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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2019-00027-01

Fecha
2 de mayo de 2024
Consejero ponente
Myriam Stella Gutierrez Arguello

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2019-00027-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA 1. Confirmar la sentencia apelada. 2. Sin condena en costas.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 25000-23-37-000-2019-00027-01

Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello

2 de mayo de 2024

Radicado: 25000-23-37-000-2019-00027-01 (27312)
Demandante: Guadal Commercial INC.

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá, D. C., dos (2) de mayo de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación 25000-23-37-000-2019-00027-01 (27312)
Demandante GUADAL COMMERCIAL INC
Demandado MUNICIPIO DE CHÍA
Tema Impuesto de Delineación Urbana. Hecho generador. Devolución por
pago en exceso. Intereses legales.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por la parte demandada y
demandante contra la sentencia del 25 de agosto de 2022, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, que decidió:
«PRIMERO: DECLÁRASE la nulidad de las resoluciones 2769 del 18 de agosto de 2017 y
3608 del 28 de agosto de 2017(sic), por medio de las cuales el municipio de Chía negó la
solicitud de devolución por pago en exceso del impuesto de delineación urbana pagado (sic)
la sociedad GUADUAL COMERCIAL INC (sic)., por la Licencia de Construcción 2015000177
del 19 de octubre de 2015 y resolvió el recurso de reconsideración, respectivamente. De
acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho, ORDÉNASE la devolución de
$2.369.867.126 a título de pago en exceso a favor de la sociedad GUADUAL COMERCIAL
INC. (sic), más los intereses corrientes a partir del 25 de septiembre de 2017 y hasta la
ejecutoria de la presente providencia y los intereses moratorios que se causen desde el día
siguiente de la ejecutoria de este fallo y hasta el momento del pago efectivo de la totalidad de
la suma a la parte actora.
TERCERO: NIÉGANSE las demás pretensiones de la demanda.
CUARTO: Por no haberse causado, no se condena en costas.»1.

ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA

Previa solicitud de licencia de construcción en las modalidades de modificación y
ampliación radicada por la demandante, el 3 de junio de 2015 la Alcaldía de Chía
expidió la Liquidación 2015000113 del impuesto de delineación urbana por valor de
$2.633.185.696.2 Por su parte, el 15 de julio de 2015 la actora llevó a cabo el pago
de la misma por medio de la factura No. UNV20150097793.

El 19 de octubre de 2015 fue notificada la Licencia de Construcción y Ampliación
No. 2015000177 para 7 predios ubicados en la vereda Bojacá, municipio de Chía,
ubicados en Hacienda Fontanar del Río, en las modalidades de modificación y
ampliación con un área a liquidar de 30.649,33 m24. El 31 de mayo de 2017, la
demandante presentó renuncia parcial a los derechos concedidos en esta licencia,

1 Página 29 del PDF del índice 22 de Samai del Tribunal.
2 Folio 50 Anexos de la Demanda.
3 Folio 52 del Cuaderno Principal.
4 Folio 54 del Cuaderno Principal.
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pues construyó un pilotaje correspondiente al 10% de las obras, y desistió de
ejecutar las obras restantes, equivalentes al 90%, y necesarias para edificar dos
torres en 5 niveles con sótano y semisótano5.

El 6 de julio de 2017, la Alcaldía Municipal de Chía expidió la Resolución No. 2274,
por medio de la cual revocó parcialmente la mencionada licencia, en lo que se refiere
a la construcción de las dos torres correspondientes al 90% de las obras
inicialmente autorizadas6.

El 14 de julio de 2017, la actora solicitó la devolución por pago en exceso de
$2.369.867.126, valor pagado por concepto del Impuesto de Delineación Urbana
por concepto de la obra no ejecutada, junto con los intereses legales y corrientes7.

El 18 de agosto de 2017, la Secretaría de Hacienda del municipio de Chía rechazó
la anterior solicitud, a través de la Resolución No. 27698. El 21 de noviembre de
2017, la demandante presentó recurso de reconsideración9, el cual fue resuelto por
medio de la Resolución No. 3608 del 28 de agosto de 201810, confirmando el
rechazo.

ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN JUDICIAL

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
contemplado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), la demandante formuló las
siguientes pretensiones11:
«Primera pretensión: Que se declare la nulidad total del acto administrativo contenido en la
Resolución No. 2769 del 18 de agosto de 2017 proferida por la Secretaria de Hacienda
Municipal de Chía.
Segunda pretensión: Que se declare la nulidad total del acto administrativo contenido en la
Resolución 3608 del 28 de agosto de 2018 proferida por la Secretaria de Hacienda Municipal
de Chía.
Tercera pretensión: Que como consecuencia de lo anterior, se ordene la devolución de la
suma de dos mil trescientos sesenta y nueve millones ochocientos sesenta y siete mil ciento
veintiséis pesos (COL $2.369.867.126) pagados en exceso por concepto del Impuesto de
Delineación Urbana.
Cuarta pretensión: Que se reconozcan y se paguen los intereses legales que se causan
desde el momento del pago (15 de julio de 2015) y hasta la notificación del acto administrativo
que rechaza la solicitud de devolución por pago en exceso (25 de septiembre de 2017).
Quinta pretensión: Que se reconozcan y se paguen los intereses corrientes que se causan
desde la fecha de notificación del acto que niega la solicitud de devolución por pago en exceso
(25 de septiembre de 2017) y hasta la ejecutoria de la providencia que efectivamente ordene
la devolución.
Sexta pretensión: Que se reconozcan y se paguen los intereses moratorios que se causan
desde el vencimiento del término para devolver y hasta la fecha del giro del cheque, emisión
del título o consignación.
Séptima pretensión: Que no se condene en costas a La Sociedad.».

5 Folio 59 del Cuaderno Principal.
6 Folio 64 del Cuaderno Principal.
7 Folio 72 del Cuaderno Principal.
8 Folio 36 del Cuaderno Principal.
9 Folio 75 del Cuaderno Principal.
10 Folio 42 del Cuaderno Principal.
11 Folio 2 del Cuaderno Principal.
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Para estos efectos, invocó como normas violadas los artículos 1626 del Código Civil;
36 del Decreto Nacional 1469 de 2010 (actualmente incorporado al Decreto
Nacional 1077 de 2015 Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y
Territorio); 111 del Acuerdo Municipal 52 de 2013 y 288 del Acuerdo 107 de 2015.
Los cargos de nulidad se resumen a continuación:

1. Nulidad por indebida aplicación del parágrafo del artículo 36 del Decreto
1469 de 2010.

Relató que la Administración señaló que no era posible devolver el exceso pagado
por el Impuesto de Delineación Urbana, con fundamento en el parágrafo del artículo
36 del Decreto 1469 de 2010, pues en concepto de esta entidad cuando esa norma
prohíbe la devolución de expensas para el titular de una licencia, que renuncia por
escrito a los derechos concedidos en la misma, esta restricción incluye lo pagado
por concepto del citado impuesto.

Precisó que utilizar esa norma resulta errado, dado que el concepto de expensas es
sustancial y materialmente diferente al de impuesto, por tratarse de dos instituciones
jurídicas distintas, y mencionó que, equivocadamente, la Administración intenta
aplicar las normas de devolución de expensas a la del impuesto.

Refirió que con lo anterior la demandada incurre en falsa motivación, e indicó que
el Decreto 1077 de 2015 (que incorpora el Decreto 1469 de 2010) define las
expensas en su artículo 2.2.6.6.8.1 como las sumas percibidas por los curadores
urbanos con ocasión de los trámites realizados ante las respectivas curadurías y
que deben ser canceladas como requisito para la expedición de la licencia.
Complementó que, según el parágrafo del artículo 2.2.6.6.5.4 ibidem, en aquellos
casos en los cuales no hay curadores urbanos es la administración municipal la que
asume la prestación directa del servicio consistente en estudiar, tramitar y expedir
las licencias de construcción, entre otras, y, por tanto, no hay lugar al cobro de esas
expensas, como ocurre en el municipio de Chía.

Definió el Impuesto de Delineación Urbana como un tributo cuyo hecho generador
se encuentra definido en el artículo 106 del Acuerdo 052 de 2013, indicando que el
mismo ocurre por la licencia de construcción y sus modalidades, para la realización
dentro de la jurisdicción municipal, de cualquier construcción, ampliación,
modificación parcelación, restauración, adecuación, reparación de obras y
reconocimiento de obra.

Considerando lo anterior, anotó que mientras el pago por las expensas pretende
satisfacer los gastos de funcionamiento de los curadores urbanos, el del impuesto
corresponde al deber de todo ciudadano de financiar las cargas e inversiones, en
este caso, de la Entidad Territorial, por lo cual las definiciones de estos conceptos
evidencian que la naturaleza jurídica de las instituciones es abiertamente disímil12.

Aseguró que la debida motivación de los actos administrativos resulta fundamental
a la hora de ejercer el derecho a la defensa y que al proferirse una decisión con una
norma que no es aplicable resulta en una errónea valoración de los hechos, que
vulnera el derecho de defensa del particular13.

12 Refirió que el Consejo de Estado comparte la posición, sin embargo, no identificó la sentencia que citó.
13 Al respecto citó la sentencia del Consejo de Estado del 15 de marzo de 2012, expediente 16660, C.P. Hugo
Fernando Bastidas Bárcenas.
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2. Nulidad por desconocer que el pago del Impuesto de Delineación Urbana
realizado constituye un pago en exceso.

Indicó que la jurisprudencia y la doctrina son enfáticas en que la relación jurídica
tributaria es de carácter obligacional y, en consecuencia, ese tipo de obligaciones
se pueden extinguir por cualquiera de los medios previstos en la legislación civil.

Anotó que el artículo 1626 del Código Civil establece que el pago es la prestación
que realmente se debe, por lo tanto, con el propósito de salvaguardar los principios
orientadores del sistema tributario, la obligación encuentra siempre su límite en la
adecuada determinación de sus elementos esenciales, de manera que el obligado
sólo debe satisfacer el aporte exigido en la ley. En este sentido, precisó que para
que nazca la obligación tributaria, todos los elementos de esta deben verificarse, lo
cual supone que, en caso de que alguno de ellos cambie esto incide en la misma.

Descendiendo al impuesto en cuestión, advirtió que si varía el aspecto material del
hecho generador (menor ejecución de obra) consecuentemente debe cambiar la
base gravable (metros cuadrados) y el pago, y si este último se realizó por más
metros de los ejecutados, como es el caso en concreto, resulta procedente solicitar
la devolución por pago en exceso.

Explicó que solo debe pagar el impuesto equivalente a lo realmente ejecutado, que
correspondió al 10% de las obras, lo que supone que, el 90% restante y sobre el
cual se canceló el impuesto constituye un pago en exceso. Mencionó que pretender
separar esos hechos desnaturaliza la esencia del tributo, desconoce la realidad del
proyecto y genera violación directa de los principios del sistema tributario.

Dijo que el valor a pagar del tributo no solo debe reflejar la realidad de la obra
ejecutada, sino que también debe consultar el principio de capacidad contributiva, y
que, en ese sentido, la posición de la Administración fue excesiva y violó
abiertamente dicho principio.

3. Nulidad por indebida aplicación del parágrafo 3 del artículo 116 del
Acuerdo 052 de 2013.

Sostuvo que la Administración Tributaria argumenta que la única causal para que
se efectúe la devolución por pago en exceso del Impuesto de Delineación Urbana
es cuando esta se solicite por desistimiento de la licencia de construcción, y no
como es este caso por renuncia de la misma. Pero, independientemente de si es
desistimiento o renuncia, para el momento de presentación de la solicitud resultaba
aplicable el Acuerdo 107 de 2016, el cual no condicionaba el reintegro del dinero al
primero de los eventos, esto, a diferencia de lo que señalaba el parágrafo 3 del
artículo 116 del Acuerdo 052 de 2013 que limitaba la devolución en comento al
desistimiento de la licencia.

4. Se presentó un enriquecimiento sin justa causa

Relató que se realizó un pago adicional al que la ley quiere que se satisfaga, lo que
supone que el municipio de Chía está en la obligación de retornar el dinero, pues
de lo contrario incurre en un enriquecimiento sin justa causa, ante la ausencia de
causa legal que avale el incremento del patrimonio de la Entidad Territorial14.

14 Citó la sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, del 20 de febrero de 2008, expediente 16026, C.P
María Inés Ortiz Barbosa.
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Oposición a la demanda

El municipio de Chía interpuso excepción de ineptitud de la demanda porque en la
misma: i) no se expresó con precisión y claridad lo que se pretendía, y ii) no se
explicó el concepto de la violación. Esta excepción fue desestimada por el Tribunal,
en auto del 19 de mayo de 2022.

De igual forma, controvirtió las pretensiones de la demanda con los siguientes
argumentos15:

1. Nulidad por indebida aplicación del parágrafo del artículo 36 del Decreto
1469 de 2010.

Afirmó que, la motivación de los actos acusados corresponde a la aplicación del
principio de autonomía fiscal y normativa de la que gozan las entidades territoriales.
Indicó que el impuesto se liquidó bajo el Acuerdo 052 de 2013, y que dicha norma
establece que la devolución solamente procede ante el desistimiento de la licencia
de construcción.

2. Nulidad por desconocer que el pago del Impuesto de Delineación Urbana
realizado constituye un pago en exceso.

Señaló que no es posible afectar a la Administración Municipal por la falta de
previsión de la actora al tramitar la licencia de construcción, y que, en caso de que
esta no estuviera de acuerdo con la liquidación del impuesto debía interponer el
recurso de reconsideración contra la misma, de conformidad con el artículo 116 del
Acuerdo 52 de 2013.

Relató que el Impuesto de Delineación Urbana tiene como fundamento dos normas
nacionales: i) Artículo 1 de la Ley 97 de 1913, y ii) Artículo 233 del Decreto Ley 1333
de 1986 y, en el orden territorial, el Acuerdo 052 de 2013 que establece los
elementos esenciales del tributo, resaltando que el hecho generador del mismo es
la expedición de la licencia de construcción.

Advirtió que de conformidad con el artículo 37 del Decreto 1469 de 2010 en
concordancia con el artículo 2.2.6.1.2.3.4 del Decreto 1077 de 2015, el desistimiento
solo procede cuando no se haya expedido la licencia de construcción, lo cual no
ocurrió en este asunto, puesto que, la actora renunció parcialmente a los derechos
que ya habían sido concedidos.

De otra parte, se pronunció sobre el hecho generador y el hecho imponible del
impuesto, y citó la sentencia del 19 de enero de 2011, expediente Nro. 25000-23-
27-000-2010-00023-01, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en la cual se
establece que: “En ese estadio de las cosas, se hace preciso para la Sala remitirse a los
conceptos de “hecho imponible” y “hecho generador” del Impuesto de delineación urbana, siendo el
primero, la construcción o la refacción de las edificaciones existentes y el segundo, la licencia de
construcción o para adecuación de las edificaciones,(…) por ello, se encuentra que no es
descabellado ni menos ilegal establecer como hecho generador del Impuesto de Delineación Urbana
la licencia de construcción, lo cual significa que, la obligación nace con la construcción o la refacción
pero se genera con la obtención de la respectiva licencia”. Así las cosas, señaló que, con la
expedición de la licencia se configuraron todos los elementos esenciales del tributo,
y por eso el impuesto es cobrable por la Administración.

15 Folio 105 del Cuaderno Principal.
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Resaltó la presunción de legalidad de los actos administrativos de conformidad con
el artículo 88 de la Ley 1437 de 2011.

3. Nulidad por indebida aplicación del parágrafo 3 del artículo 116 del
Acuerdo 052 de 2013.

Diferenció los conceptos de desistimiento, revocatoria de la licencia y renuncia, de
conformidad con los artículos 36, 37 y 43 del Decreto 1469 de 2010 y aseguró que
de conformidad con el parágrafo 3 del artículo 116 del Acuerdo 052 de 2013 la
devolución del impuesto de delineación solo procede cuando no ha sido expedida
la licencia de construcción, que constituye el hecho generador del impuesto en
cuestión en el municipio de Chía.

4. Se presentó un enriquecimiento sin justa causa

Respecto del enriquecimiento sin justa causa, citó la sentencia T-219 del 17 de
mayo de 1995 de la Corte Constitucional la cual indica que son tres los requisitos
que deben probarse para que se declare la existencia del mismo: i) un
enriquecimiento o aumento de un patrimonio, ii) un empobrecimiento correlativo del
otro, y iii) que el enriquecimiento se haya producido sin justa causa, es decir sin
fundamento jurídico. A partir de esto, concluyó que no se presenta enriquecimiento
sin causa en este caso, porque la negativa a la devolución se realizó con
fundamento en el artículo 1 de la Ley 97 de 1913, 233 del Decreto ley 1333 de 1986
y el Acuerdo Municipal 52 de 2013.

Afirmó que la emisión de la licencia de construcción no se trata de la simple
expedición de un documento, sino del cumplimiento “de los elementos del tributo que la
entidad territorial en ejercicio de su autonomía normativa y fiscal estableció y que son de obligatorio
cumplimiento para la administración, toda vez que por esa razón se le dieron tales facultades.”

Sostuvo que, de conformidad con lo señalado por la parte actora, al darse un cambio
normativo de régimen se deberá determinar si la disposición aplicable es sustancial
o procedimental para, en el primer evento, verificar si existen situaciones jurídicas
consolidadas o derechos adquiridos, con el fin de continuar aplicando la norma
derogada. Sobre esto, citó la sentencia de la Corte Constitucional C-878 del 2011
para indicar que la facultad legislativa no se encuentra restringida por el principio de
irretroactividad, y que, en todo caso, este no se opone al concepto de situaciones
jurídicas consolidadas. Afirmó entonces que, como en el asunto de la demandante
había una situación jurídica consolidada resultaba aplicable la norma anterior, esto
es el Acuerdo 052 de 2013.

Respecto de la devolución del Impuesto de Delineación Urbana citó jurisprudencia16
del Consejo de Estado, por medio de la cual se señaló que “la causación del impuesto
sí puede tener lugar en oportunidades diferentes al momento en que se ejecuta el hecho imponible.
Además, porque con fundamento en las normas del ordenamiento territorial y las normas
urbanísticas ya vistas, se consideró que la licencia de construcción constituye un instrumento válido
para ser considerado por las entidades territoriales para establecer el momento de la causación.”.

Sentencia apelada

El Tribunal accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, con fundamento
en las siguientes consideraciones:

16 Citó la sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, del 16 de diciembre de 2014, C.P Hugo Fernando
Bastidas Bárcenas, expediente 25000-23-27-000-2010-00023-01 (18795).
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Relató que, de acuerdo con lo probado en el expediente, la licencia de construcción
se obtuvo para la realización de un total de obras de 30.649,33 m2 por la cual se
pagó un impuesto de delineación urbana de $2.633.185.696 que correspondía al
100% de los derechos. Luego, la demandante solicitó la renuncia parcial de la
licencia, lo que aceptó la Administración.

Indicó que lo anterior fue el fundamento para solicitar la devolución del pago en
exceso del impuesto liquidado, pero dicha petición se negó con base en el artículo
36 del Decreto 1469 de 2010, compilado en el artículo 2.2.6.1.2.3.3 del Decreto
1077 de 2015, que habla sobre la improcedencia de la devolución de las expensas.
Sobre esto, concluyó que el artículo en mención no es aplicable al caso concreto,
pues el municipio de Chía le dio alcance tributario a una norma de carácter
urbanística, lo cual deviene en el desconocimiento de las normas aplicables, esto
es aquellas en materia de devoluciones de tributos. Recordó además que la
disposición invocada para negar la solicitud se refiere al trámite adelantado ante
una Curaduría Urbana y las expensas que ésta recauda, que por demás no es
aplicable al caso del municipio de Chía pues este no cuenta con curadurías. Reiteró
que el demandado debía ceñirse a la normatividad tributaria que regula las
devoluciones, y al no hacerlo los actos demandados adolecen de falsa motivación.
Dijo que el Decreto Municipal 69 de 2016, que establece el procedimiento tributario
en el municipio de Chía, vigente en el momento en el cual se solicitó la petición de
reintegro, señala en sus artículos 288 y 290 la posibilidad de obtener la devolución
de impuestos, entre otros por pagos en exceso, normativa a la cual debía acudir la
Administración, en lugar de las disposiciones urbanísticas que no aplicaban al caso.
Sostuvo además que, revisado el contenido de los actos acusados se observó que
el municipio desestimó la petición de la actora con base en que, solo era procedente
la devolución de lo pagado por impuesto cuando se esté frente a un desistimiento
de la licencia, y antes de que se expida la misma, de acuerdo con lo previsto en el
parágrafo 3 del artículo 116 del Estatuto de Rentas Municipal de Chía. Iteró que en
los actos administrativos demandados se desconoce que en materia tributaria es
posible obtener la devolución de cualquier tipo de tributo cuando exista un pago en
exceso, y resaltó que en materia del Impuesto de Delineación Urbana el Consejo de
Estado ha concluido que se concreta un pago en exceso susceptible de devolución
cuando hay una menor ejecución de las obras licenciadas por las cuales se pagó
originalmente el impuesto.17
Citó los apartes correspondientes de la Resolución 2274 del 6 de julio de 2017, que
revocó parcialmente la licencia de construcción y ampliación Nro.2015000177, para
señalar que en el presente caso la Administración Municipal avaló lo indicado por la
demandante, en el sentido de que esta última solamente realizó el aspecto material
del hecho generador (ejecución de las obras) del impuesto de delineación urbana
en un 10% del total pagado, de manera que como lo cancelado resultó superior a la
obra efectivamente realizada, esto constituyó un pago en exceso.
Agregó que la solicitud de devolución en análisis fue oportuna, esto es, dentro del
término de 5 años siguientes a la cancelación del impuesto de delineación urbana
(artículo 11 del Decreto 2277 de 2012) y que, como está demostrado que se realizó
un pago en exceso, hay lugar a la devolución del 90% del valor liquidado en la
licencia de construcción, que corresponde a $2.369.867.126.

17 Citó la sentencia del Consejo de Estado Sección Cuarta, del 14 de noviembre de 2019, expediente: 22025,
C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
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Respecto de los intereses ordenó que los mismos deben ser liquidados de
conformidad con el artículo 863 del Estatuto Tributario Nacional, esto es intereses
corrientes desde la notificación del acto que negó la devolución (Resolución 2769
del 18 de agosto de 2017, notificada el 25 de septiembre de 2017) y hasta la
ejecutoria de sentencia, y moratorios a partir del día siguiente a la ejecutoria de la
sentencia y hasta el pago efectivo.

No condenó en costas, por no haberse causado las mismas.

Recursos de apelación

Parte demandante

La demandante apeló la decisión de primera instancia solicitando que se revoque el
numeral tercero, pues se debe conceder la pretensión cuarta de la demanda, según
la cual deben pagarse intereses legales desde el momento del pago (15 de julio de
2015) y hasta la notificación del acto administrativo que rechaza la solicitud de
devolución por pago en exceso (25 de septiembre de 2017).

Para el efecto, señaló que, según el artículo 1617 del Código Civil, “Si la obligación es
de pagar una cantidad de dinero, la indemnización de perjuicios por la mora está sujeta a las reglas
siguientes: (…) El interés legal se fija en seis por ciento anual”. Además, la jurisprudencia del
Consejo de Estado18 ha indicado que “la reparación integral del daño se obtiene con la
devolución de las sumas indebidamente pagadas con la actualización de ese valor, esto es, con el
reconocimiento del reajuste por la pérdida de poder adquisitivo de la suma que se ordena devolver,
para que represente el valor que tenía cuando la obligación fue cumplida por el contribuyente.”

También trajo a colación las sentencias de la Corporación del 9 de julio, Exp. 15923
y 23 de julio, Exp. 16785, del 2009, en donde se concluyó “(…) que si bien era cierto que
había que aplicar el artículo 863 del E.T., se consideró que también era procedente aplicar el artículo
1617 del C.C. para reconocer los intereses legales del 6% a efectos de compensar la desvalorización
monetaria que se habría causado entre la fecha en que se pagó el impuesto no debido y la fecha en
que se notificó el acto administrativo que negó la devolución. Esto, por razones de equidad”.

Finalmente, realizó el cálculo de los intereses legales pretendidos a una tasa de
interés anual del 6% para un total de $164.178.072.

Parte demandada

La entidad demandada apeló la decisión de primera instancia, de conformidad con
los siguientes argumentos:

Refirió la regulación del Impuesto de Delineación Urbana para señalar que la
interpretación del Acuerdo 052 de 2013 que hizo el Tribunal va en contra de dicha
normativa, debido a que el hecho generador allí consagrado lo constituye la
expedición de la licencia de construcción.

Sostuvo que la solicitud de devolución del Impuesto de Delineación Urbana es
improcedente ya que esta solo tiene lugar cuando medie acto administrativo que
apruebe el desistimiento de la licencia, o se enmarque en alguno de los supuestos
establecidos por el Consejo de Estado (Sentencia 2500002327000201000002301):
“porque se pagó en exceso el impuesto que se debía, porque se pagó lo que no se debía, o porque
la declaración tributaria arrojó un saldo a favor”. Lo anterior considerando lo establecido en

18 Consejo de Estado, Sección Cuarta, del 25 de febrero de 2016, expediente. 19980, C.P. Jorge Octavio
Ramírez Ramírez.
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los artículos 36 del Decreto 1469 de 2010, 2.2.6.1.2.3.3 del Decreto 1077 de 2015
y 116 del Acuerdo Municipal 052 de 2013.
Reiteró que en este caso no hay un desistimiento de la licencia, pues el demandante
solicitó la revocatoria del acto y, en consecuencia, no procede la devolución de
conformidad con el parágrafo 3 del artículo 116 del Estatuto de rentas.
Precisó que, como el hecho generador del impuesto es la expedición de la
respectiva licencia de construcción, los actos objeto de la litis se expidieron
conforme con las normas constitucionales y legales, en concordancia con lo
establecido por la jurisprudencia del Consejo de Estado y la Corte Constitucional y
que, por esto, ante la renuncia parcial de la licencia en mención no puede hablarse
de devolución del tributo, ya que no se encuentra dentro de las causales por las que
procede la misma según lo expuesto en la sentencia del Consejo de Estado citada
líneas atrás.
Señaló que, no se pueden imputar cargas al municipio de Chía respecto de la
devolución del impuesto cuando el mismo se liquidó con base en la solicitud
presentada por la actora, sin que sea posible trasladar responsabilidad a la
Administración por la falta de planeación de la parte demandante, aunado a que la
norma es muy clara en determinar la inexistencia de devoluciones en caso de
renuncia de la licencia de construcción.
Concepto del Ministerio Público
El Ministerio Público rindió concepto en el sentido que se confirme la sentencia
apelada. Indicó que si bien, encuentra que “al interior de la jurisprudencia del H. Consejo de
Estado aún no está totalmente dilucidado el asunto respecto a si el hecho generador del impuesto
de Delineación Urbana se da por la expedición de la licencia, como ha sido establecido por algunos
entes territoriales, o si es por causa de la construcción de nuevos edificios o de la refacción de ya
existentes”, la interpretación que resulta más ajustada corresponde a la de la
ejecución efectiva de la obra licenciada19, y, en consecuencia, como en el presente
caso no se adelantó el 90% de la obra, esto da lugar a devolución por pago en
exceso.
Respecto del parágrafo del artículo 36 del Decreto 1496 de 2010, refirió que no
constituye un argumento para negar la devolución del impuesto la prohibición de
devolver las expensas, debido a que estas últimas corresponden a gastos
relacionados al trámite ante los curadores para el estudio, trámite y expedición de
las licencias.
Frente a los intereses legales solicitados por la actora consideró que no proceden
de conformidad con jurisprudencia reiterada del Consejo de Estado al existir
regulación especial en materia tributaria20.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Le corresponde a la Sala resolver los recursos de apelación presentados por ambas
partes contra la sentencia de primera instancia que declaró la nulidad de los actos
demandados, mediante los cuales se rechazó la solicitud de devolución por pago

19 Consejo de Estado, Sección Cuarta, del 3 de diciembre de 2009, expediente 16527, C.P. Hugo Fernando
Bastidas Bárcenas.
20 Consejo de Estado, Sección Cuarta, del 12 de noviembre de 2020, expediente 23809, C.P. Julio Roberto
Piza Rodríguez.
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en exceso del impuesto de delineación urbana pagado por la sociedad GUADUAL
COMMERCIAL INC., por la Licencia de Construcción No. 2015000177 del 19 de
octubre de 2015.

En concreto, la demandada considera que, a diferencia de lo establecido por el
Tribunal, no hubo un pago en exceso del Impuesto de Delineación Urbana por
concepto de las obras no ejecutadas por la actora, toda vez que, sí tuvo lugar el
hecho generador, pues se expidió la licencia de construcción, y no se presentó un
evento de desistimiento, sino una renuncia parcial. La demandante apeló la decisión
del Tribunal que denegó la pretensión de declarar el pago de los intereses legales.

Para resolver este asunto, la Sala reiterará, en lo pertinente, el criterio expuesto en
reiterada jurisprudencia21, sobre el hecho generador del impuesto de delineación
urbana y la norma que resulta aplicable para efecto de determinar los intereses que
deben reconocerse en caso de que proceda la solicitud de devolución en cuestión.

1. Hecho generador del impuesto de delineación urbana

En materia del Impuesto de Delineación Urbana, el artículo 1º de la Ley 97 de 1913
autorizó al Concejo Municipal de Bogotá a “crear libremente los siguientes impuestos y
contribuciones, además de los existentes hoy legalmente; organizar su cobro y darles el destino que
juzgue más conveniente para atender a los servicios municipales, sin necesidad de previa
autorización de la Asamblea Departamental: (…) g. Impuesto de delineación en los casos de
construcción de nuevos edificios o de refección (sic) de los existentes.” Esta autorización fue
extendida a los demás concejos municipales con la Ley 84 de 191522.

Posteriormente, el Decreto Ley 1333 de 1986, señaló que los concejos municipales
pueden crear, entre otros, “el impuesto de delineación”, en los siguientes términos:
“Artículo 233. Los Concejos Municipales y el Distrito Especial de Bogotá, pueden crear los
siguientes impuestos, organizar su cobro y darles el destino que juzguen más conveniente
para atender a los servicios municipales: (…)
b) Impuesto de delineación en los casos de construcción de nuevos edificios o de refacción
de los existentes (…)” (Resaltado fuera del texto original)

Como las normas citadas fueron expedidas antes de la Constitución de 1991 que
en su artículo 338 establece el principio de autonomía fiscal para las entidades
territoriales sujetas a la ley, esta Sección precisó cómo debe interpretarse, en su
conjunto, dicho principio con las normas que autorizan la creación del impuesto, así:
“una interpretación finalista y sistemática de las normas que regulan la autonomía fiscal y de
ordenamiento territorial y de los artículos 1º de la Ley 97 de 1913 y del 233 del Decreto Ley
1333 de 1986, permite concluir que constituyen el hecho generador del impuesto de
delineación urbana las actividades de construcción y refacción, pero su causación puede tener
lugar en oportunidades diferentes al momento en que se realiza el hecho imponible, cuando
la autoridad competente así lo determine de manera justificada.
Esta interpretación no desconoce el hecho generador previsto en los artículos 1º de la Ley 97
de 1913 y 233 del Decreto Ley 1333 de 1986, toda vez que el hecho generador lleva implícito

21 Al respecto ver las sentencias del Consejo de Estado, Sección Cuarta, del 30 de mayo de 2011, expediente
17269, C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas; del 16 de diciembre de 2014, expediente 18795, C.P. Hugo
Fernando Bastidas Bárcenas; y del 14 de noviembre de 2019, expediente 22025, C.P. Stella Jeannette
Carvajal Basto.
22 “Artículo 1°. Los Concejos Municipales tendrán las siguientes atribuciones, además de las que le confiere
el artículo 169 de la Ley 4ª de 1913:
A) Las que le fueron conferidas al municipio de Bogotá por el artículo 1° de la Ley 97 de 1913, excepto la
de que trata el inciso b) del mismo artículo, siempre que las Asambleas Departamentales les hayan
concedido o les concedan en lo sucesivo a dichas atribuciones”
10

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tres elementos, incluido el temporal que alude a la causación del tributo, causación que no
necesariamente debe coincidir con el elemento material del impuesto, como lo ha precisado
la Sala en otras oportunidades.”23

Para efectos de lo anterior, es preciso observar que el hecho generador de los
tributos comprende tres aspectos: i) el aspecto material, que es la descripción del
hecho que se realiza o situación que se grava; ii) el aspecto espacial, que se refiere
al lugar en el que se realiza el hecho, y iii) el elemento temporal, que es el momento
en que se configura el hecho generador. La presencia de estos tres aspectos
determina si se está frente al supuesto jurídico que da origen a la obligación
tributaria.

Considerando los mismos, en el caso del Impuesto de Delineación Urbana, el
aspecto material del hecho generador es la realización de actividades de
construcción o refacción, el espacial es el territorio en donde se realizan, y que da
lugar a que estén gravadas esas actividades en determinado municipio, y, el
temporal, al momento en que se configura el hecho generador, y, por tanto, se causa
el mismo. Obsérvese entonces que, con base en estas premisas, la Sección
concluyó previamente que, “Dado que del artículo 1º de la Ley 97 de 1913 y del artículo 233
del Decreto Ley 1333 de 1986 sólo puede advertirse el aspecto material del hecho generador, es
decir, la actividad de construcción y de refacción, en ejercicio de la autonomía fiscal prevista en el
artículo 338 de la Carta Política, las entidades territoriales pueden fijar los demás aspectos del hecho
generador” (subrayado fuera del texto original) 24 .

Para el caso del municipio de Chía, en la fecha de los hechos, el impuesto de
Delineación Urbana se encontraba regulado en el Acuerdo 52 de 201325, norma que
estableció el hecho generador, en sus tres aspectos, así:
“ARTÍCULO 106. HECHO GENERADOR. El hecho generador de este impuesto lo constituye
la expedición de la licencia de construcción y sus modalidades para la realización dentro
de la jurisdicción municipal, de cualquier construcción, ampliación, modificación,
parcelación, restauración, adecuación, reparación de obras y reconocimiento de obra.”
(Resaltado fuera del texto original)
Artículo 107. “El impuesto de delineación o construcción se debe declarar y pagar cada vez
que se presente el hecho generador del impuesto.”

Del conjunto de normas anteriores (la que autoriza crear el impuesto y la municipal)
se advierte entonces que, a diferencia de lo señalado por la demandada, para que
se genere y cause el Impuesto de Delineación Urbana en Chía es necesario,
además de la expedición de la licencia de construcción, que se haya ejecutado o
realizado las construcciones autorizadas en la misma.

Conforme con lo anterior, en el caso en análisis se encuentra probado que sólo se
configuró el hecho generador del Impuesto de Delineación Urbana respecto de
3.064 m2 toda vez que:

• El 19 de octubre de 2015 fue notificada la Licencia de Construcción y Ampliación No.
2015000177 para 7 predios ubicados en la vereda Bojacá, municipio de Chía, ubicados
en Hacienda Fontanar del Río, en las modalidades de modificación y ampliación con un
área a liquidar de 30.649,33 m226.

23 Consejo de Estado, Sección Cuarta, del 14 de noviembre de 2019, expediente 22025, C.P. Stella Jeannette
Carvajal Basto.
24 Ibidem.
25 Este Acuerdo está publicado en las páginas de internet de la Alcaldía Municipal de Chía y de la Función
Pública.
26 Folio 54 del Cuaderno Principal.
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• El 31 de mayo de 2017, la demandante presentó renuncia parcial a los derechos
concedidos en esta licencia, toda vez que construyó un pilotaje correspondiente al 10%
de las obras27, y desistió de ejecutar las obras restantes, equivalentes al 90%, y
necesarias para edificar dos torres en 5 niveles con sótano y semisótano28. Esto fue
aceptado por la demandada, al expedir la Resolución No. 2274, revocando de manera
parcial la licencia en lo que se refiere a la construcción de las dos torres correspondientes
al 90% de las obras inicialmente autorizadas29.

Obsérvese entonces que, para efectos del hecho generador del Impuesto de
Delineación Urbana solo se configuraron los tres aspectos (licencia y ejecución de
la construcción en el municipio de Chía) exigidos en la normatividad respecto de los
3.064 m2 de la obra, con lo cual solo nació la obligación tributaria respecto de los
mismos, y el pago realizado, por los metros originalmente autorizados en la licencia
pero no construidos, constituye un pago en exceso del impuesto que se generó y
por tanto, el mismo es objeto de devolución.

En línea con lo anterior, no es plausible la interpretación de la demandada según la
cual sólo hay lugar a devolución cuando se presenta un evento de desistimiento de
la licencia de construcción, porque en este caso, con la renuncia parcial a los
derechos concedidos en la licencia de construcción y ampliación Nro. 20150001777,
en lo que se refiere a la construcción de las dos torres no se configuró el hecho
generador, en su aspecto material, del Impuesto de Delineación Urbana, respecto
del 90% de las obras inicialmente autorizadas.

Además, y contrario a la consideración de la demandada, el contribuyente sí está
frente a una de las causales en las cuales procede la devolución del impuesto, esto
es la del pago en exceso del impuesto que se debía, toda vez que se reitera que el
mismo se liquidó sobre 30.649,33 m2 de obra, cuando el hecho generador, en todos
sus aspectos, se dio únicamente respecto de 3.064 m2

Así las cosas, no prosperan los cargos de apelación de la demandada y se confirma
que la solicitud de devolución de lo pagado por el impuesto de delineación urbana
en virtud de la licencia No. 2015000177 resulta procedente.

2. Intereses legales

En la sentencia de primera instancia el Tribunal ordenó que se liquidaran los
intereses de conformidad con el artículo 863 del Estatuto Tributario Nacional,
reconociendo entonces intereses corrientes y de mora. Ahora bien, la demandante
apeló la sentencia, únicamente en lo que respecta al no reconocimiento de los
intereses legales, de acuerdo con el artículo 1617 del Código Civil.

Respecto de los intereses legales previstos en el artículo 1617 del Código Civil, en
los cuales basa su apelación la demandante, la Sección en reiterada jurisprudencia,
aplicable a este caso, ha desestimado la aplicación de la referida norma, teniendo
en cuenta que el reconocimiento en materia tributaria de intereses a favor de los
contribuyentes derivados de solicitudes de devolución tiene un régimen jurídico
especial, esto es el citado artículo 863 del Estatuto Tributario.30
27 Esto también está certificado en el Folio 57 Cuaderno Principal.
28 Folio 59 del Cuaderno Principal.
29 Folio 64 del Cuaderno Principal.
30 Consejo de Estado, Sección Cuarta, Sentencias del 26 de noviembre de 2015, expediente No. 20122, C.P.
Jorge Octavio Ramírez Ramírez, del 12 de noviembre de 2020, expediente No. 23809 C.P. Julio Roberto
Piza Rodríguez; 20 de mayo de 2021, expediente 25113, C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez, y del 10 de
junio de 2021, No. 23973, C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
12

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Radicado: 25000-23-37-000-2019-00027-01 (27312)
Demandante: Guadal Commercial INC.

Considerando lo anterior, no procede el cargo.

3. Costas.

No habrá condena en costas, en tanto no se comprobó su causación como lo exige
el artículo 365 del Código General del Proceso, numeral 8, aplicable por remisión
expresa del artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Confirmar la sentencia apelada.

2. Sin condena en costas.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al tribunal de
origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA
Presidenta

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILSON RAMOS GIRÓN

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador

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