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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2018-00795-01

Fecha
26 de octubre de 2023
Consejero ponente
Myriam Stella Gutierrez Arguello

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2018-00795-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA 1. Confirmar la sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, del 11 de noviembre de 2021, pero por las razones expuestas en esta providencia. 2. Sin condena en costas en esta instancia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 25000-23-37-000-2018-00795-01

Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello

26 de octubre de 2023

Radicado: 25000-23-37-000-2018-00795-01 (26629)
Demandante: Patricia del Pilar Puentes Herrera

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá, D.C., veintiséis (26) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación 25000-23-37-000-2018-00795-01 (26629)
Demandante PATRICIA DEL PILAR PUENTES HERRERA
Demandado UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y
CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL
UGPP
Temas Sujeción pasiva de los trabajadores independientes. Período y
liquidación. Base gravable. Reconocimiento de costos y gastos.
Sanciones

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia del 11 de noviembre de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B que decidió lo siguiente1:
“PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la
parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: Sin costas.
TERCERO: Notifíquese por correo electrónico la presente providencia a las siguientes
direcciones electrónicas: (…). “

ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA

Previo Requerimiento para Declarar y/o Corregir Nro. RCD 2016-02605 del 12 de
diciembre de 2016, la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (en adelante UGPP) expidió la
Liquidación Oficial Nro. RDO 2017-02346 del 21 de julio de 2017, en la que
determinó a cargo de la actora los aportes en salud y pensión por los períodos de
enero a diciembre de 2014 y la sancionó por las conductas de omisión e inexactitud.
La demandante interpuso recurso de reconsideración que fue resuelto en la
Resolución Nro. RDC 2018-00974 del 5 de septiembre de 2018, en el sentido de
confirmar los aportes y las sanciones por inexactitud y omisión2.

ANTECEDENTES DEL PROCESO

Demanda

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
contemplado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo

1 Samai del Tribunal. Índice 19.
2 Los antecedentes administrativos pueden ser consultados en el índice 2 de Samai/EXPEDIENTE
DIGITAL/ED_CUAD1CD1FOLIO237NULIDADYRESTABLECIMIENTODELDERECHO_TESTIGODOCUMENTALC(.pdf)
NroActua 2
1

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Demandante: Patricia del Pilar Puentes Herrera

Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), la parte demandante formuló las
siguientes pretensiones3:
“1. DECLARAR LA NULIDAD de los actos administrativos contenidos en:

• La resolución No. RDC – 2018 -00974 de fecha 05 de septiembre de 2018 por el cual se
resolvió el recurso de reconsideración, proferida por la Dirección de Parafiscales de la
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social (UGPP).

• La liquidación oficial No. RDO – 2017 – 02346 de fecha 21 de julio de 2017, proferida por
la Subdirección de Determinación de Obligaciones de la Dirección de Parafiscales de la
misma entidad.

2. Se RESTABLEZCA EL DERECHO a mi representada, en el sentido de que se declare
que esta efectivamente no estaba precisada a afiliarse y aportar a los subsistemas de
salud y pensión en el ejercicio fiscal 2014; y en consecuencia, se declare que no debe
pagar la supuesta omisión e inexactitud determinadas, así como tampoco las sanciones
por no declarar por la conducta de omisión e inexactitud.

3. En caso de no acceder a la anterior pretensión, se solicita que se inste a la UGPP a tener
en cuenta todos los costos y/o gastos reportados en la declaración de renta del ejercicio
fiscal 2014, y que se tengan en cuenta todos los soportes probatorios de dichos, los
cuales obran en los antecedentes administrativos, dado que tales gastos son necesarios
y proporcionales para la actividad productora de renta.

4. Se CONDENE A LA DEMANDADA al pago de las COSTAS Y AGENCIAS EN
DERECHO a que haya lugar por motivo del ejercicio de la presente acción, de acuerdo
con lo que se pruebe dentro del proceso.”

A los anteriores efectos, la demandante invocó como violados los artículos 2, 6, 29,
83, 121 y 209 de la Constitución Política; 1 y 3 de la Ley 1437 de 2011; y 683 del
Estatuto Tributario; así mismo alegó la vulneración de las Leyes 100 de 1993; 797
de 2003; 1607 de 2012; 1739 de 2014 y 1753 de 2015. Los cargos de nulidad se
resumen de la siguiente manera:

Expuso que los actos administrativos, como manifestación de voluntad de las
entidades, deben cumplir con los requisitos de eficacia, validez y legalidad para que
produzcan los efectos pretendidos por la autoridad administrativa4. Indicó, que pese
a plantear varios cuestionamientos procesales, la UGPP no se refirió a ellos al
momento de resolver el recurso de reconsideración.

1. Nulidad de los actos demandados por vicios del procedimiento

1.1. Falta de motivación

Sostuvo que la UGPP pretendía incluir como motivación de las liquidaciones
acusadas un archivo Excel, en el cual relacionó de manera abstracta las
conclusiones de los ajustes propuestos, actuación que era indebida en la medida
que el ordenamiento jurídico exige que los actos administrativos deben estar
debidamente sustentados a fin de que los interesados puedan ejercer su derecho
de defensa. Así, la llamada motivación sumaria no era óbice para que la entidad
expidiera decisiones con insuficiente o superficial carga argumentativa, ya que la

3 Índice 2 de Samai (.pdf) NroActua 2.pdf
4 Al respecto citó las sentencias de la Corte Constitucional T-945 de 2009 y C-069 de 1995
2

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falta de contenido sustancial afecta la validez de los actos administrativos5.
1.2. Liquidación de 12 períodos en un solo acto
Expuso que los aportes a seguridad social de los trabajadores independientes son
de carácter mensual. En ese sentido, era errado que la UGPP liquidara en un solo
acto las contribuciones de todos los períodos del año 2014, desconociendo con ello
que el artículo 694 del Estatuto Tributario dispone la obligación de expedir como
mínimo un requerimiento para declarar y/o corregir y una liquidación oficial por cada
uno de los meses fiscalizados6.
1.3. La UGPP liquida en un solo acto las omisiones y sanciones
Manifestó que no era viable aceptar que la unidad en un mismo acto administrativo
incluyera aspectos relacionados con omisiones en la afiliación y el pago de los
aportes, y allí mismo liquidara la sanción, apoyándose en normas que interpretó a
su conveniencia, razón por la cual debía anularse su actuación.
1.4. Indebida aplicación del procedimiento para la determinación de las
obligaciones
Adujo que el artículo 180 de la Ley 1607 de 2012, al regular los términos para la
respuesta al requerimiento y la interposición del recurso de reconsideración, se
quedó corta en materia de garantías procesales para los administrados, razón por
la cual debía atenderse lo dispuesto en el Estatuto Tributario, especialmente los
artículos 637, 694,703, 704, 715, 712 y 719.
En ese contexto, tanto el requerimiento como la liquidación oficial evidencian una
mezcla de diferentes tipos de actos administrativos de fiscalización “mediante los
cuales se evidencia un emplazamiento para corregir, relacionando las presuntas omisiones en la
afiliación y adicionalmente en el mismo acto.”. Así, era evidente la falta de técnica jurídica
en la expedición del acto previo y de determinación, pues los objetivos perseguidos
y los resultados esperados estaban regulados por normas diferentes, y no podían
expedirse de manera similar.
Destacó que en el requerimiento se desconoció el artículo 694 del Estatuto
Tributario, insistiendo en el carácter mensual del aporte y en la necesidad de expedir
actos independientes por cada período. También mencionó que era improcedente
que la UGPP basara su información en unos cruces de información que no fueron
objeto de contradicción y publicidad.
2. Vicios probatorios
2.1. Cruces de información. Violación al principio de contradicción y
publicidad de la prueba
Expuso que la UGPP basó su actuar en las consultas efectuadas a las bases de
datos del Ministerio de la Protección Social y la DIAN, con el fin de establecer el
estado de afiliación a salud y pensión del aportante, y tomó sus ingresos de la
declaración de renta del año 2014.

5 Citó las sentencias del Consejo de Estado del 19 de abril de 2012, exp.18405, del 10 de abril de 2008,
exp.15204, ambas con ponencia de la consejera Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez; y del 6 de diciembre
de 2012, exp.17763, C.P. William Giraldo Giraldo
6 Sobre el asunto citó los Conceptos expedidos por la UGPP Nros. 201611203600171 del 23 de noviembre
de 2016 y 201713000555711 del 27 de marzo de 2017
3

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Si bien el cruce de información es un indicio de la existencia de un supuesto hecho
irregular, lo cierto era que debía probarse mediante mecanismos que dieran certeza
del hecho, elementos que debían estar sujetos a los principios de publicidad y
contradicción.
Afirmó que, dada la falta de diligencia de la UGPP en cuanto a la solicitud,
apreciación e interpretación del ordenamiento jurídico y las pruebas, debía
declararse la nulidad de los actos acusados.
2.2. Veracidad de las declaraciones
Resaltó que la UGPP tomo los ingresos declarados en renta, pero desconoció los
costos y gastos reportados en el mismo denuncio privado alegando simplemente la
falta de documentos o pruebas que permitieran establecer su relación con la
actividad productora de renta, argumento que a su juicio no era válido dado que la
propia entidad concluyó que dicha comprobación no era de su competencia.
Señaló que de conformidad con el artículo 746 del Estatuto Tributario, la información
consignada en la declaración de renta se presume veraz, por lo que la actividad
fiscalizadora de la entidad no debía estar encaminada a comprobar la certeza o la
realidad de los hechos registrado. La actuación de la demandada transgrede el
principio de la carga dinámica de la prueba, “donde le es más favorable y de hecho, queda
al arbitrio de la UGPP decretar las verificaciones pertinentes para esclarecer la verdad sobre
determinada situación”.

Así, adujo que la UGPP pretendía fundamentar su presunción sin hacer una debida
valoración probatoria, cuando debía centrar sus esfuerzos en determinar el
cumplimiento de hechos gravables de acuerdo con los elementos sustanciales del
tributo.
3 Violación al debido proceso y espíritu de justicia
Indicó que la Administración intentaba justificar su actuar trasladándole a la actora
unas supuestas fallas probatorias, con lo cual vulneraba mandatos como el debido
proceso y el espíritu de justicia que rige las actuaciones administrativas7.
4. Asuntos de fondo
4.1. De la clasificación de trabajadores independientes
Manifestó que las contribuciones parafiscales deben cumplir con los elementos
propios de los tributos (hecho generador, base gravable, sujetos y tarifa). No
obstante, existía un vacío legal dado que el ordenamiento jurídico no estableció de
manera clara la base gravable y el sujeto pasivo para efectos de la obligación a
cargo de los independientes, entendidos estos como personas cuyos ingresos
provienen de las actividades previstas en el artículo 329 del Estatuto Tributario.
Reprochó que la UGPP la considerara como una trabajadora independiente bajo
definiciones o parámetros distintos a los previstos en la mencionada norma, pues
ello implicaba la mixtura de disposiciones que no fueron previstas para esos
propósitos.

7 Mencionó la sentencia de la Corte Constitucional T-442 de 1994.
4

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4.2. De la presunta obligación de afiliación y capacidad de pago. Violación al
principio de legalidad en materia tributaria
Señaló que la entidad erraba al calificarla como rentista de capital o trabajadora por
cuenta propia, ante lo cual era importante tener en cuenta que la obligación tributaria
surgía por imperio del ordenamiento jurídico, de manera que, no podían imponerse
gravámenes que no estuvieran previstos en la ley.

Refirió que, en materia tributaria, y en virtud del principio de legalidad, sólo la ley
puede definir los elementos de los gravámenes. Sin embargo, la UGPP actuó en
contravía de los postulados constitucionales al justificar su actuar en el Decreto 806
de 1998, exigiendo la afiliación y pago de los aportes, cuando el legislador nada dijo
al respecto8.

4.3. Obligación de los rentistas de capital de aportar a salud y pensión

Expuso que para el año 2014 no existía la obligación de afiliarse al sistema de
seguridad social para las personas naturales con contrato diferente al de prestación
de servicios, que ello solo ocurrió con la expedición de la Ley 1753 de 2015.

Según el artículo 135 ibidem, los trabajadores por cuenta propia, los independientes
con contrato diferente a prestación de servicios y aquellos con contratos de
prestación de servicios personales, deben cotizar sobre una base mínima del 40%
de los ingresos mensualizados, pudiendo deducir las expensas necesarias para su
actividad productora de renta. Además, dicha norma creó un sistema de presunción
de ingresos.

De manera que, mal hacía la entidad en liquidarle unos aportes por la supuesta falta
de afiliación a salud y pensión cuando no se encontraba obligada a su cumplimiento,
pues el marco normativo vigente para la época solo aplicaba a los independientes
con contrato de prestación de servicios.

4.4. De la irretroactividad de la norma tributaria

Sostuvo que, de aceptarse su obligación de afiliación y pago de los aportes, la
misma fue establecida por el legislador en la Ley 1753 de 2015, norma que entró en
vigencia solo hasta el mes de julio de ese año, de manera que, mal hacía la UGPP
al pretender el cobro de aportes cuando en el año 2014 no ostentaba el derecho a
su cobro, so pena aplicar de manera retroactiva disposiciones legales, lo cual estaba
prohibido por mandato constitucional9.

4.5. De los costos y gastos necesarios para el desarrollo de la actividad
productora de renta

Afirmó que la UGPP, para el cálculo de los aportes, debió tomar las erogaciones
reportadas en su denuncio rentístico, y no solamente sus ingresos, comoquiera que
se trataba de una información que estaba en firme, además porque la comprobación
de sus expensas no era competencia de la demandada.

Según el Decreto 2649 de 1993 y el artículo 104 del Estatuto Tributario, los gastos

8 Citó la sentencia de la Corte Constitucional C-891 de 2012.
9 Citó las sentencias de la Corte Constitucional C-185 de 1997, C-926 de 2000, C-430 de 2009 y C-785 de
2012.
5

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se entienden causados en el momento en que se realiza el hecho económico, por
consiguiente, las erogaciones incurridas se deducen en el año o período en que se
causen siempre y cuando sean necesarias y proporcionales a su actividad.

Agregó que el legislador dispuso la posibilidad de excluir del cálculo de los aportes
aquellas sumas que constituyeran costos necesarios para el desarrollo de su
actividad lucrativa, “circunstancia que en otra forma consagra el artículo 18 de la Ley 1122 de
2007”, ya que dispone que el IBC se toma sobre un tope máximo del 40% del valor
mensualizado del contrato, concluyendo así que el valor restante hace parte del
costo operacional10.

Sostuvo que además de tomar los costos declarados, la demandada debió valorar
todos los soportes probatorios allegados en sede administrativa.

5. De las sanciones impuestas por la UGPP

Sobre la sanción por omisión señaló que se han demostrado los vicios de los
actos, por lo que no existe base para sanción. Además, se desvirtuó la conducta
penalizada.

Afirmó que en este caso no existía inexactitud, por el contrario, lo que se observaba
era una diferencia de criterios entre la demandada y la actora, lo cual era lógico,
pues la Administración omitió su deber legal y no practicó las pruebas conducentes
y pertinentes para soportar sus argumentos. A esto se suma que para el año 2014
la actora no estaba en la obligación de afiliarse y pagar las contribuciones11.

Además, señaló que mal hacía la UGPP en imponer dos sanciones cuando
concurren la identidad de sujeto, hecho y fundamento, configurándose en el
presente caso el non bis in ídem, cuya aplicación constituye una regla del derecho
administrativo sancionador. Así, la demandad debió discernir sobre la procedencia
de una o varias sanciones.

Oposición de la demanda

La entidad demandada controvirtió las pretensiones de la demanda, con
fundamento en lo siguiente12:

Sobre los vicios del procedimiento, adujo que los actos estaban debidamente
motivados, para lo cual hizo un recuento de la información registrada en el archivo
Excel (SQL).

Indicó que en este caso no es aplicable el artículo 694 del Estatuto Tributario
(independencia de las declaraciones) porque hace referencia a impuestos y no a
contribuciones. Sostuvo que no existe fundamento que impida acumular los
períodos fiscalizados, más cuando los ajustes propuestos se individualizaron por
cada mes.

10
Mencionó el Concepto Nro.1832 de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado del 26 de
julio de 2007, C.P. Luis Fernando Álvarez Jaramillo.
11
Citó la sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, del 11 de noviembre de 1996, C.P. Consuelo
Sarria Olcos.
12 Índice 2 de Samai/
EXPEDIENTEDIGITAL/ED_CUADERNO1NULIDADYRESTABLECIMIENTODELDERECHO_14CONTESTACIONDEMA
NDA (.pdf). NroActua 2.

6

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Sostuvo que se aplicó el procedimiento correspondiente para la expedición de la
liquidación oficial y se garantizaron los derechos de defensa y contradicción.

Frente a los vicios probatorios expuso que en el proceso de determinación se le
indicó al actor cuales fueron las pruebas valoradas y se estudiaron los argumentos
de defensa, lo que llevó a que al resolver el recurso de reconsideración se
modificara el monto de los aportes reconociendo costos por valor de $101.439.637.

Expuso que no cuestionó la declaración de renta de la demandante, comoquiera
que ello no estaba dentro de sus funciones, por el contrario, sus actuaciones
estuvieron encaminadas únicamente a verificar la correcta liquidación y pago de los
aportes al sistema. En todo caso, el análisis probatorio que resultara adverso a los
intereses del obligado no implicaba una omisión, ya que la entidad debía determinar
si las pruebas llevaban al convencimiento de los hechos13.

Precisó que, como a la demandante le asistía la carga de la prueba y era su deber
respaldar con los medios pertinentes los costos que pretendía deducir de la base
gravable, de manera que, si lo pretendido era validar la información reportada en
renta allegar las facturas, cuentas de cobro, recibos, o cualquier documento
equivalente que cumpliera con los requisitos del artículo 107 del Estatuto Tributario.
De ahí que la liquidación oficial no era una decisión caprichosa, sino que obedeció
a la aplicación de las normas que rigen la materia.

En cuanto a la vulneración al debido proceso y espíritu de justicia, reiteró que
a la actora le fueron garantizadas todas las etapas procesales.

Respecto a los cargos de fondo agrupó los subcargos, frente a los cuales indicó
que los trabajadores independientes son las personas naturales que ejercen de
manera autónoma, personal y directa una profesión o actividad económica, sin
sujeción a un contrato de trabajo, por lo cual reciben ingresos mensuales que refleja
una capacidad económica suficiente para afiliarse al sistema.

Expuso que las leyes 100 de 1993, y 1438 de 2011; los Decretos 806 de 1998, 1406
de 1999, 510 de 2003, 1833 de 2016 y el Decreto Único 780 de 2016, establecieron
como sujetos pasivos de las contribuciones a los rentistas de capital, independientes
y demás personas con capacidad de pago14 y se determinó la base gravable la cual
consistía en los ingresos que efectivamente percibiera el afiliado en el período,
razones por la cuales quedaba acreditada la existencia de los elementos del tributo
para el año 2014.

Si bien la Ley 1122 de 2007 ordenó al Gobierno reglamentar el sistema de
presunción ingresos, ello estaba llamado a aplicarse únicamente cuando estos se
desconocieran, situación que no se presentaba en el caso de los independientes
porque el Decreto 3085 de 2007 en su artículo 1º les exigía la declaración anual de
lo efectivamente percibido.

Además, la misma norma previó que los independientes contratistas cotizarían al
sistema sobre una base máxima del 40% y los demás sobre los ingresos percibidos.

13
Mencionó la sentencia del Consejo de Estado. Sección Segunda, del 20 de septiembre de 2007, exp.0864-
07, C.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren; y el Auto de la Sección Cuarta del 5 de mayo de 2011,
exp.18367, C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.
14 Mencionó la sentencia C-578 de 2009.
7

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Indicó que en este caso no era posible liquidar los aportes de conformidad con la
Ley 1753 de 2015, comoquiera que se trataba de una norma posterior al período
fiscalizado, so pena de vulnerar mandatos constitucionales como el de la
irretroactividad de las normas

Reconoció que los costos y gastos declarados en renta son deducibles de la base
gravable siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos en el artículo
107 del Estatuto Tributario y, lo cual debe probarse con los soportes idóneos,
situación que no ocurrió en el presente, sin que esto implicara que la UGPP
asumiera competencias de la DIAN15. Puso de presente que tratándose de
erogaciones declaradas en renta no aplicaba la presunción del artículo 33 de la Ley
1438 de 2011 por ser una norma exclusiva para los ingresos.

En cuanto a los cargos relacionados con las sanciones, adujo que en el proceso
de fiscalización se logró comprobar que la actora incurrió en las conductas de
omisión e inexactitud, razón por la cual no era procedente desconocer lo establecido
en la Ley 1607 de 2012, modificada por la Ley 1819 de 2016, sobre el asunto.

Sentencia apelada

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, negó
las pretensiones de la demanda por lo que pasa a exponerse16:

Realizó un recuento sobre la actuación administrativa y del marco normativo,
indicando que los trabajadores independientes y los rentistas de capital con
capacidad de pago, están obligados a efectuar aportes, como consecuencia de la
percepción de ingresos.

1. Del trámite irregular

Señaló que, si bien la UGPP expidió un solo requerimiento y una liquidación para
todos los meses de 2014, ello no comportaba el desconocimiento de las garantías
del derecho al debido proceso, pues de conformidad con la remisión al Estatuto
Tributario, la interpretación de los artículos 694 y 695 debía hacerse de manera
armónica con los principios que rigen la actuación administrativa, razón por la cual,
era válido simplificar un procedimiento de determinación para acumular varios
períodos en un solo trámite que parte de la misma fuente17.

Como en este caso la demandada inició el proceso de fiscalización con competencia
para ello dentro del plazo de los 5 años previsto en el artículo 178 de la Ley 1607
de 2012 y, a su vez a la actora se le permitió ejercer su defensa en cada una de las
etapas y le respetaron los términos, no había lugar a declarar la prosperidad del
cargo.

2. Vulneración al debido proceso por falta de motivación

Expuso que los actos demandados son compuestos, comoquiera que de ellos hace
parte del CD anexo, en el cual se encuentra el archivo Excel, que contiene de

15
Mencionó las sentencias del Consejo de Estado, Sección Cuarta, del 19 de mayo de 2011, exp.18039, C.P.
Julio Roberto Piza Rodríguez; del 2 de agosto de 2017, exp.20701, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez y
del 13 de agosto de 2009, exp.16454, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia.
16
Samai del Tribunal. Índice 19
17 Sobre el asunto citó las sentencias del Consejo de Estado, Sección Cuarta, del 26 de mayo de 2016,
exp.19732, C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas; y del 25 de abril de 2018, exp.20620, C.P. Stella
Jeannette Carvajal Basto.
8

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manera desglosada las novedades de mora e inexactitud respecto de cada uno de
los ajustes determinados por la UGPP, así como la causal por la cual se rechazaron
o se aceptaron los costos y gastos, por lo que sus razones deben ser interpretadas
de manera armónica y en conjunto.

En este asunto se profirió la liquidación oficial con base en las pruebas obtenidas
en el cruce de información y las aportadas por la demandante, se ciñó a los
preceptos legales que rigen las cotizaciones al sistema y el archivo anexo contiene
de manera específica el ajuste efectuado y su justificación.

3. Desconocimiento de las normas en que debieron fundarse los actos
administrativos

Reiteró que, de cara al cumplimiento de los principios de universalidad y solidaridad
que rigen el sistema de seguridad social, todas las personas que tengan capacidad
de pago tienen la obligación de afiliarse y contribuir para el sostenimiento del mismo,
tal como lo puntualizó la Corte Constitucional en la sentencia C-578 de 2009, al
caracterizar dentro del concepto de trabajador independiente a los rentistas de
capital y a los trabajadores por cuenta propia18. En ese contexto, no era necesario
que las normas relativas al deber de aportar incluyeran expresamente a estas
categorías de trabajadores independientes.

De manera que, al no existir discusión respecto a la capacidad de pago de la
demandante y su omisión e inexactitud en su deber de aportar a seguridad social
en calidad de trabajadora independiente (código 6920 – actividades de contabilidad,
teneduría de libros, auditoría financiera y asesoría tributaria), el presente cargo no
estaba llamado a prosperar.

4. Falta de motivación por presunción de ingresos

Expuso que, según lo dispuesto en el artículo 25 del Decreto 1406 de 1999 y la
presunción de capacidad de pago del artículo 33 de la Ley 1438 de 2011, la UGPP
podía tomar la información reportada en la declaración de renta de la actora del año
2014. Así mismo, de conformidad con la remisión prevista en la Ley 1151 de 2007,
para la determinación de los ingresos resultaban aplicables los artículos 686, 742,
743 y 746 del Estatuto Tributario, según los cuales los hechos consignados en los
denuncios rentísticos se consideran ciertos, presunción que en todo caso admitía
pruebas en contrario.

Puso de presente que, para la estimación del IBC, era válido detraer los costos y
gastos incurridos en la actividad productora de renta, siempre y cuando cumplieran
los requisitos del artículo 107 ibidem, sin que ello implicara modificar o asumir las
funciones de fiscalización de la DIAN.

Ahora, no era procedente el reconocimiento de la totalidad de las erogaciones
declaradas en renta, pues el hecho que su denuncio hubiere adquirido firmeza no
implicaba que la UGPP quedara privada de requerir comprobaciones adicionales
para establecer el cumplimiento del deber de aportar, comoquiera que se trataban
de reclamaciones diferentes fiscalizadas por entidades independientes. Por tanto,
era deber de la aportante allegar, en sede administrativa o judicial, las pruebas

18 Citó la sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, del 1 de agosto de 2019, exp.23379, C.P. Milton
Chaves García.
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idóneas que permitieran demostrar sus costos y gastos.

Advirtió que en este caso i) no se controvirtió el prorrateo de los ingresos efectuados
por la UGPP de manera proporcional en los 12 meses del año 2014, pues la
demandante no debatió su origen ni su efectiva percepción, por el contrario, su
postura se enfatizó en la inexistencia de su obligación y ii) la Administración, de
acuerdo con los soportes allegados en sede administrativa, realizó la imputación de
las erogaciones a cada período, variando la propuesta de aportes inicial. No
prosperó el cargo.

5. Valoración probatoria

Refirió que la demandante, de cara a la censura de las razones de hecho y de
derecho de los actos acusados para rechazar los costos y gastos, no realizó
argumentación alguna, así como tampoco allegó con la demanda nuevas o mejores
pruebas para atacar la presunción de legalidad de estos. En ese orden, la
contribuyente debía asumir las consecuencias de su falta de actividad probatoria,
por ser a ésta quien le asistía demostrar los hechos económicos que alegó y
conocer de primera mano su información tributaria. No prosperó el cargo.
6. De la procedencia de las sanciones
Afirmó que la actora estaba obligada al pago de las sanciones por omisión e
inexactitud toda vez que no pudo desvirtuar la legalidad de las resoluciones
acusadas, dado que no canceló los aportes o lo hizo por valores inferiores a los que
estaba obligada. Así mismo, tampoco era válido el argumento de la vulneración al
principio del non bis in ídem, comoquiera que la inexactitud y la omisión fueron
previstos por el legislador como conductas sancionable distintas.
Finalmente, se abstuvo de condenar en costas al no encontrarlas probadas19.
Recurso de apelación
La demandante apeló la decisión de primera instancia por lo que pasa a
exponerse20:
1. Defecto fáctico y falta de congruencia de la sentencia.
Como quiera que el cargo 1 y 7 de apelación contienen argumentos similares, se
exponen de manera conjunta.
Señaló la actora que el Tribunal no se pronunció frente a todos los cargos de nulidad
propuestos en la demanda, razón por la cual en esta instancia se ratificaba en cada
uno de ellos, a saber: i) la falta de motivación y del anexo Excel que hace parte de
las resoluciones demandadas; ii) la determinación de la obligación tributaria
respecto de 12 períodos en un solo acto; iii) la liquidación conjunta de las omisiones
y sanciones; iv) la falta de valoración de las pruebas aportadas en sede
administrativa; v) la eficacia probatoria de los cruces de información y la vulneración
de los principios de publicidad y defensa; y vi) el desconocimiento de veracidad de
las declaraciones tributarias.
Por lo anterior, consideró que se vulneró el principio de congruencia de la sentencia,

19 La decisión contó con un salvamento de voto sobre la valoración de los soportes de costos y gastos que
debió hacer el Tribunal y no hizo. Esta decisión puede ser consultada en el índice 20 del Samai del Tribunal.
20 Samai del Tribunal/índice 25.
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previsto en el artículo 281 del Código General del Proceso.
2. Error material o sustantivo
En este punto se resumirán de manera conjunta los cargos de apelación 2, 3 y 4,
comoquiera que la actora expuso razones relacionadas con la obligación de aportar.
Precisó que no era sujeto pasivo de las contribuciones parafiscales, toda vez que
las normas en que se fundaron los actos acusados fueron expedidas con violación
a los principios constitucionales de no tributación sin representación y/o con
posterioridad a la vigencia fiscalizada. Así mismo, era errado que la demandada y
el Tribunal hicieran analogías en materia fiscal, cuando está prohibido en el
ordenamiento jurídico, más aún cuando hacen uso de definiciones literales,
demostrando así la incoherencia en la categorización de los sujetos aludiendo a su
capacidad de pago.
Así las cosas, no existía la obligación de afiliarse al sistema de seguridad social
para las personas naturales con contrato diferente al de prestación de servicios.
Precisó que la obligación de los trabajadores independientes solo se dio con la
expedición de la Ley 1753 de 2015, por lo cual, en observancia del principio de
irretroactividad de las normas, no era viable su aplicación para el caso de la actora.
Expuso que, si en gracia de discusión ello fuera aceptado, de igual manera no había
una base gravable regulada para el trabajador por cuenta propia y el sistema de
presunción de ingresos establecido en los artículos 157 y 203 de la Ley 100 de 1993
no estaba reglamentado21.
Afirmó que en todo caso efectuó algunas cotizaciones a salud de manera voluntaria,
razón por la cual no se configuraba la conducta de inexactitud.
Así se encuentra demostradas las siguientes causales de nulidad: i) la infracción de
las normas en que debieron fundarse los actos demandados; ii) la expedición
irregular; iii) el desconocimiento de los derechos de defensa y audiencia y iv) la falta
de motivación.
3. Desconocimiento de costos y gastos
Puso de presente que en sede administrativa aportó los soportes de sus expensas,
tales como informes, facturas, entre otros, los cuales fueron rechazados por la
demandada sin mayor explicación, pruebas que en todo caso tenían el alcance que
les da el artículo 777 del Estatuto Tributario, por tanto, si el Tribunal al igual que la
UGPP pretendió desestimarlas por lo menos debieron efectuar las comprobaciones
pertinentes22.
Sostuvo que los gastos reportados en su declaración de renta cumplían con los
requisitos del artículo 107 ibidem, por tanto, debieron ser valorados al momento de
determinar el IBC, tal como ocurrió con sus ingresos, además porque era una
información que se encontraba en firme y la comprobación de sus expensas no era
competencia de la UGPP. Así, no era posible tomar la información que servía para
aumentar el recaudo y omitir la que le es favorable al aportante.

21
Al respecto citó una sentencia del Juzgado 41 Administrativo de Bogotá, según la cual para el año 2014 no
existía certidumbre sobre un método claro, preciso y eficaz para establecer el IBC para los trabajadores
independientes.
22 Al respecto afirmó que compartía el salvamento parcial de voto.
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Agregó que, de conformidad con el Decreto 2649 de 1993 y el artículo 104 del
Estatuto Tributario, las expensas se pueden deducir en el período en que se causen
de acuerdo con el desarrollo de su actividad económica, lo cual aplicaba
exactamente en materia de aportes a seguridad social.

4. Improcedencia de las sanciones impuestas

Sostuvo que, ante la existencia de vicios en el procedimiento de determinación y la
inexistencia de las conductas fiscalizadas, no era viable aplicar las sanciones
determinadas en los actos acusados, so pena de tener que liquidarlas sobre una
base gravable inexistente.

Oposición al recurso

La demandada no se pronunció al respecto.

Ministerio Público

El agente del Ministerio Público guardó silencio.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Le corresponde a la Sala decidir el recurso de apelación interpuesto por la actora
contra la sentencia de primera instancia que negó la nulidad de la Liquidación Oficial
Nro. RDO 2017-02346 del 21 de julio de 2017 y la Resolución Nro. RDC 2018-00974
del 5 de septiembre de 2018, mediante las cuales la UGPP liquidó los aportes a
salud y pensión por el año 2014 e impuso sanciones por omisión e inexactitud23.

1. Delimitación del problema jurídico

La demandante afirma que el Tribunal no se pronunció frente a todos los cargos de
nulidad propuestos en la demanda, a saber: i) la falta de motivación y del anexo
Excel que hace parte de las resoluciones demandadas; ii) la determinación de la
obligación tributaria respecto de 12 períodos en un solo acto; iii) la liquidación
conjunta de las omisiones y sanciones; iv) la falta de valoración de las pruebas
aportadas en sede administrativa; v) la eficacia probatoria de los cruces de
información y la vulneración de los principios de publicidad y defensa; y vi) el
desconocimiento de veracidad de las declaraciones tributarias

La Sala advierte que no le asiste razón a la apelante, comoquiera que la sentencia
de primera instancia se pronunció sobre la mayoría de los asuntos enlistados. A
esto sumado que en el recurso de apelación no se presentaron reproches puntuales
frente a lo decidido, pues la parte interesada se limitó a señalar que no habían sido
estudiados. Los cargos resueltos son:

• De la falta de motivación: Para resolver este punto la sentencia apelada refirió
que los actos demandados eran compuestos, por lo que su estudio debía
hacerse conjuntamente con el archivo Excel. Por lo anterior concluyó que “la
UGPP profirió la liquidación oficial con base en las pruebas obtenidas por el cruce de
información y las aportadas por la demandante dentro del proceso de fiscalización, se ciñó a
los preceptos legales que rigen las cotizaciones al sistema de seguridad social y el archivo

23 Se precisa que, por auto del 7 de junio de 2023, el despacho sustanciador recibió el proceso de la referencia,
toda vez que fue negada la ponencia presentada en su momento. Samai, índice 12
12

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anexo a cada acto administrativo contiene de manera específica el ajuste efectuado y la razón
por la cual se descartó la procedencia de cada uno de los documentos que allegó la señora
PUENTES HERRERA (…)”24.

Postura que en todo caso es respalda por la Sala, como quiera que se ha
entendido que los actos expedidos por la UGPP se encuentran
suficientemente motivados cuando se “identifique el tipo de incumplimiento, el año, el
mes, el trabajador, los días trabajados, los pagos que constituyen salario y cuáles no, el total
remunerado, el IBC, entre otros aspectos” 25 situaciones que se cumplen en los actos
acusados.

• De la determinación de los 12 períodos en un solo acto administrativo: Al
respecto el Tribunal señaló que “si bien la UGPP emitió en un solo requerimiento de
información que fue desatendido por todos los meses de 2014, como también un mismo acto
previo (requerimiento para declarar y/o corregir) y una sola liquidación oficial, no comportó en
ningún momento la desatención de las garantía plenas del núcleo esencial del derecho al
debido proceso, pues le permitió a la actora ejercer su defensa en cada etapa, respetó los
términos y ejerció la facultad de determinación y sanción dentro del término de los 5 años que
le concede el parágrafo 2 del artículo 178 de la Ley 1607 de 2012, (…)”26.

Dicha posición es compartida por la Sección, puesto que el artículo 180 de la
Ley 1607 de 2012, norma aplicable al año cuestionado, no dispuso la exigencia
de la expedición de un acto particular por cada período fiscal cuestionado27.

• La falta de valoración probatoria en sede administrativa: Sobre este punto el
Tribunal, indicó que “no tiene elementos de juicio que la habiliten para controvertir la
motivación de los actos acusados en lo que respecta a la decisión del rechazo de los costos
y gastos, por lo cual la decisión administrativa que de manera detallada frente a cada
documento desplegó para desacreditarlo no tiene censura en sede judicial, por lo cual no
existen razones para adentrarse en la revisión de las causales de rechazo de las facturas y
demás documentos analizados en sede administrativa, pues la actora con su conducta pasiva
por la falta de despliegue argumentativo y probatorio adicional ante esta jurisdicción, debe
afrontar las consecuencias de su desidia”28. De conformidad con esto, no resulta
válida la afirmación sobre la omisión del a quo, para resolver el asunto.

• La eficacia probatoria de los cruces de información y desconocimiento al
principio de publicidad y defensa: Este asunto también se encuentra superado,
comoquiera que el Tribunal, señaló que “resulta admisible que se verifiquen los
ingresos para realizar los aportes, efectuando cruces con la información de las autoridades
tributarias, más aún cuando así lo permite el artículo 15 de la Ley 100 de 1993”

Este argumento lo comparte la Sala, máxime cuando los datos que reposan
en la declaración son los registrados por la misma aportante, por lo que no se
vulneran sus derechos.

Ahora, i) sobre el desconocimiento de la información reportada en las declaraciones
tributarias, se destaca que este punto tiene relación estrecha con el reconocimiento
de costos y gastos, el cual es otro cargo de apelación, razón por la cual estos
argumentos serán desarrollado más adelante en la sentencia; y ii) se advierte que
la sentencia de primera instancia no se pronunció sobre los argumentos
24
Página 45 de la sentencia
25 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 26 de agosto de 2021, exp.24735, C.P. Stella Jeannette
Carvajal Basto.
26
Página 43 de la sentencia
27 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 5 de mayo de 2022, exp.25553, C.P. Myriam Stella
Gutiérrez Argüello.
28 Página 52 de la sentencia
13

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relacionados con la liquidación conjunta de las omisiones y sanciones, por lo que
será objeto de estudio de la Sección, en aras de garantizar el debido proceso de la
actora.

Decantado lo anterior, el problema jurídico se centra en determinar: i) si era
procedente la liquidación conjunta de las omisiones y sanciones; ii) la obligatoriedad
de efectuar los aportes a cargo de los trabajadores independientes sin contrato de
prestación de servicios; iii) la base gravable; iv) el reconocimiento de costos y gastos
declarados en renta; y v) la improcedencia de las sanciones impuestas.

1. De la liquidación conjunta de las omisiones y sanciones

La demandante señala que no era viable que la unidad, en el mismo acto,
determinara aspectos relacionados con omisiones en la afiliación y el pago inexacto
de los aportes, y ahí mismo liquidara la sanción.

Sobre el particular se pone de presente que la Ley 1607 de 2012, en su artículo 180
(modificado por la Ley 1739 de 2014) contempló el procedimiento para la
determinación de las contribuciones parafiscales y la imposición de las sanciones,
así:
“ARTÍCULO 180. Previo a la expedición de la Liquidación Oficial o la Resolución Sanción, la
UGPP enviará un Requerimiento para Declarar o Corregir o un Pliego de Cargos, los cuales
deberán ser respondidos por el aportante dentro de los tres (3) mes siguiente a su notificación.
Si el aportante no admite la propuesta efectuada en el Requerimiento para Declarar o Corregir
o en el Pliego de Cargos, la UGPP procederá a proferir la respectiva Liquidación Oficial o la
Resolución Sanción, dentro de los seis (6) meses siguientes, si hay mérito para ello.
Contra la Liquidación Oficial o la Resolución Sanción procederá el Recurso de
Reconsideración, el cual deberá interponerse dentro de los dos (2) meses siguientes a la
notificación de la Liquidación Oficial o la Resolución Sanción. La resolución que lo decida se
deberá proferir dentro del año siguiente a la interposición del recurso”

De conformidad con la norma citada, se advierte que el legislador en ningún
momento dispuso que se trataran de actos independientes, razón por la cual no
existe la prohibición para que en un solo acto administrativo se propusiera la
liquidación de los aportes y la imposición de la sanción cuando a ello hubiere lugar.

A esto se suma el hecho de que en el requerimiento para declarar y/o corregir se le
puso en conocimiento de la demandante la posible imposición de sanciones, sobre
las cuales la interesada pudo exponer las razones de su improcedencia,
garantizando así su derecho al debido proceso.

2. De la sujeción pasiva de los trabajadores independientes

Señala la actora que los trabajadores independientes, diferentes a aquellos con
contrato de prestación de servicios, no estaban obligados a efectuar los aportes a
seguridad social en salud y pensión dado que no fueron incluidos de manera
expresa en la norma que regula en la materia, razón por la cual los actos acusados
estaban viciados de nulidad.

14

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Para resolver este asunto se pone de presente que la Sala ya se pronunció sobre
tema, razón por la cual se reiterará en lo pertinente el criterio de decisión
adoptado29.

En dicha oportunidad se mencionó que de conformidad con los artículos 13 y 15 de
la Ley 100 de 1993 (modificados por los artículos 2 y 3 de la Ley 797 de 2003 30),
tanto los trabajadores dependientes como independientes deben afiliarse de
manera obligatoria al subsistema de pensión.

A su vez, los artículos 156 y 15731 de la misma normativa dispusieron que todos los
habitantes del territorio debían estar afiliados al subsistema de salud en condición
de afiliados al régimen contributivo o como subsidiados, o en forma temporal como
participantes vinculados y, para tal efecto, incluyó de manera puntual a los
trabajadores independientes con capacidad de pago. Mandato que posteriormente
fue reglamentado en el Decreto 806 de 199832, artículo 26 literal d) incluyendo esta
vez de manera expresa a los rentistas de capital y a aquellas personas naturales
residentes en el país que no tengan vínculo contractual y reglamentario con algún
empleador, como obligados a afiliarse en calidad de cotizantes.

En igual sentido los artículos 1 y 16 literal c del Decreto 1406 de 1999, reglamentario
de la Ley 100 de 199333, señaló como aportantes al Sistema de Seguridad Social a
los rentistas de capital, trabajadores independientes y demás personas con
capacidad de contribuir financieramente. A su vez el artículo 33 de la Ley 1438 de
2011 dispuso que se presumía con capacidad de pago y, por ende, como obligados
afiliarse al régimen contributivo, a las personas naturales declarantes del impuesto
de renta y complementarios.

Ahora, cabe mencionar que esta Sala al estudiar la legalidad del artículo 26 del
Decreto 806 de 199834, señaló que “no solo deben afiliarse al Sistema General de Seguridad
Social en salud los rentistas de capital y los propietarios de empresas, sino también todas las
personas naturales residentes en el país que no tengan vínculo contractual y reglamentario con algún
empleador.”. También se mencionó en la providencia que se reitera35 que frente a “los
aportes a pensión se tiene que aplican las mismas razones, pues los principios de solidaridad y
universalidad se predican de todo el Sistema General de Seguridad Social, incluido el de pensiones,
por lo que todas las personas con capacidad económica deben contribuir con su financiamiento”.

Así las cosas, dentro de la expresión trabajadores independientes se ubican
aquellos que no cuentan con contrato de trabajo, relación legal o reglamentaria,

29
Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 11 de noviembre de 2021, exp.24719, reiterada en
sentencia del 7 de septiembre de 2023, exp 26481, C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello
30 Mediante sentencia C-1089 de 2003 la Corte Constitucional declaró la exequibilidad condicionada del
artículo 3 de la Ley 797 de 2003. Así mismo, en la sentencia C-259 de 2009, la Corte declaró la exequibilidad
de la expresión “trabajadores independientes” contenida en el literal a) del artículo 2 y en el numeral 1 de
artículo 3 de la Ley 797 de 2003.
31
Declarado exequibles en la sentencia C-663 de 1993
32 Si bien el Decreto 2353 de 2015 derogó el Decreto 806, la nueva normativa de igual manera replicó en el
artículo 34, que los trabajadores independientes como los rentistas de capital y, en general, todas las
personas residentes en el País debían estar afiliados al régimen contributivo como cotizantes, siempre y
cuando sus ingresos fueron iguales o superiores a un salario mínimo legal mensual vigente. Actualmente
esta disposición se encuentra compilada en el Decreto 780 de 2016, artículo 2.1.4.1 numeral 4.
33 Compilado en el artículo 2.2.1.1.1.3 del Decreto 780 de 2016
34 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 29 de abril de 2021, exp. 25056 C.P. Myriam Stella
Gutiérrez Argüello.
35 Consejo de Estado. Sección Cuarta, sentencia del 11 de noviembre de 2021, exp.24719, C.P. Myriam Stella
Gutiérrez Argüello.
15

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pero que tienen capacidad de pago, tales como los rentistas de capital,
comerciantes, trabajadores por cuenta propia, entre otros.

En el sub examine no es objeto de discusión que la actora en su declaración de
renta del año 201436 reportó como actividad económica la 6920 correspondiente a
“Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría financiera y asesoría tributaria” y que
además contaba con capacidad de pago según los ingresos allí reportados, razón
suficiente para determinar que estaba obligada a realizar aportes al Sistema de la
Protección Social en salud y pensión. No prospera lo relacionado con este cargo.

Se advierte que sobre el asunto la demandante también refirió que la afiliación al
sistema de seguridad social de los trabajadores independientes solo se dio con la
expedición de la Ley 1753 de 2015 y que no era viable aplicar dicha norma y con
ello pretender el pago de contribuciones correspondientes al año 2014, so pena de
vulnerar el principio de irretroactividad de las normas. Sobre el asunto, se destaca
que los actos acusados no fueron motivados con dicha norma, razón por la cual es
improcedente el reparo presentado.

3. De la base de cotización

Expone la actora que para el período fiscalizado no existía base gravable de los
aportes a cargo de los trabajadores independientes sin contrato de prestación de
servicios.

Para resolver este asunto, se pone de presente que la Sección ya se ha pronunciado
sobre la determinación del ingreso base de cotización en cuestión37, razón por la
cual se reiterará el criterio adoptado como pasa a exponerse.

En cuanto al IBC para el subsistema de pensión, éste se encuentra definido en los
artículos 15 y 19 de la Ley 100 de 1993, modificados por los artículos 3 y 6 de la
Ley 797 de 2003, en los siguientes términos:
“ARTÍCULO 15. AFILIADOS. Serán afiliados al Sistema General de Pensiones
PARÁGRAFO 1o. En el caso de los trabajadores independientes se aplicarán los siguientes
principios:
a) El ingreso base de cotización no podrá ser inferior al salario mínimo y deberá́ guardar
correspondencia con los ingresos efectivamente percibidos por el afiliado. De tal manera
que aquellos que posean capacidad económica suficiente, efectúen los aportes de
solidaridad previstos en esta ley (…)”
“ARTICULO. 19.- BASE DE COTIZACIÓN DE LOS TRABAJADORES INDEPENDIENTES.
Los afiliados al sistema que no estén vinculados mediante contrato de trabajo, contrato de
prestación de servicios o como servidores públicos, cotizarán sobre los ingresos que declaren
ante la entidad a la cual se afilien, guardando correspondencia con los ingresos efectivamente
percibidos.
Cuando se trate de personas que el Gobierno Nacional haya determinado que deban ser
subsidiadas temporalmente en sus aportes, deberán cubrir la diferencia entre la totalidad del
aporte y el subsidio recibido.
En ningún caso la base de cotización podrá ser inferior al salario mínimo legal mensual
vigente”. (resaltos fuera del texto)

36
La declaración de renta fue aportada por la actora en sede administrativa con el recurso de reconsideración,
la cual puede ser consultada en el archivo 201750053257442-2.pdf/página 8
37 Consejo de Estado. Sección Cuarta, sentencia del 14 de septiembre de 2023, exp.26001, C.P. Myriam Stella
Gutiérrez Argüello.
16

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A su vez, según el artículo 1 del Decreto 510 de 2003 “se entienden por ingresos
efectivamente percibidos por el afiliado, aquellos que él mismo recibe para su beneficio personal,
Para este efecto, podrán deducirse las sumas que el afiliado recibe y que debe erogar para
desarrollar su actividad lucrativa en las mismas condiciones previstas por el artículo 107 del Estatuto
Tributario.”

De conformidad con ello, en la sentencia que aquí se reitera se precisó que si bien
el inciso primero del artículo 1 hace referencia inicialmente a las personas naturales
con contratos de prestación de servicios, lo cierto es que lo pretendido es
reglamentar el artículo 15 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 3 de la
mencionada Ley 797, “el cual como se citó anteriormente, hace referencia a los trabajadores
independientes y a los ingresos efectivamente percibidos, de ahí que lo dispuesto en el reglamento
cobija a todos los trabajadores independientes sean o no contratistas, y entre los que se encuentran
los rentistas de capital.”

Ahora, el artículo 107 del Estatuto Tributario permite deducir las expensas
realizadas en el ejercicio de la actividad económica, así:
“ARTÍCULO 107. LAS EXPENSAS NECESARIAS SON DEDUCIBLES. Son deducibles las
expensas realizadas durante el año o período gravable en el desarrollo de cualquier actividad
productora de renta, siempre que tenga relación de causalidad con las actividades productoras
de renta y que sean necesarias y proporcionadas de acuerdo con cada actividad.
La necesidad y proporcionalidad de las expensas debe determinarse con criterio comercial,
teniendo en cuentas las normalmente acostumbradas en cada actividad y las limitaciones
establecidas en los artículos siguientes”

Así mismo, el artículo 3 del Decreto 510 se refirió a los límites de cotización, por lo
que los aportes no pueden ser inferiores a 1 SMLMV ni superar los 25 salarios,
rango que también resulta aplicable al subsistema de salud.

Sobre este punto la Sala, en la sentencia reiterada se refirió a la facultad
reglamentaria, especialmente en materia tributaria señalando que no goza de un
ámbito de regulación autónomo y que el ejecutivo no “puede alterar o modificar el
contenido y el espíritu de la ley, ni puede dirigirse a reglamentar leyes que no ejecuta la
administración, así como tampoco puede reglamentar materias cuyo contenido está reservado al
legislador”38. Sobre la base de pensión manifestó lo siguiente:

“Así mismo, al estudiar la legalidad de varios actos referentes a los aportes de trabajadores
independientes con contratos de prestación de servicios, tales como el mencionado Decreto
510 de 2003, el Decreto 1703 de 2003 y la Circular Conjunta 00001 de 2004, la Sala determinó
lo siguiente:
“Como se observa, la base de cotización al sistema de pensiones, tratándose de trabajadores vinculados por contrato
de servicios fue definida directamente por el legislador, luego el Gobierno Nacional puede en ejercicio de su facultad
reglamentaria (art.189 [11] C.P.), expedir los actos que permitan el desarrollo de la ley, siempre que al hacerlo no
restrinja o exceda los límites previstos por el legislador en las disposiciones transcritas” 39.

Además, sobre la circular demandada en dicho proceso, en la que se hace referencia al 40%
del valor bruto mensualizado del contrato proporcional a los ingresos devengados, la Sala
consideró que este último concepto “debe ser objeto de reglamentación, pues si la ley no
define con exactitud los ingresos que sirven de base para la cotización, resulta válido que sea
a través del reglamento que se haga tal definición, respetando los límites legales40”
Esta misma premisa aplica para este caso, puesto que cuando el legislador hizo referencia a
“ingresos efectivamente percibidos por el afiliado” no los definió, de ahí que el ejecutivo estaba

38
Consejo de Estado, Sección Cuarta, auto del 24 de febrero de 2015, exp. 20998, C.P: Jorge Octavio Ramírez
Ramírez, reiterado en sentencias del 4 de diciembre de 2019, exp. 23781 C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez
y del 14 de septiembre de 2023, exp. 26001, C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
39 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 12 de octubre de 2006, exp. 15399 C.P. Ligia López Díaz
40 Ibidem
17

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facultado para reglamentar la materia, como efectivamente lo hizo en el parágrafo citado, sin
que ello implique asumir competencias que no le corresponden.

Frente al ingreso base de cotización en materia de salud, la Sala hizo referencia al
parágrafo 2º del artículo 204 de la Ley 100 de 1993, que dispuso: “ para efectos de
cálculo de la base de cotización de los trabajadores independientes, el Gobierno Nacional
reglamentará un sistema de presunciones de ingreso con base en información sobre el nivel de
educación, la experiencia laboral, las actividades económicas, la región de operación y el patrimonio
de los individuos. Así mismo, la periodicidad de la cotización para estos trabajadores podrá variar
dependiendo de la estabilidad y periodicidad de sus ingresos”.

Siguiendo con el precedente en cita, para la determinación del IBC, el tema fue
decantado así:
“En cumplimiento de lo anterior, mediante el artículo 4 del Decreto 1070 de 199541 se dispuso
que era competencia de la Superintendencia Nacional de Salud establecer el sistema de
presunción de ingresos, lo que llevó a la expedición de la Resolución Nro. 9 de 1996.
Posteriormente, el Decreto 806 de 1998, vigente para el año 2014, en su artículo 66
reglamentó la base de cotización para este tipo de trabajadores en los siguientes términos:
“Artículo 66. Base de cotización de los trabajadores independientes. La base de cotización para los
trabajadores independientes será determinada sobre los ingresos que calcule la EPS de acuerdo con el
sistema de presunción de ingresos definido por la Superintendencia Nacional de Salud. En ningún caso
el monto de la cotización de los trabajadores independientes podrá ser inferior al equivalente al 12% de
dos salarios mínimos mensuales legales vigentes”.
De igual forma, el Decreto 1406 de 1999 señaló:
“ARTICULO 25. INGRESO BASE DE COTIZACION PARA TRABAJADORES INDEPENDIENTES
AFILIADOS AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD-SGSSS. Las entidades
promotoras de salud-EPS deberán, al momento de la afiliación, aplicar con suma diligencia a los
trabajadores independientes los cuestionarios que, con el fin de determinar las bases presuntas mínimas
de los aportes que dichos trabajadores deben efectuar al SGSSS, han establecido los órganos de control
o aquellos que sean establecidos en el futuro.
En todo caso, cuando los ingresos reales del trabajador independiente sean superiores a los que resulten
de la aplicación de las presunciones sobre bases mínimas, los aportes de dicho trabajador deberán
hacerse con base en los ingresos reales. Para tal efecto, los trabajadores independientes que deseen
afiliarse al SGSSS deberán presentar una declaración anual, en la cual informen a la EPS, de manera
anticipada, el Ingreso Base de Cotización que se tendrá en cuenta para liquidar sus aportes a partir del
mes de febrero de cada año y hasta enero del año siguiente.
Cuando el trabajador independiente no presente su declaración de Ingreso Base de Cotización dentro
de los plazos previstos en el presente decreto, se presumirá que el Ingreso Base de Cotización para el
período será el declarado en el año inmediatamente anterior, aumentado en un porcentaje igual al
reajuste del salario mínimo legal vigente. En todo caso, dicho Ingreso Base de Cotización no será inferior
a la base mínima legal que corresponda”. (resaltos de la Sala)
Finalmente, la Ley 1438 de 2011, en su artículo 33, consagró una presunción de capacidad
de pago y de ingresos así:
“ARTÍCULO 33. PRESUNCIÓN DE CAPACIDAD DE PAGO Y DE INGRESOS. Se presume con
capacidad de pago y, en consecuencia, están obligados a afiliarse al Régimen Contributivo o podrán ser
afiliados oficiosamente:
33.1 Las personas naturales declarantes del impuesto de renta y complementarios, impuesto a las
ventas e impuesto de industria y comercio.
33.2 Quienes tengan certificados de ingresos y retenciones que reflejen el ingreso establecido para
pertenecer al Régimen Contributivo.

41 Decreto 1070 de 1995. Artículo 4. Las Entidades Promotoras de Salud, podrán continuar ofreciendo el Plan
Obligatorio de salud del régimen contributivo a los trabajadores independientes que venían cotizando sobre
un ingreso entre uno y dos salarios mínimos mensuales legales vigentes, que se hubieren afiliado con
anterioridad al 20 de abril de 1995.
La Superintendencia Nacional de Salud establecerá el sistema de presunción de ingresos para los
trabajadores independientes, el cual deberá ser utilizado por las Entidades Promotoras de Salud para
determinar la base de cotización.
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33.3 Quienes cumplan con otros indicadores que establezca el Gobierno Nacional.
Lo anterior, sin perjuicio de poder ser clasificado como elegible al subsidio por medio del Sisbén, de
acuerdo con las normas sobre la materia.
El Gobierno Nacional reglamentará un sistema de presunción de ingresos con base en la información
sobre las actividades económicas. En caso de existir diferencias entre los valores declarados ante la
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y los aportes al sistema estos últimos deberán ser
ajustados”. (resaltos fuera del texto)
Por lo anterior se establece que las declaraciones tributarias, como las de renta, son un
indicador de ingresos, lo cual permite evidenciar la capacidad de pago y su obligación de
aportar al sistema, aun en el evento de que no existiera un sistema de presunción de ingresos.”

Así las cosas, sobre la base de cotización de los trabajadores independientes sin
prestación de servicios, incluidos los rentistas de capital y los trabajadores por
cuenta propia, la Sala concluyó que el IBC “tanto para salud como para pensión se compone
de los ingresos percibidos por el trabajador independiente, teniendo límites de cotización inferior y
superior (entre 1 y 25 SMLMV), y en todo caso, el mismo legislador ha señalado que estos deben
corresponder a los ingresos reales, de ahí que aun cuando se haya cotizado bajo ingresos presuntos
o se omitiera la obligación, deben ajustarse a los declarados ´ante la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales (DIAN)”.

Se tiene, entonces, que para el año 2014, para los trabajadores independientes
entre los cuales se cuenta la actora, sí contaban con una base determinada por el
ordenamiento jurídico para realizar sus aportes al Sistema de Seguridad Social.

4. Del reconocimiento de costos y gastos reportados en la declaración de
renta

La actora plantea que, para la determinación del IBC de los aportes al sistema de
seguridad social era procedente deducir los costos y gastos reportados en su
denuncio rentístico del año 2014, comoquiera que no se podía interpretar dicha
prueba solo a favor del fisco y en detrimento de los intereses del aportante.

Sobre el particular, es útil poner de presente que, la remisión a este denuncio
privado no puede ser parcializada, es decir, únicamente valorar los ingresos, sino
que también deben tenerse en cuenta los costos y gastos en que incurrió el
contribuyente para desarrollar la actividad productora de renta, puesto que la
presunción de veracidad consagrada en el artículo 746 del ET cobija a toda la
declaración42.

Al respecto, la Sección se pronunció en los siguientes términos43:
“En orden de ideas, si la UGPP tiene como sustento probatorio la declaración del impuesto
sobre la renta presentada por el demandante por el año gravable 2014, en los renglones 35 a
40, referidos a los ingresos, también debe tener en cuenta aquellos rubros que debe erogar
para desarrollar su actividad, en las condiciones previstas por el artículo 107 del Estatuto
Tributario; esto es, los renglones correspondientes a costos y gastos denunciados, que deben
cumplir con los requisitos de dicha norma. Esta conclusión resulta reforzada con lo dispuesto
en el artículo 250 del Código General del Proceso, según el cual “La prueba que resulte de los
documentos públicos y privados es indivisible”.
Ahora bien: la UGPP bien podría solicitar comprobaciones especiales de las erogaciones que
pueden deducirse del ingreso base de liquidación de los aportes al Sistema de Seguridad
Social, pero en el caso concreto estas se encuentran demostradas a través del mismo medio

42 Artículo 746. Presunción de veracidad. Se consideran ciertos los hechos consignados en las declaraciones
tributarias, en las correcciones a las mismas o en las respuestas a los requerimientos administrativos
siempre y cuando que sobre tales hechos no se haya solicitado una comprobación especial, ni la ley lo exija.
43 Consejo de Estado. Sección Cuarta, sentencia del 18 de mayo de 2023, exp.26808, C, reiterada en la
sentencia del 15 de junio de 2023, exp.26698, C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
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probatorio que utilizó la demandada para acreditar los ingresos efectivamente percibidos por
el demandante. No es admisible que la declaración del impuesto de renta del aportante permita
acreditar aquellas situaciones que le perjudican, pero que se divida para desatender lo que le
beneficia.
La Sala insiste en la presunción de veracidad de la declaración de renta del demandante por
el año 2014, la cual no puede ser modificada o controvertida por otra autoridad diferente a la
Dirección de impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, mediante liquidación de revisión,
conforme con el artículo 702 del Estatuto Tributario y el Decreto 4048 de 2008. En
consecuencia, el cargo de apelación está llamado a prosperar, por lo que de los ingresos que
sirven para determinar el IBC deben deducirse los costos y gastos reportados en la declaración
del impuesto sobre la renta del demandante”.

Precisado lo anterior, en este caso se tiene que la UGPP, para determinar el ingreso
base de cotización de los aportes del actor tomó los ingresos reportados en su
declaración de renta del año 2014 por la suma de $316.164.000 y los dividió en los
12 meses del año fiscalizado. Además, en la resolución que resolvió el recurso de
reconsideración la Administración reconoció costos deducibles por la suma de
$115.060.351 y se rechazaron otros por valor de $33.299.667, a partir de lo cual se
determinó el IBC así:
Costos Aceptados
Ingresos (Recurso de Ingreso depurado IBC (Recurso de
Año Mes (Recurso de
Reconsideración) (Ingresos – Costos) Reconsideración)
Reconsideración
2014 1 26.347.000 9.649.064 9.649.064 9.649.000
2014 2 26.347.000 9.158.138 9.158.138 9.158.000
2014 3 26.347.000 7.558.015 7.558.015 7.558.000
2014 4 26.347.000 9.295.391 9.295.391 9.295.000
2014 5 26.347.000 11.130.011 11.130.011 11.130.000
2014 6 26.347.000 10.059.688 10.059.688 10.060.000
2014 7 26.347.000 10.312.359 10.312.359 10.312.000
2014 8 26.347.000 10.524.586 10.524.586 10.525.000
2014 9 26.347.000 11.935.337 11.935.337 11.935.000
2014 10 26.347.000 8.081.355 8.081.355 8.081.000
2014 11 26.347.000 8.191.081 8.191.081 8.191.000
2014 12 26.347.000 9.165.323 9.165.323 9.165.000
Totales 115.060.351 115.060.351 115.059.000 (sic)

Del anterior ejercicio se evidencia que el IBC de los aportes determinados por la
UGPP en realidad correspondió a los costos y gastos reconocidos en la resolución
que resolvió el recurso de reconsideración, es decir, que no realizó el ejercicio
correspondiente que consiste en que a los ingresos ($316.164.000) se le deben
deducir las erogaciones ($115.060.351), lo que daría una base de $201.103.649.
Ahora bien, de conformidad con el precedente citado, en principio, le asiste razón a
la actora al perseguir el reconocimiento de la totalidad de las erogaciones
declaradas en renta, por cuanto se trató del medio probatorio utilizado para
determinar los ingresos y, en ese sentido, la entidad no podría hacer uso de este
solo para los aspectos positivos y rechazar aquellos que le fueran favorables para
disminuir la base gravable, esto es, los costos y gastos.

En ese contexto, le corresponde a la Sala liquidar el IBC de los aportes tomando los
ingresos efectivamente percibidos por 316.164.000, y se deducirán las erogaciones
reportadas en renta de $192.141.00044.

Comoquiera que la división de los ingresos en los 12 meses no fue controvertida
por el interesado, esta debe mantenerse. Este mismo tratamiento se les dará a los

44 Estos costos equivalen a los declarados en renta, denuncio que fue aportado por la actora en sede
administrativa con el recurso de reconsideración, la cual puede ser consultada en el archivo
201750053257442-2.pdf/página 8
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costos y gastos, porque ambos conceptos deben estar asociados, máxime cuando
no está demostrada la causación de la totalidad de las sumas declaradas en renta,
tanto para los ingresos como las erogaciones incurridas en su actividad económica.

Ingreso depurado
Año Mes Ingresos Costos aceptados
(ingresos – costos)
2014 1 $26.347.000 $16.011.750 $10.335.250
2014 2 $26.347.000 $16.011.750 $10.335.250
2014 3 $26.347.000 $16.011.750 $10.335.250
2014 4 $26.347.000 $16.011.750 $10.335.250
2014 5 $26.347.000 $16.011.750 $10.335.250
2014 6 $26.347.000 $16.011.750 $10.335.250
2014 7 $26.347.000 $16.011.750 $10.335.250
2014 8 $26.347.000 $16.011.750 $10.335.250
2014 9 $26.347.000 $16.011.750 $10.335.250
2014 10 $26.347.000 $16.011.750 $10.335.250
2014 11 $26.347.000 $16.011.750 $10.335.250
2014 12 $26.347.000 $16.011.750 $10.335.250
TOTAL $316.164.000 $192.141.000 $124.023.000

Comparadas las dos liquidaciones, se advierte que la realizada por la Sala arroja
una base gravable mayor ($124.023.000) a la determinada por la UGPP en los actos
demandados ($115.059.000).
Así las cosas, si bien la demandante pretende la nulidad total de los actos acusados
aduciendo, entre otras cosas, que no es sujeto pasivo de las contribuciones, y que
no existía base de cotización, aspectos que quedaron desvirtuado en párrafos
anteriores, lo cierto es que las cotizaciones efectuadas por la demandada le resultan
más favorable por arrojar un IBC menor al que le hubiere correspondido en
aplicación del precedente que esta Sala ha venido desarrollando, comparado con la
pretensión principal de la demanda que consiste en el no pago de aportes.
En ese contexto, hay lugar a confirmar la sentencia apelada, pues si bien la
demandante (también apelante) pretende la nulidad de los actos demandados, lo
que en principio sería lo acertado, lo cierto es que el restablecimiento del derecho
que ordenaría la Sala sería más gravoso para la aportante, pues implicaría un mayor
pago que el determinado por la Administración.

5. Improcedencia de las sanciones impuestas

La demandante sostiene que, ante la inexistencia de las conductas fiscalizadas, no
es viable aplicar las sanciones determinadas en los actos acusados.

La Sala no dará prosperidad a este asunto, pues como quedó expuesto, se ordenó
la nulidad parcial de los actos demandados y la correspondiente reliquidación del
ingreso base de cotización, de ahí que subsista la obligación de la actora de realizar
los aportes al sistema y la configuración de las conductas sancionables endilgadas
por la entidad.

Finalmente, no habrá condena en costas en esta instancia, en razón a que no se
comprobó su causación como lo exige el artículo 365 del Código General del
Proceso, norma aplicable por remisión expresa del artículo 188 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
de Colombia y por autoridad de la ley.
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Demandante: Patricia del Pilar Puentes Herrera

FALLA

1. Confirmar la sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, del 11 de
noviembre de 2021, pero por las razones expuestas en esta providencia.

2. Sin condena en costas en esta instancia.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al tribunal de
origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRÓN
Salvó el voto

22

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