Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2018-00401-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2018-00401-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 25000-23-37-000-2018-00401-01
Consejero ponente: Claudia Rodríguez Velásquez
20 de noviembre de 2025
Radicado: 25000-23-37-000-2018-00401-01 (28980)
Demandante: TCS Solution Center Sucursal Colombia
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Bogotá D.C., veinte (20) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-37-000-2018-00401-01 (28980)
Demandante: TCS Solution Center Sucursal Colombia
Demandada: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN)
Temas: Impuesto sobre la renta 2010. Notificación. Silencio
administrativo positivo.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación1 interpuesto por la parte demandada en
contra de la sentencia del 7 de marzo de 2024, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A, que accedió a las
pretensiones de la demanda y negó la condena en costas.
La parte resolutiva de la sentencia apelada dispuso lo siguiente2:
“PRIMERO: DECLÁRESE la nulidad de la Liquidación Oficial de Revisión No.
312412017000002 de 6 de enero de 2017, por la cual se modificó la declaración del
impuesto sobre la renta de TCS SOLUTION CENTER SUCURSAL COLOMBIA del año
gravable 2010 y de la Resolución No. 624-733 del 30 de enero de 2018 a través de la cual
se modificó la anterior al desatar el recurso de reconsideración interpuesto, de conformidad
con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.
SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del
derecho, DECLÁRASE la firmeza de la declaración del impuesto de renta del año 2010
presentada por la sociedad TCS SOLUTION CENTER SUCURSAL COLOMBIA bajo el
formulario No. 1101603052924.
TERCERO: Acéptase la renuncia de poder presentada por el Dr. Julio Cesar Ruiz Muñoz,
como apoderado de la entidad demandada, de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva.
CUARTO: No se condena en costas a la parte vencida, de conformidad con lo expuesto
en la parte motiva.”
ANTECEDENTES
Actuación Administrativa
El 18 de abril de 2011 la demandante presentó declaración del impuesto sobre la
renta del año 2010 en la que determinó pérdida del ejercicio de $5.561.723.000 y
saldo a favor de $3.090.187.0003.
El 6 de enero de 2017 la demandada expidió la Liquidación Oficial de Revisión
312412017000002 en la que estableció pérdida del ejercicio de $0, sanción por
1
Ingresó al despacho el 26 de marzo de 2025. Índice 35 plataforma SAMAI.
2
Índice 58 de la plataforma SAMAI del Tribunal Administrativo.
3
Índice 2 de la plataforma SAMAI. ANEXOSDEMA02. Fol. 201
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inexactitud y por rechazo o disminución de pérdidas de $5.576.049.000, y valor a
pagar de $4.157.791.0004.
El 10 de marzo de 2017 la demandante presentó recurso de reconsideración contra
la liquidación oficial enunciada5. Sin embargo, la DIAN expidió la Resolución 733 del
30 de enero de 20186, respecto de la cual, para efectos de su notificación personal,
remitió citación por correo el 2 de febrero de 2018 y posteriormente la notificó por
edicto el 1 de marzo del mismo año7.
DEMANDA Y CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
Pretensiones y normas violadas
Mediante apoderado judicial y en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la empresa TCS Solution Center
Sucursal Colombia formuló las siguientes pretensiones8:
“A. PRINCIPAL
1. A TÍTULO DE NULIDAD.
Respetuosamente solicito a los Honorables Magistrados que se declare la Nulidad
absoluta de la Resolución que resolvió el Recurso de Reconsideración al haber sido
proferida por un funcionario carente de competencia temporal para ello.
La falta de competencia temporal se configuró en razón a que la Resolución que
resolvió el Recurso de Reconsideración No. 624-773 del 30 de enero de 2018 fue
notificada por fuera del término preclusivo y perentorio de un (1) año con que la
Autoridad Tributaria contaba para ello, de conformidad con lo expresamente regulado
en los artículos 730, 732, y 734 del Estatuto Tributario.
2. A TÍTULO DE RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO.
Respetuosamente solicito que se decrete la firmeza de la declaración privada
presentada por TCS con ocasión del impuesto sobre la renta del período gravable
2010, en razón a la falta de competencia funcional de la Autoridad Tributaria para
resolver el Recurso de Reconsideración y del Silencio Administrativo Positivo, ambas
consecuencias jurídicas derivadas de la inexistencia de la Resolución de un Recurso
de Reconsideración debidamente notificada dentro del término perentorio y preclusivo
de un (1) año contado a partir de la presentación del Recurso de Reconsideración.
Por lo tanto, insto a su Honorable Despacho a que declare que el Recurso de
Reconsideración presentado por mi poderdante debe tenerse fallado en favor de la
Demandante, generando con ello una aceptación de todos y cada uno de los
argumentos desarrollados y de la petición incluida en el mencionado Recurso de
Reconsideración, a partir de la cual se solicitó lo siguiente:
“Con fundamento en los elementos jurídicos fácticos y probatorios desarrollados y
acreditados con ocasión del presente Recurso de Reconsideración, respetuosamente
solicito a su Despacho se sirva aceptar los argumentos de hecho y de derecho
expuestos y en consecuencia se sirva revocar la Liquidación Oficial de Revisión No.
312412017000002 del 06 de enero de 2017, notificado el 10 de enero del mismo año,
y por lo tanto determinar que los egresos de la compañía con sus vinculadas del
exterior cumplieron con el régimen de precios de transferencia y consecuencialmente
se sirva archivar el proceso adelantado en contra de mi representada.”
4
Índice 2 de la plataforma SAMAI. ANEXOSDEMA02. Fol. 200
5
Índice 2 de la plataforma SAMAI. ANEXOSDEMA02. Fol. 272 a 323
6
Índice 2 de la plataforma SAMAI. CUADERNO ANTECEDENTES 9. Fol. 733 a 1815
7
Índice 2 de la plataforma SAMAI. CUADERNO ANTECEDENTES 9. Fol. 1818 a 1819
8
Índice 2 de la plataforma SAMAI. Demanda y Reformademanda
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En virtud de la aceptación a la petición transcrita, deviene revocada la Liquidación
Oficial de Revisión No. 312412017000002 del 6 de enero de 2017 y por ende se
concretiza la firmeza de la declaración privada.
B. SUBSIDIARIA.
1. A TÍTULO DE NULIDAD
En subsidio solicito respetuosamente a los Honorables Magistrados, que en caso de
considerar que en el presente caso no se configuró la falta de competencia temporal
de la Autoridad Tributaria para resolver el Recurso de Reconsideración, ni el
consecuencial Silencio Administrativo Positivo, se sirva proceder a declarar entonces
la Nulidad Absoluta de (i) la Liquidación Oficial de Revisión No. 312412017000002
del 6 de enero de 2017, y (ii) de la Resolución No. 624-733 del 30 de enero de 2018,
a través de la cual se resolvió el Recurso de Reconsideración presentado por mi
poderdante y se decidió modificar el contenido de la Liquidación Oficial de Revisión.
En caso que se acepte parcialmente los argumentos expuestos por mi representada
durante este proceso judicial, solicito respetuosamente a su Honorable Despacho se
sirva declarar la Nulidad Parcial de los Actos Administrativos demandados derivada
de los fundamentos aceptados, liquidando el saldo a favor o a pagar, derivado de la
aceptación parcial acotada.
2. A TÍTULO DE RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO.
Respetuosamente solicito a su Honorable Despacho que como consecuencia de la
Nulidad de los Actos Administrativos demandados se sirva declarar que el denuncio
rentístico privado presentado por la Compañía con ocasión al periodo gravable 2010
se encuentra en firme y por ende deviene inmodificable, en razón a que las
operaciones pactadas con los vinculados del exterior cumplieron con el régimen de
precios de transferencia y fueron pactadas a precio de mercado.
En caso que se acepten parcialmente los argumentos expuestos por mi representada
durante este proceso judicial, solicito respetuosamente a su Honorable Despacho se
sirva establecer los conceptos y valores sobre los cuales procedió el saldo a favor a
cargo de TCS, derivados de la declaratoria de Nulidad Parcial de los Actos
Demandados.
C. COSTAS Y AGENCIAS EN DERECHO
Respetuosamente solicito a los Honorables Magistrados que, teniendo en cuenta que
los Actos Administrativos demandados contradicen el ordenamiento jurídico en forma
flagrante, se condene en costas a la parte Demandada, como consecuencia de la
Declaratoria de Nulidad Absoluta de los Actos Administrativos Demandados.
Las costas y agencias en derecho se solicitan de conformidad con el contenido
normativo determinado en los artículos 361, 363, 364, 365 y 366 del Código General
del Proceso, y en concordancia con el Acuerdo No. PSAA16-10554 del 05 de agosto
de 2016 del Consejo Superior de la Judicatura.”
Indicó como normas vulneradas los artículos 29 de la Constitución Política; 260-1,
260-2, 260-3, 260-10,560, 565, 732, y 734 del Estatuto Tributario; artículo 7 del
Decreto 4349 de 2004; y 3 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (CPACA).
Concepto de violación y oposición
Bajo el siguiente concepto de violación en la demanda se sustentaron los cargos y
en la contestación se ejerció el derecho con contradicción así:
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Cargos de orden procesal (Cuantía $5.156.960.000)
1. Indebida notificación
La demandante alegó que la resolución que resolvió el recurso de reconsideración
fue notificada de manera errónea y por fuera del término legal, dado que el artículo
732 del Estatuto Tributario establece que dicho recurso debe resolverse dentro del
plazo de un (1) año contado a partir de su presentación.
Señaló que, en el presente caso, pese a que el artículo 565 del mismo estatuto
dispone que la notificación personal debe surtirse dentro de los diez (10) días
siguientes, la DIAN, en el último día de dicho término, procedió a notificar el acto
por edicto, contrariando lo previsto en la ley.
Explicó que el recurso de reconsideración se presentó el 10 de marzo de 2017, por
lo que el término de un año para resolverlo vencía el 10 de marzo de 2018. No
obstante, la citación para la notificación personal se remitió por correo el 2 de febrero
de 2018, de manera que, conforme a las fechas, la comparecencia ante la Autoridad
Tributaria podía efectuarse hasta el 16 de febrero del mismo año. Aun así, en esa
fecha la DIAN realizó la notificación por edicto, incumpliendo lo dispuesto en el
artículo 565 del Estatuto Tributario.
2. Configuración del silencio administrativo positivo
Advirtió que el efecto de no haberse realizado correctamente la notificación por
edicto consiste en que el funcionario que expidió la resolución que resolvió el
recurso de reconsideración perdió competencia, al haberse configurado el silencio
administrativo positivo previsto en el artículo 734 del Estatuto Tributario, toda vez
que dicho acto no fue notificado dentro del término de un (1) año establecido en el
artículo 732 del mismo estatuto.
3. Violación al principio de correspondencia (art. 711 del ET)
Alegó que no existe correspondencia entre la liquidación oficial de revisión y
la resolución que resolvió el recurso de reconsideración, toda vez que en la primera
se argumentó la utilización del método TU únicamente por la falta de acceso a la
información financiera de las vinculadas, mientras que en el segundo acto se
ampliaron las razones sin que hubieran sido cuestionadas en etapas previas.
Lo anterior, sostuvo, vulneró el derecho al debido proceso, al impedirle ejercer una
defensa clara y efectiva dentro de la respectiva etapa procesal.
4. Violación del debido proceso. Indebido rechazo de reembolsos de
vinculados económicos
Manifestó que los actos demandados vulneran el derecho al debido proceso, en la
medida en que no exponen razones jurídicas que justifiquen el rechazo del
reembolso de dinero solicitado respecto de los vinculados económicos, limitándose
únicamente a señalar la aplicación del método TU y a descartar su procedencia
dentro del estudio de precios de transferencia.
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5. Falta motivación de los actos. Omisión de razones de deducibilidad de los
reembolsos con vinculada en la India
Advirtió que los actos demandados adolecen de falta de motivación, en tanto no
exponen las razones jurídicas que sustentan el rechazo de la deducción en el
impuesto sobre la renta del reembolso efectuado con la vinculada en la India,
limitándose únicamente a hacer referencia a los reembolsos realizados con la
vinculada en Uruguay.
6. Violación del derecho de defensa. Nulidad por no realización de comité
técnico
Explicó que los actos demandados vulneran lo dispuesto en el artículo 29 de la
Constitución Política, el artículo 3 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo (CPACA) y el artículo 560 del Estatuto Tributario, en
razón a que, pese a haberse solicitado la conformación de un comité técnico dentro
de la vía gubernativa, no consta prueba de que dicho comité se hubiera reunido.
Cargos de Orden Sustancial. Régimen de Precios de Transferencia (Cuantía
$1.671.929.000, en mayores impuestos)
7. Interpretación errada de normas de precios de transferencia
Señaló que los actos demandados desconocen lo previsto en los artículos 260-1,
260-2 y 260-3 del Estatuto Tributario, por cuanto no aceptaron las expensas
discutidas derivadas de operaciones con vinculadas económicas, pero mantuvieron
los ingresos en la declaración objeto de controversia.
8. Ajuste indebido a la mediana
Explicó que la decisión de la DIAN de ajustar a la mediana el valor de mercado de
las operaciones, con fundamento en el artículo 260-2 del Estatuto Tributario, no
resulta procedente, toda vez que se aplicó un método distinto al utilizado en la
Declaración Informativa Individual de Precios de Transferencia (DIIPT) y en la
documentación comprobatoria.
Señaló que dicha medida se adoptó únicamente con el propósito de determinar
nuevos valores de mercado, lo que implica que el ajuste siempre dejaría las
operaciones con vinculadas económicas por fuera de los rangos de mercado.
9. Falsa motivación
Alegó que los actos demandados se justificaron de manera indebida, al sostener el
cambio del método de Precio Comparable no Controlado (PC) al de Márgenes
Transaccionales de Utilidad de Operación (TU), con fundamento en la supuesta
existencia de una relación estrecha o intensa de transacciones entre la demandante
y sus vinculadas, sin que tal afirmación se encontrara debidamente soportada en
pruebas.
10. Inaplicación del artículo 7 del Decreto 4349 de 2004
Advirtió que los actos demandados desconocieron lo dispuesto en el artículo 7,
literal B, numeral 3 del Decreto 4349 de 2004, toda vez que el estudio de precios de
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transferencia realizado por la DIAN no concretó un análisis funcional respecto de la
operación de egreso correspondiente al concepto de consultoría.
11. Indebido cambio de método de precios de transferencia
Aclaró que los actos demandados desconocen lo dispuesto en el artículo 260-2 del
Estatuto Tributario y en el artículo 7, literal N, numeral 8 del Decreto 4349 de 2004,
por cuanto el método de Márgenes Transaccionales de Utilidad de Operación (TU)
no resultaba aplicable, ni de manera sustancial ni técnica, a las transacciones
realizadas.
12. Desconocimiento de material probatorio
Manifestó que la DIAN desconoció lo dispuesto en el artículo 260-2 del Estatuto
Tributario y en el Decreto 4349 de 2004, toda vez que se aportaron documentos y
dictámenes técnicos que describían los proyectos desarrollados con las empresas
vinculadas en el exterior, así como los proyectos locales, lo cual acreditaba la
realidad económica de las transacciones y de la empresa. En consecuencia, no
resultaba procedente el cambio del método de precios de transferencia aplicado.
13. Documentos en idioma extranjero no cumplen con el 251 del CGP
Advirtió que el estudio de precios de transferencia realizado por la DIAN fue
soportado en documentos redactados en idioma inglés, los cuales no cumplen con
lo dispuesto en el artículo 251 del Código General del Proceso, al no haber sido
traducidos al idioma castellano.
14. No aplicación del punto 2.3 de las Directrices de la OCDE
Explicó que la DIAN no aplicó lo previsto en el punto 2.3 de las Directrices de la
OCDE en materia de Precios de Transferencia, al establecer como método idóneo
el de Márgenes Transaccionales de Utilidad de Operación (TU). Señaló que,
conforme al numeral 2.3 de dicho ordenamiento, los métodos tradicionales —precio
comparable no controlado, costo adicionado y precio de reventa— constituyen las
herramientas más directas para evaluar si una operación entre vinculados
económicos cumple con el principio de plena competencia y, por ende, con los
precios de mercado.
15. Método TU no es idóneo para las transacciones con vinculadas
Alegó que el artículo 7, literal B, numeral 7 del Decreto 4349 de 2004 establece que
el método ideal aplicable en transacciones con vinculados económicos es aquel que
no requiere múltiples ajustes. No obstante, en el presente caso, el método de
Márgenes Transaccionales de Utilidad de Operación (TU) aplicado por la DIAN
exigía más ajustes que el método de Precio Comparable no Controlado (PC)
utilizado por la demandante.
16. Comparabilidad de operaciones con operaciones no comparables
Señaló que la DIAN desconoció lo dispuesto en el artículo 260-3 del Estatuto
Tributario y en los numerales D1 de los puntos 1.33, 1.36, D1.2, así como en los
puntos 1.38, 1.40, 1.41, D.1.2.2 y D.1.2.4 de las Directrices de la OCDE sobre
Precios de Transferencia de 2010, toda vez que comparó las operaciones
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cuestionadas con otras que no eran realmente comparables, al carecer de las
mismas características y funcionalidad.
17. Aplicación indebida de ciclos económicos
Aclaró que los actos demandados desconocieron lo dispuesto en el artículo 260-3
del Estatuto Tributario y en el artículo 7, literal B, numeral 9 del Decreto 4349 de
2004, toda vez que se acudió a los ciclos económicos de la información financiera
sin que se hubiera demostrado que la situación económica de la demandante se
prolongó por más de un período.
18. Incumplimiento del principio de plena competencia con el método TU
Alegó que los actos demandados desconocen lo dispuesto en los artículos 260-1 y
260-2 del Estatuto Tributario, por cuanto la DIAN no podía aplicar el método de
Márgenes Transaccionales de Utilidad de Operación (TU), siendo el método de
Precio Comparable no Controlado (PC) el técnicamente idóneo y procedente para
acreditar el cumplimiento del principio de plena competencia, al permitir una
comparabilidad más precisa de las operaciones realizadas con vinculadas
económicas.
19. Irregularidad del estudio de precios de transferencia
Manifestó que el estudio de precios de transferencia realizado por la DIAN, al aplicar
el método de Márgenes Transaccionales de Utilidad de Operación (TU), careció de
justificación, razón por la cual no se cumplió con los requisitos previstos en el
artículo 260-1 del Estatuto Tributario.
20. Indebida valoración de contratos
Advirtió que los contratos comerciales remitidos a la DIAN justificaban la aplicación
de los comparables, de modo que la indebida valoración de dichos contratos
desconoció lo previsto en los artículos 742 y 743 del Estatuto Tributario, así como
en los artículos 164, 165, 167 y 176 del Código General del Proceso.
21. No justificación de cambio de método
Señaló que la DIAN no justificó con razones jurídicas suficientes la aplicación del
método TU en su estudio de precios de transferencia, toda vez que no aplicó lo
previsto en el artículo 260-2 del Estatuto Tributario para fundamentar el cambio de
método.
22. Indebido rechazo de reembolsos de terceros independientes
Aclaró que los reembolsos pagados por la demandante a un tercero no debían
formar parte del estudio de precios de transferencia, toda vez que correspondían a
un gasto remitido a un tercero independiente, el cual posteriormente fue
simplemente reintegrado, sin generar efecto económico ni contable. En
consecuencia, explicó que la inclusión de dicho reembolso como variable en el
estudio desconoció la comparabilidad prevista en los artículos 260-1 y 260-3 del
Estatuto Tributario.
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23. Método TU para reembolso de gastos
Señaló que, mediante el método TU aplicado en el estudio técnico elaborado por un
experto y remitido al expediente, se demostró que el reembolso de gastos cumplía
con el régimen de precios de transferencia. Indicó que dicho cumplimiento no fue
desvirtuado por la DIAN, en la medida en que se trató de operaciones que no
generaron utilidad.
Cargos Contra las Sanciones Impuestas
24. Improcedencia de la sanción por inexactitud por rechazo de pérdidas.
Irretroactividad de las normas tributarias (Cuantía $1.813.102.000)
Advirtió que la sanción de rechazo de pérdidas impuesta en los actos demandados
con fundamento en el artículo 260-10 del Estatuto Tributario no resulta procedente,
toda vez que en el año 2010 dicha disposición únicamente remitía al artículo 647 y
no al artículo 647-1 del mismo estatuto, norma que no existía al momento de los
hechos. Además, aclaró que la referencia expresa a la sanción por pérdidas solo se
incorporó posteriormente mediante la Ley 1607 de 2012.
25. Improcedencia de sanción por inexactitud (Cuantía $1.671.929.000)
Alegó que no procede la sanción por inexactitud en el presente caso, toda vez que
lo discutido obedece a una diferencia de criterios respecto de las normas aplicables.
26. Improcedencia de sanciones conjuntas (Cuantía $1.671.929.000 y
$1.813.102.000)
Advirtió que los actos demandados no podían imponer simultáneamente la sanción
por inexactitud prevista en el artículo 647 del Estatuto Tributario y la sanción por
pérdidas contemplada en el artículo 647-1 del mismo estatuto, en la medida en que
ambas resultan excluyentes entre sí por razones de naturaleza y de cálculo.
27. Improcedencia de sanciones por aplicación objetiva (Cuantía
$1.671.929.000 y $1.813.102.000)
Advirtió que la sanción por inexactitud y la sanción por pérdidas fueron aplicadas de
manera objetiva, sin analizar que en el accionar de la demandante durante el
período investigado no se configuró fraude ni abuso.
Contestación de la Demanda
La demandada se opuso a las pretensiones de la demanda, en los siguientes
términos9:
Cargos de Orden Procesal (Cuantía $5.156.960.000)
1. Indebida notificación
Aclaró que la resolución que resolvió el recurso de reconsideración fue notificada
en debida forma. A juicio de la DIAN, únicamente a partir de la entrada en vigencia
de la Ley 1943 de 2018 el cómputo del término de diez (10) días, para que los
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Índice 2 de la plataforma SAMAI. Contestación y Contestaciónref.
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contribuyentes acudan a notificarse personalmente, se inicia desde el día siguiente
a aquel en que el acto es depositado en el correo. En consecuencia, la notificación
por edicto no afectó ni comprometió el término previsto para la notificación personal.
2. Configuración del silencio administrativo positivo
Advirtió que no se configuró el silencio administrativo positivo, por cuanto la
resolución que resolvió el recurso de reconsideración fue notificada en debida forma
dentro del término de un (1) año previsto en el artículo 732 del Estatuto Tributario.
Lo anterior, en la medida en que dicha resolución quedó debidamente notificada
dentro del plazo legal.
Señaló, además, que la Corte Constitucional, en la sentencia C-929 de 2005,
precisó que el cómputo del término de diez (10) días para la notificación personal
debe iniciarse a partir de la fecha de introducción al correo, criterio que ha sido
reiterado en diversos fallos de la Sección Cuarta del Consejo de Estado.
3.Otros cargos procesales
Explicó que, respecto de las empresas vinculadas, únicamente remitió notas
contables, sin aportar comprobantes internos o externos que soportaran las
transacciones realizadas.
Señaló que los actos demandados advierten el incumplimiento de efectuar
operaciones a precio de mercado, incluyendo la operación con la vinculada en
India, aunque dicha operación fue analizada de manera conjunta.
En relación con la no realización del comité técnico, indicó que, tras hacer
referencia a generalidades sobre precios de transferencia, los actos demandados
se presentaron como ajustados a las normas tributarias y al régimen de precios de
transferencia.
Cargos de Orden Sustancial (Cuantía $1.671.929.000)
4. Interpretación errada de normas de precios de transferencia
Señaló que los actos demandados se ajustan a la normativa en materia de precios
de transferencia, en la medida en que la no aceptación de las expensas se
fundamentó en la documentación aportada por la demandante.
5. Ajuste indebido a la mediana
Explicó que el ajuste a la mediana se efectuó de manera adecuada, toda vez que,
de acuerdo con las pruebas remitidas al expediente, se evidenció una significativa
interacción —en términos de trabajadores y capital— entre la demandante y sus
vinculadas. En consecuencia, el método de Márgenes Transaccionales de Utilidad
de Operación (TU) resultaba el apropiado para realizar dicho ajuste a la mediana.
6. Falsa motivación
Manifestó que el cambio de método de PC a TU se realizó por las pruebas
relacionadas con los servicios de consultoría y otros egresos, los cuales probaron
una alta incorporación de funciones y recursos humanos en las mencionadas
operaciones.
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7. Inaplicación del artículo 7 del Decreto 4349 de 2004
Advirtió que cumplió con el Decreto 4349 de 2004, porque el estudio de precios de
transferencia realizado por la DIAN tiene como base el Estatuto Tributario, su
regulación y las Directrices de la OCDE.
8. Indebido cambio de método de precios de transferencia
Reiteró que el cambio de método se justificó por la relación estrecha de la
demandante con sus vinculadas.
9. Desconocimiento de material probatorio
Manifestó que la base de los actos demandados fueron las pruebas adquiridas en
el proceso de fiscalización y las remitidas por la demandante como la DIIPT y su
documentación comprobatoria, por lo que existen diferentes pruebas que soportan
los actos demandados.
10. No aplicación del punto 2.3 de las Directrices de la OCDE
Explicó que aplicó las Directrices de la OCDE para el estudio de precios de
transferencia, como lo reflejan los actos demandados.
11. Método TU no es idóneo para las transacciones con vinculadas
Alegó que los ajustes que se realizaron en el método TU eran necesarios y no
afectaron el resultado del estudio de precios de transferencia en relación con los
precios de mercado.
12. Comparabilidad de operaciones con operaciones no comparables
Señaló luego de explicar la forma en que realizaron los estudios de comparabilidad,
que utilizó la información de la plataforma Osiris en los que se identificaron los
comparables necesarios.
13. Aplicación indebida de ciclos económicos
Aclaró que luego de explicar la forma en que realizó el estudio de precios de
transferencia, que tuvo en cuenta toda la información recopilada en el proceso de
fiscalización, por lo que se tuvo en cuenta las variables económicas y financieras.
14. Incumplimiento del principio de plena competencia con el método TU
Alegó que aplicó de forma correcta los artículos 260-1 y 260-2 del Estatuto
Tributario, ya que luego de explicar la forma en que realizó el estudio de precios de
transferencia explicó, que calculó de forma adecuada los rangos para cumplir el
principio de plena competencia.
15. Irregularidad del estudio de precios de transferencia
Reiteró que el estudio de precios de transferencia utilizó el método TU de forma
correcta, por lo que cumplió con el artículo 260-1 del Estatuto Tributario.
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16. Indebida valoración de contratos
Advirtió, luego de explicar la forma en que se emitieron los actos administrativos,
que los elementos probatorios relativos a las operaciones con empresas vinculadas
fueron analizados de manera correcta.
17. No justificación de cambio de método
Reiteró, que el cambio de método de precios de transferencia se justificó en los
actos demandados.
18. Indebido rechazo de reembolsos de terceros independientes
Aclaró que el rechazo de los costos de terceros independientes se debió a que,
aunque la demandante acreditó el porcentaje asignado del gasto, no remitió los
soportes necesarios para su verificación
19. Indebido rechazo de reembolsos de vinculados económicos
Explicó que para empresas vinculadas solo remitió notas de la contabilidad, pero no
remitió comprobantes internos o externos que soportara las transacciones.
20. Método TU para reembolso de gastos
Señaló que el estudio de experto remitido al expediente no cumple con los requisitos
para ser considerado prueba, en la medida en que fue aportado únicamente dentro
del proceso judicial, aplica el método TU —a manera de confesión— que contradice
la posición de la demandante, e incorpora un certificado de contador público
extranjero que no satisface los requisitos exigidos por la normativa local.
Cargos Relacionados con las Sanciones Impuestas
21. Sanción por inexactitud por rechazo de pérdidas. Irretroactividad de las
normas tributarias (Cuantía $1.813.102.000)
Advirtió que la sanción impuesta en los actos demandados correspondió a la
sanción por inexactitud prevista en el artículo 647 del Estatuto Tributario. Además,
indicó que, en relación con los artículos 260-10 y 647-1 del mismo estatuto, para el
período 2010 ya existía la sanción por pérdidas fiscales, razón por la cual no se
aplicó la ley de manera retroactiva.
22. Improcedencia de sanción por inexactitud (Cuantía: $1.671.929.000)
Alegó que no existió diferencia de criterio en la aplicación de las normas de precios
de transferencia, puesto que se aplicó de manera errónea el método para establecer
el valor de mercado. En consecuencia, consideró procedente la sanción prevista en
el artículo 647 del Estatuto Tributario.
23. Improcedencia de sanciones conjuntas (Cuantía $1.671.929.000 y
$1.813.102.000)
Advirtió que los actos demandados no determinaron sanciones conjuntas, ya que el
artículo 647-1 del Estatuto Tributario permite determinar sanción por inexactitud, por
pérdidas fiscales, que fue lo que ocurrió en el presente caso.
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24. Improcedencia de sanciones por aplicación objetiva (Cuantía
$1.671.929.000 y $1.813.102.000)
Advirtió que la sanción por inexactitud del artículo 647 y por pérdidas fiscales de
647-1 del Estatuto Tributario son aplicables como consecuencia del incumplimiento
en el régimen de precios de transferencia, por lo que su aplicación es de acuerdo
con el principio de legalidad.
SENTENCIA APELADA Y RECURSOS DE APELACIÓN DE LA PARTE
DEMANDADA
El Tribunal accedió a las pretensiones de la demanda y no condenó en costas10, A
su turno, la parte demandada formuló recurso de apelación. Los motivos del fallo
impugnado y los argumentos de la alzada son:
Configuración del silencio administrativo positivo (Cuantía $5.156.960.000)
Decisión de primera instancia: Aclaró que en el presente caso resulta aplicable el
artículo 562 del Estatuto Tributario en materia de notificación de actos, así como los
artículos 732 y 734 del mismo estatuto, para efectos de determinar si se configuró
el silencio administrativo positivo.
Señaló que la demandada notificó por edicto la resolución que resolvió el recurso
de reconsideración antes de que se cumplieran los diez (10) días de la notificación
personal. En consecuencia, esta Sala, en sentencia del 20 de septiembre de 2017,
precisó que dicha irregularidad genera la nulidad de los actos administrativos
demandados y da lugar a la configuración del silencio administrativo positivo11.
Aclaró que, de acuerdo con las pruebas obrantes en el expediente, la DIAN notificó
por edicto la resolución que resolvió el recurso de reconsideración de manera
irregular, pues lo hizo el último día del término de la notificación personal. En tal
virtud, al no notificarse de forma adecuada dentro del plazo de un (1) año contado
desde la presentación del recurso de reconsideración, se configuró el silencio
administrativo positivo.
Finalmente, declaró que no procede la condena en costas, dado que, conforme con
el numeral 8 del artículo 365 del Código General del Proceso, estas no se
encuentran probadas en el expediente.
Primer cargo de la apelación12: Explicó que el Tribunal no realizó el conteo de
términos de la notificación personal conforme al artículo 45 de la Ley 1111 de 2006,
disposición que establecía que el cómputo de diez (10) días para que los
contribuyentes acudieran a notificarse personalmente iniciaba desde la fecha de
depósito en el correo de la citación. Por el contrario, el Tribunal aplicó el artículo 92
de la Ley 1943 de 2018, norma posterior a los hechos, que dispone que el conteo
inicia al día siguiente de haberse depositado en el correo la citación.
Advirtió que el silencio administrativo positivo no se configuró, toda vez que esta
Sala, en sentencia del 21 de mayo de 2015, precisó que el oficio de citación para
notificación personal hace parte del trámite de notificación de la respuesta al recurso
10
Índice 58 de la plataforma SAMAI del Tribunal Administrativo.
11
Exp.20890. C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto
12
Índice 62 de la plataforma SAMAI del Tribunal Administrativo.
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de reconsideración13. En consecuencia, la demandante presentó dicho recurso el
10 de marzo de 2017, por lo que el término para resolverlo vencía el 10 de marzo
de 2018; sin embargo, se cumplió con la notificación al remitirse la citación para
notificar la respuesta el 1 de febrero de 2018.
Aclaró que la Corte Constitucional, en sentencia C-929 de 2005, declaró exequible
la expresión “de la fecha de introducción al correo” contenida en el artículo 565 del
Estatuto Tributario, razón por la cual el cómputo de términos de la notificación
personal inicia ese mismo día. En consecuencia, la sentencia recurrida vulneró el
principio de confianza legítima y de buena fe, e infringió la Constitución Política.
PRONUNCIAMIENTOS FINALES DE LAS PARTES
La demandante reiteró lo expuesto en la demanda14. La demandada no se
pronunció, y el Ministerio Público guardó silencio.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
Antes de decidir sobre el debate judicial planteado en el trámite de esta segunda
instancia, se pone de presente que el Consejero de Estado Luis Antonio Rodríguez
Montaño manifestó estar impedido para participar en la decisión, por haber conocido
el proceso en primera instancia (índice 18 SAMAI). En consecuencia, mediante auto
del 20 de marzo de 2025 la Sala declaró fundado el impedimento presentado (índice
26 SAMAI), por lo que se separó de su conocimiento el presente caso.
Problema Jurídico
En los términos del recurso de apelación, el problema jurídico a resolver se centra
en determinar:
1. ¿Cuál es el cómputo correcto del término de diez (10) días previsto en la
citación para la notificación personal de la resolución que decide el recurso
de reconsideración?
2. De acuerdo con la respuesta al primer interrogante, ¿se notificó en debida
forma la resolución que resolvió dicho recurso?
3. Y, en consecuencia, ¿se configuró el silencio administrativo positivo?
Análisis del Caso (No prospera el cargo)
La demandada alegó que el término fijado en la citación para la notificación personal
debía contarse desde el mismo día de depósito o introducción al correo. Por su
parte, la parte demandante sostuvo que dicho término debía contarse a partir del
día siguiente a la introducción al correo.
La determinación del momento inicial del cómputo resulta decisiva para establecer
si la fijación del edicto se realizó indebidamente durante el transcurso del término
de notificación personal o, por el contrario, si se ajustó a derecho. De esta
conclusión depende la configuración o no del silencio administrativo positivo.
13
Exp. 20406. C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia.
14
Índice 12 de la plataforma SAMAI.
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Para resolver el caso, es indispensable revisar el contenido de los artículos 565,
732 y 734 del Estatuto Tributario, conforme al texto vigente para la época de los
hechos, los cuales regulaban la forma de notificación de los actos administrativos,
el término para resolver los recursos y la procedencia del silencio administrativo
positivo:
“Artículo 565. Modificado. Ley 1111/2006, Art. 45. Formas de notificación de las
actuaciones de la administración tributaria. (...)
Inciso 2. Las providencias que decidan recursos se notificarán personalmente, o por edicto
si el contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, no compareciere dentro
del término de los diez (10) días siguientes, contados a partir de la fecha de
introducción al correo del aviso de citación. En este evento también procede la
notificación electrónica. (…)”
“Artículo 732. Término para resolver los recursos. La administración de impuestos tendrá
un (1) año para resolver los recursos de reconsideración o reposición, contado a partir de
su interposición en debida forma.”
“Artículo 734. Silencio administrativo. Si transcurrido el término señalado en el artículo 732,
sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, el recurso no se ha resuelto, se
entenderá fallado a favor del recurrente, en cuyo caso, la administración, de oficio o a
petición de parte, así lo declarará.” (Subraya la Sala)
Sobre la correcta notificación de la resolución que resuelve el recurso de
reconsideración y el cómputo del término para la notificación personal establecido
en el artículo 565 del Estatuto Tributario, esta Sala recientemente se manifestó
fijando criterios precisos en esta materia: los términos de días suponen días
completos conforme al artículo 59 de la Ley 4 de 1913 que dispone: “todos los plazos
de días, meses o años, del que se haga mención legal, se entenderán que terminan a la
medianoche del último día del plazo. Por año y por mes se entienden los del calendario
común, y por día el espacio de veinticuatro horas; pero en la ejecución de las penas se
estará a lo que disponga la ley penal”.
En consecuencia, el día de introducción al correo no puede incluirse en el conteo
del término de diez (10) días, pues ello implicaría una reducción del plazo concedido
por el legislador y conllevaría a la vulneración del derecho de defensa. De admitirse
tal tesis, real y materialmente el contribuyente no dispondría de los diez (10) días
previstos para concurrir a notificarse de manera personal, contrariando el expreso
querer del legislador.
El anterior análisis, además, respeta la regla general procesal según la cual los
términos empiezan a correr al día siguiente de la notificación (artículo 118 CGP).
Tal disposición tiene por finalidad preservar el cómputo íntegro y completo del
término conferido en la ley, en especial cuando se trata de términos fijados en días15.
Esta ha sido la posición de la Sala, como se observa en sentencia del 29 de abril de
202116:
15
En auto del 10 de octubre de 2025, exp. 28923 C.P. Claudia Rodríguez Velásquez, la Sala precisó: “…los términos (no
importa de qué naturaleza) corren a partir del día siguiente de la fecha del envío. Por ende, el día del envío del acto
administrativo –que es cuando se notifica el mismo- no puede considerarse como primer día para el conteo…”
16
Exp 24510. C.P. Milton Chaves García. Que reitera: Sentencia del 8 de septiembre de 2016. Sección Cuarta del Consejo
de Estado. Exp. 18945. C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Ver también: Sentencia del 6 de mayo de 2021. Sección Cuarta
del Consejo de Estado. Exp. 24198, C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez; Sentencia del 13 de agosto de 2020. Sección Cuarta
del Consejo de Estado. Exp. 22923, C.P. Milton Chaves García. Además, referenciada en sentencia del 3 de marzo de 2022.
Exp. 25669. C.P. Milton Chaves García.
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“3.3. En sentencia C-929 de 2005, la Corte Constitucional declaró exequible la expresión
“contados a partir de la fecha de introducción al correo del aviso de citación” del artículo
565 del Estatuto Tributario.
Lo anterior, porque consideró que con la introducción al correo del aviso de citación, no se
entiende surtida la notificación personal, pues “el aviso de citación […], tiene por finalidad
enterar al destinatario que el recurso interpuesto ya fue resuelto a fin de que comparezca
para ser notificado personalmente, con lo cual se garantiza el derecho al debido proceso,
y solo en defecto de su no comparecencia se procede a la notificación por edicto”.
3.4. Habida consideración que el artículo 565 del Estatuto Tributario establece que la
notificación personal debe practicarse dentro de los 10 días siguientes, contados desde el
envío de la citación, y el artículo 59 del Código de Régimen Político y Municipal dispone
que los términos señalados en días se cuentan hábiles, debe entenderse que dicho plazo
empieza a correr a partir del primer día hábil siguiente a la introducción de correo del aviso
citatorio. Y, no desde el recibo de la citación, como lo pretende la actora. (....)
Contrario a lo señalado por la demandada en su recurso de apelación, el fundamento de
la decisión del tribunal obedece a las sentencias proferidas por esta Sala que han señalado
un criterio reiterado frente al conteo del plazo que tiene el administrado para comparecer
a la notificación personal, esto es, los diez días corren a partir del día hábil siguiente de la
introducción al correo del aviso de la citación. (...)
Para la Sala no es objeto de discusión que la Administración cumplió formalmente con el
procedimiento de notificación al remitir el aviso de citación a la dirección correcta- hecho
no debatido en la apelación. Sin embargo, la DIAN antes de terminar el plazo para
comparecer a la notificación personal, procedió a notificar el acto mediante edicto fijado el
2 de marzo de 2015, esto es, el último día con que contaba la demandante para notificarse
personalmente. Por consiguiente, la notificación por edicto fijado el 2 de marzo de 2015 y
desfijado el 13 del mismo mes y año, se surtió en forma anticipada, es decir, antes de que
se venciera el término que tenía la demandante para comparecer y notificarse
personalmente de la decisión del recurso de reconsideración. (...)
En ese orden de ideas, se configuró el silencio administrativo positivo conforme a lo
dispuesto en los artículos 732 y 734 del E.T., pues aun cuando la DIAN tenía hasta el 14
de abril de 2015 para dictar y notificar la resolución por la que resolvió el recurso de
reconsideración, se reitera, la notificación efectuada por edicto fue irregular y no produjo
efectos legales.” (Subraya la Sala)
Complementando lo anterior, la posición de la Sala no contraría lo dispuesto en la
sentencia C-929 de 2005. Dicha providencia declaró la constitucionalidad de la
norma; sin embargo, la interpretación de su contenido, en armonía con las demás
disposiciones procesales, corresponde a la jurisdicción contencioso-administrativa.
Esta, como ya se indicó, para preservar el derecho de defensa y en estricta
aplicación de los artículos 59 de la Ley 4 de 1913 y 118 del Código General del
Proceso, ha señalado que el término de diez (10) días corre a partir del día siguiente
a la introducción de la citación en el correo.
En ese sentido, el artículo 92 de la Ley 1943 de 2018 simplemente elevó a rango
legal una interpretación normativa que ya constituía precedente jurisprudencial
consolidado.
En el presente caso, se tiene:
1. La citación para notificar la resolución que resolvió el recurso de
reconsideración (Resolución 733 del 30 de enero de 2018) fue introducida al
correo el 2 de febrero de 201817 (día cero).
17
Índice 2 de la plataforma SAMAI. CUADERNO ANTECEDENTES 9. Fol. 1818.
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2. El término de diez (10) días para que compareciera el contribuyente iniciaba
a contarse desde el siguiente día hábil, esto es, el 5 de febrero de 2018
(lunes), y vencía el 16 de febrero del mismo año (viernes).
3. El edicto se fijó el 16 de febrero de 2018 y se desfijó el 1 de marzo del mismo
año18.
Así, resulta evidente que la notificación por edicto se traslapó o se sobrepuso con
la notificación personal por un (1) día, lo que derivó en la privación del término
completo concedido para la notificación personal. Ello conllevó a la vulneración del
derecho de defensa y configuró una irregularidad insubsanable en la notificación,
que impone la aplicación del artículo 72 del CPACA. En virtud de esta disposición,
la notificación que no cumple con los requisitos legales se tiene por no realizada,
por lo que la notificación válida en el presente caso es por conducta concluyente, la
cual fue el 16 de marzo de 2018, fecha en la que la demandante, de acuerdo con
petición formulada el 13 de marzo de 2018, recibió copia de la aludida resolución19.
En este orden de ideas, la DIAN perdió competencia temporal para expedir la
resolución que resolvió el recurso de reconsideración, ya que al haberse presentado
dicho recurso el 10 de marzo de 2017 contaba hasta el 10 de marzo de 2018 para
su notificación20. Sin embargo, en el presente caso al no ser efectiva la notificación
por edicto y la personal del mencionado acto, la fecha de notificación por conducta
concluyente (16 de marzo de 2018) fue la fecha efectiva de comunicación, la cual
fue posterior a un año de haberse interpuesto el recurso de reconsideración.
En consecuencia, al no haberse surtido la notificación en debida forma y tenerse
por no hecha, operó el silencio administrativo positivo regulado en los artículos 732
y 734 del Estatuto Tributario. Por lo tanto, no prosperan los cargos.
2. Condena en costas en segunda instancia a la parte demandada
Ante la no prosperidad de la apelación interpuesta por la parte demandada, procede
la condena en costas en segunda instancia, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 365, numerales 1 y 8, del Código General del Proceso. En consecuencia,
se fijarán como agencias en derecho el equivalente a un (1) salario mínimo legal
mensual vigente al momento de la ejecutoria de la providencia, según las reglas
previstas en el artículo 366 ibidem y los lineamientos establecidos en el Acuerdo
PSAA16-10554 del 5 de agosto de 2016, expedido por la Sala Administrativa del
Consejo Superior de la Judicatura.
De acuerdo con lo expuesto, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia y
condenará en costas, en segunda instancia, a la parte demandada.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la Ley,
FALLA
1. CONFIRMAR la sentencia del 7 de marzo de 2024, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A
18
Índice 2 de la plataforma SAMAI. CUADERNO ANTECEDENTES 9. Fol. 1819
19
Índice 26 de la plataforma SAMA del Tribunal. 14_ED_EXPEDIENTE_09ANEXO7 y 15_ED_EXPEDIENTE_10ANEXO8
20
Índice 2 de la plataforma SAMAI. CUADERNO ANTECEDENTES 8. Fol. 1433
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2. CONDENAR en costas en segunda instancia a la demandada, conforme con lo
señalado en la parte considerativa de esta providencia.
3. RECONOCER personería a Paola Andrea García Colorado, para actuar en
nombre y representación de la DIAN, conforme a poder conferido (índice 38 SAMAI).
Cópiese, notifíquese, comuníquese. Devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase.
La anterior providencia se estudió y aprobó en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente Aclaro voto
(Firmado electrónicamente)
CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
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