Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2018-00443-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2018-00443-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 25000-23-37-000-2018-00443-01
Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello
15 de junio de 2023
Radicado: 25000-23-37-000-2018-00443-01 (26648)
Demandante: Stork Latam S.L. Sucursal Colombia
(antes Stork Technical Services Holding B.V. Sucursal Colombia)
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá, D.C., quince (15) de junio de dos mil veintitrés (2023)
Referencia Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación 25000-23-37-000-2018-00443-01 (26648)
Demandante STORK LATAM S.L. SUCURSAL COLOMBIA (ANTES STORK
TECHNICAL SERVICES HOLDING B.V. SUCURSAL COLOMBIA)
Demandado DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN
Tema Impuesto sobre la renta año gravable 2014. Deducción de
costos por servicios de transporte. Impuestos indirectos.
Sujetos de iure y de facto. Reiteración jurisprudencial en
materia de correcciones provocadas.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la demandada contra la
sentencia del 3 de febrero de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, que dispuso1:
“PRIMERO: DECLARAR la nulidad de la Liquidación Oficial de Revisión No.
312412018000016 del 16 de marzo de 2018, por medio de la cual se modificó la declaración
privada del impuesto sobre la renta presentada por la sociedad Stork Technical Services
Holding B.V. Sucursal Colombia por el año 2014, de conformidad con las razones
expuestas en la parte motiva de esta sentencia.
SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho,
DECLARAR la firmeza del denuncio privado del impuesto sobre la renta correspondiente al
año 2014, presentado por la sociedad Stork Technical Services Holding B.V. Sucursal
Colombia con el formulario No. 1110606556317 del 05 de octubre de 2017.
(…).”
ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA
El 30 de abril de 2015, Stork Technical Services Holding BV Sucursal Colombia
(actualmente Stork Latam S.L. Sucursal Colombia) presentó la declaración de renta
de 2014, en la cual registró un saldo a favor de $7.602.880.000. Este saldo fue
disminuido mediante declaración de corrección voluntaria presentada el 3 de marzo
de 2016 a $7.561.071.000, suma compensada y devuelta por la DIAN mediante la
Resolución Nro. 62829000510162 del 8 de marzo de 2016.
El 5 de julio de 2017, la DIAN emitió el Requerimiento Especial Nro.
312382017000062, en el que propuso modificar la declaración anterior,
desconociendo costos de ventas en cuantía de $3.821.478.266, liquidando un
impuesto a cargo de $1.916.716.000 (es decir, $955.370.000 más de lo declarado
por la sucursal), sanción por inexactitud de $955.370.000 y un total saldo a favor
de $5.650.331.000 (esto es, una disminución de $1.910.750.000).
El 5 de octubre de 2017, con ocasión de la respuesta al requerimiento especial, la
sociedad presentó declaración de corrección provocada, mediante la cual aceptó
parcialmente las glosas propuestas por la DIAN y procedió a: i) disminuir el renglón
de costos y gastos de nómina a la suma de $34.806.894.0002 (antes
1 Samai Tribunal. Índice 25. PDF ”9_SENTENCIA(.PDF) NroActua 25”
2 Este renglón no fue objeto de cuestionamiento por parte de la DIAN en el requerimiento especial.
1
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Radicado: 25000-23-37-000-2018-00443-01 (26648)
Demandante: Stork Latam S.L. Sucursal Colombia
(antes Stork Technical Services Holding B.V. Sucursal Colombia)
$34.917.082.000), ii) aumentar los renglones de cuentas por cobrar a
$28.052.288.000 (antes $28.052.287.000), otros activos a $665.319.000 (antes
$665.318.000), total patrimonio bruto a $40.515.514.000 (antes $40.515.512.000)
y total patrimonio líquido a $16.672.226.000 (antes $16.672.224.000)3 , y aceptar
el desconocimiento de: ii) costos de venta por $110.188.000, liquidando un saldo a
favor de $7.522.505.000.
El 16 de marzo de 2018, la DIAN expidió la Liquidación Oficial de Revisión Nro.
312412018000016, que rechazó la declaración de corrección pues estimó que el
contribuyente modificó renglones no glosados y confirmó los valores propuestos en
el requerimiento especial.
La sucursal demandó directamente la liquidación oficial mencionada, en aplicación
del mecanismo per saltum, previsto en el parágrafo del artículo 720 del Estatuto
Tributario.
ANTECEDENTES PROCESALES
Demanda
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto
en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, el demandante formuló las siguientes pretensiones4:
“I. PRETENSIONES5
a. Que se declare la nulidad de la Liquidación Oficial de Revisión N° 312412018000016 del
16 de marzo de 2018, proferida por la División de Gestión de Liquidación de la Dirección
Seccional de Impuestos de Grandes Contribuyentes de la U.A.E. DIAN, por medio de la
cual se modificó oficialmente la declaración del impuesto sobre la renta y
complementarios presentado por la Compañía por el año gravable 2015.
b. Que como consecuencia de lo anterior se restablezca el derecho de STORK
declarándose:
1. Que no hay lugar a liquidar un mayor impuesto por valor de $955.370.000, ni la
sanción por inexactitud calculada a la tarifa del 100% por valor de $955.370.000,
determinados en el acto administrativo que se demanda.
2. Que como consecuencia de lo anterior se declare la firmeza de la declaración del
impuesto sobre, la renta y complementarios presentada por STORK por el año
gravable 2014 y se ordene el archivo del expediente abierto en contra de mi
representada.
3. Que se declare que no son de cargo de STORK las costas en que hubiere incurrido
la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales con relación a la actuación
administrativa demandada, ni las de este proceso.
c. Que se condene en costas y agencias en derecho a la U.A.E. Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales.”
A los anteriores efectos, invocó como violados los artículos 29, 83, 95-9, y 363 de
la Constitución Política; 563, 564, 565, 568, 617, 709, 710, 771-2 del Estatuto
Tributario; y 42 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
El concepto de la violación de estas disposiciones se resume así:
3 Estos renglones tampoco fueron glosados.
4 Samai. Índice 2. PDF “ED_CUADERNO1NULIDADYRESTABLECI MIENTODELDERECHO_14OTROS-
REFORMADEMANDA(.pdf) NroActua 2”
5
La Sucursal presento demanda el 27 de julio de 2018 y 27 de marzo de 2019 presentó reforma a la
demanda.
2
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Demandante: Stork Latam S.L. Sucursal Colombia
(antes Stork Technical Services Holding B.V. Sucursal Colombia)
1. Indebida notificación de la liquidación oficial
Se refirió a los artículos 564 y 565 del Estatuto Tributario para explicar que, si al
interior de un trámite administrativo ante la DIAN el contribuyente informa una
dirección procesal, a esta debe darse prioridad sobre la registrada en el RUT, sin
que la norma explique qué ocurre cuando se suministran varias direcciones
procesales, pues no existe una preponderancia entre ellas, de suerte que el
funcionario debe enviar, a través del servicio de mensajería especializada, el acto
a todas las direcciones informadas.
Comentó que, en este caso, la DIAN notificó la liquidación oficial a la dirección
indicada en la respuesta al requerimiento especial, pero no a aquella señalada en
el escrito de ratificación de la actuación del agente oficioso presentado el día 9 de
noviembre de 2017, y que contenía una dirección diferente, por lo cual la
comunicación enviada a la primera de las direcciones fue devuelta por “falta # de
oficina” y se procedió, indebidamente, a notificar el acto administrativo en la página
web de la entidad, a pesar de que el funcionario debió remitir la notificación a la
segunda dirección procesal informada.
Concluyó que la liquidación fue indebidamente notificada y que, en todo caso, debió
tenerse en cuenta lo dispuesto en el artículo 568 del Estatuto Tributario, que obliga
a intentar la notificación a la dirección informada en el RUT (en donde figuraba el
número de oficina) antes de la publicación en página web, la cual coincidía con la
dirección procesal informada.
Con base en la jurisprudencia del Consejo de Estado6, aseveró que la simple
constancia de devolución del correo no autoriza la notificación en página web, pues
el funcionario debe obrar con interés y diligencia, lo cual no ocurrió pues este pudo
notificar correctamente el acto observando la dirección del RUT y no lo hizo.
Citó el artículo 72 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (que indica que la notificación hecha de forma errada no produce
efectos legales) y la sentencia del 13 de agosto de 2015, exp. 20343, C.P. Martha
Teresa Briceño de Valencia del Consejo de Estado, para indicar que el acto fue
conocido por la sucursal solo hasta el 8 de junio de 2015, tras la solicitud de
información que radicó.
Agregó que, la actuación de la DIAN vulnera el artículo 710 del Estatuto Tributario
pues se notificó la liquidación oficial por fuera de los seis meses del vencimiento
para dar respuesta al requerimiento especial, en forma extemporánea y con falta
de competencia temporal, por lo que la declaración se encontraba en firme.7 Estimó
vulnerado el derecho al debido proceso, al no poder presentar el recurso de
reconsideración.
2. Corrección provocada
Indicó que la Liquidación Oficial de Revisión es nula por la indebida aplicación del
artículo 709 del Estatuto Tributario y, para el efecto señaló que las correcciones
provocadas pueden involucrar la aceptación parcial de los hechos discutidos por el
contribuyente con la Administración, lo que ocurrió en el caso analizado, pues
presentó la corrección de la declaración aceptando el rechazo de costos de ventas
y prestación de servicios por valor de $110.188.025 y modificó: i) el renglón 30,
referente a “total costos y gastos de nómina”, por cuanto la aceptación del rechazo
de los costos varió contablemente dicho rubro (la diferencia entre el valor original
6
Citó las sentencias del 23 de julio de 2009 y del 5 de abril de 2018, proferidas por el Consejo de Estado,
Sección Cuarta, exps. 16339 y 21028, C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas y Milton Chaves García,
respectivamente.
7 Trajo a colación la sentencia del Consejo de Estado del 4 de febrero de 2016, exp. 18909, C.P. Hugo
Fernando Bastidas Bárcenas.
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(antes Stork Technical Services Holding B.V. Sucursal Colombia)
$34.806.894.000 y $34.917.082.000 corresponde a los $110.188.025), y, en todo
caso, son datos informativos que no afectan la determinación del impuesto, ii) los
renglones 35, 38, 39 y 41 que contienen valores cuya modificación son sumas
irrisorias en comparación con el valor original (entre mil y dos mil pesos) , generadas
por la aproximación aritmética del sistema informático de la DIAN al expedir el
formulario.
A partir de lo anterior, resaltó que el rechazo de la corrección es injustificado por
cuanto se cumplieron los requisitos para su procedencia. Mencionó que el Consejo
de Estado, en sentencia del 1 de agosto de 2016, exp. 21000, C.P. Martha Teresa
Briceño de Valencia, aceptó la posibilidad de realizar correcciones provocadas
modificando renglones no discutidos, en la medida en que se busque el
reconocimiento de la realidad económica de una transacción y que, los costos
rechazados de aportes voluntarios a pensión y pólizas de salud a empleados,
inciden en el valor reportado de los gastos de nómina, por lo cual, al modificar el
segundo en conexión con el primero, lo que hizo la demandante fue reconocer una
operación de manera integral.
3. Indebida aplicación del artículo 476 del Estatuto Tributario – procedencia
de la deducción de $3.165.267.000 por servicios de transporte de
personal
Precisó que, no resulta procedente la postura de la DIAN, según la cual no es
posible deducir $3.165.267.000 por gastos de transporte de personal, en cuanto a
que las facturas por los mismos no contienen IVA, considerando que dichos pagos
corresponden a un servicio público de transporte excluido del IVA. Para el efecto,
citó el numeral 2 del artículo 476 del Estatuto Tributario.
Indicó que, el servicio utilizado correspondió a un servicio público y no privado,
como lo adujó la DIAN, y se refirió al artículo 6 de la Ley 336 de 1996, el artículo 5
del Decreto 348 de 2015, la sentencia C-033 de 2014 de la Corte Constitucional y
explicó que el objeto del servicio de transporte público, cual es movilizar personas
o cosas de un lugar a otro a cambio de una contraprestación, se materializó en este
caso pues, se movilizó personal de la actora para el desempeño de sus funciones,
y, además, no se prestó el servicio en el ámbito exclusivamente privado de la
sucursal, toda vez que no había exclusividad en la prestación del servicio ni las
transportadoras obedecían el poder de mando de la demandante, sino que la
prestación ocurría conforme a su disponibilidad de tiempo, modo y lugar.
Reiteró que, el servicio es público por cuanto no se prestó en exclusividad y, recalcó
que se ejecutó en un contexto de libre competencia según la disponibilidad de las
empresas. Afirmó que verificó las condiciones de seguridad del servicio de
transporte para proteger a los usuarios y el cumplimiento de las exigencias
regulatorias del Ministerio de Transporte, circunstancia probada. Comentó que la
prestación que realizaron las transportadoras fue continua e ininterrumpida al
mercado en general, sin existir contratos de venta o arrendamiento de vehículos.
Relacionó y adjuntó las resoluciones que habilitaron a las transportadoras a prestar
el servicio y reseñó que los vehículos utilizados por las empresas estaban
debidamente matriculados y que se suscribió un contrato de transporte con estas.
Concluyó que el servicio de transporte, al ser público, estaba excluido del IVA, con
apoyo en los Conceptos Unificado DIAN Nro. 00001 de 2003 y 011212 de 2015,
por lo que la deducción era procedente
4. Indebida aplicación del artículo 476 del Estatuto Tributario – deducción
de $546.024.000 Consorcio Turnarounds Alliance
Cuestionó el argumento de la DIAN sobre la improcedencia de la deducción del
servicio de transporte contratado a través del Consorcio Turnarounds Alliance, en
el cual la actora tiene participación del 30%.
4
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Indico que la deducción por este concepto no sólo era procedente por los mismos
argumentos expuestos para el punto anterior, sobre el servicio de transporte
público, sino que, citó los artículos 7 de la Ley 80 de 1993 y 18 del Estatuto
Tributario, para indicar que, toda vez que el consorcio no es contribuyente del
impuesto sobre la renta, son las partes quienes deben declarar las deducciones
que les correspondan, lo cual realizó la sucursal a prorrata de su participación.
Citó el Concepto DIAN Nro. 010795 de 2017 (referente a consorcios) y advirtió que
la DIAN vulnera los principios de confianza legítima y legalidad, porque está
actuando contrario a lo indicado en su propia doctrina al desconocer la deducción
indicada.
5. Nulidad por indebida aplicación del artículo 771-2 del Estatuto Tributario
Dijo que, contrario a lo expuesto por la DIAN, las facturas allegadas
correspondientes al servicio de transporte sí tenían diferenciado el IVA pero en $0
pesos, lo cual no implica un incumplimiento del literal c) del artículo 617 del Estatuto
Tributario ni que no se esté distinguiendo dicho impuesto en la factura, de suerte
que hay por parte de la Administración una inobservancia de las pruebas aportadas
y un entendimiento equivocado de la discriminación del impuesto.
Aclaró que el hecho de que el prestador del servicio no hubiese cobrado IVA no
puede repercutir en contra de la actora, pues no es la responsable de dicha
obligación8, dado que, en materia de impuestos indirectos, una cosa es el
cumplimiento de la obligación como responsable en cabeza del emisor de la factura
y otra el pago del impuesto que realiza la demandante, como sujeto pasivo
económico.
Reprochó que la DIAN estableciera en su cabeza la responsabilidad y
consecuencias negativas de discriminar el IVA, pues la actora pagó el impuesto de
acuerdo a la factura emitida, y si la Administración consideraba que el servicio
estaba gravado debió fiscalizar a la transportadora, sin que sea dable trasladar la
carga de fiscalización y/o las consecuencias negativas de los posibles errores de
los proveedores a los adquirentes, pues estos últimos no están en la obligación de
valorar la naturaleza sustancial del servicio para determinar si está o no gravado
con IVA. Manifestó entonces que, si hay inconsistencias en relación con el cobro y
pago del IVA, estas no le pueden ser imputables, en el sentido de desconocer la
deducibilidad del gasto por este concepto.
Resaltó que está probada la prestación del servicio que recibió y que se aportaron
las facturas con el lleno de los requisitos legales.
6. Nulidad por indebida o falta de motivación
Solicitó la nulidad de la liquidación oficial de revisión y el requerimiento especial por
falsa motivación pues la Administración aplicó indebidamente las normas y se basó
en motivos equivocados e insuficientes para glosar la declaración, lo cual soportó
en el artículo 42 del CPACA y en jurisprudencia de la Corte Constitucional y del
Consejo de Estado.9
7. Improcedencia de la sanción por inexactitud
Estimó que no se configuró hecho sancionable por cuanto los datos y cifras
denunciados son completos y verdaderos, pues las deducciones están
8 Se refirió a la sentencia del 8 de agosto de 2014, Rad. 25000232700020100012901, C.P. Carmen Teresa
Ortiz del Consejo de Estado y al Concepto DIAN 34113 de 2017.
9 Citó las sentencias C-279 de 2007 de la Corte Constitucional y del 12 de octubre de 2011, exp. 1982-10,
del 22 de marzo de 2012, exp. 18444 y del 29 de abril de 2015, exp. 15204 del Consejo de Estado.
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demostradas. Después de citar jurisprudencia y doctrina de la DIAN10 reiteró que
las cifras declaradas son reales y están soportadas, por lo que la sanción no se
puede imponer de plano toda vez que no hay conducta sancionable.
8. Procedencia de la condena en costas y agencias en derecho
A partir de la sentencia C-043 de 2004 de la Corte Constitucional, las definiciones
del Código General del Proceso y la sentencia de 30 de agosto de 2016, exp. 20508
del Consejo de Estado consideró que procedía la condena en costas y agencias en
derecho debido a la conducta omisiva de la DIAN. Explicó que, no se realizó un
análisis serio de las pruebas y de los argumentos presentados, lo que le ha
generado un perjuicio grave teniendo que incurrir en gastos para defender sus
intereses y congestionando el aparato judicial.
Se reservó el derecho a aportar las facturas pagadas a la firma Deloitte Asesores y
Consultores Ltda., como asesores, allegando el contrato de prestación de servicios
profesionales en donde consta el valor pactado por los servicios y pidió tener en
cuenta el Acuerdo No. PSAA16-10554 de 2016 del Consejo Superior de la
Judicatura.
Oposición de la demanda
La DIAN controvirtió las pretensiones de la actora en oposición a la demanda11 y a
la reforma de la misma12 argumentando lo siguiente:
Sobre la notificación de los actos dijo que a partir de los artículos 564 y 710 del
Estatuto Tributario la dirección procesal es preferente13 y, en este caso, el
representante legal de la sucursal la informó en el acápite de notificaciones de la
ratificación de la actuación del agente oficioso, a donde precisamente se remitió la
liquidación oficial, pero, a pesar de ser enviada a la dirección correcta, fue devuelta,
de suerte que se procedió a la notificación por publicación de que trata el artículo
568 del Estatuto Tributario, en cumplimiento de la ley y garantizando el principio de
publicidad y el derecho de defensa.
Agregó que, el 9 de noviembre de 2017 el representante legal ratificó la respuesta
que el agente oficioso presentó el 9 de octubre de 2017 al requerimiento especial,
por lo cual el término para notificar la liquidación oficial vencía el 9 de abril de 2018,
y el acto se notificó dentro del término, el 21 de marzo de ese mismo año. Anotó
que la ratificación citada, en donde se indicó la dirección procesal, es vinculante y,
en esa medida, la DIAN estaba obligada a hacer la notificación en ese sitio.
Considerando que, a pesar de haber sido enviada a la dirección correcta, la
comunicación fue devuelta, en virtud del artículo 568 del Estatuto Tributario, se
notificó la liquidación por publicación, pues no era viable acudir a buscar otra
dirección, ni siquiera la del RUT.
Citó el artículo 709 del Estatuto Tributario y la sentencia del 1 de agosto de 2016,
exp. 21000 del Consejo de Estado y explicó que en las correcciones provocadas
las modificaciones propuestas por la DIAN pueden ser aceptadas total o
10 Con fundamento en las sentencias del 22 de marzo de 2011, exp. 17286, C.P. Hugo Fernando Bastidas
Bárcenas, del 19 de mayo de 2011, exp. 18039, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia, del 10 de marzo
de 2011, exp. 16966, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia, C-571 de 2010. M.P. María Victoria Calle
Correa de la Corte Constitucional y los Conceptos DIAN 050941 de 2011 y 124515 de 2000.
11 Samai. Índice 2. PDF
“ED_CUADERNO1NULIDADYRESTABLECIMIENTODELDERECHO_12CONTESTACIO NDEMAND
(.pdf) NroActua 2”
12 Samai. Índice 2. PSF “ED_CUADERNO1NULIDADYRESTABLECIMIENTODELDERECHO_19
CONTESTACIO NDEMAND-CONTESTACIÓNREFORMA(.pdf) NroActua 2
13 Invocó las sentencias del 21 de septiembre de 2006, exp. 14624, C.P. Juan Ángel Palacio Hincapié, del 24
de mayo de 2012, exp. 17705, C.P. Hugo Fernando Bastidas del Consejo de Estado y el Concepto DIAN
91748 de 2007
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parcialmente, sin que el contribuyente pueda modular las cuantías ni incluir valores
diferentes. Notó que en el caso concreto el contribuyente modificó los renglones 30,
35, 38, 39 y 41 de la declaración, los cuales no fueron cuestionados, por lo cual se
incumplieron los requisitos para incorporar la corrección al proceso.14
Frente a la motivación de los actos aclaró que la misma es bastante extensa,
detallando las normas y hechos probados.
Respecto del rechazo de los costos por servicios de transporte de personal y
la deducción del costo por servicio de transporte del Consorcio Turnarounds
Alliance se refirió al concepto de falsa motivación y recordó que la DIAN
desconoció el costo de ventas por cuanto consideró probado que en todas las
facturas no se discriminó el IVA, se determinó que la operación que originó los
costos era un servicio privado de transporte gravado, en lugar de estar excluido
como lo alega la actora, y se cuestionó el cumplimiento de los requisitos de las
facturas, más no la operación.
Añadió que del contrato suscrito entre las transportadoras y la sucursal se observa
que su objeto es prestar los servicios de transporte al contribuyente, dentro de los
horarios y rutas indicadas por el contratante y garantizando la disponibilidad del
personal y los vehículos en las condiciones requeridas por el contratante, lo cual se
evidencia en las facturas.
Agregó que, como el servicio satisface exclusivamente las necesidades de la actora
es de carácter privado, por lo que se debió discriminar el IVA en las facturas que
soportaron el costo, de allí que se incumplió el requisito del literal c) del artículo 617
del Estatuto Tributario. Aseveró que el hecho de que las facturas discriminen el IVA
en ceros confirma que no se liquidó el impuesto en operaciones que si eran
gravadas.
Afirmó que el servicio prestado es de carácter privado, con fundamento en el
artículo 5 de la Ley 336 de 1996 y la sentencia C-033 de 2014 de la Corte
Constitucional, insistiendo en que la demandante define las rutas y horarios del
transporte, acorde con sus necesidades, a pesar de que las empresas prestadoras
sean de transporte público legalmente habilitadas y se cumplan las normas de
seguridad, lo cual no desnaturaliza el carácter privado del servicio.
En torno a la aplicación del artículo 771-2 del Estatuto Tributario, recalcó que
los servicios de transporte contratados por la sucursal eran privados y sujetos al
IVA, el cual debió discriminarse en la factura de venta para que esta fungiera como
soporte del costo, requisito que se incumplió vulnerando el literal c) del artículo 617
del Estatuto Tributario.
Comentó que los costos por aportes voluntarios a pensión y póliza de salud
se desconocieron al no cumplirse los requisitos de necesidad y causalidad del
artículo 107 del Estatuto Tributario, a pesar de la aceptación de este hecho en la
corrección provocada.
Consideró que la sanción por inexactitud era procedente por cuanto se
registraron, con conocimiento y voluntad, datos incompletos en la declaración que
derivaron en un menor saldo a pagar sin que se configurara una diferencia de
criterios, ni existiera doctrina oficial contradictoria, ni estuviera desvirtuada la
presunción de legalidad de las normas en que se basaron los actos. Agregó que no
se configuró una diferencia de criterios por razones probatorias y que se aplicó el
principio de favorabilidad de la Ley 1819 de 2016, al aplicar la tarifa del 100%.
14 Citó el Concepto DIAN 058135 de 2012, las sentencias del 29 de abril de 2010, exp. 16528 y del 13 de
septiembre de 2012, exp. 18371 del Consejo de Estado
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Radicado: 25000-23-37-000-2018-00443-01 (26648)
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Frente a la condena en costas, anotó que el artículo 188 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo exime de condena
en costas a los procesos en donde se ventile un interés público, como el que
subyace en los asuntos tributarios, so pena de violar el espíritu de justicia.
Sentencia apelada
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B declaró
la nulidad de los actos impugnados15 con fundamento en los siguientes
planteamientos:
1. Notificación de la liquidación oficial de revisión
Aludió a los artículos 710 y 714 del Estatuto Tributario, para explicar que, si la
Administración no notifica la liquidación oficial de revisión en el término de seis
meses contados desde el vencimiento de la respuesta al requerimiento especial, la
declaración adquiere firmeza.
Sobre las formas de notificación de la liquidación oficial, a partir de los artículos
564, 565, 567 y 568 del Estatuto Tributario, encontró probado que el 9 de octubre
de 2017, el agente oficioso radicó respuesta al requerimiento especial informando
una dirección procesal. No obstante, en la ratificación de lo actuado por el agente,
presentada el 9 de noviembre de 2017, el representante legal de la actora dispuso
una dirección distinta, siendo esta última a donde la DIAN ordenó notificar la
liquidación oficial, comunicación que fue devuelta el 21 de marzo de 2018 con la
observación “falta # de oficina” y, en consecuencia, se procedió a notificar a través
de la página web. Sobre esto aclaró que, en este caso, la dirección procesal
informada por el representante legal sustituyó la indicada por el agente oficioso, al
ser informada de manera posterior y que la notificación se efectuó a esta.
Afirmó que la demandante no podía trasladar la responsabilidad de consultar la
dirección en el RUT a la DIAN, por cuanto fue el representante legal quién informó
una dirección procesal incompleta y que, ante la devolución del correo, la
demandada actuó correctamente notificando a través de la publicación en página
web, conforme con el artículo 568 del Estatuto Tributario, sin que fuera aplicable el
artículo 567 ibidem, pues el acto se remitió a la dirección correcta.
Concluyó que la DIAN tenía como plazo para notificar la liquidación oficial hasta el
9 de abril de 2018 y el acto inicialmente se envió por correo el 20 de marzo de 2018
y se notificó a través de la publicación en la página web el 23 de marzo de 2018,
esto es dentro del término.
2. Sobre la corrección provocada
Trajo a colación el artículo 709 del Estatuto Tributario y enlistó los requisitos de las
declaraciones de corrección provocada para proceder a explicar que, por regla
general, los valores modificados deben corresponder a los glosados por la
Administración, y que, si bien el Consejo de Estado ha señalado que la modificación
también procede respecto de glosas distintas, no es dable incluir nuevos supuestos
fácticos o registrar circunstancias adicionales a las cuestionadas, siendo lo
relevante que, las modificaciones estén relacionadas con los hechos objeto del
debate y la corrección no incida en la determinación de la renta líquida del impuesto
y se acredite el mayor impuesto generado.16
Reparó en que, en la corrección provocada presentada por la sucursal en la
respuesta al requerimiento especial se modificaron los renglones 30 (total costos y
15 Samai Tribunal. Índice 25. PDF ”9_SENTENCIA(.PDF) NroActua 25”
16 Para lo cual tuvo como sustento la sentencia del Consejo de Estado del 29 de abril de 2021, exp. 20745
C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
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gastos de nómina) 35 (cuentas por cobrar), 38(otros activos), 39(total patrimonio bruto), 41(total
patrimonio líquido), 49(costo de ventas y prestación de servicios), 64 (renta líquida gravable),
74(total impuesto a cargo), 84 (total saldo a favor), y que la actora se acogió parcialmente
a la modificación de las glosas propuestas disminuyendo el costo de ventas
(renglón 49), persistiendo en la discusión sobre la suma rechazada por el servicio
de transporte. A través de un cuadro se indicó las diferencias con lo propuesto por
la DIAN, que sólo pretendía la modificación de los renglones 49, 64, 74 y 84, de
acuerdo con lo glosado.
Frente a las modificaciones de los renglones 35, 38, 39 y 41 señaló que, contiene
modificaciones entre los $1.000 y $2.000, que según el demandante corresponden
a la aproximación aritmética y, en todo caso, estos no tienen vocación de disminuir
la renta líquida gravable ni desconocen la liquidación de un mayor impuesto a cargo.
Sobre los cambios del renglón 30 adujo que corresponden a un ajuste realizado por
la aceptación del rechazo del valor glosado por $110.188.000 por aportes a pensión
y pólizas de salud, lo cual resulta consecuente pues este cambio parte de reconocer
que ese rubro no es un costo o gasto de la nómina de los trabajadores y, además,
el mismo no modifica la renta líquida ni el impuesto a cargo, siendo un dato
informativo. Por lo anterior, consideró que la corrección debió incorporarse al
proceso y que la demandante era beneficiaria de la reducción de la sanción por
inexactitud.
3. Rechazo de costos de ventas por servicio de transporte
Precisó que la obligación de facturar el IVA es exclusiva del sujeto responsable del
impuesto, prestador del servicio o vendedor del bien, por lo que el incumplimiento
de este requisito no puede atribuirse al adquirente, de suerte que en los casos en
que se demuestre que efectivamente hubo una compra de un bien o servicio
exhibiendo la factura, el costo se debe reconocer, aun cuando en la misma no se
especifique el IVA pagado en la operación. Para el efecto citó la sentencia C-733
de 2003 de la Corte Constitucional.
Clarificó que, en todo caso, esta exigencia solo es predicable de bienes o servicios
gravados con IVA y no de los excluidos como el transporte público de personas, en
donde no es necesario que repose la descripción del IVA pagado.
Con fundamento en el artículo 5 del Estatuto General del Transporte, la sentencias
C- 981 de 2010 y C-033 de 2014 de la Corte Constitucional y el Concepto 1740 de
2006 de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, definió el
contrato de transporte y el servicio público de transporte y sus características, por
oposición al servicio privado de transporte que satisface necesidades propias de
movilización de personas naturales y jurídicas.
Analizó los soportes contables de la demandante y del Consorcio Turnarounds
Alliance y encontró que el valor desconocido correspondía a servicios de transporte
contratados por la actora a terceros, directamente y a través del consorcio.
Relacionó los contratos suscritos directamente por la demandante, sus objetos y
las facturas de venta para concluir que el servicio de transporte satisfizo las
necesidades propias de la actora, pues se trasladó personal de Stork Technical
Services a los puntos indicados por esta para ejercer las labores de extracción de
petróleo y gas, siendo un servicio privado de transporte, pues los horarios y rutas
eran indicados por la demandante como contratante, sin importar que los
contratistas estuviesen habilitadas por el Ministerio de Transporte ni que tuvieran o
no vehículos propios para trasladar el personal.
Con todo, evidenció que, a pesar de ser un servicio privado gravado con IVA, la
responsabilidad de determinar tal tratamiento y facturar el impuesto era del
prestador del servicio como responsable del recaudo, por lo que la DIAN debió
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fiscalizar a los proveedores y no trasladar dicha responsabilidad a la demandante,
pues ninguna norma así lo exige, sobre lo cual citó la sentencia del 18 de marzo de
2021, M.P. Carmen Amparo Ponce Delgado, Rad. 25000-23-37-000-2018-00370-
00 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
Sobre el servicio contratado por el Consorcio, encontró probado que la sucursal
tenía un 30% de participación y relacionó las facturas de venta expedidas por
concepto de servicios de transporte a este, indicando que ese porcentaje
correspondía al valor tomado por la actora a prorrata de su participación en el
Consorcio, conforme con el artículo 18 del Estatuto Tributario y que era objeto de
la discusión con la DIAN. Con base en idénticos argumentos a los expuestos en los
servicios de transporte contratados directamente, indicó que el costo si era
procedente.
No se condenó en costas al no encontrarlas probadas en el expediente.
Recurso de apelación
La demandada recurrió la sentencia de primera instancia17, con base en los
siguientes argumentos:
Insistió en que la corrección provocada debió circunscribirse a las modificaciones
propuestas en el requerimiento especial, por lo que corregir los renglones 30, 35,
38, 39 y 41 contrarió el artículo 709 del Estatuto Tributario ya que estos no eran
objeto de discusión.18 Recalcó que la corrección provocada no admite modulación
alguna frente a las cuantías ni modificaciones que excedan el debate trabado con
el requerimiento especial, mediante la inclusión de hechos distintos a los referidos
en el requerimiento especial, aun cuando no impliquen impacto en la renta líquida
gravable ni disminución del impuesto a cargo.19
Sobre la deducción de costos por los servicios de transporte, esgrimió que el
Tribunal aceptó que el servicio de transporte de personal prestado era de carácter
privado, pero desestimó el rechazo del costo al establecer la responsabilidad de
discriminar el IVA en el prestador del servicio.
Reiteró que las facturas aportadas incumplen el requisito del literal c) del artículo
617 del Estatuto Tributario, pues los pagos se originan en un servicio gravado con
IVA, requisito que echa de menos la Administración pues en las facturas no se
discriminó dicho tributo, incumpliéndose el artículo 771-2 ibidem, norma que
establece un requisito de deducibilidad para el adquirente del servicio y no para el
prestador o vendedor, con lo cual esto no exime al contribuyente de allegar los
soportes de costo o gasto con los requisitos de ley.
Agregó que el Tribunal pasó por alto que la actora tiene la calidad de agente
retenedor del IVA por lo que debía retener el impuesto al momento de realizar el
pago o abono en cuenta por el servicio de transporte recibido, a la luz de lo expuesto
en los artículos 437-1, 437-2 y 437-3 del Estatuto Tributario, teniendo el deber legal
de determinar si la operación realizada estaba gravada con IVA.
Concluyó que el costo era improcedente por cuanto en las facturas expedidas no
se está discriminado el IVA y no por tanto no podían fungir como soporte.
17 Samai Tribunal. Índice 28. ZIP “18_RECIBEMEMORIALES_RADICACION _RECURSO_D(.ZIP) NroActua
28”
18 Se refirió a la sentencia del 1 de agosto de 2016, exp. 21000 del Consejo de Estado.
19 Citó las sentencias de 29 de abril de 2010, exp. 16528 y de 13 de septiembre de 2012, exp. 18371, C.P.
Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez, y de 29 de abril de 2021, exp. 20745, C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez
del Consejo de Estado.
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Oposición al recurso
La demandante no presentó oposición al recurso de apelación.
Concepto del Ministerio Público
El Ministerio Público guardó silencio.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
En atención a los cargos de apelación presentados por la demandada contra la
sentencia de primera instancia, la Sala debe determinar si: i) era procedente
incorporar al proceso la declaración de corrección provocada, presentada por la
demandante con ocasión de la respuesta al requerimiento especial; y si ii) procedía
el rechazo de costos de ventas y prestación de servicios correspondientes a
servicios de transporte, por incumplimiento del literal c) del artículo 617 del Estatuto
Tributario, al no discriminarse el IVA del servicio en las facturas allegadas por la
actora.
1. Declaración de corrección provocada
Los artículos 70920 y 71321 del Estatuto Tributario precisan que los contribuyentes
tienen la oportunidad de corregir sus declaraciones tributarias con ocasión de la
expedición del requerimiento especial o de la liquidación oficial de revisión,
poniendo fin a la discusión, total o parcialmente, y reduciendo la sanción por
inexactitud inicialmente propuesta, siempre que: (i) se acepten total o parcialmente
los hechos planteados por la Administración, (ii) se corrija la declaración privada
incluyendo los mayores valores aceptados y la sanción por inexactitud reducida y,
(iii) se adjunte con la respuesta al requerimiento o a la liquidación oficial la prueba
de pago o acuerdo de pago de los impuestos, retenciones y sanciones, incluida la
de inexactitud reducida.
Debe recordarse que, la oportunidad prevista en los anteriores artículos difiere de
la relacionada con las correcciones voluntarias de las declaraciones tributarias, en
donde el contribuyente goza de plena libertad para modificar el contenido de estas,
de acuerdo con lo estipulado en los artículos 588 y 589 del Estatuto Tributario.
Precisamente las correcciones provocadas se diferencian de las voluntarias, en
cuanto en las primeras “el obligado tributario carece de libertad para configurar el contenido de
la declaración, en la medida en que las modificaciones sobre el denuncio preexistente solo pueden
versar sobre las glosas planteadas formalmente por la Administración en el requerimiento.” 22
20
Artículo 709. Corrección provocada por el requerimiento especial. Si con ocasión de la respuesta al pliego
de cargos, al requerimiento o a su ampliación, el contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante,
acepta total o parcialmente los hechos planteados en el requerimiento, la sanción por inexactitud de que
trata el artículo 647, se reducirá a la cuarta parte de la planteada por la Administración, en relación con los
hechos aceptados. Para tal efecto, el contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, deberá
corregir su liquidación privada, incluyendo los mayores valores aceptados y la sanción por inexactitud
reducida, y adjuntar a la respuesta al requerimiento, copia o fotocopia de la respectiva corrección y de la
prueba del pago o acuerdo de pago, de los impuestos, retenciones y sanciones, incluida la de inexactitud
reducida
21
Artículo 713. Corrección provocada por la liquidación de revisión. Si dentro del término para interponer el
recurso de reconsideración contra la liquidación de revisión, el contribuyente, responsable o agente
retenedor, acepta total o parcialmente los hechos planteados en la liquidación, la sanción por inexactitud se
reducirá a la mitad de la sanción inicialmente propuesta por la Administración, en relación con los hechos
aceptados. Para tal efecto, el contribuyente, responsable o agente retenedor, deberá corregir su liquidación
privada, incluyendo los mayores valores aceptados y la sanción por inexactitud reducida, y presentar un
memorial ante la correspondiente oficina de Recursos Tributarios, en el cual consten los hechos aceptados
y se adjunte copia o fotocopia de la respectiva corrección y de la prueba del pago o acuerdo de pago de los
impuestos, retenciones y sanciones, incluida la de inexactitud reducida
22 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 30 de septiembre de 2021, exp. 24298, C.P. Milton
Chaves García.
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En cuanto a la corrección provocada, la Sección, en diversos pronunciamientos23,
ha tenido que aclarar que el contribuyente carece de libertad para modificar la
declaración, cuando ha sido notificado el requerimiento especial o la liquidación
oficial de revisión, por lo que las correcciones provocadas debían limitarse a las
glosas formuladas en los actos administrativos. Esta posición ha sido desarrollada
más en detalle24, en el sentido de especificar que es posible admitir la corrección
de la declaración incluyendo cambios a renglones por fuera de los propuestos por
la Administración Tributaria, siempre que las reformas se deriven de las
modificaciones planteadas.
Así las cosas, la Sala ha sostenido, en virtud de los artículos 709 y 713 del Estatuto
Tributario, que las correcciones provocadas deben contraerse a los hechos
económicos que sustentan la glosa formulada, sin que se admita la inclusión de
correcciones que excedan el debate de los actos administrativos, pues: “lo que exige
el ordenamiento es que la modificación que introduzca el sujeto pasivo corresponda materialmente
a una aceptación de los «hechos» que sustentan la glosa formulada, sin que se admita la inclusión
de correcciones que excedan el debate trabado con el requerimiento especial. Por eso, si en la
corrección provocada se modifican renglones distintos a los indicados por la autoridad, esta debe
analizar si, a pesar de esa diferencia, puede apreciarse que el contribuyente reconoció y aceptó los
hechos cuestionados oficialmente (e. g. la existencia de ingresos omitidos, o la improcedencia
costos o gastos)”. (Resaltado propio)”25
En línea con lo expuesto, se entiende por hechos económicos aquellos que han
sido cuestionados oficialmente y hacen parte de alguno de los elementos de la
obligación tributaria (e.g. ingresos omitidos, improcedencia de costos o gastos,
tarifas).
Debe precisarse que, si bien, de acuerdo con los artículos 704, 711 y 712 del
Estatuto Tributario, la Administración de Impuestos está obligada a identificar los
aspectos que pretende adicionar o rechazar de la liquidación privada, y con base
en esos mismos es que el contribuyente tiene la posibilidad de presentar una
corrección después de notificado el requerimiento especial o la liquidación oficial
de revisión, las modificaciones que este último le presente a la Administración no
pueden estudiarse de una manera descontextualizada para determinar si se
incorpora la declaración al proceso.
En todo caso, el deber de análisis que le asiste a la Administración en estos eventos
no releva al contribuyente de tener que explicar con la aceptación de los hechos
como están relacionados los cambios adicionales con el debate procesal.
Lo anterior ha tenido que ser objeto de revisión y reiteración jurisprudencial, porque
se han presentado múltiples casos en donde los contribuyentes procedieron a
corregir sus declaraciones, una vez notificados del requerimiento especial o la
liquidación de revisión, para aceptar total o parcialmente los hechos objeto de
debate, pero la Administración no aceptó dichas correcciones porque las mismas
contenían cambios en renglones diferentes a los estipulados por ella, aun cuando
los cambios eran consecuencia de la aceptación de los hechos planteados, o en
cuantía diferente a la propuesta, siendo esta menor por objeto de aceptaciones
parciales o mayor, esto es en favor de la Administración Tributaria.
Se observan, por ejemplo, (i) rechazo de costos y deducciones por valores
23 Entre otras: sentencias del 03 de diciembre de 1993, exp. 4881, CP: Jaime Abella Zárate; del 24 de mayo
de 2012, exp. 18766, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia.
24 Entre otras: sentencia del 01 de agosto de 2016, exp. 21000. C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia, del
15 de septiembre de 2007, exp. 14712, C.P. Héctor Romero Díaz, del 13 de diciembre de 2017, exp. 20553,
CP: Stella Jeannette Carvajal Basto; del 21 de febrero del 2019, exp. 21366, CP: Julio Roberto Piza
Rodríguez y del 31 de marzo de 2022, exp. 25542, C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
25
Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 29 de abril de 2021, exp. 20745, C.P. Julio Roberto
Piza Rodríguez
12
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superiores a los propuestos por la Administración, (ii) aumento en el anticipo del
impuesto sobre la renta, que no fue previsto por la Administración en los renglones
glosados, pero que el contribuyente recalculó al aceptar las glosas propuestas, que
generaban un mayor impuesto a pagar por el período en discusión y, de ahí que,
en aplicación de la formula del cálculo del anticipo el mismo tuviera que
modificarse26, (iii) variación en datos informativos de las declaraciones, como en
renta, referentes a total de costos y gastos de nómina o aportes al sistema de
seguridad social, SENA, ICBF o cajas de compensación, que no fueron propuestos
por la DIAN, pero que, cuando los contribuyentes han aceptado el rechazo de
costos o gastos en esta materia, que si fueron propuestos dentro de las glosas, han
modificado para que los datos informativos sean consistentes, (iv) cambios en
valores patrimoniales no propuestos por la Administración, por ejemplo el valor de
los activos, como consecuencia de aceptar rechazos glosados respecto de
deducciones de amortización o depreciación, que afectan la amortización o
depreciación acumulada y por tanto el valor el valor de los activos.
Caso concreto
En el asunto enjuiciado, la demandante plantea que la modificación de los
renglones 30 (total costos y gastos de nómina), 35(cuentas por cobrar), 38(otros activos), 39
(total patrimonio bruto) y 41(total patrimonio líquido) obedeció a la aceptación parcial de la
glosa del rechazo de costos por los aportes voluntarios a pensión y pólizas de salud
y a la aproximación del sistema informático de la DIAN. En el otro extremo, la
Administración aduce que la corrección incumplió los requisitos del artículo 709 del
Estatuto Tributario, porque no le era dado al contribuyente corregir renglones no
glosados. El Tribunal consideró que la modificación al renglón 30 estaba justificada
por la aceptación del rechazo del costo que afectaba el renglón 49 (costo de ventas y
prestación de servicios) y que, en todo caso, esta y las otras modificaciones no tuvieron
incidencia en la determinación del impuesto, por lo que procedía incorporar la
declaración de corrección, tesis que debate la apelante para quien las
modificaciones exceden los hechos propuestos en el requerimiento especial.
De acuerdo con el artículo 709 del Estatuto Tributario, los contribuyentes podrán
corregir sus declaraciones tributarias con ocasión de la expedición del acto
preparatorio, siempre que: (i) se acepten total o parcialmente los hechos planteados
por la Administración, (ii) se corrija la declaración privada incluyendo los mayores
valores aceptados y la sanción por inexactitud reducida y, (iii) se adjunte con la
respuesta al requerimiento especial la prueba de pago o acuerdo de pago de los
impuestos, retenciones y sanciones, incluida la de inexactitud reducida.
En atención a la jurisprudencia de la Sección, la Sala reitera que la validez de la
corrección provocada en el requerimiento especial está condicionada al
reconocimiento de los hechos económicos planteados por la Administración. De
suerte que, ante la modificación de renglones distintos a los glosados, el análisis
que procede hacer en cada caso concreto es si la corrección incorporó los hechos
que son objeto de debate, bien sea total o parcialmente, y si los renglones
modificados por el contribuyente tienen íntima relación con ellos.
En el presente evento, con el requerimiento especial, la Administración propuso
modificar el renglón 49 de costos de ventas y de prestación de servicios e imponer
sanción por inexactitud.
En la respuesta al requerimiento, el 05 de octubre de 2017, la contribuyente corrigió
el renglón propuesto, y, adicionalmente, modificó los renglones 30 total costos y
gastos de nómina, 35 cuentas por cobrar, 38 otros activos, 39 total patrimonio bruto
26
Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencia del 2 de diciembre de 2021, exp. 23832, C.P. Myriam
Stella Gutiérrez Argüello
13
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y 41 total patrimonio líquido, como se muestra a continuación27:
Declaración Requerimiento Declaración Valor
Renglón
inicial especial provocada aceptado
Total gastos de nómina $34.917.082.000 $34.917.082.000 $34.806.894.000 -
Cuentas por cobrar $28.052.287.000 $28.052.287.000 $28.052.288.000 -
Otros activos $665.318.000 $665.318.000 $665.319.000 -
Total patrimonio bruto $40.515.512.000 $40.515.512.000 $40.515.514.000 -
Total patrimonio líquido $16.672.224.000 $16.672.224.000 $16.672.226.000 -
Costos de venta $94.306.046.000 $90.484.568.000 $94.195.858.000 $110.188.000
Los valores modificados se observan de la siguiente forma:
Declaración Valor Valor Diferencia Mayor valor
Renglón
inicial propuesto rechazado aceptada corregido
Total gastos de nómina $34.917.082.000 - - - $110.188.000
Cuentas por cobrar $28.052.287.000 - - - $1.000
Otros activos $665.318.000 - - - $1.000
Total patrimonio bruto $40.515.512.000 - - - $2.000
Total patrimonio líquido $16.672.224.000 - - - $2.000
Costos de venta $94.306.046.000 $90.484.568.000 $3.711.290.000 $110.188.000 $110.188.000
De lo anterior se evidencia que: i) el contribuyente modificó el renglón total costos
y gastos de nómina reduciéndolo en la suma de $110.188.000, aceptó ii)
parcialmente el rechazo de costos de venta en $110.188.000, y iii) modificó, por
sumas de $1.000 y $2.000, los renglones patrimoniales de cuentas por cobrar, otros
activos y el total del patrimonio bruto y líquido.
La Sala advierte, a partir del análisis de la corrección, que la declaración sí debió
incorporarse al proceso por cuanto las modificaciones efectuadas por el
contribuyente en relación con los puntos i) y ii) anteriores se contrajeron a los
hechos económicos objeto de discusión desde el requerimiento especial.
La aceptación parcial que hizo la demandante respecto del rechazo de costos de
ventas y prestación de servicios por valor de $110.188.000 correspondió a aportes
voluntarios a pensión y pólizas de salud, los cuales fueron desconocidos por
incumplir los requisitos del artículo 107 del Estatuto Tributario. Inicialmente, al
momento de declarar esos costos, en ese valor, fueron incluidos también como
parte de la suma reportada en el renglón informativo 30 del denuncio,
correspondiente a “costos y gastos de nómina”. En ese sentido, resulta coherente con
el debate trabado en el requerimiento especial que la aceptación parcial del rechazo
de los costos antes indicados derivara en la modificación del renglón 30, sin que
esto implique un exceso respecto de la propuesta de modificación hecha por la
DIAN, pues el hecho glosado tenía implicaciones en otros renglones, en este caso
para los apartes informativo y de determinación de la declaración.
En lo que respecta a la modificación de los renglones 35, 38, 39 y 41 de la
declaración se precisa que, estos fueron modificados en el proceso de
aproximación y correspondían a valores patrimoniales que, reflejaron diferencias
mínimas. Por lo cual, su modificación si bien no corresponde a lo objetado por la
Administración, para este caso en especial, esta no excede el debate trabado en el
requerimiento especial, pues no tiene incidencia alguna en el fondo de la discusión.
En síntesis, la Sala encuentra debidamente probados los requisitos para la
incorporación de la declaración de corrección provocada: i) la aceptación parcial de
las glosas propuestas en la respuesta al requerimiento especial, ii) la presentación
de la corrección de la declaración, liquidando la sanción por inexactitud reducida, y
iii) la acreditación del pago, mediante los recibos 4910161167546 del 3 de octubre
27 Samai, índice 2. ZIP: “ED_CUAD1NULIDADYRESTABLECIMIEN
TODELDERECHOCD1FOLIO130_TESTIG ODOCUMENTALC(.pdf) NroActua 2” PDF: Anexo13.
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de 2017 y 4910161613007 del 05 de octubre de 2017.28 Por lo cual, no prospera el
cargo.
2. Rechazo de costos de venta y prestación de servicios por el
incumplimiento del artículo 617 literal c) del Estatuto Tributario
La demandada señala que las facturas aportadas por la actora para demostrar los
costos del servicio de transporte no cumplen el requisito del artículo 617 literal c)
del Estatuto Tributario, toda vez que el IVA no se discriminó, por lo cual estos
documentos no son soportes válidos del costo, en los términos del artículo 771-2
ibidem. En la apelación se resalta que estas normas van dirigidas al adquirente del
servicio y no al prestador o vendedor, por lo que el contribuyente no está exento de
allegar los soportes con los requisitos de ley. Agregó que el Tribunal pasó por alto
que la actora tiene la calidad de agente retenedor del IVA, de suerte que, si debe
calificar el servicio como gravado o excluido, por lo cual a éste se le puede exigir el
cumplimiento del requisito de discriminación del IVA en las facturas.
Para resolver, y reiterando lo expuesto en sentencia del 27 de abril de 2023,
expediente 27050, C.P Stella Jeanette Carvajal Basto, la Sala recuerda que los
impuestos pueden clasificarse en directos e indirectos, los cuales se diferencian por
diversos factores dentro de los cuales destaca el fenómeno de la sustitución del
deudor tributario. Por regla general, el contribuyente realiza el hecho generador y,
como sujeto pasivo del tributo, es deudor de la obligación jurídica consistente en
pagar una suma de dinero. No obstante, por razones de eficiencia tributaria, en los
impuestos indirectos, como el IVA, la doctrina y la jurisprudencia 29 distinguen entre
el sujeto pasivo “de iure” y el sujeto pasivo “de facto o socioeconómico”, siendo el
primero quien tiene la obligación jurídica de pagar, sustituyendo al sujeto de facto
en su calidad de deudor ante el Estado, y quien responde en caso de incumplir
dicho deber, mientras que el segundo soporta los efectos económicos del tributo.
En esencia, lo que ocurre en los impuestos indirectos, como el IVA, es un traslado
de la carga económica, que no jurídica, al consumidor30, por lo cual, a los ojos del
Estado, el responsable del tributo es titular jurídico de la obligación sustancial. Lo
anterior tiene profundas implicaciones para definir el contorno y alcance de la
aplicación de los beneficios o condiciones tributarias especiales como las
exclusiones que: “operan para todos aquéllos casos en que no se cumplen todos los elementos
esenciales del tributo, (…), y pueden derivarse tanto de la misma definición del gravamen de que se
trate, en cuanto corresponden a supuestos no comprendidos dentro de sus límites conceptuales,
y/o de la ley, cuando ella las dispone expresamente, ya sea con carácter subjetivo u objetivo,
dependiendo de los supuestos previstos para las mismas.”31
Como quiera que la prestación de servicios constituye hecho generador del IVA,
según el 420 del Estatuto Tributario, y nuestra legislación contempla diversos
supuestos para que operen exclusiones objetivas sobre ciertos servicios de
acuerdo con en el artículo 476 ibidem, el responsable del impuesto -prestador del
servicio- como titular jurídico de la obligación sustancial y oferente de la prestación
es el llamado a determinar si las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se
ejecuta el servicio se enmarcan dentro de los supuestos que habilitan la
procedencia de la exclusión.
No es una labor del sujeto pasivo de facto calificar el servicio para determinar si
procede o no la causación del impuesto o la exclusión del mismo, pues su rol en la
relación jurídica tributaria es simple y llanamente asumir la carga económica del
28 Ibidem. Anexos 12 y 14.
29 Entre otras: Corte Constitucional. Sentencia C-550 de 2019. M.P. Diana Fajardo Rivera y Consejo de
Estado, Sección Cuarta, sentencia del 23 de septiembre de 2021, exp. 24766, C.P. Stella Jeannette Carvajal
Basto.
30 Corte Constitucional. Sentencia C-412 de 1996. M.P. Alejandro Martínez Caballero.
31 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 6 de diciembre de 2012, exp. 18700, C.P. Carmen Teresa
Ortiz de Rodríguez.
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impuesto. Naturalmente, que una exclusión le beneficia, por cuanto puede derivar
en la reducción o anulación de la carga económica, pero no por esto se le puede
endilgar deberes que no le corresponden.
Quien está obligado al pago y cumplimiento de los deberes formales asociados al
tributo, tales como expedir las facturas y presentar las declaraciones es el
responsable del IVA, con lo cual es el llamado a realizar el análisis de sujeción de
la transacción. Lo anterior, además, resulta lógico pues quien mejor conoce el
servicio y sus condiciones de prestación es su oferente, lo cual le permite
determinar si se encuentran frente al hecho generador, mientras que el consumidor,
en sujeción al principio constitucional de buena fe, se limita a soportar la carga
económica del tributo con plena confianza en la información plasmada en la factura
de venta y bajo los términos y condiciones del contrato.
En el presente caso, la demandante contrató, de manera directa y también como
parte del consorcio, la prestación del servicio de transporte con las siguientes
empresas, tal como consta en el expediente: Cooperativa de Transportes Cupiagua,
Transportes El Morro SAS, Cooperativa Multiactiva de Transportes y Servicios Integrados de
Casanare Ltda., Casanare Express Ltda, Transporte y Servicios Nacionales SAS, Transportes
Piedemonte SAS y Cooperativa Multiactiva de Transportes Escolares y Especiales Ltda . De las
operaciones contratadas reposan copias de las facturas de venta expedidas por los
proveedores32, en donde se evidencia que los servicios de transporte se facturaron
sin IVA, pues dichos prestadores consideraron que el servicio de transporte era
público y se enmarcaba dentro de los supuestos de la exclusión de IVA del artículo
476 numeral 2 del Estatuto Tributario.
A partir de lo expuesto, la Sala comparte las conclusiones del Tribunal en el sentido
de que la calificación realizada por el prestador del servicio frente a la sujeción de
la transacción no puede implicar, en caso de errar, consecuencias adversas para
el adquirente, que en este caso se tradujeron en rechazar la deducción del costo,
por cuanto la responsabilidad de este último es económica y no jurídica. Es el
responsable, como obligado sustancial, el llamado a soportar los efectos de la
recalificación propuesta por la Administración en torno a la procedencia del
gravamen del servicio.
Así, si bien los requisitos exigidos en los artículos 771-2 y 617 del Estatuto
Tributario, se dirigen al adquirente del servicio, quien es el que registra el costo, la
verificación de los requisitos de la factura de venta no implica la obligación de
evaluar los efectos tributarios del servicio prestado por un tercero, pues cada una
de las partes de la transacción realiza el análisis de las consecuencias fiscales de
sus operaciones en lo que a ellas atañe, por lo que, se insiste, la sujeción al IVA
del servicio de transporte le corresponde al prestador y no al consumidor.
En todo caso, se evidencia que las facturas aportadas no incumplen el requisito del
artículo 617, literal c) del Estatuto Tributario. Nótese que la norma obliga a
discriminar el IVA pagado, y, dado que el prestador consideró que la operación
estaba excluida, no se pagó el tributo, de suerte que las facturas no discriminaban
valor alguno por dicho concepto, lo cual significa que, para el adquirente, sí se
cumplían los requisitos para soportar el costo del servicio de transporte.
Por último, frente al argumento de la apelante relativo a la calidad de agente
retenedor de IVA de la actora, se advierte que, este argumento no fue presentado
en oportunidades previas a la apelación. Al respecto, debe recordarse que ha sido
constante la jurisprudencia33 en señalar que no le es permitido a las partes la
inclusión en sede de apelación de cargos ausentes a lo largo del debate judicial,
32 Caa. Fls. 125-136, 144-156, 169-194, 203- 213, 219-223, 246-267 y 301-322.
33 Consejo de Estado, Sección Cuarta, Sentencias del 22 de abril y 23 de septiembre de 2021, exp.25427 y
24987 respectivamente, C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello
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pues supone el planteamiento de asuntos que no han sido objeto de controversia,
siendo este un requisito de las normas que regulan el derecho procesal
administrativo y las garantías del debido proceso.
3. Costas
En cuanto a las costas (agencias en derecho y gastos del proceso), es necesario
recordar que, acorde con el numeral 8 del artículo 365 del Código General del
Proceso, aplicable al caso concreto por expresa remisión del primer inciso del
artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, sólo habrá lugar a condenar en las mismas cuando en el expediente
aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación.
Sobre esto, si bien el demandante adjunto como anexo de la reforma a la demanda
el contrato de prestación de servicios suscrito con la firma Deloitte Asesores y
Consultores Ltda., en el mismo se observa que, si bien se menciona que se
atendería la segunda instancia, de ser necesario, en la página 14 los honorarios allí
pactados sólo se refieren a la primera instancia del proceso contencioso
administrativo, cuando señalan que los 76,8 SMMLV se causaran por “Elaboración
de la demanda per saltum”, y, no hay pruebas adicionales que permitan corroborar
la causación de las costas en esta instancia, de manera que no se condenará en
costas en esta instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Confirmar la sentencia del 3 de febrero de 2022, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B.
2. Sin condena en costas en esta instancia
3. Reconocer personería al abogado Cristian Alejandro García Cañón,
identificado con cédula de ciudadanía 1.053.333.678 de Chiquinquirá y T.P.
238.128 del CSJ como apoderado de la demandante, en los términos y para
los fines de la sustitución del poder que obra a índice 22 de Samai Tribunal.
Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al tribunal de
origen. Cúmplase.
La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) Ausente con permiso
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRÓN
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