RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 25000-23-37-000-2018-00390-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2018-00390-01

Fecha
9 de febrero de 2023
Consejero ponente
Myriam Stella Gutierrez Arguello

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2018-00390-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA 1. Reconocer personería a la abogada Lina Constanza Villarreal Peña, identificada con cédula de ciudadanía 1.018.443.527 de Bogotá y T.P. 295.832 del CSJ como apoderada de la DIAN, en los términos y para los fines del poder que obra a índice 13 de Samai. 2. Confirmar la sentencia apelada. 3. No condenar en costas en esta instancia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 25000-23-37-000-2018-00390-01

Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello

9 de febrero de 2023

Radicado: 25000-23-37-000-2018-00390-01 (26795)
Demandante: Fajobe S.A.S.

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá, D.C., nueve (9) de febrero de dos mil veintitrés (2023)

Referencia Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación 25000-23-37-000-2018-00390-01 (26795)
Demandante FAJOBE S.A.S.
Demandado DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN
Tema Sanción por devolución y/o compensación improcedente.
Impuesto sobre la renta año gravable 2012. Reiteración
jurisprudencial.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la demandada contra la
sentencia del 10 de febrero de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A, que dispuso1:
“PRIMERO. DECLÁRASE la nulidad de la Resolución No. 312412017000017 del 03 de marzo
de 2017, por medio de la cual la entidad demandada impuso a la sociedad actora, la sanción
por improcedencia de las devoluciones y/o compensaciones, establecida en el artículo 670 del
Estatuto Tributario; y de la Resolución No. 001430 del 19 de febrero de 2018, a través de la
cual la Subdirección de Gestión de Recursos Jurídicos de la Dirección de Gestión Jurídica –
U.A.E. DIAN confirmó la anterior al desatar el recurso de reconsideración interpuesto, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.
SEGUNDO. A título de restablecimiento del derecho, DECLÁRESE que la sociedad
demandante no está obligada a pagar la obligación contenida en los actos administrativos
anulados.
TERCERO Sin condena en costas.
(…)

ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA

El 26 de marzo de 2013, Fajobe S.A.S. presentó la declaración del impuesto sobre
la renta del año gravable 2012, en la cual registró un saldo a favor de
$1.620.306.000. El 9 de mayo de 2013, el contribuyente presentó solicitud de
devolución y/o compensación de ese saldo a favor.

El 25 de julio de 2013, Fajobe S.A.S. presentó declaración de corrección del
impuesto sobre la renta del año gravable 2012 disminuyendo la pérdida fiscal sin
modificar el saldo a favor.

El 14 de agosto de 2013, la DIAN ordenó la compensación del saldo a favor
solicitado, mediante la Resolución Nro. 6282-0660.

El 12 de septiembre de 2014, previa solicitud del contribuyente, la Administración
expidió la Liquidación Oficial de Corrección Nro. 312412014000114, sustituyendo
la declaración de corrección de 25 de julio de 2013, aumentando el saldo a favor a
la suma de $1.761.741.000.

Mediante Requerimiento Especial Nro. 312382015000092 del 6 de agosto de 2015,

1 Samai Tribunal. Indice 29. PDF ”17_SENTENCIA(.PDF) Nro Actua 29”
1

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 25000-23-37-000-2018-00390-01 (26795)
Demandante: Fajobe S.A.S.

la DIAN propuso modificar la declaración de renta del año gravable 2012,
determinando un saldo a pagar de $70.629.000, en lugar del saldo a favor.

El 30 de septiembre de 2015, el contribuyente solicitó devolución y/o compensación
del mayor saldo a favor por valor de $141.435.000 determinado en la Liquidación
Oficial de Corrección Nro. 312412014000114 de 12 de septiembre de 2014.

El 17 de noviembre de 2015, la DIAN ordenó la compensación de la suma solicitada,
mediante Resolución Nro. 6282-1223.

El 5 de mayo de 2016, la Administración expidió la Liquidación Oficial de Revisión
Nro. 312412016000040, notificada mediante correo certificado el 10 del mismo mes
y año, confirmando los valores señalados en el requerimiento especial del 6 de
agosto de 2015. Dicha decisión fue objeto de recurso de reconsideración, y
confirmada mediante Resolución Nro. 003641 de 30 de mayo de 2017.

El 3 de marzo de 2017, previa expedición del Pliego de Cargos, la DIAN emitió la
Resolución Sanción Nro. 312412017000017, ordenando el reintegro de
$1.761.741.000 más intereses moratorios, y como sanción el menor valor entre el
incremento en un 50% de los intereses moratorios y 20% del valor devuelto o
compensado en exceso, esto último, en atención a la modificación establecida por
la Ley 1819 de 2016 al artículo 670 del Estatuto Tributario,

El 5 de mayo de 2017, la sociedad interpuso recurso de reconsideración contra la
resolución sanción, el cual fue resuelto a través de la Resolución Nro. 001430 del
19 de febrero de 2018, confirmando la sanción.

ANTECEDENTES PROCESALES

Demanda

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto
en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Fajobe S.A.S, como demandante, formuló las siguientes
pretensiones2:
“V. PRETENSIONES
1. Que se declare la NULIDAD de la Resolución 001430 del 19 de febrero de 2018 por medio
de la cual se decide el recurso de reconsideración.
2. Que se declare la NULIDAD de la Resolución Sanción por Devolución y/o Compensación
improcedente No. 312412017000017 del 03 de marzo de 2017.
3. En consecuencia y a título de restablecimiento del derecho, solicito se declare que NO
ERA PROCEDENTE IMPONER SANCIÓN POR DEVOLUCIÓN Y/O COMPENSACIÓN
IMPROCEDENTE a PIMPOLLO (sic) y que por ende no sea dicha sociedad OBLIGADA
A REINTEGRAR $1.761.741.000 ni mucho menos está obligada a cancelar intereses
moratorios en ninguna cuantía por el mismo concepto.
4. Que si no se declara lo anterior, se declare que la DIAN no podrá iniciar proceso de cobro
hasta tanto quede ejecutoriada la resolución que determine la improcedencia del saldo a
favor en el presente caso ”.

A los anteriores efectos, invocó como violados los artículos 2, 13, 83, 95-9, 121, 209
y 363 de la Constitución Política; 588, 589, 670, 703, 714 y 730-4 del Estatuto
Tributario; 35 y 84 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo; 25, 27, 28, 30 y 31 del Código Civil y la Ley 153 de 1887.

El concepto de la violación de estas disposiciones se resume así:

2 Samai. Índice 2. PDF “ED_DEMANDA_03DEMANDA NroActua 2”
2

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 25000-23-37-000-2018-00390-01 (26795)
Demandante: Fajobe S.A.S.

1. Nulidad por violación al Debido Proceso y Derecho de Defensa por falta
de motivación.

Señaló que el fundamento de la DIAN para desconocer el saldo a favor de la
Liquidación Oficial de Corrección Nro. 312412014000114 del 12 de septiembre de
2014, fue la expedición de la Liquidación Oficial de Revisión Nro. 312412016000040
del 5 de mayo de 2016, que redujo dicho saldo a favor, y en ese sentido, indicó que
mal hace la entidad en sancionar a la sociedad cuando la liquidación oficial de
revisión no está en firme.

Citó apartes del pliego de cargos, y mencionó que los mismos dejan en evidencia
que el motivo de la sanción obedece a temas procesales, sin que la Administración
haya entrado a analizar si perdió o no la facultad sancionatoria, lo cual vulnera el
debido proceso, pues no se han examinado los elementos de juicio que obran en el
expediente.

Adujo que no es clara la motivación del acto frente al análisis de los documentos del
proceso y la improcedencia del saldo a favor, por lo cual solo por el hecho de no
perder la oportunidad para sancionar, la DIAN no puede violar el derecho de defensa
y el debido proceso.

2. Nulidad por indebida aplicación del artículo 670 del Estatuto Tributario.

Precisó que la DIAN incurre en contradicción al aceptar que el proceso de
determinación del impuesto no ha terminado y simultáneamente sancionar a la
actora por una supuesta improcedencia del saldo a favor, omitiendo la presunción
de legalidad de la declaración.

Calificó de sorprendente la expedición de la resolución sanción por devolución
improcedente, pues en su concepto esta debería ser consecuencia del proceso de
determinación y no adelantarse en paralelo, lo cual sobrecarga el sistema
innecesariamente vulnerando los principios de celeridad y economía procesal de la
función pública. Aludió que se impone una doble carga al contribuyente quien debe
discutir la sanción, aún sin saber si la liquidación oficial es nula o no, y acto seguido
citó la sentencia del 30 de abril de 2014, exp. 19197 del Consejo de Estado.

Manifestó que la DIAN modificó el alcance del artículo 670 del Estatuto Tributario y
con ello desconoció los principios de equidad, proporcionalidad y justicia.

3. Pleito pendiente.

Sostuvo que el artículo 670 del Estatuto Tributario impide que la DIAN inicie el
proceso de cobro de la devolución hasta que se resuelva la vía gubernativa o la
acción contencioso administrativa. Dado que los actos de liquidación que
modificaron el saldo a favor fueron demandados en acción de nulidad y
restablecimiento del derecho, la procedencia de la actual litis depende de los
resultados de dicho proceso, que determinará si hubo o no una compensación en
exceso y si procede la sanción.

4. Enriquecimiento sin causa

Citó la Sentencia T-219 de 1995 de la Corte Constitucional y argumentó que existe
un enriquecimiento sin causa por parte de la DIAN, en la medida en que pretende
aumentar el patrimonio del Estado con dineros que no tienen fundamento jurídico,
no solo porque la sociedad declaró correctamente el saldo a favor, sino también
porque pretende el cobro de una sanción sin determinar si efectivamente el saldo
declarado era procedente o no.

3

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 25000-23-37-000-2018-00390-01 (26795)
Demandante: Fajobe S.A.S.

5. Nulidad por indebido agotamiento de la vía gubernativa y acaecimiento
de silencio administrativo positivo.

Manifestó que la resolución 622-003641 del 30 de mayo de 2017, por medio de la
cual se resolvió el recurso de reconsideración contra la liquidación oficial de revisión,
no se notificó, por lo cual operó el silencio administrativo positivo.

Relató que el 1 de julio de 2017 recibió citación de notificación personal de la DIAN
en la que la entidad le instó a acudir dentro de los diez días hábiles siguientes,
contados a partir de la fecha de introducción al correo del aviso de citación
respectivo, y que el 14 de julio del mismo año, ante la no comparecencia de la
sociedad, la Administración fijó edicto con la resolución 622-003641 por un término
de diez días hábiles contados a partir del 14 de junio de 2017 a las 9 am. Agregó
que el edicto permaneció fijado hasta el 29 de junio de 2017 a las 5 pm.

Explicó que, pese a que la DIAN mencionó que los diez días de la citación de
notificación personal se empiezan a contar desde el día en que se entrega la citación
a la empresa de correo, de conformidad con la jurisprudencia, este término debe ser
contado desde el día siguiente a la entrega física de la citación, por lo que el acto
se notificó indebidamente. Citó el artículo 565 del Estatuto Tributario que regula el
término de comparecencia para el contribuyente.

A través de un gráfico con los días calendario, argumentó que la DIAN introdujo al
correo la citación el 31 de mayo, según lo demuestra la guía No. 130004614337 de
la empresa Interrapidísimo, y fijó el edicto el 14 de junio con desfijación del 29 de
junio, razón por la cual, entre la introducción al correo del aviso y la fijación del
edicto, transcurrieron nueve días hábiles contados a partir del día siguiente a la
introducción al correo, siendo que ha debido cumplirse el término de diez días
previsto en el artículo 565 del Estatuto Tributario.

Sobre lo anterior, trajo a colación las sentencias de 28 de agosto de 2013, exp.
17980, de marzo 3 de 2011, exp. 17087, de 19 de agosto de 2010, exp. 16988, de
17 de julio de 2008, exp. 15835, y de 19 de agosto de 2010, exp. 16988 del Consejo
de Estado que avalan que, los diez días a los que se refiere la norma citada, se
computan a partir del día siguiente de la introducción del aviso al correo que, para
el caso concreto, empezaban a contar desde el 1 de junio con vencimiento el 14 de
junio.

Expresó que la conducta ilegal de la DIAN, al transgredir el artículo 565 del Estatuto
Tributario, resulta también violatoria de los artículos 59 y 62 del Régimen Político y
Municipal que establece que los términos en días cuentan desde el día hábil
siguiente a la notificación y también del artículo 29 de la Constitución Política.

Concluyó que la notificación irregular de la resolución que resolvió el recurso de
reconsideración contra la liquidación oficial de revisión tiene como consecuencia la
procedencia del silencio administrativo positivo de los artículos 732 y 734 del
Estatuto Tributario.

6. La DIAN desconoce que Fajobe ha expuesto todas las razones que
justifican sus cuentas y validan el saldo a favor declarado.

Precisó que la DIAN desconoció el debido proceso, por falta de motivación de los
actos, toda vez que no tiene fundamentos que le permitan concluir que la sociedad
violó la técnica contable y, por tanto, “se le deben desconocer los cargos diferidos”, sobre
lo cual adjuntó el recurso de reconsideración presentado contra la liquidación oficial
que explica las razones por las cuales considera inválidas las causales de rechazo
invocadas por la Administración.

4

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 25000-23-37-000-2018-00390-01 (26795)
Demandante: Fajobe S.A.S.

Oposición de la demanda

La DIAN controvirtió las pretensiones de la actora3 argumentando lo siguiente:

Manifestó que la resolución que decidió el recurso de reconsideración se notificó de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 565 del Estatuto Tributario y que la sanción
por devolución y/o compensación improcedente, surgía como consecuencia del
saldo a favor de $0, determinado en la liquidación oficial de revisión.

Frente a la configuración del silencio administrativo positivo, manifestó que el cargo
no podía ser objeto de debate dentro del proceso, porque se refiere a un presunto
silencio administrativo frente a un acto del proceso de determinación (Resolución
No. 622-003641 del 30 de mayo de 2017) que no es objeto de las pretensiones de
nulidad señaladas en la demanda, por lo que el Tribunal no era competente para
resolver dicha controversia.

En lo que respecta a la motivación de los actos administrativos, expuso que estos
fueron debidamente motivados pues existía una Liquidación Oficial de Revisión que
arrojaba un saldo a favor de $0, que se presume legal, y que la DIAN no debió
esperar a que se agotara el proceso en sede administrativa o judicial para iniciar el
proceso sancionatorio.

Sobre la existencia del pleito pendiente, adujo que, aun cuando la Liquidación Oficial
haya sido recurrida o demandada ante la jurisdicción contenciosa, el acto se
presume legal y es viable adelantar el proceso sancionatorio de devolución y/o
compensación improcedente con la sola notificación de esa liquidación oficial de
revisión, de acuerdo con el artículo 670 del Estatuto Tributario y tal como lo explica
la Corte Constitucional en sentencia C-075 de 2004, M.P. Jaime Córdoba Triviño.

Agregó que el artículo 91 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo establece los casos en los cuales los actos
administrativos pierden obligatoriedad y en ninguno de ellos se enmarca la
liquidación oficial de revisión del caso. Citó la sentencia del Consejo de Estado del
14 de septiembre de 2001, exp. 1874, C.P. Germán Ayala Mantilla, sobre la
posibilidad de imponer la sanción por devolución y/o compensación improcedente
sin que se requiera decisión definitiva.

Se refirió a las sentencias del 17 de febrero de 1995, exp. 5962, C.P. Jaime Abella
Zarate, del 10 de octubre de 2004, exp. 14264, del 12 de febrero de 2010, exp.
17410 C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia del Consejo de Estado y a los
Oficios 028462 de 2014, 080954 de 1998 y 037821 de 1999 de la DIAN, para
argumentar que la liquidación oficial de revisión es acto administrativo suficiente
para adelantar el proceso sancionatorio por devolución y/o compensación
improcedente.

Comentó que se cumplieron los presupuestos para imponer la sanción y trajo a
colación, sobre la independencia de los procesos de determinación y sancionatorio
por devolución y/o compensación improcedente, las sentencias de 25 de noviembre
de 1995, exp. 7237, C.P. Julio Correa Restrepo, de 17 de febrero de 1995, exp.
5962, C.P. Jaime Abella Zarate, de 5 de octubre de 2009, exp. 16955, de 23 de
agosto de 2012, exp. 18370, C.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez, de 11 de julio
de 2013, exp. 18932, C.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez del Consejo de
Estado y el Oficio 0103509 de 2009 de la DIAN.

Sostuvo que el parágrafo del artículo 670 del Estatuto Tributario se refiere
exclusivamente al proceso de cobro coactivo y a la prohibición de iniciar el cobro de

3 Samai. Índice 2. PDF “ED_CONTESTACI_09CONTESTACIONDEMA NroActua 2”
5

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 25000-23-37-000-2018-00390-01 (26795)
Demandante: Fajobe S.A.S.

la sanción, si el saldo a favor continúa en discusión, circunstancia que no es
aplicable en el caso concreto, pues la DIAN no inició ningún proceso de cobro.

Descartó la configuración del enriquecimiento sin justa causa pues no se
materializaron los elementos para su existencia y afirmó que, por el contrario, hay
un enriquecimiento sin justa causa para el contribuyente al recibir dineros de una
devolución a los cuales no tenía derecho.

Afirmó que no se pronunciaría frente a los argumentos relativos al procedimiento de
determinación y los cargos sobre la notificación de la Resolución No. 622-003641
del 30 de mayo de 2017, pues no fueron objeto del litigio y el Tribunal no era
competente para analizarlos.

Sentencia apelada

El Tribunal declaró la nulidad de los actos impugnados4 con fundamento en los
siguientes planteamientos:

En primer lugar, se refirió en términos generales a la falsa motivación como una
causal de nulidad de los actos administrativos, y posteriormente a la posibilidad de
la Administración de verificar la veracidad de las declaraciones que presentan
saldos a favor y sean objeto de devolución, conforme con el artículo 856 del Estatuto
Tributario. Explicó que, como el reconocimiento de los saldos a favor no es
definitivo, si la Administración Tributaria a través de liquidación oficial, rechaza o
modifica el saldo a favor objeto de devolución, compensación o imputación, la
misma deberá, dentro de los dos años siguientes contados a partir de la fecha de
notificación de esa liquidación oficial, imponer la sanción determinada en el artículo
670 del Estatuto Tributario.

Sostuvo que la devolución tiene carácter provisional y, por ello, el legislador
estableció un procedimiento sancionatorio por la indebida solicitud, compensación
o imputación de los saldos a favor originados en las declaraciones tributarias, que,
pese a que se deriva del procedimiento de fiscalización tributaria, es autónomo y
totalmente independiente de este, tal como lo sostiene el Consejo de Estado en
sentencia de 28 de septiembre de 2016, exp. 76001-23-3 1-000- 2008-01139-01,
C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.

En consecuencia, explicó que los únicos requisitos para adelantar el proceso de
imposición de la sanción, son: i) la existencia de la notificación de la liquidación
oficial de revisión mediante la cual se haya modificado la liquidación privada del
contribuyente, y ii) que la sanción sea impuesta dentro de los dos (2) años
siguientes, contados a partir de la fecha de la notificación de la liquidación oficial de
revisión que modificó el denuncio fiscal del contribuyente, solo siéndole prohibido a
la Administración, el ejecutar el cobro de la sanción establecida en el artículo 670
del Estatuto Tributario, hasta tanto los actos de determinación fiscal hayan adquirido
firmeza, circunstancias acreditadas en el proceso.

Reseñó los hitos procesales del expediente y concluyó que la DIAN sustentó su
decisión en la norma aplicable al caso, artículo 670 del Estatuto Tributario, y en el
material probatorio del proceso administrativo que derivó en la disminución del saldo
a favor y la consecuente sanción. Por lo cual, descartó la violación al debido
proceso, pues era viable imponer la sanción por devolución y/o compensación
improcedente, aun cuando la liquidación oficial de revisión haya sido objeto de
recurso en sede administrativa.

A pesar de lo anterior, aclaró que la liquidación oficial de revisión expedida en el
proceso de determinación y la resolución que resolvió el recurso de reconsideración

4 Samai Tribunal. Indice 29. PDF ”17_SENTENCIA(.PDF) NroActua 29”
6

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 25000-23-37-000-2018-00390-01 (26795)
Demandante: Fajobe S.A.S.

fueron demandadas ante la jurisdicción contencioso administrativa y que, el 26 de
noviembre de 2020, la Sección Cuarta, Subsección A del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca profirió sentencia de primera instancia anulando los actos
impugnados. Así mismo, señaló que contra la sentencia había sido interpuesto el
recurso de apelación ante el Consejo de Estado, el 15 de diciembre de 2020. Por lo
cual, indicó que la base de la sanción impuesta en virtud del artículo 670 del Estatuto
Tributario fue eliminada y, en consecuencia, esto deriva en la nulidad de los actos
demandados. Citó la sentencia de 10 de julio de 2014, exp. 19212, C.P. Martha
Teresa Briceño de Valencia.

No condenó en costas toda vez que la parte interesada no las demostró
sumariamente.

Recurso de apelación

La demandada recurrió la sentencia de primera instancia5, argumentando que a
pesar de que, en proceso aparte la sentencia de primera instancia anuló los actos
del proceso de determinación, aun no existe pronunciamiento definitivo en dicho
proceso, por lo que el proceso sancionatorio debe continuar, pues los actos
expedidos en el marco de dicho proceso se presumen legítimos, y en esa medida
solicita que se nieguen las pretensiones de la demanda.

Se refirió a los atributos de ejecutividad y ejecutoriedad de los actos administrativos
y a los artículos 88 y 89 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo y 829 del Estatuto Tributario para explicar que, solo para
efectos de su ejecución o cobro, la liquidación oficial proferida en relación con el
impuesto sobre la renta del año gravable 2012 no presta mérito ejecutivo, pero
persiste la presunción de legalidad.

Mencionó la independencia del proceso de cobro coactivo, del proceso
sancionatorio y del de determinación del tributo, sobre esto, citó la sentencia de
primera instancia para señalar que la declaración de nulidad de los actos del
proceso de determinación implica el decaimiento del acto sancionatorio y no su
nulidad. Sobre la terminación de procesos por carencia de objeto por sustracción de
materia, citó la sentencia de unificación del 24 de mayo de 2018, exp. 47001-23-33-
000-2017-00191-02, C.P. Rocío Araujo Oñate.

Afirmó que solo si los actos de determinación son anulados en segunda instancia,
se debe estudiar el decaimiento del acto sancionatorio, más no su nulidad. Por lo
cual, es erróneo considerar, como lo hace el Tribunal, que la discusión de la
Liquidación Oficial del año gravable 2012 ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo impide estudiar la legalidad de los actos sancionatorios, conforme el
artículo 670 del Estatuto Tributario, y que sean anulados sin existir una decisión en
firme y ejecutoriada que ponga fin al proceso de determinación, pues el trámite de
apelación ante el Consejo de Estado se encontraba en etapa de traslado de
alegatos, sin que se hubiera proferido sentencia en firme.

Oposición al recurso

La demandante no presentó oposición al recurso de apelación.

Concepto del Ministerio Público

El Ministerio Público guardó silencio.

5 Samai Tribunal. Índice 32. ZIP “26_RECIBEMEMORIALES_2500023370 0020180039(.ZIP) NroActua 32”
7

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 25000-23-37-000-2018-00390-01 (26795)
Demandante: Fajobe S.A.S.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

De conformidad con los cargos de apelación formulados por la demandada respecto
de la sentencia de primera instancia, juzga la Sala la legalidad de los actos mediante
los cuales se impuso al demandante sanción por devolución improcedente del saldo
a favor del impuesto sobre la renta del año 2012.

Toda vez que la sentencia de primera instancia precisó, con base en jurisprudencia
que ha sido reiterada en varias ocasiones por esta corporación 6, que la
Administración estaba legitimada a expedir los actos sancionatorios por devolución
improcedente independientemente de que el acto de determinación estuviera en
discusión, el debate se centra en establecer si es procedente la sanción por
devolución y/o compensación improcedente, considerando que la sentencia de
primera instancia, que anuló los actos de determinación, se encontraba en apelación
ante esta Corporación.

Para dilucidar lo anterior, se precisa atender lo resuelto por esta Corporación,
mediante la sentencia de fecha 19 de mayo de 2022, exp. 25990, C.P. Julio Roberto
Piza Rodríguez, mediante la cual se confirmó la decisión de primera instancia de la
Sección 4ª, Subsección A, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que anuló
los actos de determinación del tributo.

Considerado lo anterior, se pone de presente que la nulidad de los actos oficiales
de determinación del tributo, comporta el reconocimiento de la procedencia del
correspondiente saldo a favor que fue objeto de devolución y compensación, lo que
deriva en la atipicidad de la conducta sancionada, condiciones en las cuales, lo
procedente es anular los actos acusados, comoquiera que carecerían de
fundamento legal.

Sobre el particular se ha pronunciado reiteradamente la Sala, en los siguientes
términos7:
«la Sala ha dicho que la declaratoria de nulidad de la liquidación oficial de revisión deriva en
la desaparición del supuesto de hecho que justifica la sanción por devolución y/o
compensación improcedente y, por consiguiente, también procede la nulidad de la sanción.
Pero esto no significa que los dos trámites, el de determinación y el sancionatorio, se
confundan, sino que se parte del reconocimiento de los efectos que el primero tiene en el
segundo, pues aunque son diferentes y autónomos, se reconoce el efecto que el proceso de
determinación del impuesto tiene respecto del sancionatorio y la correspondencia que debe
existir entre ambas decisiones.». (Se subraya).

Por lo anterior no comparte la Sala el señalamiento de la entidad apelante respecto
de que lo que debe operar es el decaimiento del acto y no la nulidad del mismo.

En lo que sí le asiste razón a la apelante es en que, habiéndose impugnado la
decisión de primera instancia que anuló los actos de determinación, era preciso
aguardar a la decisión definitiva en esta sede. Sin embargo, como, a la fecha, lya
fue proferida la decisión final, confirmando la anulación de los actos de
determinación, la conducta que sustentó la actuación objeto de análisis, derivó en
atípica. En consecuencia, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia que
anuló los actos administrativos que impusieron la sanción por devolución y/o
compensación improcedente.

Respecto de las costas (agencias en derecho y gastos del proceso), no se
condenará en esta instancia por cuanto no se encuentra probada su causación,

6 Sentencias del 15 de octubre de 2021, exp. 23917 y del 15 de julio de 2021, exp. 24681, C.P. Myriam Stella
Gutiérrez Argüello.
7 Sentencia del 8 de junio de 2017, exp. 19389, reiterada por la sentencia del 20 de septiembre de 2018, exp.
23554, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
8

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 25000-23-37-000-2018-00390-01 (26795)
Demandante: Fajobe S.A.S.

conforme a lo previsto en el artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Reconocer personería a la abogada Lina Constanza Villarreal Peña,
identificada con cédula de ciudadanía 1.018.443.527 de Bogotá y T.P. 295.832
del CSJ como apoderada de la DIAN, en los términos y para los fines del poder
que obra a índice 13 de Samai.

2. Confirmar la sentencia apelada.

3. No condenar en costas en esta instancia.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al tribunal de
origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRON

9

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.