Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2018-00591-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2018-00591-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 25000-23-37-000-2018-00591-01
Consejero ponente: Wilson Ramos Girón
9 de abril de 2025
Radicado: 25000-23-37-000-2018-00591-01 (26175)
Demandante: Pablo Enrique Zamora Rodríguez
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN
Bogotá, D.C., nueve (9) de abril de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-37-000-2018-00591-01 (26175)
Demandante: Pablo Enrique Zamora Rodríguez
Demandado: UGPP
Temas: Aportes 2014. Ingreso base de cotización de los trabajadores por
cuenta propia.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación1 interpuesto por la demandante contra la
sentencia del 27 de noviembre de 2020, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, que decidió2:
“Primero. Niéganse las pretensiones de la demanda por las razones expuestas en la considerativa.
(…)”
ANTECEDENTES
Actuación administrativa
Mediante la Liquidación Oficial RDO-2017-00598, del 29 de abril de 2017, la demandada
determinó los aportes al Sistema de Protección Social (en adelante, SPS) del actor en
los subsistemas de salud y pensiones durante el período comprendido entre el 01 de
enero y el 31 de diciembre de 2014 e impuso sanción por omisión. Tras recurrirse la
decisión3, esta fue modificada parcialmente a través de la Resolución RDC 179, del 07
de mayo de 2018, en el sentido de disminuir el ingreso base de cotización (en adelante,
IBC) del mes de enero y confirmar la base imponible de los períodos restantes, lo cual
redujo la cuantía de la multa. Así, el monto definitivo de los aportes a los subsistemas de
salud y pensiones correspondió a $56.162.000 y la sanción ascendió a $112.324.4004.
Demanda
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en
el artículo 138 del CPACA (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Ley 1437 de 2011), el demandante formuló las siguientes pretensiones5:
1 Samai CE, índice 3, certificado 02E3A78FEAB7D2E2 03C99D2F7FF83C9D AB170084D1EA5A41 F2A9E2688706E9DE (pdf), p. 1 a 2.
2 Samai CE, índice 2, certificado FB580D62A435E68A 89A2447E6F52EE79 A81005EFA313B14F 1462E49A51211B87 (zip), 3 (pdf), pp. 1 a
50.
3
La Sala destaca que con el Auto ADC-2017-00463, del 09 de agosto de 2017, la UGPP inadmitió el recurso de reconsideración por
interponerse en forma extemporánea. Sin embargo, en el marco de una acción de tutela identificada con el radicado 11001-33-37-042-2017-
00252-01, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca (Sección Tercera, Subsección C, MP: Fernando Iregui Camelo) amparó el derecho al
debido proceso del actor y ordenó a la Administración tener por oportuna la impugnación. Por ende, a través de la Resolución RDC 107, del
26 de marzo de 2018, la entidad revocó el Auto ADC-2017-00463 y, en su lugar, admitió el recurso.
4
Samai CE, índice 2, certificado 80FC356B0ABB268B 6B792D97EEAF8A67 E737354C12B2028A BDD7BD53145D3739 (zip), 13 y 19 pp. 1
a 18.
5 Samai CE, índice 2, certificado AD4036032F000D08 4FF3C5E2F9F126D6 F94C4F6611E61CB4 BDFC5E839BF2767C (pdf), p. 7.
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Demandante: Pablo Enrique Zamora Rodríguez
Primera. Declarar la nulidad de Liquidación Oficial RDO-2017-0598 del 29 de abril de 2017 y la
Resolución que resolvió el recurso de reconsideración RDC-179 del 07 de mayo de 2018.
Segunda. Como consecuencia de la anterior declaración, … dejar [las] resoluciones sin efectos …
Tercera. Que en caso de no tener en cuenta las anteriores solicitudes, de forma subsidiaria y
conforme a la aplicación recta de la ley y la justicia se coteje la información de forma correcta y
realice las respectivas correcciones conforme a la información reportada, ajustando los valores del
Ingreso Base de Cotización -IBC- realmente devengados en el año 2014.
(…)
Invocó como vulnerados los artículos 2, 6 y 29 de la Constitución; 137 del CPACA; y 179
de la Ley 1607 de 2012, bajo el siguiente concepto de violación:
Defendió la configuración de la falsa motivación porque los hechos referidos en la
decisión eran inexistentes o, en caso contrario, fueron calificados de forma errónea desde
una perspectiva jurídica, en cuyo caso la demandada persiguió una finalidad diferente a
la prevista por el legislador. Tras lo anterior, resaltó que el debido proceso implicaba la
posibilidad de objetar las pruebas y decisiones, así como la ponderación de sus efectos
y la revisión de las posibilidades económicas y financieras de cada contribuyente, más
aún cuando sufrió daños económicos irreparables con la ejecución de los actos
administrativos. Criticó que la demandada aplicó su facultad sancionadora de manera
desproporcionada y violó el ordenamiento y la Constitución, pues no tuvo en cuenta el
derecho a controvertir y aportar o solicitar pruebas para aclarar los hechos base de la
decisión. Por otra parte, subrayó una interpretación o aplicación errónea de la ley por la
imposición de sanciones inexistentes y sin soporte jurídico. Luego, presentó el siguiente
concepto de violación6:
-(…) Nulidad (…) por infracción de las normas en que deberían fundarse. Adujo que en
2014 no existía un sistema de presunción de ingresos para los independientes con
contrato diferente a prestación de servicios y/o rentistas de capital, conforme lo advirtió
el Concepto 164487 de 2014 del Ministerio del Trabajo, el cual precisó que el Gobierno
reglamentó un sistema de presunciones de ingresos con base, entre otras cosas, en la
información sobre actividades económicas (Ley 1122 de 2007). Citó el artículo 204 de la
Ley 100 de 1993 -que previó la reglamentación de un sistema de presunción de ingresos-
y manifestó que el inciso segundo del artículo 18 de la Ley 1122 de 2007 intentó «sin
éxito» regular el IBC de los independientes con ingresos distintos a contratos de
prestación de servicios, pues «avanzó» en establecer que la base gravable de los
contratistas por prestación de servicios dependía de la reglamentación del sistema de
presunción de ingresos. Sin embargo, tal disposición fue derogada por el artículo 267 de
la Ley 1753 de 2015, cuyo artículo 135 fue precisado mediante el Concepto UGPP
201511200601631 de 2015. Así, sostuvo que solo desde el 09 de junio de 2015 existía
un sistema de presunción de ingresos para rentistas de capital y trabajadores por cuenta
propia. No obstante, la demandada pretendía aplicar retroactivamente tal disposición, lo
cual desatendía la vigencia futura de las normas tributarias y su excepcional aplicación
retroactiva en casos de favorabilidad. Reivindicó que el prorrateo de los ingresos
«declarados» en los 12 meses del año investigado demostró la ausencia de pruebas,
argumentos, y de un estudio «verídico» de su actividad generadora de renta, de modo que
las decisiones le endilgaron sin fundamento una conducta desproporcionada e irreal.
-Indebida conformación del IBC. Afirmó que la demandada aplicó un sistema de
presunción de ingresos «incorrecto» que solo consideró y prorrateó los ingresos de la
declaración de renta del 2014 -$935.226.000- en los 12 meses del año, lo cual contrarió
6 Samai CE, índice 2, certificado AD4036032F000D08 4FF3C5E2F9F126D6 F94C4F6611E61CB4 BDFC5E839BF2767C (pdf), pp. 15 a 31.
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Demandante: Pablo Enrique Zamora Rodríguez
la ley, porque no obtuvo los señalados valores con esa periodicidad. Cuestionó que su
contraparte no valoró los costos y gastos declarados y calculó la base gravable sobre el
100% del supuesto valor mensualizado, sin establecer la norma aplicable para determinar
la base mínima o máxima de cotización, por lo cual inobservó que el IBC de los
trabajadores independientes, distintos a los contratistas por prestación de servicios, era
determinado sobre «los ingresos efectivamente percibidos» mensualmente, sin perjuicio de
indicar que la base imponible era el 40% del « valor mensualizado» una vez detraídas las
«expensas y gastos», sin ser inferior a 1 smlmv ni superior a 25 smlmv. Igualmente, acotó
que no debía contribuir al SPS en los meses donde demostrara expensas superiores a
sus ingresos.
Indicó que la actuación oficial vulneró sus derechos, en la medida en que aplicó en forma
«autónoma y abusiva» una metodología de presunción de ingresos no vigente en el periodo
fiscalizado, pues solo con la expedición de la Ley 1753 de 2015 se estableció la forma
de calcular la presunción de ingresos para los independientes rentistas de capital y por
cuenta propia.
Mencionó que la Administración no analizó toda la información de la declaración de renta,
la cual estaba en firme y, por ende, no había lugar a desconocer la renta líquida allí
determinada. En particular, subrayó que los ingresos reportados en su denuncio
ascendieron a $935.226.000 y correspondían a «servicios de transporte terrestre de pasajeros y
arrendamientos», así: (i) «honorarios, comisiones y servicios» por $858.758.000; (ii) «intereses y
rendimientos financieros» en cuantía de $471.000; y (iii) « otros (ventas, arrendamientos, etc.)»
equivalentes a $75.997.000. Afirmó que la declaración de renta solo era un instrumento
que demostraba ingresos a efectos de perjudicar a los obligados, pues su contenido no
fue valorado en forma integral. Al respecto, reiteró que no percibió en forma mensual las
sumas determinadas en la liquidación oficial y recalcó los costos y gastos declarados,
propios de su actividad, los cuales no fueron tenidos en cuenta por la Administración.
Del mismo modo, expuso que su contraparte no consideró que su actividad económica
era el «transporte de pasajeros», pues era propietario de 3 vehículos «tipo bus» y, en
consecuencia, suscribió contratos de vinculación con Expreso Brasilia S.A. en los
términos del artículo 37 del Decreto 174 de 2001. Precisó que tales convenios contenían
las obligaciones, derechos y prohibiciones de las partes, así como las «autorizaciones de
descuentos» y «responsabilidad de pago de costo y gastos». Explicó que, en virtud del citado
contrato, entregó en administración sus vehículos a la sociedad transportadora para
desarrollar su actividad económica. Resaltó que el servicio del transporte implicaba
erogaciones por nómina, prestaciones sociales de los conductores, peajes, alojamiento,
parqueaderos, combustible, reparaciones, mantenimiento, lubricantes, SOAT, cuotas del
crédito de compra del vehículo y seguros todo riesgo, los cuales estaban a su cargo, de
acuerdo con el contrato de vinculación, pues en el mismo se autorizó a Expreso Brasilia
S.A. a descontar tales erogaciones «cada vez que hubiera lugar a su pago», de ahí que la
sociedad transportadora profería un extracto quincenal que discriminaba los rubros
cobrados y pagados por cada concepto; documento que era la prueba idónea para
demostrar tanto los ingresos como los gastos incurridos en la vigencia fiscalizada.
Por otra parte, señaló que tomó un inmueble en arriendo para explotarlo económicamente
en Saldaña (Tolima), de manera que incurrió en expensas asociadas a «honorarios de
empleados, reparaciones, sembrados, etc.». Con base en el artículo 596 del Estatuto Tributario
(ET) narró que la finalidad de la declaración de renta era determinar la base gravable de
ese impuesto y no el IBC para aportes al SPS. Finalmente, solicitó recalcular la base
imponible de su obligación al tenor de las pruebas incorporadas en la demanda.
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Demandante: Pablo Enrique Zamora Rodríguez
-Falsa motivación. Alegó que la autoridad expidió los actos en forma errónea, porque no
analizó las circunstancias de modo y lugar que originaron su renta, las características del
tipo de independiente ni la información de la declaración de renta -costos y gastos-, por
lo que determinó un IBC incorrecto. A tales efectos, censuró la calificación de «rentista de
capital», dado que sus actividades correspondían a las de un « trabajador por cuenta propia»
(Ley 1607 de 2012). Replicó la definición del artículo 329 del ET (vigente al momento de
los hechos) y los requisitos del artículo 3 del Decreto 3032 de 2013, que acreditó en su
totalidad porque cumplió los «topes» de patrimonio, ingresos, renta gravable y prestó el
servicio por su cuenta y riesgo, razón por la cual debían descontarse los costos y gastos
de la operación y calcular el IBC sobre la utilidad. Advirtió que la autoridad no tuvo en
cuenta el renglón 50 de la declaración de renta del 2014 -costos propios de la actividad
económica- y tampoco examinó la renta líquida, pese a que los aportes debían calcularse
sobre tal concepto. Aseveró que del artículo 135 de la Ley 1753 de 2015 no se desprendía
la metodología para la presunción de ingresos ni la competencia de la demandada para
establecerla, de tal suerte que la actuación era ilegal. Por último, expuso que los actos
solo señalaron normas «favorables» al extremo pasivo sin profundizar en la controversia,
lo cual vulneró el debido proceso y la necesidad de motivar las decisiones.
Contestación de la demanda
La demandada se opuso a las pretensiones de la actora7 y solicitó condenarla en costas,
dado que sus decisiones observaron el ordenamiento, los hechos que la motivaron, y su
contraparte no desvirtuó la legalidad de los actos, dado que sus cargos eran infundados
y el despliegue probatorio insuficiente. Presentó una «sensibilización frente a la obligatoriedad
de afiliación y pago de aportes al sistema» » en la que destacó la irrenunciabilidad al derecho
fundamental a la seguridad social (art. 48 de la Constitución), en desarrollo de lo cual fue
expedida la Ley 100 de 1993 con la finalidad de introducir un sistema unificado de
seguridad social para brindar una cobertura integral y fortalecer la sostenibilidad
financiera del sistema; también resaltó los principios del artículo 2 de la Ley 100 de 1993
-eficiencia, universalidad y solidaridad-, así como el entendimiento judicial de este último,
y anotó que para el logro de los objetivos del sistema se expidió la Ley 789 de 2002,
cuya finalidad era ampliar la protección social, y para su efectividad se establecieron las
contribuciones parafiscales, esto es los aportes a la seguridad social en salud, pensiones,
riesgos laborales, entre otros. Luego, desarrolló su oposición, conforme se resume a
continuación:
-(…) Infracción de las normas en que deberían fundarse. Defendió que la liquidación
oficial observó las normas vigentes en 2014. Descartó la «aplicación retroactiva» de la Ley
1753 de 2015, porque sus actos no aludieron a esa norma y, según el «archivo Excel anexo»,
el cálculo del IBC se fundamentó en los artículos 15 de la Ley 100 de 1993, 3 de la Ley
797 de 2003 y 1 del Decreto 510 de 2003. Así, planteó que para el periodo investigado
existían disposiciones para el pago de aportes al SPS en el período investigado, y
defendió la aplicación de los preceptos para los independientes con contratos distintos a
la prestación de servicios sin presumir ingresos, pues consultó la declaración de renta.
-Indebida conformación del IBC. Reiteró la observancia del Decreto 510 de 2003 y demás
normas concordantes, de ahí que calculó el IBC sobre los ingresos percibidos. Rechazó
la argumentación en torno a no haber considerado la actividad productora del
demandante, pues desde el inicio de la investigación garantizó las oportunidades
procesales para que el aportante allegara sus soportes de ingresos, costos y gastos, así
como los balances financieros y contables certificados por contador público. Luego, adujo
que los trabajadores independientes con capacidad de pago eran aportantes obligatorios
7 Samai CE, índice 2, certificado 593378EEE93D7767 A8EA6C0378CE6DA9 9E92773CA3430DCA D524CC8FB2877B62 (pdf), pp. 1 a 15.
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al SPS y afirmó que la Corte Constitucional fue clara en descartar la configuración de un
«defecto técnico» por otorgarle a tales sujetos la calidad de «trabajadores», pues la expresión
incluía a todas las personas económicamente activas. Precisó que, según la liquidación
oficial, el actor no allegó soportes ni pruebas que permitieran la verificación de los gastos
incurridos en desarrollo de la actividad de transporte, que cumplieran lo previsto en el
artículo 107 del ET.
Igualmente, subrayó que la resolución de reconsideración determinó que, si bien el
demandante no estuvo vinculado por contrato de trabajo, prestación de servicios y/o
como servidor público, este obtuvo ingresos por la actividad ejecutada por cuenta propia,
de ahí que tenía la calidad de «rentista de capital» y debía cotizar sobre los ingresos luego
de deducir las expensas incurridas en la ejecución de su operación (art. 107 del ET). A
continuación, precisó que analizó y aceptó algunas de las pruebas remitidas por el
contribuyente, pero los ingresos superaron el tope máximo del IBC, de manera que su
cálculo no fue arbitrario. Finalmente, cuestionó que el obligado alegara su propia culpa
en su defensa, al no haber aportado los medios probatorios pertinentes en la fiscalización,
y desmintió la falta de valoración a los documentos entregados, puesto que tal
información fue analizada en la resolución que resolvió el recurso de reconsideración.
-Falsa motivación. Se opuso a su configuración, dada la motivación que fue incorporada
en la liquidación oficial y en «el archivo Excel adjunto al mismo en medio magnético», los cuales
eran complementarios y explicaban los ajustes y razones que los soportaron. Expuso que
debía partirse de la liquidación, en vista de que esta plasmaba las normas que
fundamentaban las obligaciones con el SPS y su forma de cumplirla. Luego, era
necesario acudir al «documento Excel» para evidenciar la materialización de tales
disposiciones. Defendió que ambos documentos contenían una «motivación completa»,
pues fueron detallados y argumentaron los motivos de rechazo o aceptación. Por ende,
cualquier falta de entendimiento al «archivo adjunto» -Excel- obedeció a la falta de atención
de las indicaciones contenidas en las decisiones por parte del demandante, que no a la
falta de motivación.
Sentencia apelada
El tribunal negó las pretensiones de la demanda8. Precisó que los trabajadores
independientes debían afiliarse al subsistema de pensiones y cotizar sobre los ingresos
efectivamente percibidos, entendidos como las sumas obtenidas para su beneficio
personal, de los que podían deducirse las expensas incurridas para desarrollar la
actividad si cumplían los requisitos del artículo 107 del ET -siendo la base mínima 1
smlmv y la máxima 25 smlmv-. Advirtió que, de acuerdo con el artículo 26 del Decreto
806 de 1998, el IBC en salud de los trabajadores independientes debía determinarse
sobre los ingresos que calcularan la EPS acorde con la presunción de ingresos definida
por la Superintendencia de Salud (Resolución 009 de 1996). Con todo, el Decreto 1406
de 1999 fijó que el aporte debía realizarse sobre los ingresos reales si estos superaban
los presuntos, sin perjuicio de aclarar que lo anterior aplicaba cuando la afiliación y
cotización fuera voluntaria, pues en caso contrario regía el artículo 33 de la Ley 1438 de
2011.
Asimismo, destacó que la Corte Constitucional realizó una interpretación amplia de la
expresión «trabajador independiente», la cual comprendía a los rentistas de capital. Señaló
que la obtención de «rentas pasivas» por la entrega en administración de 3 buses, hacía
«innegable» la condición de rentista de capital del actor, pues dicha categoría cubría a las
8 Samai CE, índice 2, certificado FB580D62A435E68A 89A2447E6F52EE79 A81005EFA313B14F 1462E49A51211B87 (zip), 3 (pdf), pp. 1 a
50.
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personas naturales que recibían ingresos por la explotación económica de bienes o
activos, de ahí que la citada clasificación resultaba acertada.
Frente a la falsa motivación por la aplicación retroactiva del sistema de presunción de
ingresos para rentistas de capital (art. 135 de la Ley 1753 de 2015), reconoció que la
norma solo rigió desde el 09 de junio de 2015; sin embargo, esto no significaba que con
anterioridad no pudiera exigirse a tales trabajadores los aportes al SPS, pues tal
obligación se remontaba al surgimiento del sistema de seguridad social. Así, consideró
equivocada la posición de la demandante, pues el artículo 204 de la Ley 100 de 1993 -
que previó la reglamentación de un sistema de presunción de ingresos para efectos del
cálculo del IBC de los independientes- pretendía el establecimiento de unas bases
gravables mínimas de tributación que, en todo caso, no podían ser inferiores a los valores
realmente devengados. Destacó que la normativa estipulaba que la base gravable
correspondía a los valores realmente percibidos menos los costos y gastos, previsiones
que eran anteriores a la Ley 1753 de 2015, por lo que descartó la aplicación retroactiva
de tal norma. Subrayó que, ante la falta de suministro de información por parte del
obligado, la demandada utilizó válidamente los valores registrados en su declaración de
renta (art. 33 de la Ley 1438 de 2011) y estableció que el actor estaba obligado a afiliarse
al sistema de seguridad social. En consecuencia, desestimó la falsa motivación.
En relación con la falta de valoración a los soportes de costos y gastos, recordó que los
ingresos del actor fueron determinados a partir de su declaración de renta, de lo que
resultó un IBC equivalente al tope máximo [$15.400.000]. Del mismo modo, acotó que el
contribuyente no respondió el requerimiento de información, ni presentó con el recurso
de reconsideración ninguna prueba relacionada con los costos y gastos alegados, solo
con ocasión de la demanda aportó pruebas por tales conceptos9, de manera que la falta
de entrega del contrato con la empresa Expreso Brasilia impedía analizar sus
condiciones, en especial lo concerniente a la administración de los vehículos, por lo que
no había seguridad de que el demandante cubriera los gastos generados por la
prestación del servicio de transporte, de ahí que era inútil cualquier análisis de las
pruebas allegadas; esto es, «extractos quincenales» sobre los que no había certeza de quién
los expidió, facturas que no relacionaban al demandante ni a la empresa de transporte,
desprendibles de nómina de conductores vinculados, los cuales no permitían determinar
el nexo con el actor, así como peajes mayormente ilegibles. Por su parte, los documentos
comprensibles referían vehículos distintos a los del obligado tributario o tenían fechas
distintas a 2014.
Señaló que el extremo activo debía probar la realidad de los costos y gastos y el
cumplimiento de los requisitos de necesidad, causalidad y proporcionalidad, lo cual no
era posible elucidar a partir de las pruebas aportadas. Por último, desestimó la
certificación de ingresos y retenciones por concepto del impuesto de industria y comercio,
dado que esas expensas no eran deducibles por no corresponder a costos y gastos
incurridos en la actividad productora de renta en los términos del artículo 1 del Decreto
510 de 2003. Igualmente, denegó la aplicación del artículo 115 del ET, porque el litigio
se concretaba en la determinación del IBC del aportante, cuya normativa era especial.
9 La magistrada Carmen Amparo Ponce Delgado se apartó de la decisión mayoritaria del a quo por la falta de valoración de las pruebas
aportados por el actor en sede judicial. Al respecto, precisó que el contenido del artículo 744 del ET no impedía ni limitaba al contribuyente
para remitir en sede judicial nuevas o mejores pruebas a las allegadas en la discusión administrativa, pues en el trámite judicial existía libertad
probatoria para demostrar los hechos que constituían la base de las afirmaciones de las partes (art. 212 del CPACA), de ahí que el fallo debió
analizar tales documentos, más aún cuando el concepto de violación versaba sobre ese punto y, si se aceptaba la idoneidad de las expensas,
debían reliquidarse el IBC y el monto de los aportes al SPS a cargo del demandante.
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Demandante: Pablo Enrique Zamora Rodríguez
Recurso de apelación
La demandante recurrió la decisión del tribunal10 con base en las siguientes «razones»:
-Confusión del tipo de independiente (…). Cuestionó que el a quo estudió al trabajador
independiente por cuenta propia como si se tratara de un rentista de capital. En ese
sentido, reprochó su calificación como «rentista» por ser declarante del impuesto sobre la
renta, firmar un contrato de vinculación de vehículos para el transporte de pasajeros y,
por ello, determinar su obligación sustancial «sobre el tope de los aportes». Al respecto, hizo
hincapié en su condición de «trabajador por cuenta propia», entendido como la persona
natural con medios propios, autonomía técnica, administrativa y directiva que asumía los
riesgos de su actividad para adelantar obras o servicios a favor de terceros. Reprodujo
la definición para tales sujetos del artículo 329 del ET -vigente al momento de los hechos-
así como los requisitos del artículo 3 del Decreto 3032 de 2013, al hilo de esto, insistió
en que, su actividad económica consistía en el transporte de pasajeros mediante tres
vehículos «tipo bus» al servicio de Expreso Brasilia S.A., por lo cual era «un trabajador
independiente diferente al rentista de capital» y debían aceptarse sus soportes de costos o, en
su defecto, aplicar la presunción de costos de la Resolución UGPP 209 de 2020.
-(…) Infracción de las normas en que debían fundarse. Señaló que el artículo 18 de la
Ley 1122 de 2007 reguló la cotización de los contratistas con contrato de prestación de
servicios y determinó que los independientes por cuenta propia -como era su caso-
estaban sometidos a la reglamentación de un sistema de presunción de ingresos. Luego,
el artículo 135 de la Ley 1753 de 2015 estableció que el IBC de los independientes por
cuenta propia era del 40% del valor mensualizado de los ingresos, al que podían
detraerse las expensas incurridas en la ejecución de las actividades que cumplieran los
requisitos del artículo 107 del E.T. No obstante, ante la ausencia de la reglamentación al
sistema de presunción de ingresos para tales trabajadores, reclamó que, el artículo 244
de la Ley 1955 de 2019 previó que la demandada debía determinar un esquema de
presunción de costos en atención a datos estadísticos de varias autoridades, lo que era
«aplicable para determinar el Sistema de Presunción de ingresos, costos y gastos sobre la actividad
económica desarrollada… para el año 2014», puesto que el proceso de fiscalización inició con
el Requerimiento para Declarar y/o Corregir RCD-1126, del 27 de octubre de 2016, fecha
en la cual el Ministerio de Transporte tenía mecanismos para identificar los costos de los
transportadores a nivel nacional. Sin embargo, al haberse prorrateado sus ingresos en
los 12 meses del año fiscalizado, se demostró la inobservancia al indicado artículo 18 de
la Ley 1122 de 2007, toda vez que no se hizo una presunción de ingresos, según la
actividad económica ni un estudio verídico y exhaustivo de la misma, pues ningún
comerciante obtenía ganancias idénticas en una vigencia, de modo que la Administración
le endilgó una conducta que no observó su realidad y le impuso sin fundamento una
obligación onerosa.
-Indebida conformación del IBC. Adujo que la autoridad estableció un sistema de
presunción de ingresos incorrecto, pues tomó los declarados en el impuesto sobre la
renta del año 2014 por $935.226.000 y, arbitrariamente, determinó que percibió
mensualmente la misma suma ($77.935.500), con el objeto de generar «ajustes
inexistentes» en detrimento de sus intereses. Censuró que el tribunal no revisó la
información del CD aportado con el expediente de fiscalización y, en su lugar, indicó que
los contratos de vinculación suscritos con Expreso Brasilia S.A. no fueron aportados con
la demanda y que, por ello, no era posible determinar si el actor estaba obligado a
efectuar los costos y gastos en su actividad económica. Lo anterior, pese a que «el CD
aportado con la demanda [el cual] contiene copia del expediente de Fiscalización de la UGPP y una carpeta
10 Samai tribunal, índice 24, certificado F86331D0E01D94B3 9B714CA07A52A262 8299C61E1FB5F243 62DB497B30A01A7C (zip), 5 (pdf),
pp. 1 a 15.
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denominada “PRUEBAS”, se encuentran los 4 contratos de vinculación, junto con los documentos del carro
vinculado y la póliza de los automóviles».
Sobre el particular, afirmó que como propietario de 4 buses suscribió tales convenios de
vinculación con Expreso Brasilia S.A. -acorde con el ordenamiento jurídico nacional que
regulaba el servicio público de transporte de pasajeros-, mediante los cuales dicha
empresa se comprometió a administrar los buses.
En ese punto, trajo a colación el artículo 37 del Decreto 174 de 2001, referido a que la
vinculación de un vehículo a una empresa de transporte público significaba la
incorporación del bien a su parque automotor, lo que se oficializaba con la tarjeta de
operación del Ministerio de Transporte y, en el marco de dicha norma, explicó que los
contratos contenían (entre otras cosas) los derechos y obligaciones de las partes,
autorizaciones de descuentos, responsabilidad de pago de costos y gastos. Según los
contratos, Expreso Brasilia S.A. era la encargada de pagar todas las expensas requeridas
en la actividad -por ello muchos de los documentos se encuentran su nombre-,
erogaciones que le eran descontadas del «ingreso producido de los vehículos» y se le
consignaba la «utilidad líquida [a tales efectos insertó la imagen de las cláusulas tercera y
cuarta de los contratos]. Seguidamente, afirmó que el servicio de transporte de pasajeros
implicaba la asunción de multiplicidad de costos y gastos por concepto de nómina y
prestaciones sociales de los conductores de los vehículos, peajes, alojamientos,
parqueaderos, combustibles, reparaciones, mantenimiento, SOAT, cuotas del crédito de
adquisición del vehículo, seguros e impuestos; entre otros, los cuales debían asumirse
por el demandante, quien autorizó de forma expresa a la empresa transportadora su
descuento (cláusula sexta ibidem).
Reiteró que, el descuento se contabilizaba en su «cuenta» y era restado del «producido»,
lo cual se reflejaba en un extracto quincenal que expedía la empresa administradora y
discriminaba los costos y gastos, el valor de la administración descontada por la empresa
de transporte y su «utilidad líquida», por lo que dicho documento era la prueba idónea para
demostrar el valor de sus ingresos y costos mensuales. Frente a su contenido, elaboró
dos tablas, una con el valor de los costos por vehículo [en cuantía de $1.016.848.644] y
otra con las erogaciones por mes de los «gastos de combustibles, peajes, mantenimiento de
vehículos, pago de seguros, honorarios, conductores, fletes, reparaciones, repuestos, retenciones en la
fuente, etc.», así: (i) enero: $31.577.520; (ii) febrero: $24.976.325; (iii) marzo: $34.609.539;
(iv) abril: $29.491.982; (v) mayo: $27.134.953; (vi) junio: $28.539.420; (vii) julio:
$32.406.109; (viii) agosto: $31.878.398; (ix) septiembre: $31.240.216; (x) octubre:
$36.163.240; (xi) noviembre: $28.928.533; y (xii) diciembre: $26.476.911.
En virtud de lo expuesto, concluyó que la conducta de la Administración y el a quo afectó
su patrimonio y el debido proceso, pues no estaba obligado a efectuar aportes al SPS
«por el tope de los aportes del año 2014», dado que su utilidad no correspondía al IBC
determinado por la demandada, de modo que su contraparte aplicó de manera «autónoma
y abusiva» una metodología de ingresos, lo cual era ilegal, ya que en la vigencia 2014 no
existía la forma de calcular la presunción de ingresos para los independientes rentistas
de capital y por cuenta propia.
De igual forma, expresó que la entidad valoró su declaración de renta en forma sesgada,
en la medida que no tuvo en cuenta la totalidad de la información allí contenida y, en
idéntico sentido, no escuchó sus argumentos en sede administrativa. Por otra parte,
aunque reconoció que su denuncio rentístico era una prueba de ingresos, esta tenía
efectos en materia de impuesto de renta y no en la determinación de los aportes al SPS.
Adujo que, como el tribunal no valoró el acervo probatorio, por lo que, el fallo debía
revocarse y, en su lugar, ordenar a la demandada valorar sus «nuevas pruebas» y recalcular
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su obligación. En forma subsidiaria, reclamó que, en virtud del principio de favorabilidad,
se aplicara el esquema de presunción de costos de la Resolución UGPP 209 de 2020.
Alegatos de conclusión
La demandada11 solicitó confirmar la sentencia y reiteró los argumentos expuestos en la
contestación. El actor12 insistió en sus cargos de apelación y, con base en decisiones de
la Sala, defendió la posibilidad de aportar nuevas pruebas en sede judicial.
Finalmente, el ministerio público13 consideró que debía confirmarse la decisión, pues no
evidenció la falsa motivación ni el desconocimiento de las normas superiores alegadas
por el contribuyente. Afirmó que todos los elementos de la «obligación parafiscal» de los
trabajadores independientes estaban definidos en la ley para el año 2014. Luego,
reprodujo la definición de rentista de capital y sostuvo que el actor tenía dicha calidad,
porque recibió rentas pasivas por la entrega en administración de tres buses a Expreso
Brasilia S.A. Respecto del desconocimiento de costos y gastos, destacó la ausencia de
los contratos de vinculación celebrados con la empresa transportadora, de ahí que no
podía establecerse la existencia de expensas. Asimismo, desestimó la aplicación del
sistema de presunción de costos, en la medida en que no se acreditó la existencia de
erogaciones.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
1- Juzga la Sala la legalidad de los actos acusados atendiendo los cargos de apelación
planteados por el demandante, en calidad de apelante único, contra la sentencia de
primera instancia que negó las pretensiones de la demanda.
Problemas jurídicos
Corresponde a la Sección definir: (i) si en el año 2014 la UGPP aplicó una presunción de
ingresos que no correspondía a lo previsto por el Gobierno, conformando indebidamente
el IBC, pues tomó los ingresos de la declaración de renta y los distribuyó mensualmente
en partes iguales, lo que no atendió la actividad económica ni realidad del obligado; (ii) si
la clasificación del actor como «rentista de capital» fue errónea y, por ello, su obligación fue
determinada «sobre el tope de los aportes», cuando en realidad tenía la calidad de trabajador
por cuenta propia y debían reconocérsele los costos y gastos de su actividad y (iii) si el
tribunal incurrió en una falta de valoración de las pruebas aportadas en sede judicial,
entre ellas los contratos de vinculación de los vehículos de transporte de pasajeros con
la sociedad Expreso Brasilia S.A. y, en ese contexto, si la declaración de renta fue
valorada de forma sesgada por no considerarse la totalidad de su contenido.
En forma previa, la Sala advierte que no se pronunciará sobre el cargo propuesto bajo el
título «infracción de las normas en que debían fundarse», en lo atinente a que ante la ausencia
de la reglamentación de presunción de ingresos, prevista en el artículo 18 de la Ley 1122
de 2007, al que debían sujetarse los independientes por cuenta propia, reclamó la
aplicación del artículo 244 de la Ley 1955 de 2019 para determinar el Sistema de Presunción de
ingresos, costos y gastos sobre la actividad económica desarrollada… para el año 2014», al haberse
iniciado la fiscalización con el requerimiento para declarar y/o corregir del 27 de octubre
de 2016; oportunidad para la cual el Ministerio de Transporte tenía mecanismos para
identificar los costos de los transportadores a nivel nacional. Esto porque advierte la Sala
que, tal argumento es ajeno a lo que fue discutido en la actuación administrativa, por el
11
Samai CE, índice 28, certificado 91328A52F2D2C042 C8A02F2A22602E51 2AF80A2A406A4C05 A8821FF4B259B653 (pdf), pp. 3 a 5.
12 Samai CE, índice 27, certificado 98AFAED717A854DA 868B6DE9045EA27E 0C6F5F274E8701EE 8A79800FF9F2214A (pdf), pp. 1 a 16.
13 Samai CE, índice 18, certificado 41000E6775B2D626 09822E2B7051B963 EBE28D4720E4E33B A2A5D55E3D28B552 (pdf), pp. 1 a 12.
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contrario, el actor defendió la prueba de los costos efectivamente incurridos en los meses
fiscalizados, de modo que tal asunto es ajeno a lo discutido e implicaría una nueva
controversia en una etapa procesal tardía.
Adicionalmente, la Sección observa que la impugnación no presentó argumentos
específicos contra la sanción por omisión, pues la mención a la multa en el recurso de
apelación fue residual y se enmarcó en los reclamos por la determinación del IBC, razón
por la que no se efectuará un análisis independiente, al margen de que una eventual
modificación al monto de los aportes al SPS a cargo del actor, incida en su cuantificación.
Frente a las consideraciones del apelante en sus alegatos de conclusión sobre la
posibilidad de aportar «nuevas pruebas en sede judicial», la Sala destaca que el auto del 13
de agosto de 2020, mediante el cual el tribunal prescindió de la audiencia inicial e
incorporó pruebas, se integró al trámite «como pruebas con el valor legal que les corresponde las
documentales que obran en los folios 30 a 37 del cuaderno principal, allegadas con la demanda »,
decisión que adquirió ejecutoria, por lo que las pruebas aportadas con la demanda hacen
parte del expediente judicial y, en consecuencia, serán analizadas en esta instancia.
Análisis del caso concreto
2- En torno al primer de los problemas jurídicos, el apelante adujo que los trabajadores
independientes por cuenta propia estaban sometidos a la reglamentación de un sistema
de presunción de ingresos según el artículo 18 de la Ley 1122 de 2007 y, más adelante,
el artículo 135 de la Ley 1753 de 2015 estableció el IBC para tales sujetos, por lo que no
podía aplicarse en 2014 un sistema de presunción de ingresos para los independientes
con contrato diferente al de prestación de servicios y/o rentistas de capital, consistente
en prorratear en los 12 meses del año los ingresos declarados en la renta de la vigencia
2014, pues esto infringía el citado artículo 18 de la Ley 1122 de 2007 en tanto no se
consagraba una presunción de ingresos para su actividad económica ni un estudio
verídico y exhaustivo de la misma, amén que ningún comerciante obtenía ganancias
idénticas en un año.
A su turno, la demandada afirmó que para determinar el IBC observó los artículos 15 de
la Ley 100 de 1993, 3 de la Ley 797 de 2003 y 1 del Decreto 510 de 2003, de manera
que no era cierto que para el periodo fiscalizado no existieran normas para el pago de
aportes al SPS. Alegó haber aplicado las disposiciones vigentes para los independientes
distintos a los contratistas por prestación de servicios. Igualmente, sostuvo que no
presumió los ingresos del aportante, puesto que consultó su declaración del impuesto de
renta.
Por su parte, el a quo manifestó que la interpretación del actor relativa al sistema de
presunción de ingresos fue equivocada (artículo 204 de la Ley 100 de 1994), pues su
propósito era establecer bases mínimas de tributación para los trabajadores
independientes, lo que en todo caso no podía ser inferior a los valores realmente
devengados por estos. Además, la normativa estipulaba que la base imponible
correspondía a los valores realmente recibidos menos los costos y los gastos, previsiones
que eran anteriores a la Ley 1753 de 2015, respecto de la cual precisó que, no podía
aplicarse retroactivamente.
2.1- Como el debate propuesto por la apelante es, en esencia, la inexistencia de la base
gravable para el cálculo de los aportes al SPS de los trabajadores por cuenta propia -que
se enmarca como un tipo de trabajador independiente14, así como la improcedencia de
14 Sentencia del 09 de mayo de 2024 (exp. 26207, CP: Wilson Ramos Girón).
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prorratear los ingresos declarados en renta, es pertinente reiterar el criterio de la Sección
contenido -entre otras- en las sentencias del 14 de septiembre de 2023, 07 y 15 de marzo
de 2024 (exps. 26001, 26882 y 27862, CP: Myriam Stella Gutiérrez Argüello) y del 08 de
febrero de 2024 (exp. 27094, CP: Wilson Ramos Girón), acorde con el cual «para el año
gravable 2014 los trabajadores independiente distintos a aquellos que cuentan con un contrato de
prestación de servicios (…) sí cuentan con una base determinada por el ordenamiento jurídico»,
entendimiento que fue confirmado recientemente por esta corporación a través de las
sentencias del 04 de abril y 26 de junio de 2024 (exps. 28342 y 28302, CP: Myriam Stella
Gutiérrez Argüello).
En cuanto al IBC para el subsistema de pensiones, este se encuentra definido en los
artículos 15 y 19 de la Ley 100 de 1993 -modificados por los artículos 3 y 6 de la Ley 797
de 2003-. Al respecto, la primera norma previó que la base imponible de los trabajadores
independientes no podía ser inferior al salario mínimo; es decir, la disposición «presupone
la existencia de un ingreso efectivo por parte del trabajador independiente para hacer obligatoria su
cotización», tal como lo precisó la Corte Constitucional en la sentencia del 19 de noviembre
de 200315. Por su parte, el artículo 1916 ibidem, modificado por el artículo 6 de la Ley 797
de 2003, sostuvo que, tratándose de trabajadores independientes no vinculados
mediante contrato de prestación de servicios, la base de cotización sería «los ingresos que
declaren ante la entidad a la cual se afilien, guardando correspondencia con los efectivamente percibidos».
Por su parte, el artículo 1 del Decreto 510 de 2003, que reglamentó el artículo 15 de la
Ley 100 de 1993, definió como ingresos efectivamente percibidos «aquellos que el afiliado
recibe para su beneficio personal. Para este efecto, podrán deducirse las sumas que el afiliado recibe y
que debe erogar para desarrollar su actividad lucrativa en las mismas condiciones previstas por el artículo
107 del ET». De conformidad con lo anterior, las providencias reiteradas precisaron que, si
bien el inciso primero del artículo 1 del decreto en mención hace referencia -inicialmente-
a las personas naturales con contratos de prestación de servicios, lo cierto es que lo
pretendido fue reglamentar el artículo 15 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo
3 de la mencionada Ley 797 «el cual como se citó anteriormente, hace referencia a los trabajadores
independientes y a los ingresos efectivamente percibidos, de ahí́ que lo dispuesto en el reglamento cobija
a todos los trabajadores independientes sean o no contratistas».
Frente al IBC en el subsistema de salud, la Sala señaló que el parágrafo 2 del artículo
204 de la Ley 100 de 1993 conminó al Gobierno a reglamentar un sistema de presunción
de ingresos para la determinación de la base imponible de los trabajadores
independientes, el cual debía basarse en información sobre el nivel de educación,
experiencia laboral, actividades económicas, región de operación y patrimonio de los
individuos. En cumplimiento de lo anterior, el artículo 4 del Decreto 1070 de 1995 otorgó
competencia a la Superintendencia Nacional de Salud para establecerlo, lo cual derivó
en la expedición de la Resolución 9 de 1996.
Posteriormente, el artículo 66 del Decreto 806 de 1998 -vigente para el 2014- determinó
que la base de cotización de los trabajadores independientes se determinaba sobre los
ingresos calculados por la EPS según el sistema de presunción de ingresos definido por
la Superintendencia de Salud y, en ningún caso, dicho monto podía ser inferior al 12%
de 2 salarios mínimos, legales y mensuales vigentes. A su turno, el artículo 25 del Decreto
1406 de 1999 fijó que, al momento de afiliación, las EPS debían aplicar cuestionarios a
los trabajadores independientes para determinar «las bases presuntas mínimas de los aportes
que dichos trabajadores deben efectuar al SGSSS», sin perjuicio de reconocer que cuando los
«ingresos reales» del aportante fueran superiores a los que resultaran de la aplicación de
las presunciones, «los aportes de dicho trabajador deben hacerse sobre los ingresos reales».
15
Corte Constitucional, C-1089/03, MP: Álvaro Tafur Galvis.
16 El cual fue declarado exequible por la Corte Constitucional mediante la sentencia del 03 de diciembre de 2008 (rad. C-1196/08, MP: Marco
Gerardo Monroy Cabra) «exclusivamente por el cargo referido» en dicha providencia.
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Además, la Sección ha subrayado la presunción de capacidad de pago e ingresos de la
Ley 1438 de 2011, el artículo 33, acorde con la cual, la declaración de renta es un
indicador de ingresos que evidencia «capacidad de pago y la obligación de aportar al sistema»,
esto con independencia de la existencia de un sistema de presunción de ingresos.
Así, la Sala concluyó que, que el IBC de los trabajadores independientes sin contrato de
prestación de servicios «tanto para salud como para pensión se compone de los ingresos percibidos
por el trabajador independiente, teniendo límites de cotización inferior y superior (entre 1 y 25 smlmv), y en
todo caso, el mismo legislador ha señalado que estos deben corresponder a los ingresos reales, de ahí
que aun cuando se haya cotizado bajo ingresos presuntos o se omitiera la obligación, deben ajustarse a
los declarados ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN)».
2.2- Pues bien, aplicando el indicado criterio de la Sección al caso concreto, resulta
forzoso concluir que el IBC de los trabajadores independientes distintos a los
independientes con contrato de prestación de servicios, se encontraba suficientemente
determinado para el año gravable 2014, lo que incluía la reglamentación del sistema de
presunción de ingresos a que hace referencia el demandante, solo que en su caso no
tuvo aplicabilidad, porque sus ingresos reales fueron determinados con fundamento en
la declaración del impuesto sobre la renta, esto es, a partir de los ingresos denunciados
por el propio sujeto pasivo, lo que se suyo descarta que se trate de una presunción de
ingresos. No prospera el cargo de apelación.
3- Definido lo anterior, corresponde resolver el segundo problema jurídico, atinente a si
la clasificación del demandante como «rentista de capital» fue errónea por tratarse de un
«trabajador por cuenta propia», dado que cumplía los artículos 329 del ET -vigente al
momento de los hechos- y 3 del Decreto 3032 de 2013, de ahí que podía deducir las
expensas de su actividad para el cálculo de su IBC. Al respecto, el actor reprochó su
calificación como «rentista» por la presentación de su declaración de renta o la celebración
de un contrato de vinculación de vehículos para el transporte de pasajeros y, por ello,
habérsele determinado su obligación «sobre el tope de los aportes» al SPS.
En oposición a lo anterior, la Administración sostuvo que el IBC atendió el Decreto 510
de 2003, pues este fue calculado sobre la totalidad de los ingresos percibidos. Asimismo,
subrayó que desde el inicio de la investigación garantizó las oportunidades procesales
para que el aportante allegara tanto sus soportes de ingresos, costos y gastos como los
balances financieros y contables certificados por contador público, los cuales no fueron
remitidos. Defendió que su contraparte era «rentista de capital» y debía cotizar sobre sus
ingresos depurados con las expensas incurridas en la ejecución de su operación (art. 107
del ET). Aclaró que, sin perjuicio de admitir algunas pruebas remitidas por el
contribuyente, los ingresos superaron el tope máximo del IBC. Por su parte, el tribunal
afirmó que el obligado obtuvo «rentas pasivas» por la entrega en administración de 3 buses,
así que era «innegable» su condición de rentista de capital, porque tal categoría cubría a
las personas naturales que recibían ingresos por la explotación económica de activos.
3.1- Para dilucidar el debate planteado, resulta muy relevante señalar que mediante
sentencia C-578 de 2009 (MP: Juan Carlos Henao Pérez), la Corte Constitucional definió
al trabajador independiente como «toda persona natural que ejerce personal y directamente una
profesión, oficio o actividad económica, con o sin trabajadores a su servicio, sin sujeción a contrato de
trabajo», y con base en ello concluyó que dicha expresión incluía «a todas las personas
económicamente activas». Posteriormente, la sentencia del 29 de junio de 2023 (exp. 26364,
CP: Stella Jeannette Carvajal Basto) reprodujo tal definición y explicó que una
comprensión amplia del término «trabajador independiente» permitía la inclusión del rentista
de capital «tal como en su momento lo señaló el Decreto 3063 de 1989, en su artículo 15 ». A su vez,
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en la sentencia del 07 de diciembre de 2023 (exp. 26692, CP: Wilson Ramos Girón)17
precisó que el IBC de los rentistas de capital en el subsistema de pensiones estaba
definido en los artículos 15 y 19 de la Ley 100 de 1993, acorde con los cuales este se
integraba con «los ingresos que declaren ante la entidad a la cual se afilien, guardando correspondencia
con los ingresos efectivamente percibidos», esto es, aquellos recibidos por el aportante para su
beneficio personal, de los cuales podían deducirse las sumas incurridas por el afiliado
para desarrollar su actividad lucrativa en las condiciones del artículo 107 del ET. En
idénticos términos, la sentencia del 09 de mayo de 2024 (exp. 26207, CP: Wilson Ramos
Girón) sostuvo que «la expresión trabajadores independientes incluye a (…) los independientes por
cuenta propia (…)», cuyo IBC fue definido por el legislador al señalar que « corresponde a los
ingresos efectivamente percibidos».
Repárese entonces que, sin consideración a eventuales distinciones conceptuales entre
el rentista de capital y el trabajador por cuenta propia, es claro que para la vigencia 2014
ambas categorías pertenecían al género «trabajador independiente». Y, en ambos casos, el
cálculo del IBC para los aportes a los subsistemas de pensiones y salud debía realizarse
con observancia de los ingresos efectivamente percibidos, de los cuales podían detraerse
los costos y gastos incurridos en el desarrollo de la actividad.
3.2- Acorde con lo anterior, el debate propuesto por el demandante en torno a su
clasificación no comportaría ningún efecto práctico en materia de los aportes a la
seguridad social, pues según el criterio señalado en precedencia, tanto los rentistas de
capital como los trabajadores independientes por cuenta propia podían detraer costos y
gastos de los ingresos obtenidos en ejercicio de sus actividades económicas. En
cualquier caso, la Liquidación Oficial RDO-2017-00598 clasificó al actor como «trabajador
independiente y/o rentista de capital».
Ahora bien, el acto oficial explicó que el establecimiento del IBC para tales sujetos « se
determinará sobre los ingresos efectivamente percibidos» y aclaró que el contribuyente «no entregó
documentos o pruebas que permitieran establecer que contaba con costos o gastos relacionados con su
actividad generadora de renta que pudieran ser deducidos » para el cálculo de la base gravable.
Por su parte, la Resolución RDC 179, que resolvió el recurso de reconsideración, sostuvo
que el rentista de capital era un tipo de trabajador independiente y su IBC en los
subsistemas de salud y pensión correspondía «a los ingresos efectivamente percibidos».
Seguidamente, reiteró que en el expediente administrativo no obraba « ningún soporte o
prueba de costos, (…) hecho que impide (…) el análisis de los criterios establecidos en el artículo 107 del
ET», más aún cuando el aportante tenía la carga de probar la ocurrencia de tales
expensas (artículo 167 del CGP). Lo anterior pone de presente que, aunque en ambos
eventos -trabajador por cuenta propia o rentista de capital- procedía el reconocimiento
de costos y gastos, lo que ocurrió fue que se echó en falta su acreditación. No prospera
el cargo de apelación.
4- A continuación, la Sala atenderá el tercer problema jurídico, atinente a si hubo una
indebida conformación del IBC por haberse establecido un sistema de presunción de
ingresos incorrecto. El apelante censuró que el tribunal no revisó la información del CD
allegado con el expediente de fiscalización y, en su lugar, señaló que no se aportaron
con la demanda los contratos de vinculación suscritos con Expreso Brasilia S.A. y, por
ello, no podía determinarse si el actor estaba obligado a cubrir los costos y gastos de su
actividad económica pese a que estos reposaban en la carpeta «pruebas» junto con los
contratos de vinculación de los vehículos y sus correspondientes pólizas. A tales efectos,
adujo que los citados acuerdos estipulaban que la empresa de transporte Expreso
Brasilia S.A. administraría los buses de su propiedad, debiendo el actor asumir los costos
17 A partir de lo dispuesto en las sentencias del 14 de septiembre, 05 y 11 de octubre de 2023 (exps. 26001, 26673 y 26709, CP: Myriam Stella
Gutiérrez Argüello).
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y gastos asociados a la actividad productora, mediante un descuento al «ingreso producido
de los vehículos». Así, la empresa de transporte consignaba al apelante la «utilidad líquida»
del ejercicio, lo cual se reflejaba en un extracto quincenal que discriminaba los costos y
gastos, el valor de la administración descontado por la empresa de transporte y su «utilidad
líquida», de manera que dicho documento era la prueba idónea para demostrar el valor de
sus ingresos, costos y gastos mensuales.
Por su parte, la demandada adujo que su contraparte no remitió los citados soportes ni
los balances financieros y contables certificados por contador público. Resaltó que el
obligado no podía alegar en su defensa su propia culpa al no allegar las pruebas
pertinentes a la investigación. De igual forma, se opuso a la falta de valoración de los
documentos entregados, puesto que estos fueron evaluados en la resolución que resolvió
el recurso de reconsideración. Adicionalmente, defendió la debida motivación de los
actos con el contenido de la liquidación oficial y «el archivo Excel adjunto al mismo en medio
magnético», los cuales eran complementarios, y explicaban los ajustes y las razones que
los soportaron.
El tribunal señaló que el actor no respondió el requerimiento de información ni presentó
con el recurso de reconsideración ninguna prueba relacionada con los costos y gastos
alegados, sino que con ocasión de la demanda aportó pruebas por tales conceptos.
Advirtió que el demandante no allegó el contrato suscrito con la empresa Expreso Brasilia
S.A., razón por la que, no podía determinar si con este se demostraban los gastos
asociados al servicio de transporte de pasajeros, siendo fútil evaluar las demás pruebas
allegadas porque: correspondían a «extractos quincenales» sin certeza del sujeto que los
expidió, las facturas no relacionaban el nombre del aportante y/o la empresa de
transporte, los desprendibles de nómina de trabajadores no reflejaban la existencia de
un vínculo contractual con el demandante y los soportes de pago de los peajes eran
ilegibles. Además, en la información que podía leerse, figuraban vehículos distintos a los
del administrado o relacionaban fechas diferentes al período fiscalizado.
4.1- Para dirimir el problema jurídico, la Sala reiterará, en lo pertinente, las sentencias del
16 de noviembre de 2023 y 23 de mayo de 2024 (exps. 26680 y 26762, CP: Wilson
Ramos Girón).
En primer término, se advierte que, no es objeto de discusión que el actor -en su calidad
de trabajador independiente distinto de aquellos con contrato de prestación de servicios-
podía depurar su IBC con los costos y gastos incurridos en su actividad lucrativa en las
mismas condiciones previstas por el artículo 107 del ET. Seguidamente, debe resaltarse
que el artículo 33 de la Ley 1438 de 2011 presumió la capacidad de pago -para efectos
de la afiliación al régimen contributivo- de las personas naturales declarantes del
impuesto sobre la renta, a partir de lo cual, la Administración se encuentra legitimada
para acudir a dicho denuncio, y en caso de encontrar diferencias entre los valores
declarados ante la DIAN y la base de aportes, para ajustar estos últimos.
Ahora bien, aunque la demandada está facultada para hacer las comprobaciones de los
ingresos y las erogaciones que pueden deducirse del IBC, la Sala ha precisado que,
cuando la Administración tiene como único sustento probatorio de los ingresos la
declaración del impuesto sobre la renta del aportante, la remisión a dicho documento no
puede ser parcializada, sino integral, esto es, debe tener en cuenta los ingresos, costos
y gastos declarados en virtud del principio de indivisibilidad de la prueba18 previsto en el
artículo 250 del CGP, así como el artículo 746 del ET, acorde con la cual se tienen como
18 Sentencias del 18 de mayo y 03 de agosto de 2023 (exps. 26808 y 26724, CP: Milton Chaves García) y del 15 de junio y 19 de julio de 2023
(exps. 26698 y 26549, CP: Myriam Stella Gutiérrez Argüello).
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Demandante: Pablo Enrique Zamora Rodríguez
ciertos los hechos consignados en las declaraciones tributarias, lo que comprende la
integralidad de la declaración. Con todo, al igual que la demandada, el contribuyente
puede arrimar al proceso judicial los medios de convicción que reflejen la periodicidad de
los ingresos obtenidos, así como de los costos y gastos que cumplan las condiciones del
artículo 107 del ET, sin desatender el inciso final del artículo 33 de la Ley 1438 de 2011,
que determina el ajuste de los aportes al valor declarado en la autoliquidación de renta.
4.2- Precisado el marco jurídico aplicable al sub examine, resultan relevantes los
siguientes hechos y/o medios probatorios:
(i) En el Requerimiento de Información RQI-M-397, del 17 de agosto de 2016 y en el
Requerimiento para Declarar y/o Corregir RDC-2016-01126, del 27 de octubre de 2016,
la demandada señala los ingresos y costos extractados de la declaración de renta del
actor por el período 2014 [advierte la Sala que en el expediente no obra la copia de la
citada declaración de renta]. Según lo descrito por la Administración, en dicho denuncio
tributario el actor autoliquidó ingresos brutos por $935.226.000 y costos por
$813.250.000. Los ingresos percibidos estarían distribuidos entre los renglones
denominados «honorarios, comisiones y servicios»; «intereses y rendimientos financieros» y «otros
(ventas, arrendamientos, etc.».
(ii) De acuerdo con la información que la propia demandada extractó de la declaración
del impuesto sobre la renta del año gravable 2014, la principal fuente de ingresos del
contribuyente en la mencionada vigencia fue el «servicio de transporte terrestre de pasajeros y
arrendamientos». El contribuyente adujo que obtuvo otras rentas asociadas a « intereses y
rendimientos financieros» y «otros (ventas, arrendamientos)».
(iii) En la Liquidación Oficial RDO-2017-00598, del 29 de abril de 2017 se explica que «los
ingresos efectivamente percibidos (…) fueron tomados de la declaración del impuesto sobre la renta y
complementarios presentada por el año gravable 2014, (…) los cuales (…) ascienden a la suma de (…)
$935.226.000», y precisa que el obligado «no entregó documentos o pruebas que permitieran
establecer que contaba con costos o gastos relacionados con su actividad generadora de renta ».
Seguidamente, la demandada sostuvo que los ingresos reportados en el denuncio
rentístico estaban divididos en «honorarios, comisiones y servicios» por $858.758.000,
«intereses y rendimientos financieros» en cuantía de $471.000 y «otros (ventas, arrendamientos,
etc.)» por $75.997.000.
Ahora bien, como el IBC no podía exceder 25 salarios mínimos, legales, mensuales y
vigentes, este fue limitado a $15.400.000 en cada periodo revisado.
(iv) Mediante el Radicado 201750052037732, del 06 de julio de 2017, el aportante
interpuso recurso de reconsideración y entregó doce (12) Planillas Integradas de
Liquidación de Aportes (en adelante, PILA) -cuyas fechas eran posteriores a la expedición
de la liquidación oficial- las cuales daban cuenta del pago de aportes al SPS en la
vigencia fiscalizada. Así también, afirmó que los costos de su actividad productora de
renta -transporte de pasajeros- estaban asociados a «combustibles, peajes, impuestos,
derechos de afiliación y operación, sueldos de conductores, llantas y/o cambios de aceite». La anterior
información no estuvo acompañada con los soportes de las erogaciones.
(v) Mediante la Resolución RDC 179, del 07 de mayo de 2018, la Administración modificó
parcialmente la liquidación, para disminuir el IBC del mes de enero por haber calculado
la base imponible del mes de enero con el smlmv del año 2014 y no con el
correspondiente al período 2013, pero confirmó la base imponible de los períodos
restantes, y desestimó la petición del actor relativa a calcular el IBC a partir de la «renta
líquida» calculada en la declaración del impuesto sobre la renta del año 2014. Finalmente,
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Demandante: Pablo Enrique Zamora Rodríguez
la Administración ordenó que los pagos realizados por el aportante, con posterioridad al
acto de determinación, fueran tenidos en cuenta por la dependencia competente en la
etapa de cobro coactivo.
(vi) En sede judicial, el despliegue probatorio del obligado permitió constatar lo siguiente:
(a) Durante el periodo 2014, el actor fue propietario de cuatro (4) vehículos
automotores tipo «bus» identificados con las placas SMH-502, STR-875, STS-772 y
STS-975, cuya titularidad no fue ininterrumpida en la vigencia investigada, pues obra
en el proceso un contrato de compraventa asociado al vehículo SMH-502 suscrito por
el demandante (vendedor) y Luis Ancizar Castañeda Grajales y Sander Augusto
Castañeda Guzmán (compradores) del 04 de abril de 2014, cuya licencia de tránsito,
a nombre de los compradores, fue expedida el 16 de mayo de 2014. En idéntico
sentido, el apelante celebró contrato de compraventa con Rafael Ricardo Mosquera
Alfonso (comprador) el 23 de noviembre de 2014 relacionado con el bus STR-875, en
el cual se obligó a entregarlo «materialmente» el 01 de noviembre de 2014 (cláusula
tercera) y a traspasar la propiedad «a más tardar dentro de los treinta (30) días siguientes a la
fecha de firma (…), una vez el comprador haya tomado la póliza de seguro (…), donde aparezca como
asegurada en la Responsabilidad Civil Expreso Brasilia S.A.».
Asimismo, el demandante y José Librado Rodríguez Henao (compradores) adquirieron
el vehículo STS-772, mediante el contrato de compraventa suscrito con Aminta Guarín
García, del 10 de abril de 2014 en el cual pactaron que la «entrega material» se efectuaría
«a más tardar» el 16 de abril de ese año (cláusula tercera). Igualmente, se precisó que
el «traspaso de la propiedad» acontecería «dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes a la
fecha de firma» (cláusula cuarta). Dicho acuerdo no indicó el porcentaje de participación
del apelante en la copropiedad. Respecto del automotor STS-975, Pablo Enrique
Zamora Gutiérrez (comprador) y Lilia Stella Guarín García (vendedora) celebraron un
contrato de compraventa el 19 de noviembre, en el cual la « entrega material» se pactó -
a más tardar- para el 29 de noviembre de ese año (cláusula tercera) y el «traspaso de la
propiedad» fue convenido dentro de los «veinte (20) días hábiles siguientes a la fecha de firma».
(b) El demandante y Expreso Brasilia S.A. suscribieron los Contratos de Vinculación
14112008 del 14 de noviembre de 2008, 05042011 del 05 de abril de 2011, 09042014
del 09 de abril de 2014 y 27102014 del 27 de octubre de 2014, con el propósito de
incorporar al «parque automotor» de la empresa transportadora, a los vehículos SMH-
502, STR-875, STS-772 y STS-975 -respectivamente-. En términos generales, los
acuerdos establecieron que, con motivo de la vinculación, el actor pagaría a Expreso
Brasilia S.A. un porcentaje del «producido bruto» de los vehículos por concepto de «venta
de tiquetes a pasajeros y aforo de encomiendas ». Asimismo, el apelante autorizó la
consignación del «producido líquido» de los buses. Frente a los impuestos, «otros costos»,
«gastos en casos de siniestros e indemnizaciones a terceros » y «gastos operacionales», se aclaró
que estos correrían por cuenta y riesgo del demandante, sin perjuicio que tales
expensas fueran asumidas -inicialmente- por la empresa transportadora, para lo cual
el primero consintió que dichas erogaciones fueran descontadas del « producido de los
vehículos».
(c) A través de apoderada judicial, el demandante presentó una petición a Expreso
Brasilia S.A. con el fin de obtener información sobre los ingresos, costos y gastos de
los vehículos entregados en administración en el año 2014. En respuesta, la empresa
transportadora remitió múltiples «extractos quincenales» por cada automotor, dos
certificaciones por concepto de impuesto de industria y comercio (ICA) y un CD con
información de «pagos de aportes a seguridad social, desprendibles de nómina y liquidación de
prestaciones sociales» de los conductores que prestaron sus servicios para cada bus en
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la señalada vigencia. Los extractos quincenales de los 4 vehículos reflejaron ingresos
de $924.110.176,27 y gastos por $811.795.468,77.
(d) Igualmente, allegó copias simples de los comprobantes de contabilidad de Expreso
Brasilia S.A., constancias de anticipos, recibos de pago de peajes y/o facturas
proferidas por terceros que relacionaban gastos asociados a sus vehículos en 2014.
Asimismo, remitió soportes de pago de nómina -con énfasis en los aportes al SPS- de
múltiples sujetos que -según su explicación- fueron conductores de sus vehículos en
el citado año. Para finalizar, el actor elaboró un cuadro con la determinación del IBC -
a su juicio- aplicable en cada una de las vigencias fiscalizadas en el presente litigio.
(e) Respecto de los ingresos por arrendamiento de bienes, figuran soportes de costos
y gastos asociados a «personal» que prestaba servicios en la finca «El Portal de Belén»,
ubicada en el municipio de Saldaña, Tolima, por valor total de $34.441.760 y
soportados en 39 documentos equivalentes. Sin embargo, no obran pruebas sobre el
monto y periodicidad de los ingresos asociados a esa actividad.
4.3- Lo anterior evidencia que los ingresos, costos y gastos a cargo del apelante por la
explotación económica de los vehículos abarcaron los siguientes periodos del año 2014:
(i) SMH-502: 01 de enero y 16 de mayo; (ii) STR-875: 01 de enero y 01 de noviembre;
(iii) STS-772: 16 de abril y 31 de diciembre; y (iv) STS-975: 19 de noviembre y 31 de
diciembre. Aunque no fue acreditado el porcentaje o cuota de propiedad del demandante
sobre el vehículo STS-772, las normas aplicables al cuasicontrato de comunidad en el
Código Civil19 parten de presumir como iguales las cuotas o porciones de participación
en el bien mientras no se pruebe lo contrario, razón por la cual la Sala infiere que el
demandante era propietario del vehículo en el equivalente al 50%.
Adicionalmente, la Sala constató que, como lo afirma la demandante, obran en el
expediente los «extractos quincenales» y los contratos de vinculación que echó en falta el
tribunal, los cuales fueron aportados con la presentación de la demanda. Así, de la
revisión al clausulado de tales convenios suscritos con Expreso Brasilia S.A. se evidenció
que el actor debía asumir la totalidad de costos y gastos operacionales incurridos en la
actividad de transporte terrestre de pasajeros, siendo los señalados extractos los
soportes idóneos para demostrar los ingresos y las erogaciones depurables. No pudiendo
soslayarse que según las actividades económicas de las cuales se derivaron los ingresos
declarados en el impuesto sobre la renta el actor no estaba obligado a llevar contabilidad,
razón por la que no procedía exigirle la certificación de contador público y estados
financieros para acreditar las erogaciones, como lo reclamó la demandada. En
consecuencia, le asiste razón al apelante en su cuestionamiento respecto de que el
tribunal inadvirtió los contratos de vinculación de sus vehículos con la empresa
transportadora, así como la valoración integral de los medios de convicción allegados, lo
cual resultaba indispensable.
Sobre la falta de certeza del sujeto que expidió los extractos -que reclamo del tribunal-,
se advierte que, si bien, con excepción del vehículo STS-975- los documentos no
mencionan en forma expresa el nombre de la empresa transportadora, lo cierto es que
la respuesta a la petición presentada por el actor a través de apoderada despeja las
dudas sobre la identidad del suscribiente, pues el gerente general de Expreso Brasilia
S.A. dio fe de la entrega de esos documentos en formato digital (ordinal « TERCERO» de
la respuesta).
19 Artículos 2322 a 2340 ídem.
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Demandante: Pablo Enrique Zamora Rodríguez
En relación con lo observado por el a quo atinente a que las facturas, soportes de peajes,
desprendibles de nómina y constancia de pagos al SPS de múltiples conductores que
acompañó el demandante en sede administrativa, en su mayoría no son legibles y que
las constancias de pagos laborales y prestacionales no fueron acompañadas de los
respectivos contratos que dieran fe sobre una relación de trabajo o servicios entre los
sujetos allí mencionados y la empresa transportadora y/o el demandante, no puede
perderse de vista que, en virtud del contrato de vinculación de los vehículos, todas las
erogaciones eran efectuadas por la empresa transportadora por cuenta del actor, las
cuales se descontarían del «producido bruto» de los vehículos y estarían detalladas en los
extractos, supuesto bajo el cual resulta suficiente el documento emitido por la
intermediaria para acreditar la periodicidad de los ingresos, costos y gastos de los
vehículos incurridos en 2014. Es así como los documentos descritos acreditan la
periodicidad mensual de los ingresos totales percibidos en cuantía de $924.110.176,27
y la de los costos incurridos por un valor total de $811.795.468,77.
Ahora bien, confrontadas las cifras certificadas con los valores reportados en la
declaración de renta del actor, que fueron extractados por la demandada [se reitera que
la declaración de renta no obra en los antecedentes], los ingresos y costos declarados
resultan superiores a los certificados por la empresa transportadora, diferencia que sería
atribuible a las otras actividades que manifestó haber desarrollado la actora; esto es, a la
explotación económica de una finca en el municipio de Saldaña (Tolima), en relación con
lo cual aportó al proceso judicial soportes de costos por valor de $34.441.760, que como
se señaló, no vinculó a monto alguno de ingresos por tal actividad. En consecuencia, la
Sala solo tendrá como probada la periodicidad de los ingresos certificados por la empresa
transportadora por valor de $924.110.176,27 y la diferencia con la cifra de ingresos
declarados en renta ($935.226.000) en cuantía de $11.115.823,73 -atribuibles a los
arrendamientos- serán distribuidos proporcionalmente en los doce meses del año.
En lo concerniente a los costos por arrendamiento de la finca acreditados judicialmente -
$34.441.760-, advierte la Sala que, adicionando tal valor a los costos certificados por la
empresa transportadora [$811.795.468,77], la sumatoria total ascendería a
$846.237.229, cifra que superaría los costos que fueron extractados por la demandada
de la declaración de renta [$813.250.000]. Así, al igual que en el punto anterior, la Sala
tendrá como probada la periodicidad de los costos certificados por la empresa
transportadora en cuantía de $811.795.468,77 y la diferencia en relación con la cifra
declarada en renta por valor de $1.454.531,23 -atribuible al arrendamiento- será
distribuida en los meses en los que se acreditó haber incurrido en el gasto. A tales
efectos, sobre tal diferencial se aplicará el porcentaje que representan mensualmente los
valores que integraron la suma de $34.441.760.
En suma, será reconocida la periodicidad de los ingresos que fueron acreditados, el
remanente se distribuirá en los doce meses del año. Igualmente, se reconocerá el monto
de los costos y gastos reportados en la declaración de renta 2014 en garantía del principio
de indivisibilidad de la prueba, pues la demandada valoró su declaración de renta en
forma sesgada, sin tener en cuenta la totalidad de la información allí contenida. En
consecuencia, para la Sala lo procedente es tomar tanto los ingresos como los costos y
gastos. Además, como en el sub-lite fue acreditada la periodicidad de estos, serán
atribuidos conforme quedó explicado en precedencia, todo lo cual implica reliquidar el
IBC en cada uno de los periodos fiscalizados del año 2014, en la siguiente forma:
Mes Ingresos Gastos Gastos Ingreso IBC
probados y UGPP probados y depurado
ajustados ajustados CE
Enero 151.522.981,00 0,00 102.863.792,85 48.659.188,15 $14.738.000
Febrero 46.215.128,00 0,00 56.862.613,76 -10.647.485,76 $0
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Marzo 73.585.896,00 0,00 76.297.372,30 -2.711.476,30 $0
Abril 127.052.726,00 0,00 82.990.568,76 44.062.157,24 $15.400.000
Mayo 70.691.663,00 0,00 67.688.460,80 3.003.202,20 $3.003.000
Junio 80.321.454,00 0,00 62.527.092,69 17.794.361,31 $15.400.000
Julio 73.050.563,00 0,00 61.117.394,29 11.933.168,71 $11.933.000
Agosto 71.922.661,00 0,00 58.659.579,52 13.263.081,48 $13.263.000
Septiembre 50.640.493,00 0,00 55.634.498,97 -4.994.005,97 $0
Octubre 47.378.941,00 0,00 51.738.407,97 -4.359.466,97 $0
Noviembre 45.238.850,00 0,00 49.920.373,47 -4.681.523,47 $0
Diciembre 97.604.644,00 0,00 86.949.844,62 10.654.799,38 $10.655.000
Total 935.226.000,00 0,00 813.250.000,00
De acuerdo con la anterior liquidación del IBC, la Sala observa que, por el mes de enero
de 2014, la propia demandada calculó el umbral de 25 smlmv tomando en consideración
el salario del año 2013, lo que resulta coincidente con la base depurada, aun
reconociendo costos y gastos, pues se ubica en el límite máximo del IBC, por lo que tal
valor se mantendrá. Dicho tope máximo de IBC será igualmente aplicable en los períodos
abril y junio, de modo que sobre estas mensualidades tampoco subsistirán diferencias
con lo determinado oficialmente por la demandada. En cambio, por los meses de mayo,
julio, agosto y diciembre, resultó un IBC inferior al tope máximo legal, valor que será la
base imponible. En cambio, por los meses de febrero, marzo, septiembre, octubre y
noviembre, el demandante no deberá sufragar aportes por cuanto la base depurada fue
negativa.
Por lo anterior, la Sala revocará la sentencia de primer grado y, en su lugar, anulará
parcialmente los actos demandados. A título de restablecimiento del derecho, ordenará
a la Administración a reliquidar los aportes a los subsistemas del SPS a cargo del actor
para los periodos febrero, marzo, mayo, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y
diciembre del año gravable 2014 de acuerdo con el cuadro inserto, así como la sanción
impuesta en los actos demandados.
Conclusión
5- Por lo razonado en precedencia, la Sala establece como contenido interpretativo de
esta providencia que: (i) para el año gravable 2014 los trabajadores independientes
estaban obligados a aportar al SPS; (ii) con independencia de las distinciones
conceptuales entre rentista de capital y trabajador por cuenta propia, ambas categorías
pertenecían al género «trabajador independiente» y debían calcular el IBC sobre los ingresos
efectivamente percibidos, con derecho a depurar los costos y gastos incurridos en la
actividad económica; (iii) al igual que la Administración, el contribuyente puede arrimar al
proceso judicial los medios de convicción que reflejen la periodicidad de los ingresos
obtenidos, así como de los costos y gastos que cumplan las condiciones del artículo 107
del ET y (v) Con todo, cuando la Administración tiene como único sustento probatorio de
los ingresos, la declaración de renta del aportante, la remisión a dicho documento no
puede ser parcializada, sino integral, esto es, debe tener en cuenta los ingresos, costos
y gastos declarados en virtud del principio de indivisibilidad de la prueba.
Costas
6- Siguiendo la posición mayoritaria de la Sala, no se condenará en costas por no
encontrarse probadas (art. 365.8 CGP).
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sección Cuarta, administrando justicia
en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
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Radicado: 25000-23-37-000-2018-00591-01 (26175)
Demandante: Pablo Enrique Zamora Rodríguez
FALLA
1. Revocar la sentencia de primera instancia. En su lugar:
Primero. Declarar la nulidad parcial de la Liquidación Oficial RDO-2017-00598, del 29 de abril de
2017, y la Resolución RDC 179, del 07 de mayo de 2018, proferidas por la UGPP.
Segundo. A título de restablecimiento del derecho, ordenar a la UGPP reliquidar los aportes a los
subsistemas del Sistema de Protección Social a cargo del actor para los periodos febrero, marzo,
mayo, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año gravable 2014, así como la
respectiva sanción impuesta en los actos demandados, de acuerdo con el cuadro inserto en la parte
considerativa de la sentencia de segunda instancia.
Tercero. Sin condena en costas.
2. Reconocer personería a Jesús David Quiroga Ruíz como apoderado de la
demandada (índice 28 de Samai).
3. Sin condena en costas en esta instancia.
Notifíquese y comuníquese. Devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase.
La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente Salva voto
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
Salva voto
(Firmado electrónicamente)
LUCY CRUZ DE QUIÑONES
Conjuez
Aclara voto
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