RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 25000-23-37-000-2018-00464-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2018-00464-01

Fecha
10 de noviembre de 2022
Consejero ponente
Julio Roberto Piza Rodriguez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2018-00464-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA 1. Modificar el ordinal segundo de la sentencia apelada, para en su lugar: Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento: se ordena a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –UGPP modificar el IBC de los trabajadores que recibieron i) bonificación por cumplimiento global de droguerías, ii) otros gastos o gastos por otros servicios y iii) auxilio extralegal de incapacidades; teniendo en cuenta las observaciones realizadas en la parte considerativa del fallo de primera instancia para cada cargo. También, iv) excluir del cálculo del IBC el «auxilio de transporte», sin consideración al límite previsto en el artículo 30 de la Ley 1393 de 2010; (ii) ajustar la sanción por inexactitud conforme con los mayores valores de los aportes al SPS determinados finalmente a cargo de la actora; y (iii) en caso que realizada la correspondiente liquidación resulte un saldo a favor de la demandante, devolver las sumas que hubiere pagado en exceso, conforme lo expuesto en la parte motiva de la sentencia de segunda instancia. 2. En lo demás, confirmar la sentencia apelada. 3. Sin condena en esta instancia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 25000-23-37-000-2018-00464-01

Consejero ponente: Julio Roberto Piza Rodriguez

10 de noviembre de 2022

Radicado: 25000-23-37-000-2018-00464-01 (26123)
Demandante: Detal S.A.

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ

Bogotá, D.C., diez (10) de noviembre de dos mil veintidós (2022)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-37-000-2018-00464-01 (26123)
Demandante: Detal S.A.
Demandada: UGPP

Temas: Aportes. Sistema de Protección Social (SPS). Motivación. Gestión
administrativa tributaria. Ingreso base de cotización (IBC). Pagos no
salariales. Devolución.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la demandante contra la sentencia
del 06 de noviembre de 2020, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Cuarta, Subsección B que resolvió (f. 1339 cp1):

Primero: Se declara la nulidad parcial de la Liquidación Oficial RDO 2017-00233 del 27 de marzo de
2017 y la Resolución RDC 2018-00229 del 27 de marzo de 2018 que resolvió el recurso de
reconsideración; por medio de las cuales se profirió liquidación por mora e inexactitud en los pagos
al Sistema de Protección Social por los periodos de enero a diciembre de 2013 a la sociedad Detal
S.A., de conformidad con la parte motiva de esta providencia.

Segundo: Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento: Además, se ordena a la
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección
Social –UGPP modificar el IBC de los trabajadores que recibieron i) bonificación por cumplimiento
global de droguerías, ii) otros gastos o gastos por otros servicios y iii) auxilio extralegal de
incapacidades; teniendo en cuenta las observaciones realizadas en la parte considerativa del fallo
para cada cargo.

Tercero: Niéguense las demás pretensiones de la demanda.

Cuarto: Por no haberse causado no se condena en costas.

ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA

Con la Liquidación Oficial nro. RDO 2017-00233, del 28 de marzo de 2017 (ff. 76 vto. a
94 cp1), la demandada modificó las autoliquidaciones de los aportes al SPS (Sistema de
protección Social) de todos los periodos de 2013, presentadas por la actora, e impuso
sanción por inexactitud. Esa decisión fue modificada con la Resolución nro. RDC 2018-
00229, del 27 de marzo de 2018 (ff. 111 a 129 cp1), que disminuyó el monto de los
aportes liquidados oficialmente y de la sanción por inexactitud impuesta.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
1

Radicado: 25000-23-37-000-2018-00464-01 (26123)
Demandante: Detal S.A.

ANTECEDENTES PROCESALES

Demanda

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el
artículo 138 del CPACA (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Ley 1437 de 2011), la actora formuló las siguientes pretensiones (ff. 1221
a 1223 cp1):
1. Se decrete la NULIDAD de los actos administrativos contenidos en los siguientes
pronunciamientos, por ser contrarias a derecho y por fundamentarse en supuestos ajenos a la
realidad de las actuaciones realizadas por la demandante:

1.1. (…)1

1.2. Resolución - Liquidación Oficial No. RDO-2017-00233 de fecha 28 de marzo de 2017, expedida
por el (…) Subdirector de Determinación de Obligaciones - Dirección de Parafiscales de la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social,
"Por medio de la cual se profiere (…) Liquidación Oficial a Detal S.A. (...) por mora e inexactitud en
la presentación de las autoliquidaciones y pagos de los aportes al Sistema de la Protección Social y
se sancionan por inexactitud".

1.3. Resolución No. RDC-2018-00229 de fecha 27 de marzo de 2018, expedida por el (…) Director
de Parafiscales de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social, "Por medio de la cual se resuelve el recurso de reconsideración
presentado contra la Resolución No. RDO 2017-00233 de fecha 28 de marzo de 2017 (…)".

2. Que como consecuencia de la declaración de nulidad, se proceda a declarar a título de
restablecimiento del derecho:

Principales:

2.1. Que se declaren sin validez ni efectos (…) la Liquidación Oficial No. RDO-2017-00233 de fecha
28 de marzo de 2017 y la Resolución No. RDC-2018-00229 de fecha 27 de marzo de 2018, y en su
lugar se declare que mi representada se encuentra a paz y salvo con todas y cada una de las
entidades recaudadoras descritas en los actos administrativos demandados, por cuanto ha sido
cumplidora de sus deberes y obligaciones legales, respecto de los aportes que por ley le imponen,
a título de contribuciones y aportes al sistema de seguridad social y parafiscal.

2.2. Que se ordene a la UGPP el reembolso a Detal S.A. del pago total que llegue a realizar junto
con sus intereses moratorios cancelados a las entidades recaudadoras mencionadas mediante
Resolución No. RDC-2018-00229 de fecha 27 de marzo de 2018, así como a la propia UGPP,
declarándose desde ahora que el mismo no constituye reconocimiento alguno de la deuda imputada
a mi representada, ni de la sanción que le fue impuesta, por lo que éste se realiza única y
exclusivamente, con el fin de evitar medidas cautelares en contra de los activos de mi representada.
El valor cancelado, se estima en una cuantía inicial de $86.949.603, los cuales se componen de una
suma de $53.747.100 correspondiente al pago del capital de la deuda imputada por aportes
efectuados más intereses moratorios; más la suma de $33.202.503 por concepto de sanción por la
vigencia de 2013.

La gestión de la devolución del pago se requiere por parte de la UGPP, en su calidad de causante
del pago de la obligación.

2.3. Que se ordene el reconocimiento de la indemnización plena de perjuicios (daño emergente y
lucro cesante) causados a Detal S.A. por parte de la UGPP con la expedición y aplicación de los
actos objeto de demanda; perjuicios que se estiman en al menos $10.000.000 o el mayor valor que
se pruebe dentro del proceso.

1 En la audiencia inicial celebrada el 20 de enero de 2020, el tribunal excluyó la pretensión de nulidad del requerimiento

para declarar o corregir (ff. 1308 a 1316 cp1).

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
2

Radicado: 25000-23-37-000-2018-00464-01 (26123)
Demandante: Detal S.A.

2.4. Que se ordene a la UGPP que, el pago del valor contenido en el numeral 2.2. del presente
capítulo, se cancele a mi mandante de manera indexada y actualizada conforme al índice de Precios
al Consumidor, en los términos del artículo 187 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.

Subsidiaria:

1. En caso que no se acceda a lo solicitado en el numeral 2.2 de las pretensiones de restablecimiento
de derecho principales; solicito que se condene a la UGPP, para que de su propio peculio, cancele
a mi mandante los valores pagados que se relacionan en dicho numeral, siendo incluidos como parte
del concepto de daño emergente a ser reconocido a mi representada dentro de la indemnización
plena de perjuicios que se solicita en el numeral 2.3 de dicho capítulo de pretensiones de
restablecimiento de derecho principales.

A los anteriores efectos, invocó como normas vulneradas los artículos 6.º, 29, 95, 229 y
338 de la Constitución; 40 de la Ley 153 de 1887; 2.º del CPT (Código Procesal del
Trabajo y de la Seguridad Social, Decreto 2158 de 1948); 127, 128 y 478 del CST (Código
Sustantivo del Trabajo, Decreto 2663 de 1950); 2.º y 3.º de la Ley 27 de 1974; 683 del
ET (Estatuto Tributario); 17 de la Ley 344 de 1996; 49 de la Ley 789 de 2002; 156 de la
Ley 1151 de 2007; 30 de la Ley 1393 de 2010; 3.º, 5.º, 42 y 138 del CPACA; 4.° y 7.° del
Decreto 1406 de 1999; y 6.º y 21 del Decreto 575 de 2013, bajo el siguiente concepto de
violación (ff. 1231 a 1258 cp1):

Sostuvo que operó la caducidad de la potestad de gestión de la Administración, porque
el acto preparatorio le fue notificado extemporáneamente. Adujo que la demandada
omitió indicar los motivos que sustentarían el cálculo de la obligación tributaria a su cargo
y la decisión de añadir a la base gravable pagos que carecían de naturaleza salarial, i.e.
«bonificaciones por cumplimiento global de droguerías», «gastos por otros servicios»,
«aportes voluntarios a pensiones», «auxilio de incapacidad» y «auxilio de transporte».
Agregó que, en todo caso, la demandada no tenía competencia para clasificar esos pagos
como salario, porque la competencia para aplicar e interpretar las normas laborales es
de los jueces ordinarios. Además, defendió su exclusión del ingreso base de cotización
(IBC), porque no ingresaban al patrimonio de los empleados ni remuneraban el servicio,
sino que facilitaban su prestación. Al respecto, precisó que pagó las «bonificaciones por
cumplimiento global de droguerías» y los «gastos por otros servicios» ocasionalmente y
acordó su desalarización con los empleados. También que el artículo 169 del EOSF
(Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, Decreto Ley 663 de 1993) le excluyó la
naturaleza salarial a los «aportes voluntarios a pensiones», y el «auxilio de incapacidad»
tenía por objeto la nivelación salarial de los trabajadores que estaban incapacitados más
no la retribución del servicio. Sobre el «auxilio de transporte» defendió su exclusión de la
base sin consideración al límite previsto en el artículo 30 de la Ley 1393 de 2010, pues
no era un pago laboral sino una herramienta de trabajo. De otra parte, pidió que los
ajustes a la base gravable se hicieran también respecto de los aportes de los periodos
de vacaciones y suspensiones, considerando que se liquidaban con el IBC del mes
anterior. Argumentó que su contraparte infringió el espíritu de justicia tributaria porque no
tomó en cuenta todos los pagos efectuados y las pruebas aportadas. Finalmente, debatió
que se le sancionara por inexactitud sin valorar su culpabilidad, ni los criterios para
graduar la sanción (i.e. juicio de razonabilidad y proporcionalidad).

Contestación de la demanda

La demandada se opuso a las pretensiones de la actora (ff. 1180 a 1204 cp1), para lo
cual señaló que notificó el requerimiento de información dentro del término de cinco años
previsto en el artículo 178 de la Ley 1607 de 2012. Además, adujo que en los actos
expuso el sustento fáctico y jurídico de las modificaciones que realizó a las declaraciones

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
3

Radicado: 25000-23-37-000-2018-00464-01 (26123)
Demandante: Detal S.A.

presentadas por la actora. Expuso que en un documento físico describió los elementos
del hecho generador de los aportes al SPS y, en otro digital, determinó la obligación
tributaria con base en las pruebas que la demandante aportó. Sostuvo que, como titular
de la potestad de gestión de los aportes al SPS, podía interpretar las normas laborales y
las cláusulas contractuales para establecer los pagos que, por tener la connotación de
salario, se incluyen en el IBC de las contribuciones. Concretamente, explicó que las
«bonificaciones por cumplimiento global de droguerías» y los «gastos por otros servicios»
pagados por la demandante hacían base para los aportes al SPS porque la habitualidad
determinaba su carácter salarial, al margen del pacto sobre su desalarización. En cuanto
a los «aportes voluntarios a pensiones», indicó que al fallar el recurso de reconsideración
aceptó que carecían de naturaleza salarial. Sobre el «auxilio de incapacidad», adujo que
la actora lo identificó en la actuación administrativa como un «pago por incapacidad», el
cual por ser habitual se clasificó como salario y, por ello, se añadió al IBC. También,
discutió que el «auxilio de transporte» pudiera excluirse de la base para la determinación
del límite señalado en el artículo 30 ibidem, porque esa disposición no distinguía entre
los pagos retributivos y aquellos que no lo eran. Además, puntualizó que determinó los
aportes de las vacaciones como lo ordenaba el artículo 70 del Decreto 806 de 1998 y que
no hubo glosas para periodos de suspensiones. Agregó que no desconoció el espíritu de
justicia en materia tributaria pues los actos se encaminaban a exigir el cumplimiento de
las obligaciones tributarias a cargo de la demandante. Por último, defendió la sanción por
inexactitud impuesta, puesto que la conducta de la actora se subsumía en la descripción
del tipo (i.e. incurrir en inexactitud en las autoliquidaciones de los aportes al SPS),
además, consideró que no estaba obligada a verificar la culpabilidad de la demandante
ni a graduar la tarifa de la sanción, pues ésta se fijaba según la etapa del procedimiento
de determinación en que la aportante se allanara, pero ello no ocurrió en el sub lite.

Sentencia apelada

El tribunal accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda sin condenar en costas
(ff. 1339 cp1). Juzgó que la demandada era competente para fiscalizar las declaraciones
sub lite, porque la notificación del acto previo –hecha el 16 de agosto de 2016– ocurrió
dentro del término de revisión previsto en el artículo 178 de la Ley 1607 de 2012. Además,
consideró que en los actos expuso las razones que sustentarían las glosas, pues en un
documento físico explicó las normas aplicables para la liquidación de los aportes al SPS
y en otro digital determinó la obligación a cargo de la actora por cada trabajador y
subsistema, y ello se evidenciaba con la oposición que ejerció la actora durante la
actuación administrativa. Señaló que la demandada sí era competente para establecer
los pagos constitutivos de salario que conforman el IBC, en aras de establecer la
«adecuada, completa y oportuna liquidación y pago de las contribuciones». De otra parte,
negó que la habitualidad en el pago de los rubros de la litis fuera relevante para
determinar su carácter salarial, por cuanto debía verificarse el acuerdo de desalarización
suscrito por las partes de la relación laboral. Así, estimó que los rubros «bonificaciones
por cumplimiento global de droguerías» y «gastos por otros servicios» debían excluirse
de la base gravable, sin perjuicio del límite previsto en el artículo 30 de la Ley 1393 de
2010. Asimismo, juzgó que el «auxilio de incapacidad» no estaba gravado con los aportes
pues era un pago extra-salarial realizado por decisión de la actora a favor de empleados
que no estaban prestando el servicio por encontrarse incapacitados y con el fin de su
nivelación salarial. Sobre el pago de «aportes voluntarios a pensiones» verificó que no
se añadió a la base gravable de los aportes de la litis. Además, entendió que el «auxilio
de transporte» como pago no salarial se integraba para el cálculo de la limitación
establecida en el artículo 30 ibidem. Por último, negó el reconocimiento de perjuicios y la
devolución solicitada pues se omitió probar los pagos realizados por los actos acusados.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
4

Radicado: 25000-23-37-000-2018-00464-01 (26123)
Demandante: Detal S.A.

Recurso de apelación

La demandante apeló la decisión de primer grado (índice 2 2 ), insistió en la falta de
motivación de los actos demandados y de competencia de su contraparte para establecer
los pagos que constituyen salario. Reiteró que el «auxilio de transporte» era un pago
extra-salarial que no remuneraba el servicio prestado por los empleados y, en
consecuencia, tampoco integraba la base de cálculo del límite a los pagos no salariales
previsto en el artículo 30 de la Ley 1393 de 2010. Insistió en la improcedencia de la
sanción por inexactitud argumentado que su contraparte se limitó a aplicar un porcentaje
sobre los mayores valores liquidados, sin hacer un análisis de su conducta. Además, pidió
que se ordene la devolución de las sumas que pagó con ocasión de los actos acusados,
las cuales probó en el proceso. Por último, solicitó acceder a la indemnización de
perjuicios y condenar en costas a la demandada. En cambio, prescindió de los cargos
relativos a la caducidad de la potestad de revisión y la violación del espíritu de justicia.

Alegatos de conclusión

Las partes reiteraron los argumentos expuestos en las anteriores etapas procesales
(índices 31 y 29). Adicionalmente, la demandada aceptó que su contraparte realizó un
pago parcial de la obligación debatida, pero defendió que fue por la aceptación de las
glosas, con lo cual era improcedente su devolución, que en todo caso debía ordenarse a
las Administradoras de los aportes como destinatarias de los recursos. También se opuso
a la indemnización de perjuicios. A su vez, el ministerio público guardó silencio.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1- Juzga la Sala la legalidad de los actos acusados, atendiendo a los cargos formulados
por la demandante, en calidad de apelante única, contra la sentencia de primera instancia
que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda sin condenar en costas. En
primer lugar, se establecerá si la Administración omitió motivar los actos acusados. En
caso negativo, se determinará si la demandada es competente para establecer los pagos
que tienen connotación salarial; si el «auxilio de transporte» debe tenerse en cuenta para
determinar el límite de los pagos no salariales; y si era procedente la sanción por
inexactitud impuesta. Por último, se analizará si correspondía ordenar a la demandada la
devolución de los pagos realizados con sustento en los actos demandados y el
resarcimiento de perjuicios solicitado.

2- Sobre la primera cuestión planteada, la apelante única alega que su contraparte omitió
señalar los motivos que sustentaban el cálculo de la obligación tributaria a su cargo y la
decisión de añadir a la base gravable pagos que carecían de naturaleza salarial. Además,
reprocha que el a quo encontrara motivados los actos de forma sucinta, pues la exigencia
de motivación implicaba que se hiciera una exposición clara de los fundamentos fácticos
y jurídicos de las glosas a las autoliquidaciones. Por su parte, la demandada defiende
que en los actos acusados sí se explicaron las razones por las cuales era procedente
modificar las autoliquidaciones presentadas por la actora, para los periodos de 2013, así
como la forma en que se liquidaron las contribuciones; tesis que avaló el tribunal. En esos
términos, la Sala decidirá si la demandada transgredió las garantías constitucionales y
legales que rigen el deber de motivación de las actuaciones administrativas.

2.1- Para atender esa cuestión, la Sala precisa que la motivación –como presupuesto de
2 Del historial de actuaciones registradas en el repositorio informático Samai.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
5

Radicado: 25000-23-37-000-2018-00464-01 (26123)
Demandante: Detal S.A.

validez de los actos administrativos– se refiere a los fundamentos de hecho y de derecho
en los que se basa la autoridad para adoptar una decisión, la cual debe ser clara, puntual
y suficiente3. En criterio de esta Sección4, la indebida motivación de los actos constituye
una violación del debido proceso y del derecho de defensa en tanto impida al interesado
controvertir las razones y decisiones de las autoridades. En línea con ese razonamiento,
el artículo 712 del ET exige que las liquidaciones oficiales contengan la «explicación
sumaria de las modificaciones efectuadas, en lo concerniente a la declaración». Al
interpretar el contenido normativo de esa disposición en relación con los actos de
determinación oficial proferidos por la demandada, la Sala precisó que aquellos deben
indicar con claridad el tipo de incumplimiento, periodo, trabajador, días trabajados, pagos
que integran la base, pagos que se excluyen de la base, total remunerado, determinación
del IBC y del monto del aporte (sentencia del 02 de octubre de 2019, exp. 24090, CP:
Jorge Octavio Ramírez), aspectos que bien pueden esbozarse mediante archivos
informáticos de hojas de cálculo anexos a la liquidación oficial, siempre que en ellos se
detalle «la forma en que se determina el ajuste de aportes en cada uno de los
subsistemas» (sentencia del 26 de agosto de 2021, exp. 24735, CP: Stella Jeannette
Carvajal).

A la luz de esos razonamientos, la indebida motivación de los actos de determinación
oficial de aportes al SPS conducirá a la nulidad de la decisión cuando para la aportante
no sea posible controvertir –desde la respuesta al requerimiento para declarar o corregir
y el recurso de reconsideración– las concretas modificaciones introducidas a sus
declaraciones o la estimación oficial de sus obligaciones tributarias, en los casos en que
estas no hayan sido autoliquidadas.

2.2- Consta en el plenario que con el Requerimiento para declarar o corregir nro. 2016-
00698, del 28 de julio de 2016, la demandada propuso modificar las declaraciones de los
aportes al SPS presentadas por la actora para todos los periodos de 2013. Ese acto
preparatorio está integrado por dos documentos: uno físico y otro digital (este
denominado «SQL»). El primero contiene la identificación de las normas aplicables para
la determinación de los aportes y una descripción de los elementos de la obligación
tributaria (concretamente, los factores que conforman el IBC para cada subsistema); una
enunciación de las infracciones que originan los procedimientos de determinación oficial
(i.e. omisión, mora e inexactitud); aplicando ese marco jurídico, la identificación de los
pagos y novedades registrados en la nómina de la demandante, una clasificación de
pagos extra-salariales como salario (e.g. bonificaciones por cumplimiento global de
droguería, gastos por otros servicios y aportes voluntarios a pensiones), los rubros a partir
de los cuales se liquida el límite de los pagos no salariales, una agrupación de «conceptos
equivalentes» para nominarlos de forma uniforme en la actuación administrativa, la
identificación de las declaraciones objeto de modificación y, finalmente, las infracciones
halladas, su cuantificación general (señaladamente, los ajustes por mora e inexactitud) y
la sanción por inexactitud propuesta (ff. 52 a 58 vto. cp1). El segundo documento es más
específico y detalla el contenido de cada una de las glosas propuestas por la
Administración, identificando –para cada caso– los días laborados, las novedades que
afectan la determinación de la contribución, los factores que integran el IBC conforme con
la clasificación oficial, el cálculo de esa base, la determinación oficial del aporte, el monto
de la contribución pagada por la aportante, y la diferencia entre ese monto y el establecido
oficialmente (f. 1216 cp1).

La liquidación oficial demandada está integrada por un documento físico y el «SQL»

3 Sentencia del 01 de junio de 2016 (exp. 21702, CP: Martha Teresa Briceño de Valencia).
4 Sentencias del 21 de julio de 2019 (exp. 21026, CP: Julio Roberto Piza) y del 01 de agosto de 2019 (exp. 21826, CP:

Jorge Octavio Ramírez Ramírez).

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
6

Radicado: 25000-23-37-000-2018-00464-01 (26123)
Demandante: Detal S.A.

anexo (ff. 76 vto. a 94 cp1). En el documento físico, expuso cada uno de los elementos
del hecho imponible de las contribuciones al SPS. Seguidamente, explicó que son salario
los pagos retributivos del servicio, refiriéndose específicamente a la bonificación por
cumplimiento global de droguerías y a los gastos por otros servicios, los cuales consideró
que debían añadirse a la base gravable por su habitualidad. Asimismo, confirmó el
carácter salarial de los aportes voluntarios a pensiones respecto de un trabajador, porque
la actora omitió probar la certificación del plan voluntario de pensiones expedida por la
Superintendencia Financiera. Además, argumentó que debían tomarse todos los pagos
no constitutivos de salario para determinar el límite previsto en el artículo 30 de la Ley
1393 de 2010, incluso el auxilio de transporte, refirió cada una de las novedades
identificadas en la etapa preparatoria (i.e. suspensiones y vacaciones), identificó las
autoliquidaciones de corrección provocadas por el requerimiento para declarar o corregir,
y determinó una disminución en los ajustes y en la sanción por inexactitud, indicando que
su estimación concreta estaba contenida en el documento informático «SQL» (f. 1216
cp1), el cual tiene la misma estructura del anexo al requerimiento para declarar o corregir,
por lo que expresa con claridad el contenido de cada una de las glosas adoptadas en
forma definitiva por la demandada, brindando certeza sobre los elementos que integran
la obligación tributaria liquidada. Lo anterior se evidencia en el recurso de reconsideración
interpuesto por la actora, en tanto que pudo oponerse a las glosas (ff. 95 a 107 cp1).

Finalmente, en la resolución que resolvió el recurso de reconsideración se aceptaron
parcialmente las objeciones de la actora, lo que dio lugar a una disminución de los ajustes
y de la sanción por inexactitud (ff. 111 a 129 cp1), explicándose cada una de las
modificaciones en el documento informático «SQL» anexo (f. 1216 cp1).

2.3- Por todo lo expuesto, para la Sala no se presentaron las deficiencias en la motivación
alegadas por la demandante, toda vez que desde el acto preparatorio se identificaron los
conceptos glosados, puntualizando que lo cuestionado era la determinación de la base
gravable de los aportes (señaladamente, los pagos con connotación salarial, los límites
a los pagos no salariales y novedades), junto a lo cual se enunciaron las razones que
servían de fundamento a las modificaciones de las autoliquidaciones del sub lite,
pudiendo la demandante oponerse a las mismas, con la respuesta al acto preparatorio y
el recurso de reconsideración. No prospera el cargo de apelación.

3- Adicionalmente, la apelante única plantea que la demandada no tiene competencia
para clasificar pagos extra-salariales como salario para gravarlos con los aportes al SPS,
puesto que esa potestad es de los jueces ordinarios, a quienes les corresponde aplicar e
interpretar las normas laborales para establecer los pagos que tendrían esa naturaleza.
En contraposición, la demandada defiende que, como titular de la potestad de gestión de
los aportes al SPS, puede determinar los pagos que, conforme con las normas y contratos
laborales, son salario y, como tal, se incluyen en la base gravable de las contribuciones.
Conforme con esas alegaciones, pasa la Sala establecer si la demandada tiene
competencia para verificar los pagos que tienen connotación salarial, y como tal hacen
base de los aportes al SPS, al respecto:

La creación de la UGPP fue dispuesta por el artículo 156 de la Ley 1151 de 2007,
disposición que le asignó la potestad de fiscalización de los aportes al SPS. En lo que
respecta a la base gravable, el artículo 18 de la Ley 100 de 1993 prevé que el IBC de los
aportes a pensiones y fondo de solidaridad pensional corresponde al «salario … que
resulte de aplicar lo dispuesto en el Código Sustantivo del Trabajo», sin perjuicio del límite
señalado en el artículo 30 de la Ley 1393 de 2010. Esa misma regla se aplica a las
contribuciones a salud y riesgos laborales, por disposición expresa de los artículos 204
ibidem y 17 del Decreto 1295 de 1994. Análogamente, el artículo 17 de la Ley 21 de

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
7

Radicado: 25000-23-37-000-2018-00464-01 (26123)
Demandante: Detal S.A.

19825, establece que los aportes a las cajas de compensación familiar, SENA e ICBF, se
liquidan con base en la nómina mensual de los empleadores, entendiendo por tal «la
totalidad de los pagos hechos por concepto de los diferentes elementos integrantes del
salario en los términos de la Ley Laboral, cualquiera que sea su denominación y además,
los verificados por descansos remunerados de ley y convencionales o contractuales».

De acuerdo con lo anterior, la base gravable de los aportes al SPS se define con sustento
en las disposiciones laborales sobre salario. Por consiguiente, siguiendo el criterio
expuesto por la Sala 6 , la UGPP tiene competencia para aplicar e interpretar dichas
normas, al desplegar las actuaciones de gestión administrativa tributaria. Concretamente,
la demandada es competente para verificar los pagos realizados a los trabajadores y
determinar aquellos que, conforme con las normas laborales y los hechos probados, se
incluyen en el IBC de los aportes. Por lo expuesto, no prospera el cargo de apelación.

4- Por otra parte, la demandante sostiene que el «auxilio de transporte» es un pago extra-
salarial que no retribuye el servicio prestado por el trabajador, por lo tanto, se excluye del
IBC, sin consideración al límite previsto en el artículo 30 de la Ley 1393 de 2010. Aunque,
la demandada acepta que el «auxilio de transporte» es un pago extra-salarial, considera
que se integra para cuantificar el límite a los pagos laborales no constitutivos de salario,
pues la disposición referida no distingue entre los pagos que remuneran el servicio y
aquellos que no; tesis avalada por el a quo en su sentencia. Al tenor de esas alegaciones,
le corresponde a la Sala establecer si el rubro identificado se excluye de la base para
cuantificar el límite a los pagos laborales no constitutivos de salario.

La presente controversia se decidirá atendiendo a las reglas de unificación nros. 1.° y 3.°
incorporadas en la sentencia de unificación dictada por esta Sección el 09 de diciembre
de 2021 (exp. 25185, CP: Milton Chaves García), conforme con las cuales el IBC de los
aportes «únicamente lo componen los factores constitutivos de salario, en los términos
del artículo 127 del CST, estos son, los que por su esencia o naturaleza remuneran el
trabajo o servicio prestado al empleador», con lo cual la regla prevista en el artículo 30
de la Ley 1393 de 2010, según la cual, en la liquidación de los aportes al Sistema General
de Seguridad Social (i.e. salud, pensiones y riegos laborales), «los pagos laborales no
constitutivos de salario … no podrán ser superiores al 40% del total de la remuneración»,
se refiere a los pagos respecto de los cuales «las partes de la relación laboral pacten que
no integrarán el IBC». Así porque el propósito de esa norma «no fue incluir en el ingreso
base de cotización, pagos que, por su esencia o naturaleza, no son constitutivos de
salario, sino, establecer una limitante a la desalarización que se venía pactando entre
empleadores y trabajadores, … que erosionaba la base de aportes». En este sentido,
según el criterio unificado de la Sección, los rubros que por su naturaleza no retribuyen
el servicio prestado por el trabajador, se encuentran excluidos de la base gravable de los
aportes, sin consideración al límite previsto en la disposición comentada.

En el sub lite, las partes están de acuerdo en que el «auxilio de transporte» no retribuye
el servicio prestado por el trabajador (f. 89 cp1), sino que se reconoce con el fin de que
obtenga medios de transporte para desempeñar sus funciones (f. 80 vto. cp1). No
obstante, la UGPP defiende que, al ser un pago no salarial forma parte de la base para
establecer el límite de los pagos laborales no constitutivos de salario, ese criterio
expuesto por la demandada desconoce el alcance del artículo 30 de la Ley 1393 de 2010,
fijado en la sentencia de unificación del 09 de diciembre de 2021 –en los términos ya
precisados–, con lo que se impone revocar la decisión de primera instancia, para ordenar

5 También aplicable a los aportes con destino al ICBF por disposición expresa del artículo 1 de la Ley 89 del 1988.
6 Así en fallos del 18 de noviembre de 2021 (exp. 25097, CP: Milton Chaves García) y 17 de marzo de 2022 (exp.

25561, CP: Julio Roberto Piza).

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
8

Radicado: 25000-23-37-000-2018-00464-01 (26123)
Demandante: Detal S.A.

la exclusión del «auxilio de transporte» del IBC, sin consideración del límite del artículo
30 ejusdem. Prospera el cargo de apelación.

5- Respecto de la sanción por inexactitud, la actora reprocha que su contraparte se
limitara a aplicar un porcentaje sobre los mayores valores liquidados sin hacer un análisis
de la conducta infractora. Al contrario, la demandada alega que, sancionó a la
demandante porque se configuró el hecho sancionable. Debe entonces decidir la Sala si
era procedente la sanción por inexactitud impuesta.

Observa la Sala que, contrariamente a lo expuesto por la actora, en los actos acusados
sí se analizó la conducta infractora –i.e. la determinación de aportes por un valor inferior
al que estaba obligado–. Así, como el ordinal 2.º del artículo 179 de la Ley 1607 de 2012
prevé que autoliquidar y pagar un menor valor de aportes al SPS es una conducta
punible, y dado que en el caso enjuiciado se confirman mayores aportes al SPS a cargo
de la actora, existiría adecuación típica entre la conducta juzgada y el tipo infractor
descrito en la norma. Para el caso es pertinente aclarar que, si bien en el ámbito
administrativo sancionador solo son admisibles aquellas figuras basadas en la
concurrencia de la culpabilidad del autor en la comisión de la conducta (artículo 29
Superior) 7 , la infractora no esgrimió en el curso del presente juicio ninguna causal
exculpatoria. Por tanto, corresponde confirmar la imposición de la sanción por
inexactitud, pero ajustada conforme con la nueva liquidación de aportes ordenada por
los cargos que prosperaron en las dos instancias.

6- Además, la apelante única discute que el a quo omitiera ordenar la devolución
solicitada tras considerar que no estaba probado el pago, pues allegó al proceso los
medios probatorios que daban cuenta de las sumas que pagó para que fueran levantadas
las medidas cautelares que se practicaron en su contra para el cobro de la obligación
liquidada en los actos demandados. Por su parte, la demandada acepta que la actora
realizó un pago parcial de la obligación debatida, pero entiende que buscó allanarse a las
glosas y, en todo caso, argumenta que no sería competente para devolver esas sumas,
porque están en posesión de las administradoras de cada contribución. De acuerdo con
lo anterior, las partes están de acuerdo en que la demandante pagó parcialmente la
obligación de la litis, sin embargo, discuten que esas sumas puedan ser objeto de
devolución. Asunto que pasa la Sala a definir.

Al efecto, parte la Sala de precisar que, contrariamente a lo señalado por el a quo, en el
plenario obra prueba de que la demandante pagó el monto de la sanción por inexactitud
impuesta en los actos y suscribió un acuerdo de pago con la Administración por el valor
de los aportes (ff. 1278 a 1282 cp1). También se encuentra acreditado que la demandante
no se allanó al cumplimiento de las obligaciones determinadas oficialmente, pues
demandó la legalidad de los actos ante esta jurisdicción, oponiéndose a las glosas, razón
por la cual, la demandada ordenó la suspensión de las acciones de cobro, al considerar
que el título ejecutivo no estaba debidamente ejecutoriado (ff. 1288 a 1291 cp1).

Ahora bien, el artículo 311 de la Ley 1819 de 2016 prevé el procedimiento que debe
seguirse, en los casos que se ordene la devolución de los aportes al SPS por la nulidad,
total o parcial, de los actos administrativos de determinación oficial proferidos por la
UGPP. Además, siguiendo esta disposición, aun cuando la demandada no tiene a su
cargo la administración de los recursos del SPS, sí se le puede ordenar la devolución de
los mayores valores pagados por los aportantes (i.e. a título de aportes o sanciones),
como consecuencia de la anulación de los actos administrativos por ella expedidos –
puesto que no existe un procedimiento para la devolución por pagos en exceso o de lo
7 Sentencia del 11 de junio de 2020 (exp. 21640, CP: Julio Roberto Piza)

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
9

Radicado: 25000-23-37-000-2018-00464-01 (26123)
Demandante: Detal S.A.

no debido, de los aportes y sanciones del SPS, equivalente al regulado en los artículos
850 y siguientes del ET, ni se aplican esas disposiciones por remisión–.

Así, en los eventos en que se condene a UGPP a la restitución de sumas de dinero, la
entidad debe proferir un acto administrativo, ordenando la devolución, de tales montos, a
las administradoras del SPS que recibieron esos recursos, dentro de los 30 días hábiles
siguientes a la ejecutoria de la decisión judicial respectiva. A su vez, las administradoras
de los recursos deben hacer efectiva la orden de devolución, dentro de los dos meses
siguientes a la notificación del acto que la ordena. Por lo anterior, si bien la UGPP no
tiene la administración de los recursos del SPS, ello no impide que se le condene a la
devolución de los aportes y sanciones cuando, por la anulación de los actos
administrativos de determinación oficial, se configura un pago en exceso o de lo no
debido, evento en el cual, además debe reconocerse la corrección monetaria del artículo
187 del CPACA y, se causan intereses moratorios en la forma prevista en el artículo 311
de la Ley 1819 de 2016.

Como en el sub lite, está acreditado que la actora pagó una parte de la obligación
debatida y con la presente decisión se confirma su anulación parcial, ordenando a la
UGPP ajustar la liquidación de los aportes al SPS, podría configurarse un pago en exceso
que sería susceptible de devolución. Con lo cual, la Sala ordenará a la UGPP que, de
verificarse algún saldo a favor de la demandante, proceda a su devolución indexado
conforme la siguiente fórmula:

Va = Vh (índice final / índice inicial)

En la que el valor ajustado (Va) se determina multiplicando el valor histórico (Vh), que es
el mayor valor pagado por la demandante, por el número que resulte de dividir el índice
final de precios al consumidor certificado por el DANE, vigente en la fecha de ejecutoria
de esta providencia, por el índice inicial, esto es, el vigente al momento del pago.

Sobre esa suma, además, es procedente el reconocimiento de intereses moratorios,
según el artículo 311 de la Ley 1819 de 2016. Prospera el cargo de apelación.

7- Frente a la pretensión de la actora relacionada con su solicitud para que se le resarza
el daño que le habría sido ocasionado con la expedición de los actos censurados, la Sala
reitera que, si bien los artículos 138 y 165 del CPACA permiten acumular en una misma
demanda pretensiones de nulidad y de restablecimiento del derecho y de reparación
directa, es necesario desarrollar para cada una de estas pretensiones una carga
argumentativa y probatoria que le permita al juez valorar, no solo si el acto es contrario a
derecho, sino también si se ha ocasionado un daño antijurídico que dé lugar a su
reparación, que además sea distinto al reparado con el restablecimiento del derecho
subjetivo ordenado cuando se anula el acto administrativo acusado y se ordena devolver
las cosas al estado anterior de la expedición de tal acto. Lo anterior, porque la nulidad de
un acto administrativo de carácter particular no conlleva de forma automática para el
administrado, aparte del restablecimiento del derecho vulnerado, algún tipo de reparación
indemnizatoria (sentencia del 08 de octubre de 2020, exp. 22606, CP: Julio Roberto Piza).

Dado que la demandante no ejerció la carga argumentativa sobre la configuración de los
elementos que dan lugar a la responsabilidad patrimonial del Estado por el daño
antijurídico alegado, ni menciona los hechos en los que supuestamente se funda, la Sala
estima que no prospera el cargo de apelación relacionado con la pretensión dirigida a
solicitar reparación por «daño emergente y lucro cesante» estimados en «al menos …
$10.000.000», por las razones aquí expuestas.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
10

Radicado: 25000-23-37-000-2018-00464-01 (26123)
Demandante: Detal S.A.

8- Considerando los cargos de apelación que prosperaron, la Sala modificará el ordinal
segundo de la sentencia de primera instancia, para ordenar a la UGPP (i) excluir del
cálculo del IBC el «auxilio de transporte», sin consideración al límite previsto en el artículo
30 de la Ley 1393 de 2010; (ii) ajustar la sanción por inexactitud conforme con los
mayores valores de los aportes al SPS determinados finalmente a cargo de la actora; y
(iii) en caso que realizada la correspondiente liquidación resulte un saldo a favor de la
demandante, devolver las sumas que hubiere pagado en exceso.

9- Por no estar probadas en el expediente, la Sala se abstendrá de condenar en costas,
conforme con lo establecido en el artículo 365.8 del CGP.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sección Cuarta, administrando justicia
en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Modificar el ordinal segundo de la sentencia apelada, para en su lugar:

Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento: se ordena a la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –UGPP
modificar el IBC de los trabajadores que recibieron i) bonificación por cumplimiento global de
droguerías, ii) otros gastos o gastos por otros servicios y iii) auxilio extralegal de incapacidades;
teniendo en cuenta las observaciones realizadas en la parte considerativa del fallo de primera
instancia para cada cargo. También, iv) excluir del cálculo del IBC el «auxilio de transporte», sin
consideración al límite previsto en el artículo 30 de la Ley 1393 de 2010; (ii) ajustar la sanción por
inexactitud conforme con los mayores valores de los aportes al SPS determinados finalmente a cargo
de la actora; y (iii) en caso que realizada la correspondiente liquidación resulte un saldo a favor de
la demandante, devolver las sumas que hubiere pagado en exceso, conforme lo expuesto en la parte
motiva de la sentencia de segunda instancia.

2. En lo demás, confirmar la sentencia apelada.

3. Sin condena en esta instancia.

Cópiese, notifíquese, comuníquese. Devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
11

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.