Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2018-00553-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2018-00553-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 25000-23-37-000-2018-00553-01
Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto
30 de marzo de 2023
Radicado: 25000-23-37-000-2018-00553-01 [26269]
Demandante: Jairo Antonio Chaparro López
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Bogotá, D.C., treinta (30) de marzo de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 25000-23-37-000-2018-00553-01 [26269]
Demandante: JAIRO ANTONIO CHAPARRO LÓPEZ
Demandado: UAE - DIAN
Temas: Cobro coactivo. Delegación de funciones. Autos que ordenan
seguir adelante la ejecución
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
Se decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la
sentencia del 12 de agosto de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección “B”, que negó las pretensiones de la
demanda, sin imponer condena en costas.
ANTECEDENTES
El 22 de febrero de 2018, la División de Gestión de Cobranzas de la Dirección
Seccional de Impuestos de Bogotá libró el mandamiento de pago nro.
20180302001026 en contra de Jairo Antonio Chaparro López, por concepto del
impuesto sobre las ventas (en adelante IVA) de los periodos 1 y 2 de 2015, por la
suma de $5.103.000 más los intereses y actualizaciones que se causen desde cuando
se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, más las costas del
proceso1.
El deudor dentro del término de los quince (15) días hábiles siguientes a la notificación
del mandamiento de pago no pagó ni propuso excepciones.
El 8 de mayo de 2018, la mencionada división expidió la Resolución nro.
20180309001409, mediante la cual ordenó seguir adelante la ejecución en contra del
deudor2 (acto demandado).
El 15 de junio de 2018, la aludida división profirió el Auto Liquidación de Crédito y
Costas nro. 20180401000053, mediante el cual se fijó la obligación en la suma de
1
Fls.150 a 151 c.a.
2
Fl. 172 y vto. c.a.
1
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Radicado: 25000-23-37-000-2018-00553-01 [26269]
Demandante: Jairo Antonio Chaparro López
$504.962.000 por concepto de renta 2013 y 2014 e IVA por los periodos 1, 2 y 3 de
2013, 1 a 6 de 2014 y, 1 y 2 de 20153.
DEMANDA
Jairo Antonio Chaparro López, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011 (en
adelante, CPACA), formuló las siguientes pretensiones4:
«1º.- Como restablecimiento de derecho solicito muy respetuosamente a su despacho, se declare
la NULIDAD de la RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN número
20180309001409 de fecha 08 de mayo de 2018, entregada y notificada por el correo
INTERRAPIDISIMO el día 11 de mayo de 2018. Proferida por la DIRECCIÓN SECCIONAL DE
IMPUESTOS DE BOGOTÁ, por la cual se resolvió ordenar seguir adelante la ejecución en contra
de JAIRO ANTONIO CHAPARRO LÓPEZ, por los conceptos de VENTAS Bimestres 1/2015, y
2/2015 por haber sido proferida por una funcionaria incompetente, con violación al DEBIDO
PROCESO. Violación de los artículos 823, 824, 826 y Numeral 1 del Artículo 730 del Estatuto
Tributario.
2º.- Se declare la NULIDAD del Auto de LIQUIDACIÓN DE CRÉDITO Y COSTAS No.
20180401000053 de fecha 15/06/2018. Y en el evento de que su despacho considere no
procedente esta pretensión. Desde ahora solicito no sea tenida en cuenta dicha pretensión».
Invocó como disposiciones violadas las siguientes:
• Artículo 29 de la Constitución Política
• Artículos 730 numeral 1, 823, 824, 829 y 835 del Estatuto Tributario (ET)
Como concepto de la violación expuso:
Los actos administrativos demandados violan los artículos 823 y 824 del ET, porque
para la fecha de su expedición el Director Seccional de Impuestos de Bogotá y/o Jefe
de la División de Gestión de Cobranzas, quien delegó las funciones para el efecto,
carecía de competencia, en tanto no tuvo continuidad en el cargo.
Existe violación al debido proceso porque la División de Gestión de Cobranzas de la
Seccional de Impuestos de Bogotá, sin estar facultada para ello, profirió varios
mandamientos de pago, a pesar de que no existe norma o jurisprudencia que confiera
o faculte a los funcionarios de la DIAN para que en un mismo proceso expida más de
una «sentencia» y/o resolución que ordenen seguir adelante la ejecución5.
Además, con fundamento en la Resolución nro. 20180309001409 del 8 de mayo de
2018, en la que se ordenó seguir adelante la ejecución por las obligaciones del IVA
periodos 1 y 2 de 2015, se expidió el auto de liquidación de crédito y costas nro.
20180401000053 del 15 de junio de 2018 por los siguientes conceptos: IVA periodos
1, 2 y 3 de 2013, 1 a 6 de 2014 y, 1 y 2 de 2015, así como renta años 2013 y 2014.
3
Fl. 174 y vto. c.a.
4
Memorial de adecuación de las pretensiones. Fls. 26 a 27 c.p.
5
Solicitó como prueba copia de las resoluciones nros. 20160309000539 del 12 de mayo de 2016 y 20160309000887 del 19 de
julio de 2016.
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Demandante: Jairo Antonio Chaparro López
Igualmente se vulneraron los artículos 29 de la CP, 829 y 835 del ET, porque el
funcionario ejecutor expidió el Auto nro. 005936 del 29 de agosto de 2018, por medio
del cual se fijó fecha y hora para el remate de un bien inmueble, sin tener en cuenta
que la Resolución nro. 20180309001409 del 8 de mayo de 2018, mediante la cual se
ordenó seguir adelante la ejecución, no se encontraba debidamente ejecutoriada.
OPOSICIÓN
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales se opuso a las pretensiones de
la demanda, con fundamento en los argumentos que se exponen a continuación 6:
De acuerdo con el artículo 49 del Decreto 4048 de 2008, es al Director Seccional de
Impuestos de Bogotá a quien le corresponde realizar el acto de delegación de las
facultades para ejercer funciones de cobro, en los procedimientos de su competencia.
En el presente caso, la funcionaria que expidió los actos administrativos demandados
actuó por delegación otorgada mediante la Resolución nro. 2268 del 15 de mayo de
2013, expedida por la directora competente.
Dicho acto de delegación es de carácter funcional y no personal, se realiza y revoca
por la autoridad administrativa titular de la atribución, sin que se termine por el simple
cambio de quien la otorga, pues no está limitada en el tiempo. Citó al respecto la
sentencia T-936 de 2001 de la Corte Constitucional.
Es posible que existan varios procedimientos de cobro contra un mismo contribuyente
y que en cada uno se surtan las etapas correspondientes, siendo procedente
conforme al artículo 825 del ET que estos se acumulen en un solo proceso, como en
efecto ocurrió con el Auto de Liquidación de Crédito y Costas nro. 20180401000053
del 15 de junio de 2018, en el que se incluyeron varios impuestos y periodos.
Teniendo en cuenta que la resolución que ordenó seguir adelante la ejecución se
encontraba ejecutoriada, la expedición del auto por medio del cual se fijó fecha y hora
para la diligencia de remate no vulnera los derechos al debido proceso y a la defensa.
TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA
Mediante auto del 3 de julio de 2020 y conforme a lo previsto en el artículo 13 del
Decreto 806 de 2020 –sentencia anticipada-, en concordancia con el artículo 181 del
CPACA, se tuvieron como pruebas las aportadas por las partes y, se les corrió
traslado para alegar de conclusión y al Ministerio Público para que emitiera su
concepto7.
SENTENCIA APELADA
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección “B”, en la
6
Fls. 50 a 56 c.p.
7
Fls. 112 a 114 vto. c.p.
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sentencia apelada negó las pretensiones de la demanda y no condenó en costas.
Previó análisis de las etapas del procedimiento de cobro coactivo se refirió a los
artículos 824 y 825 del ET, que tratan de la competencia funcional y territorial y,
señaló que la función administrativa puede delegarse por autorización expresa de los
artículos 209 y 211 de la CP, además, fue en desarrollo de dichas normas que se
expidió la Ley 489 de 1989, que en el artículo 9 dispuso la delegación.
Mediante el Decreto 4048 de 2008 se estructuró la organización de la DIAN en tres
niveles: central, local y delegado, conformado por las Direcciones Seccionales
Delegadas de Impuestos y Aduanas. La delegación de todas las dependencias de la
DIAN se previó en el artículo 49 ibidem.
Fue con fundamento en las anteriores disposiciones, que a la funcionaria Suli
Sánchez Urbina, en su calidad de Gestor IV del Grupo Interno de Trabajo de Coactiva
II de la División de Gestión de Cobranzas de la Dirección Seccional de Impuestos de
Bogotá se le facultó vía delegación para adelantar todo tipo de actuaciones en los
procesos de cobro coactivo por parte de la Directora Seccional de Impuestos de
Bogotá que ocupaba el cargo, de manera que tenía competencia para expedir la
resolución que ordenó llevar adelante la ejecución y el auto que liquidó el crédito y las
costas.
Agregó que las asignaciones de funciones en la DIAN no son personales sino
funcionales, por lo que el cambio de Director Seccional de Impuestos de Bogotá no
conduce al decaimiento de las resoluciones de delegación, lo que denota la vigencia
de los actos administrativos demandados, sin que sea necesario que se expida una
nueva delegación para poder sustanciar los procedimientos de cobro.
Respecto a la irregularidad en la expedición de los actos administrativos enjuiciados,
advirtió que se emitieron varios mandamientos de pago por diferentes impuestos y
periodos, notificados al contribuyente sin que se presentaran excepciones, con lo cual
se avalaron los cobros adelantados por la Administración, de ahí que no se hayan
desconocido las garantías procesales alegadas. Tampoco se presenta vicio de
anulación por el hecho que se hubiesen unificado todos los procedimientos de cobro
en uno solo, pues está permitido por el artículo 825 del ET, conforme con el cual
«[c]uando se estén adelantando varios procedimientos administrativos coactivos respecto de
un mismo deudor, éstos podrán acumularse».
Con fundamento en el numeral 8 del artículo 365 del CGP, no condenó en costas, por
no estar acreditadas las expensas y agencias en derecho.
RECURSO DE APELACIÓN
El demandante apeló la sentencia de primera instancia y solicitó su revocatoria en los
siguientes términos8:
Los funcionarios de la División de Cobranzas que expidieron los actos de delegación
para proferir las resoluciones que ordenaron llevar adelante la ejecución, no se
8
Índice 35 de SAMAI. Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
4
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encontraban ocupando los cargos por renuncia o remoción para cuando estos se
emitieron, por lo que se presenta falta de competencia funcional.
Teniendo en cuenta que la resolución de delegación de funciones dejó de surtir
eficacia y efectos jurídicos por ausencia de quien la emitió, el director seccional que
ocupara el cargo tenía que proferir una nueva para que se pudiera continuar con el
proceso de cobro coactivo.
Advirtió que, en el proceso de cobro coactivo contra el mismo contribuyente, por
tributos y periodos diferentes, se profirieron las resoluciones nros. 20160309000539
del 12 de mayo de 2016, 20160309000887 del 19 de julio de 2016 9 y
201803090001409 del 8 de mayo de 2018, por las que se ordenó llevar adelante la
ejecución, lo que equivale a que se hayan expedido tres «sentencias» en un mismo
procedimiento, actuación que no está permitida en la Constitución Política, tampoco en
los artículos 823 a 843-2 del ET, por lo que se vulneró el debido proceso, aspecto que
no fue estudiado en la sentencia, toda vez que el pronunciamiento del a quo se
concretó en los diferentes mandamientos de pago.
TRÁMITE PROCESAL EN SEGUNDA INSTANCIA
El recurso de apelación se admitió mediante auto del 17 de enero de 202310 y dentro
del término de su ejecutoria la parte demandada no se pronunció. Al no ser necesaria
la práctica de pruebas en segunda instancia no se corrió traslado para alegar (nums. 4
y 5, art. 247 del CPACA)11.
El Ministerio Público12 solicitó que se confirme la sentencia de primera instancia, por
cuanto la funcionaria que expidió los actos administrativos demandados contaba con
competencia para ello, además, es procedente la acumulación de procesos ejecutivos
respecto de un mismo deudor.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
Se decide sobre la legalidad de la Resolución nro. 20180309001409 del 8 de mayo de
2018, por medio de la cual la División de Gestión de Cobranzas de la Dirección
Seccional de Impuestos de Bogotá ordenó seguir adelante la ejecución en contra de
Jairo Antonio Chaparro López, y del Auto Liquidación de Crédito y Costas nro.
20180401000053 del 15 de junio de 2018, mediante el cual la citada división fijó en la
suma de $504.962.000, la obligación objeto de cobro por concepto de renta 2013 y
2014 e IVA por los periodos 1, 2 y 3 de 2013, 1 a 6 de 2014 y, 1 y 2 de 2015.
En los términos del recurso de apelación se debe determinar: (i) si el funcionario que
profirió los actos demandados carecía de competencia, porque para la fecha de su
expedición el director que le delegó funciones no se encontraba ocupando el cargo y
(ii) si se desconocieron los artículos 823 a 843-2 del ET y se violó el debido proceso
9
Estas dos primeras, citadas en la demanda.
10
Índice 4 de SAMAI.
11
Modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021.
12
Índice 11 de SAMAI.
5
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Demandante: Jairo Antonio Chaparro López
porque en un mismo procedimiento de cobro coactivo se expidieron varias
resoluciones que ordenaron llevar adelante la ejecución.
Delegación de funciones
El demandante afirmó que los funcionarios de la División de Cobranzas que expidieron
los actos de delegación para proferir las resoluciones que ordenaron llevar adelante la
ejecución, no se encontraban ocupando los cargos por renuncia o remoción para
cuando estos se emitieron, por lo que se presenta falta de competencia funcional.
Por su parte, la entidad demandada, el a quo y el Ministerio Público sostienen que las
asignaciones de funciones en la DIAN no son personales sino funcionales, por lo que
el cambio de Director Seccional de Impuestos de Bogotá no conduce al decaimiento
de las resoluciones de delegación, de ahí que no sea necesario volverlas a expedir
para poder continuar con el proceso de cobro coactivo.
Para decidir, se advierte que la competencia es la facultad o poder jurídico que tiene
una autoridad para ejercer determinada función. Está dada por la ley y constituye un
requisito de orden público, es decir, que es de estricto cumplimiento, por lo que, ante
su desatención, el acto nace, pero viciado de ilegalidad13.
El artículo 209 de la Constitución Política consagra los principios rectores de la función
administrativa, y entre ellos se encuentran los organizacionales, que se traducen en la
descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. A su vez, el
artículo 211 ibidem regula el principio de delegación de funciones, cuyo desarrollo se
cumple por la Ley, en la cual deben fijarse las condiciones para que el Presidente de
la República y las autoridades administrativas puedan trasladar competencias a sus
subalternos o a otras autoridades.
La Ley 489 de 1998, en sus artículos 9 al 12, desarrolla la figura de la delegación y los
requisitos para su procedencia. En particular se consagra la necesidad de la
existencia de un acto de delegación, el cual deberá ser escrito, donde se determinará
la autoridad delegataria y las funciones o asuntos específicos cuya atención y decisión
se transfieren.
Mediante el Decreto 4048 de 2008 vigente para la época de los hechos14, se
estableció la organización de la DIAN y en su artículo 49 se dispuso la delegación de
las funciones del Director General de la entidad, en los directores de Gestión de
Recursos y Administración Económica, de Gestión Organizacional, de Gestión
Jurídica, de Gestión de Ingresos, de Gestión Servicio de Aduanas, de Gestión de
Fiscalización y/o en el empleado público de la DIAN que mediante resolución designe
para el efecto el Director General, sin perjuicio de lo establecido en normas
especiales.
Para lo que interesa en este asunto, se advierte que en dicha norma también se
dispuso que las funciones de quienes desempeñen en las jefaturas de las
subdirecciones u oficinas de Control Interno del sector central y direcciones
seccionales, solo podrán ser delegadas en los empleados públicos de la DIAN de las
13
Derecho Administrativo General y Colombiano, Libardo Rodríguez R., Decímonovena edición, Temis 2015, pág. 410.
14
Derogado por el artículo 84 del Decreto 1742 de 2020.
6
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respectivas dependencias, por el empleado público competente, previa autorización
del Director General.
Por su parte, el artículo 824 del ET determinó la competencia funcional para obtener el
cobro de las deudas en el subdirector de recaudación de la DIAN, los administradores
de impuestos, los jefes de las dependencias de cobranzas y, los funcionarios de las
dependencias de Impuestos Nacionales, a quienes se les deleguen estas funciones.
Esta Sección ha señalado que, en materia de competencia de la Administración
Tributaria, «las normas no señalan atribuciones personales sino funcionales, porque
establecen las actividades que le corresponde desarrollar a cada una de las divisiones o
dependencias de aquélla». También ha puntualizado que «el Administrador Especial de
Impuestos, a través de resoluciones expedidas conforme al ordenamiento vigente, puede
delegar en sus subalternos el cumplimiento de las funciones que legalmente se le asignan»15,
de modo que, el cambio de aquel que delegó funciones al interior de la entidad, no
conduce a que dicho acto pierda vigencia, de ahí que no sea necesario que se expida
un nuevo de acto de delegación para que se pueda continuar con el trámite
administrativo correspondiente.
En el presente caso, se observa que la Resolución nro. 20180309001409 del 8 de
mayo de 2018, mediante la cual se ordenó seguir adelante la ejecución y, el Auto
Liquidación de Crédito y Costas nro. 20180401000053 del 15 de junio de 2018, actos
enjuiciados, fueron expedidos por la funcionaria de la División de Gestión de
Cobranzas de la Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá, Suli Urbina Sánchez,
en uso de las facultades legales conferidas, especialmente, con la Resolución de
Delegación nro. 2268 del 15 de mayo de 2013, proferida por el Director Seccional de
Impuestos de Bogotá16, frente a la cual se reprocha su falta de vigencia para cuando
se dictaron los citados actos, por la renuncia o remoción de quien la emitió, lo que
para la Sala no tiene la entidad suficiente que conduzca a desconocer los efectos que
produjo desde su expedición.
Por lo anterior, se concluye que la parte actora no probó que la funcionaria de la
División de Gestión de Cobranzas de la Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá,
que expidió los actos administrativos demandados, carecía de competencia para ello,
pues el argumento en el que se sustenta el recurso de apelación parte del supuesto
de que el acto de delegación es de carácter personal y no funcional, cuestión que
como se analizó no es acertada, razón por la cual, no prospera el cargo.
Vulneración del debido proceso por la expedición de varias resoluciones
«sentencias» que ordenaron llevar adelante la ejecución en un mismo
procedimiento de cobro coactivo
En el recurso de apelación se expuso que, en el proceso de cobro coactivo contra el
mismo contribuyente, por tributos y periodos diferentes, se profirieron las resoluciones
nros. 20160309000539 del 12 de mayo de 2016, 20160309000887 del 19 de julio de
201617 y 201803090001409 del 8 de mayo de 2018, por las que se ordenó llevar
adelante la ejecución, lo que equivale a que se hayan expedido tres «sentencias» en un
mismo procedimiento, actuación que no está permitida en la Constitución Política,
15
Sentencia del 25 de noviembre de 2010, exp. 17936, C.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez.
16
Fls. 65 a 69 c.p.
17
Estas dos primeras, citadas en la demanda.
7
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Demandante: Jairo Antonio Chaparro López
tampoco en los artículos 823 a 843-2 del ET, por lo que se vulneró el debido proceso,
aspecto que no fue estudiado en la sentencia, toda vez que el pronunciamiento del a
quo se concretó en los diferentes mandamientos de pago.
Por su parte, la DIAN sostiene que es posible que existan varios procedimientos de
cobro contra un mismo contribuyente y que conforme al artículo 825 del ET es viable
la acumulación en un solo proceso.
Conforme al artículo 825 del ET, cuando se estén adelantando varios procedimientos
administrativos coactivos, respecto de un mismo deudor, estos se pueden acumular.
La acumulación consagrada en la citada disposición consiste en tratar como uno solo
dos o más procesos administrativos de cobro coactivo, que se adelantan
simultáneamente contra un mismo deudor, lo que permite la aplicación concreta de los
principios de economía, celeridad y eficacia, previstos en el artículo 209 de la
Constitución Política.
En el presente caso se observa que en el procedimiento de cobro coactivo la DIAN
profirió contra Jairo Antonio Chaparro López los siguientes actos, en relación con los
tributos y periodos que se anuncian a continuación:
Título Periodo e Mandamiento de Pago Resolución que Fls.
impuesto ordena seguir cuaderno de
adelante la antecedentes
ejecución
Liquidación IVA 3 de 2013, 20150302006268 del 16 26 y vto.
privada IVA 1 a 6 de 2014 de septiembre de 2015 20160309000539
y Renta 2013 del 12 de mayo de
Liquidación Renta 2014 20160302000085 del 29 2016 42 y vto. y,
privada de enero de 2016 43 a 44
Declaración IVA 118 y 2 de 20180302001026 del 22 20180309001409 153 a 154 y,
de 2015 de febrero de 2018 del 8 de mayo de 172 y vto.
corrección 2018
El 8 de mayo de 2018, la División de Gestión de Cobranzas de la Dirección Seccional,
con fundamento en el artículo 825 del ET, expidió el Auto de Acumulación nro.
20181011000033, en el proceso de cobro coactivo adelantado contra el deudor Jairo
Antonio Chaparro López, por las siguientes obligaciones: Renta 2013 y 2014 e IVA 1,
2 y 3 de 2013, 1 a 6 de 2014 y, 1 y 2 de 201519.
El 15 de junio de 2018, la citada división profirió el Auto Liquidación de Crédito y
Costas nro. 20180401000053, mediante el cual se fijó la obligación en la suma de
$504.962.000 por concepto de renta 2013 y 2014 e IVA por los periodos 1, 2 y 3 de
2013, 1 a 6 de 2014 y 1 y 2 de 201520.
Revisadas las normas citadas como presuntamente vulneradas (arts. 823 a 843-2 del
ET), por la expedición de las resoluciones que ordenaron seguir adelante la ejecución
en relación con el cobro de las obligaciones a cargo del hoy demandante, por los
18
En relación con la liquidación inicial del primer periodo del IVA de 2015 se expidió la Resolución nro. 20160309000887 del 19
de julio de 2016, por medio de la cual se ordenó seguir adelante la ejecución. Fl. 114 vto. c.a.
19
Fls. 189 a 190 c.a.
20
Fl. 174 vto. c.a.
8
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Demandante: Jairo Antonio Chaparro López
tributos y periodos citados con anterioridad, se advierte que aquella que tiene relación
con dicho argumento corresponde al artículo 825 del ET.
Al tenor de esa disposición y contrario a lo afirmado por el apelante, es procedente
que, en este caso, la DIAN adelante varios procedimientos administrativos respecto
de un mismo deudor, los que podrán acumularse, como en efecto ocurrió.
Afirma el apelante que en el trámite coactivo se expidieron tres resoluciones que
ordenaron seguir adelante la ejecución, asimilándolas a «sentencias», de ahí que
considere improcedente dicha actuación en un mismo procedimiento. Para la Sala, el
citado argumento no es de recibo, pues conforme al artículo 278 del CGP, aplicable
por expresa remisión del artículo 306 del CPACA, las sentencias son aquellas
providencias expedidas en instancia judicial, mediante las cuales se «deciden sobre las
pretensiones de la demanda, las excepciones de mérito, cualquiera que fuere la instancia en
que se pronuncien, las que deciden el incidente de liquidación de perjuicios, y las que
resuelven los recursos de casación y revisión», por lo que no es viable equiparar un acto
administrativo que ordena seguir adelante la ejecución con una sentencia.
Además, se advierte que las Resoluciones nros. 20160309000539 del 12 de mayo de
2016, 20160309000887 del 19 de julio de 2016 y 201803090001409 del 8 de mayo de
2018, por las que se ordenó llevar adelante la ejecución, fueron expedidas en los
procesos de cobro coactivo acumulados por la División de Gestión de Cobranzas de
la Dirección Seccional, mediante el Auto de Acumulación nro. 20181011000033 del 8
de mayo de 2018, actuación que está permitida en los términos del artículo 825 del
ET.
En todo caso, revisados los planteamientos de la parte apelante, la Sala no advierte
que con dicho proceder se le haya vulnerado el derecho al debido proceso, todo lo
contrario, la actuación administrativa consulta los principios de economía, celeridad y
eficiencia, de ahí que no se evidencien razones que conduzcan a la nulidad de los
actos administrativos demandados, esto es, el que ordena seguir adelante la
ejecución y el que liquida el crédito y las costas.
Teniendo en cuenta que los argumentos de apelación del demandante no desvirtuaron
lo decidido por el tribunal, se confirmará la sentencia de primera instancia.
Finalmente, de conformidad con lo previsto en los artículos 188 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 365 del Código
General del Proceso, no se condenará en costas en esta instancia (agencias en
derecho y gastos del proceso), comoquiera que no se encuentran probadas en el
expediente.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
FALLA:
1. CONFIRMAR la sentencia del 12 de agosto de 2021, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección “B”.
9
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Radicado: 25000-23-37-000-2018-00553-01 [26269]
Demandante: Jairo Antonio Chaparro López
2. Sin condena en costas en esta instancia.
Notifíquese y comuníquese. Devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase.
La presente providencia se aprobó en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRÓN
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