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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2018-00462-01

Fecha
27 de abril de 2023
Consejero ponente
Stella Jeannette Carvajal Basto

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2018-00462-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA: 1.- MODIFICAR el ordinal primero de la sentencia del 28 de abril de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, por las razones expuestas en esta providencia, el cual queda así: 21 Código General del Proceso «Art. 365. Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia en la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: 1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código. 5). En caso de que prospere parcialmente la demanda, el juez podrá abstenerse de condenar en costas (…) 8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». 12 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicación: 25000-23-37-000-2018-00462-01(27050) Demandante: STORK TECHNICAL SERVICES HOLDING B.V. SUCURSAL COLOMBIA -hoy STORK LATAM SL SUCURSAL COLOMBIA- «PRIMERO: DECLARAR la nulidad parcial de la Liquidación Oficial de Revisión No. 90002 del 13 de marzo de 2017, por medio de la cual se modificó la declaración privada del impuesto sobre la renta presentada por la sociedad Stork Technical Services Holding B.V. Sucursal Colombia por el año 2013, y de la Resolución No. 002278 del 16 de marzo de 2018, confirmatoria del acto anterior». 2.- En lo demás, CONFIRMAR la sentencia apelada. 3.- Sin condena en costas en esta instancia. 4.- RECONOCER personería a los abogados María Helena Padilla Bello, Nathaly Higuera Rodríguez, Daniela Martínez Álvarez, Juan Diego Cardozo Moreno, Andrea Cristina Moreno Ruiz, Melissa Velásquez García y Diego Fernando Arteta Pitalúa, para actuar como apoderados de la parte demandante, en los términos del poder que obra en el índice 16 de Samai.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 25000-23-37-000-2018-00462-01

Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto

27 de abril de 2023

Radicación: 25000-23-37-000-2018-00462-01(27050)
Demandante: STORK TECHNICAL SERVICES HOLDING B.V. SUCURSAL COLOMBIA
-hoy STORK LATAM SL SUCURSAL COLOMBIA-

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá D.C., veintisiete (27) de abril de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 25000-23-37-000-2018-00462-01(27050)
Demandante: STORK TECHNICAL SERVICES HOLDING B.V. SUCURSAL
COLOMBIA -hoy STORK LATAM SL SUCURSAL COLOMBIA-
Demandado: DIAN

Temas: Renta 2013. Costos. Factura. Requisitos. Sanciones por inexactitud
y por rechazo o disminución de pérdidas.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, contra la
sentencia del 28 de abril de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Cuarta Subsección B, que resolvió1:

«PRIMERO: DECLARAR la nulidad2 de la Liquidación Oficial de Revisión No. 90002 del 13
de marzo de 2017, por medio de la cual se modificó la declaración privada del impuesto
sobre la renta presentada por la sociedad Stork Technical Services Holding B.V. Sucursal
Colombia por el año 2013, y de la Resolución No. 002278 del 16 de marzo de 2018,
confirmatoria del acto anterior.

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho
DECLARAR que el valor de la sanción de inexactitud a cargo de la sociedad Stork Technical
Services Holding B.V. Sucursal Colombia, es de dos millones quinientos treinta y cuatro mil
pesos ($2.534.000), y que el nuevo saldo a favor de la declaración de renta del año 2013
queda en dos mil millones cuatrocientos trece mil novecientos noventa y un pesos
($2.413.991.000).

TERCERO: Por no haberse causado ni demostrado, no se condena en costas».

ANTECEDENTES

El 9 de abril de 2014, Stork Technical Services Holding B.V. Sucursal Colombia -en
adelante Stork-, presentó la declaración de renta del año gravable 2013, corregida el 29
de agosto de 2014, en la que registró costos por $25.066.610.000, pérdida líquida de
$807.868.000 y saldo a favor de $2.421.140.0003.

Con ocasión de la respuesta al Requerimiento Especial 322402016000078 del 10 de
junio de 20164, la actora presentó corrección provocada, en la que disminuyó costos en

1
Expediente digital, índice 2 Samai.
2
Comoquiera que la decisión del tribunal modificó los actos administrativos demandados, se evidencia que la decisión fue declarar
la nulidad parcial y no anularlos en su totalidad.
3
Solicitado en devolución el 10 de julio de 2014, petición concedida mediante Resolución del 24 de septiembre de 2014.
4
Radicada el 16 de septiembre de 2016.
1
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Radicación: 25000-23-37-000-2018-00462-01(27050)
Demandante: STORK TECHNICAL SERVICES HOLDING B.V. SUCURSAL COLOMBIA
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cuantía de $46.152.000 (para un total costos $25.020.459.000), lo que dio lugar a una
pérdida líquida menor de $761.737.000 y disminuyó el saldo a favor a $2.416.525.000.

El 13 de marzo de 2017, la División de Gestión de Liquidación de la Dirección Seccional
de Impuestos de Grandes Contribuyentes de Bogotá profirió la Liquidación Oficial de
Revisión 900002, en la cual rechazó costos por $1.154.054.000 (para un total costos
$23.866.405.000), determinó la renta líquida gravable en $404.264.000, el impuesto a
cargo en $101.066.000, el saldo a favor lo redujo a $2.023.959.000, e impuso sanciones
por inexactitud de $101.066.000 y por rechazo o disminución de pérdidas de
$190.434.000, para un total a pagar de $393.566.000.

El 24 de mayo de 2017, la contribuyente presentó recurso de reconsideración, decidido
mediante Resolución 002278 del 16 de marzo de 2018, proferida por la Subdirectora
de Gestión de Recursos Jurídicos de la Dirección de Gestión Jurídica de la DIAN, en el
sentido de confirmar la liquidación oficial de revisión.

DEMANDA

La demandante, en ejercicio del medio de control previsto en el artículo 138 del
CPACA., formuló las siguientes pretensiones5:

«1. Que se declare la nulidad de la Resolución que Resuelve el Recurso de Reconsideración
No. 002278 del 16 de marzo de 2018 proferida por la División de Gestión de Liquidación de
la Dirección Seccional de Impuestos de Grandes Contribuyentes de la U.A.E. DIAN.

2. Que se declare la nulidad de la Liquidación Oficial de Revisión No. 312412018000016
(sic) del 13 de marzo de 2017, proferida por la División de Gestión de Liquidación de la
Dirección Seccional de Impuestos de Grandes Contribuyentes de la U.A.E. DIAN.

3. Que como consecuencia de lo anterior se restablezca el derecho de STORK
declarándose:

a. Que no hay lugar a la determinación de un mayor impuesto por valor de $101.066.000 ni
a la imposición de las sanciones por inexactitud y disminución de pérdida determinadas en
cuantía de $291.500.000.

b. Que como consecuencia de lo anterior se declare la firmeza de la declaración del
Impuesto sobre la Renta y complementarios presentada por STORK, correspondiente al año
gravable 2013 y se ordene el archivo del expediente abierto en contra de mi representada.

c. Que se declare que no son de cargo de STORK las costas en que hubiere incurrido la
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales con relación a la actuación administrativa
demudada, ni las de este proceso.

d. Que se condene a la parte demandada y a favor de mi representada al pago de costas y
agencias en derecho en las cuales haya incurrido para su defensa en el trámite del presente
medio de control6».

Invocó como disposiciones violadas, las siguientes:

• Artículo 29, 83, 95 numeral 9 y 363 de la Constitución Política

5
Fl. 42 c.p.
6
Pretensión incluida en la reforma a la demanda.
2
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• Artículos 476, 564, 568, 617, 647, 647-1 y 771-2 del Estatuto Tributario
• Artículo 42 de la Ley 1437 de 2011

Como concepto de la violación expuso, en síntesis, lo siguiente:

Los actos acusados adolecen de falsa motivación y falta de motivación, al fundarse en
hechos equivocados, pues Stork no incumplió con su deber de liquidar y pagar el IVA
en las facturas de servicios de transporte de personal, que soportan la procedencia de
los costos rechazados.

Los costos por pagos de transporte de personal -$1.124.957.000- son procedentes, aun
sin la liquidación del IVA, pues el artículo 476 del ET dispone que el servicio de
transporte público está excluido de dicho impuesto y, bajo el supuesto de que el servicio
prestado hubiese sido privado y no público, se valoraron indebidamente las facturas
que soportan las cifras determinadas como costos, pues contienen la discriminación del
IVA de que trata el literal c) del artículo 617 del ET, pero a la tarifa $0.

El hecho de que no se cobrara IVA por la prestación del servicio de transporte de
personas no afecta a la demandante, porque no es responsable de la obligación
tributaria. Si la DIAN consideraba que dejó de percibir un impuesto por la prestación del
servicio, debió iniciar un proceso de fiscalización contra el responsable del IVA y no
frente a la contribuyente.

Los documentos equivalentes que soportan parcialmente costos por $41.044.000
cumplen los requisitos para su procedencia, pues contienen la numeración que echa
de menos la DIAN.

Se deben anular las sanciones impuestas, que se originan en un supuesto
incumplimiento de formalidades probatorias y no en el registro de datos inexactos en la
declaración. Además, castigan dos veces la misma irregularidad sancionable, no se
expusieron razones sobre la procedencia de la sanción por rechazo o disminución de
pérdidas y, en el hipotético caso que procediera alguna sanción, se presentan
diferencias sobre la interpretación del derecho aplicable.

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

La DIAN se opuso a las pretensiones de la demanda, así:

La actora interpretó erróneamente la exclusión del numeral 2 del artículo 476 del ET, y
concluyó que el transporte contratado para movilizar a su personal es de naturaleza
pública. No obstante, el servicio de transporte es privado y no está excluido del
impuesto a las ventas. Así, el tomador del servicio responde frente al pago del impuesto,
máxime cuando pretende llevar los montos facturados como costos, tema sobre el cual
la normativa aplicable establece que la factura, como prueba del costo, debe contener
los requisitos de ley, incluido el IVA discriminado y pagado, lo cual no se probó.

Los costos soportados en documentos equivalentes se rechazaron por inconsistencias,
como es la falta de numeración consecutiva.

3
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Procede la sanción por inexactitud ante la inclusión de costos inexistentes en la
declaración tributaria, que devino en un mayor saldo a favor de la actora. La sanción
por disminución de pérdidas fiscales es procedente cuando se determina oficialmente
un menor valor en el renglón de pérdida fiscal, consecuencia, en este caso, del rechazo
parcial de costos. No existió diferencia de criterios, sino indebida aplicación de las
normas que llevaron a la demandante a solicitar costos sin soportes.

TRÁMITES PROCESALES DE PRIMERA INSTANCIA

La demanda se admitió por auto del 7 de diciembre de 2018, que dispuso notificar a las
partes. Aportada la contestación, mediante auto del 28 de agosto de 2020, se dio
aplicación al artículo 13 del Decreto 806 de 2020, y el Tribunal se abstuvo de realizar
audiencia inicial y de pruebas. Corrió traslado a las partes para alegar de conclusión.

SENTENCIA APELADA

El Tribunal anuló los actos acusados y, como restablecimiento del derecho, reliquidó el
impuesto a cargo de la actora, la sanción por rechazo o disminución de pérdidas y
revocó la sanción por inexactitud impuesta, sin condena en costas, por lo siguiente:

El servicio contratado para transporte de personal es de carácter privado, no excluido
de IVA; sin embargo, los responsables del recaudo eran los prestadores del servicio,
razón por la cual la fiscalización debió adelantarse frente a aquellos, que no frente a la
actora, pues ningún comprador tiene la obligación de establecer si el bien o servicio
que adquiere está o no gravado con el IVA y, por ello, exigirle al vendedor que liquide
el impuesto. En consecuencia, no procede el rechazo del costo declarado.

Frente al rechazo de costos relacionado con el incumplimiento de requisitos formales
de documentos equivalentes, los mismos se verificaron uno a uno y se advirtió que
$30.908.000 estaban debidamente numerados. Procede parcialmente el costo.

Como el artículo 647 del ET no tipifica una sanción adicional a la establecida en el
artículo 647-1 ib., se vulneró el principio non bis in ídem. Al existir una disminución de
pérdidas que no genera un mayor impuesto a cargo o un menor saldo a favor, la
normativa aplicable es la dispuesta en el artículo 647-1 del ET; en consecuencia, se
revoca la sanción por inexactitud y se reduce la sanción por rechazo o disminución de
pérdidas de acuerdo con la nueva liquidación del impuesto determinada en la sentencia.

RECURSO DE APELACIÓN

La demandada cuestionó el reconocimiento de costos hecho por el Tribunal, pues «1.
El fallo incurre en defecto sustantivo por inaplicación de lo señalado en el artículo 771-2 ET. Los costos
llevados por el contribuyente por concepto de transporte privado de personas están soportados en
facturas que no cumplen con los requisitos señalados en el artículo 771-2 ET por cuanto no se encuentra
discriminado el IVA de dicho servicio en inobservancia de los previsto en el literal c) del artículo 617 del
ET. 2. Las sanciones impuestas son procedentes».

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Las facturas de soporte de costos no cumplen los requisitos del artículo 771-2 del ET,
pues no discriminan el IVA de la operación. Dicha norma aplica a los contribuyentes del
impuesto sobre la renta y condiciona el reconocimiento de costos al cumplimiento de
los requisitos en esta establecidos; luego, no procede su inaplicación bajo el pretexto
de determinar la responsabilidad de facturar en el prestador del servicio, en tanto la
contribuyente debe acreditar que la factura acredite los requisitos de ley.

No es viable aceptar costos soportados en documentos equivalentes que incumplen el
requisito de numeración, obligatorio para su procedencia, conforme a los artículos 3.º
del Decreto 522 de 2003 y 771-2 del ET. No fue posible comprobar la existencia de una
numeración consecutiva, porque se observan numeraciones diligenciadas a mano, no
preimpresas, documentos con el mismo formato, pero sin número, otros con sumas que
se solicitan dos veces, lo que impide el reconocimiento.

Los artículos 647 y 647-1 del ET establecen hechos sancionables distintos, lo que
descarta la violación del principio de non bis in ídem. No se trata de dos sanciones
aplicables a un mismo hecho, sino de la base aplicable en el evento de inexactitudes
en la declaración, de las cuales se hubieran derivado pérdidas fiscales.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Comoquiera que no se decretaron pruebas en segunda instancia, no se dio traslado
para alegar de conclusión, en cumplimiento del artículo 247 del CPACA. Las partes no
se pronunciaron y el Ministerio Público emitió concepto, solicitando confirmar.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Se decide sobre la legalidad de los actos administrativos que modificaron la declaración
del impuesto sobre la renta presentada por Stork Technical Services Holding BV
Sucursal Colombia -hoy Stork Latam SL Sucursal Colombia-, por el año gravable 2013.

En los términos del recurso de apelación presentado por la demandada, como apelante
única, se debe determinar si procede el rechazo de costos determinado en los actos
demandados y si hay lugar a imponer sanciones por inexactitud y por rechazo o
disminución de pérdidas.

El artículo 746 del ET establece la presunción de veracidad de las declaraciones
tributarias, al señalar que «Se consideran ciertos los hechos consignados en las declaraciones
tributarias, en las correcciones a las mismas o en las respuestas a requerimientos administrativos,
siempre y cuando sobre tales hechos, no se haya solicitado una comprobación especial, ni la ley la exija» .

La Sala dijo que la anterior disposición establece una presunción legal, en tanto el
contribuyente no está exento de demostrar los hechos consignados en sus
declaraciones tributarias, correcciones a las mismas o en las respuestas a
requerimientos administrativos7. Lo anterior implica que dicha presunción admite
7
Entre otras, sentencias del 1.º de marzo de 2012, Exp. 17568, C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas; del 7 de mayo de 2015,
Exp. 20580, C.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez; del 13 de agosto de 2015, Exp. 20822, C.P. Martha Teresa Ortiz de
Rodríguez, del 25 de octubre de 2017, Exp. 20762 C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez y del 3 de mayo de 2018, Exp. 20727, C.P.
Stella Jeannette Carvajal Basto.
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prueba en contrario y que la autoridad fiscal, para asegurar el «efectivo cumplimiento de las
normas sustanciales», puede desvirtuarla mediante el ejercicio de las facultades de
fiscalización e investigación previstas en el artículo 684 del ET8.

Así pues, es a la autoridad tributaria a la que le corresponde desvirtuar la veracidad de
las declaraciones tributarias y de las respuestas a los requerimientos; y ante una
comprobación especial o una exigencia legal, le corresponde al contribuyente 9.

Para la procedencia de costos y deducciones en el impuesto sobre la renta, el artículo
771-2 del ET exige que estén soportados en facturas o documentos equivalentes con
el lleno de los requisitos establecidos en la legislación fiscal10; sin embargo, la norma
no limita la facultad comprobatoria de la autoridad fiscal11 ,quien puede desvirtuar las
transacciones constitutivas de costo o deducción y proceder a su rechazo. De ahí que,
ante la precisa exigencia de factura o documento equivalente como soporte de costos,
la libertad probatoria no es absoluta, circunstancia directamente vinculada con el deber
de expedir factura, cuando exista la obligación de hacerlo, o de exigirla, para el caso de
los adquirentes de bienes y servicios12.

Consecuente con lo anterior, para que una factura o documento equivalente sirva de
soporte de costos o deducciones en el impuesto sobre la renta, debe acreditar los
requisitos señalados en la normativa aplicable, lo cual apareja la obligación del
adquirente de bienes o servicios de exigir tales documentos con el cumplimiento de
requisitos y exhibirlos ante el fisco cuando éste los solicite.

En el caso concreto está probado que con ocasión de la corrección provocada
presentada con la respuesta al requerimiento especial, Stork reportó costos por
$25.020.459.000, de los que se desconocieron $1.166.001.000, que corresponden,
$1.124.957.000 a facturas en las que se liquidó IVA en $0 por servicios de transporte
público -artículo 617 literal c) del ET- y $41.044.000 soportados en documentos equivalentes
sin numeración consecutiva -artículo 617 literal d) del ET-. En esas condiciones, se abordará
el estudio del cargo, así:

Costos por $1.124.957.000. IVA en servicio de transporte

La demandante alegó que el servicio de transporte contratado para movilizar el personal
de su empresa es servicio público excluido de IVA13, y que en caso de que fuera
privado, las facturas contenían discriminado el IVA a la tarifa de $0. Explicó que el hecho

8
E.T. «Art. 684. Facultades de fiscalización e investigación. La Administración Tributaria tiene amplias facultades de fiscalización
e investigación para asegurar el efectivo cumplimiento de las normas sustanciales. Para tal efecto podrá:
a. Verificar la exactitud de las declaraciones u otros informes, cuando lo considere necesario.
b. Adelantar las investigaciones que estime convenientes para establecer la ocurrencia de hechos generadores de obligaciones
tributarias, no declarados.
c. Citar o requerir al contribuyente o a terceros para que rindan informes o contesten interrogatorios.
d. Exigir del contribuyente o de terceros la presentación de documentos que registren sus operaciones cuando unos u otros estén
obligados a llevar libros registrados.
e. Ordenar la exhibición y examen parcial de los libros, comprobantes y documentos, tanto del contribuyente como de terceros,
legalmente obligados a llevar contabilidad.
f. En general, efectuar todas las diligencias necesarias para la correcta y oportuna determinación de los impuestos, facilitando al
contribuyente la aclaración de toda duda u omisión que conduzca a una correcta determinación (…)».
9
Artículo 746 del E.T.
10
Literales b), c), d), e), f), y g) del artículo 617 y artículo 618 del Estatuto Tributario.
11
Sentencia del 19 de marzo de 2016, Exp. 21185, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia.
12
Sentencia del 7 de mayo de 2020, Exp. 22858, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
13
Al efecto, la Sala precisa que la discusión respecto de si el transporte contratado por Stork era público o privado fue resuelto en
la sentencia de primera instancia y la consideración no fue objeto de reproche por parte de la demandante.
6
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de que el prestador del servicio no cobrara IVA no puede repercutir en su contra, pues
no es responsable de la obligación tributaria, argumento acogido por el a quo.

Como lo precisó el Tribunal, el servicio de transporte fue contratado por Stork para
satisfacer sus necesidades, y se concretó en el traslado de personal de la sociedad a
los puntos por esta indicados para ejercer las labores de extracción de petróleo y gas,
lo cual indica que se trata de un servicio privado de transporte, el cual está gravado con
IVA y, por ende, en la factura de venta debía discriminarse el impuesto, como lo exige
el artículo 617 literal c) del ET, al señalar que la factura debe contener «Apellidos y nombre
o razón social y NIT del adquirente de los bienes o servicios, junto con la discriminación del IVA pagado».

En el expediente está acreditado que durante el año 2013, la demandante contrató, de
manera directa la prestación del servicio de transporte con las siguientes empresas:
Casanare Express Ltda., Cooperativa de Transportes Cupiagua, Transportes El Morro SAS, Cooperativa
Multiactiva de Transportes y Servicios Integrados de Casanare Ltda., Transporte y Servicios Nacionales
SAS, Transportes Piedemonte SAS y Coopservices. De las operaciones contratadas reposan
copias de las siguientes facturas de venta expedidas por los proveedores, sin que en
las mismas se liquide valor alguno por concepto del IVA sobre el servicio de transporte:
FACTURA VALOR TOTAL Folio c.a.14
6383 19.097.572 429
3835 6.174.000 430
7285 33.223.692 431
688 14.605.994 432
3825 20.234.880 433
129 39.329.709 434
6191 9.109.600 682
6219 9.109.600 683
6232 771.053 684
6350 24.230.434 685
3431 3.353.649 689
3429 34.217.333 690
3601 39.784.021 691
3697 15.322.287 692
3895 6.379.800 693
6043 2.459.490 694
6967 20.110.318 695
6968 80.004.714 696
7035 9.412.832 697
7034 14.576.270 698
7032 62.531.344 699
7095 62.826.297 700
7098 3.646.775 701
7097 25.333.028 703
7159 49.928.757 705
7158 32.483.598 706
7284 37.727.889 707
507 7.628.922 708
592 14.299.525 709
612 27.253.002 710
642 30.653.441 711
683 35.686.168 712
3421 23.155.264 713
3420 2.898.924 715
3422 3.615.603 714
3488 24.531.943 716
3489 6.562.275 717
3512 3.516.643 718
3622 25.819.012 719
3650 27.811.864 720
42 14.053.375 721
69 27.751.338 722
87 41.095.440 723
107 50.444.027 724
130 14.140.996 725
6965 12.759.600 879
6966 19.139.400 879
7036 31.243.212 879
7286 4.911.586 879
TOTAL COMPRA 1.124.956.496
DEL SERVICIO

14
También disponibles en la versión digital del expediente, índice 2 de Samai.
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De las facturas reseñadas, las número 3825, 3431, 3420, 3422, 3512, 3622, 3650, 6965
y 6966 contienen una discriminación de IVA, liquidado sobre la base de administración,
imprevistos y utilidades -AIU-, pero no respecto del servicio de transporte de personas,
por lo cual la DIAN rechazó el costo, al encontrar que las facturas soporte no cumplían
parcialmente con el requisito establecido en el literal c) del artículo 617 del ET.

Si bien la discusión recae en el soporte de costos en materia del impuesto sobre la
renta, el costo tiene su origen en la compra de un servicio gravado con IVA que no fue
discriminado en la factura, por lo cual, es preciso diferenciar entre los sujetos pasivos
económicos y los sujetos pasivos jurídicos del impuesto sobre las ventas.

La Corte Constitucional15 distinguió «entre sujeto pasivo “de iure” y sujeto pasivo “de facto o
socioeconómico”16. El primero tiene la obligación jurídica de pagar el impuesto, es deudor ante el Estado
y responde en caso de incumplir su deber. El segundo es la persona que soporta los efectos económicos,
el impacto real o práctico del gravamen en su economía (…) en los tributos indirectos como, por ejemplo,
el IVA o, por lo general, los que gravan diversas formas de consumo, el sujeto de iure tiene la obligación
de pagar al Estado, pero no percibe las consecuencias económicas de la exacción 17. Por la manera en
que se desenvuelve la actividad económica gravada, en realidad la carga fiscal se traslada al consumidor
o usuario final, quien resulta asumiendo los costos del impuesto y por eso se ha denominado sujeto
pasivo de facto o socioeconómico 18. Pese a esto, el sujeto pasivo continúa siendo el titular de la
obligación sustancial ante el Estado, quien debe garantizar debidamente su pago».

En consonancia con lo anterior, si bien a la actora le correspondía pagar IVA por el
servicio adquirido a las empresas de transporte Casanare Express Ltda., Cooperativa de
Transportes Cupiagua, Transportes El Morro SAS, Cooperativa Multiactiva de Transportes y Servicios
Integrados de Casanare Ltda., Transporte y Servicios Nacionales SAS, Transportes Piedemonte SAS y
Coopservices, en dichas empresas recae la obligación de liquidar el impuesto en la
correspondiente factura y trasladarlo al Estado, pues son sujetos pasivos jurídicos del
impuesto.

Así las cosas, si la DIAN consideró que hubo una omisión en el deber de recaudar el
impuesto sobre las ventas, debió adelantar las acciones de fiscalización
correspondientes a los proveedores del servicio, y no trasladarle esa responsabilidad a
la demandante, sobre quien no recae las responsabilidades de facturación y recaudo.

Está demostrado que la operación que da lugar al costo solicitado es real y existen
soportes de la expensa, y que, si bien dichos soportes no discriminan el IVA, lo cierto
es que la sociedad incurrió en un costo para el desarrollo de su actividad productora de
renta, susceptible de ser reconocido, en tanto está soportado en la factura que le
expidieron los prestadores.

Conforme con lo anterior, el rechazo del costo por $1.124.957.000, proveniente de la
adquisición del servicio de transporte privado, se fundó en el incumplimiento de un
requisito que no es imputable a la demandante; de ahí que proceda su reconocimiento.

Costos por $41.044.000. Documentos equivalentes sin numeración consecutiva

15
Sentencia C-550 de 2019, MP. Diana Fajardo Gómez.
16
Ver Sentencia C-155 de 2003, MP. Eduardo Montealegre Lynett.
17
Ver Sentencia C-209 de 2016, MP. Jorge Iván Palacio Palacio.
18
Sentencia C-412 de 1996, MP. Alejandro Martínez Caballero.
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La DIAN rechazó costos de $41.044.000 por concepto de prestación de servicios varios,
porque los documentos equivalentes que los soportaban carecían de numeración
consecutiva, con lo cual, se incumplieron los requisitos de los artículos 3.º del Decreto
522 de 2003 y 771-2 del ET.

Para la procedencia de los costos y deducciones en el impuesto sobre la renta, el
artículo 771-2 del ET19 señala que se requerirá de facturas con el cumplimiento de los
requisitos establecidos en los literales b), c), d), e), f) y g) del artículo 617 del Estatuto
Tributario20. Y, tratándose de documentos equivalentes, se deben acreditar los
requisitos de los numerales b), d), e) y g) de esa norma que, en su orden, corresponden
a: apellidos y nombre o razón social y NIT del vendedor o de quien presta el servicio;
llevar un número que corresponda a un sistema de numeración consecutiva de facturas
de venta; fecha de expedición y valor total de la operación.

En lo que respecta al requisito de la numeración consecutiva -literal d) del artículo 617
ibidem-, el parágrafo del artículo 771-2 indicó que bastará con que la factura o
documento equivalente contenga la correspondiente numeración.

A su turno, el artículo 2 del Decreto 3050 de 1997 dispone que, para la procedencia de
costos en el impuesto sobre la renta, la factura o documento equivalente deberá reunir
los requisitos del artículo 771-2 del ET, y que lo dispuesto en el parágrafo de esa
disposición se entenderá sin perjuicio de la obligación de cumplir con la numeración
consecutiva, al indicar:

«Artículo 2º. Requisitos de la factura para la procedencia de costos, deducciones e
impuestos descontables. Para la procedencia de los costos y deducciones en el impuesto
sobre la renta, así como de los impuestos descontables en el impuesto sobre las ventas, la
factura o documento equivalente deberá reunir como mínimo los requisitos contemplados
en el artículo 771-2 del Estatuto Tributario.

Lo dispuesto en el parágrafo del referido artículo, se entiende sin perjuicio de la obligación
para quien expide la factura o documento, de hacerlo con el lleno de los requisitos de
numeración consecutiva, preimpresión y autorización previa contemplados en las normas
vigentes».

Por su parte, el artículo 3.º del Decreto 522 de 2003, establece que, frente a las
adquisiciones efectuadas por responsables del régimen común a personas naturales
no comerciantes o inscritas en el entonces denominado régimen simplificado del
impuesto sobre las ventas, aquellos expedirán al proveedor un documento equivalente
a la factura, con los requisitos establecidos por la norma reglamentaria:
«Artículo 3. Documento equivalente a la factura en adquisiciones efectuadas por
responsables del régimen común a personas naturales no comerciantes o inscritas
en el régimen simplificado. El adquirente, responsable del régimen común que adquiera
bienes o servicios de personas naturales no comerciantes o inscritas en el régimen
simplificado, expedirá a su proveedor un documento equivalente a la factura con el lleno de
los siguientes requisitos:

19
Declarado exequible en la sentencia C-733 del 26 de agosto de 2003, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
20
Los requisitos señalados en los literales b), c), d), e), f) y g) del artículo 617 del Estatuto Tributario son: b) Apellidos y nombre o
razón y NIT del vendedor, o de quien presta el servicio. c) Apellidos y nombre o razón social del adquirente de los bienes o servicios,
cuando éste exija la discriminación del impuesto pagado, por tratarse de un responsable con derecho al correspondiente descuento.
d) Llevar un número que corresponda a un sistema de numeración consecutiva de facturas de venta. e) Fecha de su expedición.
f) Descripción específica o genérica de los artículos vendidos o servicios prestados. g) Valor total de la operación.
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a) Apellidos, nombre o razón social y NIT del adquirente de los bienes o servicios;
b) Apellidos, nombre y NIT de la persona natural beneficiaria del pago o abono;
c) Número que corresponda a un sistema de numeración consecutiva;
d) Fecha de la operación;
e) Concepto;
f) Valor de la operación;
g) Discriminación del impuesto asumido por el adquirente en la operación.

En el caso concreto, la actora solicitó como costo las sumas contenidas en las
siguientes subcuentas, por concepto de transporte de personal, alquiler de vehículos,
alquiler de habitaciones y suministro de alimentos:
PUC Valor solicitado como costo
6115141095 – Otros honorarios 2.743.750
611514201095 – Otros arrendamientos 960.000
611514204095 – Otros arrendamientos flota y equipo de transporte 5.954.500
611514355001 – Transporte de personal 16.212.653
6115145505 – Alojamiento y manutención 8.600.000
611414952501 – Diversos arriendos 2.600.000
6115149595 – Otros diversos 1.323.566
6115149560 – Casino y restaurante 8.457.479
Total 46.851.948

De este monto, la contribuyente aceptó la suma de $5.808.000, con ocasión de la
corrección provocada presentada con la respuesta al requerimiento especial, por lo
cual, la discusión se mantiene respecto de $41.044.000, soportados en los siguientes
documentos equivalentes:
FOLIO c.a. N.° DOCUMENTO VALOR
2490 4 1.966.660
2492 13 380.090
2494 2 397.000
2496 15 1.280.000
2497 34 2.300.000
2498 3 980.600
2499 31 1.393.900
2501 3 643.873
2505 2 182.000
2517 32 1.600.000
2519 9 250.000
2521 10 722.400
2523 11 234.000
2525 12 1.066.715
2527 13 1.000.000
2529 14 1.605.668
2531 15 592.300
2533 26 654.500
2535 27 408.200
2537 28 458.900
2539 30 1.000.000
2540 31 808.500
2547 2 2.600.000
2549 5 1.323.566
2551 85170 240.000
2552 65166 180.000
2553 85168 240.000
2554 85172 300.000
2556 85637 360.000
2557 85615 384.084
2558 85635 180.000
2559 85639 360.000
2560 85641 120.000
2561 85642 180.000

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2562 85636 114.650
2564 86495 153.354
2566 6 4.248.000
Total 30.908.960

Se advierte que los documentos equivalentes relacionados por la actora como soporte
de costos por operaciones desarrolladas con proveedores o prestadores de servicios
inscritos en el entonces régimen simplificado del impuesto sobre las ventas, cuentan
con numeración en su formato, lo cumple con los requerimientos establecidos en el
parágrafo del artículo 771-2 del ET. De ahí que para fines fiscales soporten los costos
solicitados en el monto relacionado.

No obstante, los siguientes documentos equivalentes no cuentan con numeración y la
casilla en la que debieron registrarse aparece en blanco, por lo cual no tiene la aptitud
legal para soportar el costo declarado:
FOLIO c.a. VALOR
2503 520.000
2507 327.947
2565 380.000
2567 180.000
Total 1.407.947

Ahora bien, entre el monto desconocido por la DIAN en la liquidación oficial de revisión
-$41.044.000- y el valor probado por la contribuyente, existe una diferencia por
$8.727.093, de los que no se encuentra soporte en el expediente, por lo cual no es
posible verificar su existencia. En consecuencia, el rechazo de este monto se mantiene.

Por lo anterior, es procedente el reconocimiento de costos en cuantía de $30.908.960,
en los términos expuestos.

Sanciones por inexactitud y por rechazo o disminución de pérdidas

Los actos acusados impusieron a la demandante la sanción por inexactitud establecida
en el artículo 647 del ET y liquidaron sanción por rechazo de pérdidas, conforme con el
artículo 647-1 ibidem.

La demandante aduce que no se tipifican los hechos que configuran las sanciones y
que existen diferencias de criterio en la interpretación del derecho aplicable. Señaló,
además, que las sanciones castigan dos veces la misma irregularidad sancionable y
que la sanción por disminución de pérdidas no estuvo debidamente argumentada.

Por su parte, la Administración, tanto en la contestación como en el recurso de
apelación, sostiene que las sanciones de los artículos 647 y 647-1 ET son
independientes y aplicables en el presente caso, por cuanto se configuran los
supuestos previstos por el legislador, sin que se configure una doble sanción.

El rechazo de parcial de costos demuestra que la contribuyente declaró datos
equivocados y desfigurados que generaron una pérdida en el ejercicio del año gravable
2013, que no afectó la liquidación del impuesto y el saldo a cargo con valores inferiores
a los determinados oficialmente, al igual que el saldo a favor del periodo, lo cual
constituye un supuesto de imposición de la sanción por rechazo o disminución de
perdidas establecida en el artículo 647-1 del ET, que prevé lo siguiente:

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«ARTÍCULO 647-1. RECHAZO O DISMINUCIÓN DE PÉRDIDAS. <Artículo adicionado por
el artículo 24 de la Ley 863 de 2003. El nuevo texto es el siguiente:> La disminución de las
pérdidas fiscales declaradas por el contribuyente, mediante liquidaciones oficiales o por
corrección de las declaraciones privadas, se considera para efectos de todas las sanciones
tributarias como un menor saldo a favor, en una cuantía equivalente al impuesto que
teóricamente generaría la pérdida rechazada oficialmente o disminuida en la corrección.
Dicha cuantía constituirá la base para determinar la sanción, la cual se adicionará al valor
de las demás sanciones que legalmente deban aplicarse.

Las razones y procedimientos para eximir de las sanciones de inexactitud o por corrección,
serán aplicables cuando las mismas procedan por disminución de pérdidas». (Negrilla y
subraya fuera de texto).

Al respecto, se observa que, como se aceptaron costos por $1.124.957.000 por la
prestación del servicio de transporte y $30.909.000 por los documentos equivalentes
expedidos a prestadores de servicios inscritos en el régimen simplificado del impuesto
sobre las ventas, el rechazo persistió únicamente sobre la suma de $10.135.000 del
valor glosado en los actos acusados, lo que conduce a determinar que la contribuyente
registró pérdidas fiscales para la vigencia 2013, pero en la suma de $751.602.000, que
difiere del valor determinado en la liquidación privada de $761.737.000.

En ese orden de ideas, al existir una disminución de pérdidas que no genera un
impuesto a cargo o un menor saldo a favor de la contribuyente, la normativa aplicable
es la contemplada en el artículo 647-1 del E.T., referente a la sanción por rechazo o
disminución de pérdidas fiscales y, en consecuencia, resulta procedente revocar la
sanción por inexactitud impuesta por la DIAN.

Por lo anterior y comoquiera que en el ordinal primero de la sentencia apelada el a quo
declaró la nulidad, y no la nulidad parcial de los actos demandados a que había lugar,
por cuenta de las modificaciones que introdujo a los mismos (i. e. reliquidar el impuesto a
cargo, ajustar la sanción por pérdidas, y levantar la sanción por inexactitud), la Sala, para subsanar
dicho error, modificará la orden impartida en el referido ordinal y confirmará en lo demás
el fallo impugnado.

Finalmente, con fundamento en los artículos 188 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 365 del Código General del
Proceso21, la Sala no condenará en costas (gastos del proceso y agencias en derecho)
en esta instancia, comoquiera que no se encuentran probadas en el proceso.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por
autoridad de la ley,

FALLA:

1.- MODIFICAR el ordinal primero de la sentencia del 28 de abril de 2022, proferida por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, por las
razones expuestas en esta providencia, el cual queda así:
21
Código General del Proceso «Art. 365. Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que
haya controversia en la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: 1. Se condenará en costas a la parte vencida en el
proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que
haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código. 5). En caso de que prospere parcialmente la demanda,
el juez podrá abstenerse de condenar en costas (…) 8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se
causaron y en la medida de su comprobación».
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«PRIMERO: DECLARAR la nulidad parcial de la Liquidación Oficial de Revisión No. 90002
del 13 de marzo de 2017, por medio de la cual se modificó la declaración privada del
impuesto sobre la renta presentada por la sociedad Stork Technical Services Holding B.V.
Sucursal Colombia por el año 2013, y de la Resolución No. 002278 del 16 de marzo de 2018,
confirmatoria del acto anterior».

2.- En lo demás, CONFIRMAR la sentencia apelada.

3.- Sin condena en costas en esta instancia.

4.- RECONOCER personería a los abogados María Helena Padilla Bello, Nathaly
Higuera Rodríguez, Daniela Martínez Álvarez, Juan Diego Cardozo Moreno, Andrea
Cristina Moreno Ruiz, Melissa Velásquez García y Diego Fernando Arteta Pitalúa, para
actuar como apoderados de la parte demandante, en los términos del poder que obra
en el índice 16 de Samai.

Notifíquese, comuníquese y devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase. La anterior
providencia fue estudiada y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRÓN

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