Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2019-00189-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2019-00189-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 25000-23-37-000-2019-00189-01
Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto
9 de febrero de 2023
Radicación: 25000-23-37-000-2019-00189-01 (27115)
Demandante: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ ESP
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Bogotá D.C., nueve (9) de febrero de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 25000-23-37-000-2019-00189-01 (27115)
Demandante: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ
ESP
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DOMICILIARIOS - SSPD
Temas: Contribución especial para empresas prestadoras de servicios
públicos domiciliarios año 2018. Base gravable.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, contra la
sentencia del 8 de julio de 20221, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, que en la parte resolutiva dispuso:
«PRIMERO: Se DECLARA la NULIDAD PARCIAL de la Liquidación Oficial
2018534260100027E de 3 de agosto de 2018 por medio de la cual la
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS liquidó la
contribución especial del año 2018 por el servicio de aseo a cargo de la EMPRESA DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ S.A. ESP y la NULIDAD TOTAL de las
resoluciones SSPD-20185300121215 del 25 de septiembre de 2018 y SSPD-
20185000129815 de 1 de noviembre de 2018 que decidieron los recursos en sede
administrativa, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de esta
providencia.
SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho se determina que la obligación a
cargo de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ S.A. ESP
por concepto de la contribución especial del año 2018, por el servicio de aseo, asciende a
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATROMIL OCHOCIENTOS
CINCUENTA Y CINCO PESOS ($5.434.855), de acuerdo a la liquidación incluida en la
parte motiva de esta providencia.
TERCERO: ÓRDENASE a la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DOMICILIARIOS DEVOLVER a la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
DE BOGOTÁ S.A. ESP, el pago en exceso por concepto de la contribución especial del
año 2018, por el servicio de aseo, la suma de MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS
MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL PESOS ($1.472.815.000), debidamente
indexados y con la liquidación de los intereses previstos en el artículo 634 del Estatuto
Tributario.
CUARTO: NIEGÁNSE las demás pretensiones de la demanda.
QUINTO: Sin costas en esta instancia.»
ANTECEDENTES
El artículo 85 de la Ley 142 de 1994 prevé una contribución especial a favor de la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (en adelante SSPD), con el fin
de recuperar los costos de los servicios de control y vigilancia que presta a las
entidades sometidas a su regulación.
1
Índice 2 Samai.
1
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Radicación: 25000-23-37-000-2019-00189-01 (27115)
Demandante: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ ESP
La contribución debe liquidarse y pagarse anualmente, conforme con las reglas
establecidas en la norma anteriormente mencionada, y no puede superar el 1% de los
gastos de funcionamiento de la entidad contribuyente en el año anterior a aquel en el
que se hace el cobro, de acuerdo con los estados financieros puestos a disposición de
la Superintendencia.
Mediante la Resolución SSPD 20185300100025 del 30 de julio de 2018, la SSPD fijó
la tarifa de la contribución especial para el año 2018, a cargo de las entidades
sometidas a su inspección, control y vigilancia.
El 3 de agosto de 2018, a través de la Liquidación Oficial 20185340029566
2018534260100027E, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios liquidó
la contribución especial de la vigencia 2018, a cargo de la empresa demandante, en
cuantía de $1.472.815.0002.
Previa aplicación del pago anticipado hecho el 30 de enero de 2018 por valor de
$152.005.000, la liquidación fijó como total a pagar la suma de $1.320.810.000.
Contra la anterior liquidación, la actora interpuso los recursos de reposición y en
subsidio de apelación3, los cuales se resolvieron mediante las Resoluciones SSPD
20185300121215 del 25 de septiembre de 20184 y SSPD 20185000129815 del 1 de
noviembre de 20185, respectivamente, en el sentido de confirmar el acto impugnado.
DEMANDA
La demandante en ejercicio del medio de control previsto en el artículo 138 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), formuló
las siguientes6:
«PRIMERA: Que se declare la nulidad del oficio con radicado 20185340029566 del 3
agosto de 2018, correspondiente a la Liquidación Oficial de la Contribución Especial del
año 2018, a cargo de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP, emitido
por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, por valor de
$1.320.810.000,oo por el servicio público domiciliario de aseo.
SEGUNDA: Que se declare la nulidad de la Resolución No. SSPD-20185300121215 del
25 de septiembre de 2018 – Expediente 2018534260100027E por la cual la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios resuelve el recurso de reposición
interpuesto contra la Liquidación Oficial No. 20185340029566 del 3 de agosto de 2018
del año 2018 y concedió el recurso de apelación.
TERCERA: Que se declare la nulidad de la Resolución No. SSPD-20185000129815 del
1º de noviembre de 2018, “Por la que se resuelve un recurso de apelación”, expedida
por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.
CUARTA: Que como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del
derecho, se ordene a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios:
a. Que excluya de la base gravable de la contribución especial del año 2018 (Por
concepto de servicio público domiciliario de aseo), los conceptos de la cuenta 75 porque
no corresponden a gastos según lo ordenado por el artículo 85.2 de la Ley 142 de 1994.
Es decir, que se disminuya de la base gravable las cuentas de gastos que erradamente
la SSPD incluyó para el cálculo de la mencionada contribución.
2
Fls. 48 a 49 c.p.
3
Fls. 50 a 58 vto. c.a.
4
Fls. 38 a 46 c.p.
5
Fls. 33 a 37 c.p.
6
Fls. 1 vto. a 2 c.p.
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Demandante: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ ESP
b. Que reintegre a la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ
ESP la suma de $1.320.810.000,oo, correspondiente al mayor valor pagado por la EAAB
ESP, por concepto de la Contribución Especial del año 2018, o la que se haya pagado
en exceso, calculados sobre la base de que no constituyen gastos de
funcionamiento, ajustada con base en el IPC, más los intereses moratorios a que
haya lugar, de conformidad con el artículo 192 del CPACA, intereses que se generan
desde el día siguiente a la ejecutoria de la sentencia que ponga fin al proceso, hasta la
fecha efectiva en que se realice la devolución de los montos cancelados por concepto
de la mencionada contribución en exceso.
QUINTA: Que se condene en costas, gastos y agencias en derecho a la parte
demandada.»
La demandante invocó como normas violadas los artículos:
• Artículos 95-9, 338 y 363 de la Constitución Política
• Artículo 712 del Estatuto Tributario
• Artículos 85 y 85.2 de la Ley 142 de 1994
Sobre el concepto de la violación, la demandante expuso lo siguiente:
La SSPD vulneró el principio de legalidad y excedió las facultades otorgadas por el
artículo 85.2 de la Ley 142 de 1994, al incluir costos de producción -cuenta 75- en la
base de liquidación de la contribución especial del año 2018; los actos acusados
adolecen de falsa motivación, desviación de poder y desconocieron el concepto de
gastos de funcionamiento fijado por el Consejo de Estado al ampliar la base gravable
de la contribución y; la adopción de las Normas Internacionales de Información
Financiera -NIIF- no cambia los fundamentos orientadores de la contabilidad, ni el
concepto de costos y gastos.
OPOSICIÓN
Es legal la inclusión de los gastos operativos en la base de la contribución especial de
la Ley 142 de 1994 cuando está probado un faltante presupuestal, sin que se
desconozca el artículo 85 ib, ni exista falsa motivación de los actos o vulneración al
principio de legalidad. La apropiación presupuestal fijada para la entidad por el año
2018 está amparada en el principio de legalidad del gasto, de manera que su ejercicio
por parte de la SSPD no vulnera el artículo 338 de la Constitución Política. Las cuentas
del grupo 75 -que la demandante se opone a su integración en la base gravable de la contribución-
fueron materia de análisis por el Consejo de Estado en relación con las vigencias 2016
y 2017, cuya conclusión fue que tales conceptos sí podían incluirse de manera
excepcional, en casos de faltante presupuestal.
AUDIENCIA INICIAL
Mediante auto del 5 de abril de 2022, el a quo prescindió de las audiencias inicial y de
pruebas, y se corrió traslado a las partes para que presentaran los alegatos de
conclusión. El litigio se concretó en determinar la legalidad de los actos administrativos
acusados.
SENTENCIA APELADA
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, anuló
parcialmente los actos demandados y no condenó en costas, con fundamento en lo
siguiente:
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El Consejo de Estado estudió la legalidad de la Resolución SSPD 20185300100025 del
30 de julio de 20187, que fijó la tarifa de la contribución especial por ese año gravable,
y anuló parcialmente el artículo segundo al precisar que las cuentas - servicios personales,
generales, arrendamientos, honorarios, servicios públicos y seguros - no son gastos de
funcionamiento asociados al servicio, sino gastos operativos que no están autorizados
por la ley para integrar la base gravable de la contribución especial.
Comoquiera que los actos acusados que determinaron la base gravable a la
demandante carecen de sustento legal, al ser declarada nula la norma en que se
fundamentó la SSPD para su expedición, se debe reliquidar la contribución especial
para excluir las cuentas mencionadas.
A título de restablecimiento del derecho, se ordena a la SSPD devolver a la actora la
suma de $1.472.815.0008, junto con la indexación correspondiente y los intereses
moratorios según lo previsto en el artículo 634 ET.
RECURSO DE APELACIÓN
La demandada interpuso recurso de apelación, con fundamento en lo siguiente:
Los actos demandados no excedieron la facultad prevista en la Ley 142 de 1994 y se
ajustan a las definiciones de gastos y criterios de reconocimiento contenidos en las
Normas Internacionales de Información Financiera, que se delimitan en función de los
cambios de activos y pasivos, y no de los flujos de efectivos generados por ellos9.
Todos los rubros incluidos en la base gravable de la contribución corresponden a
gastos de funcionamiento de acuerdo con la definición que ha adoptado el Consejo de
Estado y, cuando exista faltante presupuestal la ley permite adicionar los gastos
operativos en la misma proporción en que sean indispensables para cubrir dicho
faltante.
TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
La demandante no se pronunció sobre el recurso de apelación dentro de la oportunidad
prevista en el artículo 247 numeral 4 del CPACA, modificado por el artículo 67 de la
Ley 2080 de 2021. El Ministerio Público rindió concepto en el que solicitó revocar la
sentencia apelada porque, en su entender, los actos están debidamente motivados.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
Se discute la legalidad de los actos administrativos que determinaron la contribución
especial para el año 2018, a cargo de EMPRESA DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ ESP.
En los términos del recurso de apelación presentado por la parte demandada,
corresponde establecer sí -como lo señaló la entidad demandada- con la adopción de las
Normas Internacionales de Información Financiera -NIIF-, la SSPD podía incluir los
rubros de «servicios personales, generales, arrendamientos, honorarios, servicios públicos y
seguros» en la base gravable de la contribución especial del año 2018.
7
Sentencia del 12 de noviembre de 2020, exp. 24498, CP. Milton Chaves García.
8
Valor calculado por el a quo sobre la base de la liquidación, el cual no fue cuestionado por la entidad demandada.
9
Si bien este argumento no se planteó en la contestación de la demanda, fue el fundamento de los actos demandados.
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Demandante: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ ESP
Para el efecto, se reiterará, en lo pertinente, el análisis efectuado por la Sala en la
sentencia del 12 de noviembre de 202010, en la cual se resolvió la legalidad del artículo
segundo de la Resolución SSPD 20185300100025 del 30 de julio de 2018, que fijó la
base gravable de la contribución especial de la vigencia 2018.
En el presente caso, la SSPD sostiene que con la adopción de las NIIF se amplió el
concepto de gastos que impactó en la base gravable de la contribución del año 2018,
y que todos los gastos incluidos en la referida base gravable corresponden a gastos
de funcionamiento. En contraposición, la actora señala que las NIIF referidas no
establecen información para los reguladores -como es el caso de la SSPD- ni le
permite desconocer el criterio de gastos de funcionamiento señalado por la
jurisprudencia.
Sobre este punto en particular, contrario a lo señalado por la SSPD, la Sección precisó
en la sentencia reiterada que «el cambio o la ampliación del concepto de gasto en las normas de
información financiera -NIIF- no se traduce en el desuso del concepto de gasto de funcionamiento
que establece la norma para efectos fiscales desaparezca para el año en discusión, y por el contrario,
al no ser un concepto considerado contablemente incluso en la normas de información financiera, se
debe acoger la definición de gastos de funcionamiento desarrollada vía jurisprudencia11 para
determinar la contribución». Se resalta.
En ese orden de ideas, no le asiste razón a la demandada, puesto que, en la sentencia
traída a colación se realizó el análisis correspondiente a la entrada en vigencia de las
Normas Internacionales de Información Financiera -NIIF- y su impacto en la
determinación de la base gravable de la contribución especial para la vigencia del año
2018, así como la inclusión de gastos operativos en la base gravable aludida y se
concluyó que «[…] la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios desconoció el principio
de legalidad al ampliar la base gravable de la contribución especial, prevista en el artículo 85.2 de la
Ley 142 de 1994, e interpretó en forma errónea esa norma, lo que hace imperioso su anulación
parcial frente a los rubros que no corresponden a gastos de funcionamiento.» Se resalta.
Como consecuencia de la anulación parcial de la norma acusada, se excluyeron de la
base gravable de la contribución discutida, los rubros de: i) Servicios personales, ii)
Generales, iii) Arrendamientos, iv) Licencias, contribuciones y regalías, v) Órdenes
y contratos de mantenimiento y reparaciones, vi) peajes terrestres, vii) honorarios,
viii) servicios públicos, ix) materiales y otros gastos de operación, x) seguros y xi)
órdenes y contratos por otros servicios. La referida resolución, quedó así:
«Artículo 2°. Base para fijar la liquidación de la contribución especial. Base para la liquidación de
la contribución especial de la vigencia 2018. Los conceptos que integrarán la base gravable de
la contribución especial de la vigencia 2018, por representar salidas de recursos para lograr el
funcionamiento del prestador y por encontrarse relacionados con la prestación del servicio sujeto
a la inspección, vigilancia y control de la Superservicios, de acuerdo con la taxonomía para fines
de presentación y lo señalado en la parte considerativa de la presente resolución, son:
(+) Gastos de administración (-) Impuestos.»
La Sección ha señalado que en los casos en que se anula el acto administrativo de
carácter general que reglamenta la base gravable de la Contribución Especial del
artículo 85 de la Ley 142 de 1994, se afectan las situaciones jurídicas no
consolidadas12.
Frente a los efectos de las sentencias de nulidad de los actos administrativos de
carácter general, la Sala ha precisado «que son inmediatos frente a las situaciones jurídicas no
10
Exp. 24498, CP. Milton Chaves García. Reiterada en sentencias del 11 de agosto y del 15 de septiembre de 2022, exps. 26574
y 26707, CP. Stella Jeannette Carvajal Basto.
11
Sentencia del 23 de septiembre de 2010, exp. 16874, CP. Martha Teresa Briceño de Valencia.
12
Ver entre otras: Sentencias del 12 de diciembre de 2018, exp. 22381, CP. Julio Roberto Piza Rodríguez, del 2 de mayo de
2019, exp. 22161, CP. Stella Jeannette Carvajal Basto y del 15 de abril de 2021, exp. 25089, CP. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
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Demandante: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ ESP
consolidadas, esto es, aquellas que se debaten o son susceptibles de debatirse ante las autoridades
administrativas o ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, toda vez que cuando se define la
situación jurídica particular y concreta, la norma que debía tenerse en cuenta para resolver el caso
resulta inaplicable porque fue anulada».13
En el caso bajo examen, la situación jurídica de la demandante no se encuentra
consolidada porque se discutió en sede administrativa, mediante el ejercicio de los
recursos procedentes contra la liquidación oficial, y en sede judicial, con la presente
demanda.
Ahora, en el expediente consta que los actos administrativos de carácter particular
acusados determinaron el valor del tributo a cargo de la demandante por el año 2018,
adicionando a la base gravable de la contribución especial los gastos operativos -
servicios personales, generales, arrendamientos, honorarios, servicios públicos y seguros-, según lo
establecía la redacción original del artículo 2 de la Resolución SSPD 20185300100025
del 30 de julio de 2018.
En este orden, comoquiera que la sentencia del 12 de noviembre de 202014 tiene
efectos inmediatos en este caso, no es procedente la liquidación del tributo a cargo de
la demandante adicionando los gastos operativos mencionados, con lo cual, se
descartan los cuestionamientos expuestos por la SSPD y el Ministerio Público.
Por lo anterior, no prospera la apelación de la demandada. No obstante, se modificará
el restablecimiento del derecho, en aplicación del inciso tercero del artículo 187
CPACA y conforme al precedente reiterado de la Sección15, dado que el valor a
devolver debe reintegrarse ajustado -teniendo en cuenta los pagos a cargo de la actora
a que haya lugar- con base en el índice de precios al consumidor -IPC-, según el inciso
final del artículo 187 ib. y, respecto de la suma actualizada proceden intereses
moratorios, en los términos de los artículos 192 y 195 del CPACA.
En consecuencia, se modificará el ordinal segundo de la parte resolutiva de la
sentencia apelada y, en su lugar, se ordenará el reintegro de $1.472.815.00016
ajustados con base en el IPC, junto con los intereses moratorios, de conformidad con
lo previsto en los artículos 187, 192 y 195 del CPACA. En lo demás, se confirmará.
Finalmente, de conformidad con lo previsto en los artículos 188 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 365 del Código
General del Proceso17, no se condenará en costas (agencias en derecho y gastos del
proceso), comoquiera que no se encuentran probadas en el proceso.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por
autoridad de la ley,
13
Entre otras, ver sentencias del 23 de julio de 2009, exp. 16404, CP. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas; del 11 de marzo de
2010, exp. 17617, CP. Martha Teresa Briceño de Valencia; del 16 de junio de 2011, exp. 17922, CP. William Giraldo Giraldo; del
3 de julio de 2013, exp. 19017, CP. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez; del 26 de febrero de 2014, exp. 19684, CP. Martha Teresa
Briceño de Valencia y del 8 de febrero de 2018, exp. 21803, CP. Milton Chaves García.
14
Exp. 24498, CP. Milton Chaves García.
15
Ver entre otras, sentencia del 17 de junio de 2021, exp. 24759, CP. Stella Jeannette Carvajal Basto.
16
Monto no cuestionado por la SSPD.
17
CGP. «Art. 365. Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia en
la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: 1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien
se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto.
Además, en los casos especiales previstos en este código. 5). En caso de que prospere parcialmente la demanda, el juez podrá
abstenerse de condenar en costas (…) 8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la
medida de su comprobación».
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Demandante: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ ESP
FALLA
1.- MODIFICAR el ordinal segundo de la parte resolutiva de la sentencia del 8 de julio
de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta,
Subsección B, el cual queda así:
SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho, ORDENAR a la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios reintegrar a la sociedad
demandante la suma de $1.472.815.000, ajustada con base en el IPC, junto con
los intereses moratorios, de conformidad con lo previsto en los artículos 187, 192
y 195 del CPACA, de conformidad con lo previsto en la parte considerativa de esta
providencia.
2.- CONFIRMAR en lo demás la sentencia apelada.
3.- Sin condena en costas en esta instancia.
Notifíquese, comuníquese y devuélvase al Tribunal de origen. Cúmplase.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRÓN
Aclara voto
7
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