RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 25000-23-37-000-2019-00134-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2019-00134-01

Fecha
20 de abril de 2023
Consejero ponente
Wilson Ramos Girón

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2019-00134-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA 1. Confirmar la sentencia apelada. 4 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Proceso: 05001-23-33-000-2013-01574- 01 (24051). Sentencia del 23 de julio de 2020. CP: Stella Jeannette Carvajal Basto. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6 Radicado: 25000-23-37-000-2019-00134-01 (26424) Demandante: Octano SAS, en reestructuración 2. Sin condena en costas en esta instancia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 25000-23-37-000-2019-00134-01

Consejero ponente: Wilson Ramos Girón

20 de abril de 2023

Radicado: 25000-23-37-000-2019-00134-01 (26424)
Demandante: Octano SAS, en reestructuración

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN

Bogotá, D. C., veinte (20) de abril de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-37-000-2019-00134-01 (26424)
Demandante: Octano de Colombia SAS, en reestructuración
Demandada: Secretaría Distrital de Hacienda

Temas: Cobro coactivo. Acuerdo de restructuración empresarial Ley 550 de
1999. Obligaciones tributarias posteriores. Excepción de pago.
Reiteración Jurisprudencial.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la
sentencia del 07 de octubre de 2021 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Cuarta, Subsección B, que negó las pretensiones sin condenar en costas (índice
2)1.

ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA

Mediante la Resolución nro. DDI036296, del 26 de julio de 2018, y el acto que la confirmó,
Resolución nro. DDI056847, del 28 de septiembre de 2018, la demandada negó las
excepciones de pago efectivo y prescripción de la deuda por concepto del impuesto de
sobretasa a la gasolina motor de los períodos 1.° a 5.° del año 2011, determinada por la
demandada mediante Liquidación Oficial de Aforo nro. DDI00301, del 13 de febrero de
2012 (ff. 101 a 122).

ANTECEDENTES PROCESALES

Demanda

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en
el artículo 138 del CPACA (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Ley 1437 de 2011), la demandante formuló las siguientes pretensiones
(índice 2):

Que son nulos los siguientes actos administrativos (…). Resolución nro. DDI036296, del 26 de julio
de 2018 (…). Resolución nro. DDI056847, del 28 de septiembre de 2018 (…) 2.

1 Del repositorio informático Samai.
2 En sentencia de primera instancia, el tribunal se inhibió para controlar la legalidad del acto que libró mandamiento de

pago pretendido en anulación, por corresponder a un acto de trámite no susceptible de control judicial. Por ello, no se
incluye en la cita.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
1

Radicado: 25000-23-37-000-2019-00134-01 (26424)
Demandante: Octano SAS, en reestructuración

A título de restablecimiento del derecho:

1- Que se declare probadas las excepciones de pago interpuestas y revocar el mandamiento de
pago DDI013454, del 04 de mayo de 2018, y declarar terminado el proceso de cobro coactivo.

2- Que se condene en costas a la parte demandada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
188 de la Ley 1437 de 2011.

A los anteriores efectos, invocó como vulnerados los artículos 83 de la Constitución y la
Ley 550 de 1999; bajo el siguiente concepto de violación (índice 2):

De conformidad con el artículo 35-5 de la Ley 550 de 1999, el promotor dentro del proceso
de reestructuración de la compañía dio por finalizada la audiencia de incumplimiento -
llevada a cabo el 20 de noviembre de 2013 [iniciada el 31 de julio del mismo año]- en la
que intervino la Dirección de Impuestos de Bogotá, quien no objetó las obligaciones sobre
las cuales hubo compromisos de plazos para satisfacer las deudas, luego de que se
examinaran los soportes de lo pagado, los actos administrativos que determinaron las
deudas tributarias y los estados de cuenta emitidos por la Secretaría de Hacienda sin que
a ese momento se reportara obligación pendiente por concepto del impuesto a la
sobretasa a la gasolina por los períodos 1.° a 5.° del 2011. A su entender, el promotor y
la SuperSociedades son los jueces naturales del procedimiento de reestructuración y los
competentes para establecer el cumplimiento o incumplimiento de las obligaciones
causadas con posterioridad a la negociación del acuerdo, según lo concluido en el Oficio
nro. 220-000038, del 02 de enero de 2017, de dicha superintendencia, por lo que entiende
que la presunta deuda que se pretende en el cobro coactivo objeto de los actos acusados
estuvo saldada, y que la demandada carecía de competencia para emitir estos actos.

Bajo ese mismo entendido, adujo que la Secretaría de Hacienda quebrantó los principios
de confianza legítima y buena fe, en tanto que la autoridad certificó en cero el estado de
cuenta de las obligaciones fiscales por los períodos del año 2011, acto que asegura le
definió una situación jurídica a su favor, de modo que no podría cobrarse una deuda que
ni siquiera fue reconocida por la entidad demandada desde dicha certificación, so pena
de contravenirse un acto propio de la Administración. Incluso, consideró que la delegada
del distrito dentro de la audiencia de incumplimiento dentro del trámite de reestructuración
aceptó que había paz y salvo de las obligaciones por concepto de los gastos de
Administración, lo que a su entender corresponde a las deudas fiscales posteriores a las
suscritas en el acuerdo de reestructuración, como la que es objeto en los actos
demandados.

Contestación de la demanda

La demandada se opuso a las pretensiones de la actora (ff. 143 a 152). Consideró
improcedente los reparos relacionados con los actos administrativos que conforman el
título de la deuda objeto de cobro, ya que estos cobraron ejecutoria tras la sentencia del
19 de febrero de 2014, proferida por el tribunal de primera instancia, que negó su
anulación, de manera que no es este el medio de control en el que podía la deudora
plantear cuestionamientos que debió formular contra aquellos actos. A partir de ello,
expuso que no existió violación a los principios de confianza legítima y buena fe, pues las
obligaciones que se están ejecutando no estaban ejecutoriadas para la época del inicio
de la audiencia de incumplimiento que convocó la SuperSociedades -31 de julio de 2013-
de manera que allí no pudo ser anunciada la deuda. Adujo por otra parte que, el estado
de cuenta señalado por la actora, no es un acto administrativo sino una herramienta
ofimática de consulta cuyos reportes están en permanente construcción, dado el
adelantamiento de procesos administrativos que adelante la autoridad. Manifestó que la

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
2

Radicado: 25000-23-37-000-2019-00134-01 (26424)
Demandante: Octano SAS, en reestructuración

demandante no satisfizo el monto de la deuda objeto del cobro, sin perjuicio de aclarar
que los pagos parciales efectuados -algunos con posterioridad a la audiencia de
incumplimiento- fueron abonados, pero no cubrieron la totalidad de la deuda y por ello se
libró mandamiento de pago; además, estos pagos no correspondían a los gastos de
administración a los que aludió la delegada del distrito en aquella audiencia de
incumplimiento, porque se trataban de obligaciones saldadas según lo convenido al inicio
de la reunión, que no a las que estaban aún en fase de impugnación administrativa o
judicial, las cuales no hicieron parte del acuerdo de pago.

Sentencia apelada

El tribunal negó las pretensiones de la demanda (índice 15)3. En primer lugar, se declaró
inhibida para controlar la legalidad del acto que libró mandamiento de pago, por ser un
acto de trámite no demandable. Por lo demás, expuso que la demandada era competente
para el cobro de la deuda discutida, ya que las obligaciones por sobretasa de gasolina
de los períodos 1° a 5° de 2011 determinadas en los actos que alcanzaron ejecutoria con
posterioridad a la audiencia de incumplimiento no pudieron hacer parte de los acuerdos
de pago allí establecidos, en tanto que los actos no gozaban de firmeza y, en todo caso,
la autoridad conservaba potestades para ejercer el cobro de deudas surgidas después
del acuerdo. Asimismo, frente a la procedencia de la excepción de pago, puntualizó que
la actora no podía fundamentarse en un estado de cuenta emitido por un programa
ofimático para demostrar la satisfacción de las deudas tributarias y en ella reposaba la
carga de la prueba frente a la excepción formulada. Si bien se demostró el pago parcial
de las sumas determinadas en la liquidación de aforo, estas fueron tenidas en cuenta por
la demandada como abonos a la deuda que permanecía insatisfecha lo que implicó librar
orden de pago por el saldo insoluto; en consecuencia, negó la excepción.

Recurso de apelación

La demandante apeló la decisión del tribunal (índice 2). Insistió en que la Administración
carecía de competencia para adelantar el cobro de las deudas que no se incluyeron en
el acuerdo de la audiencia de incumplimiento, pues a su juicio, los actos que determinaron
el impuesto objeto de cobro fueron expedidos, el primero de ellos, el 07 de febrero de
2012 y, el confirmatorio, el 10 de septiembre de 2012, de modo que no estaban en
discusión y, en cambio, sí gozaban de ejecutoria y de exigibilidad al momento de
realizarse las reuniones convocadas con motivo de la audiencia de incumplimiento -
llevadas a cabo entre el 31 de julio y el 20 de noviembre de 2013-. Seguidamente, afirmó
que en esas diligencias se aportaron los recibos de pagos por los meses de enero,
febrero, marzo y abril del año 2011 [refiere montos, pero no especifica por qué tipo de
deudas se hicieron aquellos presuntos pagos], los que aseguró no fueron tenidos en
cuenta por la demandada.

En otro punto, señala que la liquidación oficial de aforo que fijó la deuda del presente
cobro coactivo demandado, adolece de falsa motivación por el fundamento jurídico, pues
de conformidad con el procedimiento tributario local no quedó impuesta la sanción previa
al acto de determinación de aforo, pues la que se había impuesto fue revocada por la
misma autoridad al desatar el recurso de reconsideración interpuesto contra el acto
sancionador, por lo cual plantea cuestionamientos sobre la ilegalidad de la referida
sanción tributaria, entre ellas, «ausencia de observancia de las normas que regulan el
procedimiento para notificación de actos administrativos» y señala que debió analizarse
la legalidad del acto que constituye el título ejecutivo a la luz de esos señalamientos.

3 Del repositorio informático de Samai del tribunal.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
3

Radicado: 25000-23-37-000-2019-00134-01 (26424)
Demandante: Octano SAS, en reestructuración

Reiteró lo atinente a la excepción de pago, de acuerdo con el estado de cuenta que
certificó la propia autoridad, para someter a acuerdo el incumplimiento de las obligaciones
fiscales y que como este es un acto administrativo, el reconocimiento de que no se
adeudaba por el año 2011 el tributo del cobro acusado, no podía ejercitarse la ejecución
de esa deuda.

Pronunciamientos finales

Las partes y el ministerio público guardaron silencio.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1.- Juzga la Sala la legalidad de los actos enjuiciados, atendiendo los cargos de
impugnación planteados por la actora, en calidad de apelante única, contra la sentencia
de primera instancia que negó las súplicas de la demanda. En concreto, plantea la
apelante: (i) el promotor era el competente para determinar el cumplimiento o no de las
obligaciones causadas con posterioridad al acuerdo de reestructuración, quien, según la
impugnante, verificó y concluyó que las obligaciones estaban saldadas; (ii), en línea con
lo anterior, que la liquidación de aforo y el acto confirmatorio estaban ejecutoriados y eran
objeto de cobro en la fecha de la audiencia de incumplimiento (31 de julio a 20 de
noviembre de 2013); (iii) en la audiencia de incumplimiento fueron aportados los recibos
de pago por las obligaciones del período 1.° al 5.° de 2011, los cuales no fueron tenidos
en cuenta en el mandamiento de pago; (iv) desconocimiento del estado de cuenta que
no certificó deuda a cargo como la que es objeto del presente cobro coactivo; siendo que
ese estado de cuenta constituye un acto administrativo; y (v) falsa motivación de la
liquidación oficial de aforo, que constituye el título ejecutivo fundamento del mandamiento
de pago, con motivo de la revocatoria de la sanción por no declarar.

2.- Para delimitar el problema jurídico, partirá la Sala de señalar que los cuestionamientos
respecto de la falsa motivación de la liquidación oficial de aforo que constituye el título
ejecutivo fundamento del mandamiento de pago, junto con las censuras de ilegalidad de
este acto con motivo de la revocatoria de la sanción por no declarar son cuestionamientos
impropios de una controversia contra el acto que negó las excepciones contra el
mandamiento de pago y su confirmatorio, pues los mismos debieron haberse dirigido
contra el acto de determinación lo que no corresponde al objeto de este proceso, máxime
cuando en el curso del proceso se ha señalado que el acto de aforo y su confirmatorio
que constituyen el título objeto de cobro, tras haber sido demandados, fue ratificada su
legalidad y adquirieron firmeza mediante providencia judicial ejecutoriada (según la
demandada, en sentencia de fecha del 19 de febrero de 2014, radicación nro. 2013-
00082, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la cual no obra en los
antecedentes administrativos). Por tanto, ese cargo no será objeto de análisis.

En ese orden, el debate recaerá exclusivamente sobre los problemas jurídicos (i) a (iv),
anteriormente esbozados.

3- Con la finalidad de desatar los cuestionamientos de la apelante, la Sala reiterará las
consideraciones expuestas en las sentencias del 02 y 23 de febrero de 2023 (exps. 26477
y 26900, CP: Milton Chaves García y Myriam Stella Gutiérrez Argüello), que versaron
sobre controversias seguidas entre las mismas partes por un debate similar al sub lite.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
4

Radicado: 25000-23-37-000-2019-00134-01 (26424)
Demandante: Octano SAS, en reestructuración

3.1- Respecto de que el promotor era el competente para determinar el cumplimiento o
no de las obligaciones causadas con posterioridad al acuerdo de reestructuración, se
precisa señalar, conforme se advirtió en los precedentes antes citados, el ordinal 9.° del
artículo 34 de la Ley 550 de 1999, que regula el acuerdo de restructuración, determina
que los créditos que se causen con posterioridad a la fecha de iniciación de la negociación
los mismos «serán pagados de preferencia, en el orden que corresponda de conformidad
con la prelación de créditos del Código Civil y demás normas concordantes, y no estarán
sujetos al orden de pago que se establezca en el acuerdo. El incumplimiento en el pago
de tales acreencias permitirá a los acreedores respectivos exigir coactivamente su cobro,
y podrá dar lugar a la terminación de la negociación del acuerdo o del acuerdo mismo, a
menos que el respectivo acreedor acepte una fórmula de pago según lo dispuesto en el
numeral 5 del artículo 35 de la presente ley» (subrayado fuera del texto original).

En el marco anterior, dable es concluir que las obligaciones que hagan parte del acuerdo
del proceso de reestructuración permitirá a sus acreedores obtener el pago de sus
acreencias, de acuerdo con los parámetros allí convenidos. Lo anterior no compite ni
disminuye las potestades de recaudo de la autoridad tributaria respecto de las demás
deudas que se causen, a cargo del contribuyente, y que adquieran exigibilidad con
posterioridad a la negociación como sucedió con la deuda del subjudice, pues es un punto
no controvertido entre las partes que los actos que forman el título objeto del actual cobro
obedecen a los montos determinados en la Liquidación Oficial de Aforo nro. DDI00301,
del 13 de febrero de 2012, y el acto que la confirmó Resolución DDI-43248, del 10 de
septiembre de 2012, los cuales fueron demandados judicialmente, pero al desestimarse
las pretensiones de nulidad, alcanzaron ejecutoria luego de la sentencia del 19 de
septiembre de 2014, esto es, posteriormente a la celebración de la audiencia de
incumplimiento iniciada el 31 de julio de 2013 y finalizada el 20 de noviembre siguiente.

Agréguese que, verificada el acta de la audiencia de incumplimiento suscrita entre la
actora y el distrito demandado ante el promotor, las deudas allí señaladas respecto de
las que se acordaron plazos para su pago, correspondían a los años 2012 y 2013, por
concepto de sobretasa de la gasolina, siendo relevante mencionar que en toda ocasión
se precisó que se trataba de «sobretasa adeudada y no en discusión 2012 y 2013 (…)
períodos no recurridos» (f. 42 vto.), por los cuales hubo compromisos de pago. Asimismo,
es de resaltar que en la continuación de la audiencia del 20 de noviembre de 2013, consta
que en reuniones precedentes (julio y septiembre), se decantó que la obligación grande
(a cargo de la contribuyente por el impuesto a la sobretasa de la gasolina) era por los
períodos del año 2010 y anteriores «meses; abril de 2007, mayo, junio, julio, agosto y
septiembre, octubre y noviembre de 2008; enero, febrero, agosto, octubre, noviembre y
diciembre de 2009 y todo el año 2010» y sobre esa mayor deuda, indicó la actora que
éstas ya habían sido saldadas, haciendo para esto, referencia a los estados de cuenta
de la Secretaría de Hacienda de 2010 y anteriores. En suma, no se advierte que la actora
hubiera sido declarada a paz y salvo por los montos determinados oficialmente en la
liquidación oficial de aforo que fijó la sobretasa de la gasolina por los períodos 1.° a 5.°
del año 2011.

Por lo demás, cabe precisarse en esta oportunidad que, a diferencia del entendimiento
de la parte actora, tratándose de obligaciones y deudas causadas con posterioridad al
inicio de la negociación del acuerdo de reestructuración, estas tendrán que pagarse de
acuerdo con la prelación de créditos del Código Civil (artículo 2495 ídem) y normas
concordantes, de modo que la satisfacción de aquellas deudas no estarán sometidas al
orden pago convenido en el acuerdo (artículo 34-9 de la Ley 550 de 1999), por lo que el
reparo de la actora en torno a la falta de inclusión de créditos dentro de dicha audiencia

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
5

Radicado: 25000-23-37-000-2019-00134-01 (26424)
Demandante: Octano SAS, en reestructuración

no deriva en la inexistencia de la deuda, ni abroga las potestades de recaudo que
permanecen en la autoridad tributaria. No prospera el cargo de apelación.

3.2- En torno al argumento atinente a que el estado de cuenta no señalaba deuda por el
impuesto de sobretasa a la gasolina por los períodos 1° a 5° de 2011 y que este constituye
un acto administrativo, la Sala se remitirá a lo ya analizado sobre este particular en los
precedentes que se reiteran, en los que se manifestó:

En cuanto a los estados de cuenta aportados por la actora, esta Sección señaló, en sentencia del 23
de julio de 20204, que este tipo de documentos no constituyen actos administrativos porque no
contienen una manifestación de voluntad de la Administración llamada a producir efectos jurídicos,
sino que solo «refleja la información que tiene la Administración tributaria, respecto de la existencia
de la obligación a cargo del contribuyente y su valor». Además, precisó que, por estos mismos
motivos, los estados de cuenta no pueden considerarse títulos ejecutivos, no son necesarios para
que se entienda debidamente constituido el título ejecutivo y no son fuente de la obligación”
(sentencia del 23 de febrero de 2023, exp. 26900, CP: Myriam Stella Gutiérrez Argüello), de manera
que no prospera el cargo de apelación, y en consecuencia se confirmará la sentencia apelada.

Acogiendo esta postura jurisprudencial, no le asiste la razón a la demandante cuando sostiene que
los estados de cuenta del 26 de febrero de 2015 son actos administrativos que liquiden el tributo a
su cargo o que demuestren el pago efectivo de la obligación, ni constituyen actos positivos de la
Administración para que el interesado confíe legítimamente en que no adeuda suma alguna, en
especial cuando no se aportó al expediente ninguna constancia de pago relacionada con la
obligación cuyo cobro coactivo se pretende por la entidad territorial y, de acuerdo con los hechos
mencionadas por la apelante, ésta sabía que había realizado pagos por sumas significativamente
menores a las que estaban siendo exigidas por la Administración Tributaria.

4- Por último, en lo atinente a que en la audiencia de incumplimiento fueron aportados
los recibos de pagos por las obligaciones del período 1 al 5 de 2011, que no fueron
tenidos en cuenta en el mandamiento de pago, se advierte: (i) que los pagos que detalla
la actora, solo totalizan la suma de $341.599.000, lo cual no corresponde al monto de la
obligación objeto de cobro, en tanto la Liquidación Oficial de Aforo nro. DDI00301, del 13
de febrero de 2012, determinó un total de impuesto a cargo por sobretasa a la gasolina
por los períodos identificados en precedencia por la suma de $2.503.814.000 (ff. 46 a 52
vto. cca); y (ii) que, como lo indicó el tribunal, la demandante hizo pagos parciales con
posterioridad a dicho acto y estos fueron tenidos en cuenta como abonos a la obligación
establecida oficialmente por la demandada (ff. 164 a 168 caa), teniendo en cuenta que el
monto librado en el Mandamiento Pago nro. DDI013454, del 04 de mayo de 2018,
correspondió a la cifra de $2.303.565.000, la cual es menor a la suma determinada
oficialmente, de tal manera que la autoridad disminuyó la deuda en consideración a la
imputación de lo pagado de forma parcial.

5- Finalmente, no se impondrá condena en costas en esta instancia, debido a que no
existe prueba de su causación (ordinal 8.º del artículo 365 del CGP).

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sección Cuarta, administrando justicia
en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Confirmar la sentencia apelada.

4 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Proceso: 05001-23-33-000-2013-01574-

01 (24051). Sentencia del 23 de julio de 2020. CP: Stella Jeannette Carvajal Basto.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
6

Radicado: 25000-23-37-000-2019-00134-01 (26424)
Demandante: Octano SAS, en reestructuración

2. Sin condena en costas en esta instancia.

Cópiese, notifíquese, comuníquese. Devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRÓN

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
7

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.