Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2018-00616-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2018-00616-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 25000-23-37-000-2018-00616-01
Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto
9 de febrero de 2023
Radicado: 25000-23-37-000-2018-00616-01 [26926]
Demandante: Bodegas del Rhin Ltda.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Bogotá, D.C., nueve (9) de febrero de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 25000-23-37-000-2018-00616-01 [26926]
Demandante: BODEGAS DEL RHIN LTDA
Demandado: UAE DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES
PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL – UGPP
Temas: Contribuciones parafiscales al sistema de la protección social
(diciembre de 2008 a noviembre de 2012). Firmeza de las
autodeclaraciones de aportes PILA
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada 1 contra
la sentencia del 21 de abril de 2022 proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección “B”, que resolvió2:
«PRIMERO: Se DECLARA LA NULIDAD de la Liquidación Oficial RDO 2017-00834 del 24 de
mayo de 2017 y la Resolución RDC 00237 del 28 de mayo de 2018 que resolvió el recurso de
reconsideración; por medio de las cuales se profirió liquidación por mora e inexactitud en los
pagos al Sistema de Protección Social por los periodos de diciembre de 2008 a noviembre de
2012 a la sociedad BOGEGAS DEL RHIN LTDA, de conformidad con la parte motiva de esta
providencia.
SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento SE DECLARA la
firmeza de las planillas integradas de liquidación de aportes (PILA) presentadas por la sociedad
BODEGAS DEL RHIN LTDA, durante las vigencias fiscalizadas de diciembre de 2008 a
noviembre de 2012, esto ante la falta de competencia temporal de la Administración para fiscalizar
dichos periodos.
TERCERO: Por no haberse causado no se condena en costas […]».
ANTECEDENTES
El 30 de agosto de 2016, la Subdirección de Determinación de Obligaciones de la UAE
de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (en
adelante, UGPP) expidió el Requerimiento para Declarar y/o Corregir nro. RCD-2016-
1
Índice 38 de SAMAI – Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
2
Índice 35 de SAMAI – Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601- 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Radicado: 25000-23-37-000-2018-00616-01 [26926]
Demandante: Bodegas del Rhin Ltda.
00798 en contra de la sociedad Bodegas del Rhin Ltda., por omisión, mora e inexactitud
en las autoliquidaciones y pagos de los aportes al subsistema de pensiones por los
periodos de diciembre de 2008 a noviembre de 2012. El acto se notificó por correo el
14 de septiembre de 20163.
El 24 de mayo de 2017, la Subdirección de Determinación de Obligaciones de la UGPP
profirió la Liquidación Oficial nro. RDO-2017-00834, por las conductas, períodos y
subsistema objeto del requerimiento para declarar y/o corregir. El acto de liquidación
se notificó por correo electrónico el 1º de junio de 20174.
El 1º de agosto de 2017, la sociedad aportante interpuso recurso de reconsideración
contra la liquidación oficial5, decidido el 28 de mayo de 2018 por la Dirección de
Parafiscales de la UGPP mediante la Resolución nro. RDC 237, en el sentido de
modificar el acto recurrido para disminuir los aportes6.
DEMANDA
La parte demandante en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011 (en adelante, CPACA),
formuló las siguientes pretensiones7:
«PRETENSIONES PRINCIPALES:
Solicitamos a su señoría que mediante sentencia que haga tránsito a cosa juzgada, declare la
nulidad TOTAL de los siguientes actos administrativos:
➢ ACTOS DEMANDADOS Y SOBRE LOS QUE RECAE LA NULIDAD TOTAL:
1. Liquidación Oficial No. RDO-2017-00834 del veinticuatro (24) de mayo del dos mil diecisiete
(2017), “Por medio de la cual se profiere la Liquidación Oficial a la empresa BODEGAS DEL
RHIN LTDA, identificada con NIT. 860.047.876-8, por omisión en la afiliación y pago, mora e
inexactitud en las autoliquidaciones y pago de los aportes al Sistema de la Protección Social en
los subsistemas de pensión, por los periodos de 01/12/2008 A 30/11/2012", determinando un
valor por CIENTO VEINTIUN MILLONES TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS
NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE ($121.318.592).
2. Resolución RDC-2017-00237 del veintiocho (28) de mayo del dos mil dieciocho (2018) "Por
medio de la cual se resuelve el recurso de reconsideración interpuesto contra la Resolución
número RDO-2017-00834 del 24 de mayo del 2017, a través de la cual se profirió liquidación
oficial a BODEGAS DEL RHIN LTDA., con NIT. 860.047.876-8, por mora e inexactitud en la
presentación de las autoliquidaciones y pagos de los aportes al Sistema de Protección Social
Subsistema de Pensión, por los periodos de 01/12/2008 a 30/11/2012, determinando un valor por
CIENTO DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS DIECISEIS MIL CINCUENTA Y DOS PESOS
M/CTE ($118.716.052).
PRETENSIONES SUBSIDIARIAS:
3
Índice 2 de SAMAI. Archivo: «ED_ANEXOS_03ANEXOS(.pdf) NroActua 2». Págs. 24 a 32 y 39.
4
Índice 2 de SAMAI. Archivo: «ED_MEMORIALS_06MEMORIALSUBSANA (.pdf) NroActua 2». Págs. 12 a 50 y 11.
5
Índice 2 de SAMAI. Archivo: «ED_ANEXOS_03ANEXOS(.pdf) NroActua 2». Págs. 93 a 107.
6
Índice 2 de SAMAI. Archivo: «ED_ANEXOS_03ANEXOS(.pdf) NroActua 2». Págs. 117 a 133 y 115.
7
Índice 2 de SAMAI. Archivo: «ED_DEMANDA_02DEMANDA(.pdf) NroActua 2». Págs. 2 a 3.
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Radicado: 25000-23-37-000-2018-00616-01 [26926]
Demandante: Bodegas del Rhin Ltda.
De manera cordial y como pretensión subsidiaria solicito a su señoría, que, en caso de no
conceder la pretensión principal de nulidad total de los actos administrativos mencionados, se
realice un análisis detallado de cada uno de los cargos imputados en la presente demanda, y
realice la reliquidación de la presunta deuda fijada por la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Parafiscal de los siguientes actos, declarando la nulidad parcial y
restablecimiento del derecho:
➢ ACTOS DEMANDADOS Y SOBRE LOS QUE RECAE LA NULIDAD:
1. Liquidación Oficial RDO-2017-00834 del veinticuatro (24) de mayo del dos mil diecisiete (2017)
[…]
2. Resolución RDC-2017-00237 del veintiocho (28) de mayo del dos mil dieciocho (2018) […]
➢ SOBRE EL RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO:
Como consecuencia de la declaratoria de nulidad total o parcial de los anteriores actos
administrativos, solicito que se restablezca el derecho de la demandante en la siguiente forma:
• Por concepto de daño emergente:
1. Que se realice la devolución de los pagos realizados por la empresa BODEGAS DEL RHIN
LTDA., por mora en la afiliación y pago en las autoliquidaciones y pago de los aportes al Sistema
de Protección Social, por los periodos 01/12/2008 al 30/11/2012, sumas que deberán ser
indexadas y con intereses, de acuerdo con su demostración.
2. Reconocimiento del pago de los gastos incurridos en la defensa jurídica ejercida durante el
proceso administrativo.
3. Reconocimiento de los gastos incurridos por concepto de la prestación personal de servicio de
auxiliar administrativo durante el trámite del procedimiento de fiscalización adelantado por la
Unidad Administrativa Especial "UGPP", toda vez que la sociedad BODEGAS DEL RHIN LTDA.,
apoyó la defensa jurídica con capital humano durante un año.
4. Reconocimiento del pago de los gastos incurridos por concepto de un auxiliar administrativo
por el perito que se designe en el transcurso del desarrollo del proceso judicial que da inicio con
la radicación de la presente demanda.
➢ CONDENA EN COSTAS
Solicito que se condene en costas a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN
PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL – UGPP,
de conformidad con el artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo».
Invocó como disposiciones violadas las siguientes8:
• Artículos 23, 29 y 338 de la Constitución Política
• Artículos 127 y 128 del Código Sustantivo del Trabajo
• Artículo 59 de la Ley 4 de 1913
• Artículo 30 de la Ley 1393 de 2010
• Artículos 5, 7 y 13 de la Ley 1437 de 2011
• Artículo 50 de la Ley 1739 de 2014
• Artículos 19 y 21 del Decreto 575 de 2013
8
Índice 2 de SAMAI. Archivo: «ED_DEMANDA_02DEMANDA(.pdf) NroActua 2». Págs. 11 a 12.
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Demandante: Bodegas del Rhin Ltda.
Como concepto de la violación expuso9:
1. Objeción general al proceso de fiscalización
En los actos de liquidación se incluyeron conceptos que carecen de naturaleza salarial;
además, no es clara la forma en la que se calculan los mayores valores a pagar, y
algunos funcionarios participaron en el proceso de fiscalización sin competencia para
ello.
2. Caducidad de la potestad sancionatoria y firmeza de las planillas
integradas de aportes como declaración privada. Irretroactividad de la Ley 1607
de 2012
Las autoliquidaciones de los períodos de diciembre de 2008 a noviembre de 2012 están
en firme, toda vez que el requerimiento para declarar y/o corregir se expidió el 30 de
agosto de 2016, es decir, por fuera del plazo de los 2 años que prevé el artículo 714
del ET, aplicable por remisión del artículo 156 de la Ley 1151 de 2007. En este caso
no aplica el plazo de 5 años previsto en la Ley 1607 de 2012, en consideración a que
su vigencia es posterior a los períodos fiscalizados.
3. Abrogación de competencias propias de los jueces laborales
La competencia para determinar los derechos laborales y/o las obligaciones al sistema
de seguridad social es exclusiva de los jueces laborales, y la UGPP se apropió de esas
funciones al establecer qué pagos son o no salariales, pese a que entre las partes de
la relación laboral no existe controversia al respecto.
4. Creación de tercera norma para desarrollo del proceso administrativo.
Violación de normas jurídicas
La UGPP adelantó el proceso de fiscalización con base en los procedimientos descritos
en las Leyes 1151 de 2007 y 1607 de 2012, es decir, que combinó normas para crear
un procedimiento legal, configurándose así, lo que la doctrina y la jurisprudencia llaman
la «tercera norma y/o Lex Tertia», situación que genera la nulidad de los actos, pues
impide a los administrados conocer la disposición procedimental aplicable y ejercer su
derecho de defensa.
5. Violación al debido proceso genera nulidad. Las normas en las que se
fundamentan los actos de la UGPP no son retroactivas
La entidad demandada profirió los actos administrativos enjuiciados con fundamento
en normas posteriores a los hechos y conductas objeto del proceso administrativo (Ley
1607 de 2012 y Decreto 575 de 2013), situación que genera por sí sola un vicio de
nulidad irreparable.
9
Índice 2 de SAMAI. Archivo: «ED_DEMANDA_02DEMANDA(.pdf) NroActua 2». Págs. 12 a 28.
4
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Demandante: Bodegas del Rhin Ltda.
6. Las bonificaciones son pagos no constitutivos de salarios (art. 128 del
CST)
La entidad desconoció el artículo 128 del CST, que faculta a las partes de la relación
laboral para pagar sumas de dinero que no constituyen salario. Además, omitió tener
en cuenta que ciertos montos no ingresan al patrimonio del trabajador, sino que se
destinan para el desarrollo de las labores, y se pagaron por mera liberalidad del
empleador.
7. Medida cautelar
Se solicitó la suspensión provisional de los actos administrativos demandados por
violación de las normas superiores según se expuso en el concepto de violación, y con
el propósito de proteger la estabilidad financiera de la sociedad aportante ante un
eventual proceso de cobro coactivo10.
OPOSICIÓN
La UGPP se opuso a las pretensiones de la demanda, con fundamento en lo siguiente11:
La actuación de la entidad se sujetó a las competencias otorgadas por el legislador
para verificar la correcta, adecuada y oportuna liquidación y pago de las contribuciones
parafiscales, y en virtud de ello, incluyó en el IBC los pagos que la aportante no tuvo
en cuenta al momento de la autoliquidación.
De acuerdo con la Ley 1607 de 2012 (art. 178), el proceso de determinación y cobro
de las contribuciones parafiscales inicia con la notificación del requerimiento de
información dentro de los 5 años siguientes, contados a partir de la fecha en la que el
aportante debió declarar y no lo hizo, declaró por valores inferiores a los legalmente
establecidos, o se configuró el hecho sancionable. En este asunto, el aludido acto se
notificó el 4 de enero de 2013, es decir, dentro de los 5 años siguientes a la ocurrencia
de las conductas en los períodos fiscalizados.
El procedimiento del Estatuto Tributario solo opera para aspectos procedimentales y
su aplicación es residual. Así, se observa que el parágrafo 2 del artículo 178 de la Ley
1607 de 2012 reguló el término de prescripción y de caducidad de la actuación de la
UGPP, razón por la cual, está vedado aplicar el artículo 714 del ET. Además, el artículo
del citado ordenamiento sobre la firmeza riñe con la naturaleza de las contribuciones
parafiscales.
La Constitución Política, la jurisprudencia y la doctrina coinciden en que las acciones
que involucran el recaudo de sumas que por ley están destinadas al reconocimiento de
prestaciones de carácter vitalicio, cuyo derecho es imprescriptible e irrenunciable para
sus beneficiarios, no son susceptibles del fenómeno extintivo de la prescripción.
10
Esa medida fue negada por el tribunal mediante auto del 20 de enero de 2022. Índice 23 de SAMAI – Tribunal Administrativo de
Cundinamarca.
11
Índice 2 de SAMAI. Archivo: «ED_CONTESTACI_013CONTESTACIONDE(.pdf) NroActua 2».
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Demandante: Bodegas del Rhin Ltda.
Si bien es cierto al juez laboral le corresponde conocer de los conflictos entre
empleador y trabajador derivados del contrato de trabajo, también lo es que la entidad
tiene a su cargo la función de verificar la ocurrencia de los hechos generadores de la
obligación, así como el pago oportuno y correcto de los aportes al sistema de la
protección social, lo que implica la interpretación de las cláusulas contractuales para
determinar si contienen factores salariales a partir de los reportes contables y/o de
nómina.
La entidad no creó una tercera norma producto de combinaciones procesales, por el
contrario, fundó los actos en el marco normativo que instituyó la UGPP y que delimita
su competencia (Ley 1151 de 2007, art. 156) y en la disposición que consagró el
procedimiento aplicable a la determinación oficial de las contribuciones de la protección
social (Ley 1607 de 2012, art. 180), la cual entró a regir a partir de su promulgación, y
por ser de carácter procesal es de aplicación inmediata.
Frente a la retroactividad de la Ley 1607 de 2012 y del Decreto 575 de 2013, no es
cierto que las facultades de la UGPP hayan sido conferidas por esas normas, sino que
las mismas provienen de la Ley 1151 de 2007, en la que se fijaron las tareas de
seguimiento, colaboración y determinación de la adecuada, completa y oportuna
liquidación y pago de las contribuciones, que es previa a los periodos objeto de
discusión (diciembre de 2008 a noviembre de 2012).
Las bonificaciones se incluyeron en la base de cotización de los aportes al sistema de
la protección social, ante la ausencia de los soportes documentales que demostraran
su naturaleza no salarial.
TRÁMITE PROCESAL EN PRIMERA INSTANCIA
Mediante auto del 22 de febrero de 2022, el tribunal prescindió de las audiencias inicial,
de pruebas, de alegaciones y juzgamiento, y corrió traslado a las partes y al Ministerio
Público para que presentaran los alegatos de conclusión y el concepto,
respectivamente12.
SENTENCIA APELADA
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección “B”, en la
sentencia apelada: (i) anuló los actos administrativos demandados, (ii) a título de
restablecimiento del derecho declaró la firmeza de las autoliquidaciones de diciembre
de 2008 a noviembre de 2012 y (iii) no condenó en costas, con fundamento en lo
siguiente13:
La planilla integrada de liquidación de aportes (PILA) tiene el carácter de
autoliquidación privada de la obligación tributaria, y para efectos de determinar la norma
aplicable sobre firmeza debe tenerse en cuenta la vigente para la fecha de presentación
de la declaración.
12
Índice 28 de SAMAI – Tribunal Administrativo de Cundinamarca
13
Índice 35 de SAMAI – Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
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En este caso, el marco jurídico que regula la firmeza es el artículo 714 del ET, por
remisión del artículo 156 de la Ley 1151 de 2007, vigente para la fecha de presentación
de las declaraciones de los períodos fiscalizados (diciembre de 2008 a noviembre de
2012), porque la Ley 1607 de 2012 entró a regir con posterioridad (26 de diciembre de
2012).
Comoquiera que el requerimiento para declarar y/o corregir se notificó el 14 de
septiembre de 2016, es decir, cuando ya había transcurrido el término de 2 años del
artículo 714 del ET, las autoliquidaciones estaban en firme y no podían ser modificadas
por la UGPP, lo que conduce a la nulidad de los actos demandados.
No procede la condena en costas ante la falta de prueba de su causación y de
maniobras temerarias o dilatorias de las partes.
RECURSO DE APELACIÓN
La parte demandada14 indicó que a las planillas PILA no les aplica el término de
firmeza de que trata el artículo 714 del ET, por los siguientes motivos: (i) así no fue
previsto por el legislador ni siquiera con la Ley 1607 de 2012 en la que se contempló
un término de caducidad y no de firmeza, (ii) la firmeza del Estatuto Tributario es
incompatible con la naturaleza de las contribuciones parafiscales, (iii) el recaudo está
destinado al reconocimiento de prestaciones de carácter vitalicio, cuyo derecho es
imprescriptible e irrenunciable para sus beneficiarios, (iv) el referido artículo es de
contenido sustancial y no procedimental y, en esa medida, no aplica la remisión del
artículo 156 de la Ley 1151 de 2007 y (v) porque frente a las conductas de omisión y
mora no existe autoliquidación que pueda ser declarada en firme.
El proceso de fiscalización inició con el requerimiento de información notificado el 4 de
enero de 2013, fecha para la cual se encontraba vigente el artículo 178 de la Ley 1607
de 2012, que establece un término de caducidad de 5 años. En este caso la entidad
profirió el citado acto oportunamente, es decir, que ejerció su facultad dentro del plazo.
En el recurso de apelación se adicionó el argumento según el cual, la demandante
presentó corrección a algunas de las planillas de los períodos fiscalizados con
posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 1607 de 2012, por lo que les aplica el
término de 5 años y, en consecuencia, no estarían en firme.
TRÁMITE PROCESAL EN SEGUNDA INSTANCIA
El recurso de apelación de la UGPP se admitió mediante auto del 28 de septiembre de
202215 y la contraparte no se pronunció en relación con el mismo. Al no ser necesaria
la práctica de pruebas en segunda instancia no se corrió traslado para alegar (nums. 4
y 5, art. 247 del CPACA)16. El Ministerio Público guardó silencio.
14
Índice 38 de SAMAI – Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
15
Índice 4 de SAMAI.
16
Modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021.
7
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CONSIDERACIONES DE LA SALA
Se decide sobre la legalidad de la liquidación oficial proferida por la UGPP contra la
sociedad demandante por omisión, mora e inexactitud en las autoliquidaciones y pagos
de los aportes al subsistema de pensiones por los períodos de diciembre de 2008 a
noviembre de 2012, y de la resolución que resolvió el recurso de reconsideración en el
sentido de modificar el acto recurrido para disminuir los ajustes.
En los términos del recurso de apelación formulado por la parte demandada se deberá
determinar si a las autoliquidaciones de aportes no les aplica la regla sobre firmeza de
las declaraciones tributarias, prevista en el artículo 714 del ET.
Firmeza de las autoliquidaciones de aportes al sistema de la protección social.
Reiteración jurisprudencial
El a quo consideró que la planilla integrada de liquidación de aportes PILA es una
declaración tributaria en la que se liquidan los aportes al sistema de la protección social,
motivo por el cual, a partir de la remisión del artículo 156 de la Ley 1151 de 2007 les
aplican las reglas del Estatuto Tributario, en particular el artículo 714 que establece la
firmeza de las declaraciones.
A partir de lo anterior, declaró la firmeza de las autoliquidaciones de aportes de los
períodos de diciembre de 2008 a noviembre de 2012, porque para la fecha en la que
se presentaron se sujetaban al plazo de firmeza de 2 años del artículo 714 del ET, y
comoquiera que el requerimiento para declarar y/o corregir no se profirió dentro de
dicho lapso, eran inmodificables.
La UGPP disiente de la decisión del tribunal, porque a su juicio, a las planillas PILA no
les aplica el término de firmeza de que trata el artículo 714 del ET, por los siguientes
motivos: (i) así no fue previsto por el legislador ni siquiera con la Ley 1607 de 2012 en
la que se contempló un término de caducidad y no de firmeza, (ii) la firmeza del Estatuto
Tributario es incompatible con la naturaleza de las contribuciones parafiscales, (iii) el
recaudo está destinado al reconocimiento de prestaciones de carácter vitalicio, cuyo
derecho es imprescriptible e irrenunciable para sus beneficiarios, (iv) el referido artículo
es de carácter sustancial y no procedimental y, en esa medida, no aplica la remisión
del artículo 156 de la Ley 1151 de 2007, (v) el proceso se inicia con el requerimiento
de información y (vi) porque frente a las conductas de omisión y mora no existe
autoliquidación que pueda ser declarada en firme.
Como lo ha considerado la Sección17, tratándose de los procesos de fiscalización de
competencia de la UGPP, antes de la entrada en vigencia de la Ley 1607 de 2012 (art.
178, pár. 2)18 el ordenamiento jurídico no establecía de forma expresa un plazo de
caducidad para que la entidad ejerciera sus funciones de determinación; sin embargo,
17
Cfr. las sentencias del 30 de julio de 2020, exp. 24179 y del 3 de marzo de 2022, exp. 25632, C.P. Milton Chaves García, del 19
de agosto de 2021, exp. 25086, C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez, del 15 de octubre de 2021, exp. 23623, del 28 de abril de 2022,
exp. 24131 y del 7 de diciembre de 2022, exp. 26996, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
18
Entró en vigor el 26 de diciembre de 2012 con la publicación en el Diario Oficial nro. 48.655.
8
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Demandante: Bodegas del Rhin Ltda.
el artículo 156 penúltimo inciso de la Ley 1151 de 2007, hizo remisión al Estatuto
Tributario, Libro V, Títulos I, IV, V y VI, en aquellos aspectos no regulados del proceso
de determinación, lo cual es procedente, pues los recursos parafiscales son
denominados en la Constitución Política como «contribuciones parafiscales», que tienen
naturaleza tributaria y se encuentran sujetos a los principios que aplican a los tributos.
En ese orden, se advierte que una vez vencido el término del que dispone la
Administración para ejercer las facultades de fiscalización, la consecuencia directa es
que las autoliquidaciones de aportes, que tienen la misma naturaleza de una
declaración tributaria, se tornan inmodificables. Equiparando estos efectos a lo previsto
en el Estatuto Tributario, la consecuencia sería la firmeza de la autoliquidación.
Por consiguiente, resulta aplicable el término de firmeza previsto en el artículo 714 del
ET19, el cual, en su tenor literal vigente para la fecha en la que comenzó a transcurrir
disponía que «la declaración tributaria quedará en firme, si dentro de los dos (2) años
siguientes a la fecha del vencimiento del plazo para declarar, no se ha notificado requerimiento
especial. Cuando la declaración inicial se haya presentado en forma extemporánea, los dos
años se contarán a partir de la fecha de presentación de la misma»20.
Situación diferente ocurre con las autoliquidaciones presentadas con posterioridad a la
fecha en la que entró a regir la Ley 1607 de 2012 (26 de diciembre de 2012), frente a
las cuales, aplica el artículo 178 ibidem que reguló de manera específica el plazo en el
que la UGPP puede ejercer sus facultades de fiscalización, fijándolo en 5 años.
En el presente asunto, los periodos fiscalizados que el a quo declaró en firme son los
de diciembre de 2008 a noviembre de 2012, por lo tanto, para efectos de establecer su
firmeza se debe tener en cuenta que esta ocurre una vez vencido el plazo señalado en
la norma vigente al momento en el que comenzó a transcurrir, en el sub examine, el de
2 años previsto en el artículo 714 del ET, norma aplicada por el tribunal en la sentencia
apelada.
Cabe aclarar que según el artículo 714 del ET, el plazo de firmeza se interrumpe con
la notificación del requerimiento especial, que para el caso de los tributos administrados
por la UGPP equivale al requerimiento para declarar y/o corregir, pues así fue
consagrado expresamente en la norma que aplica a los períodos fiscalizados, que se
repite, es el Estatuto Tributario.
Frente al argumento de la UGPP, en el sentido que los aportes a la protección social al
estar destinados a prestaciones vitalicias e imprescriptibles no les aplica la firmeza, se
reitera el criterio adoptado por la Sección21, según el cual, «si bien es cierto que el derecho
a la pensión (prestación vitalicia e imprescriptible) y a reclamar su reliquidación no prescribe,
también lo es que esa imprescriptibilidad solo se predica de la pensión, no de las prestaciones
periódicas o mesadas no reclamadas en los plazos legales, tal como lo ha puntualizado la Corte
en varios pronunciamientos22, razón por la cual la firmeza de la declaración sí resulta
procedente para las mensualidades en las cuales la Administración no inició su actuación
dentro del término del artículo 714 del ET».
19
Sobre la firmeza cfr. las sentencias del 24 y 30 de octubre de 2019, exps. 23599 y 23817, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
20
Antes de la modificación introducida por el artículo 277 de la Ley 1819 de 2016.
21
Cfr. las sentencias del 30 de septiembre de 2021, exp. 25313 y del 3 de marzo de 2022, exp. 25632, C.P. Milton Chaves García
y, del 23 de junio de 2022, exp. 24961 y del 7 de diciembre de 2022, exp. 26996, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
22
C-320 de 1998, C-198 de 1999, C-624 de 2006, SU-430 de 1998, T-724 de 2007, T-456 de 2013 y SU-567 de 2015, entre otras.
9
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Además, «[l]a destinación de esos recursos es una cuestión eminentemente presupuestaria,
indiferente para la configuración jurídico-tributaria del gravamen y, en particular, para la
identificación de la normativa que rige el procedimiento de gestión administrativa del tributo –
relativa a la fiscalización, determinación, liquidación, cobro, devolución e imposición de
sanciones, inherentes a la calidad de sujeto activo del tributo – con la potestad de disposición
de los recursos a cargo del titular del gasto – que se agota con la inversión de los caudales
ingresados al Tesoro de conformidad con lo establecido por la ley»23.
Respecto al planteamiento de la UGPP de que frente a las conductas de omisión y
mora no puede aplicarse el término de firmeza ante la ausencia de autoliquidación, la
Sala reitera el criterio expuesto en sentencia del 10 de noviembre del 202224, en la que
se advirtió:
«[…] que las normas que disciplinan el procedimiento de revisión instituido en el ET –y, en
particular, la previsión del artículo 714 ejusdem– son compatibles con la naturaleza del
procedimiento de modificación oficial de las liquidaciones privadas de aportes parafiscales, pues
ambas actuaciones tienen como presupuesto fáctico y eje central la declaración tributaria, al
margen del tipo de conducta que se determine en contra del obligado (i.e. omisión, mora o
inexactitud), de manera que ambos procedimientos están encaminados a una finalidad común:
corregir los yerros en que eventualmente haya incurrido el contribuyente al autoliquidar su
obligación tributaria, lo que para el caso de las contribuciones al SPS puede ocurrir por omitir la
afiliación o pago de los aportes respecto de un trabajador o determinarlos en forma errada. Por
consiguiente, las diferencias en la denominación de los actos y conductas que caracterizan tales
actuaciones no excluyen a la fiscalización que lleva a cabo la UGPP de la aplicación de las reglas
del ET, pues, de lo contrario, se tornaría inoperante el reenvío normativo efectuado por el artículo
156 de la Ley 1151 de 2007».
Por lo anterior, la Sala concluye que no le asiste razón a la UGPP al pretender, en este
caso concreto, sustraerse de la aplicación del término de firmeza a las
autoliquidaciones de aportes al sistema de la protección social.
En el recurso de apelación, la UGPP indicó que la demandante presentó corrección a
algunas de las planillas de los períodos fiscalizados con posterioridad a la entrada en
vigor de la Ley 1607 de 2012, por lo que les aplica el término de 5 años y, en
consecuencia, no estarían en firme.
Al respecto se precisa que, así como la Sección25 se abstiene de analizar los
argumentos ajenos a la demanda, que la parte actora invoca en el recurso de apelación,
el mismo tratamiento se le debe dar a los planteamientos expuestos por la entidad
demandada con ocasión del recurso de alzada, pues la contraparte no tuvo oportunidad
de controvertirlos y el juez de primera instancia de examinarlos en la sentencia.
Así las cosas, no hay lugar a analizar lo referente a la firmeza de las planillas de
corrección, porque no fue un argumento propuesto en la etapa procesal pertinente, en
este caso, la contestación a la demanda, siendo necesario precisar que, en esa
23
Sentencia del 10 de noviembre de 2022, exp. 25987, C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez, reiterada en la sentencia del 7 de
diciembre de 2022, exp. 26996, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
24
Exp. 25987, C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez. En igual sentido, ver las sentencias del 3 de marzo de 2022, exp. 25632, C.P.
Milton Chaves García, del 16 de junio de 2022, exp. 26018, del 28 de julio de 2022, exp. 26192, y del 20 de octubre de 2022, exp.
26671, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
25
Cr sentencia del 9 de septiembre de 2021, Exp. 22652. C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
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oportunidad, la entidad centró su defensa en la improcedencia de aplicar las reglas de
firmeza del ET a las planillas PILA, aspecto que fue resuelto por el a quo.
En lo que tiene que ver con el reconocimiento y pago de los gastos por la defensa
jurídica y por concepto de la prestación de personal de servicio de un auxiliar en el
trámite administrativo, frente a la cual no se refirió el a quo, la Sala pone de presente
que en el expediente no están probados, razón suficiente para negar la pretensión.
En relación con la solicitud de devolución, frente a la cual no se pronunció el a quo, es
del caso ordenarle a la UGPP que proceda a la misma, siguiendo el procedimiento
establecido en el artículo 311 de la Ley 1819 de 2016, previa verificación de los pagos
realizados por la sociedad aportante por el subsistema y periodos fiscalizados.
En consecuencia, se concuerda con el tribunal en que procede la nulidad de los actos
administrativos demandados al encontrar probada la firmeza de las autoliquidaciones
correspondientes a los períodos de diciembre de 2008 a noviembre de 2012, en
consideración a que a las planillas PILA presentadas antes de la entrada en vigencia
de la Ley 1607 de 2012 les aplican las disposiciones sobre firmeza del Estatuto
Tributario (art. 714), por lo que se confirmarán los ordinales primero y segundo de la
sentencia apelada. Sin embargo, conforme a lo analizado en esta providencia, procede
la orden de devolución de los pagos realizados por la sociedad aportante por el
subsistema y periodos fiscalizados, y la negativa de las pretensiones subsidiarias,
frente a lo cual, se adicionará la sentencia apelada.
Finalmente, de conformidad con lo previsto en los artículos 188 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 365 del Código
General del Proceso, no se condenará en costas (gastos del proceso y agencias en
derecho) en esta instancia, comoquiera que no se encuentran probadas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la Ley,
FALLA
1. ADICIONAR la sentencia del 21 de abril de 2022, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección “B”, la cual queda así:
PRIMERO: Se declara la nulidad de la Liquidación Oficial nro. RDO 2017-00834
del 24 de mayo de 2017 y de la Resolución nro. RDC 237 del 28 de mayo de 2018
que resolvió el recurso de reconsideración.
SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento SE
DECLARA la firmeza de las planillas integradas de liquidación de aportes (PILA)
presentadas por la sociedad BODEGAS DEL RHIN LTDA, durante las vigencias
fiscalizadas de diciembre de 2008 a noviembre de 2012.
TERCERO: Se ORDENA a la UGPP que siguiendo el procedimiento establecido
en el artículo 311 de la Ley 1819 de 2016, y previa verificación de los pagos
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realizados por la sociedad aportante por el subsistema y periodos fiscalizados,
proceda a la devolución a que haya lugar.
CUARTO: Se NIEGAN las demás pretensiones de la demanda.
QUINTO: Sin condena en costas en primera instancia.
2. Sin condena en costas en esta instancia.
Notifíquese y comuníquese. Devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase.
La presente providencia se aprobó en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRÓN
Aclaro el voto
12
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