Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2018-00393-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2018-00393-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 25000-23-37-000-2018-00393-01
Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello
25 de abril de 2024
Radicado: 25000-23-37-000-2018-00393-01 (27935)
Demandante: Departamento del Cauca
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá, D. C., veinticinco (25) de abril de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación 25000-23-37-000-2018-00393-01 (27935)
Demandante DEPARTAMENTO DEL CAUCA
Demandado FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES
DE COLOMBIA
Temas Cobro coactivo. Acto de liquidación del crédito y costas.
Oportunidad para discutir los soportes del título ejecutivo.
Gastos para hacer efectivo el crédito.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia del 20 de abril de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A, que decidió:
«PRIMERO: Negar las pretensiones de la demanda.
SEGUNDO: No se condena en costas en esta instancia.
(…)»1.
ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA
El Instituto de Seguros Sociales (en adelante ISS) expidió la Liquidación Certificada
de Deuda Nro. 3003 del 25 de abril de 2011 que determinó la obligación a cargo del
Departamento del Cauca por concepto de 7 bonos pensionales tipo B de los cuales
es contribuyente y 71 en los que es emisor, que fueron actualizados y capitalizados
al 31 de mayo de 2011, por valor total de $8.074.460.000.
La entidad acreedora libró el Mandamiento de Pago Nro. 019119 el 28 de
septiembre de 2012, con el que pretende obtener el pago de los bonos pensionales
tipo B referidos.
El Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles de Colombia (que asumió competencia
para adelantar el cobro coactivo conforme con el Decreto 553 de 2015) profirió el
Auto JC Nro. 044 del 18 de marzo de 2016, el cual liquidó el crédito actualizado al
14 de abril del mismo año a $13.709.103.905 y los gastos del procedimiento en
$635.684.821,19, para un total de $14.335.788.726,19.
La entidad territorial presentó objeciones contra la liquidación del crédito. Pero la
acreedora profirió el Auto JC Nro. 084 del 19 de mayo de 2016 que, aunque en la
parte resolutiva rechazó de plano las objeciones, aceptó la existencia de pagos
parciales con relación a dos trabajadores, de tal modo que redujo la deuda por
concepto de bonos pensionales tipo B a $13.461.676.122 e incrementó los gastos
1 Samai del Tribunal, índice 32, página 9.
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Demandante: Departamento del Cauca
del cobro coactivo a $635.727.809,26, con lo que aprobó el valor total de la
obligación en $14.097.403.931,26.
ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN JUDICIAL
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
contemplado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), el Departamento del Cauca
presentó la demanda de la referencia. Ella fue inadmitida mediante auto del 9 de
mayo de 2019 con el fin de que se aclararan las pretensiones2, lo cual se cumplió
mediante memorial de subsanación del 24 de mayo de 2019, así3:
«DECLARATIVAS
PRIMERO: Que se declare la nulidad del Auto JC No. 044 de 18 de Marzo de 2016, proferido
por el Funcionario Ejecutor de Cobro Coactivo del Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles
Nacionales de Colombia, mediante el cual se practicó la liquidación del crédito y de las costas
dentro del proceso de jurisdicción coactiva 1767 de bonos pensionales, por considerar que el
mismo resulta contrario al ordenamiento jurídico al no determinarse las bases de liquidación.
fechas de causación, exigibilidad, de estructuración y redención de títulos, conllevando vicios
de nulidad por falta y falsa motivación, violación al debido proceso.
SEGUNDO: Que se declare la Nulidad del Auto JC No. 084 de 19 de Mayo de 2016, mediante
el cual el funcionario Ejecutor de Cobro Coactivo, del Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles
Nacionales de Colombia, rechazo (sic) las objeciones presentadas contra el auto de
liquidación JC No. 044 de 18 de Marzo de 2016, por considerar que el mismo consagra los
mismos vicios, falta y falsa motivación y violación al debido proceso que impidieron al
Departamento, conocer las fechas de estructuración de la obligación, de causación, de
redención de títulos, tasas de interés, método de aplicación como de abuso y de desviación
de poder, puesto que el Departamento expuso su incapacidad de determinación y verificación
de la obligación a partir de la liquidación del crédito y costas efectuada, y por imposibilidad de
acceder al sistema con la clave otorgada a la funcionaria del Fondo Territorial de Pensiones
del Departamento, como por descomedimiento total de la liquidación 3003 de 25 de abril de
2011 que no le fuera notificada de manera personal a la entidad territorial y en consecuencia
se ordene la liquidación que corresponden (sic) con los elementos estructurales de la
obligación dineraria, sin incluir en la misma los intereses que se han causado desde las
objeciones propuestas hasta el respectivo pronunciamiento judicial.
TERCERO: Que se declare la Nulidad del oficio de 19 de mayo de 2016, mediante el cual
funcionario ejecutor resuelve mantener la medida de embargo sobre cuentas y recursos del
Sistema general de participaciones (sic), Sistema General de Seguridad Social de Salud y
demás recursos inembargables, con ocasión del proceso de cobro coactivo 1767 bonos
pensionales, por considerar que se violó el debido proceso al desconocer la calidad y
naturaleza de los recursos, al persistir en la medida con fundamentos contrarios a derecho y
por ende con falsa motivación, que vulneraron el patrimonio de la entidad territorial causando
perjuicios materiales de toda índole y que pese a la advertencia de ser recursos inembargables
se ejecutaron mediante un ejercicio de abuso y desviación de poder.
En consecuencia, que se restablezca el derecho del departamento, ordenando la liquidación
del crédito y costas del proceso de cobro coactivo y se condene de manera solidaria a la
Nación, Ministerio de Salud y Protección social, Fondo Pasivo Social de Ferrocarriles
Nacionales de Colombia y en tal medida se ordenen las siguientes:
CONDENAS
PRIMERO: Que se condene a la devolución de los dineros con los que el Fondo Pasivo Social
de Ferrocarriles Nacionales, se pagó forzosamente, a pesar de que los mismos tienen la
calidad y naturaleza de inembargables, como medida de restablecimiento del derecho.
2 Samai, índice 2, PDF del cuaderno principal, página 96.
3 Ibidem, páginas 100 a 101.
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SEGUNDO: Que se condenen a pagar y resarcir los prejuicios ocasionados al Departamento
del Cauca, así:
a. Perjuicios materiales:
Por daño emergente la suma de veintiséis mil ciento cincuenta y tres millones cuatrocientos
cincuenta y un mil ochocientos sesenta y ocho pesos con ochenta y un centavos
($26.153.451.868.81), que corresponden a los valores que a la presentación de la demanda
han sido aplicados de manera arbitraria e injusta sobre cuentas y recursos del sistema general
de participaciones, sistema general de seguridad social de salud, y demás bienes
inembargables de la Entidad Territorial, con ocasión del proceso de cobro coactivo 1767 por
concepto de bonos pensionales.
Por lucro cesante la suma equivalente a intereses de hora, a la tasa más alta permitida de
acuerdo a las bases de la superintendencia financiera, que a la fecha de la presentación de la
demanda se estiman en la suma de mil quinientos sesenta y nueve millones doscientos siete
mil ciento dieciséis pesos ($1.569.207.116) M/te, aplicando la tasa de 1,5% por 4 meses.
b. Perjuicios morales:
El equivalente a cien salarios mínimos legales vigentes, en razón a la imposibilidad jurídica y
patrimonial de poder atender las líneas presupuestales del sector salud y educación.
TERCERO: Condénese al pago por concepto de costas y agendas en derecho de conformidad
con las tarifas expedidas por el Consejo Superior de la Judicatura a favor del Departamento
del Cauca».
La Sala precisa que el a quo, mediante auto del 14 de agosto de 20194, rechazó la
demanda con relación a la pretensión de nulidad del oficio del 19 de mayo de 2016
porque consideró que no es un acto susceptible de control judicial y, a su vez,
admitió las demás pretensiones.
La demandante invocó como normas violadas los artículos 13 y 29 de la
Constitución Política, 101, 361 y 365 de la Ley 1437 de 2011, artículo 26 de la Ley
1751 de 2015, 48 de la Ley 734 de 2002 y la Circular Externa Nro. 002 de 2015 del
Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Los cargos de nulidad se resumen a continuación:
Refirió que el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011 establece que la prerrogativa del
cobro coactivo tiene lugar cuando hay documentos que prestan mérito ejecutivo,
entre los que se encuentran los actos administrativos que imponen a favor de una
entidad pública la obligación de pagar una suma líquida de dinero.
Por lo tanto, señaló que se debe demostrar el vínculo jurídico entre el Departamento
del Cauca y cada pensionado, para lo cual se requiere de un acto de reconocimiento
del derecho que sea notificado a la entidad territorial y registrado en el mandamiento
de pago, sin lo cual no se configura el título ejecutivo complejo, hay una falta de
motivación y se incurre en una insubsanable violación al debido proceso.
Sostuvo que la liquidación certificada de deuda es un acto administrativo, pero no
es el acto de determinación, pues se limita a suministrar información. Por lo anterior
reprochó que el funcionario ejecutor tomara como título ejecutivo la liquidación, pues
esto extendió la falencia al mandamiento de pago, impidió el ejercicio material del
derecho de contradicción, supuso un abuso de poder y constituye una actuación
contraria a la lealtad administrativa.
4 Ibidem, páginas 105 a 110.
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Precisó que el acto de reconocimiento pensional debe estar acompañado por el que
determina el momento de la redención del bono pensional y el que liquida la
obligación. Así, sostuvo que estos documentos, debidamente estructurados
configuran el título ejecutivo complejo, para lo cual no era suficiente la enunciación.
Sostuvo que el Decreto 2013 del 28 de septiembre de 2012 estableció una
competencia funcional al ISS para continuar los procesos de cobro que se
encontraban en curso al momento de su expedición. Sin embargo, en el caso bajo
examen, aunque el mandamiento de pago fue expedido el mismo día que el
reglamento, sólo se notificó el 15 de agosto de 2013. Destacó que, comoquiera que
la notificación es un requisito para que los actos administrativos surtan efectos, solo
puede considerarse que el cobro coactivo objeto de controversia inició a partir del
año 2013. Por lo anterior, consideró que el funcionario ejecutor actuó con abuso y
desviación del poder.
Relató que a través de una acción de tutela se tuvo conocimiento del edicto por
medio del cual el ISS notificó la Liquidación Certificada de Deuda Nro. 3003.
Consideró que lo anterior desconoció el principio de publicidad debido a que no obra
prueba de que se haya surtido o intentado realizar la notificación personal como
principal, lo que a su juicio también constituye un abuso y desviación de poder.
Aseguró que el artículo 101 de la Ley 1437 de 2011 permite el examen de legalidad
del acto administrativo que liquida el crédito, no solo por las situaciones propias del
artículo 446 de la Ley 1564 de 2012, sino de las que responden a la estructura del
acto administrativo. Por lo anterior, insistió en que el funcionario ejecutor se apoyó
en el mandamiento de pago a pesar de su falta de motivación, lo que tiene incidencia
en el acto de liquidación porque, aunque no es susceptible de control, hace parte
del cobro coactivo. Luego, insistió en que no se permitió el ejercicio del derecho de
defensa por parte de la entidad territorial.
Manifestó que el acto de liquidación no consagra la fecha de redención del título, ni
de las situaciones administrativas que lo determinan, por lo que señaló que contrario
a lo referido por el ejecutor, el mandamiento no suple las falencias y se viola el
derecho de defensa.
Adujo que la liquidación del crédito y las costas integran una relación jurídica que
no fue consentida por el Departamento del Cauca y que tampoco tienen soporte
contractual. Además, indicó que la demandada pretende cobrar conceptos que no
hacen parte del cobro coactivo, pues el Estatuto Tributario solo permite cobrar los
gastos inherentes a este trámite “ya que la función de cobro recae de manera exclusiva e
irrestricta en el funcionario ejecutor”5.
En concordancia, adujo que los gastos deben ser soportados con pruebas idóneas,
en aplicación de los artículos 361, 365 y 366 del Código General del Proceso, y no
de forma porcentual, como se hizo en los actos acusados.
Expuso que en los artículos 2, 3 y 4 del Acuerdo 1887 de 2003 del Consejo Superior
de la Judicatura sobre la fijación de las agencias en derecho. Luego, aseguró que
el valor cobrado en los actos objeto de controversia corresponden al concepto de
costas, lo que viola el derecho al debido proceso, pues la entidad demandada
delega la facultad que fue otorgada a uno de sus funcionarios.
5 Samai, índice 2, PDF del cuaderno de primera instancia, página 64.
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Refirió que el acto administrativo incluye el cobro del valor del IVA a cargo del
departamento, lo que considera improcedente porque corresponde a un hecho
generador ajeno a su voluntad, pues se le estarían extendiendo obligaciones
contractuales y legales atendiendo al negocio jurídico celebrado entre la
demandada y el abogado. Precisó que de acuerdo con lo mencionado la liquidación
adolece de falta y/o falsa motivación al no ser claro e imposibilita el derecho de
defensa.
Arguyó que la aplicación de medidas cautelares fue desproporcionada porque
operaron sobre recursos inembargables, destinados a la prestación del servicio de
salud, conforme con los artículos 63, 356 y 357 de la Constitución, el artículo 3 de
la Ley 715 de 2001, y el artículo 594 de la Ley 1564 de 2012, así como las
Sentencias T-1195 de 2004, C-1154 de 2008 y T-873 de 2012. Indicó que, por estos
motivos, solicitó su levantamiento, petición que fue negada por la falta de una
certificación expedida por el ministerio correspondiente.
Finalmente, consideró procedente la aplicación de la prescripción, prevista en el
Estatuto Tributario, pues “la entidad pagadora ha superado un término prudencial para hacerlo
efectivo, por tanto, se solicita la aplicación de la prescripción de las obligaciones pagadas y asumidas
de manera directa por el pagador de la pensión y que pretenden cobrarse, bajo el esquema de
rendición del bono pensional” 6.
Oposición a la demanda
El Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia controvirtió las
pretensiones de la demanda, para lo cual refirió que se inició cobro coactivo con el
Mandamiento de Pago Nro. 19119 del 27 de septiembre de 2012, el cual se intentó
notificar de forma personal mediante citación recibida por la entidad territorial el 31
de octubre de 2012 y que, como no compareció, “se procedió hacía el 09 de agosto de
2013 a realizar la notificación electrónica del referido Mandamiento de Pago”7.
Señaló que al procedimiento de cobro son aplicables los artículos 823 a 843-2 del
Estatuto Tributario. Además, indicó que no existió vulneración del debido proceso y
que el procedimiento inició con la expedición del mandamiento de pago, pese a lo
cual la demandante no presentó excepciones dentro de los 15 días siguientes a su
notificación.
Relató que la entidad expidió la Resolución Nro. 1096 de 2014, que ordenó seguir
adelante con la ejecución y condenó en costas, acto que fue notificado el 20 de junio
del mismo año.
Luego, fue expedido el Auto JC Nro. 044 de 2016, que practicó la liquidación del
crédito y costas, el cual fue notificado el 3 de mayo del mismo año, de conformidad
con el artículo 565 del Estatuto Tributario. Expuso que este acto fue objetado, por
lo que el Auto JC Nro. 084 de 2016 modificó la liquidación.
De otro lado, indicó que el artículo 837 del Estatuto Tributario permite decretar el
embargo y secuestro de bienes del deudor de forma previa o simultánea al
mandamiento de pago. Por ente, el Auto JC Nro. 045 de 2016 decretó medidas
cautelares contra el Departamento del Cauca.
6 Ibidem, páginas 70 a 71
7 Samai del Tribunal, índice 19, PDF de la oposición a la demanda, página 6.
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Concluyó que, por lo anterior, se surtió en debida forma el trámite del cobro coactivo
1767 de bonos pensionales contra la entidad demandante, que tuvo la oportunidad
de proponer excepciones contra el mandamiento de pago.
Adujo que el procedimiento de cobro coactivo objeto de controversia había iniciado
al momento de la expedición del Decreto 2013 de 2012, el cual ordenó la liquidación
del ISS y solo prohibió el inicio de nuevas actividades.
Finalmente, manifestó que no procede ninguna de las causales de nulidad
establecidas en la ley dado que la actuación se llevó a cabo con la observancia de
las normas procesales y la entidad territorial no intervino oportunamente para
ejercer su defensa.
Sentencia apelada
El Tribunal negó a las pretensiones de la demanda, con fundamento en las
siguientes consideraciones:
Sobre la falta de competencia, indicó que el artículo 3 del Decreto 2013 de 2012
dispuso que el ISS conservaría su capacidad para seguir adelantando los
procedimientos de cobro coactivo que estaban en curso para el 28 de septiembre
de ese año, fecha de entrada en vigencia del decreto.
Para verificar el cumplimiento de lo anterior, manifestó que el artículo 826 del
Estatuto Tributario y la sentencia del 19 de noviembre de 2020, exp. 24030, C.P.
Julio Roberto Piza Rodríguez, prevén que el trámite de cobro inicia con la “producción”
del mandamiento de pago, etapa que finaliza con la expedición de dicho acto y que
es previa y distinta a la etapa de notificación al deudor, que solo afecta su eficacia
y oponibilidad.
Para el caso bajo examen afirmó que el procedimiento de cobro coactivo estaba en
firme para el momento en que entró en vigencia el Decreto 2013 porque el
mandamiento de pago fue expedido el mismo día en que inició su vigencia, es decir
el 28 de septiembre de 2012. Por lo anterior, no prosperó este cargo.
Sobre los vicios en la configuración del título ejecutivo, explicó que los sujetos
procesales tienen la carga de ejercer su derecho de defensa y contradicción en las
oportunidades procesales previstas para el efecto, so pena de que esta precluya.
Aseguró que de conformidad con las pruebas que se encuentran en el expediente,
la demandante no controvirtió la liquidación certificada de la deuda ni formuló
excepciones contra el mandamiento de pago, por lo que no puede controvertir el
acto de liquidación del crédito y de las costas con argumentos que cuestionan la
existencia de una obligación expresa, clara y exigible.
Adicionalmente señaló que la demandante reconoció que en sede de la conciliación
extrajudicial se le dio acceso a toda la información referente a la cuantificación de
la liquidación del crédito y costas, por lo cual no se afectaron sus intereses.
En cuanto a la improcedencia de las costas y el IVA, resaltó que el artículo 836-
1 del Estatuto Tributario contempla que los deudores que son sujetos de
procedimientos de cobro coactivo deben asumir los gastos en los que incurrió la
entidad que adelantó el cobro, lo cual no corresponde al concepto de costas
procesales, por lo que no es relevante la distinción entre gastos del proceso y
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agencias en derecho.
Advirtió que en el expediente obran diferentes documentos que se refieren a la
gestión de cobro que fue contratada con una firma externa y que advierten que los
gastos para el cobro se tasarían de acuerdo con dicho negocio jurídico. De igual
modo, indicó que se pactó que la remuneración correspondería al 4% del valor
recobrado y el 16% por concepto del IVA, por lo que este tributo corresponde a un
gasto en que se incurrió para efectos de adelantar el cobro coactivo. Indicó que no
es procedente la discusión sobre la causación del IVA.
Manifestó que la actora no invocó la norma que impida el cobro de los gastos.
Además, aunque la Ley 386 de 2010 prohíbe a las entidades territoriales y sus
entidades descentralizadas delegar los cobros coactivos, esta norma solo es
aplicable a los tributos administrados por esas entidades.
Finalmente, el a quo no impuso condena por costas procesales porque consideró
que no fueron debidamente probadas.
Recurso de apelación
La demandante apeló la decisión de primera instancia, con fundamento en lo
siguiente:
Refirió que la liquidación de crédito y costas fue objetada con base en que no le era
posible determinar la deuda, pues el aplicativo determinado para tal fin no le
permitía efectuar la verificación, pues el ISS no había trasladado la información
correspondiente a la fecha del mandamiento de pago ni de la resolución acusada.
Además, tampoco envió la información al sucesor procesal correspondiente, lo que
impidió que se cargara la información.
Sostuvo que la ejecutante no cumplió con el artículo 446 del Código General del
Proceso que establece que a la liquidación del crédito se deben adjuntar los
documentos que la sustenten, por lo que no basta la simple enunciación del monto
de la obligación, en virtud de los principios de unidad de la prueba, lealtad y
moralidad administrativa, pues de otra forma no se garantiza la oportunidad de
confrontar la liquidación con las bases de datos, con la historia laboral y con los
elementos constitutivos de la obligación.
Indicó que la objeción dio lugar al momento procesal para precisar la liquidación del
crédito porque, contrario a lo dicho por la demandada, si bien el mandamiento de
pago y los actos acusados fueron proferidos en contra de la entidad territorial actora,
por si solos no eran pertinentes ni conducentes para avalar la liquidación.
Destacó que la demandada, pese a conocer la anterior situación, continuó con el
procedimiento, lo que desconoció el principio de unidad del Estado del artículo 113
de la Constitución porque consideró que solo se requería contar con los elementos
estructurales de la obligación con relación a la seguridad social. Así, indicó que el a
quo omitió la debida valoración del artículo 446 del Código General del Proceso “en
relación con la temática jurídica de bonos pensionales, los cuales para su debido reconocimiento y
pago deben encontrarse debidamente estructurados en el aplicativo determinado para tal fin, como
garantía del principio de publicidad, de moralidad administrativa y de protección de patrimonio
público, que permita su interacción su conocimiento y la pertinencia para su verificación y debida
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objeción”8.
Manifestó que parte de la información fue suministrada en la etapa de conciliación
prejudicial, pero esto ocurrió cuando ya se había surtido el procedimiento de cobro
coactivo objeto de la controversia, lo que a su juicio demuestra que la omisión de
cargar la información en el aplicativo del ISS impidió ejercer la contradicción por
parte del Departamento del Cauca.
Resaltó que lo anterior dio lugar a que fueran embargados recursos de categoría
inembargable, causando un perjuicio mayor y contrario a los fines del Estado.
En este punto indico que, para demostrar lo anterior, solicita como prueba los
testimonios de las funcionarias de la entidad demandada y de la entidad territorial.
Empero, la Sala evidencia que dicha solicitud fue negada por el despacho
sustanciador, mediante auto del 25 de noviembre de 20239.
Señaló que en el procedimiento de cobro se realizaron acercamientos para suscribir
un acuerdo de pago con recursos del FONPET por las características
presupuestales y financieras del Departamento del Cauca, pero el ejecutor
consideraba que debía continuar con el trámite sin suministrar la información en el
aplicativo ni posibilitar el pago de las obligaciones procedentes con la participación
más activa del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y sin lesionar el patrimonio
público.
De otro lado, controvirtió que la liquidación del crédito incluyó un valor
subjetivo por concepto de costas, pues no se compadece con los criterios del
Estatuto Tributario si se tiene en cuenta que los gastos en que incurre la
administración para adelantar el cobro es un concepto distinto a las agencias en
derecho.
Adujo que el trámite de cobro debe ser adelantado por funcionarios públicos,
quienes no pueden delegarlo porque les fue atribuida por la norma de liquidación
del ISS.
Insistió en que el Estatuto Tributario no contempla el pago de costas ni de agencias
en derecho, pues corresponden a conceptos de la actividad judicial que deben ser
pagados por la parte vencida, pero no para un trámite administrativo.
Señaló que la existencia de un contrato de prestación de servicios que permite
cobrar a la parte vencida un porcentaje sobre las pretensiones es un ejercicio ligado
a las agencias en derecho y no a los gastos del proceso, lo que desconoce la
jurisprudencia constitucional que concluyó que esto no es procedente al estudiar la
constitucionalidad del artículo 66 de la Ley 1480 de 2011.
Manifestó que el ejecutor aplicó a la liquidación el valor del IVA del contrato de
prestación de servicios como si estuviera a cargo del Departamento del Cauca a
pesar que esa entidad territorial no suscribió ni celebró el negocio jurídico, por lo
que considera que lesiona el ordenamiento jurídico que el beneficiario del servicio
no sea el que asuma el valor del tributo, sino un tercero.
8 Samai del Tribunal, índice 35, DPF de la apelación, página 2.
9 Samai, índice 17.
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Demandante: Departamento del Cauca
Aseguró que si se hubiera adelantado el cobro en un proceso ejecutivo, vía judicial,
no se impondría el pago del IVA en razón a que el Departamento del Cauca no es
parte de la relación jurídica que da lugar al tributo.
Finalmente, relacionó las pruebas que obran en el expediente y afirmó que no fueron
debidamente valoradas por el a quo porque ellas permiten concluir que existió
intención del pago de la obligación en la medida de su capacidad financiera.
Oposición a la apelación
La demandada guardó silencio.
Concepto del Ministerio Público
El agente del Ministerio Público también guardó silencio.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Delimitación del problema jurídico.
De forma preliminar, la Sala evidencia que la demandante alegó la falta de
competencia del ISS (hoy Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de
Colombia) para adelantar el cobro coactivo por la expedición del Decreto 2013 de
2012. Este cargo fue negado en primera instancia sin que se presentara algún
reparo al respecto en la apelación, en consecuencia, la Sala se abstendrá de
estudiar este punto, en aplicación de los artículos 320 y 328 del Código General del
Proceso.
Así mismo, se advierte que en la demanda se indicó que no procede el cobro de los
gastos para hacer efectivo el crédito por no estar debidamente acreditados en el
expediente, en aplicación de los artículos 361, 365 y 366 del Código General del
Proceso. Empero, a pesar de que el Tribunal negó este cargo, la apelante no formuló
ningún reparo al respecto. Por lo anterior, tampoco procede el estudio de dicho
argumento en esta instancia.
De otro lado, la demandante también alegó que operó la prescripción, pese a lo
cual, este punto no fue objeto de estudio en primera instancia ni se volvió a plantear
en la apelación. En principio, esto no impediría su revisión puesto que, como lo ha
reconocido esta Sección10, el estudio de la prescripción procede de oficio, incluso
en segunda instancia. Empero, considerando la naturaleza de los bonos y su
relación con el status de pensionado, resultan imprescriptibles, pues su objetivo es
asegurar el pago de aportes que conforman el capital indispensable para la
consolidación y financiación de la prestación11.
Además, se observa que en la demanda y en la apelación se indicó que los actos
acusados dieron lugar a que fueran embargados recursos de categoría
inembargable. Empero, la lectura de éstos permite determinar que en ellos no se
10 Sobre este punto, ver las sentencias del 28 de noviembre de 2019, exp. 23142, C.P. Milton Chaves García;
del 23 de junio de 2022, exp. 23587, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto; y del 8 de junio de 2023, exp.
27361, C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
11 Al respecto la Corte Suprema se refirió por medio de la sentencia de la Sala Labora, del 09 de agosto de
2006, radicado 27198 reiterada por medio de las sentencias del 14 de marzo de 2018, 33330 y del 05 de
agosto de 2020, radicado 33330.
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decretó ninguna medida cautelar. Se precisa que, si bien la demanda inicialmente
pretendió la nulidad del oficio del 19 de mayo de 2016 que negó el levantamiento
de las medidas cautelares, el a quo rechazó de plano esta pretensión por considerar
que se trataba de un acto que no es susceptible de control judicial, mediante auto
del 14 de agosto de 201912. Por lo anterior, este punto no será objeto de estudio,
pues no guarda relación con la legalidad de las resoluciones cuya nulidad fue
pretendida.
Precisado lo anterior, le corresponde a la Sala decidir sobre la legalidad del Auto JC
Nro. 044 de 18 de marzo de 2016, proferido por el Fondo de Pasivo Social de
Ferrocarriles Nacionales de Colombia, mediante el cual se practicó la liquidación del
crédito y de las costas dentro del procedimiento de cobro coactivo, y del Auto JC
Nro. 084 de 19 de mayo de 2016, que rechazó de plano la objeción presentada y
reconoció pagos parciales, por lo que redujo el monto de la obligación insoluta.
2. Sobre los vicios en la configuración del título ejecutivo.
La apelante sostuvo que el aplicativo del ISS no permitía verificar la información del
valor de la obligación al momento en que fue expedido el mandamiento de pago y
los actos acusados. De igual modo, dicha entidad no envió la información al sucesor
procesal (Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia). Con
base en lo anterior, consideró incumplido el artículo 446 del Código General del
Proceso, el cual establece que la liquidación del crédito debe adjuntar los
documentos que la sustenten, cuando esto sea necesario, así como el artículo 113
de la Constitución.
La Sala destaca que los actos administrativos demandados en este proceso
corresponden a la liquidación del crédito y costas y al que resolvió las objeciones
en su contra. Por lo tanto, es oportuno mencionar que el debate no se puede
extender a la legalidad del título ejecutivo, pues para ello la actora tuvo la
oportunidad de proponer excepciones contra el mandamiento de pago, como lo
indicó el Tribunal.
Esta postura ha sido asumida por esta Sección13 en casos en que se ha
controvertido la legalidad del acto que ordena seguir adelante con la ejecución, que
si bien no corresponde al acto demandado en este caso, también es susceptible de
control jurisdiccional por tratarse de un acto definitivo que establece una obligación
a cargo del ejecutado. Así, se precisó por la Sala que el análisis de legalidad debe
circunscribirse al referido acto administrativo de ejecución, sin que puedan
estudiarse hechos que pudieron ser propuestos como excepciones contra el
mandamiento de pago.
En cuanto a la violación del artículo 446 del Código General del Proceso, la Sala
evidencia que el numeral 1 (idéntico al numeral 1 del artículo 521 del Código de
Procedimiento Civil, vigente al momento que inició el cobro coactivo) establece que
“Ejecutoriado el auto que ordene seguir adelante la ejecución, o notificada la sentencia que resuelva
sobre las excepciones siempre que no sea totalmente favorable al ejecutado cualquiera de las partes
podrá presentar la liquidación del crédito con especificación del capital y de los intereses causados
hasta la fecha de su presentación, y si fuere el caso de la conversión a moneda nacional de aquel y
de estos, de acuerdo con lo dispuesto en el mandamiento ejecutivo, adjuntando los documentos que
12 Ibidem, páginas 105 a 110.
13 Sentencia del 1 de agosto de 2013, expediente. 19188, C.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez. Reiterada
en las sentencias del 3 de diciembre de 2020, expediente. 24001, C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez (E) y
del 3 de junio de 2021, expediente 25117, C.P. Milton Chaves García.
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la sustenten, si fueren necesarios” (subraya la Sala).
Como se observa, esta norma no establece la obligación de adjuntar los
documentos que sustenten el título ejecutivo, pues esta obligación corresponde al
momento de la expedición del mandamiento de pago y su incumplimiento puede ser
invocado mediante el ejercicio de excepciones. En realidad, la norma transcrita se
refiere a los documentos que sustentan las modificaciones que pudieren devenir de
la decisión favorable de las excepciones, de los hechos que pudieren afectar la
causación de intereses y de la eventual conversión a moneda nacional.
De esta forma, al momento de la liquidación del crédito y de las costas no es exigible
la prueba que soporta la obligación contenida en el título ejecutivo, pues “adelantada
la etapa de liquidación del crédito, a la parte ejecutada solo le está permitido plantear
inconformidades en relación con el estado de cuenta de la deuda, la cuantía, forma de
liquidación del crédito y las costas y, operaciones aritméticas sobre las cuales se realizó la
liquidación, sin que sea admisible la discusión de la suma establecida en los títulos
ejecutivos (…) base del cobro coactivo”14
Por lo anterior, no prospera este cargo de la apelación.
3. Sobre los gastos para hacer efectivo el crédito.
La apelante controvirtió que la liquidación del crédito incluyó un valor por concepto
de costas, el cual consideró que no responde a los criterios del Estatuto Tributario
debido a que los gastos en que incurre la administración para adelantar el cobro son
diferentes a las agencias en derecho.
Para estos efectos, invocó la sentencia que estudió la exequibilidad del artículo 66
de la Ley 1480 de 2011 (C-224 de 2013), según la cual la transferencia integral del
trámite de cobro coactivo a un particular desnaturaliza el procedimiento, pues si la
entidad territorial carece de capacidades técnicas para llevarlo a cabo, debe acudir
ante los jueces de la República.
En concordancia, discutió que se haya incluido en la liquidación el valor del IVA del
contrato de prestación de servicios, pues no fue suscrito por el Departamento del
Cauca. Además, señaló que si se hubiera adelantado el cobro en un proceso
judicial, no se impondría el pago de este tributo.
Finalmente, relacionó las pruebas que obran en el expediente y afirmó que no fueron
debidamente valoradas por el a quo porque ellas permiten concluir que existió
intención del pago de la obligación en la medida de su capacidad financiera.
Sobre este cargo de la apelación, se advierte que el artículo 836-1 del Estatuto
Tributario establece que, en el marco del procedimiento administrativo de cobro
coactivo, el deudor debe pagar no solo el monto de la obligación sino, además, los
gastos en que incurrió la Administración para hacer efectivo el crédito.
En consecuencia, todas aquellas erogaciones en las cuales incurrió la
Administración se deben cobrar al deudor15. Por tanto, la gestión de cobro realizada
en este caso resulta un gasto procedente.
14
Sentencia del 27 de abril de 2023, expediente. 27185 C.P. Stella Jeanette Carvajal
15 Sentencia del 13 de junio de 2013, expediente. 19150, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia.
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En cuanto al cobro del IVA, si bien el demandante no es parte de la relación jurídica
para la gestión del cobro jurídico, se insiste en que el artículo 836-1 del Estatuto
Tributario es claro en referir que el deudor deberá pagar el gasto en el que incurrió
la Administración para el cobro, sin llevar a cabo distinción de algún tipo entre los
gastos. Entonces, comoquiera que el valor pagado al contratista por este concepto
hace parte de las erogaciones que incurrió la entidad para hacer efectivo el crédito,
puede ser recobrado a la demandante.
Respecto a la Sentencia C-224 de 2013, la Sala evidencia que en ella se declaró
inconstitucional el artículo 66 de la Ley 1480 de 2011, norma que autorizaba a las
entidades nacionales para que contrataran apoderados que adelantaran la totalidad
del procedimiento de cobro coactivo. Para estos efectos, la Corte Constitucional
consideró que lo anterior desconoce las limitaciones constitucionales para el
ejercicio de funciones públicas por particulares porque, por un lado, constituía un
vaciamiento de las competencias de la entidad pública, y por el otro, suponía la
transferencia de una atribución exclusiva del Estado de cobrar sus propias deudas
sin la intervención de un juez.
De esta forma, indicó que si la entidad pública carecía de capacidad técnica o
humana para adelantar el cobro, el procedimiento debía adelantarse ante los jueces
de la República, por lo que esta situación no justificaba la transferencia íntegra de
la competencia estatal.
La Sala destaca que la sentencia referida no consideró prohibida toda intervención
de un particular (contratista) en el procedimiento de cobro, sino su delegación
integral. Así, precisó que “la intervención de los abogados externos en el procedimiento de
cobro coactivo, en caso de existir, debe circunscribirse a la fase de instrumentación y proyección de
documentos, más no a la fase decisoria propiamente dicha, en la que se materializa la ejecución,
porque esta debe quedar radicada en las instituciones públicas”.
Teniendo presente lo expuesto, en el caso bajo examen se evidencia que los actos
administrativos acusados fueron suscritos por funcionarios del Fondo de Pasivo
Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia.
Además, en el acto que resolvió las objeciones consta que el contrato de prestación
de servicios, en el cual se fundamenta el cobro de los gastos del procedimiento,
tuvo por objeto la sustanciación e instrumentalización de los procedimientos de
cobro coactivo, al exponer lo siguiente:
“(…) la firma Grupo Acisa S.A.S. celebró el contrato No. 073 del veintidós de Septiembre (sic)
del 2015 con el Fondo de pasivo (sic) Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia, para la
sustanciación e instrumentalización de los procesos de Cobro Coactivo Administrativo por
concepto de Aportes a la Seguridad Social, Bonos Pensionales, Cuotas partes pensionales y
cálculo actuarial iniciados por el Instituto de Seguro Social hoy liquidado y trasladado al Fondo
de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia, de acuerdo con lo establecido en
el decreto 553 del veintisiete (27) de marzo del 2015, cuyo objeto contractual señala:
‘CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE ACOMPAÑAMIENTO EN EL ÁREA
JURÍDICA, CON AUTONOMÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA, CONSISTENTE EN
GESTIONAR Y ACOMPAÑAR LA LABOR INSTRUMENTAL RELACIONADA CON LOS
PROCESOS DE COBRO COACTIVO INICIADOS POR EL INSTITUTO DE SEGUROS
SOCIALES – ISS (LIQUIDADO), REALIZANDO LA SUSTANCIACIÓN, LIQUIDACIÓN DE LA
DEUDA, PROYECCIÓN DE LOS ACTOS JURÍDICOS NECESARIOS, QUE
POSTERIORMENTE SERVIRÁN DE SOPORTE AL FONDO DE PASIVO SOCIAL DE
FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA PARA LA RECUPERACIÓN DE
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CARTERA POR APORTES O COTIZACIONES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL,
BONOS PENSIONALES Y DEMÁS OBLIGACIONES EN MORA QUE SE ENCUENTREN A
FAVOR DEL INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES ISS PARA LA REGIÓN CENTRO’”.16
Lo anterior, demuestra que, en este caso, se cumplieron los parámetros fijados por
la Sentencia C-224 de 2013 para que proceda la intervención de abogados externos
en el procedimiento de cobro coactivo.
Finalmente, respecto de las pruebas relacionadas en la apelación, la misma
apelante indica que su propósito es demostrar que “el departamento no ha sido negligente,
ni descuidado con relación o materia jurídica del proceso de cobro, por el contrario ha pretendido
ejercer un vínculo administrativo que permita la integración del Estado en cumplimiento de sus fines
estatales. Documentos que no fueron analizados por el Despacho y que demuestran el ejercicio
mancomunado de la Entidad frente a ejercicio (sic) de cobro y su intención de pago por las vías
administrativas del dialogo, tolerancia y capacidad financiera” 17.
Sin embargo, como se expuso, del artículo 836-1 del Estatuto Tributario se
desprende la habilitación legal para que la entidad acreedora liquide los gastos en
que incurrió sin atender la conducta de la deudora, por lo que estas pruebas no son
útiles para desacreditar la presunción de legalidad de los actos acusados.
Por lo anterior, este cargo de la apelación tampoco prospera.
4. Sobre condena en costas
La Sala confirmará la sentencia impugnada. Además, no habrá condena en costas
procesales (gastos del proceso y agencias en derecho), porque no fue demostrada
su causación según lo exige el artículo 365 del Código General del Proceso,
aplicable en virtud del artículo 188 de la Ley 1437 de 2011.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Confirmar la sentencia del 20 de abril de 2023, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A.
2. Sin condena en costas en esta instancia.
3. Reconocer a Mercedes Grijalba Vega como apoderada del Fondo Pasivo
Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia, en los términos y para los
fines dispuestos en el poder que obra a índice 27 de SAMAI.
Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al tribunal de
origen. Cúmplase.
16 Samai, índice 2, PDF del cuaderno de primera instancia, página 9.
17 Samai del Tribunal, índice 35, PDF de la apelación, página 4 a 5.
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La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA
Presidenta
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILSON RAMOS GIRÓN
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador
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