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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2018-00695-01

Fecha
8 de junio de 2023
Consejero ponente
Wilson Ramos Girón

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2018-00695-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA 1. Confirmar la sentencia apelada. 2. Sin condena en costas en esta instancia. 3. Reconocer personería a Santos Alirio Rodríguez Sierra, apoderado de la parte actora.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 25000-23-37-000-2018-00695-01

Consejero ponente: Wilson Ramos Girón

8 de junio de 2023

Radicado: 25000-23-37-000-2018-00695-01 (26350)
Demandante: Municipio de Soacha

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN

Bogotá, D.C., ocho (08) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-37-000-2018-00695-01 (26350)
Demandante: Municipio de Soacha
Demandado: SENA

Temas: Aportes. Fondo de Formación Profesional de la Industria de la
Construcción (FIC). Sujeción pasiva.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la
sentencia del 23 de julio de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A, que resolvió (f. 118):

Primero: Declarar la nulidad de los siguientes actos administrativos: (i) Resolución nro. 2330, del
22 de diciembre de 2016, por medio de la cual se determinar el monto de una obligación dineraria
a favor del Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción FIC, por
incumplimiento en el pago de la contribución a cargo del municipio de Soacha y, (ii) Resolución
nro. 985, de 13 de junio de 2018, por medio de la cual el Director de la Regional Cundinamarca del
SENA repuso parcialmente la Resolución nro. 2330, del 22 de diciembre de 2016; de conformidad
con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

Segundo: A título de restablecimiento del derecho, declarar que el municipio de Soacha no está
obligado al pago de la contribución FIC, respecto de los contratos celebrados para las vigencias
2011 –2016 y determinados en los actos administrativos declarados nulos, de conformidad con la
parte motiva de esta providencia.

Tercero: No se condena en costas a la parte vencida, de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva.

ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA

Mediante la Liquidación nro. 161-110, del 20 de diciembre de 2016 (f. 390 caa), la
demandada liquidó la contribución al FIC (Fondo de Formación Profesional de la Industria
de la Construcción), a cargo de la actora por todos los periodos de 2011 a junio de 2016,
con los respectivos intereses moratorios. A partir de esa liquidación, la demandada
profirió la Resolución nro. 2230, del 22 de diciembre de 2016, (ff. 382 a 387 caa), con la
cual determinó la obligación tributaria y los intereses moratorios a cargo de la
demandante para los referidos periodos. Esa decisión fue modificada con la Resolución
nro. 985 de 2018, del 13 de junio de 2018, (ff. 392 a 403 caa), para excluir los aportes e
intereses moratorios de los periodos de 2011.

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Demandante: Municipio de Soacha

ANTECEDENTES PROCESALES

Demanda

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el
artículo 138 del CPACA (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Ley 1437 de 2011), la demandante formuló las siguientes pretensiones
(ff. 8 y 9):

Primera: Que es nula la Resolución nro. 2330, del 22 de diciembre de 2016, «Por la cual se
determina el monto de una obligación dineraria en favor del Fondo Nacional de Formación
Profesional de la Industria de la Construcción FIC por incumplimiento en el pago de la contribución
FIC».

Segunda: Que es nula la Resolución nro. 985, del 13 de junio de 2018, por medio de la cual el
director de Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Regional Cundinamarca, resolvió el recurso
de reposición interpuesto por el municipio de Soacha, ordenando modificar el artículo primero de
la Resolución nro. 2330, del 22 de diciembre de 2016 y declarando que las demás partes de la
resolución conservan plena validez. 1

Cuarta: Que a título de restablecimiento del derecho se declare que el municipio de Soacha no es
sujeto pasivo de la contribución al FIC, razón por la cual no es deudor del Fondo y se levante la
obligación dineraria que por este concepto le impuso el SENA mediante los actos administrativos
demandados.

A los anteriores efectos, invocó como normas vulneradas los artículos 29 de la
Constitución; 6.° del Decreto Ley 2375 de 1974; 50 de la Ley 789 de 2002; y 7.° y 8.° del
Decreto 83 de 1976, bajo el siguiente concepto de violación (ff. 7 a 19):

Sostuvo que su contraparte violó el debido proceso y sus derechos de defensa y de
contradicción porque no le notificó la liquidación inicial de las contribuciones a su cargo,
lo cual le impidió aportar, desde esa oportunidad, las pruebas que acreditarían que la
deuda tributaria fue pagada por los contratistas que ejecutaron las obras. Explicó que, de
acuerdo con los artículos 6.° del Decreto Ley 2375 de 1974 y 7.° del Decreto 83 de 1976,
la obligación de contribuir al FIC se causaba para las empresas del sector de la
construcción que están exoneradas de contratar aprendices, por lo que, dada su calidad
de entidad territorial, no era sujeto pasivo de esos aportes; ni aun siendo la contratante
en los contratos de obra que originaron la contribución, pues esta circunstancia no le
atribuía la calidad de empresa del sector de la construcción y no era la empleadora de
los trabajadores que ejecutaron las obras. Insistió en que los contratistas de las obras
eran quienes tenían la obligación de contribuir al FIC y agregó que si la demandada
pretendía exigirle los aportes causados por los contratos de administración delegada,
debió identificar esos acuerdos, según lo dispuesto en el artículo 8.° del Decreto 83 de
1976. Por ende, alegó que los actos acusados fueron proferidos con infracción de las
normas en las que debían fundarse, con falsa motivación y con desviación del poder.

Contestación de la demanda

La demandada se opuso a las pretensiones de la actora (ff. 66 a 77), para lo cual negó
la transgresión de las garantías constitucionales alegada, pues afirmó que le notificó la

1 En auto del 15 de mayo de 2019 (ff. 45 a 47), el tribunal rechazó la tercera pretensión de la demanda referida a la

nulidad de la Liquidación nro. 161-110, del 07 de agosto de 2016, porque se trataba de un acto de trámite no susceptible
de control judicial.

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liquidación inicial de los aportes a la secretaria de la oficina jurídica de su contraparte y,
posteriormente, por correo certificado, con lo cual se aseguró de que conociera la
determinación oficial de la deuda a su cargo y tuviera la oportunidad de presentar las
objeciones que estimara procedentes.

Aunque reconoció que la actora no realizó directamente la construcción de las obras,
señaló que lo hacía a través de contratistas independientes, por lo cual, en su criterio,
era sujeto pasivo de los aportes al FIC como propietaria de las obras contratadas, según
el artículo 6.° de la Resolución 1449 de 2012, cuando los contratistas incumplieran con
su obligación tributaria. Explicó que la responsabilidad de los dueños de las obras por los
aportes al FIC no pendía de que se tratara de contratos de administración delegada, pues
esa exigencia regía para establecer la base gravable aplicable y la sujeción pasiva de las
contribuciones al Sistema de Protección Social. Por lo expuesto, planteó que los actos
acusados se expidieron con sustento en las normas aplicables y sin desviación de sus
atribuciones legales, razón por la cual propuso la excepción de fondo que denominó
«inexistencia de los elementos para la configuración de declaratoria de nulidad de los
actos administrativos demandados».

Sentencia apelada

El tribunal accedió a las pretensiones de la demanda sin condenar en costas a la
demandada (f. 118). Consideró que no hubo una violación del debido proceso, ni de los
derechos de defensa y de contradicción porque la liquidación previa fue notificada en
debida forma a la actora mediante correo certificado, pero, con fundamento en el artículo
34 del CST (Código Sustantivo del Trabajo, Decreto Ley 2663 de 1950) y en la sentencia
de esta Sección del 18 de marzo de 2021 (exp. 24600, CP: Stella Jeannette Carvajal
Basto)2, juzgó que la entidad demandante no era responsable del pago de los aportes al
FIC a cargo de los contratistas que ejecutaron las obras contratadas, pues solo lo sería
si se acreditara que se trataba de contratos de construcción con administración delegada.
Así, porque únicamente para esos contratos el artículo 8.° del Decreto 083 de 1976
disponía la responsabilidad del dueño de la obra por el pago de los aportes al FIC.

Recurso de apelación

La demandada apeló la decisión de primer grado (f. 118), con miras a lo cual planteó que
el tribunal desconoció el artículo 6.° de la Resolución 1449 de 2012 dispone que los
propietarios de las obras son responsables de los aportes al FIC, salvo que comprueben
que sus contratistas cumplieron con esa obligación tributaria. Recalcó que el artículo 7.°
del Decreto 83 de 1976 prevé como sujetos dedicados a la construcción y, por ende,
obligados al pago de los aportes al FIC, a quienes realizan obras por cuenta de terceros.
Dado lo anterior, sostuvo que la demandante era responsable de las contribuciones no
pagadas por los contratistas a los que les encargó la construcción de unas obras e insistió
en la irrelevancia de que esos acuerdos fueran de administración delegada, pues ese
requisito regía para los aportes al Sistema de Protección Social y la tipología contractual
en las contribuciones al FIC incidía en la liquidación de la base gravable, pero no para
determinar la responsabilidad a cargo de los propietarios de las obras.

2 También en el criterio de decisión de la Sección Primera de esta corporación, expuesto en la sentencia del 03 de

diciembre de 2020 proferida en el exp. 76001-23-31-000-2002-0287001, CP: Roberto Augusto Serrato Valdés.

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Pronunciamientos sobre el recurso

La demandante y el ministerio público guardaron silencio en esta etapa procesal.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1- Juzga la Sala la legalidad de los actos acusados, atendiendo al cargo de impugnación
formulado por la demandada, en calidad de apelante única, contra la sentencia del
tribunal que accedió a las pretensiones de la demanda sin condenarla en costas.
Concretamente, se establecerá si la demandante era responsable de los aportes al FIC,
por la omisión de los terceros a quienes contrató para la construcción de unas obras en
los periodos de la litis.

2- Sobre el particular, el a quo determinó que la entidad demandante no era responsable
del pago de los aportes al FIC a cargo de los contratistas, porque para esos efectos le
correspondía a la demandada acreditar que los contratos eran por administración
delegada, ya que esa era la condición prevista en el artículo 8.° del Decreto 83 de 1976
para atribuirle la responsabilidad al propietario de las obras por el pago de dichas
contribuciones. A ese juicio se opone la apelante, pues alega que la tipología contractual
es irrelevante si se tiene en cuenta que el artículo 6. ° de la Resolución 1449 de 2012
establece como responsables a los propietarios de las obras que no demuestren que los
contratistas cancelaron los aportes al FIC. Así porque, en su criterio, la contribución se
causa a cargo de los sujetos dedicados a la construcción, entre estos, quienes realizan
las obras por cuenta de terceras personas, como lo dispone el artículo 7.° del Decreto 83
de 1976. Por ende, sostiene que como la actora omitió comprobar que sus contratistas
pagaron los aportes al FIC, era responsable de los mismos en la cuantía determinada en
los actos acusados. En esos términos, corresponde establecer si la demandante era
responsable de los aportes al FIC, por la omisión de los contratistas a quienes le encargó
la construcción de unas obras en los periodos de la litis.

3- De la creación del FIC (Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la
Construcción) se ocupó el artículo 6.° del Decreto Ley 2375 de 1974, para lo cual dispuso
que su financiación estaría a cargo de los empleadores de «la industria de la
construcción» a quienes exoneró de la obligación de contratar aprendices a cambio del
pago de una contribución equivalente a «una vez el salario mínimo por cada cuarenta
(40) trabajadores que laboren bajo sus órdenes». Para la administración y gestión de
esas contribuciones encargó al SENA, con la asesoría de la Cámara Colombiana de la
Construcción, y previó que los recursos fueran destinados al «pago de la proporción
salarial que corresponda a los aprendices que reciben formación profesional en los
diversos oficios de la industria de la construcción».

Esa disposición fue reglamentada mediante el Decreto 083 de 1976. Estableció el artículo
7.° como «personas dedicadas a la industria de la construcción» a «quienes ocasional o
permanentemente, por su cuenta o la de un tercero, erigen o levantan estructuras
inmuebles como construcción de casas o edificios, vías de comunicación, oleoductos,
gasoductos, canalización, alcantarillado, acueducto, pavimentos, obras de desecación,
riego y embalses, instalaciones eléctricas y mecánicas y demás construcciones civiles no
mencionadas y quienes trabajan en el mantenimiento y reparación de dichas obras». A
su vez, el artículo 8.° previó como «responsables … del pago de los aportes» a: (i) «el
propietario de la obra en las construcciones por el sistema de administración delegada»,

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y (ii) «los contratistas o constructores principales de la misma en los contratos a precio
alzado o a precios unitarios fijos».

4- Por otra parte, el artículo 3.° del Decreto 1047 de 1983 facultó al SENA para
«establecer los procedimientos necesarios relacionados con la liquidación, recaudo y
control de los valores correspondientes al FIC, así como también para regular la
administración, funcionamiento y destinación específica del mismo». En ejercicio de esa
potestad, se expidió la Resolución 1449 de 2012, que en el artículo 6.° dispuso como
responsables de la contribución al FIC a: (i) «los empleadores señalados en el artículo
7.° del Decreto 083 de 1976», y (ii) «los propietarios o contratistas principales … sobre el
costo total de la obra, en los casos que no demuestren que sus subcontratistas
cancelaron el FIC».

En torno a ese último supuesto de sujeción pasiva, la Sala ha aclarado que «debe
entenderse en contexto de la regulación con rango legal del hecho generador del tributo»,
razón por la cual, en cualquier caso, el obligado tributario será quien tenga «la doble
connotación de pertenecer al sector de la industria de la construcción y ser empleador»,
pues así lo dispone el artículo 6.° del Decreto Ley 2375 de 1974 (sentencia del 22 de julio
de 2021, exp. 25301, CP: Julio Roberto Piza Rodríguez). Asimismo, ha precisado la
Sección que, tampoco podría derivarse una responsabilidad a cargo de las entidades
contratantes, a partir del artículo 34 del CST, porque precisamente esa norma establece
que los contratistas independientes «son verdaderos empleadores y no representantes ni
intermediarios, las personas naturales o jurídicas que contraten la ejecución de una o
varias obras», y restringe la responsabilidad solidaria del «dueño de la obra» al pago de
«el valor de los salarios y de las prestaciones e indemnizaciones a que tengan derecho
los trabajadores», como medida de protección para los empleados de la construcción.
Entonces, considerando que los contratistas son los empleadores de quienes prestan sus
servicios para la construcción de obras, ello explica que la ley no previera a cargo de las
entidades contratante el cumplimiento de la obligación de hacer los aportes al FIC, de
manera que lo contrario, por la interpretación descontextualizada de los artículos 8.° del
Decreto 83 de 1976 y 6. ° de la Resolución 1449 de 2012, pretendida por la demandada,
«supondría un quebrantamiento al principio de reserva de ley, dado que los obligados
tributarios que deben ser establecidos por la ley» (sentencia citada supra, del 22 de julio
de 2021).

5- Al respecto, en el plenario están acreditados los siguientes hechos relevantes:

(i) La demandante es un municipio que, para cumplir con el mandato del artículo 311
Constitucional de «construir las obras que demande el progreso local», acuerda su
ejecución con terceros independientes, conforme a las reglas de contratación previstas
en la Ley 80 de 1993. En los periodos discutidos, contrató la construcción de obras bajo
la modalidad de precios unitarios, reconociendo la autonomía administrativa y técnica del
contratista, para la ejecución del objeto contractual «sin relación de subordinación o
dependencia, por lo cual no se generará ningún tipo de vínculo laboral entre el municipio
y el contratista, ni con el personal que éste llegare a utilizar para el desarrollo del objeto
contractual». Además, acordó que durante la ejecución de la obra «el contratista es el
único responsable por la vinculación de personal, lo cual realiza en su propio nombre y
por su cuenta y riesgo, sin que el municipio adquiera responsabilidad alguna por dichos
actos. Por tanto, corresponde al contratista el pago de salarios y prestaciones sociales e
indemnizaciones a que haya lugar» (ff. 8 a 373 caa).

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(ii) El 20 de diciembre de 2016, la demanda profirió la liquidación oficial nro. 161-110,
determinando los aportes al FIC a cargo de la actora por los periodos de enero de 2011
a junio de 2016 y los intereses moratorios por un valor de $879.438.034. A esa liquidación
se adjuntó una comunicación en las que se identificaron los contratos, contratistas, la
fecha de terminación y el monto de las obras a partir de los cuales se determinaron las
contribuciones al FIC (ff. 390 a 991 caa).

(iii) Mediante la Resolución nro. 2330, del 22 de diciembre de 2016, la demandada
determinó que la actora, en su calidad de «empleador», le adeudaba al FIC la suma de
$879.438.034 por los aportes de los periodos de enero de 2012 a junio de 2016 y los
intereses causados por la mora en su pago (ff. 382 a 387 caa).

(iv) A lo anterior, se opuso la demandante en el recurso de reposición precisando que,
según la normatividad aplicable a la contribución al FIC, «no es deudor principal de la
contribución al FIC» de manera que «debieron ser vinculados al proceso de fiscalización
como responsables de la contribución al FIC, los contratistas que aparecen relacionados
en el listado de contratos de obra ejecutados durante las vigencias 2010 a 2015».
Además, aseguró que su contraparte «no determinó qué contratos estaban bajo la
modalidad de administración delegada», para atribuirle alguna responsabilidad por el
pago de las contribuciones al FIC (ff. 425 a 428 caa).

(v) Con la Resolución nro. 985, del 13 de junio de 2019, la demandada aclaró que la
actora era sujeto pasivo de los aportes al FIC ya que «si bien no es un sujeto dedicado
exclusivamente a la construcción, la norma citada [se refiere al artículo 7.° del Decreto
83 de 1976] también establece que pertenecen a la industria de la construcción las
personas que ocasionalmente y por medio de un tercero ejerzan esta actividad, como el
municipio … ya que por ser una entidad estatal del orden territorial no puede ejecutar
directamente este tipo de obras». Entonces, al «hacer parte de la industria de la
construcción … como empleador debe contribuir al FIC» conforme al artículo 6.° de la
Resolución 1449 del 2012 que señala que «el propietario de la obra será responsable del
pago del FIC, cuando no demuestre que quien ejecutó las obras haya cancelado el FIC».
Lo anterior, «independientemente de la forma de contratación por la cual se llevaron a
cabo las obras públicas de propiedad del municipio … es menester del propietario velar
que sus contratistas realizaran el pago» (ff. 392 a 403 caa).

6- Para solucionar el problema jurídico, la Sala parte de reiterar que, de acuerdo con los
precedentes de la Sección, son sujetos pasivos de las contribuciones al FIC los
empleadores que pertenezcan al sector de la industria de la construcción. En el plenario
consta que, la actora es una entidad territorial que por mandato constitucional contrata la
ejecución de obras públicas para cumplir con las funciones que le asignan la Constitución
y la ley, de acuerdo con las reglas de la Ley 80 de 1993; para la apelante única eso la
hace ser una entidad empleadora del sector de la construcción porque ejecuta obras a
través de terceros. Ese planteamiento de la apelante única no se comparte por la Sala,
pues el hecho de una entidad contrate la realización de unas obras, no significa que
participe en su ejecución a través de los contratistas, pues serán estos los encargados
de desarrollarlas, con el personal que para esos efectos contraten por su propia cuenta
y riesgos, tal y como se especificó en los contratos que suscribió el municipio
demandante. Entonces, en los contratos de obra de la litis, los contratistas independientes
fungen como empleadores del sector de la construcción obligados al pago de los aportes
al FIC, y esa cuota no podría exigírsele a la demandante, ya que se requiere que tenga
la calidad de empleador de la industria de la construcción (artículo 6.° del Decreto Ley
2375 de 1974). No prospera el cargo de apelación.

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Demandante: Municipio de Soacha

7- En definitiva, dado que la apelación de la demandada no prosperó, corresponde
confirmar la sentencia del tribunal.

8- Por no estar probadas en el expediente, no se condenará en costas en segunda
instancia, conforme a lo establecido en el artículo 365.8 del CGP.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sección Cuarta, administrando justicia
en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Confirmar la sentencia apelada.

2. Sin condena en costas en esta instancia.

3. Reconocer personería a Santos Alirio Rodríguez Sierra, apoderado de la parte actora.

Cópiese, notifíquese, comuníquese. Devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRÓN

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