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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2018-00370-01

Fecha
7 de septiembre de 2023
Consejero ponente
Myriam Stella Gutierrez Arguello

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2018-00370-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA 1. Confirmar la sentencia de primera instancia, proferida el 18 de marzo del 2021, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B. 2. Sin condena en costas en esta instancia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 25000-23-37-000-2018-00370-01

Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello

7 de septiembre de 2023

Radicado: 25000-23-37-000-2018-00370-01 (26560)
Demandante: Stork Latam S.L. Sucursal Colombia

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá, D.C., siete (7) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación 25000-23-37-000-2018-00370-01 (26560)
Demandante STORK LATAM S.L. SUCURSAL COLOMBIA (ANTES STORK
TECHNICAL SERVICES HOLDING B.V. SUCURSAL COLOMBIA)
Demandado DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN
Temas Impuesto sobre la renta para la equidad (CREE) año 2014.
Deducción de costos por servicios de transporte. Impuestos
indirectos. Sujetos de iure y de facto.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la demandada contra la
sentencia del 18 de marzo del 2021, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B1, que resolvió lo siguiente:
“PRIMERO: DECLARAR la nulidad de la Liquidación Oficial de Revisión No. 900.004 del 12
de febrero de 2018, por medio de la cual se modificó la declaración privada del impuesto sobre
la renta para la equidad CREE, presentada por la sociedad demandante por el año 2014, de
conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.
SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho
DECLARAR la firmeza del denuncio privado del impuesto sobre la renta para la equidad
CREE, correspondiente al año 2014, presentado por la sociedad Stork Technical Services
Holding B.V. con el formulario No. 1402602896424 del 16 de agosto de 2016.
TERCERO: Por no haberse causado ni demostrado, no se condena en costas.
CUARTO: NOTIFICAR por correo electrónico la presente providencia a las siguientes
direcciones informadas por las partes, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 28 y
31 del Acuerdo PCSJA20-11567 del 05 de junio de 2020:
(…)
QUINTO: Archivar el expediente, una vez ejecutoriada esta providencia, previas las
anotaciones de rigor.

ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA

El 16 de abril de 2015, Stork Latam S.L. Sucursal Colombia (antes Stork Technical
Services Holding BV Sucursal Colombia) presentó la declaración del impuesto sobre
la renta para la equidad (CREE) correspondiente al año gravable 2014, en la cual
registró un saldo a favor que fue compensado por la DIAN mediante la Resolución
Nro. 608-2538 del 17 de agosto de 2016.

Previo requerimiento especial2, su ampliación3 y la respuesta al requerimiento4, el

1 Samai Tribunal, índice 28. PDF “1SENTENCIA_SENTENCIA(.PDF) Nro Actua 28.”
2 Requerimiento especial Nro. 32240201600900011 del 21 de diciembre de 2016
3 Ampliación al Requerimiento Especial Nro. 900002 del 14 de junio de 2017
4 El contribuyente no dio respuesta a la ampliación, pero si al requerimiento especial, el día 22 de marzo de
2017
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Radicado: 25000-23-37-000-2018-00370-01 (26560)
Demandante: Stork Latam S.L. Sucursal Colombia

12 de febrero de 2018, la DIAN expidió la Liquidación Oficial de Revisión Nro.
900004, en la cual modificó la declaración privada para desconocer costos, liquidar
un mayor impuesto a cargo e imponer sanción por inexactitud para así disminuir el
saldo a favor a la suma de $320.809.000.

La sucursal demandó directamente la liquidación oficial mencionada, en aplicación
del mecanismo per saltum, previsto en el parágrafo del artículo 720 del Estatuto
Tributario.

ANTECEDENTES DEL PROCESO

Demanda

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
contemplado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), la parte demandante formuló las
siguientes pretensiones5:
“PRINCIPALES
1. Que se declare la nulidad total de la Liquidación Oficial de Revisión No. 900004 del 12 de
febrero de 2018 proferida por la División de Gestión de Fiscalización de Personas
Jurídicas de la Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá D.C., por medio de la cual se
modificó oficialmente la declaración del impuesto sobre la renta para la equidad (CREE)
presentado por la Compañía por el año gravable 2014.
2. Que como consecuencia de lo anterior se restablezca el derecho de STORK declarándose:
a. Que no hay lugar a liquidar un mayor impuesto por valor de $329.718.000 (sic) ni la
sanción por inexactitud calculada a la tarifa del 160%(sic) por valor de $527.549,000
(sic), determinados en el acto administrativo que se demanda6.
b. Que como consecuencia de lo anterior se declare la firmeza de la declaración del
Impuesto sobre la renta para la equidad (CREE), presentada por STORK por el año
gravable 2014 y se ordene el archivo del expediente abierto en contra de mi
representada.
c. Que se declare que no son de cargo de STORK las costas en que hubiere incurrido
la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales con relación a la actuación
administrativa demandada, ni las de este proceso.
3. Que se condene en costas y agencias en derecho a la U.A.E. Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales.
SUBSIDIARIA
1. Que se declare, en virtud del principio de favorabilidad. que la imposición de la sanción
por inexactitud prevista en la Liquidación Oficial de Revisión No. 900004 del 12 de febrero
de 2018, corresponde al valor de $329.718.000 (sic), calculado a la tarifa del 100%, y no
al valor de $527.549.000 (sic), calculado a la tarifa del 160% (sic).”

A los anteriores efectos, la demandante invocó como violados los artículos 83, 95
numeral 9, 29 y 363 de la Constitución Política, 42 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y 476, 617, 742 y 771-2 del
Estatuto Tributario.

Los conceptos de violación de esas disposiciones se resumen así:
5 Samai, índice 2, PDF: “ED_DEMANDA_01DEMANDAYANEXOS(.pdf) NroActua 2”.
6 Si bien en la demanda aparecen estos valores y porcentaje, lo cierto es que de acuerdo con la Liquidación
Oficial de Revisión el mayor impuesto corresponde a $334.016.000, y la sanción por inexactitud fue
calculada a la tarifa del 100% por valor de $334.016.000.
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Demandante: Stork Latam S.L. Sucursal Colombia

1. Nulidad por indebida aplicación del artículo 476 del Estatuto Tributario –
servicio de transporte contratado por STORK.

Reprochó la propuesta de la DIAN de rechazar la deducción de “$3.165.267.000”
correspondiente al pago de transporte de personal realizado a diversas empresas
durante el año 2014, al estimar que las facturas que soportaban el gasto no
contenían el IVA que ha debido ser causado al ser un servicio de transporte
netamente privado.

Comentó que el servicio contratado es público y, por tanto, excluido de IVA, sobre
lo cual transcribió los artículos 5 y 6 del Estatuto Nacional de Transporte (Ley 336
de 1996) y la sentencia C-033 de 2014 de la Corte Constitucional. Explicó que el
objeto del servicio de transporte público es la movilización de personas o cosas de
un lugar a otro, a cambio de una contraprestación, lo cual concuerda con el
contratado por STORK para movilizar su personal, con el fin de que desempeñaran
sus funciones. Aclaró que dicha movilización no se realizó dentro del ámbito
exclusivamente privado de la sucursal, pues el servicio no se prestó solamente a
esta, ni bajo sus lineamientos o poder de mando y, que, si bien se prestó de manera
preferente a los empleados de la compañía, ello no implica exclusividad.

Diferenció el transporte público del privado para aseverar que la actora se vio en la
necesidad de pagar a varias empresas el servicio, por la necesidad de movilizar al
personal hasta sus diferentes sitios de trabajo, en un contexto de libre competencia
y según la disponibilidad de estas. Resaltó que es claro que el servicio contratado
se prestó bajo el ámbito de lo público, no solo por la preocupación de la sucursal
por analizar si las empresas transportadoras contaban con las medidas de
seguridad necesarias para proteger la integridad de sus usuarios, sino también
porque la prestación fue continua e ininterrumpida, al no ser un servicio ofertado
exclusivamente a STORK, ni existir contrato de compraventa o arrendamiento de
vehículos que impidiera a terceros acceder al mismo.

Agregó que el servicio de transporte público es una actividad sujeta a un alto grado
de intervención estatal, de allí que la actora se cercioró de que las empresas
prestadoras no solo se encontraran vigiladas por el Ministerio de Transporte, sino
que también cumplieran con la regulación que al respecto se emitiera. Dijo que si
bien es cierto que uno de los requisitos para referirse al servicio público de
transporte es que este se preste a través de empresas organizadas y habilitadas
para tal fin, dicha característica no es definitoria para distinguirlo de los servicios
privados. No obstante, aportó las resoluciones que demuestran que las empresas
transportadoras estaban debidamente constituidas bajo los parámetros de la
normatividad nacional, demostrando su debida diligencia.

Advirtió que las empresas operadoras de transporte público deben contar con una
capacidad transportadora específica, autorizada para la prestación del servicio, con
equipos matriculados para tales efectos, circunstancia cuyo cumplimiento se puede
constatar con los documentos que aportó. Reparó que otro requisito esencial del
servicio de transporte público es la celebración de un contrato de transporte entre
la empresa y el usuario, relación contractual que se demostró en sede administrativa,
cuyo objetivo fue movilizar el personal de STORK a sus sitios de trabajo.

En consecuencia, descartó la conclusión de la DIAN respecto a la existencia de un
servicio de carácter privado y se refirió a los Conceptos DIAN Unificado de IVA No.
00001 de 2003 y 011212 de 2015.
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2. Nulidad por indebida aplicación del artículo 476 del Estatuto Tributario –
servicio de transporte contratado por el Consorcio Turnarounds Alliance.

Cuestionó el rechazo de la deducción por valor de $546.023.589 propuesto por la
DIAN por concepto del servicio de transporte contratado a través del Consorcio
Turnarounds Alliance, en el cual STORK tiene una participación económica del 30%
según Acuerdo Consorcial de 23 de febrero de 2013.

Transcribió la definición de consorcio de la Ley 80 de 1993 y el artículo 18 del
Estatuto Tributario para explicar que estos no son contribuyentes del impuesto sobre
la renta y, por ende, las partes que lo conforman están llamadas a declarar de
manera independiente las deducciones que correspondan, en proporción a su
participación, que, en el caso de STORK, era del 30%. Citó en apoyo el Concepto
DIAN 010795 de 2017 y expuso que los actos impugnados contrarían la propia
doctrina de la demandada, con lo cual se vulneran los principios de legalidad y
confianza legítima.

3. Nulidad del acto administrativo por indebida aplicación del artículo 771-
2 del Estatuto Tributario.

Precisó, a partir del artículo 617 del Estatuto Tributario, que las facturas aportadas
al expediente como soporte de los servicios de transporte sí contenían la
discriminación del IVA de que trata el literal c) de dicha disposición, el cual, para el
caso, fue incluido en 0 pesos. Al efecto, presentó transcripción de una factura.

Sostuvo que el hecho de que el prestador del servicio no hubiese cobrado IVA no
puede repercutir contra la sucursal al no ser esta responsable de la obligación
tributaria, pues en los impuestos indirectos es diferente el responsable de la
obligación tributaria y el sujeto pasivo económico del mismo y, una cosa es el
cumplimiento de la obligación en cabeza del emisor de la factura y otra el pago del
impuesto que se realiza con base en la misma 7 . Acotó que, en este caso, el
prestador del servicio consideró que el mismo no se encontraba gravado por ser
público, por lo cual la DIAN debe iniciar un procedimiento de determinación contra
el responsable del IVA y no contra STORK, debiendo considerarse la buena fe de
la sucursal al pagar las facturas confiando en que las transportadoras ceñían su
actuar a la ley.

Concluyó que, aceptar la posición de la DIAN equivaldría a trasladar una carga
administrativa a los contribuyentes que adquieren bienes o servicios, consistente en
la fiscalización de sus proveedores, pues la ley solo establece que el adquirente
debe revisar los requisitos formales de la factura para la aceptación de costos, pero
no la naturaleza sustancial del servicio para establecer su sujeción al IVA.

4. Nulidad por indebida o falta de motivación del acto administrativo.

Afirmó que los actos impugnados esbozan argumentos carentes de justificación, al
basarse en motivos equivocados e insuficientes para modificar la declaración8, pues
la DIAN debió fundar su decisión en “hechos verdaderos que probaran que STORK incumplió
el deber de liquidar y cobrar el correspondiente IVA en las facturas de servicios de transporte
personal (…)”.

7 Trajo a colación la sentencia del 8 de agosto de 2014, rad. 25000232700020100012901, C.P. Carmen
Teresa Ortiz del Consejo de Estado y el Concepto DIAN 34113 de 2017.
8 Al respecto, citó las sentencias C-279 de 2007 de la Corte Constitucional, del 12 de octubre de 2011, exp.
1982-10, del 22 de marzo de 2012, exp. 18444 y del 29 de abril de 2015, exp. 15204 del Consejo de Estado.
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5. Improcedencia de la sanción por inexactitud.

Estimó que no se configuró hecho sancionable por cuanto los datos y cifras
denunciados son completos y verdaderos, pues las deducciones están
demostradas. Después de citar jurisprudencia y doctrina de la DIAN9, reiteró que las
cifras declaradas son reales y están soportadas, por lo que la sanción no se puede
imponer de plano toda vez que no hay conducta sancionable.

Solicitó que, si en gracia de discusión se considerase que a STORK le es imputable
la sanción por inexactitud, se aplicara el principio de favorabilidad, reduciendo la
tarifa al 100%10, de conformidad con el artículo 288 de la Ley 1819 de 2016, y
liquidándola en cuantía de $329.718.000.11

6. Procedencia de la condena en costas y agencias en derecho.

A partir de la referencia a la sentencia C-043 de 2004 de la Corte Constitucional, las
definiciones del Código General del Proceso y la sentencia de 30 de agosto de 2016,
exp. 20508 del Consejo de Estado (que cita apartes de la sentencia del 6 de julio de
2016, exp. 20486) consideró que procedía la condena en costas y agencias en
derecho debido a la conducta omisiva de la DIAN. Explicó que no se realizó un
análisis serio de las pruebas y de los argumentos presentados, lo que le ha
generado un perjuicio grave al tener que incurrir en gastos para defender sus
intereses y congestionando el aparato judicial.

Se reservó el derecho a aportar las facturas pagadas a la firma Deloitte Asesores y
Consultores Ltda., como asesores, allegando el contrato de prestación de servicios
profesionales en donde consta el valor pactado por los servicios y pidió tener en
cuenta el Acuerdo No. PSAA16-10554 de agosto de 2016 del Consejo Superior de
la Judicatura.

Oposición de la demanda

La DIAN controvirtió las pretensiones de la demanda con los siguientes
argumentos12:

Frente a la motivación de los actos aclaró que estos fueron expedidos en
cumplimiento de las exigencias legales y que su forma y contenido corresponden a
las pruebas que reposan en los antecedentes administrativos. Anotó que la
motivación no es solo sumaria, sino bastante extensa y detallada, y se fundó en las
normas que regulan la obligación de practicar retención en la fuente a título de renta
e IVA.

Respecto del rechazo de los costos por servicios de transporte de personal y
la deducción del costo por servicio de transporte del Consorcio Turnarounds
9 Con fundamento en las sentencias del 22 de marzo de 2011, exp. 17286, C.P. Hugo Fernando Bastidas
Bárcenas, del 19 de mayo de 2011, exp. 18039, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia, del 10 de marzo
de 2011, exp. 16966, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia, C-571 de 2010. M.P. María Victoria Calle
Correa de la Corte Constitucional y los Conceptos DIAN 050941 de 2011 y 124515 de 2000.
10 Sin perjuicio de lo señalado por la demandante, la Liquidación Oficial de Revisión liquidó la sanción con
una tarifa 100% y el valor correspondió a $334.016.000
11 Sobre el tema citó las sentencias C-922 de 2001 y C-592 del 2005 de la Corte Constitucional, y 20517 del 2
de febrero de 2017, 20747 del 3 de agosto de 2016, 20087 de 12 de noviembre del 2015 del Consejo de
Estado.
12 CP1 Fls. 146 a 159 reverso y Samai, índice 2,
PDFED_CUADERNO1NULIDADYRESTABLECIMIENTODELDERECHO_24CONTESTACIONDEMANDCONTESTACIÓNREFO
RMADEMANDA NroActua 2”
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Alliance recordó que la DIAN desconoció el costo de ventas por cuanto consideró
probado que en todas las facturas no se discriminó el IVA, y se determinó que la
operación que originó los costos era un servicio privado de transporte gravado, en
lugar de estar excluido como lo alega la actora, y, por tanto, se cuestionó el
cumplimiento de los requisitos de las facturas, no la operación.

Reseñó los objetos de los contratos suscritos entre las transportadoras y la sucursal,
así como las facturas que indican la ruta del recorrido, las placas de los vehículos,
el balance de prueba del consorcio y el acuerdo consorcial para indicar que el
servicio contratado satisface exclusivamente las necesidades de la actora y, en
consecuencia, es de carácter privado, con fundamento en el artículo 5 de la Ley 336
de 1996 y la sentencia C-033 de 2014 de la Corte Constitucional. Añadió que en los
servicios contratados por la sucursal se observa que los traslados de personal se
realizan dentro de los horarios y rutas indicadas por el contratante, garantizando la
disponibilidad del personal y los vehículos en las condiciones requeridas por este,
a pesar de que las empresas prestadoras sean de transporte público legalmente
habilitadas y se cumplan las normas de seguridad, dado que esto último no
desnaturaliza el carácter privado del servicio.

Precisó que la demandante citó el Concepto 00001 de 2003 de manera
descontextualizada. Agregó que, como el servicio satisface exclusivamente las
necesidades de la actora, es de carácter privado, por lo que se debió discriminar el
IVA en las facturas que soportaron el costo, de allí que se incumplió el requisito del
literal c) del artículo 617 del Estatuto Tributario. Aseveró que el hecho de que las
facturas discriminen el IVA en ceros confirma que no se liquidó el impuesto en
operaciones que sí eran gravadas, de manera que el rechazo de los costos era
procedente.

En torno a la aplicación del artículo 771-2 del Estatuto Tributario, recalcó que
los servicios de transporte contratados por la sucursal eran privados y sujetos a IVA,
el cual debió discriminarse en la factura, para que fungiera como soporte del costo,
requisito que se incumplió.

Consideró que la sanción por inexactitud era procedente por cuanto se registraron,
con conocimiento y voluntad, datos incompletos en la declaración que derivaron en
un menor saldo a pagar sin que, en este caso, se configurara una diferencia de
criterios (incluso por razones probatorias), ni existiera doctrina oficial contradictoria,
ni estuviera desvirtuada la presunción de legalidad de las normas en que se basaron
los actos. Agregó que se aplicó el principio de favorabilidad de la Ley 1819 de 2016,
al liquidar la sanción con la tarifa del 100%.

Frente a la condena en costas, anotó que el artículo 188 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo exime de ella en
los procesos en donde se ventile un interés público, como el que subyace en los
asuntos tributarios, lo cual implica que a la DIAN no se le pueda condenar bajo un
criterio funcional (por oposición a un criterio subjetivo), al realizar actos que implican
un interés público. Estimó que condenar en costas implicaría violar el espíritu de
justicia y solicitó que, de ser condenada, se fijaran los gastos del proceso dentro de
los límites de los acuerdos del Consejo Superior de la Judicatura.

Sentencia apelada

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró la nulidad de los actos
6

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demandados, con fundamento en las siguientes consideraciones y previa reseña de
las actuaciones de la investigación13.

Se refirió a la factura y sus requisitos legales, como condición para el
reconocimiento de costos deducibles, a partir de los artículos 617 y 771-2 del
Estatuto Tributario, y la posibilidad de desconocer la deducibilidad ante el
incumplimiento de estos.14

Precisó que la obligación de facturar el IVA es exclusiva del sujeto responsable del
impuesto, prestador del servicio o vendedor del bien, por lo que el incumplimiento
de este requisito no puede atribuirse al adquirente, de suerte que, en los casos en
que se demuestre que efectivamente hubo una compra de un bien o servicio
exhibiendo la factura, el costo debe ser deducible, aun cuando en la misma no se
especifique el IVA pagado en la operación. Para el efecto citó la sentencia C-733 de
2003 de la Corte Constitucional.

Clarificó que, en todo caso, esta exigencia solo es predicable de bienes o servicios
gravados con IVA y no de aquellos excluidos, como el transporte público de
personas, en donde no es necesario que repose la descripción del IVA pagado.

Con fundamento en el artículo 5 del Estatuto General del Transporte, las sentencias
C- 981 de 2010 y C-033 de 2014 de la Corte Constitucional y el Concepto 1740 de
mayo de 2006 de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, definió
el contrato y el servicio público de transporte, y sus características, por oposición al
servicio privado de transporte que satisface necesidades propias de movilización de
personas naturales y jurídicas.

Sobre el caso concreto resaltó que, en el proceso de determinación oficial
adelantado por la DIAN, la única consideración que utilizó dicha entidad para
rechazar costos por valor de $3.711.290.000 es que no se discriminó el IVA pagado
por el servicio de transporte en las facturas que soportaron los mismos,
incumpliéndose así el literal c) del artículo 617 del Estatuto Tributario.

Analizó los soportes contables de la demandante y del Consorcio Turnarounds
Alliance y encontró que el valor desconocido correspondía a servicios de transporte
contratados por la actora con terceros, directamente y a través del consorcio.

Relacionó los contratos suscritos directamente por la demandante, sus objetos y las
facturas de venta, para concluir que el servicio de transporte satisfizo las
necesidades propias de la actora, pues se trasladó personal de STORK a los puntos
indicados por esta, para ejercer las labores de extracción de petróleo y gas, siendo
un servicio privado de transporte, pues los horarios y rutas eran indicados por la
demandante como contratante, sin perjuicio de que los contratistas estuviesen
habilitadas por el Ministerio de Transporte o que tuvieran o no vehículos propios
para trasladar el personal.

Con todo, evidenció que, a pesar de ser un servicio privado gravado con IVA, la
responsabilidad de determinar tal tratamiento y facturar el impuesto era del
prestador del servicio como responsable del recaudo, por lo que la DIAN debió
fiscalizar a los proveedores y no trasladar dicha responsabilidad a la demandante,

13 Samai Tribunal, índice 28. PDF “1SENTENCIA_SENTENCIA(.PDF) Nro Actua 28.”
14 Sobre lo anterior citó la sentencia del 28 de junio de 2010, exp. 16791, C.P. Carmen Teresa Briceño de
Valencia del Consejo de Estado.
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pues ninguna norma así lo exige. Aclaró que el desconocimiento del literal c) del
artículo 617 del Estatuto Tributario es atribuible a quienes vendieron el servicio de
transporte, en tanto son sujetos encargados de facturar el IVA.

Sobre el servicio contratado por el Consorcio, encontró probado que la sucursal
tenía un 30% de participación y relacionó las facturas de venta expedidas por
concepto de servicios de transporte a este, indicando que ese porcentaje
correspondía al valor tomado por la actora como costo deducible, a prorrata de su
participación en el Consorcio, conforme con el artículo 18 del Estatuto Tributario.
Con base en idénticos argumentos a los expuestos en los servicios de transporte
contratados directamente, indicó que el costo sí era procedente.

No condenó en costas al no encontrarlas probadas en el expediente.

Recurso de apelación

La demandada apeló la decisión de primera instancia con fundamento en lo
siguiente15:

Sobre la deducción de costos por los servicios de transporte, reiteró que el rechazo
obedeció a que: i) la Administración probó que el IVA pagado no se discriminó en
las facturas, ii) la operación generadora del costo correspondía a un servicio privado
de transporte gravado con IVA y iii) la DIAN no cuestionó la realidad de la operación,
sino el incumplimiento de un requisito esencial exigido por el legislador en la factura.

Resaltó que las facturas aportadas incumplen el requisito del literal c) del artículo
617 del Estatuto Tributario, pues los pagos se originan en un servicio gravado con
IVA, requisito que echa de menos la Administración en los soportes del costo, pues
en las facturas no se discriminó dicho tributo, incumpliéndose el artículo 771-2
ibidem, sobre lo cual transcribió apartes de la Liquidación Oficial de Revisión. Hizo
hincapié en que la DIAN probó, más allá de toda duda razonable, que el servicio de
transporte contratado fue privado, pues satisfizo necesidades exclusivas de la
sucursal, dentro de las rutas y horarios por ella definidos, tal como lo concluyó el
Tribunal. Citó en apoyo el artículo 5 de la Ley 336 de 1996 y la sentencia C-033 de
2014 de la Corte Constitucional.

A partir de los artículos 26, 617 y 771-2 del Estatuto Tributario y la sentencia C-733
de 2003 de la Corte Constitucional, concluyó que el servicio de transporte privado
de personas se encuentra sujeto al impuesto sobre las ventas, por lo cual en las
facturas de venta debió discriminarse dicho tributo para que el adquirente pudiera
llevarlo como costo fiscal, presupuesto que incumplió la actora.

Estimó procedente la sanción por inexactitud, pues el declarante registró datos
incompletos de manera voluntaria y con conocimiento que derivaron en un menor
saldo a pagar, sin que se configurara diferencia de criterios, ni existiera doctrina
oficial contradictoria, ni estuviera desvirtuada la presunción de legalidad de las
normas en que se basaron los actos. Reiteró que en sede administrativa se aplicó
el principio de favorabilidad sancionatoria.

15 Samai Tribunal, índice 30, ZIP
“3RECIBEMEMORIALES_APELSENTENCIADDADA_EXPEDIENTE__25000233700020180037000_MAGISTRADA_PONENTE
__DOCTORA_CARMEN_AMPARO_PONCE_DELGADO_ASUNTO__RECURSO_DE_APELACION_(.ZIP) NroActua 30”
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Oposición al recurso de apelación

La demandante no presento oposición a la apelación.

Intervención del Ministerio Público

El Ministerio Público guardó silencio.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

La demandada fundamentó su desacuerdo con la sentencia de primera instancia,
dado que, en su concepto las facturas aportadas por la actora para demostrar los
costos del servicio de transporte no cumplen el requisito del literal c) del artículo 617
del Estatuto Tributario, toda vez que el IVA no se discriminó, por lo cual estos
documentos no son soportes válidos del costo deducido, en los términos del artículo
771-2 ibidem y, en consecuencia, la sanción por inexactitud es procedente.

Para resolver, y reiterando lo expuesto en las sentencias del 15 de junio de 2023,
expediente 26648, C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello y del 27 de abril de 2023,
expediente 27050, C.P Stella Jeanette Carvajal Basto, la Sala recuerda que los
impuestos pueden clasificarse en directos e indirectos, los cuales se diferencian por
diversos factores dentro de los cuales se destaca el fenómeno de la sustitución del
deudor tributario.

Por regla general, el contribuyente realiza el hecho generador y, como sujeto pasivo
del tributo, es deudor de la obligación jurídica consistente en pagar una suma de
dinero. No obstante, por razones de eficiencia tributaria, en los impuestos indirectos,
como lo es el IVA, la doctrina y la jurisprudencia16 distinguen entre el sujeto pasivo
“de iure” y el sujeto pasivo “de facto o socioeconómico”, siendo el primero quien
tiene la obligación jurídica de pagar, sustituyendo al sujeto de facto en su calidad de
deudor ante el Estado. Deudor que debe responder en caso de incumplir dicho
deber, mientras que el segundo solo soporta los efectos económicos del tributo.

En esencia, lo que ocurre en los impuestos indirectos, como el IVA, es un traslado
de la carga económica, que no de la jurídica, al consumidor17, por lo cual, a los ojos
del Estado, el responsable del tributo es titular jurídico de la obligación sustancial,
es decir el responsable del IVA, que, por regla general es el vendedor del bien o el
prestador del servicio. Esto tiene profundas implicaciones para definir la aplicación
de los beneficios o condiciones tributarias especiales, como las exclusiones, que
“operan para todos aquéllos casos en que no se cumplen todos los elementos esenciales del tributo,
(…), y pueden derivarse tanto de la misma definición del gravamen de que se trate, en cuanto
corresponden a supuestos no comprendidos dentro de sus límites conceptuales, y/o de la ley, cuando
ella las dispone expresamente, ya sea con carácter subjetivo u objetivo, dependiendo de los
supuestos previstos para las mismas.”18

Como quiera que la prestación de servicios constituye hecho generador del IVA,
según el 420 del Estatuto Tributario, y nuestra legislación contempla diversos
supuestos para que operen las exclusiones objetivas sobre ciertos servicios, según
lo señalado en el artículo 476 ibidem, el responsable del impuesto -prestador del
16
Entre otras: Corte Constitucional. Sentencia C-550 de 2019. M.P. Diana Fajardo Rivera y Consejo de Estado,
Sección Cuarta, sentencia del 23 de septiembre de 2021, exp. 24766, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
17 Corte Constitucional. Sentencia C-412 de 1996. M.P. Alejandro Martínez Caballero.
18 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 6 de diciembre de 2012, exp. 18700, C.P. Carmen
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servicio- como titular jurídico de la obligación sustancial y oferente de la prestación
es el llamado a determinar si las circunstancias de tiempo, modo y lugar bajo las
cuales ejecuta el servicio se enmarcan dentro de los supuestos que habilitan o no
la procedencia de la exclusión.

No es una labor del sujeto pasivo de facto o consumidor del servicio calificar el
mismo, para determinar si procede o no la causación del impuesto o la exclusión de
este, pues su rol en la relación jurídica tributaria es simple y llanamente asumir la
carga económica del tributo. Naturalmente que una exclusión le beneficia, por
cuanto puede derivar en la reducción o anulación de la carga económica, pero no
por esto se le puede endilgar deberes que no le corresponden.

Quien está obligado al pago y cumplimiento de los deberes formales asociados al
tributo, tales como expedir las facturas y presentar las declaraciones es el
responsable del IVA, con lo cual es el llamado a realizar el análisis de sujeción de
la transacción. Lo anterior, además, resulta lógico pues quien mejor conoce el
servicio y sus condiciones de prestación es su oferente, lo cual le permite determinar
si se encuentra frente al hecho generador o alguna de sus exenciones o
exclusiones, mientras que el consumidor, en sujeción al principio constitucional de
buena fe, se limita a soportar la carga económica del tributo con plena confianza en
la información plasmada en la factura de venta y, bajo los términos y condiciones
del contrato.

Descendiendo al caso concreto se encuentra que, la demandante contrató, de
manera directa y también como parte del consorcio, la prestación del servicio de
transporte con las siguientes empresas, tal como consta en el expediente:
Cooperativa de Transportes Cupiagua, Transportes El Morro SAS, Cooperativa Multiactiva de
Transportes y Servicios Integrados de Casanare Ltda., Casanare Express Ltda., Transporte y
Servicios Nacionales SAS, Transportes Piedemonte SAS y Cooperativa Multiactiva de Transportes
Escolares y Especiales Ltda.

De las operaciones contratadas reposan copias de las facturas de venta expedidas
por los proveedores19, en donde se evidencia que los servicios de transporte se
facturaron sin IVA, pues según consta en el expediente dichos prestadores
consideraron que el servicio de transporte era público y se enmarcaba entonces
dentro de los supuestos de la exclusión de IVA contenidos en numeral 2 del artículo
476 del Estatuto Tributario.

A partir de lo expuesto la Sala comparte las conclusiones del Tribunal, en el sentido
de que la calificación realizada por el prestador del servicio frente a la sujeción de
la transacción no puede implicar, en caso de errar, consecuencias adversas para el
adquirente, que en este caso se tradujeron en un rechazo de la deducción del costo
por parte de la DIAN, por cuanto la responsabilidad de la sucursal, como adquirente,
es económica y no jurídica. Es el responsable, como obligado sustancial, el llamado
a soportar los efectos de la recalificación propuesta por la Administración Tributaria
en torno a la procedencia del gravamen del servicio, al considerarlo como un
servicio de transporte privado y no público.

Así, si bien los requisitos exigidos en los artículos 617 y 771-2 del Estatuto Tributario
se dirigen al adquirente del servicio, quien es el que registra el costo, la verificación
de los requisitos de la factura de venta no implica la obligación de evaluar los efectos
tributarios del servicio prestado por un tercero, pues cada una de las partes de la

19 Caa 1, 2 y 3. Fls. 89 a 100, 108 a 120, 133 a 158, 167 a 177, 183 a 187, 210 a 231 y 265 a 286.
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transacción realiza el análisis de las consecuencias fiscales de sus operaciones en
lo que a ellas atañe, y considerando su posición dentro de la obligación tributaria,
por lo que, se insiste, determinar la sujeción al IVA en el servicio de transporte le
corresponde al prestador y no al consumidor.

En todo caso, se evidencia que las facturas aportadas no incumplen el requisito del
literal c) del artículo 617 del Estatuto Tributario. Nótese que la norma obliga a
discriminar el IVA pagado, y, dado que el prestador consideró que la operación
estaba excluida, no se pagó el tributo, de suerte que las facturas no discriminaban
valor alguno por dicho concepto, lo cual significa que, para el adquirente, sí se
cumplían los requisitos enunciados en la norma, con lo cual los documentos eran
válidos para soportar el costo del servicio de transporte.

A partir de lo anterior, es decir considerando que la deducción del costo era
procedente, y, en esa medida no había datos o factores falsos o inexactos que
derivasen en un menor impuesto, es claro que la sanción por inexactitud es
improcedente por ausencia de conducta sancionable.

No habrá condena en costas o expensas del proceso en esta instancia, en razón a
que en el proceso no se comprobó su causación como lo exige el numeral 8 del
artículo 365 del Código General del Proceso, norma aplicable por remisión expresa
del artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

Al respecto, es importante precisar que si bien el demandante adjunto como anexo
de la reforma a la demanda el contrato de prestación de servicios suscrito con la
firma que lo representó, en el mismo se observa que, sin perjuicio de que se
menciona que se atendería la segunda instancia de ser necesario, en la página 14
los honorarios allí pactados sólo se refieren a la primera instancia del proceso
contencioso administrativo, cuando señalan que se causaran honorarios en SMMLV
por “Elaboración de la demanda per saltum”, y, no hay pruebas adicionales en el
expediente que permitan corroborar la causación de las costas en esta sede, de
manera que no se condenará en esta instancia.

De conformidad con lo expuesto, se confirma la sentencia apelada, y no se
condenará en costas en esta instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
de Colombia y por autoridad de la ley.

FALLA

1. Confirmar la sentencia de primera instancia, proferida el 18 de marzo del
2021, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta,
Subsección B.

2. Sin condena en costas en esta instancia.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al tribunal de
origen. Cúmplase.

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La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRÓN
Aclaró el voto

12

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