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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2018-00554-01

Fecha
17 de noviembre de 2022
Consejero ponente
Myriam Stella Gutierrez Arguello

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2018-00554-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA 1. Rechazar de plano la solicitud de nulidad presentada por la parte demandante. 2. Confirmar la sentencia apelada. 3. Sin condena en costas.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 25000-23-37-000-2018-00554-01

Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello

17 de noviembre de 2022

Radicado: 25000-23-37-000-2018-00554-01 (26758)
Demandante: Ecopetrol S.A.

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá, D.C., diecisiete (17) de noviembre de dos mil veintidós (2022)

Referencia Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación 25000-23-37-000-2018-00554-01 (26758)
Demandante ECOPETROL S.A.
Demandado DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN
Temas Contribución contrato de obra pública. Competencia de la DIAN
respecto de la contribución por obra pública. Sujeción pasiva.
Falsa motivación.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la demandante, contra la
sentencia del 28 de octubre de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, que resolvió lo siguiente1:
“PRIMERO: NIÉNGASE (sic) las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas.
SEGUNDO: NOTIFÍQUESE por correo electrónico la presente sentencia así: (…)
TERCERO: En firme esta providencia ARCHÍVESE el expediente físico y digital previa
devolución de los antecedentes administrativos a la oficina de origen”.

ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA

Con fundamento en el artículo 6º de la Ley 1106 de 2006 y previos los
requerimientos de información y sus respectivas respuestas por parte de la entidad
demandante, la DIAN profirió en contra de Ecopetrol S.A. las resoluciones de
determinación de la contribución de los contratos de obra pública, las cuales
corresponden a contratos suscritos por esa entidad el año 2012.

Contra los aludidos actos de determinación de la contribución, Ecopetrol S.A.
interpuso los correspondientes recursos de reconsideración, que fueron decididos
negativamente por la DIAN.

Los números y fechas de los actos, cuya nulidad se pretende, se detallan en el
siguiente acápite de antecedentes procesales, al igual que los números y fechas de
las resoluciones a través de las cuales se decidieron los recursos de
reconsideración.

ANTECEDENTES DEL PROCESO

Demanda

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
contemplado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo

1 Samai, índice 2, ED_CDFOLIO6_CDFOLIO671(.rar)

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Radicado: 25000-23-37-000-2018-00554-01 (26758)
Demandante: Ecopetrol S.A.

Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), la parte demandante formuló las
siguientes pretensiones2:
A. Respetuosamente se solicita a la honorable jurisdicción de lo contencioso administrativo
que sirva declarar la nulidad total de las resoluciones demandadas, por medio de las cuales
la DIAN determinó oficialmente la contribución de los contratos de obra pública. Los actos
acusados son los siguientes3:
Notificación de la Contrato
Resolución que
Resolución de resolución que
resuelve el Recurso de
Determinación agota vía
Reconsideración
gubernativa
312412017000014 del 003965 del 15 de mayo 15651 del 7 de
29 de mayo de 2018
30 de agosto de 2017 de 2018 septiembre de 2012
312412017000017 del 003964 del 15 de mayo 15986 del 14 de
6 de junio de 2018
30 de agosto de 2017 de 2018 septiembre de 2012
003963 del 15 de mayo 15406 del 30 de
312412017000011 del 6 de junio de 2018
de 2018 agosto de 2012
16 de agosto de 2017
312412017000016 del 003962 del 15 de mayo 15973 del 14 de
6 de junio de 2018
30 de agosto de 2017 de 2018 septiembre de 2012
31241201700005 del 647-312362018000005 13987 del 31 de julio
28 de junio de 2018
15 de junio de 2017 del 15 de junio de 2018 de 2012
31241201700002 del 647- 312362018000004 12862 del 4 de julio
28 de junio de 2018
15 de junio de 2017 del 15 de junio de 2018 de 2012
31241201700001 del 647- 312362018000003 12801 del 3 de julio
28 de junio de 2018
15 de junio de 2017 del 15 de junio de 2018 de 2012
312412017000019 del 005791 del 27 de julio de 16496 del 25 de
8 de agosto de 2018
30 de agosto de 2017 2018 septiembre de 2012
B. Como restablecimiento del derecho, se solicita a este Honorable Despacho se sirva declarar
a Ecopetrol S.A. a paz y salvo por concepto de las sumas objeto de discusión y se proceda
al archivo de los expedientes respectivos.
C. Que se declare que no son cargo de Ecopetrol las costas en que hubiere incurrido la
Autoridad Tributaria con relación a la actuación administrativa demandada, ni las de este
proceso”.
A los anteriores efectos, el demandante invocó como violados los artículos 6, 13,
29, 83, 123, 338 y 363 de la Constitución Política; 76 de la Ley 80 de 1993; 264 de
la Ley 223 de 1995; 3 de la Ley 548 de 1999; 14 de la Ley 1150 de 2007; 643, 715,
716, 717 y 730 del Estatuto Tributario Nacional; 42 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo; la Ley 1118 de 2006; los Decretos
3461 de 2007, 4048 de 2008 y 399 de 2011; los Conceptos DIAN Nros. 009714 del
4 de agosto de 1993, 036803 del 17 de mayo de 2007, 063832 de 2008; y el Oficio
DIAN Nro. 100202208-915 del 06 de agosto de 2014.

El concepto de violación se resume así:
1. Falta de competencia de la DIAN para determinar la contribución

En relación con esta causal expuso que si bien, la Ley 1106 de 2006 creó una nueva
contribución para los contratos de obra pública, no determinó la competencia
funcional para su administración, como tampoco existe norma que le atribuya a la
DIAN la facultad de expedir las resoluciones de determinación de ese tributo. Ello
aunado a que dentro de las competencias residuales que tiene asignadas la entidad

2 Fl. 3 vto y 4 CP1
3 Se extrae de las pretensiones de la demanda las Resoluciones Nros. 312412017000011 de 16 de agosto
de 2017 y 003963 de 15 de mayo de 2018, ya que por Auto del 10 de diciembre de 2020, proferido por el
Tribunal, se resolvieron las excepciones previas propuestas por la DIAN, declarando como probada
parcialmente la de inepta demanda por falta de requisitos formales respecto de las pretensiones de nulidad
de tales actos administrativos.

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Radicado: 25000-23-37-000-2018-00554-01 (26758)
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en el Decreto 4048 de 2008 no se encuentra la de administrar contribuciones, como
la que recae sobre los contratos de obra pública.

Adicionalmente, adujo que la falta de competencia de la DIAN es tan evidente que
el Ministerio del Interior, a través de la Circular Externa CIR 13-000000007-2013,
reconoció que, con fundamento en la Ley 1106 de 2006 y el Decreto 399 de 2011,
ese ministerio era el competente para el control y recaudo de la contribución. A esa
misma conclusión se llegó en el Concepto DIAN Nro. 100202208-1503 (065780) de
20144. Por su parte, la Alcaldía Mayor de Bogotá se atribuyó competencia mediante
la Resolución DDI-40601 de 15 de agosto de 2012.

2. La DIAN establece la obligación tributaria con fundamento en un hecho
generador no establecido en la Ley

Sostuvo que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley 80 de 1993, los
contratos celebrados por entidades estatales dedicadas a la exploración y
explotación de recursos naturales renovables y no renovables, como lo es Ecopetrol
S.A., se rigen por una legislación diferente al Estatuto General de Contratación,
motivo por el cual no había lugar a la causación de la contribución de obra pública,
respecto de los contratos relacionados con las actividades propias de la industria de
hidrocarburos.

Advirtió que la DIAN ha revocado varias resoluciones de determinación del tributo,
mediante las Resoluciones Nros. 90001 y 90005 de 2013, al reconocer que los
contratos de Ecopetrol S.A. no son estatales debido a que no tienen cláusulas
exorbitantes, y por tanto, no causan la contribución de obra pública. Que dado que
los contratos discutidos no tienen cláusulas exorbitantes, se debe arribar a la misma
conclusión y declarar la nulidad de los actos demandados.

Dijo que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca5 y la DIAN6 han reconocido
que los contratos celebrados por la actora en relación con las actividades de la
industria de hidrocarburos no se encuentran sujetos a la contribución de obra
pública, por no enmarcarse en el numeral 1º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993,
que señala la definición de obra. Adicionalmente, sostuvo que el Consejo de Estado
compartía tal decisión7, y que en tal sentido, debía aplicarse en este caso dicho
precedente jurisprudencial.

Adujo que el Decreto 3461 de 2007, reglamentario de la Ley 1106 de 2006,
condiciona el surgimiento de la obligación tributaria de la contribución, a que los
contratos se suscriban como resultado de licitaciones o procesos de selección
abiertos a la recepción de ofertas con posterioridad al 22 de diciembre de 2006. Con
lo cual se corrobora que los contratos suscritos por Ecopetrol S.A. no causan el
tributo, porque los mismos no se rigen por los procedimientos de contratación
definidos en la Ley 80 de 1993, sino por el derecho privado.

4 Este argumento fue expuesto en el hecho F de la demanda. Fl 4 cp.
5 Sentencias proferidas por el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca en los procesos 2013-
00626, 2013-01249, 2014-01288, 2014-00015; 201-00023, 2014-00023, 2014-00184, 2014-00210, 2014-
00321, 2014-00616, 2014-00721, 2014-00730, 2014-00994, 2014-01204, 2015-00046, 2015-01319, 2015-
01073, 2015-00466, 2016-01219, 2016-01219, entre otros.
6 Conceptos DIAN Nros. 020260 del 26 de marzo de 2012, 041878 del 09 de julio de 2013 y 048027 de agosto
de 2014.
7 Sentencias del 22 de febrero de 2018, radicado Nro. 25000-23-37-000-2014-00994-01 y del 25 de abril de
2018, radicado Nro. 25000-23-37-000-2014-00015-01.

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3. Ecopetrol S.A. no puede celebrar contratos de obra pública en los
términos del artículo 32 de la Ley 80 de 1993

Afirmó que a partir de la vigencia de la Ley 1118 de 2006, reiterada en la Ley 1150
de 2007, Ecopetrol S.A. tenía prohibido suscribir contratos a los que se refiere el
hecho generador de la contribución de obra pública. Con esta normativa, el
legislador excluyó a la compañía de la aplicación del régimen público de
contratación, con el fin de permitir el desarrollo de su objeto social en las mismas
condiciones de mercado de los particulares. Así también lo entendió el Consejo de
Estado en la sentencia del 20 de febrero de 2014, exp. 45310.

4. Desconocimiento de los conceptos proferidos por la DIAN

Afirmó que en el Concepto DIAN Nro. 036803 de 2007, la DIAN sostuvo que los
contratos que celebre el Banco de la República no están sometidos a la contribución
de obra pública, porque no se rigen por la Ley 80 de 1993. Que tal criterio es
aplicable al caso de Ecopetrol S.A., comoquiera que esa entidad tampoco está
sujeta a la citada Ley.

Consideró que los actos demandados desconocen el Concepto Nro. 063832 de
2008, en el cual, la DIAN concluyó que la contribución de obra pública no es
aplicable a los contratos relacionados con la exploración y explotación de recursos
naturales no renovables. Como tampoco tienen en cuenta el Concepto Nro. 80112-
IE-1275 del 26 de enero de 2012, de la Contraloría General de la República, que
reiteró la citada posición doctrinal de la DIAN.

Que debe tenerse en cuenta que mediante el Concepto Nro. 100202208-915
(04827) de 2014, la DIAN concluyó que los contratos de exploración y explotación
celebrados por Ecopetrol S.A. no están sometidos a la contribución de obra pública,
así como tampoco los contratos conexos a estos.

5. Aplicación e interpretación indebida de la Ley 1106 de 2006

Para sustentar esta causal de nulidad, advirtió que según la exposición de motivos
y antecedentes de la Ley 1106 de 2006, la intención del legislador fue gravar con la
contribución de obra pública solo a las entidades que se dedican a la construcción
y mantenimiento de vías u obras públicas en los términos de la Ley 80 de 1993. Con
base en ello, afirmó que los actos demandados desconocen el verdadero alcance y
contenido del artículo 6º de la Ley 1106 de 2006, como quiera que Ecopetrol S.A.
no realiza contratos de obra pública, sino contratos para el desarrollo de las
actividades de exploración y explotación, transporte y refinación de hidrocarburos.
Al efecto, relacionó cada objeto social y explicó la conexidad existente con la
actividad de exploración y explotación del hidrocarburo.

Sostuvo que la DIAN en los Conceptos Nros. 6325 y 021548 de 2014 definió las
obras públicas como aquellas que recaen sobre bienes de carácter público o
destinados a un servicio público, lo cual no corresponde a la actividad contratada.

6. Falta de motivación de los actos administrativos demandados

Afirmó que la DIAN motivó indebidamente los actos acusados, pues no indicó por
qué los contratos analizados son de obra pública y no de otra naturaleza, en tanto

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se limitó a realizar afirmaciones generales sin soporte probatorio. Que, por lo
anterior, omitió analizar el objeto de los contratos en discusión.

7. Violación al debido proceso y derecho de defensa de Ecopetrol S.A.

Manifestó que en virtud del artículo 29 de la Constitución Política y en ejercicio del
derecho de defensa, la DIAN debió seguir el procedimiento establecido en el
Estatuto Tributario para la determinación, liquidación, discusión y cobro de la
contribución en contratos de obra pública, es decir, proferir un emplazamiento o
requerimiento previo a la liquidación del tributo, que le permitiera a la actora
controvertir los argumentos y pruebas presentadas por la Administración antes de
la emisión de la liquidación oficial.

8. Ecopetrol S.A. no es un sujeto pasivo ni responsable de la contribución
por obra pública

Indicó que el sujeto pasivo de la contribución especial de los contratos de obra
pública corresponde a las personas naturales y jurídicas contratistas y no la entidad
de derecho público contratante, y que la actora tampoco tenía la calidad de
responsable, por lo que no era dable emitir una liquidación del tributo a su cargo. Y
adicionó que la ley no estableció una solidaridad entre el contratista y la entidad
contratante, por lo que la obligación de pago surge solo para el contratista.

Oposición de la demanda

La entidad demandada controvirtió las pretensiones8 de la demanda, lo cual puede
sintetizarse así:

En cuanto a la falta de competencia, indicó que de conformidad con las sentencias
de la Corte Constitucional C-083 de 1993, C-427 de 1993, C-930 de 2007 y C-1153
de 2008, la contribución de obra pública tiene la naturaleza de impuesto y por virtud
del artículo 3 numeral 1º del Decreto 4048 de 2008, la DIAN tiene la administración
y control de dicho tributo. Agregó que, conforme con el artículo 691 del Estatuto
Tributario, los actos de determinación del tributo fueron expedidos por la Jefe de la
División de Liquidación de la DIAN.

Discutió que la excepción alegada por el actor con fundamento en el artículo 76 de
la Ley 80 de 1993, solo aplica para los contratos directamente relacionados con las
actividades de exploración y explotación de recursos naturales. Los demás
contratos, aun cuando no se encuentren sometidos al Estatuto General de
Contratación Administrativa, están sujetos a la contribución especial, por
configurarse el hecho generador consistente en la celebración del contrato de obra
pública.

Aclaró que las resoluciones que revocaron actos de determinación del tributo,
referenciadas por la actora, tratan de supuestos fácticos diferentes, que aluden a la
inexistencia del contrato, lo que no ocurre en el caso analizado. Y, los conceptos no
concluyen la inexistencia de la obligación de pagar la contribución especial de
contratos de obra pública por parte de Ecopetrol S.A.

Que las sentencias del Tribunal analizaron contratos diferentes a los que ocupa la
presente litis, y no es cierto que en dichos pronunciamientos se estableciera que
8 Samai, índice 2, PDF ED_CONTESTACI_05CONTESTACIONDE MA(.pdf)

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por regla general los contratos suscritos por Ecopetrol S.A. no eran de obra pública.
En relación con los fallos del Consejo de Estado, precisó que no existía una posición
unificada sobre la presente discusión.
Respecto de la aplicación del Decreto 3461 de 2007, indicó que esa normativa no
establece excepción alguna sobre la contribución de los contratos de obra pública,
sino que reglamenta la aplicación del tributo para los nuevos hechos generadores
incluidos en el artículo 6 de la Ley 1106 de 2006.
Manifestó que no se podía concluir que el gravamen recaía sobre contratos
suscritos en virtud del Estatuto General de Contratación Administrativa, porque lo
determinante es que sea un contrato de obra regulado en el artículo 32 de la Ley 80
de 1993, esto es, aquellos celebrados con una entidad de derecho público, como lo
es Ecopetrol S.A. Lo anterior, porque la Ley 1106 de 2006 cuando estableció el
hecho generador no distinguió si el régimen contractual de la entidad debe regirse
por derecho privado o público. De ahí que se deba atender a la naturaleza de la
entidad contratante y no al objeto del contrato o el tipo de obra o bien sobre el que
recaiga.
Por las razones expuestas, concluyó que los actos acusados están debidamente
motivados, en tanto indican los motivos de hecho y de derecho que llevaron a la
DIAN a concluir que los contratos que celebró la parte demandante se encuentran
gravados con la contribución especial. Agregó que, previó a la expedición de los
actos de determinación se notificó al contribuyente actos preparatorios, frente a los
cuales el demandante expuso sus razones de defensa, que fueron corroboradas en
el escrito del recurso de reconsideración, de manera que no se vulneró el debido
proceso.
Aclaró que de conformidad con el artículo 6 de la Ley 1106 de 2006, el recaudo y
pago de la contribución de los contratos de obra pública es responsabilidad
exclusiva de las entidades contratantes, en este caso, Ecopetrol S.A.

Sentencia apelada

El Tribunal negó las pretensiones de la demanda, con fundamento en las siguientes
consideraciones9.
Precisó que la DIAN era la entidad competente para la fiscalización de la
contribución de obra pública respecto de una entidad de carácter nacional, como
Ecopetrol S.A., de acuerdo con el artículo 1 y numeral 3 del artículo 3 del Decreto
4048 de 2008.
Dijo que el hecho generador de la contribución, lo realizan todas las entidades de
derecho público que celebren contratos de obra, independientemente del régimen
jurídico de las mismas, en tanto la ley no excluyó del tributo a las pertenecientes a
regímenes jurídicos especiales.
Se refirió a la naturaleza de Ecopetrol S.A., como una sociedad de economía mixta
de carácter comercial del orden nacional, organizada bajo la forma de sociedad
anónima, y vinculada al Ministerio de Minas y Energía, cuyo objeto social es el
desarrollo de actividades comerciales o industriales relacionadas con la exploración,
explotación, refinación, transporte, almacenamiento, distribución y comercialización
de hidrocarburos, sus derivados y productos.
9 Samai, índice 2, ED_CDFOLIO6_CDFOLIO671(.rar)

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Que los contratos de obra suscritos por Ecopetrol S.A. estaban gravados con la
contribución especial, en tanto la ley no exceptuó del tributo a las entidades de
naturaleza estatal que se rigen por el derecho privado.

Con fundamento en la sentencia de la Sala Plena del Consejo de Estado, del 25 de
febrero de 2020 (CE-SUJ-SP-001, C.P. William Hernández Gómez), aclaró que los
contratos que tienen como objeto la ejecución de actividades de explotación y/o
exploración de hidrocarburos y minerales, o los que deban realizarse para
desarrollar tales actividades, no se enmarca en la definición de obra del artículo 32
de la Ley 80 de 1993 y, por tanto, no están sujetos a la contribución. También
precisó que lo determinante es que el contrato celebrado sea de obra pública,
independientemente del régimen contractual de entidad contratante.

Efectuó un análisis de los objetos de los contratos, y concluyó que los mismos no
estaban directamente relacionados con la búsqueda y producción del recurso
natural, por lo que no estaban exonerados de la contribución. Todo, porque no es
posible establecer un criterio de conexidad entre la obra y la actividad especifica de
exploración y explotación de hidrocarburos.

Recurso de apelación

La parte demandante apeló la decisión de primera instancia, con fundamento en los
siguientes aspectos10.

Discutió que el Tribunal desconoció los Conceptos Nros. 063832 de 2008 y 48027
de 2014, en los que la DIAN ha reconocido que los contratos relacionados con las
actividades de exploración, explotación, refinación y demás propias del sector de
hidrocarburos no están sujetos a la contribución de obra pública de conformidad con
lo establecido en el artículo 76 de la Ley 80 de 1993 y la Ley 1118 de 2006, y además
que, las entidades con regímenes especiales, como Ecopetrol S.A., no están sujetas
a dicho tributo. Asimismo, los funcionarios de fiscalización de la DIAN no han
observado los citados conceptos, a pesar de que constituyen un precedente al
interior de la entidad.

Que, esta doctrina oficial resulta aplicable a los contratos objeto de discusión, en
tanto fueron suscritos con el objetivo de que Ecopetrol S.A. pudiera llevar a cabo
sus actividades de exploración y explotación de hidrocarburos, y en tal sentido, no
están sujetos al gravamen.

Dijo que el Tribunal aplicó de forma errada la Ley 1106 de 2006, pues acudió a la
definición de contratos de obra pública señalada en el artículo 32 de la Ley 80 de
1993, aun cuando Ecopetrol S.A. no se rige por lo dispuesto en dicho Estatuto
General de Contratación Pública, sino por el régimen de derecho privado. Agregó
que, la finalidad de la Ley era gravar los contratos que tengan uso público, situación
que tampoco se presenta en los contratos de Ecopetrol S.A.

Insistió en que la DIAN mediante el Concepto Nro. 100202208-915 (048027) de
2014, sostuvo que los contratos de exploración y explotación son “diametralmente
diferentes a los contratos de obra estipulados en el artículo 32”.

Alegó que la sentencia de primera instancia desconoce que el artículo 76 de la Ley
80 de 1993 señala que los contratos celebrados con entidades que explotan y

10 Ibidem

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exploran recursos naturales, como el caso de Ecopetrol S.A., se rigen por una
legislación especial diferente al Estatuto General de Contratación Pública.

Consideró que como la demandante tiene por objeto social la realización de
actividades propias del sector hidrocarburos y cuenta con prohibiciones legales para
llevar a cabo otro tipo de actividad, todos los contratos que suscribe se relacionan
necesariamente con la exploración y explotación del recurso natural. Lo anterior,
porque estas operaciones (exploración y explotación del petróleo) no se realizan
con un solo contrato, sino mediante una serie de actividades y contratos que
redundan en aquellas.

Con fundamento en lo anterior, relacionó el objeto de cada contrato y explicó que
tenían conexidad con la actividad de exploración y producción de hidrocarburos, en
tanto tenían por finalidad “proteger y mantener instalaciones en las que se desarrollan
información relativa a nuevas tecnologías, patentes, y desarrollo de nuevas prácticas (...)”;
“mejoramiento sistemático de la infraestructura de transporte de crudo (...)”; “optimización del
almacenamiento de toda la información necesaria y fundamental para el correcto funcionamiento
puesta en marcha de la planta (...)”; “mantenimiento de instalaciones ubicadas dentro de uno de los
campos de producción de la Compañía (...)”; “mejoramiento infraestructura y los sistemas o accesos
de transporte (...)”; y el resto “mejoramiento sistemático de todas las adecuaciones que soportan
el correcto funcionamiento de las plantas (...)”.

Advirtió que el Tribunal avaló la competencia de la DIAN para proferir los actos de
determinación del tributo, con lo cual desconoce el Concepto Nro. 1100202208-
1503 (065780) del 5 de diciembre de 2014, en el que la misma entidad reconoce no
ser competente.

Sostuvo que la DIAN no es la única entidad competente para administrar y
determinar las contribuciones, porque entender lo contrario, llevaría a concluir que
las contribuciones también son impuestos. Y manifestó que las sentencias C-083 y
C-427 de 1993, C-930 de 1997, y C-1153 de 2008, no señalan de manera expresa
que la competencia de la determinación de la contribución recaiga en la DIAN.

Oposición al recurso

La demandada no presentó escrito.

Concepto del Ministerio Público

El Procurador delegado ante esta Corporación no se pronunció en este asunto.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Cuestión previa. Solicitud de nulidad

La Sala advierte que en el escrito de alegatos de primera instancia11, fue interpuesta
la solicitud de nulidad de todo lo actuado por la parte demandante, la cual será
resuelta en esta providencia, en aras de preservar el principio de economía procesal
y evitar dilaciones al proceso.

La solicitud de nulidad se fundamenta en la causal prevista en el numeral 8º 12 del
11 Fls 632 a 633 cp3
12 Código General del Proceso. Artículo 133. Causales de nulidad. El proceso es nulo, en todo o en parte,
solamente en los siguientes casos:

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Demandante: Ecopetrol S.A.

artículo 133 del Código General del Proceso, bajo el argumento de que en el
proceso se omitió la integración del litisconsorcio necesario conformado por los
contratistas que celebraron con Ecopetrol S.A. los contratos de obra pública. Para
el demandante, la Sentencia de Unificación proferida por la Sala Plena de esta
corporación el 25 de febrero de 2020 (exp. 25000-23-37-000-2014-00721-01
[22473] [IJ-SU], C.P. William Hernández Gómez), en la que se precisó la regla
jurisprudencial de la configuración del hecho generador de la contribución de obra
pública, lleva a que los contratistas como sujetos pasivos del tributo deban asumir
el pago de la obligación tributaria y, con ello, la consecuente carga tributaria.

Con miras a decidir esa petición, se reiterará el criterio expuesto en la sentencia del
4 de marzo de 2021 (exp. 22941, CP: Myriam Stella Gutiérrez Argüello), que resolvió
una solicitud afín en el marco de otra contienda entre las mismas partes. Según esa
postura, en virtud del artículo 135 del Código General del Proceso, la demandante
carece de legitimación para promover la nulidad del proceso por falta de integración
del litisconsorte necesario.

Con todo, cabe resaltar que el presente caso gira en torno a la legalidad de los actos
de determinación oficial de las obligaciones a cargo de la actora, por su condición
de agente de retención. De ahí que, aún si procediera analizar el fondo de la
solicitud, el artículo 370 del Estatuto Tributario impediría la conformación del
litisconsorcio necesario aducido como causal de nulidad procesal, porque, según
ese mandato, la responsabilidad tributaria con el fisco por la práctica de la retención
recae únicamente sobre el agente retenedor, sin perjuicio del derecho de reembolso
que este tiene frente al contribuyente.

En consecuencia, por los motivos expuestos, se rechaza la petición de nulidad
procesal elevada por la demandante.

2. Problema jurídico

Atendiendo al recurso de apelación formulado por el actor, y conforme con lo
dispuesto en el artículo 320 del Código General del Proceso13, la Sala procede a
examinar la decisión impugnada «únicamente en relación con los reparos concretos
formulados por el apelante» que discuten: i) la configuración del hecho generador de la
contribución de los contratos de obra pública en los 7 contratos que celebró
Ecopetrol S.A. con particulares durante el año 2012, por la violación de los artículos
76 de la Ley 80 de 1993 y 6 de la Ley 1106 de 2006; ii) el desconocimiento de los
Conceptos DIAN Nros. 063832 de 2008, 100202208-915 (48027) de 2014; y iii) la
competencia de la DIAN para determinar el tributo.

En relación con la configuración del hecho generador de la contribución, se pone de
presente que en esta providencia se dará aplicación a la posición jurisprudencial
establecida por la Sala Plena de esta Corporación (Sentencia de Unificación del 25
de febrero de 2020, exp. 25000-23-37-000-2014-00721-01 [22473] [IJ-SU], C.P.

[…]
8. Cuando no se practica en legal forma la notificación del auto admisorio de la demanda a personas
determinadas, o el emplazamiento de las demás personas aunque sean indeterminadas, que deban ser
citadas como partes, o de aquellas que deban suceder en el proceso a cualquiera de las partes, cuando la
ley así lo ordena, o no se cita en debida forma al Ministerio Público o a cualquier otra persona o entidad que
de acuerdo con la ley debió ser citado.
13 Código General del Proceso. ARTÍCULO 320. FINES DE LA APELACIÓN. El recurso de apelación tiene
por objeto que el superior examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos
formulados por el apelante, para que el superior revoque o reforme la decisión.

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Demandante: Ecopetrol S.A.

William Hernández Gómez). En esa providencia se definieron las reglas
jurisprudenciales respecto del hecho generador de la contribución de obra pública,
en los casos en que el contrato de obra se celebre con entidades de derecho público
sujetas a un régimen especial de contratación, como lo es Ecopetrol S.A.

3. Hecho generador de la contribución de obra pública

De acuerdo con la Sentencia de Unificación, el artículo 6º de la Ley 1106 de 2006
establece la contribución sobre los contratos de obra que se suscriban con
entidades de derecho público, en la cual, el contratista tiene la calidad de
contribuyente, y la entidad de derecho público contratante es la responsable del
tributo, esto es, quien se encarga de retener y consignar el tributo.

A partir de lo anterior, sentó el criterio según el cual el hecho generador de la
contribución de los contratos de obra pública se realiza sobre los contratos de obra
que se celebren con entidades de derecho público, independientemente de su
régimen contractual, en tanto la obligación tributaria se define en función del
contrato celebrado, y no de la actividad o régimen jurídico de la entidad de derecho
público.

Y, advirtió que el hecho de que algunas entidades de derecho público tengan un
régimen especial para ciertos tipos de contratos –como los contratos de exploración
y explotación de recursos naturales renovables y no renovables- no impide que
cuando suscriban contratos de obra, estos mismos se encuentran gravados con el
tributo. Lo anterior, bajo el argumento de que el contrato de obra pública es diferente
al contrato de exploración y explotación de recursos naturales, por tener
características y finalidades propias, encontrándose gravados con el tributo solo el
primero, por disposición legal.

A esos efectos, la Sala realizó una delimitación conceptual del contrato de obra
pública y el de exploración y explotación de recursos naturales, definiendo el
primero, en términos generales, como el celebrado con entidades de derecho
público para la realización de trabajos materiales sobre bienes inmuebles, y el
segundo, como contratos típicos que tienen por objeto, fundamentalmente, la
asignación de un área, para efectos de determinar la existencia, ubicación,
reservas, calidad, etc. de los recursos naturales, y el posterior desarrollo,
producción y venta de los recursos encontrados.

Al respecto, consideró que el artículo 76 de la Ley 80 de 1993 que regula los
contratos de exploración y explotación de los recursos naturales, no establece una
exención tributaria, sino un régimen jurídico contractual especial sobre ese tipo de
contrato. Otra cosa es que la norma se refiera a una clase de contrato que no fue
gravado por el artículo 6º de la Ley 1106 de 2006, que es la razón por la cual dicho
contrato no se encuentra sujeto a la contribución.

También, en la providencia se indicó, de forma explícita, el criterio general que debe
aplicarse para determinar si un contrato está o no gravado con el tributo, y que
consiste en examinar que el objeto del contrato encuadre dentro de la definición del
contrato de obra. Además, se dijo que para ello, el juez en cada caso en concreto
podrá atender al análisis de aspectos tales como el objeto, las cláusulas
contractuales y las reglas de interpretación de los contratos.

Las anteriores consideraciones, llevaron a la Sala Plena a fijar las siguientes reglas

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jurisprudenciales:
1. Para determinar si se realiza el hecho generador de la contribución de los contratos de
obra pública no es determinante el régimen contractual de la entidad que celebre el
contrato de obra pública, sea el general de la Ley 80 de 1993 o un régimen exceptuado.
El elemento de la obligación tributaria se define en función del contrato celebrado, y no de
la actividad o régimen jurídico de la entidad de derecho público.
2. Los contratos de obra pública y los contratos de que trata el artículo 76 de la Ley 80 de
1993 –contratos de exploración y explotación de recursos naturales, y las actividades
comerciales e industriales, son dos categorías de contratos diferentes, en tanto tienen
características y finalidades propias, que impiden que se trate de un mismo contrato.
3. La contribución no grava los contratos referidos en el artículo 76 de la Ley 80 de 1993, por
cuanto no corresponden a los contratos de obra pública que son objeto de gravamen en
el artículo 6º de la Ley 1106 de 2006.
Así las cosas, con base en las consideraciones expuestas y las reglas de
unificación definidas por la Sala Plena en la Sentencia de Unificación, se resuelve
este asunto.

En el caso concreto, la DIAN determinó que Ecopetrol S.A. era responsable de
retener la contribución de los contratos de obra pública, por la celebración en el año
2012, de 7 contratos que, en su criterio, están gravados con el tributo por ser
contratos de obra. Para la actora, los actos demandados desconocen el verdadero
alcance y contenido del artículo 6º de la Ley 1106 de 2006 y la exclusión contenida
en el artículo 76 de la Ley 80 de 1993, como quiera que Ecopetrol S.A. no celebró
contratos de obra pública, sino contratos para el desarrollo de las actividades de
exploración y explotación, transporte y refinación de hidrocarburos.

Los contratos objeto de discusión por las partes, son los siguientes:

CONTRATO Nro. OBJETO CONTRACTUAL
Obras civiles, fabricación e instalación de barandas, escaleras,
rejillas, plataformas, y pisos antideslizantes para plantas,
1 0015986 del 14/09/2012 estaciones, áreas industriales y facilidades de producción e
inyección de la Superintendencia de Operaciones La Cira Infantas
de la Gerencia Regional Magdalena Medio de Ecopetrol S.A.
Mantenimiento integral (limpieza, rocería, fumigación,
mantenimiento de instalaciones y obras civiles menores cafetería y
2 0012862 del 04/07/2012
aseo) de las instalaciones de la Estación del VIT Villeta y Guaduero
de Ecopetrol S.A.
Mantenimiento integral (limpieza, rocería, fumigación,
mantenimiento de instalaciones y obras civiles menores cafetería y
3 0012801 del 03/07/2012
aseo) de las instalaciones de la Estación del VIT Andina, Tocancipá,
Puente Aranda y Sutamarchán de Ecopetrol S.A.
Obras civiles mayores de mantenimiento en las instalaciones físicas
4 0015651 del 07/09/2012
del Instituto Colombiano del Petróleo de Ecopetrol S.A.
Obras civiles de construcción del Centro de Información Técnica
5 0015973 del 14/09/2012 (CIT) El Centro, pertenecientes a los proyectos de infraestructura de
la regional Magdalena Medio de Ecopetrol S.A.
Obras civiles y eléctricas de mantenimiento en las instalaciones del
Colegio Luis López de Mesa dentro del Barrio 25 de agosto en el
6 0013987 del 31/07/2012
Campo 22, corregimiento El Centro de la regional Magdalena Medio
de Ecopetrol S.A.
Obras de mejoramiento, mantenimiento y pavimentación de las
áreas: Llenadero principal y de aromáticos y oficina de ventas de la
7 0016496 del /25/09/2012
Vicepresidencia de Suministro y Mercadeo ubicados en la Refinería
de Barrancabermeja de Ecopetrol S.A.

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Demandante: Ecopetrol S.A.

Del anterior listado se encuentra que los contratos no corresponden a los de
exploración y explotación de petróleo, porque si bien, se relacionan con esas
actividades, no tienen por objeto la búsqueda o producción de hidrocarburos, que
es la característica principal de este tipo de contratos.

Lo que se verifica del objeto de los contratos gravados es que se trata de un
conjunto de obras que tienen como propósito la realización de actividades de
construcción, reparación y mantenimiento sobre unos bienes inmuebles.
Actividades materiales, que como se indica en la sentencia de unificación, son
propias de un contrato de obra.

El anterior argumento se refuerza con la precisión realizada en el fallo de unificación
en el sentido de que “el hecho de que las obras se practiquen o se relacionen con bienes
utilizados en la industria petrolera o en el bienestar de los empleados, no desconoce su naturaleza
de contrato de obra pública, porque en este tipo de contrato, lo esencial es que la actividad
contratada sea un trabajo material sobre un bien inmueble. Tampoco –la destinación de los
inmuebles- puede llevar a considerar que se trate un contrato de exploración y explotación, porque
estos tienen por objeto específico determinar la existencia, reserva, extracción, y/o la producción del
recurso natural”.

En consecuencia, respecto de los contratos de obra analizados se configura el
hecho generador del tributo. En tal sentido, le asiste razón a la DIAN cuando, con
fundamento en los contratos objeto del proceso, determinó que los mismos
corresponden a contratos de obra pública gravados con el tributo.

Por ese motivo, respecto de esos contratos, a Ecopetrol S.A. le correspondía
retener al contratista la contribución de los contratos de obra pública.

En conclusión, no prospera el cargo de la apelación.

4. Desconocimiento de los conceptos de la DIAN

El demandante discute que la DIAN no dio aplicación a los Conceptos Nros. 063832
de 2008 y 00202208-915 (048027) de 2014.

La Sala pone de presente que respecto del Concepto Nro. 063832, del 4 de julio de
2008, en la citada sentencia de unificación, la Sala Plena de esta corporación
advirtió que el mismo se contrajo a concluir “que en los contratos materia de discusión se
generaba la contribución de obra pública, como quiera que el objeto contractual correspondía a
obras para la construcción, mantenimiento, instalación, y en general, obras civiles sobre bienes
inmuebles por adhesión, y no a contratos de exploración y explotación de petróleos”. La misma
conclusión se desprende del Concepto Nro. 00202208-915 (048027) de 2014, en
tanto lleva a considerar que, para efectos de la sujeción de la contribución de obra
pública, lo determinante es que se celebre un contrato de obra con una entidad de
derecho público, independientemente del régimen jurídico aplicable.

Como se observa, la interpretación realizada en esos conceptos fue la misma
aplicada por la DIAN para determinar la obligación tributaria sobre Ecopetrol S.A.
en la actuación demandada. Y, en la medida que la demandante discrepa de esas
interpretaciones, es evidente que no puede amparar su actuación en dichos
conceptos. En consecuencia, no prospera el cargo.

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5. Falta de competencia de la DIAN

En cuanto a la falta de competencia de la DIAN para la determinación del tributo, se
encuentra que este aspecto fue dirimido en la referida sentencia de unificación, en
la que se señaló que dicha entidad es competente para expedir los actos de
determinación de la contribución de los contratos de obra pública, en virtud de lo
dispuesto en el artículo 121 de la Ley 418 de 1997, que dispone sobre los agentes
retenedores del tributo, la obligación de remitir a la entidad fiscal copia del recibo de
consignación de la contribución, y la información sobre los contratos y el contratista,
esto, con la finalidad de que la DIAN ejerciera la fiscalización, determinación y
discusión del tributo.

Es preciso tener en cuenta que contrario a lo sostenido por el apelante, en el
Concepto DIAN Nro. 1100202208-1503 (065780) del 5 de diciembre de 2014, no se
desconoce la competencia de la entidad fiscal para determinar la contribución de
obra pública, sino que solo se indica que sobre los aspectos del tributo “quien efectúa
el recaudo de la contribución, en el caso nacional, el Ministerio del Interior a través de Fonsecon y/o
en el territorial el que hace sus veces, puede en caso de ser necesario, dar una opinión”. Lo cual,
no significa que el Concepto acepte que estas entidades puedan determinar la
contribución de obra pública respecto de cada contribuyente, sino que pueden emitir
un concepto sobre los aspectos del tributo, en caso de ser necesario. En todo caso,
se reitera que, el criterio jurisprudencial unificado señala que la competencia para
determinar la contribución sobre entidades nacionales, como Ecopetrol S.A., recae
sobre la DIAN.

Por lo anterior, no prospera el cargo para la demandante.

6. Decisión

De conformidad con lo expuesto, la Sala confirmará la sentencia de primera
instancia.

Finalmente, en esta instancia no habrá condena en costas o expensas del proceso
en esta instancia, en razón a que en el proceso no se comprobó su causación como
lo exige el numeral 8º del artículo 365 del Código General del Proceso, norma
aplicable por remisión expresa del artículo 188 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
de Colombia y por autoridad de la ley.

FALLA

1. Rechazar de plano la solicitud de nulidad presentada por la parte demandante.

2. Confirmar la sentencia apelada.

3. Sin condena en costas.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al tribunal de
origen. Cúmplase.

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Demandante: Ecopetrol S.A.

La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA

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