Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2019-00161-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2019-00161-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 25000-23-37-000-2019-00161-01
Consejero ponente: Milton Chaves Garcia
11 de octubre de 2024
Radicado: 25000-23-37-000-2019-00161-01 (27466)
Demandante: INAMEC S.A.S.
FALLO
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: MILTON CHAVES GARCÍA
Bogotá, D.C., once (11) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-37-000-2019-00161-01 (27466)
Demandante: INDUSTRIA AGRÍCOLA METALMECÁNICA – INAMEC S.A.S.
Demandado: UAE- DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS
NACIONALES- DIAN
Temas: Procedimiento administrativo de cobro coactivo- falta de título
ejecutivo.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la demandante contra la
sentencia de 28 de abril de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A, que negó las pretensiones de la
demanda y no condenó en costas.
ANTECEDENTES
La DIAN inició proceso de cobro coactivo contra Industria Agrícola Metalmecánica
INAMEC S.A.S (en adelante INAMEC). En consecuencia, el 9 de mayo de 2018,
libró mandamiento de pago por las obligaciones tributarias, entre otras, la del
impuesto sobre la renta y complementarios, año gravable 20141.
Contra el referido mandamiento de pago, INAMEC formuló como excepciones las
de falta de título ejecutivo y falta de ejecutoria del título ejecutivo. Mediante
Resolución 20180312000048 de 21 de agosto de 2018, la DIAN negó las
excepciones propuestas y ordenó seguir adelante la ejecución2. Esa decisión se
confirmó por Resolución 20180311000023 de 30 de octubre de 20183.
DEMANDA
INAMEC S.A.S., en ejercicio del medio de control previsto en el artículo 138 del
CPACA, formuló las siguientes pretensiones:
“PRIMERO:
Se declare la nulidad de la Resolución No. 20180312000048 del 21 de agosto de
2018, proferida por la División de Gestión de Cobranzas de la Dirección Seccional
de Impuestos de Bogotá, mediante la cual se resuelven las excepciones
1 Las obligaciones contenidas en el mandamiento de pago corresponden a los impuestos de: renta CREE 2013,
2015 y 2016; riqueza de 2015 y 2016; ventas de 2014 (5), 2015 (3) y 2016 (1 a 3 y 5) y renta de 2014.
2Expediente digital, indíce 2 SAMAI.
3 Expediente digital, indíce 2 SAMAI
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Demandante: INAMEC S.A.S.
FALLO
presentadas contra el mandamiento de pago No. 20180302002928 del 9 de mayo
de 2018 y se ordena seguir adelante la ejecución.
SEGUNDO:
Se declare la nulidad de la Resolución No. 20180311000023 del 30 de octubre de
2018 proferida por la División de Gestión de Cobranzas de la Dirección Secional de
Impuestos de Bogotá que resuelve el recurso de reposición interpuesto por INAMEC
S.A.S. contra la Resolución que ordena seguir adelante la ejecución No.
20180312000048 del 21 de agosto de 2018.
TERCERO:
En todo caso, comoquiera que la declaración de renta presentada el 31 de marzo
de 2017 la cual registra saldo a pagar por impuesto por $989.457.000, más sanción
por extemporaneidad de $49.735.000, fue objeto de corrección mediante otra
declaración presentada el 26 de marzo de 2018 por INAMEC S.A.S. donde registra
como valor a pagar por impuesto la suma de $17.344.000 y dicha declaración de
corrección reemplace para todos los efectos legales las declaraciones de renta
anteriores que por concepto del impuesto de renta haya presentado INAMEC S.A.S.
CUARTO:
Que a título de restablecimiento del derecho se revoque el embargo que pesa sobre
dineros de INAMEC S.A.S. como resultado de los procedimientos de cobro coactivos
adelantados por la división de cobranzas de la Dirección Seccional de Impuestos de
Bogotá.
QUINTO:
Que se condene a la parte demandada al pago de costas procesales y agencias en
derecho.”
La actora indicó como normas violadas, las siguientes:
-Artículos 4, 13, 29 y 83 de la Constitución Política.
-Artículos 565, 567, 588, 589 y 831 del Estatuto Tributario.
El concepto de la violación se sintetiza así:
Violación del debido proceso. La resolución que resolvió el recurso de reposición
contra el acto que decidió las excepciones debió notificarse personalmente o por
aviso, según lo disponen los artículos 565 y 567 del ET. Al no practicarse en debida
forma la notificación, la demandante debió adelantar varios trámites para obtener
copia del acto, puesto que en la dirección registrada en el RUT e informada en el
recurso no recibió citación para notificarse personalmente.
Aunado a lo anterior, el procedimiento de cobro coactivo tuvo en cuenta la
declaración de corrección del 31 de marzo de 2017 y no la presentada el 26 de
marzo de 2018, con lo que la DIAN abusa de su posición dominante, dado que los
valores del impuesto no corresponden a la declaración privada que se corrigió
posteriormente.
Desconocimiento de los artículos 4, 13 y 83 de la Constitución Política. La
declaración inicial del impuesto de renta del año 2014 se presentó el 15 de abril de
2015, en la que los valores se calcularon a partir de una renta líquida del ejercicio,
equivalente al 39.6% del ingreso del periodo, lo que genera perjuicio para la
empresa.
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Posteriormente, el 31 de marzo de 2017, se presentó corrección voluntaria a la
declaración inicial en la que se disminuyó el valor de los costos de ventas, lo que
incrementó la renta líquida gravable. Más tarde, se evaluó la realidad económica del
ejercicio productivo de 2014 y el 26 de marzo de 2018, se volvió a presentar
corrección de la declaración, en la que la renta líquida del ejercicio equivale al 6.9%
respecto de los ingresos.
Se vulneraron las normas constitucionales al aplicar normas de rango legal para
desconocer costos de ventas sin considerar los atenuantes que consagra la
Constitución Política. También se desconoció el principio de buena fe al desatender
los argumentos y razones por las cuales se corrigió la declaración de renta.
Violación de la justicia tributaria y realidad económica. Para dar aplicación a los
principios de justicia y equidad tributaria, se pidió a la DIAN que, teniendo en cuenta
la realidad económica de la empresa y que su actividad productiva (fabricación de
maquinaria agrícola y sus partes) es exenta, según el artículo 424 del ET, se
consideraran los valores registrados en la segunda corrección presentada, en la que
se restauró el equilibrio que debe existir entre ingresos, costos y deducciones y la
renta líquida del ejercicio, según el artículo 589 del ET.
Falta de título ejecutivo. La declaración de corrección presentada por vía
electrónica el 26 de marzo de 2018 se rige por lo previsto en el artículo 589 del ET
(antes de las modificaciones introducidas por la Ley 1819 de 2016 ) y debe tenerse
en cuenta en reemplazo de la corrección de 31 de marzo de 2017.
No obstante, la DIAN no se pronunció sobre la segunda corrección y desconoció
que transcurridos seis (6) meses de su presentación ésta tiene validez y debe ser
aceptada, es decir, que sustituyó para todos los efectos la declaración anterior (la
presentada el 31/03/2017). Sobre el particular, existen diferencias de interpretación
entre el contribuyente y la administración, motivo por el cual debe prevalecer el
principio de seguridad jurídica.
En consecuencia, la declaración de renta de 2014 que sirvió de título ejecutivo no
tiene efectos jurídicos. Así que ante la falta de título ejecutivo, los actos posteriores
que vinculan esa declaración privada carecen de fuerza jurídica para obligar y deben
anularse por la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
La DIAN se opuso a las pretensiones de la demanda, con fundamento en las
siguientes razones:
El mandamiento de pago se expidió oportunamente en contra de la demandante,
por la obligación del impuesto de renta, año gravable 2014 y la declaración de
corrección respecto de la que se formularon excepciones fue la presentada el 31 de
marzo de 2017.
Aunque el 15 de abril de 2015, INAMEC presentó su declaración de renta de 2014
con saldo a favor, mediante auto de apertura de 3 de octubre de 2016, la DIAN le
inició investigación por el referido periodo y posteriormente la archivó. Esto, porque
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el 31 de marzo de 2017, la actora corrigió la declaración inicial con saldo a pagar de
$989.457.000 y sanción de $49.735.000.
La administración debe practicar liquidación oficial de corrección, dentro de los seis
(6) meses siguientes a la fecha de la solicitud en debida forma; si no se pronuncia
en ese término, el proyecto de corrección sustituye la declaración inicial. Sin
embargo, la corrección de las declaraciones no impide a la DIAN ejercer la facultad
de revisión, a partir de la fecha de la corrección o del vencimiento de los seis (6)
meses siguientes a la solicitud, según el caso.
La tesis del demandante desconoce la existencia del título ejecutivo. En este caso,
la declaración de corrección presentada voluntariamente por la demandante el 31
de marzo de 2017, es el título ejecutivo que sirvió de sustento al mandamiento de
pago.
Así que, según los artículos 828 (1) y 589 del ET, las obligaciones allí contenidas
prestan mérito ejecutivo, por ser liquidaciones privadas presentadas directamente
por la demandante, que gozan de firmeza por no haber sido modificadas por la
administración y que están pendientes de pago.
En este caso, debía presentarse proyecto de corrección antes del 15 de abril de
2017, con base en el artículo 589 del ET, antes de la entrada en vigencia del artículo
274 de la Ley 1819 de 2016, que lo modificó. No obstante, existe una corrección
efectuada el 26 de marzo de 2018, esto es, por fuera del término legal y sin el
cumplimiento de los requisitos exigidos en la ley, pues no se presentó proyecto de
corrección.
SENTENCIA APELADA
El Tribunal negó las pretensiones de la demanda y no condenó en costas. Como
fundamento de la decisión, expuso lo siguiente:
No se configuró la violación al debido proceso. En este asunto no se acreditó
que la DIAN haya intentado la notificación personal de la resolución que resolvió el
recurso de reposición, como forma principal para notificar el acto administrativo.
Según la demandante, esa resolución se notificó en la página web de la entidad el
7 de noviembre de 2018, lo que no fue desvirtuado por la demandada, por lo que
debe tenerse como cierto. En consecuencia, ese día se entiende notificado el acto
por conducta concluyente.
Aunque existe una indebida notificación de la resolución que resolvió el recurso de
reposición, ese defecto no constituye una causal de nulidad, sino una circunstancia
que hace inoponible el acto, pero que fue superada con la notificación por conducta
concluyente.
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No se vulneraron normas constitucionales ni el principio de justicia tributaria.
No se configuró la excepción de falta de título ejecutivo. En el proceso 25000-
23-37000-2019-00345-00, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Cuarta, Subsección B dictó sentencia del 28 de octubre de 2021, que negó las
pretensiones de la demandante, relacionadas con la configuración del silencio
administrativo positivo respecto de la declaración de corrección del 26 de marzo de
2018 porque ésta fue extemporánea. Se precisó que la declaración inicial
presentada por la contribuyente el 15 de abril de 2015, había adquirido firmeza
desde el 15 de abril de 2017.
En este asunto, la demandante cuestiona la legalidad de los actos que conforman
el título ejecutivo. Alega que la DIAN debió tener en cuenta la declaración de
corrección presentada el 26 de marzo de 2018. No obstante, la declaración privada
y su corrección de 31 de marzo de 2017 adquirieron firmeza, por lo que prestan
mérito ejecutivo, desde el vencimiento de la fecha para su pago, según el artículo
828 (1) del ET.
Además, el artículo 829-1 del ET establece que “en el procedimiento administrativo
de cobro, no podrán debatirse cuestiones que debieron ser objeto de discusión en
la vía gubernativa”. En consecuencia, el Tribunal no se pronunció sobre la legalidad
de los actos administrativos que constituyen el título ejecutivo. Tampoco advirtió
vulnerado el debido proceso ni configurada la excepción de falta de título ejecutivo.
Por último, no condenó en costas por no estar probadas.
RECURSO DE APELACIÓN
La demandante apeló la sentencia por las siguientes razones:
Violación al debido proceso.La declaración de corrección válida es la presentada
el 26 de marzo de 2018, en la que se modificó el valor a pagar objeto de cobro
coactivo, según la corrección de 31 de marzo de 2017.
El fallo de primera instancia no valoró que el segundo proyecto de corrección de la
declaración de renta del año gravable 2014, se rige por el artículo 589 del ET, antes
de su modificación por la Ley 1819 de 2016. Con base en dicha norma, la
administración debe practicar liquidación oficial de corrección dentro de los seis (6)
meses siguientes a la fecha de la solicitud en debida forma y al no pronunciarse en
ese término, el proyecto de corrección sustituye la declaración inicial.
El Tribunal tampoco tuvo en cuenta que el contribuyente tiene derecho a que se
haga justicia en cuanto a las sumas a pagar por impuestos. Nadie debería contribuir
con valores más allá de las capacidades económicas, por lo que debe aceptarse la
segunda declaración de corrección para salvaguardar el patrimonio de la actora.
Entre la declaración corregida y la última corrección respecto de la cual se reclama
la existencia de silencio administrativo positivo hay una diferencia de
$1.039.192.000, circunstancia que no puede ser desconocida por la autoridad.
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La sentencia apelada no puede reconocer circunstancias respecto de las cuales se
generen dudas, como ocurre con la validez de la declaración de corrección de 26
de marzo de 2018 y la oportunidad que tenía la autoridad tributaria para aceptarla o
negarla y desplegar sus amplias facultades de fiscalización, si creía que la
contribuyente no había declarado los valores que correspondían. De manera que
la DIAN se apartó del procedimiento establecido en el artículo 589 del ET y el fallo
de primera instancia omitió tal quebrantamiento.
Falta de motivación del fallo recurrido. El Tribunal no analizó las circunstancias
en que la actora presentó la corrección de 26 de marzo de 2018 para disminuir el
impuesto a cargo.
A la declaración de renta de 2014 le es aplicable el artículo 589 del ET, antes de
ser modificado por el artículo 274 de la Ley 1819 de 2016. De acuerdo con esa
norma, los contribuyentes podían corregir sus declaraciones dentro del año
siguiente, término que respecto de la declaración de corrección se contaría a partir
de la fecha de presentación de dicha declaración. La fecha de la corrección
corresponde al 31 de marzo de 2017 y la última declaración de corrección fue
presentada el 26 de marzo de 2018, es decir, dentro del término dispuesto en el
artículo 589 aplicable al caso concreto.
Y como en este caso, dentro del plazo legal, la DIAN no negó la procedencia de la
declaración de corrección del 26 de marzo de 2018, se produjo un silencio
administrativo a favor de la demandante.
La sentencia atacada no debió limitarse al examen del tiempo trascurrido entre la
fecha establecida para presentar la declaración y el momento de presentación de la
última declaración de corrección, con lo que validó las actuaciones omisivas de la
autoridad tributaria.
TRÁMITE PROCESAL EN SEGUNDA INSTANCIA
La demandada no intervino en la oportunidad prevista en el artículo 247, numeral
4º, del CPACA, modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021.
El Ministerio Público no rindió concepto en esta instancia.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
En los términos del recurso de apelación interpuesto por el demandante, la Sala
decide si procede la excepción de falta de título ejecutivo formulada por INAMEC en
el proceso de cobro coactivo que la DIAN inició en su contra.
Conforme con el estudio que a continuación se hace, se confirma la sentencia
apelada.
En materia tributaria, el procedimiento administrativo de cobro está regulado en el
Título VIII del Libro Quinto del Estatuto Tributario (artículos 823 a 843-2), y es el
artículo 823 ib4 el que confiere la potestad a la DIAN para adelantar dicho
4 ET, artículo 823. Procedimiento administrativo coactivo. Para el cobro coactivo de las deudas fiscales por
concepto de impuestos, anticipos, retenciones, intereses y sanciones, de competencia de la Dirección General
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procedimiento. Para dar inicio al cobro coactivo se expide el mandamiento de pago
en cumplimiento del artículo 826 ibídem5.
El mismo estatuto prevé que prestan mérito ejecutivo, entre otros, “Las liquidaciones
privadas y sus correcciones, contenidas en las declaraciones tributarias
presentadas, desde el vencimiento de la fecha para su cancelación” (artículo 828
numeral 1)
Y el artículo 831 numeral 7 del ET prevé como una de las excepciones contra el
mandamiento de pago la de“falta de título ejecutivo o incompetencia del funcionario
que lo profirió”.
Por su parte, el artículo 829-1 del ET señala que en el procedimiento administrativo
de cobro no pueden debatirse cuestiones que debieron ser objeto de discusión en
la vía gubernativa, como las relacionadas con la conformación misma del título
ejecutivo.
En este sentido, esta Sección ha señalado que “(…) la finalidad del proceso de cobro
coactivo es la efectividad de las obligaciones previamente definidas a favor del fisco,
y no la declaración o constitución de las mismas, ni mucho menos la revisión de
aspectos propios de la etapa de determinación del impuesto, como son los que
atañen a los elementos de la obligación tributaria.” 6
También ha precisado que las posibles objeciones que puedan surgir frente a la
legalidad de los actos de determinación del tributo que la administración tributaria
hace valer a través del proceso de cobro coactivo, debieron alegarse en sede
administrativa -y eventualmente en sede judicial- en la que se discutan los actos de
determinación del tributo7.
Solución del caso concreto. En el presente asunto, está acreditado que, el 15 de
abril de 2015, INAMEC presentó declaración de renta del año gravable 2014,
corregida voluntariamente el 31 de marzo de 2017. En dicha corrección, la actora
liquidó un impuesto a pagar de $1.039.192.000. Posteriormente, el 26 de marzo de
2018, la demandante corrigió nuevamente la declaración en la que liquidó un
impuesto a pagar de $17.344.000.
La DIAN inició el proceso administrativo de cobro contra INAMEC y el 9 de mayo de
2018 libró mandamiento para el pago del impuesto sobre la renta de 2014, con base
en la declaración de corrección de 31 de marzo de 2017, entre otras obligaciones.
de Impuestos Nacionales (Hoy UAE Dirección de Impuestos y aduanas nacionales), deberá seguirse el
procedimiento administrativo coactivo que se establece en los artículos siguientes.
5 ET, artículo 826. Mandamiento de pago. El funcionario competente para exigir el cobro coactivo, producirá
el mandamiento de pago ordenando la cancelación de las obligaciones pendientes más los intereses
respectivos. Este mandamiento se notificará personalmente al deudor, previa citación para que comparezca en
un término de diez (10) días. Si vencido el término no comparece, el mandamiento ejecutivo se notificará por
correo. En la misma forma se notificará el mandamiento ejecutivo a los herederos del deudor y a los deudores
solidarios.
Cuando la notificación del mandamiento ejecutivo se haga por correo, deberá informarse de ello por cualquier
medio de comunicación del lugar. La omisión de esta formalidad, no invalida la notificación efectuada.
PAR. - El mandamiento de pago podrá referirse a más de un título ejecutivo del mismo deudor.
6 Sentencia de 8 de marzo de 2019, Exp. 19001-23-33-000-2016-00145-01 (23392), C.P. Milton Chaves García.
En la que se citaron además las sentencias de la Sección Cuarta del 4 de octubre de 2018, Exp. 22450, C.P.
Julio Roberto Piza Rodríguez; del 26 de julio de 2018, Exp. 22031, C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez y del 1°
de junio de 2016, Exp. 20165, C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.
7 Ibídem.
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La actora propuso la excepción de falta de título ejecutivo pues la declaración de
corrección de 31 de marzo de 2017 fue reemplazada por la corrección de 26 de
marzo de 2018, en los términos del artículo 589 del ET, antes de la modificación de
la Ley 1819 de 2016.
En la Resolución 20180312000048 de 21 de agosto de 2018, la demandada negó
la excepción y ordenó seguir adelante la ejecución. Y, por Resolución
20180311000023 de 30 de octubre de 2018, confirmó la decisión al resolver el
recurso de reposición. Los actos que negaron la excepción de falta de título
ejecutivo son los que se atacan en esta oportunidad y la demandante insiste en que
no existe título ejecutivo respecto de la obligación de renta y complementarios del
año 2014, porque la segunda corrección, presentada el 26 de marzo de 2018,
reemplazó la primera corrección, de 31 de marzo de 2017.
En la demanda se aducen argumentos que atacan, en sí mismo, el título ejecutivo
que sirvió de fundamento para dictar el mandamiento de pago, por lo que la
sentencia de primera instancia advirtió que no es el procedimiento administrativo de
cobro coactivo la oportunidad para cuestionar los actos que sirvieron de título
ejecutivo, consideración que apoyó con algunos pronunciamientos de esta Sección
Cuarta.
Para la apelante, el Tribunal no tuvo en cuenta el segundo proyecto de corrección,
respecto del que se reclama la existencia de silencio administrativo positivo, y puso
en duda su validez, a pesar de que fue oportuna en los términos del artículo 589 del
ET, antes de ser modificado.
Al respecto, como lo advirtió el Tribunal, no es el procedimiento administrativo de
cobro el adecuado para atacar la conformación del título ejecutivo, mucho menos
para ahondar en las razones que tuvo INAMEC para corregir por segunda vez la
declaración inicial.
En este caso, la demandante intenta demostrar que el título ejecutivo (corrección de
31 de marzo de 2017) que sirvió de fundamento a la DIAN para librar orden de pago
respecto de la obligación por impuesto de renta año 2014 no es el correcto porque
para todos los efectos fue sustituido por la corrección de 26 de marzo de 2018, por
lo que el valor a pagar corresponde al registrado en la última corrección, es decir,
$17.344.000 y no al que figura en el mandamiento de pago, con base en la
corrección presentada el 31 de marzo de 2017.
La anterior discusión ya quedó resuelta, como se explica a continuación.
La demandante solicitó a la DIAN la declaratoria del silencio administrativo positivo
frente a la corrección a la declaración de impuesto de renta, año 2014, presentada
el 26 de marzo de 2018, solicitud que se negó en oficio del 11 de enero de 2019.
El oficio fue demandado por la actora y en fallo de 28 de octubre de 2021, el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B8, negó las
8 Exp. 25000-23-37-000-2019-00345-00
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pretensiones de la demanda. A su vez, en sentencia de 1 de junio de 2023, la Sala
confirmó la decisión y concluyó lo siguiente9:
“ […] la corrección del 26 de marzo de 2018, carece de efecto jurídico para
configurar el presupuesto material de la corrección voluntaria, esto es, la existencia
de una declaración pasible de corregirse, pues estaba desprovista del proyecto de
corrección exigido por el artículo 589 del ET, debidamente presentado, y que en
manera alguna puede entenderse suplido por la declaración electrónica radicada el
26 de marzo de 2018, independientemente de los fines correctivos que tuvo.
En consecuencia, como la citada corrección del 26 de marzo de 2018 no surte los
efectos jurídicos de la declaración de corrección del artículo 589 ib, la solicitud de
declaratoria de silencio administrativo positivo queda desprovista de objeto material
y, por tanto, el acto demandado mantiene la presunción de legalidad que lo ampara,
independientemente de las razones sustanciales que motivaron el intento de
corrección y que, a la postre, son propias del proceso de determinación oficial del
tributo. En consecuencia, por las razones expuestas, se confirmará la sentencia
apelada.”
De la decisión de primera instancia da cuenta el fallo apelado para concluir que la
declaración privada y su corrección adquirieron firmeza y prestan mérito ejecutivo.
Y que no procede pronunciarse sobre la legalidad de los actos que constituyeron el
título ejecutivo. Para la fecha de la sentencia apelada [28 de abril de 2022], aún no
se había dictado la de segunda instancia en el proceso que buscaba la declaratoria
del silencio administrativo positivo.
En los anteriores términos, existe una decisión judicial debidamente ejecutoriada10
en la que se advirtió que respecto de la declaración de renta de 2014 presentada
por INAMEC, el término de firmeza venció el 15 de abril de 2017, lapso en el que
se había presentado la declaración de corrección de 31 de marzo de 2017, en la
que se liquidó un valor a pagar de $1.039.192.000. Es ese valor el que la DIAN
cobra en el mandamiento de pago de 9 de mayo de 2018, por concepto de impuesto
de renta de 2014 ($989.457.000) y sanción ($49.735.000) relacionados en ese acto.
Así que la DIAN tuvo como título ejecutivo la declaración de corrección de 31 de
marzo de 2017.
Y en atención a que precisamente en otro proceso judicial ya fue resuelta la
discusión sobre tener como válida la corrección de 26 de marzo de 2018, no
prospera la excepción de falta de título ejecutivo, por cuanto existe un título ejecutivo
en firme, esto es, la corrección presentada el 31 de marzo de 2017.
Aunado a que, en los términos del artículo 829-1 del ET, no es el trámite
administrativo de cobro el adecuado para exponer inconformidades frente a la
determinación del tributo o la legalidad del acto que sirvió de título ejecutivo.
Las razones anteriores son suficientes para confirmar la sentencia apelada. No
prosperan los cargos de apelación, dado que no se desconoció el debido proceso,
el fallo apelado se sustentó en debida forma y no corresponde en este proceso
pronunciarse sobre las fechas en las que transcurrió el término de firmeza de la
9 CP Stella Jeannette Carvajal Basto
10 Según se observa del oficio de 15 de junio de 2023 de la Secretaria de la Sección Cuarta del Consejo de
Estado en el que se comunica a la DIAN que la sentencia de 1º de junio de 2023, en el proceso 25000-23-37-
000-2019-00345-01 (26958), quedó ejecutoriada el 14 de junio de 2023, a las 5:00 p.m. Indíce 22 de SAMAI.
9
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Radicado: 25000-23-37-000-2019-00161-01 (27466)
Demandante: INAMEC S.A.S.
FALLO
declaración privada de renta de 2014 ni la validez de la segunda corrección, pues
como se indicó, esa discusión ya quedó resuelta.
Condena en costas. No se condena en costas en esta instancia, pues conforme
con el artículo 188 del CPACA11, en los procesos ante esta jurisdicción, la condena
en costas, que según el artículo 361 del CGP incluye las agencias en derecho, se
rige por las reglas previstas el artículo 365 del Código General del Proceso, y una
de estas reglas es la del numeral 8, según la cual “solo habrá lugar a costas cuando
en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación”,
requisito que no se cumple en este asunto.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
1. CONFIRMAR la sentencia apelada.
2. No condenar en costas en esta instancia.
3. Reconocer personería al abogado Joel Antonio Tamayo García para actuar en
representación de la DIAN, en los términos y para los fines del poder visto en el
índice 30, SAMAI.
Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al Tribunal de
origen. Cúmplase.
La anterior providencia se estudió y aprobó en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA
Presidenta
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILSON RAMOS GIRÓN
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
11 CPACA. artículo 188. Condena en costas. “Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del
Código de Procedimiento Civil”.
10
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