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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2018-00736-01

Fecha
9 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Claudia Rodríguez Velásquez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2018-00736-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA 1. Confirmar la sentencia apelada. 2. Condenar en costas a la parte demandada en esta instancia y en agencias en derecho en el valor equivalente a un (1) SMMLV. En consecuencia, se ordena al tribunal tramitar el respectivo incidente, conforme con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 25000-23-37-000-2018-00736-01

Consejero ponente: Claudia Rodríguez Velásquez

9 de septiembre de 2026

Radicado: 25000-23-37-000-2018-00736-01 (30302)
Demandante: Contraloría General de la República

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

Bogotá D.C., nueve (9) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-37-000-2018-00736-01 (30302)
Demandante: Contraloría General de la República
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP
Temas: Aportes patronales

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación1 interpuesto por la parte demandada contra la
sentencia del 10 de abril de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A, que decidió2:

PRIMERO: DECLARAR NO PROBADAS las excepciones de mérito propuestas por el
apoderado de la UGPP conforme la parte motiva de esta sentencia.

SEGUNDO: DECLARAR la nulidad del artículo noveno de la Resolución RDP 003818 del
02 de febrero de 2018 mediante la cual la UGPP ordenó el pago de aportes patronales por
concepto de la reliquidación de pensión del señor Ricardo Pinto Blanco a la Contraloría
General de la República por la suma de $217.228.783; la Resolución No. RDP 09226 del
13 de marzo de 2018 que resolvió el recurso de reposición, y la Resolución No. RDP
014764 del 26 de abril de 2018 que el resolvió el recurso de apelación, de conformidad con
lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.

TERCERO: En consecuencia, a título de restablecimiento del derecho DECLARAR que la
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA no está obligada al pago de la suma de
dinero determinada los actos acusados, por las razones expuestas en la parte motiva de
este proveído.

CUARTO: NEGAR la pretensión relativa al reintegro de los aportes patronales, de
conformidad con lo expuesto en la parte considerativa.

ANTECEDENTES

Actuación Administrativa

Mediante la Resolución RDP 003818 del 2 de febrero de 2018, la UGPP dio
cumplimiento a la sentencia del 7 de junio de 2017, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual se confirmó la decisión de primera
instancia que ordenó la reliquidación de la pensión de un extrabajador de la Contraloría
General de la República (CGR), con la inclusión de todos los factores salariales y la
aplicación del 75% del promedio de lo devengado. En dicha resolución,
específicamente en su artículo 9, la UGPP dispuso el cobro a la Contraloría de las
sumas adeudadas por concepto de aporte patronal, por un valor de $217.228.783.

Dentro del término legal, la CGR interpuso recurso de reposición y, en subsidio,
apelación contra la decisión de cobro de aportes patronales, con fundamento en que:
(i) no se trataba del cumplimiento de una sentencia judicial, por cuanto esta no fue
condenatoria para la entidad; (ii) no existía vinculación legal ni contractual que le

1
Samai Tribunal, 34_MemorialWeb_Recurso-RECURSODEAPELACION(.pdf) NroActua 35.
2
Samai Tribunal, índice 31.

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Demandante: Contraloría General de la República

impusiera la obligación de efectuar dichos aportes como empleador, habiendo
realizado los correspondientes conforme al ordenamiento jurídico vigente al momento
de su causación; y, (iii) resultaba excesivo exigirle prever la inclusión de factores
salariales que posteriormente fueron reconocidos por vía jurisprudencial.

Mediante Resolución nro. RDP 009226 del 13 de marzo de 2018, la UGPP resolvió el
recurso de reposición, confirmando la decisión de cobro de aportes patronales a cargo
de la CGR.

Posteriormente, mediante Resolución No. RDP 014764 del 26 de abril de 2018, la
UGPP resolvió el recurso de apelación, confirmando en todas sus partes la decisión
recurrida y dando por agotada la vía administrativa.

Pretensiones de la demanda y normas violadas

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto
en el artículo 138 del CPACA (Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011), la parte demandante formuló las
siguientes pretensiones3:

1. DECLARAR la nulidad del artículo noveno de la Resolución nro. RDP 003818 de 2 de
febrero de 2018, proferida por la UGPP, que ordena el cobro de aportes patronales a la
CGR por un valor de $217.228.783

2. DECLARAR la nulidad de la Resolución nro. DP009226 del 13 de marzo de 2018, con
la cual la UGPP, resolvió el recurso de reposición frente a la decisión de cobro de aportes
a la CGR.

3. DECLARAR la nulidad de la Resolución nro. RDP014764 del 26 de abril de 2018, con
la cual la UGPP, confirmó en apelación la decisión relacionada con el cobro de aportes a
la CGR.

4. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho, ORDENAR
a la UGPP la devolución de lo que se hubiere pagado por concepto de aportes patronales
de RICARDO PINTO BLANCO, suma que deberá ser debidamente indexada.

5. ORDENAR el cumplimiento de la sentencia dentro del término de establecido en el
artículo 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

6. CONDENAR en costas a la parte demandada.

Como normas violadas, la parte demandante consideró vulnerados los artículos 48 de
la Constitución Política; 74 a 76, 87, 138, 151 a 157, 161 a 164 y 229 a 231 de la Ley
1437 de 2011; 613 del Código General del Proceso; 22 a 24 y 36 de la Ley 100 de
1993; 178 de la Ley 1607 de 2012; y 817 y 818 del Estatuto Tributario.

Concepto de violación y oposición

Los cargos de la demanda se sustentaron bajo los motivos de violación que se exponen
a continuación, y en la contestación se ejerció el derecho de contradicción así:

Primer cargo: Falsa motivación

1. La demandante sostuvo que los actos acusados se encuentran viciados por falsa
motivación, por cuanto pretenden trasladarle los efectos de la sentencia proferida
dentro del proceso de reliquidación pensional del señor Ricardo Pinto Blanco, pese a
que la Contraloría General de la República no fue parte en dicho litigio ni resultó
condenada en esas providencias. Explicó que tanto la sentencia de primera instancia
como la de segunda, ordenaron exclusivamente a la UGPP reliquidar la pensión del
3
Samai CE, índice 2, 5ED_ESCRITODE_05ESCRITODEDEMANDA(.pdf) NroActua 2.

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Demandante: Contraloría General de la República

extrabajador, sin impartir condena u obligación alguna a cargo de la Contraloría. Por
ello, consideró contrario a los efectos propios de la cosa juzgada y a lo previsto en el
artículo 189 del CPACA que la UGPP hubiera pretendido extender a la actora las
consecuencias de una decisión judicial adoptada en un proceso en el que no intervino
ni tuvo oportunidad de ejercer su derecho de defensa.

Afirmó igualmente que no existía una obligación clara, expresa y exigible a su cargo
que justificara el cobro efectuado por la UGPP, toda vez que la Contraloría realizó
oportunamente los aportes al Sistema General de Seguridad Social conforme al
régimen jurídico aplicable y a la interpretación constitucional del artículo 36 de la Ley
100 de 1993. En particular, señaló que el régimen de transición se predica de la edad,
el tiempo de servicios y la tasa de reemplazo, mas no de los factores salariales o del
ingreso base de cotización, razón por la cual no estaba obligada a efectuar aportes
sobre factores extralegales o sobre conceptos que solo fueron incorporados
posteriormente mediante decisión judicial. En ese sentido, estimó desproporcionado
exigirle que hubiera previsto una reliquidación pensional futura para efectos de
determinar el monto de las cotizaciones.

Agregó que el objeto del proceso judicial que culminó con la reliquidación de la pensión
no fue determinar un incumplimiento de la Contraloría en el pago de aportes patronales
ni establecer obligaciones adicionales a su cargo, de modo que la UGPP carecía de
fundamento para imputarle una deuda derivada de dicha decisión. Resaltó, además,
que los actos demandados no explican las razones por las cuales los aportes
efectuados por la entidad resultarían insuficientes o incorrectos, ni contienen soporte
probatorio que demuestre un incumplimiento de sus deberes legales, habida cuenta
de que tampoco existían requerimientos previos dirigidos a obtener el pago de
supuestos aportes adeudados.

Finalmente, sostuvo que la Resolución RDP 003818 del 2 de febrero de 2018 no podía
considerarse un simple acto de ejecución o cumplimiento de una sentencia judicial,
pues el cobro de aportes patronales a cargo de la Contraloría nunca fue objeto de
discusión dentro del proceso pensional. A su juicio, la UGPP alteró el alcance de las
decisiones judiciales al incorporar una obligación que no fue debatida ni declarada por
los jueces, circunstancia que, sumada a la inexistencia de una obligación legal o
contractual a cargo de la demandante, configura la falsa motivación de los actos
acusados.

2. La UGPP, señaló que sí le asistía competencia para efectuar el cobro de aportes
patronales ordenados en fallos judiciales, en virtud de las funciones conferidas por el
artículo 156 de la Ley 1151 de 2007 y de las facultades de cobro coactivo previstas en
el artículo 24 de la Ley 100 de 1993 y en la Ley 1607 de 2012. Precisó que, conforme
al artículo 22 de la Ley 100 de 1993, el empleador es responsable del pago de sus
aportes y de los de sus trabajadores, responsabilidad que subsiste aun cuando no se
hubiere efectuado el respectivo descuento, de manera que, ante una reliquidación
pensional que incluya factores no cotizados, corresponde al empleador asumir el
porcentaje de cotización a su cargo.

Agregó que el hecho de que la Contraloría no hubiera sido vinculada al proceso de
reliquidación no la eximía de dicha obligación, por cuanto lo debatido en ese proceso
era el derecho pensional del causante y no el cumplimiento de los aportes patronales,
siendo estas dos obligaciones distintas y autónomas. Sostuvo, con apoyo en
pronunciamientos del Consejo de Estado - entre ellos las sentencias del 1 de agosto
de 2016 y del 11 de julio de 2018, ambas de la Sección Segunda, Subsección A – que
corresponde a las entidades administradoras requerir al empleador el pago de los
aportes dejados de efectuar e iniciar las acciones de cobro correspondientes, sin que
ello afecte el derecho al reconocimiento pensional del trabajador.

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Demandante: Contraloría General de la República

Finalmente, indicó que el acto demandado constituye un acto de ejecución expedido
en cumplimiento de una orden judicial que facultó expresamente los descuentos por
aportes no realizados, y que la Contraloría contó con la oportunidad de ejercer los
recursos administrativos correspondientes, por lo que —afirmó— no se encuentra
demostrada la falsa motivación alegada.

Segundo cargo: Infracción de normas en las que deberían fundarse.

1. La demandante sostuvo que la decisión adoptada por la UGPP mediante Resolución
RDP 003818 del 2 de febrero de 2018 desconoció el principio constitucional de
sostenibilidad financiera del sistema pensional, previsto en el artículo 48 de la
Constitución Política y desarrollado por la Corte Constitucional en las sentencias C-111
de 2006 y C-242 de 2009, comoquiera que se pretendía el pago de aportes patronales
por fuera de la interpretación constitucional del artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

2. Frente a este cargo, la UGPP sostuvo que, conforme a la jurisprudencia reiterada
del Consejo de Estado —entre otras, las sentencias del 4 de agosto de 2010 (Sección
Segunda, rad. 25000-23-25-000-2006-07509-01), del 22 de noviembre de 2012
(Sección Segunda, Subsección A, C.P. Luis Rafael Vergara Quintero, rad.
76001-23-31-000-2009-00241-01) y del 24 de enero de 2013 (Sección Segunda,
Subsección B, C.P. Gerardo Arenas Monsalve, rad.
25000-23-25-000-2009-00515-01)—, la falta de aportes sobre los factores salariales
incluidos en una reliquidación pensional no impedía su reconocimiento, sino que
obligaba a la entidad de previsión a efectuar los descuentos correspondientes al
momento del pago, en aplicación del principio de sostenibilidad financiera del sistema
pensional. Señaló que, en virtud de dicho principio, resultaba procedente el cobro de
aportes patronales a la Contraloría, pues asumir esa carga con recursos del sistema
pensional —sin ser la entidad empleadora del causante— sí afectaría la sostenibilidad
financiera invocada por la propia demandante.

Tercer cargo: Prescripción de la acción de cobro

1. La demandante alegó la prescripción de la acción de cobro, señalando que el señor
Ricardo Pinto Blanco laboró para la Contraloría hasta el 30 de noviembre de 2013,
fecha hasta la cual se extendía su obligación de efectuar aportes, por lo que cualquier
omisión debía entenderse exigible desde entonces. Precisó que, si bien la UGPP
contaba con la facultad de adelantar el cobro frente al empleador conforme al artículo
24 de la Ley 100 de 1993, dicha facultad estaba sujeta al término de prescripción de
cinco años previsto en el artículo 817 del Estatuto Tributario, por tratarse de
obligaciones de naturaleza parafiscal.

Sostuvo que la UGPP no desplegó acción de cobro alguna en su oportunidad y que,
al no constituir la sentencia de reliquidación pensional título ejecutivo en contra de la
Contraloría, el término de prescripción debía contarse desde el 30 de noviembre de
2013, de manera que, para la fecha de notificación de los actos demandados, ya se
había configurado el fenómeno de la prescripción de la acción de cobro.

2. La demandada sostuvo que el derecho al recobro de aportes patronales solo surgió
con las sentencias del 10 de marzo de 2015 y del 7 de junio de 2017 que ordenaron la
reliquidación pensional, por lo que no era posible contabilizar el término prescriptivo
desde el retiro del causante en 2013, ya que en esa fecha la obligación aún no había
nacido a la vida jurídica.

Adicionalmente, con fundamento en conceptos del Ministerio de Trabajo, de la
Superintendencia Financiera y en la jurisprudencia constitucional sobre la
imprescriptibilidad del derecho pensional (sentencias C-230 de 1998, C-198 de 1999
y C-624 de 2003), sostuvo que la acción de cobro de aportes pensionales tampoco

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estaba sujeta a prescripción, en tanto accesoria de un derecho pensional que es, por
naturaleza, imprescriptible.

Sentencia apelada y recurso de apelación

El Tribunal accedió a las pretensiones de la demanda4 atendiendo las consideraciones
que se exponen adelante. A su vez, la parte demandada apeló5 la decisión del a quo
expresando sendos reproches que también se enlistan a continuación.

Primer cargo: Falta y falsa motivación - Infracción de las normas en que debía
fundarse el acto

1. El Tribunal, advirtió que, aunque la UGPP estaba facultada para adelantar el cobro
de aportes derivados de la reliquidación pensional ordenada judicialmente, la
Resolución RDP 003818 del 2 de febrero de 2018 carecía de una motivación suficiente
respecto de la situación particular de la Contraloría. Al respecto, consideró que dicho
acto se limitó a ordenar el cobro de $217.228.783 por concepto de aportes patronales,
sin explicar los fundamentos fácticos y jurídicos de la obligación, el cálculo realizado
ni las normas que sustentaban la liquidación. Si bien tales aspectos fueron
desarrollados posteriormente al resolver los recursos administrativos, esa explicación
no podía subsanar la falta de motivación del acto inicial, pues ello vulneró el derecho
de defensa y contradicción de la entidad afectada. Por tal razón, la Sala concluyó que
los actos demandados estaban viciados de nulidad por falta de motivación y/o
expedición irregular y desconocimiento del debido proceso, razón por la cual accedió
a las pretensiones de nulidad, aunque negó la devolución de sumas por concepto de
aportes patronales al no encontrarse probado pago alguno por parte de la
demandante. El Tribunal consideró viable estudiar esta causal de nulidad porque el
demandante alegó que los actos omitieron el deber legal de «sustentar de manera legal y
fáctica de dónde resulta el valor que pretende ser cobrado».

Finalmente, concluyó que las excepciones de mérito propuestas por la demandada no
estaban llamadas a prosperar, pues, aunque la Contraloría tenía la obligación de
efectuar los aportes patronales derivados de la reliquidación pensional, se acreditó que
la UGPP expidió los actos acusados sin una motivación suficiente y con
desconocimiento del debido proceso, circunstancia que vicia de nulidad la decisión de
cobro contenida en el artículo 9 de la Resolución RDP 003818 del 2 de febrero de
2018. Asimismo, precisó que la controversia se circunscribía al juicio de validez de los
actos administrativos y no a una eventual pérdida de fuerza ejecutoria de estos, por lo
que procedía declarar su nulidad.

2. La UGPP, como apelante, argumentó que la sentencia de primera instancia
desatendió la normatividad aplicable al deber de correlación entre los aportes
efectuados y el monto de la pensión, previsto desde el artículo 99 del Decreto 1848 de
1969 y la Ley 33 de 1985, y desarrollado por los artículos 15, 18, 21 y 36 de la Ley 100
de 1993, el Decreto 1158 de 1994, la Ley 797 de 2003 y el artículo 3 del Decreto 510
de 2003.

Sostuvo que dicho marco normativo establece de manera clara que las pensiones
deben liquidarse con base en los mismos factores sobre los cuales se efectuaron las
cotizaciones, de modo que el ingreso base de cotización debe corresponder a los
ingresos efectivamente devengados por el afiliado y guardar una relación directa y
proporcional con el monto de la prestación reconocida.

4
Samai CE, índice 2, 5ED_ESCRITODE_05ESCRITODEDEMANDA(.pdf) NroActua 2.
5
Samai Tribunal, 34_MemorialWeb_Recurso-RECURSODEAPELACION(.pdf) NroActua 35.

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En ese sentido, señaló que la omisión de aplicar dicho marco normativo en la sentencia
apelada desconoce el principio de correlación que rige el sistema pensional y pone en
riesgo su sostenibilidad financiera, en la medida en que permitiría el reconocimiento
de prestaciones sin el correspondiente respaldo de cotizaciones, en detrimento del
equilibrio que debe existir entre los aportes recaudados y las prestaciones
reconocidas.

Por otra parte, sostuvo que la sentencia de primera instancia incurrió en un error al
declarar la nulidad de los actos demandados por falta de motivación, pues, a su juicio,
dicha conclusión desconoció que el acto administrativo debía analizarse de manera
integral, esto es, junto con las resoluciones que resolvieron los recursos de reposición
y apelación interpuestos por la Contraloría. Argumentó que el hecho de que la
Resolución RDP 014764 del 26 de abril de 2018 hubiera explicado con detalle la
fórmula utilizada para calcular la suma cobrada no constituía una motivación
sobreviniente o subsanatoria, sino la culminación natural del procedimiento
administrativo previsto en el artículo 24 de la Ley 100 de 1993, en el cual la Contraloría
tuvo oportunidad de conocer, controvertir y obtener respuesta de fondo sobre el origen
y cálculo de la obligación antes de agotarse la vía gubernativa. Añadió que, en todo
caso, el derecho de defensa y contradicción de la Contraloría no se vio afectado
materialmente, en la medida en que la entidad ejerció oportunamente los recursos
administrativos y obtuvo respuesta de fondo a sus cuestionamientos.

Indicó asimismo que la falta de vinculación de la Contraloría al proceso judicial de
reliquidación no eximía al empleador de su obligación de cotizar, y que dicha
circunstancia no podía utilizarse como fundamento para desvirtuar la motivación de los
actos administrativos, pues la obligación de aportar se deriva directamente de la ley y
del vínculo laboral, y no de la participación en el proceso judicial.

Finalmente, alegó que: (i) el Tribunal incurrió en un error de derecho al exonerar a la
Contraloría de su responsabilidad como empleadora, pues dicha responsabilidad es
objetiva y se deriva directamente del vínculo laboral, sin que fuera necesario que la
entidad hubiera sido parte del proceso judicial de reliquidación para que le resultara
exigible; (ii) la sentencia desconoció el principio de legalidad de los actos
administrativos, en la medida en que estos fueron expedidos con fundamento en las
normas que otorgan competencia a la UGPP para el cobro de aportes patronales y en
cumplimiento de una decisión judicial en firme; y (iii) el Tribunal desconoció el principio
de correlación entre aportes y beneficios, reconocido por la Corte Constitucional y el
Consejo de Estado, según el cual todo incremento en la base de liquidación pensional
debe estar respaldado por las cotizaciones correspondientes, de manera que permitir
que la Contraloría se exonere de dicha obligación premia el incumplimiento de sus
deberes legales y compromete la naturaleza contributiva y la sostenibilidad del sistema
pensional.

PRONUNCIAMIENTOS FINALES DE LAS PARTES

Las partes y el Ministerio Público guardaron silencio.

CONSIDERACIONES DE LA SALA
Cuestión previa

Previo a resolver el litigio planteado en esta instancia judicial, el consejero Luis Antonio
Rodríguez Montaño manifestó estar impedido para conocer del presente proceso, de
acuerdo con la causal de impedimento contenida en el numeral 2 del artículo 141 del
Código General del Proceso (CGP). Mediante el Auto del 21 de agosto de 2025 se
declaró fundado el impedimento y se le separó del conocimiento del presente proceso6.

6 SAMAI CE, índice 02 29Manifestaciond_30302ImpedimientoDoc(.pdf) NroActua 4.

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PROBLEMAS JURÍDICOS

En los términos del recurso de apelación interpuesto por la UGPP, le corresponde a la
Sala determinar:

¿La Resolución RDP 003818 del 2 de febrero de 2018 mediante la cual la UGPP
ordenó a la Contraloría General de la República el pago de aportes patronales por
$217.228.783 está debidamente motivada, en el sentido de exponer las razones de
hecho y de derecho, así como el cálculo correspondiente, que sustentan dicha
decisión? O si, por el contrario, ¿dicho acto adolece de falta de motivación, sin que tal
vicio pueda entenderse subsanado por las resoluciones que resolvieron los recursos
de reposición y apelación interpuestos por la entidad demandante?

Análisis del caso concreto

Sobre el cargo de falta de motivación - Infracción de las normas en que debía
fundarse el acto

La Sala advierte que, aunque la demandante no nominó ninguno de los cargos de
nulidad como «falta de motivación», el Tribunal declaró, con fundamento en ese vicio, la
nulidad del artículo 9 de la Resolución RDP 003818 del 2 de febrero de 2018, que
obligaba a la Contraloría General de la República al pago de aportes patronales por
$217.228.783, al considerar que tal determinación fue adoptada «sin que presentara alguna
consideración fáctica o jurídica que conllevara a adoptar esta decisión».

En la apelación, la demandada no cuestionó que la nulidad no pudiera declararse con
fundamento en ese vicio. Por el contrario, la UGPP centró su inconformidad en
sostener que el acto sí se encontraba debidamente motivado y que, en todo caso, la
motivación debía apreciarse de manera integral, esto es, a partir del conjunto de
actuaciones administrativas, de suerte que las razones de hecho y de derecho podían
ser complementadas o desarrolladas en las resoluciones que decidieron los recursos
de reposición y apelación.

La Sala advierte que, bajo el rótulo de «falsa motivación», la demandante reprochó entre
otros aspectos, que si bien los actos acusados se expidieron con el propósito de dar
cumplimiento a una sentencia que ordenó la reliquidación de una pensión de vejez a
favor de una exfuncionaria de la Contraloría, lo cierto es que extendieron los efectos
de esa decisión judicial al imponer a dicha entidad una obligación económica por
concepto de aportes pensionales, sin que existiera «argumentación o prueba que pretenda
demostrar que la CGR en algún momento desconoció su obligación de aportar conforme a la
normatividad, y no se encuentran requerimientos que la UGPP hubiere realizado a la CGR, para obtener
el pago de los aportes pensionales presuntamente adeudados» 7. Asimismo, sostuvo que en el
acto demandado «no se motiva el por qué se realizó erróneamente el pago de aportes patronales,
solo se refiere a un presunto incumplimiento del empleador, al intentar cobrar a la CGR aportes sobre
factores extralegales»8 y que, en el proceso que culminó con la reliquidación pensional,
«no se discutió el pago de aportes por parte de la CGR, o el incumplimiento en su calidad de empleador,
(…) no se reprochó omisión o inexactitud en el pago de los aportes patronales» 9.

Todas estas manifestaciones conducen a la Sala a concluir que, además de la causal
de falsa motivación, la demanda también planteó reparos relacionados con la falta de
motivación de los actos administrativos. De igual manera, esta Sección asumió esa
misma comprensión en un asunto que guarda identidad fáctica con el que ahora se
examina y en el que intervinieron las mismas partes (sentencia del 9 de noviembre de

7 Página 5 de la demanda.
8 Página 8 de la demanda.
9 Página 10 de la demanda.

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202310). Por consiguiente, la Sala reiterará los criterios allí establecidos, así como los
definidos en la sentencia del 3 de julio de 202511, dada su pertinencia y similitud para
la solución de la controversia objeto de estudio.

Ahora bien, como punto de partida, conviene precisar que la falta de motivación y la
falsa motivación, aunque con frecuencia se invocan conjuntamente, corresponden a
vicios de nulidad distintos y autónomos. La falsa motivación se configura cuando la
Administración expresa las razones de hecho y de derecho que sustentan su decisión,
pero estas no se ajustan a la realidad o derivan de una valoración o interpretación
errónea de los hechos o de las normas aplicables. Por su parte, la falta de motivación,
que técnicamente corresponde al vicio de infracción de las normas en que debía
fundarse el acto, supone el incumplimiento del deber de exteriorizar los fundamentos
fácticos y jurídicos del acto administrativo y se presenta cuando la Administración
omite exponer las razones que justifican su decisión, impidiendo al destinatario
conocer su verdadero fundamento y ejercer plenamente los derechos de defensa y
contradicción.

En el caso concreto, se advierte que los actos administrativos acusados se expidieron
como consecuencia de una sentencia que ordenó la reliquidación de la pensión de
vejez a favor de un ex trabajador de la CGR, incluyendo factores salariales sobre los
que, para cuando se encontraba laborando, no se realizaron los correspondientes
aportes pensionales por parte de la entidad empleadora y el trabajador.

Al examinar el contenido de las tres resoluciones que conforman la actuación
administrativa, se observa que, la primera de ellas, la Resolución RDP 003818 del 2
de febrero de 2018 (acto inicial), se limitó, en su artículo 9, a ordenar el cobro de
$217.228.783 a cargo de la Contraloría, sin previamente exponer las razones fácticas
o jurídicas que sustentara dicha decisión, ni el cálculo del que se derivaba esa suma.
En efecto, en dicho artículo se dispuso lo siguiente:

ARTÍCULO NOVENO: Envíese copia de la presente resolución al área competente para que
efectúe los trámites pertinentes al cobro de lo adeudado por concepto de aporte patronal por
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, por un monto de DOSCIENTOS DIECISIETE
MILLONES DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES pesos
($217.228.783,00 m/cte), MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, por un monto de
OCHENTA MILLONES CIENTO SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES
pesos ($80.173.893,00 m/cte), a quienes se les notificará del contenido del presente artículo
informándoles que contra el mismo proceden los recursos de reposición y apelación ante LA
SUBDIRECTORA DE DETERMINACIÓN DE DERECHOS PENSIONALES. De estos recursos
podrán hacerse uso dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación, manifestando por
escrito las razones de inconformidad, según el C.P.A.C.A. Lo anterior, sin perjuicio de que con
posterioridad se determine que se adeudan valores adicionales o superiores por el referido
concepto, o se establezca que la suma indicada debe ser objeto de la aplicación de algún tipo de
actualización o ajuste en su valor, y en consecuencia se deba proceder a adelantar su cobro.
Igualmente, la Subdirección de Nómina tendrá especial cuidado en deducir los valores
previamente ordenados y descontados en actos administrativos anteriores por el mismo
concepto.

En la parte motiva de este acto, la UGPP se contrajo a señalar los aspectos propios y
exclusivos de la situación pensional particular y concreta del pensionado
(exfuncionario de la CGR), esto es, la edad, el número de semanas laboradas, el
periodo de reliquidación, los factores salariales constitutivos del IBL, los valores del
IPC utilizados para actualizar el valor del IBL, el nuevo valor a pagar a favor de la
pensionada y el fondo de pensiones al que le corresponde el pago de la pensión. No
obstante, nada se dijo respecto de la entidad apelante en cuanto a los aportes
pensionales supuestamente dejados de pagar. Se echa de menos cualquier referencia
a las normas que regulan tales aportes, así como sobre las bases y periodos utilizados
para la determinación de la deuda a cargo de la Contraloría.

10 Exp. 27761, C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
11 Exp. 29031, C.P. Wilson Ramos Girón.

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8

Radicado: 25000-23-37-000-2018-00736-01 (30302)
Demandante: Contraloría General de la República

Contra este acto, la Contraloría interpuso los recursos de reposición y apelación, los
cuales fueron resueltos mediante las Resoluciones RDP 009226 del 13 de marzo de
2018 y RDP 014764 del 26 de abril de 2018. En el primero de estos actos, si bien se
desarrolló el fundamento jurídico y jurisprudencial que, en criterio de la UGPP, legitima
el cobro de aportes por factores insolutos, esto es, el deber de correlación y el principio
de sostenibilidad financiera del sistema pensional, tampoco incluyó el cálculo
específico ni los valores concretos que permitieran a la Contraloría verificar cómo se
determinó la suma reclamada en su caso particular. Solo con el segundo de estos
actos, que desató el recurso de apelación, la UGPP expuso por primera vez la fórmula
actuarial aplicada, con las cifras correspondientes a la pensión hipotética, la pensión
reliquidada, la reserva matemática y su distribución proporcional entre trabajador y
empleador, hasta llegar al valor prorrateado de $217.228.783 atribuido a la Contraloría
en función de los días laborados a su servicio.

Sin embargo, para la Sala, como lo determinó el Tribunal, esta motivación resultó
extemporánea. La Contraloría solo pudo conocer el sustento fáctico y el cálculo
concreto de la obligación que se le exigía una vez agotada la totalidad de la vía
administrativa, esto es, tras haber interpuesto y visto resueltos tanto el recurso de
reposición como el de apelación. Una interpretación distinta, es decir, que la
motivación pueda completarse en la resolución que decide el último recurso disponible
equivaldría a permitir que la Administración expida actos iniciales desprovistos de
sustento, trasladando al administrado la carga de agotar la vía gubernativa para
conocer las razones de una decisión que le es adversa. Ello desnaturaliza la función
que cumple la motivación como garantía del derecho de defensa y contradicción desde
el momento mismo en que se profiere el acto y configura el vicio de expedición irregular
del acto administrativo ya que incumple el requisito esencial de la causa o motivo del
acto (motivación).

Al respecto, esta Sección ha dicho que «la motivación debe existir desde el primer acto, no
siendo la resolución de los recursos de vía administrativa una instancia para subsanar ese defecto,
porque se mantiene la imposibilidad o indefensión del contribuyente, dada la preclusión de las
oportunidades para controvertir plenamente las razones que sustenta la Administración en la fase de
impugnación, de modo que redirige la fase de discusión únicamente a la judicial y ya no a la
administrativa»12.

A lo anterior debe añadirse que, conforme al artículo 24 de la Ley 100 de 1993, es
precisamente la liquidación mediante la cual la administradora determina el valor
adeudado la que presta mérito ejecutivo. De ahí la especial relevancia de que dicha
liquidación esté debidamente sustentada desde el momento en que se pone en
conocimiento del obligado, pues es a partir de ella que se activa la posibilidad de su
cobro coactivo. En consonancia con esta exigencia, el artículo 42 del CPACA dispone
que los actos administrativos deben ser motivados y que su ausencia, al igual que la
falsa motivación, genera la nulidad del acto conforme al artículo 137 ibidem.

Esta Sección ha precisado, en relación con los actos expedidos por la UGPP en sus
procesos de determinación, que estos se entienden motivados en la medida en que
incluyan los valores y las razones en las que se sustentan los ajustes efectuados,
reiterando que el archivo o cuadro que acompaña al acto y detalla la liquidación
correspondiente hace parte integral de su motivación13. Este estándar ha sido
considerado satisfecho en los casos en que el acto administrativo viene acompañado
de un cuadro o archivo que detalla el ajuste por trabajador, periodo y concepto,
permitiendo al destinatario identificar de manera inequívoca los rubros con los que está
en desacuerdo y estructurar sobre esa base su recurso.

12
Sentencia del 29 de abril de 2021, exp. 23350, C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez. De forma similar se ha pronunciado la
Sección en las sentencias del 18 de marzo de 2021, exp. 23743, CP. Myriam Stella Gutiérrez Argüello y del 13 de noviembre de
2025, exp. 26858, C.P. Wilson Ramos Girón.
13 Sentencias del 2 de octubre de 2019, exp. 24090, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, del 13 de marzo de 2025, exp.

27633, C.P. Milton Chaves García y del 9 de noviembre de 2023, exp. 27761, C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.

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9

Radicado: 25000-23-37-000-2018-00736-01 (30302)
Demandante: Contraloría General de la República

En el presente caso, sin embargo, la Resolución RDP 003818 del 2 de febrero de 2018
no anexó cuadro, liquidación ni soporte alguno que exteriorizara el cálculo del que se
derivaba la suma de $217.228.783 cobrada a la Contraloría. Por el contrario, como se
explicó, dicho detalle solo se conoció hasta la resolución que desató el recurso de
apelación. En esa medida, lejos de acreditarse el cumplimiento del estándar de
motivación exigido para esta clase de actos, lo que se constata es su ausencia en la
oportunidad en que debía satisfacerse, esto es, en el acto primigenio, que es el que
activa el mérito ejecutivo de la obligación y el que debe permitir al destinatario, desde
el principio, conocer y controvertir los fundamentos del cobro que se le impone.

En consecuencia, los argumentos expuestos por la UGPP en su recurso de apelación
no desvirtúan la conclusión a la que arribó el Tribunal de primera instancia.

Comoquiera que se confirmará la sentencia apelada por estar los actos viciados de
falta de motivación que conduce a su nulidad, la Sala se releva del estudio de los
demás cargos planteados.

Costas

Como quiera que el recurso de apelación interpuesto por la UGPP no prospera, se le
condenará en costas en esta instancia, en aplicación del numeral 3 del artículo 365 del
CGP, norma aplicable por remisión del artículo 188 del CPACA. Con fundamento en
el Acuerdo PCSJA25-12355 del 28 de noviembre de 2025, expedido por el Consejo
Superior de la Judicatura, se fijan las agencias en derecho a cargo de la parte
demandada en un (1) salario mínimo legal mensual vigente.

En consecuencia, se ordenará al Tribunal de origen tramitar el respectivo incidente de
liquidación de costas, conforme a las reglas previstas en el artículo 366 del CGP.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por
autoridad de la ley,

FALLA

1. Confirmar la sentencia apelada.

2. Condenar en costas a la parte demandada en esta instancia y en agencias en
derecho en el valor equivalente a un (1) SMMLV. En consecuencia, se ordena al
tribunal tramitar el respectivo incidente, conforme con lo expuesto en la parte motiva
de esta providencia.

Notifíquese y comuníquese. Devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

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10

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