Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2018-00730-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2018-00730-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 25000-23-37-000-2018-00730-01
Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello
16 de mayo de 2024
Radicado: 25000-23-37-000-2018-00730-01 (27888)
Demandante: Alianza Fiduciaria S.A.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá, D.C., dieciséis (16) de mayo de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación 25000-23-37-000-2018-00730-01 (27888)
Demandante ALIANZA FIDUCIARIA S.A.
Demandado UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL
Temas Participación en el efecto plusvalía. Principios de congruencia y
de justicia rogada. Competencia temporal. Cálculo del efecto
plusvalía por metro cuadrado.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra
la sentencia del 11 de mayo de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A, que resolvió lo siguiente:
“Primero. DECLARAR la nulidad parcial del acto administrativo contenido en la Resolución
1498 del 15 de septiembre de 2017 “por medio de la cual se establece el efecto plusvalía para
integraciones prediales y otros predios bajo el escenario del decreto distrital 652 de 2014, de
conformidad con la transición del artículo 3 del Decreto Distrital 079 de 2016, y se determina
el monto de su participación en plusvalía, y se dictan otras disposiciones” en lo que respecta
a los predios objeto del presente asunto y nulidad de la resolución 1096 del 25 de julio de 2018
“por la cual se resuelve recurso de reposición interpuesto en contra de la resolución No. 1498
del 15 de septiembre de 2017, en lo que respecta a los predios con CHIP AAA0073NMSY,
AAA0073NMTD, AAA0073NOFZ, AAA0073NOHK, AAA0073NOJZ, AAA0073NOKC que
hacen parte de la integración predial No. 063 de dicho acto administrativo”.
Segundo. A título de restablecimiento del derecho, que la parte actora no está obligada a
pagar suma alguna por concepto relacionado con la participación en plusvalía liquidada en los
actos acusados.
Tercero. Sin condena en costas en esta instancia. (…)”1 (negrilla y subrayado del original).
ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA
La Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital (en adelante Catastro
Distrital) expidió la Resolución Nro. 1498 del 15 de septiembre de 2017, que
establece el efecto plusvalía por metro cuadrado para integraciones prediales y
otros inmuebles bajo el Decreto Distrital 562 de 2014, de conformidad con la
transición del artículo 3 del Decreto Distrital 079 de 2016.
Alianza Fiduciaria S.A. (como vocera del patrimonio autónomo denominado
Fideicomiso Edificio Central) presentó recurso de reposición contra el anterior acto
administrativo, con relación a 6 inmuebles que hacen parte de la Integración Predial
Nro. 632.
1 Samai del Tribunal, índice 41, página 15.
2 Identificados con los Chip Nros. AAA0073NMSY, AAA0073NMTD, AAA0073NOFZ, AAA0073NOHK,
AAA0073NOJZ y AAA0073NOKC.
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Radicado: 25000-23-37-000-2018-00730-01 (27888)
Demandante: Alianza Fiduciaria S.A.
La entidad profirió la Resolución Nro. 1096 del 25 de julio de 2018, en la cual
modifica su decisión inicial, por lo que redujo el valor del efecto plusvalía por metro
cuadrado a $1.454.000, para cada uno de los 6 inmuebles.
ANTECEDENTES PROCESALES
Demanda
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
contemplado en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011, la parte demandante formuló
las siguientes pretensiones3:
“3.1. Declarar la nulidad de los siguientes actos administrativos:
3.1.1. Resolución 1498 de 2017, "Por medio de la cual se establece el Efecto Plusvalía
para integraciones prediales y otros predios bajo el escenario del Decreto distrital
562 de 2014, de conformidad con la transición del artículo 3 Decreto Distrital 079
de 2016, y se determina el monto de su participación en plusvalía, y se dictan
disposiciones", únicamente en los que respecta a los predios con CHIP
AAA0073NMSY, AAA0073NMTD, AAA0073NOFZ, AAA0073NOHK,
AAA0073NOJZ y AAA0073NOKC”
3.1.2. Resolución 1096 de 2018 “por la cual se resuelve un recurso de reposición
interpuesto en contra de la Resolución 1498 de 2017”, en los que respecta a los
predios con CHIP AAA0073NMSY, AAA0073NMTD, AAA0073NOFZ,
AAA0073NOHK, AAA0073NOJZ y AAA0073NOKC”
3.2. Como consecuencia de la anterior declaración:
3.2.1. Se restablezca el derecho de mis poderdantes declarando que NO se generó
participación en el efecto plusvalía para los siguientes predios:
CHIP MATRÍCULA DIRECCIÓN COD_INTEGRACIÓN
AAA0073NMSY 050C00987796 CL 25 31 A 10 63
AAA0073NMTD 050C00143422 CL 25 31 A 24 63
AAA0073NOFZ 050C00496720 CL 25 BIS 31 A 13 63
AAA0073NOHK 050C0063511 CL 25 BIS 31 A 07 63
AAA0073NOJZ 050C00876770 KR 31 A 25 25 63
AAA0073NOKC 050C00512097 KR 31 A 25 15 63
3.2.2. Se restablezca el derecho de mis poderdantes declarando los mismos NO están
obligados al pago de la participación del efecto plusvalía establecido en las
Resoluciones generó participación en el efecto plusvalía contenidos en la
Resolución 1498 de 2017 y Resolución 1096 de 2018”.
A los anteriores efectos, la demandante invocó como violados los artículos 13 y 29
de la Constitución Política; 2, 38, 48, 73, 74, 77, 81, 82 y 100 de la Ley 388 de 1997;
42 de la Ley 1437 de 2011; 4 del Decreto 1788 de 2004; 13 del Decreto 1420 de
1998; 3, 4, 5, 6, 7 y 18 del Decreto Distrital 020 de 2011; Acuerdo Distrital 118 de
2003; y 4, 11 y 18 de la Resolución IGAC Nro. 620 de 2008.
En el concepto de la violación, la actora propuso 4 cargos de nulidad, pero,
comoquiera que los últimos 3 están íntimamente relacionados entre sí, serán
resumidos conjuntamente, de la siguiente forma:
1. Incorrecta valoración de los costos y sus efectos en la liquidación de la
plusvalía aplicable al proyecto
Señaló que el efecto plusvalía en discusión surge por supuestos mayores
aprovechamientos del suelo por incremento del índice de construcción de los
3 Samai, índice 2, PDF de la demanda, página 19.
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inmuebles de propiedad de la demandante, a raíz de la autorización otorgada por el
Decreto Distrital 562 de 2014, en el marco del régimen de transición del Decreto
Distrital 079 de 2016. No obstante, resaltó que Catastro Distrital incurrió en
diferentes errores en la determinación del avalúo los cuales influyen en el efecto
plusvalía.
Explicó el procedimiento para calcular el efecto plusvalía del artículo 77 de la Ley
388 de 1997, la determinación del precio comercial por metro cuadrado por mayor
aprovechamiento del suelo del artículo 27 de la Resolución IGAC Nro. 620 de 2008
y el método residual del artículo 4 ibidem. Así mismo, indicó que la Resolución Nro.
1498 de 2017 (acto acusado) previó que la determinación de las ventas del
proyecto, con el fin de aplicar el método residual, tendría como base la información
reportada en la Licencia de Construcción Nro. 16-2-0496.
Manifestó que, en el cálculo del efecto plusvalía, la Administración cometió
diferentes errores frente al uso de la información de la licencia urbanística (que a su
juicio concretó el hecho generador contenido en el Decreto Distrital 562 de 2014),
la determinación de los costos totales del proyecto, el entendimiento de la actividad
constructiva y las demás gestiones en las que se incurre para adelantar proyectos
urbanísticos. Además, reprochó que los valores utilizados no son uniformes con
relación a otros proyectos que también fueron objeto de la determinación del efecto
plusvalía, debido a que no se utilizó un patrón común en la determinación de costos.
Aseguró que Catastro Distrital pretendió cumplir la jurisprudencia sobre
integraciones inmobiliarias transcrita en la parte considerativa de la Resolución Nro.
1498 de 2017, según el cual el hecho generador no se configura con la sola
expedición del acto administrativo que contiene la acción urbanística, sino que
requiere de una autorización específica que la concrete, como es el caso de las
licencias urbanísticas. Empero, omitió incorporar todos los elementos asociados al
desarrollo del proyecto inmobiliario, lo que dio lugar a errores que afectan el cálculo
del efecto plusvalía.
Indicó que los yerros fueron señalados a la Administración por medio del recurso de
reposición presentado el 14 de noviembre de 2017. Empero, no fueron estudiados
en la Resolución Nro. 1096 de 2018, pues la demandada se limitó a justificar su
actuación con una serie de definiciones de costos directos e indirectos, sin explicar
el marco normativo ni la forma en que son aplicables al asunto bajo examen. En
todo caso, puso de presente que Catastro Distrital, en dicho acto, aceptó lo expuesto
en el recurso sobre la modificación de las áreas vendibles totales del proyecto, pero
no dio respuesta de fondo frente a los demás argumentos presentados con soportes
técnicos y jurídicos.
Concluyó que los actos demandados son abiertamente ilegales por lo que deben
ser revocados debido a que determinan la base gravable del tributo de la
participación en el efecto plusvalía con errores en la aplicación del método residual.
Frente a los costos directos, puso de presente que su estimación fue negativa, del
-4,71% con relación a los costos anteriores a la acción urbanística. Señaló que las
variaciones de los costos no fueron uniformes, pues los proyectos similares (que
corresponden a las Integraciones Prediales Nros. 2-335, 4-10 y 4-34) tuvieron un
incremento de hasta el 38% sin que exista un fundamento técnico o legal que
justifique el trato diferenciado, lo que viola su derecho a la igualdad y el principio de
neutralidad.
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Bajo esta perspectiva, Catastro Distrital debió tener como costo directo mínimo el
valor inicial, de $1.315.200,36 por metro cuadrado, incrementado en un 14,77%,
que corresponde al aumento que tuvo el proyecto que más se asemeja al que se
debate en este proceso. Así, se aumentan los costos de forma coherente al mayor
valor de la cimentación del edificio por el aumento del número de pisos y el uso de
duplicadores requeridos para los parqueaderos de los sótanos a doble altura.
Conforme con lo anterior, los costos directos totales pasarían de $16.684.525.875
a $20.095.138.935,21 dentro de la determinación del efecto plusvalía.
De otro lado, cuestionó la forma en la cual se cuantificó el rubro de cargas
urbanísticas debido a que Catastro Distrital tomó el valor de $1.387.605.786,60 a
pesar de que el monto realmente pagado fue de $1.709.868.869, de modo que se
presenta una diferencia por $332.263.082.
Puso de presente que, según la demandada, el valor tomado corresponde a la
referencia para el año 2014, por el cual se realiza el cálculo del efecto plusvalía. Sin
embargo, Alianza Fiduciaria S.A. sostiene que la autorización específica objeto de
comparación no corresponde al Decreto Distrital 562 de 2014, sino a la Licencia de
Construcción Nro. 16-2-0496, tal como lo reconoce la Resolución Nro. 1498 de
2017.
Destacó que no puede tomarse la licencia urbanística como acción específica que
concreta el hecho generador únicamente para el mayor aprovechamiento del suelo,
sin atender los aspectos puntuales del proyecto contenidos en ella, como lo es la
asunción de cargas urbanísticas.
Procedió a proponer una nueva liquidación del efecto de plusvalía tomando el área
total vendible establecido en la Resolución Nro. 1096 de 2018 y modificando el total
de ventas y los costos directos e indirectos. De esta forma, indicó que el valor total
del lote y por metro cuadrado serían negativos, de -$479.150.576,98 y -
$413.060,84, respectivamente.
En cuanto a los costos indirectos, reprochó que el Catastro Distrital no consideró
otros conceptos que constituyen requisito de ley (pago del ICA, del gravamen a los
movimientos financieros, del impuesto predial, del impuesto de registro, de los
derechos notariales y de conexión de servicios públicos) o que son necesarios por
exigencias del mercado (gastos fiduciarios, de publicidad y de ventas del proyecto),
los cuales inciden en el precio del suelo para la determinación del monto a pagar
por plusvalía.
Para finalizar este acápite, invocó la definición de costos indirectos del Concepto
Nro. 80112-EE75841 del 29 de septiembre de 2011 de la Contraloría General de la
República y destacó que son aquellos requeridos para ofrecer la disponibilidad del
servicio.
2. Expedición extemporánea de los actos acusados, falta de competencia y
violación directa de la ley.
Advirtió que los artículos 6 y 7 del Decreto Distrital 020 de 2011 establecen que el
efecto plusvalía debe determinarse en un plazo inmodificable, cuyo
desconocimiento supone que Catastro Distrital pierde competencia para proferir el
acto administrativo.
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Con base en lo anterior, afirmó que la entidad demandada determinó de forma
extemporánea el efecto plusvalía debido a que la Resolución Nro. 1498 de 2017 fue
proferida pasados 18 meses desde el momento en el que la Secretaría Distrital de
Planeación remitiera la información de los predios objeto de licenciamiento y 33
meses después de la expedición del Decreto Distrital 562 de 2014. Por lo anterior,
estimó violados los artículos 6, 29, 121 y 209 de la Constitución.
Indicó que la expedición inoportuna del acto de determinación constituye una
infracción formal a las reglas previstas en el Decreto Distrital 016 de 2013, y también
conlleva una afectación sustancial, más cuando asigna el pago de $843.320.000
por concepto de participación en plusvalía.
Solicitó al a quo que, sobre este punto, aplicara el precedente horizontal contenido
en la sentencia del 31 de agosto de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, en el proceso 2015-00308-00. En
esta providencia, se declaró la nulidad de actos de determinación de la plusvalía por
metro cuadrado porque superaron el plazo legal de 60 días hábiles.
Transcribió apartes de la sentencia del 19 de junio de 2008, expedida por el Consejo
de Estado, Sección Segunda, exp. 0316-05, C.P. Jesús María Lemos Bustamante.
Con base en ella, insistió en que Catastro Distrital se extralimitó en sus
competencias temporales, debido a que de conformidad con el Decreto Distrital Nro.
020 de 2011 ya había finalizado la oportunidad para expedir el acto administrativo.
Además, citó la sentencia del 22 de febrero del 2000 del Consejo de Estado, Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, exp. S-051, que definió la violación directa
de la ley.
Reiteró que la determinación del efecto plusvalía es una facultad regulada y, en
consecuencia, si ya había transcurrido el término legal, Catastro Distrital debía
abstenerse de determinar el efecto plusvalía por metro cuadrado.
Adicionalmente, comentó que a pesar de que el contenido de la Resolución Nro.
1096 de 2018 no corresponde formalmente con la liquidación de la participación en
plusvalía, la entidad demandada ordenó su inscripción, lo que supone una
usurpación de funciones, pues el artículo 11 del Decreto Distrital Nro. 020 de 2011
ordena que la liquidación del monto de la participación la efectuará la Secretaría
Distrital de Hacienda.
Oposición de la demanda
Catastro Distrital controvirtió las pretensiones de la demanda con los siguientes
argumentos:
1. Sobre la incorrecta valoración de los costos y sus efectos en la
liquidación de la plusvalía aplicable al proyecto
Indicó que el artículo 74 de la Ley 388 de 1997 prevé como hecho generador la
autorización de un mayor aprovechamiento del suelo en edificación, bien sea
elevando el índice de ocupación o el índice de construcción o ambos a la vez. De
esta forma, el efecto plusvalía se calcula teniendo en cuenta el máximo potencial
que permite la norma antes y después de la acción urbanística.
Señaló que el artículo 77 ibidem prevé que, en el análisis del efecto plusvalía, el
potencial edificatorio es el resultado de la aplicación de los respectivos índices de
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ocupación y de construcción junto con las variables volumétricas antes y después
de la acción urbanística.
Advirtió que no hay una norma que regule el porcentaje de incidencia del valor del
lote sobre las ventas en la elaboración de los avalúos debido a que corresponde al
resultado de la aplicación del método residual para determinar el valor del terreno.
Destacó que las ventas corresponden a productos inmobiliarios comparables con el
proyectado en el ejercicio residual, y que los costos y la utilidad deben estar
adoptados según las condiciones de la obra.
Manifestó que el cálculo realizado por Catastro Distrital se efectuó de acuerdo con
lo establecido en los artículos 4 y 14 de la Resolución IGAC Nro. 620 de 2008,
considerando que se plantearon proyectos inmobiliarios en los dos escenarios
normativos de acuerdo con la norma urbanística reglamentada, se desarrolló la
investigación para determinar el valor de venta adoptado y los costos de
construcción.
Insistió en que el porcentaje de incidencia del valor del suelo sobre las ventas es
resultante de la aplicación del método residual y tiene en cuenta variables como la
norma urbanística, las ventas y los costos de construcción de acuerdo con el
producto inmobiliario y la utilidad esperada. Resaltó que, si se realizara el análisis
del valor del terreno con la incidencia del mismo, no podría superar el 20% porque
las variables referidas no estarían acordes con el producto inmobiliario y se
incumpliría la Resolución IGAC Nro. 620 de 2008.
Aclaró que los costos de construcción se tomaron según el prototipo inmobiliario
resultante de la aplicación de las normas urbanísticas y que la utilidad se contempló
de acuerdo con lo parametrizado por Catastro Distrital, todo teniendo en cuenta que
la fecha en la cual se realizan los potenciales desarrollos corresponde al 12 de
diciembre de 2014, cuando entró en vigencia el Decreto Distrital 562 de 2014.
Explicó que los costos directos se adoptaron de las tipologías constructivas
realizadas por el Catastro Distrital para cada producto inmobiliario resultante de la
aplicación de la norma y los valores determinados en estos presupuestos de obra
se toman como costos directos.
Indicó que el método de avalúo utilizado fue el previsto en los artículos 4, 14 y 27
de la Resolución IGAC Nro. 620 de 2008, según el cual el valor del terreno es igual
a las ventas totales, menos los costos totales y la utilidad esperada.
Así, sostuvo que los costos directos se determinaron bajo una tipología constructiva,
que consta de un presupuesto general y un análisis de precios unitarios. Por lo tanto,
las diferencias entre costos corresponden a un estudio técnico y no una proporción
para los proyectos.
Precisó que la comparación realizada por la demandante con otros proyectos es
errónea considerando que los productos inmobiliarios de la muestra 2-335 son
estrato 6 y los puntos 4-10 y 4-34 corresponden a oficinas, ambos ubicados al norte
de la ciudad. Adujo que, si bien es cierto cuando aumenta el tamaño del proyecto
también lo hace el costo de cimentación, de igual modo lo es que el incremento del
área de la obra supone que el costo por metro cuadrado tiende a la baja por la
compra de volúmenes de material de construcción, por lo que la afirmación de la
actora carece de sustento técnico.
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Relató que el efecto plusvalía no puede considerarse una obligación urbanística,
pues ella se establece de acuerdo con el impacto que el proyecto edificatorio origine
en el sector en que se localice el inmueble y el beneficio que el mismo genere para
el desarrollador4. En cambio, la participación en plusvalía es un tributo que se aplica
al incremento del valor del suelo por un beneficio normativo, como ocurrió en este
caso.
Aseguró que el valor de las cargas urbanísticas por mayor edificabilidad es tenido
en cuenta por Catastro Distrital para determinar la estructura de costos asumidas
por la actora, así como en el desarrollo del ejercicio residual para el segundo
escenario normativo, esto es, el posterior a la acción urbanística. Por lo tanto, “el
valor del suelo resultante ya contempla en los descuentos que se realizan, estos costos, es decir, al
valor del efecto plusvalía ya se le ha descontado el valor de las cargas” 5.
Recalcó que los costos indirectos utilizados en los actos acusados corresponden
a los legalmente establecidos y de la misma forma señaló que la demandante no
aportó soportes concluyentes de otros costos indirectos en los cuales incurrió.
2. Sobre la expedición extemporánea de los actos acusados, falta de
competencia y violación directa de la ley.
Explicó que, de conformidad con la jurisprudencia6, por regla general, el vencimiento
de un término no despoja a la administración de la facultad de adoptar una decisión.
Lo anterior tiene como excepción el silencio administrativo positivo, condición que
debe señalarse expresamente en la ley, lo cual no ocurre en el presente caso.
Anotó que existen términos preclusivos, cuyo vencimiento hace que la
Administración pierda competencia, y perentorios, en los que no se pierde la
facultad de adoptar la decisión. Respecto del trámite para liquidar el efecto de
Plusvalía, señaló que el Consejo de Estado consideró de forma expresa que los
términos son perentorios y no preclusivos7.
En ese sentido, concluyó que el demandante trae a colación un supuesto
antecedente horizontal que no puede calificarse de precedente porque no ha sido
reiterado de forma predecible por los jueces y que, en todo caso, es contrario al
precedente del Consejo de Estado. Al efecto, citó diferentes pronunciamientos
emitidos por esta Corporación con el propósito de recalcar que los plazos
establecidos son perentorios, y no contemplan la perdida de competencia derivada
de su incumplimiento8.
Sentencia apelada
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A, declaró
la nulidad parcial de la Resolución Nro. 1498 del 15 de septiembre de 2017 y la
nulidad total de la Resolución Nro. 1096 del 25 de julio de 2018, con fundamento en
las siguientes consideraciones:
Indicó que el hecho generador de la participación en plusvalía requiere que el
municipio o distrito adopte el tributo mediante acuerdos de carácter general y que,
4 Citó el artículo 16 del Decreto Distrital 562 de 2014 y una sentencia de la Corte Constitucional sin identificar.
5 Samai, índice 2, PDF del cuaderno de primera instancia, página 272.
6 Invocó la sentencia del 13 de octubre de 2016, exp. 20983, (no identifica al ponente)
7 Citó las sentencias del 13 de octubre de 2016 No. 20983 C.P Martha Teresa Briceño de Valencia y del 30
de agosto de 2017 No. 20805 C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
8 Citó las sentencias del 25 de septiembre de 2017 No. 21596 C.P Stella Jeannette Carvajal Basto y del 14
de agosto de 2019 No. 11001-03-15-000-2019-00081-01 C.P. Nicolás Yepes Corrales.
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en vigencia del acuerdo municipal o distrital, se produzca una acción urbanística
que autorice un uso más rentable o incrementar el aprovechamiento del suelo,
mediante 3 supuestos: i) la incorporación de suelo rural a suelo de expansión urbana
o la consideración de parte del suelo rural como suburbano, ii) el establecimiento o
modificación del régimen o la zonificación de los usos del suelo, o iii) la autorización
de un mayor aprovechamiento del suelo en edificación, bien sea elevando el índice
de ocupación o el índice de construcción, o ambos a la vez9.
Señaló que el Decreto Distrital 562 del 12 de diciembre de 2014 reglamentó las
condiciones urbanísticas para el tratamiento de renovación urbana, el cual fue
modificado por el Decreto 575 de 2015. Posteriormente fue expedido el Decreto
Distrital 079 de 2016, por medio del cual se derogaron las disposiciones antes
mencionadas y se creó un régimen de transición respecto a la participación en
plusvalía para aquellas situaciones que se hayan tramitado o se adelanten con base
en las normas derogadas.
Luego, “en atención a que, la parte actora considera que el englobe o integración predial no está
configurado como hecho generador”10, afirmó que la Resolución Nro. 1498 de 2017
contempló que dos o más predios que se integren o engloben pueden generar un
incremento en el aprovechamiento del suelo, lo cual permitiría una mayor área
edificada, siendo el englobe el hecho generador cada vez que el predio resultante
del mismo adquiera la potencialidad de una mayor edificabilidad que la norma le
autoriza.
Indicó que el Consejo de Estado expidió la Sentencia de Unificación 2020CE-SUJ-
4-006 (exp. 2354011), en la que se estableció que el procedimiento administrativo
que someta a englobe unos predios no concreta alguno de los aspectos del hecho
generador de la participación en plusvalía. En consecuencia, manifestó que “al
analizar el contenido del Decreto 079 de 2017, que como se mencionó, donde se encuentran los
predios de la parte demandante que se sometieron a englobe o integración predial, no hubo aumento
de los aprovechamientos máximos permitidos por la acción urbanística anterior, esto es, los
establecidos en el Decreto 562 de 2014 es que la Sala considera que los actos acusados, deben ser
declarados nulos”12.
Destacó que la licencia de construcción no determina la existencia del hecho
generador en el caso concreto, por lo cual se relevó del estudio de analizar los
demás problemas jurídicos.
El a quo no impuso condena en costas porque no encontró demostrada su
causación.
Finalmente, se pone de presente que uno de los magistrados que integró la Sala de
decisión de primera instancia salvó el voto porque, en su concepto, el fallo
desconoció el principio de justicia rogada en cuanto que la declaratoria de nulidad
se sustentó en un cargo no propuesto por la sociedad actora.
Recurso de apelación
Catastro Distrital apeló con base en 8 cargos que, por estar íntimamente
relacionados entre sí, se resumirán de forma conjunta:
9 Citó la sentencia de unificación del 3 de diciembre de 2020 No. 23540 C.P Julio Roberto Piza Rodríguez.
10 Samai del Tribunal, índice 41, página 12.
11 Citó la sentencia del 3 de diciembre de 2020, C.P Julio Roberto Piza Rodríguez.
12 Samai del Tribunal, índice 41, página 13.
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Radicado: 25000-23-37-000-2018-00730-01 (27888)
Demandante: Alianza Fiduciaria S.A.
Manifestó que el a quo interpretó de forma errónea el primero de los cargos
propuestos por Alianza Fiduciaria S.A., para demostrar esta afirmación, transcribió
algunos apartes de la demanda y destacó que su propósito fue discutir el calculó
del efecto plusvalía y no su hecho generador.
Sostuvo que el Tribunal aplicó la regla jurisprudencial establecida por el Consejo de
Estado sobre el hecho generador, en sentencia de unificación del 3 de diciembre de
2020, a pesar de que dicho tema no estaba en discusión. De esta forma, consideró
violado los principios de justicia rogada13, tal como se expuso en el salvamento de
voto del magistrado disidente, y de congruencia, pues resolvió el litigio con base en
una regla jurisprudencial que era inaplicable en la medida que Alianza Fiduciaria
S.A. no discutía el hecho generador.
Insistió en que la sentencia de unificación citada versó sobre la determinación del
hecho generador del efecto plusvalía previsto y la interpretación de la expresión
“autorización específica” del artículo 74 de la Ley 388 de 1997, por lo que no resulta
aplicable al caso concreto ya que no era un hecho en discusión.
Afirmó que, en gracia de discusión, si se considera aplicable la sentencia de
unificación, ella no existía para el momento en que se profirieron los actos acusados
en los años 2017 y 2018, momento para el cual la posición jurisprudencial
mayoritaria era contraria.
Señaló que la aplicación retroactiva de la jurisprudencia desconoce los principios de
seguridad jurídica14, confianza legítima, irretroactividad de la ley y la jurisprudencia15
y la aplicación uniforme del derecho16. Además, violó los artículos 8.1 y 25 de la
Convención Interamericana de Derechos Humanos y el debido proceso, los cuales
ordenan que nadie puede ser juzgado sin leyes preexistentes al acto que se le
imputa17.
Oposición al recurso de apelación
Afirmó que en el escrito de la demanda se solicitó la nulidad total de los actos
administrativos señalando que son abiertamente ilegales y que se discutió la
fundamentación en directrices jurisprudenciales que fueron corregidas por la
sentencia del 3 de diciembre de 2020.
Manifestó que la sentencia de unificación es aplicable porque expresamente señala
que rige para los trámites pendientes de resolver en sede administrativa y judicial,
lo que es acorde con el sistema constitucional y legal, pues predomina la
13 Citó la sentencia T-553 de 2012 y la sentencia del 18 de febrero de 2016, exp. (sic) 2087, C.P. Martha
Teresa Briceño de Valencia.
14 Citó las sentencias del 05 de diciembre de 2011, No.16532, C.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez; del 10
de septiembre de 2014 No. 19402, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia; del 12 de diciembre de 2014
No. 18944, C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas; del 26 de febrero de 2015 No. 20349 y 19526, C.P.
Martha Teresa Briceño de Valencia y Jorge Octavio Ramírez, respectivamente; del 19 de noviembre de 2015
No. 21064, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia; del 25 de septiembre de 2017 No. 21596, C.P. Stella
Jeannette Carvajal Basto; del 07 de noviembre de 2017 No. 20596, C.P: Jorge Octavio Ramírez Ramírez;
del 03 de mayo de 2018 No. 20612 del 03 de mayo de 2018, C.P. Milton Chaves García, y del 18 de julio y
18 de octubre de 2018 No. 21941 y 21698, C.P. Milton Chaves García.
15 En este punto se refirió a la sentencia del 4 de septiembre de 2017, exp. 57279, del Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección C.
16 Invocó la sentencia del 27 de marzo de 2007, exp. 2000-02513-01, de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado
17 También citó las sentencias T-180 A de 2010, T-538 de 1994 y T-744 de 2005, así como el fallo del 4 de
mayo de 2011, exp. 19957, de la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado.
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Demandante: Alianza Fiduciaria S.A.
uniformidad y coherencia de las decisiones judiciales, los principios de igualdad,
eficiencia y celeridad procesal, y la garantía de los derechos fundamentales.
En gracia de discusión, si se considera que la demanda no cuestionaba el hecho
generador, sino el cálculo del efecto plusvalía, la conclusión necesariamente es la
misma: los actos acusados están viciados de nulidad pues su estructura de costos
se fundamentó en el hecho generador equivocado, debido a que en lugar de
basarse en el Decreto Distrital 562 de 2014, lo hicieron en las licencias urbanísticas.
Advirtió que al analizar los avalúos de Catastro Distrital se evidencia el uso erróneo
de la información de la licencia urbanística, de la determinación de los costos totales
y del entendimiento de la actividad de la construcción.
Luego de reiterar lo expuesto en la demanda, afirmó que en el informe técnico no
se especifican las fuentes de información utilizadas para determinar el tamaño de
las unidades, el tipo de proyecto, las áreas correspondientes a puntos fijos,
circulaciones, entre otros aspectos. Indicó que, a pesar de las objeciones
presentadas en el recurso de reposición, la demandada no desvirtuó las fuentes y
los estudios de mercado presentados18.
Concepto del Ministerio Público
El agente del Ministerio Público guardó silencio.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
Corresponde a la Sala decidir sobre la legalidad de la Resolución Nro. 1498 del 15
de septiembre de 2017 y la Resolución Nro. 1096 del 25 de julio de 2018, mediante
las cuales Catastro Distrital determinó el efecto plusvalía bajo el escenario del
Decreto Distrital 562 de 2014, de conformidad con el régimen de transición del
artículo 3 del Decreto Distrital 079 de 2016, con relación a los inmuebles que hacen
parte de la Integración Predial Nro. 63 que pertenecen al patrimonio autónomo
denominado Fideicomiso Edificio Central, de quien es vocera Alianza Fiduciaria S.A.
1. Sobre los principios de congruencia y de justicia rogada
En el presente asunto, Catastro Distrital manifiesta que la sentencia de primera
instancia se extralimitó al decidir más allá del problema jurídico planteado por las
partes, pues la controversia no versaba sobre la configuración del hecho generador,
sino que se cuestionó el cálculo del efecto plusvalía. Por este motivo, consideró que
en este caso no era aplicable la sentencia de unificación invocada por el a quo.
Para resolver el asunto, resulta relevante señalar que el artículo 281 del Código
General del Proceso dispone que la sentencia debe estar en consonancia con los
hechos y pretensiones de la demanda y con las excepciones que aparezcan
probadas. Así mismo, los artículos 280 ibidem y 187 de la Ley 1437 de 2011
disponen que la sentencia debe ser motivada realizando un análisis crítico de los
razonamientos legales que fundamentan sus conclusiones, de ahí que la parte
resolutiva deba contener la decisión expresa sobre cada una de las pretensiones de
la demanda y de las excepciones19.
18 Transcribió apartes de la sentencia del 16 de junio de 2022, exp. 24361, proferida por esta Sección.
19 Al respecto la presente sala se ha referido en las siguientes sentencias: 25 de mayo de 2023, No. 27174 y
21 de septiembre de 2023, No. 27560 C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
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Este marco normativo describe el principio de congruencia de la sentencia en sus
dos facetas: la armonía entre la parte motiva y la resolutiva de la decisión (interna)
y la concordancia con lo pedido por las partes en la demanda y en su contestación
(externa), de suerte que este principio según la jurisprudencia de esta Corporación:
“persigue la protección del derecho de las partes a obtener una decisión judicial certera sobre
el asunto puesto a consideración del juez, al igual que la salvaguarda del debido proceso y
del derecho de defensa de las partes, cuya actuación procesal se dirige a controvertir los
argumentos y hechos expuestos en la demanda, tratándose del demandado, y en la
contestación, si la posición procesal es la del demandante” 20.
De lo anterior se desprende que una sentencia incongruente es aquella que, aunque
esté centrada en los aspectos que integran el debate litigioso excede lo solicitado
en la demanda (ultrapetita) o porque reconoce algo que no se solicitó (extrapetita).21
En conexión con lo anterior, el principio de justicia rogada, por un lado, le impone al
interesado la carga de exponer los argumentos que sustentan su pretensión de
nulidad en la demanda22 y le impide proponer nuevos cargos durante el trámite
judicial23, y por el otro, le prohíbe al juez analizar los argumentos no propuestos en
el escrito de la demanda, so pena de incurrir en una sentencia extra petita24.
Aplicado lo anterior al caso concreto, la Sala advierte que le asiste razón al apelante
considerando que a lo largo del texto de la demanda no es posible concluir que la
actora cuestionara la configuración del hecho generador de la participación en
plusvalía.
En efecto, de los cargos propuestos y la argumentación contenida en la demanda,
se observa que el litigio se enmarca sólo en: i) la incorrecta valoración de los costos
y sus efectos en la determinación del efecto plusvalía sobre los predios de la
demandante y ii) la falta de competencia temporal y violación directa de la ley por la
presunta expedición extemporánea de los actos acusados. Pese a lo anterior, la
sentencia de primera instancia no analizó estos puntos, sino que fundamentó la
nulidad de los actos acusados en que la licencia de construcción no constituye el
hecho generador del tributo, aspecto que, se insiste, no es objeto de la controversia
planteada.
En la oposición a la apelación, Alianza Fiduciaria S.A. indicó que la demanda sí
controvirtió el hecho generador y la regla jurisprudencial invocada en la parte
considerativa de la Resolución Nro. 1498 de 2017, postura de la Jurisdicción que, a
su juicio, fue corregida por la Sentencia de Unificación 2020CE-SUJ-4-006 del 3 de
diciembre de 2020.
Para decidir respecto de lo anterior, se observa que la demanda expuso lo siguiente:
20 Sentencia del 14 de agosto de 2013, No. 18580, C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.
21
Sobre el particular se puede consultar la Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, del 16 de
septiembre de 2010, exp. 16605 C.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez.
22 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Sentencia del 12 de agosto de
2021. Exp. 23923. C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
23 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Sentencia del 11 de julio de
2019, exp. 21636, CP: Milton Chaves García.
24 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. Sentencia del 3 de agosto de
2016, exp. 20865, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia. En el mismo sentido, ver sentencias del 16 de
septiembre del 2010, exp. 16605, C. P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez, y del 30 de agosto de 2017,
exp. 20778, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Reiteradas en sentencias del 30 de julio de 2020, exp.
24179 C.P. Milton Chaves García y del 14 de julio de 2022, exp. 26024, C.P. Myriam Stella Gutiérrez
Argüello.
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Demandante: Alianza Fiduciaria S.A.
“Entonces resulta que si bien la UAECD (Catastro Distrital) pretendió dar cumplimiento a las
líneas jurisprudenciales sobre las integraciones inmobiliarias que transcribe en la parte
considerativa de la Resolución 1498 de 2017, en el sentido de considerar que el hecho
generador no acaece con la sola expedición del acto administrativo general contentivo de una
acción urbanística, sino que se requiere de una autorización específica que concrete ya sea
la destinación del inmueble a un uso más rentable o el incremento el (sic) aprovechamiento
del suelo, como lo es el caso de las licencias urbanísticas, en el desarrollo del ejercicio
efectuado de manera particular y concreta para los predios objeto de este mecanismo de
control omitió incorporar todos los elementos asociados al desarrollo del proyecto, de tal suerte
que incurrió en diferentes errores que afectan el cálculo”25 (subraya la Sala).
Del aparte transcrito se desprende que la demandante no controvirtió el hecho
generador, sino que la referencia que se realizó al respecto tuvo como objetivo
insistir en los cuestionamientos al cálculo del efecto plusvalía por metro cuadrado.
Entonces, se reitera, la sentencia de primera instancia desconoció los principios de
congruencia y justicia rogada.
La actora, en la oposición al recurso, también sostuvo que la sentencia de
unificación invocada por el Tribunal es aplicable porque en ella se dijo expresamente
que rige para los trámites pendientes de resolver en sede administrativa y judicial.
Empero, como se explicó previamente, esto solo es aplicable si la demanda
controvirtió el hecho generador invocado por la entidad demandada. Situación que
no se cumplió en este caso, lo que impide aplicar la sentencia de unificación por no
tener relación con ninguno de los cargos de nulidad propuestos.
Con base en lo expuesto, la apelación de la parte demandada prospera. Sin
embargo, no es suficiente para negar las pretensiones, pues para ello es necesario
estudiar los cargos de la demanda que no han sido objeto de estudio. De lo
contrario, se denegaría el derecho de acceso a la administración de justicia de la
actora.
2. Delimitación de los cargos de nulidad que serán estudiados
La Sala advierte que, en la oposición a la apelación, Alianza Fiduciaria S.A. afirmó
que, aun si se considera que no cuestionó la configuración del hecho generador, los
actos acusados deben ser anulados porque i) la estructura de costos se fundamentó
en el hecho generador equivocado, debido a que en lugar de basarse en el Decreto
Distrital 562 de 2014, lo sustentó en las licencias urbanísticas; y ii) en el informe
técnico no se especifican las fuentes de información utilizadas para determinar el
tamaño de las unidades, el tipo de proyecto, las áreas correspondientes a puntos
fijos, circulaciones, entre otros aspectos.
Empero, se observa que dichos argumentos no fueron propuestos en la demanda,
de tal modo que no podrán ser objeto de estudio en aplicación del principio de
justicia rogada que, se reitera, le prohíbe a la actora presentar nuevos cargos de
nulidad durante el trámite judicial posterior.
Por lo expuesto, la Sala limitará su estudio a los cargos propuestos en la demanda,
que versan sobre la competencia temporal de Catastro Distrital para proferir los
actos acusados y la existencia de errores en el cálculo de la plusvalía por metro
cuadrado.
25 Samai, índice 2, PDF del cuaderno de primera instancia, páginas 25 a 26.
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3. Sobre la falta de competencia temporal y la violación directa de la ley
La demandante señaló que el artículo 6 del Decreto Distrital 020 de 2011 (vigente
para la época de ocurrencia de los hechos de la demanda y de expedición de los
actos acusados) establece un término inmodificable de 60 días para determinar el
mayor valor por metro cuadrado del predio sujeto al efecto plusvalía y que, en caso
de no cumplirse, conlleva la pérdida de competencia de Catastro Distrital para
proferir los actos administrativos acusados. En este contexto, destacó que la
Resolución Nro. 1498 de 2017 fue expedida pasados 18 meses contados desde el
momento en el que la Secretaría Distrital del Planeación remitió la información de
los predios objeto de licenciamiento y 33 meses después de la expedición del
Decreto Distrital 562 de 2014.
Para decidir sobre este punto, se pone de presente que esta Sección resolvió un
cargo de nulidad similar en la sentencia del 11 de marzo de 202126. En esa ocasión,
precisó que la primera fase del procedimiento del artículo 80 de la Ley 388 de 1997
determina el monto con el que el municipio o distrito participará del plusvalor, pero
no liquida de forma individual la participación por cada predio inmerso en la zona o
subzona de la acción urbanística. Entonces, en esta fase del procedimiento la
administración “se limita a cuantificar el plusvalor previa comparación entre el precio comercial
del metro cuadrado del terreno, según la normativa territorial anterior, y el precio de referencia del
metro cuadrado con ocasión de la acción urbanística generadora de la plusvalía, diferencia que
resultará en el plusvalor”.
Con base en lo anterior, la Sala concluyó que, en ese caso, el acto acusado solo
identificó la zona dentro de la cual están ubicados los predios y fijó el monto del
porcentaje con el que participa la entidad territorial, pero “no complace los requisitos para
ser considerado como liquidación oficial definitiva, por el hecho de que no reúne todos los elementos
de la obligación que permitan hallar la cuota y deuda tributaria, en los términos del artículo 712 del
ET, aplicable por la ya explicada remisión normativa”.
De esta manera, en el fallo del 11 de marzo de 2021, se señaló que el
incumplimiento de los términos del artículo 80 de la Ley 388 de 1997 no supone un
vicio de nulidad en la expedición de este tipo de resoluciones, “por no ser este el acto
de liquidación definitiva e individual que permitiría controlar ese aspecto de la formación del acto
administrativo en cuanto a la obligación particular de la actora y porque, en la medida en que no se
demandó la liquidación definitiva sino la resolución que fija de manera general la participación del
municipio en el plusvalor, la Sala ha entendido que por lo menos para dicho procedimiento específico,
se trata de términos perentorios y no preclusivos de la Administración”.
Las anteriores conclusiones son aplicables al asunto bajo examen, pues la
Resolución Nro. 1498 de 2017 (modificada por la Resolución Nro. 1096 de 2018) no
determinó de forma definitiva el tributo, sino que se limitó a cuantificar el plusvalor
por metro cuadrado, conforme con lo expuesto en su Anexo 1, así27:
“Artículo 1°. Determinar el efecto plusvalía por metro cuadrado sobre los predios que se
identifican en el cuadro anexo n.° 1 de este acto administrativo los cuales fueron reportados
por los Curadores Urbanos y la Secretaria Distrital de Planeación como sujetos al régimen de
transición establecido en el artículo 3 del Decreto Distrital 079 de 2016 por haber sido
licenciados dando aplicación al Decreto Distrital 562 de 2014, conforme con el ejercicio de
cálculo del efecto plusvalía realizado por esta Unidad.
Parágrafo 1. En el Cuadro Anexo n.° 1 se identifica respecto de cada inmueble la matrícula
inmobiliaria individual y matriz, la dirección, el código homologado de identificación predial
26 Sentencia del 11 de marzo de 2021 No. 24277 CP: Julio Roberto Piza Rodríguez reiterada en la Sentencia
del 5 de agosto de 2021 No. 25315 C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
27 Samai, índice 2, PDF del Tomo III de antecedentes, páginas 121 y 125.
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(CHIP) y el valor del efecto plusvalía como consecuencia del cálculo efectuado para la
determinación del efecto plusvalía.
(…)
COD- VALOR PREDIO
No. CHIP Matrícula Dirección
INTEGRACIÓN PLUSVALÍA M2 MATRIZ
(…) (…) (…) (…) (…) (…) (…)
38. AAA0073NMSY 050C00987796 CL. 25 31 A 10 63 $ 5.604.000.00
39. AAA0073NMTD 050C00143422 CL. 25 31 A 24 63 $ 5.604.000.00
40. AAA0073NOFZ 050C00496720 CL. 25 BIS 31 A 13 63 $ 5.604.000.00
41. AAA00073NOHK 050C00063511 CL. 25 BIS 31 A 07 63 $ 5.604.000.00
42. AAA0073NOJZ 050C000876770 KR 31 A 25 25 63 $ 5.604.000.00 (…)”
La Sala advierte que la actora, en este punto, solicitó al a quo aplicar el precedente
horizontal contenido en la sentencia del 31 de agosto de 2017, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, en el
proceso 2015-00308-00. Empero, dicha providencia no constituye un precedente
vinculante para esta Corporación, pues el Consejo de Estado es el Tribunal
Supremo de lo Contencioso Administrativo. Por lo anterior, lo expuesto en el fallo
invocado por la demandante no impide reiterar el criterio acogido en la providencia
del 11 de marzo de 2021, proferida por esta Sección.
En este punto, Alianza Fiduciaria S.A. también señaló que, aunque la Resolución
Nro. 1096 de 2018 (que decidió el recurso de reposición) no liquidó el tributo, la
entidad demandada usurpó las funciones de la Secretaría Distrital de Hacienda por
ordenar su inscripción en el folio de matrícula inmobiliaria.
Al respecto, el artículo 10 del Decreto Distrital 020 de 2011 prevé que, una vez
expedidos y en firme los actos proferidos por Catastro Distrital, dicha entidad los
enviará “a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos solicitando la inscripción del gravamen
en el folio de matrícula inmobiliaria de cada uno de los inmuebles (…)”.
Con base en lo anterior, la demandada no usurpó funciones de la Secretaría Distrital
de Hacienda, pues existe una norma del orden local que expresamente le asigna
esta función a Catastro Distrital con relación a los actos de cuantificación del
plusvalor por metro cuadrado.
Por lo expuesto, estos cargos de la demanda no prosperan.
4. Sobre el cálculo del efecto plusvalía
La demandante señaló que la Administración cometió errores respecto de la
determinación de los costos totales del proyecto manifestando que, por un lado, los
valores utilizados no son uniformes con relación a otros proyectos que fueron objeto
de la determinación del efecto plusvalía, y por el otro, omitió incorporar todos los
elementos asociados al desarrollo del proyecto inmobiliario. De esta forma, afirma
que hubo vicios en la aplicación del método residual.
Al respecto, los actos demandados tienen por objeto la liquidación del efecto
plusvalía derivado del mayor aprovechamiento del suelo. Esa liquidación debe
hacerse según el procedimiento indicado en el artículo 77 de la Ley 388 de 1997,
que dispone:
“ARTÍCULO 77.- Efecto plusvalía resultado del mayor aprovechamiento del suelo. Cuando se
autorice un mayor aprovechamiento del suelo, el efecto plusvalía se estimará de acuerdo con
el siguiente procedimiento:
1. Se determinará el precio comercial por metro cuadrado de los inmuebles en cada una de
las zonas o subzonas beneficiarias; con características geoeconómicas homogéneas,
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antes de la acción urbanística generadora de la plusvalía. En lo sucesivo este precio
servirá como precio de referencia por metro cuadrado.
2. El número total de metros cuadrados que se estimará como objeto del efecto plusvalía
será, para el caso de cada predio individual, igual al área potencial adicional de edificación
autorizada. Por potencial adicional de edificación se entenderá la cantidad de metros
cuadrados de edificación que la nueva norma permite en la respectiva localización, como
la diferencia en el aprovechamiento del suelo antes y después de la acción generadora.
3. El monto total del mayor valor será igual al potencial adicional de edificación de cada
predio individual multiplicado por el precio de referencia, y el efecto plusvalía por metro
cuadrado será equivalente al producto de la división del monto total por el área del predio
objeto de la participación en la plusvalía.”
Por su parte, el Decreto Distrital 020 de 2011, por medio del cual se definen los
lineamientos para el cálculo y liquidación de la participación del efecto plusvalía en
el Distrito de Bogotá, establece por medio del artículo 5 que el cálculo del efecto
plusvalía por mayor aprovechamiento se debe tener en cuenta:
“(…) el potencial adicional de edificación que resulta de la diferencia entre los
aprovechamientos potenciales máximos permitidos antes y después de la acción urbanística
generadora de plusvalía, según lo establecido en la normativa vigente de avalúos, en particular
el Decreto Nacional 1420 de 1998 y la Resolución 620 de 2008 del Instituto Geográfico Agustín
Codazzi –IGAC- y demás normas que los adicionen, sustituyan o modifiquen, así como las
metodologías instrumentadas para tal fin por la Unidad Administrativa Especial de Catastro
Distrital –UAECD-. Una vez definido dicho potencial adicional, se establecerán los valores
comerciales del suelo, según las disposiciones vigentes en la materia.”
Al respecto, el artículo 27 de la Resolución IGAC Nro. 620 de 2008 indica que,
cuando se autorice un mayor aprovechamiento del uso del suelo, el precio comercial
por metro cuadrado de los inmuebles en la zonas o subzonas beneficiadas, con
características geoeconómicas homogéneas, antes y después de la acción
urbanística generadora de plusvalía, se determinará con el método (técnica)
residual y/o de mercado.
En concordancia, el artículo 4 ibidem establece que el método residual es aquel que
tiene como propósito establecer el valor comercial del bien y señala que:
“Para encontrar el valor total del terreno se debe descontar, al monto total de las ventas
proyectadas, los costos totales y la utilidad esperada del proyecto constructivo. Es
indispensable que además de la factibilidad técnica y jurídica se evalúe la factibilidad comercial
del proyecto, es decir la real posibilidad de vender lo proyectado".
Ahora, para decidir este punto de la demanda, se observa que, con relación a los
costos directos, Alianza Fiduciaria S.A. puso de presente que su estimación fue
negativa (-4,71%) con relación a los costos anteriores a la acción urbanística. De
igual modo, manifestó que esta variación no es uniforme con otros proyectos objeto
de la determinación del plusvalor por metro cuadrado (concretamente invoca las
Integraciones Prediales Nros. 2-335, 4-10 y 4-34), que tuvieron incrementos hasta
del 38%, sin que exista, a su juicio, fundamento técnico o legal para el trato
diferenciado, lo que vulnera los principios de igualdad y de neutralidad.
Por lo anterior, para la demandante, Catastro Distrital debió tener como costo directo
el valor inicial e incrementarlo en un 14,77%, que corresponde a la variación que
tuvo el proyecto que más se asemeja al que es objeto del proceso, con el fin de que
se tenga en cuenta el gasto de cimentación del edificio por el aumento del número
de pisos y uso de duplicadores requeridos para los parqueaderos.
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Demandante: Alianza Fiduciaria S.A.
Sobre este punto, la Sala observa que este argumento fue planteado en términos
idénticos en el recurso de reposición interpuesto contra la decisión inicial de
Catastro Distrital28. Debido a lo anterior, en la Resolución Nro. 1096 de 2018, la
demandada indicó que los proyectos aludidos por Alianza Fiduciaria S.A., tanto en
la demanda como en el recurso administrativo, “no son comparables al punto de
investigación objeto de estudio por tener características distintas en relación con los productos
inmobiliarios de cada uno de los puntos de investigación citados, por lo tanto los costos de
construcción y los valores de venta son diferentes” 29.
Pese a lo anterior, la sociedad actora no expuso en la demanda los motivos por los
que considera que los proyectos invocados en este proceso y en el recurso de
reposición sí son comparables. De igual modo, no allegó algún elemento de juicio
que permitiera determinar si Catastro Distrital omitió el estudio de los gastos de
cimentación del edificio o del uso de duplicadores.
Conforme con lo expuesto, Alianza Fiduciaria S.A. no acreditó la violación del
derecho a la igualdad ni del principio que denominó de neutralidad, pues incumplió
su carga de desvirtuar la presunción de legalidad de los actos acusados, en la
medida en que omitió señalar de forma específica los elementos con los cuales
difiere en la determinación de los costos directos.
En cuanto a las cargas urbanísticas, la demandante mencionó que la demandada
aplicó un valor menor al efectivamente pagado alegando que corresponde a la
referencia para el año 2014, para el cual se realiza el cálculo del efecto plusvalía.
Sin embargo, para la actora, esta afirmación no es cierta porque la autorización
específica objeto de comparación no corresponde al Decreto Distrital 562 de 2014,
sino a la Licencia de Construcción Nro. 16-2-0496, tal como lo reconoce la
Resolución Nro. 1498 de 2017.
Sobre este punto, se observa que el documento denominado “CÁLCULO DEL EFECTO
PLUSVALÍA PARA INTEGRACIONES PREDIALES, BAJO EL ESCENARIO DEL DECRETO 562 DE
12 DE DICIEMBRE DE 2014, CUYOS PREDIOS SE ENCUENTRAN EN TRANSICIÓN DEL
ARTÍCULO 3 DEL DECRETO DISTRITAL 079 DE 22 DE FEBRERO DE 2016 (TERCERA
ENTREGA)”30, que hace parte integral de la Resolución Nro. 1498 de 201731, identificó
la acción urbanística con base en la cual se determinaría el mayor valor por metro
cuadrado, así:
“El hecho generador de plusvalía para este cálculo, es la autorización de un mayor
aprovechamiento del suelo en edificación, según lo determinado por la SDP (Secretaría
Distrital de Planeación), el cálculo del mismo se corrobora al realizar la comparación de la
máxima área construible resultante de la aplicación de la normatividad antes de la acción
urbanística Decreto Distrital 190 de 2004, y la obtenida por la aplicación de la acción
urbanística Decreto 562 de 2014.
(…)
El cálculo del potencial de edificabilidad para el escenario después de la acción urbanística,
se realizó con base en la información reportada en las licencias de construcción suministradas
por las Curadurías Urbanas, de acuerdo a lo concertado con la SDP y los lineamientos
definidos por la SIE, con base en lo establecido en el artículo 3 del Decreto Distrital 079 de
2016, esto con el fin de realizar una estimación del efecto plusvalía sobre la información real
de cada uno de los proyectos licenciados bajo el Decreto Distrital 562 de 2014” 32.
28 Samai, índice 2, PDF del Tomo IV de los antecedentes administrativos, páginas 19 a 21.
29 Samai, índice 2, PDF del Tomo III de antecedentes, página 282.
30 Ibidem, página 51.
31 Ibidem, páginas 122 a 123.
32 Samai, índice 2, PDF del Tomo III de los antecedentes administrativos, página 68.
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Demandante: Alianza Fiduciaria S.A.
Lo anterior explica que el acto que decidió el recurso de reposición manifestó que
el valor de la carga urbanística corresponde al determinado por Catastro Distrital
para el 201433.
Pese a lo anterior, la demandante no desacreditó que la acción urbanística haya
ocurrido en el año 2014, por lo que la Sala concluye que no hay motivo para tener
en cuenta el valor de las cargas urbanísticas pagadas con posterioridad.
En cuanto a los costos indirectos, Alianza Fiduciaria S.A. reprochó que la
Administración no incluyera los siguientes conceptos: i) pago del ICA, ii) gravamen
a los movimientos financieros, iii) impuesto predial, iv) impuesto de registro, v)
derechos notariales, vi) erogaciones de conexión a los servicios públicos, vii) gastos
fiduciarios, viii) publicidad, ix) ventas del proyecto, x) personal, xi) dotación y xii)
otros gastos no especificados.
Al respecto, en la Resolución Nro. 1096 de 2018 consta que Catastro Distrital
incluyó los siguientes rubros: i) gastos notariales y de registro, ii) costos financieros,
iii) ventas, comisiones y publicidad, iv) impuesto de delineación urbana, v)
honorarios de construcción, vi) honorarios proyecto arquitectónico, vii) honorarios
de gerencia de proyecto, viii) honorarios de estudios y diseños técnicos34.
De igual modo, en el documento denominado “CÁLCULO DEL EFECTO PLUSVALÍA PARA
INTEGRACIONES PREDIALES, BAJO EL ESCENARIO DEL DECRETO 562 DE 12 DE DICIEMBRE
DE 2014, CUYOS PREDIOS SE ENCUENTRAN EN TRANSICIÓN DEL ARTÍCULO 3 DEL
DECRETO DISTRITAL 079 DE 22 DE FEBRERO DE 2016 (TERCERA ENTREGA)”35, que hace
parte integral de la Resolución Nro. 1498 de 201736, señala que se incluyeron en
los avalúos la carga de servicios públicos domiciliarios37.
Con base en lo anterior, no es cierto que la entidad demandada haya omitido el
análisis de las erogaciones por impuesto de registro, derechos notariales, conexión
a servicios públicos, gastos fiduciarios, publicidad, ventas del proyecto y personal.
En cuanto a la omisión de valoración del pago de ICA, del gravamen a los
movimientos financieros, del impuesto predial y de los gastos por dotación y no
especificados, la Sala observa que la demandante no expone qué incidencia tiene
estos conceptos en el plusvalor por metro cuadrado, ni indica qué disposición
normativa fue incumplida ni qué paso del método residual exige esta valoración.
De otro lado, Alianza Fiduciaria S.A. asegura que los errores en que incurrió la
Administración fueron planteados en el recurso de reposición, pese a lo cual la
Resolución Nro. 1096 de 2018 se limitó a justificar la actuación de la demandada
con la transcripción de definiciones sin dar una respuesta de fondo.
La Sala advierte que, en el recurso de reposición, al igual que en la demanda, la
actora controvirtió los costos directos e indirectos y las cargas urbanísticas. De esta
forma, lo expuesto previamente en esta providencia es suficiente para demostrar
que la Resolución Nro. 1096 de 2018 dio respuesta detallada a las inconformidades
planteadas. Pese a lo anterior, la demandante no desvirtuó los argumentos
planteados por Catastro Distrital ni la presunción de legalidad de los actos
acusados, por lo que este cargo de nulidad no está llamado a prosperar.
33 Samai, índice 2, PDF del Tomo III de los antecedentes administrativos, página 282.
34 Ibidem, páginas 283 a 284.
35 Ibidem, página 51.
36 Ibidem, páginas 122 a 123.
37 Ibidem, página 62.
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Demandante: Alianza Fiduciaria S.A.
Finalmente, en la demanda, Alianza Fiduciaria S.A. propuso una nueva liquidación
del efecto plusvalía por metro cuadrado, en la que modificó el área total vendible, el
total ventas y los costos directos e indirectos. Respecto a los últimos dos conceptos,
se reitera que no se acreditaron los cargos de la demanda, por lo que no procede
su modificación. En cuanto al área total vendible y el total de ventas, la demandante
no propuso ningún argumento para desvirtuar los valores utilizados en los actos
administrativos acusados, por lo que tampoco procede su modificación.
En razón de lo expuesto, tampoco prospera este cargo.
5. Condena en costas
No se impondrá condena en costas porque no fue demostrada su causación, tal
como lo exige el numeral 8 del artículo 365 del Código General del Proceso,
aplicable en virtud del artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo.
6. Decisión
Por lo expuesto en esta providencia, la Sala revocará la sentencia de primera
instancia y, en su lugar, negará las pretensiones de la demanda. Además, no
impondrá condena en costas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Revocar la sentencia del 11 de mayo de 2023, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A. En su lugar:
2. Negar las pretensiones de la demanda.
3. Sin condena en costas.
Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al tribunal de
origen. Cúmplase.
La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA
Presidenta
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILSON RAMOS GIRÓN
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador
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