni la
UGPP ni el tribunal indicaron las pruebas con las que concluyeron que tales pagos son
compensaciones extraordinarias con naturaleza retributiva. Tampoco señalaron el
material probatorio para establecer que los pagos identificados en las cuentas auxiliares
15
SAMAI Tribunal índice 25
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debieron incluirse en el IBC como compensaciones extraordinarias que retribuyen el
servicio, cuando correspondieron a mantenimiento, gastos diversos, servicios y arriendo.
Frente a la sanción por inexactitud, procede su modificación porque se tomó como hecho
sancionable el IBC determinado por la UGPP que incluyó pagos que no retribuyeron el
servicio prestado. Acorde con el artículo 197 de la Ley 1607 de 2012, la actora siempre
actuó de buena fe y dentro del marco legal.
Pronunciamientos finales
Las partes y el Ministerio Público guardaron silencio en esta etapa procesal.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
Problema jurídico
1- Juzga la Sala la legalidad de los actos acusados atendiendo a los cargos de apelación
planteados por la parte demandante, apelante única, contra la sentencia de primera
instancia que negó las pretensiones de la demanda16.
En concreto corresponde establecer (i) si la UGPP vulneró el principio de
correspondencia; (ii) si en la sentencia se incurrió en defecto fáctico al omitir la valoración
probatoria por comprobar solo tres glosas para concluir que la UGPP no incluyó la
incapacidad en el IBC de ARL, CCF, ICBF y SENA, y si procede analizar todos los
trabajadores señalados en el listado traído con el recurso de apelación; (iii) si el a quo
incurrió en defecto fáctico al verificar un solo caso frente al cargo de múltiples novedades
reportadas en un mismo periodo, y si procede analizar todos los trabajadores señalados
en el listado traído con el recurso de apelación; (iv) si procede verificar todos los
trabajadores del listado aportado con ocasión del recurso de apelación respecto de los
cuales considera que la UGPP modificó los días efectivamente laborados; (v) si en los
actos se aplicaron las planillas aportadas; (vi) si procedía incluir dentro del IBC los auxilios
de transporte y de alimentación como compensaciones extraordinarias; (vii) si era
procedente darles connotación de compensaciones extraordinarias con naturaleza
retributiva a los pagos registrados en las cuentas contables y (viii) si debe modificarse la
sanción por inexactitud.
Análisis del caso concreto
2- Lo primero que se debe precisar es que los artículos 4 y 70 de la Ley 79 de 1988
determinan que las cooperativas de trabajo asociado (en adelante CTA) son personas
jurídicas sin ánimo de lucro que «vinculan el trabajo personal de sus asociados para la producción
de bienes, ejecución de obras o la prestación de servicios». En ese orden, la capacidad de trabajo
es el principal aporte de los asociados, quienes simultáneamente son gestores y
trabajadores de la persona jurídica. En virtud de esa doble naturaleza subjetiva pueden
darse su propio «régimen de trabajo, de previsión, seguridad social y compensación» mediante sus
estatutos y reglamentos -artículo 59 ibidem-, sin que les sean aplicables las disposiciones
del CST, dado que estas regulan únicamente el trabajo dependiente17.
De esa forma, inicialmente el artículo 1 del Decreto 2996 de 2004 previó que las CTA
debían establecer la obligatoriedad de los aportes «sin sujeción a la legislación laboral»,
16
Sin pronunciamiento frente a las costas
17
Sentencia del 31 de marzo de 2022 (exp. 22977, CP. Julio Roberto Piza Rodríguez)
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tomando como base gravable las compensaciones ordinarias permanentes y las que en
forma habitual y periódica recibieran los trabajadores asociados, siempre que se superara
el umbral de un smmlv. Esta Sección se pronunció sobre la legalidad de esa norma
reglamentaria18 y anuló las expresiones que aludían a las contribuciones a favor del
SENA, ICBF y CCF, toda vez que consideró que vulneraban el principio de reserva de
ley en materia tributaria, pero la avaló en cuanto se refería a los aportes al SSSI, debido
al «carácter obligatorio e irrenunciable de los derechos y beneficios que proporciona el sistema».
Por su parte, el Decreto 4588 de 2006 dispuso que las CTA son responsables de la
afiliación y pago de los aportes al SSSI durante la vigencia del contrato de asociación -
artículo 26-, para lo cual estableció que el IBC está compuesto por «todos los ingresos que
perciba el asociado, de conformidad con lo señalado en el parágrafo 1 del artículo 3 de la Ley 797 de 2003
y normas que lo reglamenten», manteniendo la base gravable mínima, salvo en los casos en
que hubiese novedad de ingreso y retiro -artículo 27-. Igualmente, precisó que los estatutos
debían expresar la forma en que los trabajadores asociados contribuirían al pago de los
aportes -artículo 29-.
Mediante la Ley 1233 de 2008 se estableció la base sobre la que se cuantifican los
aportes al SSSI de los trabajadores asociados, que corresponde a la suma de la
compensación ordinaria y extraordinaria mensual, al tiempo que previó que la proporción
para su pago es la misma prevista en la ley para el régimen de trabajo dependiente -
artículo 6-. También contempló el IBC de las contribuciones especiales a cargo de las CTA
con destino al SENA e ICBF que corresponde a la compensación ordinaria mensual
establecida en el régimen de compensaciones, y la base de CCF que es la suma de la
compensación ordinaria y extraordinaria mensual devengadas -artículo 2-. Asimismo, se
determinó la base gravable mínima, para lo cual las CTA deben establecer la
compensación ordinaria mensual al menos en un smmlv, excepto cuando la actividad se
realice en tiempos inferiores, en cuyo caso puede ser proporcional a la labor
desempeñada, a la cantidad y a la calidad, según se establezca en el correspondiente
régimen interno -artículo 3-.
La ley en comento fue reglamentada por el Decreto 3553 de 2008 que definió las
compensaciones. Estableció que la compensación ordinaria es «la suma de dinero que a título
de retribución, recibe mensualmente el asociado por la ejecución de su actividad material o inmaterial, la
cual se fija teniendo en cuenta el tipo de labor desempeñada, el rendimiento o la productividad y la cantidad
de trabajo aportado» cuyo monto puede ser «una suma básica igual para todos». En cuanto a las
compensaciones extraordinarias, precisó que son «los demás pagos mensuales adicionales a la
Compensación Ordinaria que recibe el asociado como retribución por su trabajo». Ello guarda
consonancia con el artículo 25 del Decreto 4588 de 2006 que, al establecer el contenido
del régimen de compensaciones que deben adoptar las CTA, las definió como «todas las
sumas de dinero que recibe el asociado, pactadas como tales, por la ejecución de su actividad material o
inmaterial, las cuales no constituyen salario».
Al efecto, en sentencia de unificación19 la Sección precisó las siguientes reglas en cuanto
al alcance y contenido de los artículos 2 y 6 de la Ley 1233 de 2008 en relación con la
afiliación y pago al sistema de seguridad social integral -salud, pensión y ARL- y los
elementos esenciales de las contribuciones especiales -SENA, ICBF y CCF-:
1. «El IBC de los aportes a los subsistemas que conforman el sistema de seguridad social integral
(salud, pensión y ARL) está conformado por la suma de las compensaciones ordinarias y
extraordinarias devengadas en el mes, entendidas como los emolumentos que recibe el
cooperado únicamente como retribución por la ejecución de su actividad material o inmaterial.
18
Sentencia del 12 de octubre de 2006 (exp. 15214, CP. Ligia López Díaz)
19
Sentencia del 24 de marzo de 2022 (exp. 24724, CP. Stella Jeannette Carvajal Basto)
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2. El IBC de los aportes con destino al SENA e ICBF será la compensación ordinaria mensual
establecida en el régimen de compensaciones, y para los destinados a las CCF, será la suma
de las ordinarias y extraordinarias devengadas en el mes, entendidas como los valores que
recibe el cooperado únicamente como retribución por la ejecución de su actividad material o
inmaterial
3. Las sumas que reciba el cooperado que no constituyen compensación, es decir, las que no se
determinan en función del tipo de labor desempeñada (material o inmaterial), el rendimiento o
la productividad y la cantidad de trabajo aportado, no integrarán el IBC de los aportes con
destino al sistema de seguridad social integral ni a las contribuciones especiales. Entre otras,
las sumas de dinero que reciben los trabajadores asociados por concepto de los excedentes de
que trata el numeral 3 del artículo 54 de la Ley 79 de 1988, descansos, los pagos cuya finalidad
sea el transporte, alimentación, alojamiento, auxilio de rodamiento, gastos de representación,
vestuario y los demás que se paguen para el cabal cumplimiento de las actividades, en los
términos previstos en el régimen de compensaciones.
4. Cuando en el régimen de compensaciones se establezca que una compensación ordinaria o
extraordinaria, entendidas como los emolumentos que recibe el cooperado únicamente como
retribución por la ejecución de su actividad material o inmaterial, no integrarán el IBC de aportes
al sistema de seguridad social y contribuciones especiales, se aplicará el límite previsto en el
artículo 30 de la Ley 1393 de 2010, es decir, que no podrán superar el 40% del total de la
remuneración. El monto que supere este límite también hará parte de la base gravable.
5. Las planillas integradas de liquidación de aportes PILA, son consideradas declaraciones
tributarias, por lo que las compensaciones ordinarias y extraordinarias sobre las cuales se
calculan los aportes se presumen veraces. Sin embargo, si el ente fiscalizador cuestiona la falta
de inclusión en la base gravable de pagos que a su juicio son compensaciones ordinarias o
extraordinarias, le corresponde al empleador o aportante, con los medios probatorios
pertinentes, justificar y demostrar que el pago realizado no constituye compensación, es decir,
que no tiene por finalidad retribuir el servicio».
3- Precisado lo anterior, en cuanto al principio de correspondencia, el tribunal determinó
que no hubo vulneración porque los fundamentos de los ajustes en el requerimiento
fueron los mismos que sirvieron de sustento para la determinación oficial, que tuvieron
como punto de partida las planillas, cuya cuantía disminuyó luego de que la UGPP
validara las pruebas. La anterior decisión fue censurada por la actora en el sentido de
insistir en la vulneración del mencionado principio por parte de la UGPP al aumentar el
hecho generador, la base gravable y la tarifa en la liquidación oficial, en relación con lo
determinado en el requerimiento para declarar y/o corregir, situación que, en su sentir,
debió verificarse respecto de cada uno de los trabajadores asociados y no de manera
genérica como lo verificó el tribunal.
Según el artículo 711 del ET, aplicable por la remisión del artículo 156 de la Ley 1151 de
2007, la liquidación oficial deberá contraerse exclusivamente a la declaración privada y a
los hechos que hubieren sido contemplados en el requerimiento previo o en su ampliación
si la hubiere. Lo anterior, con el fin de garantizar el ejercicio del derecho de defensa del
obligado tributario, de modo que pueda efectuar las alegaciones y brindar las
explicaciones y pruebas que estime pertinentes para controvertir en debida forma las
actuaciones administrativas.
Al pronunciarse sobre el alcance de esta exigencia, los precedentes de la Sección han
considerado que la falta de correspondencia ocurre cuando la liquidación oficial se basa
en «hechos» distintos a los presentados en el acto preparatorio, los cuales se concretan
en «glosas» diferentes a las conocidas por el administrado, pues nada impide que la
autoridad tributaria plantee en la liquidación oficial argumentos adicionales a los
inicialmente formulados, siempre que se refieran a los mismos reproches indicados en el
requerimiento20.
20
Sentencia del 02 de diciembre de 2021 (exp. 23424, CP. Julio Roberto Piza Rodríguez)
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Para la Sala, la actuación de la administración no desconoció la regla de
correspondencia, pues desde el requerimiento para declarar y/o corregir la UGPP
cuestionó las liquidaciones del IBC y el pago de los aportes al SPS a cargo de la sociedad
actora, por los periodos de enero a diciembre del 2013. En efecto, en el mencionado
requerimiento la entidad demandada precisó que, como resultado de la investigación
adelantada, se estableció que la aportante incurrió en las conductas de mora por el no
pago de los aportes e inexactitud por haber efectuado un pago menor al que le
correspondía en los mencionados periodos, motivo que conllevó a proponer modificar y
pagar las autoliquidaciones presentadas por $718.337.400.
A su turno, en la liquidación oficial de revisión la UGPP tuvo en cuenta los argumentos
expuestos en la respuesta al requerimiento, así como las pruebas allegadas al
expediente, tanto así que estableció una deuda inferior a la señalada en el requerimiento
por $716.319.800, con base en las mismas conductas propuestas y sin incluir periodos
ajenos a la controversia, por lo que no se advierte transgresión a los derechos de la
demandante.
Ahora, la actora en el recurso reprochó que el tribunal no revisó todas las glosas con el
fin de verificar la vulneración del principio en comento frente a cada una de ellas, sin que
para el efecto haya aludido a casos específicos. Sobre el particular, debe precisarse que,
en virtud del principio general de carga de la prueba, incumbía a la demandante
demostrar la ilegalidad de los actos y por consiguiente debió identificar los trabajadores
y periodos con la supuesta irregularidad, y no pretender trasladar esa carga al juez a
quien no le corresponde suplirla21.
En consecuencia, no prospera el cargo de apelación.
4- En la demanda la actora, sin aludir a casos específicos, señaló de forma general que
durante la incapacidad no se generó la obligación de pagar aportes a ARL y que el auxilio
económico pagado no tiene connotación de salario ni constituye base para la liquidación
de aportes parafiscales a SENA, ICBF y CCF. El tribunal resolvió el cargo de forma
desfavorable tras analizar tres glosas tomadas aleatoriamente del SQL para establecer
que el concepto de incapacidad no fue incorporado al IBC de los subsistemas de ARL,
CCF, ICBF y SENA.
La cooperativa sostuvo en el escrito de alzada que el tribunal incurrió en defecto fáctico
y omisión de valoración probatoria al tomar como ejemplo únicamente tres trabajadores
asociados para concluir que frente a todos los que tuvieron incapacidad, la UGPP no
incluyó su valor en el IBC de ARL, CCF, ICBF y SENA, pues a su juicio debieron
verificarse cada uno de los casos y valorarse todas las pruebas aportadas. Para el efecto
trajo un listado de trabajadores que considera deben analizarse en esta instancia judicial.
Revisado el cargo de apelación propuesto por la parte actora, se observa que lo que
pretende es subsanar el yerro en que incurrió en la demanda de no indicar los
trabajadores asociados respecto de los cuales estima que la UGPP incluyó
improcedentemente el concepto de incapacidades en el IBC de aportes a los subsistemas
ARL, CCF, ICBF y SENA, pues era a la cooperativa a quien le correspondía ilustrar la
inconsistencia desde el inicio del proceso judicial con indicación de las glosas que en su
sentir fueron afectadas con la supuesta irregularidad, con el fin de que la entidad
demandada ejerciera su derecho de defensa sobre esos puntuales aspectos y el tribunal
hubiera emitido pronunciamiento frente a los mismos.
21
Sentencia del 08 de septiembre de 2022 (exp. 24680, CP. Julio Roberto Piza Rodríguez)
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Se recuerda que es criterio de decisión de esta Sección que el escrito de alzada no es la
oportunidad para que las partes incluyan argumentos novedosos, desconocidos y
ausentes a lo largo del debate judicial, pues supone el planteamiento de asuntos que no
han sido objeto de controversia22 y abordarlos llevaría a incurrir en un fallo incongruente
-artículo 281 del CGP- que, además, violaría los derechos al debido proceso y a la defensa
de la contraparte.
Hechas las anteriores precisiones, se concluye que no le asiste razón a la apelante al
asegurar que el a quo incurrió en defecto fáctico por omisión de valoración probatoria al
verificar únicamente tres glosas del SQL, cuando en la demanda se echa de menos la
identificación de trabajadores y períodos en los que ocurrió la supuesta irregularidad, lo
que a su vez le impide resolver de fondo sobre todos los casos enlistados con ocasión
del recurso como pretende la apelante.
En todo caso, comoquiera que dentro del listado aportado por la cooperativa se incluyeron
los trabajadores que el tribunal revisó, examinadas las glosas estudiadas en el fallo
apelado, se constata que la UGPP no incorporó el valor de la incapacidad en el IBC de
los ajustes por mora en los subsistemas (i) ARL de enero de 2013 respecto de Rosa
Yadira Sarria Romero, (ii) CCF de enero de 2013 frente a Nelson Enrique Osorio Quintero
y (iii) ICBF y SENA de enero de 2013 en cuanto a Jeison Odeiber Giraldo Montoya.
De manera que, no se advierte reparo concreto frente a lo decidido en la sentencia de
primera instancia sobre la novedad la incapacidad y, por consiguiente, corresponde
confirmar en ese sentido la decisión apelada. No prospera el cargo de apelación.
5- En cuanto a las múltiples novedades reportadas en un mismo periodo, como la actora
en la demanda tampoco identificó los trabajadores asociados con esta irregularidad, el
tribunal analizó el caso de un trabajador tomado de los actos acusados para concluir que
las glosas se ajustaron a las previsiones legales y a la información reportada en la nómina
por la cooperativa.
Inconforme con la decisión anterior, la demandante en el recurso de apelación aludió a
que el a quo incurrió en defecto fáctico porque solo verificó un caso para concluir que se
calculó en debida forma el IBC respecto de todos los trabajadores asociados que tuvieron
diversas novedades en un mismo periodo y para el efecto también trajo un listado que
considera debe analizarse en esta instancia judicial.
En igual sentido que en el cargo anterior, no es dable que la demandante con ocasión
del recurso de apelación pretenda subsanar la omisión en que incurrió en la demanda al
no detallar los casos en los que la UGPP habría actuado en forma errada en el cálculo
de los ajustes, por lo que tampoco tiene vocación de prosperidad su argumento referente
a que el tribunal incurrió en defecto fáctico al haber verificado un solo trabajador, cuando
lo cierto es que era su deber identificar desde el inicio del proceso judicial los ajustes
que, a su juicio, fueron calculados de forma errada por la entidad demandada.
Con todo, teniendo en cuenta que dentro del listado aportado por la actora con el escrito
de alzada se incluyó el trabajador revisado por el tribunal en la sentencia recurrida, se
procede a verificar la respectiva glosa correspondiente a los subsistemas salud e ICBF
del mes de septiembre de 2013 respecto de Carvajal Duvian Albeiro, periodo en el cual,
según la información de nómina reportada por la cooperativa, tuvo 2 días de vacaciones
y 11 de incapacidad.
22
Sentencia del 23 de septiembre de 2023 (exp. 27320, CP. Wilson Ramos Girón)
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Con el anterior propósito, se precisa que, como quedó explicado, las normas de los
trabajadores dependientes no aplican al trabajo asociado cooperativo porque hacen
referencia a la relación empleador - trabajador contenidas en la legislación laboral23. Sin
embargo, no ocurre lo mismo con las disposiciones que regulan la afiliación y pago de
los aportes de los trabajadores dependientes, las cuales resultan aplicables al trabajo
asociado cooperativo acorde con el artículo 6 de la Ley 1233 de 200824.
En ese orden, teniendo en cuenta que el artículo 70 del Decreto 806 de 1998 establece
la forma en que se realizan las cotizaciones cuando se presentan, entre otras novedades,
las vacaciones e incapacidades de los trabajadores dependientes, aplica también para
las CTA, según el cual, para efectos de liquidar los aportes cuando el trabajador presenta
incapacidad, la cotización a los subsistemas de salud y pensiones será sobre el valor del
auxilio económico y no se causan cotizaciones al subsistema ARL25. Y cuando las
vacaciones son disfrutadas por el trabajador (i) se deben realizar los pagos a los
subsistemas de salud y pensión, para lo cual debe observarse el IBC anterior al inicio del
descanso, (ii) no se hacen aportes a ARL ante la ausencia de riesgo asegurable26 y (iii)
en el caso de aportes parafiscales, la suma pagada por ese concepto se incluye en la
base de liquidación, puesto que, por disposición legal27, integra la nómina mensual de
salarios.
Así las cosas, verificado el SQL del recurso de reconsideración, se advierte que para el
IBC de salud, cuyo ajuste en los actos fue «Persiste ajuste. Se confirma valor de incapacidad
informado. Debe tomar la totalidad de compensaciones ordinarias y extraordinarias que presenta el
trabajador», la UGPP tomó los mismos valores informados en la nómina reportada por la
actora por concepto de compensaciones ordinarias y extraordinarias, sin alterar ninguna
cifra e incluyendo las sumas por incapacidad y descanso anual compensado señaladas
por la actora28. En igual sentido, para hallar el IBC del subsistema ICBF cuyo ajuste
persistió según lo informado en el SQL del recurso de reconsideración , tomó el total de
compensaciones ordinarias informadas por la demandante sin incluir los conceptos de
incapacidad y descanso anual compensado por tratarse de compensaciones
extraordinarias29.
Por lo anterior, se concluye que no le asiste razón a la apelante única en cuanto a que la
administración efectuó un cálculo errado frente a las novedades en comento, cuando lo
que hizo fue tomar los mismos valores por ella reportados en el curso del proceso de
fiscalización.
Entonces, como no se advierte reparo concreto frente a lo resuelto por el a quo sobre el
cálculo de los ajustes en los periodos con múltiples novedades, corresponde confirmar
en ese sentido la decisión apelada. No prospera el cargo de apelación.
6- La cooperativa actora en la demanda adujo de forma genérica que la UGPP en los
actos demandados alteró los días efectivamente laborados. Comoquiera que la
23
C-211 de 2000 MP. Carlos Gaviria Díaz.
24
Sentencia del 24 de marzo de 2022 (exp. 24724, CP. Stella Jeannette Carvajal Basto)
25
Decreto 1772 de 1994. Artículo 19. «Se consideran novedades: (…)
b) Incapacidad del trabajador (…).
Durante el período de duración de la novedad no se causan cotizaciones a cargo del empleador, al Sistema General de Riesgos
Profesionales, por las contempladas en los literales b, c, d y f, de este artículo».
26
Literal b) ibidem
27
Aplicable para efectos de la liquidación de aportes el artículo 17 de la Ley 21 de 1982
28
Incapacidad $216.150 + compensación ordinaria $589.500 + compensación trabajo suplementario $39.312 + compensación flexible
$430.347 + ajuste compensación extraordinaria $750 + compensación semestral $77.212 + compensación anual diferida $74.961 +
descanso anual compensado en tiempo $37.526 + auxilio, beneficio o ayuda de transporte $70.500 = total IBC salud $1.536.000
(aproximado a mil)
29
Compensación ordinaria $589.500 + compensación trabajo suplementario $39.312 + compensación flexible $430.347 = Total IBC
ICBF $1.059.000 (aproximado a mil)
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demandante omitió aportar una relación de los trabajadores frente a los que considera
dicha irregularidad, el tribunal tomó aleatoriamente tres cooperados para comparar la
información reportada por la aportante en el curso del proceso de fiscalización con la
incluida por la UGPP en el SQL del recurso de reconsideración, producto de lo cual
concluyó que los datos tomados por la administración en la liquidación de aportes se
ajustan a los días informados y a la realidad de los hechos.
La recurrente en el escrito de alzada trajo un listado de trabajadores sin aludir a
subsistemas ni periodos, para indicar que, contrario a lo definido por el tribunal, la UGPP
modificó los días laborados respecto de los asociados allí enlistados.
En ese sentido, nuevamente la parte actora pretende subsanar el hecho de no haber
identificado los trabajadores y periodos relacionados con este cargo, cuando el recurso
de apelación no es la oportunidad para realizar esas precisiones que debieron definirse
desde el inicio del proceso judicial para garantizar el derecho de defensa de la
contraparte. No obstante, teniendo en cuenta que dentro del mencionado listado se
incluyeron dos de los trabajadores analizados por el tribunal, se procede a verificarlos.
Se advierte que en la nómina la aportante informó que, en diciembre de 2013, Luis
Fernando Cardona Bedoya registró 11 días trabajados, 15 de incapacidad y 1 de
vacaciones, información que coincide con la registrada en el SQL del recurso de
reconsideración. En cuanto a Sindy Jakeline Arcila Jaramillo, se tiene que en la nómina
la demandante informó 27 días trabajados, 3 de incapacidad y 6 de vacaciones, para un
total de 36 días que excede los 30 de un periodo mensual, por lo que la UGPP en el SQL
del recurso de reconsideración disminuyó a 21 los días laborados con el propósito de que
en el periodo no se superaran 30 días, aspecto sobre del cual la actora no se refirió ni
justificó la información que reportó y, por consiguiente, no encuentra la Sala mérito para
modificar la decisión recurrida. No prospera el cargo de apelación.
7- La cooperativa actora en la demanda indicó que deben tenerse en cuenta los pagos
realizados que fueron pretermitidos por la administración. El cargo fue resuelto
desfavorablemente por el tribunal al considerar que las planillas fueron aplicadas tanto
en la liquidación oficial como en la resolución que desató el recurso, tal como fue
enunciado en esos actos administrativos.
Con el fin de oponerse a esa decisión, la apelante única controvirtió que el a quo no
verificó las planillas contra las obligaciones determinadas por la UGPP, pues estima que
se limitó a tomar como prueba de su aplicación lo señalado en los actos acusados y, por
tanto, solicitó verificar cada uno de los pagos.
Comoquiera que la actora no precisó los pagos que a su juicio no fueron tenidos en
cuenta por la administración en los actos demandados y esa era una carga que le asistía
en tanto pretende desvirtuar la legalidad de los actos demandados, se procede a revisar
algunos de los trabajadores incluidos en las planillas aludidas por el tribunal y aportadas
con la demanda. De esa forma, se observa que la UGPP aplicó en el SQL del recurso de
reconsideración los pagos reflejados en las siguientes planillas: (i) 23802846 de abril de
2013, subsistema de pensión de Maicol Julio Rosales Yeneris; (ii) 24330217 de julio de
2013 subsistema de pensión de Rubén Darío Rivas Lozano; y (iii) 24987513 de
noviembre de 2013, subsistema ARL de Jorge Alberto Giraldo Devia.
Efectuada la anterior verificación, no es de recibo lo razonado por la actora, toda vez que
las planillas en comento fueron aplicadas en los actos acusados, por lo que la Sala no
encuentra mérito para revocar la decisión recurrida. No prospera el cargo de apelación.
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8- En lo que atañe a los auxilios de transporte y de alimentación, argumentó la actora en
la demanda que fueron pagos no retributivos y no se configuraron como compensación
porque se entregaron para desempeñar las funciones, los cuales fueron incluidos por la
UGPP dentro del IBC de forma arbitraria.
El cargo anterior fue resuelto desfavorablemente por el tribunal al considerar que, si bien
la fuente de derecho de las CTA está constituida por sus estatutos, esa autonomía no es
absoluta porque se sujeta a normas superiores que señalan como únicos pagos las
compensaciones ordinarias y extraordinarias, razón por la cual la demandante no podía
calificar emolumentos con naturaleza diferente, cuando en realidad fueron
compensaciones extraordinarias. La cooperativa controvirtió la anterior decisión al insistir
que era procedente determinar en sus estatutos pagos no constitutivos de compensación,
como los auxilios de movilización y alimentación30, por cuanto no tienen la finalidad de
retribuir el servicio prestado, sino que fueron entregados para desempeñar las labores.
Al efecto, es pertinente traer a colación la regla enunciada en el numeral 3 de la sentencia
de unificación, según la cual, «las sumas que reciba el cooperado que no constituyen compensación,
es decir, las que no se determinan en función del tipo de labor desempeñada (material o inmaterial), el
rendimiento o la productividad y la cantidad de trabajo aportado, no integrarán el IBC de los aportes con
destino al sistema de seguridad social integral ni a las contribuciones especiales. Entre otras, las sumas
de dinero que reciben los trabajadores asociados por concepto de los excedentes de que trata el numeral
3 del artículo 54 de la Ley 79 de 1988, descansos, los pagos cuya finalidad sea el transporte, alimentación,
alojamiento, auxilio de rodamiento, gastos de representación, vestuario y los demás que se paguen para
el cabal cumplimiento de las actividades, en los términos previstos en el régimen de compensaciones».
La citada regla resulta aplicable al presente caso, dado que, del contenido del régimen
de compensaciones de la cooperativa -artículo 7- se extrae que los auxilios de transporte
y de alimentación no retribuyen el trabajo y, por lo tanto, no hacen parte de la base
gravable de aportes, en la medida que no se trata de pagos que constituyan
compensaciones ordinarias o extraordinarias.
Teniendo en cuenta lo anterior, prospera el cargo de apelación formulado por la
demandante lo que conduce a revocar la decisión de primera instancia en ese sentido y
a declarar la nulidad parcial de los actos administrativos demandados.
9- En lo concerniente a los pagos registrados en las cuentas contables de servicios y
diversos, la actora indicó en la demanda que la UGPP tomó algunos de ellos y les dio la
connotación de compensaciones extraordinarias para incluirlos en el IBC de aportes a los
subsistemas de salud, pensiones, ARL y CCF, cuando no obedecieron a la relación de
trabajador asociado y cooperativa, sino a emolumentos adicionales diferentes a los
relacionados en la nómina que debieron sufragar algunos trabajadores para el desarrollo
de su actividad, respecto de los cuales no se debieron efectuar cotizaciones.
El cargo fue negado por el a quo al estimar que tales pagos debieron incluirse en el IBC
como compensaciones extraordinarias, por corresponder a pagos efectuados a los
trabajadores respecto de los cuales no se desvirtuó su carácter retributivo.
Tal decisión fue censurada por la actora al afirmar que los pagos identificados en las
cuentas auxiliares correspondieron a mantenimiento, gastos diversos, servicios y
arriendo, respecto de los cuales la UGPP ni la sentencia apelada señalaron el material
probatorio para determinar que fueron compensaciones extraordinarias con naturaleza
retributiva.
30
En la demanda refiere a auxilios de movilización y alimentación. En la apelación menciona los pagos indicados en el Régimen de
Compensaciones que incluye auxilio de comunicaciones, el cual no será analizado porque no fue enunciado en la demanda.
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En torno al tema, se parte por indicar que acorde con lo señalado en la sentencia de
unificación, las compensaciones ordinarias y extraordinarias comportan emolumentos
que recibe el cooperado como retribución por la ejecución de su actividad material o
inmaterial. En este caso, la UGPP tuvo como compensaciones extraordinarias los pagos
registrados en las cuentas contables correspondientes a mantenimiento, gastos
diversos, servicios y arriendo31 que, según lo ha sostenido la demandante en sede
administrativa y judicial, no retribuyeron el servicio prestado ni tienen el carácter
remuneratorio, siendo que sufragaron gastos para ejecutar las funciones desempeñadas
por los trabajadores.
Revisado el material probatorio se observa que la actora con la demanda allegó un
documento Excel de los pagos efectuados a sus cooperados y que fueron registrados en
las mencionadas cuentas contables, para lo cual aportó los respectivos soportes
documentales, dentro de los cuales se encuentran cuentas de cobro por concepto de
servicios de mantenimiento, compras de insumos, instalación de cámaras de seguridad,
pago de comisiones «por puestos de edificios» y arrendamientos, que dan razón de
corresponder a emolumentos cancelados por fuera del marco del contrato celebrado con
la cooperativa, cuyo propósito fue llevar a cabo funciones propias de vigilancia según el
reporte de nómina remitido por la demandante -excepto José Dubiel Carvajal que fue informado
en el cargo de asesor- y que no debieron incluirse dentro del IBC de cotizaciones.
Por lo tanto, prospera el cargo de apelación formulado por la actora y, por consiguiente,
corresponde revocar la decisión de primera instancia y, en su lugar, declarar la nulidad
parcial de los actos en ese sentido, para que la UGPP recalcule los aportes eliminando
dichas erogaciones de la base gravable.
10- Resta por señalar que la demandante reclama la modificación de la sanción por
inexactitud porque la UGPP tomó como hecho sancionable el IBC determinado que
incluyó pagos que no retribuyeron el servicio prestado.
En esos términos, tiene razón la apelante en cuanto a que es procedente la disminución
de la sanción por inexactitud impuesta en proporción a los cargos resueltos a su favor,
por lo que se ordenará a la administración su reliquidación en ese sentido, manteniéndose
sobre los ajustes que persisten practicados por la UGPP que no fueron desvirtuados y de
acuerdo con la normativa que gobierna los aportes al SPS.
En línea con lo anterior, ante la procedencia parcial de los cargos de apelación
propuestos, corresponde revocar la decisión del tribunal para declarar la nulidad parcial
de los actos demandados acorde con lo señalado en precedencia, debiendo perdurar en
lo demás los ajustes definidos por la UGPP, por cuanto no fueron desvirtuados por la
actora con la respectiva carga argumentativa y probatoria que le asistía.
Conclusión
11- Por lo razonado en precedencia se establece que en el régimen especial de
cooperativas de trabajo asociado, las sumas que reciba el cooperado que no constituyen
compensación ordinaria o extraordinaria y que no se determinan en función del tipo de
labor desempeñada, el rendimiento o la productividad y la cantidad de trabajo aportado,
no integran el IBC de los aportes al SPS.
31
Ver Requerimiento para declarar y/o corregir RCD-2016-00413 del 22 de abril de 2016 pagina 8
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De acuerdo con lo anterior, se revocará la sentencia apelada. En su lugar, se declarará
la nulidad parcial de los actos demandados y se ordenará practicar una nueva liquidación
en la que se eliminen los mayores valores determinados por la UGPP al tomar como
compensaciones extraordinarias los auxilios de transporte y de alimentación, así como
los conceptos de mantenimiento, gastos diversos, servicios y arriendo tomados de las
cuentas contables. La sanción por inexactitud deberá disminuirse en forma proporcional
a los ajustes eliminados. Y se negarán las demás pretensiones de la demanda.
Costas
12- Ante la prosperidad parcial de las pretensiones de la demanda, la Sala se abstendrá
de condenar en costas, conforme con el artículo 365.5 del CGP.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sección Cuarta, administrando justicia
en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Revocar la sentencia apelada. En su lugar, se dispone:
Declarar la nulidad parcial de los actos administrativos demandados.
A título de restablecimiento del derecho, ordenar a la UGPP practicar una nueva liquidación en la
que se eliminen los mayores valores determinados al tomar como compensaciones extraordinarias
los auxilios de transporte y de alimentación, así como los conceptos de mantenimiento, gastos
diversos, servicios y arriendo tomados de las cuentas contables. Disminuir la sanción por inexactitud
en forma proporcional a los ajustes eliminados.
2. Sin condena en costas.
Notifíquese y comuníquese. Devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase.
La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA
Presidenta
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILSON RAMOS GIRÓN
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
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