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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2019-00204-01

Fecha
1 de agosto de 2024
Consejero ponente
Myriam Stella Gutierrez Arguello

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2019-00204-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA 1. Confirmar la sentencia 12 de mayo de 2022, en la que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A. 2. Sin condena en costas en esta instancia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 25000-23-37-000-2019-00204-01

Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello

1 de agosto de 2024

Radicado: 25000-23-37-000-2019-00204-01 (27776)
Demandante: CSS Constructores S.A.

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá D.C., primero (01) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación 25000-23-37-000-2019-00204-01 (27776)
Demandante CSS CONSTRUCTORES S.A.
Demandado DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES, DIAN
Temas: Impuesto a la renta para la equidad CREE Año 2014. Motivación
de los actos administrativos. Adición de ingresos por seguros
colectivos de pensiones. Sanción por inexactitud.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en
contra de la sentencia del 12 de mayo de 2022, corregida mediante auto del 5 de
mayo de 2023, en la que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Cuarta, Subsección A, resolvió:
«PRIMERO: DECLARAR LA NULIDAD PARCIAL de la Liquidación Oficial de Revisión No.
900009 del veintiocho (28) de noviembre de 2017, proferida por la División de Gestión de
Fiscalización de la Dirección Seccional de Impuestos de Grandes Contribuyentes de la DIAN,
por medio de la cual se modifica la declaración del impuesto sobre la renta para la equidad -
CREE del afio(sic) gravable 2014; y la Resolución No. 012009 del veintiséis (26) de noviembre
de 2018, por medio de la cual se resuelve el recurso de reconsideración, confirmando la
Liquidación Oficial de Revisión, conforme con lo expuesto en la parte motiva de la presente
providencia.
SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho, TENER como liquidación del Impuesto
de Renta para la Equidad CREE de la sociedad CSS CONSTRUCTORES S.A. la efectuada
por esta Corporación y que obra en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: No se condena en costas a la parte vencida, conforme lo expuesto en la parte
motiva de la presente providencia. (…)». (Énfasis del texto original).

ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA

Previo requerimiento especial1 y su correspondiente respuesta2, la DIAN expidió la
Liquidación Oficial de Revisión Nro. 900009 del 28 de noviembre de 2017, mediante
la cual modificó la declaración del impuesto a la renta para la equidad CREE del
año 2014 de la sociedad CSS Constructores S.A. La modificación consistió en la
adición de renta líquida gravable por concepto de activos omitidos y de ingresos
brutos, lo que provocó un mayor impuesto a cargo y la imposición de la sanción por
inexactitud, liquidada a la tarifa del 100%.

El 23 de enero de 2018, la demandante presentó recurso de reconsideración en
contra de la liquidación oficial, el cual fue resuelto por la DIAN mediante la
Resolución Nro. 012009 del 26 de noviembre de 2018, en el sentido de confirmar el
acto recurrido.
1 Requerimiento Especial Nro. 900001 del 27 de febrero de 2017.
2 Fls. 308 a 321 de los antecedentes administrativos.
1

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Radicado: 25000-23-37-000-2019-00204-01 (27776)
Demandante: CSS Constructores S.A.

ANTECEDENTES DEL PROCESO

Demanda

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
contemplado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), la parte demandante solicitó, previo
al trámite respectivo3, declarar:
«1. La nulidad de la Liquidación Oficial de Revisión N° 900009 del 28 de noviembre de 2017,
proferida por la División de Liquidación de la Dirección Seccional de Impuestos de
Grandes Contribuyentes y la Resolución N° 012009 del 30(sic) de noviembre de 2018,
expedida por la Subdirección de Gestión de Recursos Jurídicos de la Dirección de
Gestión Jurídica de la DIAN, que la confirmó.
2. Como consecuencia de la declaración anterior, a título de restablecimiento del derecho
solicito se declare que CSS CONSTRUCTORES S.A. NIT 832.006.599-5, no está
obligada a pagar el mayor impuesto (sic) del impuesto sobre la renta para la equidad
CREE del año gravable 2014, ni la sanción de inexactitud, liquidados en los actos
demandados, y se declare la firmeza de la declaración de corrección del mencionado
impuesto y periodo gravable, presentada por la sociedad con formulario N°
1402602776042 DEL 1° de septiembre de 2015».

A los anteriores efectos, la demandante invocó como normas violadas los artículos
6, 29, 95 (numeral 9), 121 y 338 de la Constitución Política, 111, 126-1 (parágrafo
2), 239-1, 647, 712 y 730 del Estatuto Tributario, 20 a 27 de la Ley 1607 de 2012,
376 de la Ley 1819 de 2016 y la Resolución Nro. 34 del 27 de marzo expedida por
la DIAN.
El concepto de violación4 se resume así:
1. Falta de competencia de la DIAN para modificar la declaración del CREE
del año gravable 2014
Señaló que el artículo 26 de la Ley 1607 de 2012 fue derogada por el artículo 376
de la Ley 1819 de 2016, sin establecer ninguna norma de transición o salvedad. En
ese sentido, afirmó que, a partir de la vigencia de esa última norma, la DIAN perdió
la competencia para investigar, determinar, controlar y aplicar sanciones en materia
de CREE. A estos efectos, citó las sentencias C-319 de 2007 y T-027 de 2005 de la
Corte Constitucional. Así mismo, adujo que, como para cuando se expidieron el
requerimiento especial (27 de febrero de 2017) y la liquidación oficial de revisión (24
de noviembre de 2017) la Administración ya había perdido competencia, con la
actuación demandada también se infringieron los artículos 6, 29 y 121 de la
Constitución.
Con fundamento en esas disposiciones superiores, expresó que las normas que
regulan la competencia de los servidores públicos son imperativas y de
interpretación restrictiva, de manera que un funcionario público no puede por auto
atribuirse una competencia no prevista por la Constitución o por la Ley al momento
de ejercerla, pues ello atenta contra los principios de legalidad y seguridad jurídica,
y contra el debido proceso y el derecho de defensa. Sobre la falta de competencia
como causal de nulidad de los actos administrativos citó apartes de la sentencia del
12 de marzo de 2015 (Exp. 20151) del Consejo de Estado.

3 Fl. 63 del cuaderno principal.
4 Fls. 11 a 65 del cuaderno principal.
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Radicado: 25000-23-37-000-2019-00204-01 (27776)
Demandante: CSS Constructores S.A.

Afirmó que, lo cierto era que la DIAN modificó la declaración del CREE de la actora,
sin competencia para ello, pues esta fue derogada a partir del 29 de diciembre de
2016, cuando entró en vigor la Ley 1819 de 2016. En consecuencia, solicitó la
nulidad de los actos acusados, por incurrir en la causal de nulidad prevista en el
numeral 1 del artículo 730 del Estatuto Tributario.
2. Nulidad por falta de motivación
Dijo que la liquidación oficial vulneró su debido proceso porque no expresó los
fundamentos legales propios del CREE, previstos en la Ley 1607 de 2012, sino que
se basó en la liquidación oficial de revisión proferida para efectos de su impuesto
sobre la renta del año 2014, en la que se adicionaron los renglones de otros activos
e ingresos brutos no operacionales, a partir de las normas de ese impuesto, que no
con base en las del CREE.
Aseguró que esta situación constituye una falta de motivación, según lo exige el
artículo 712 del Estatuto Tributario, de ahí que se hayan configurado las causales
de nulidad de que tratan los numerales 3 y 4 del artículo 730 del Estatuto Tributario.
Nulidades que, indicó, son insubsanables y que lesionaron su debido proceso y su
derecho de defensa. Sobre la debida motivación de la liquidación oficial, citó las
sentencias del 18 de marzo de 2010 (Exp. 17452) y del 12 de noviembre de 2012
(Exp. 18422) del Consejo de Estado.
3. Improcedencia de la adición de la renta líquida del ejercicio con base en
el artículo 239-1 del Estatuto Tributario
Sostuvo que el artículo 239-1 del Estatuto Tributario no era aplicable al CREE, en
la medida en que, dentro del régimen de ese impuesto vigente para el 2014, no se
regulan los activos, de ahí que no hagan parte de la declaración privada (como lo
aceptó la DIAN en la resolución del recurso) ni influyan en la determinación del
tributo y, en todo caso, porque la mencionada norma sólo resulta aplicable para el
impuesto a la renta, pues no existe norma que autorice su aplicación en materia del
CREE.
4. Las primas pagadas por la actora para la adquisición del seguro colectivo
de pensiones no constituyen una inversión y por lo tanto no es
procedente la adición de ingresos
Relató que, mediante acta del 21 de diciembre de 2012, la Junta Directivas de CSS
aprobó un plan de pensiones voluntario a favor de ciertos trabajadores, a través de
la suscripción de una póliza colectiva. Que, por lo anterior, el 27 de diciembre de
2012, contrató una póliza de seguro de pensiones con Skandia Seguros de Vida
(hoy Old Mutual Seguros de Vida S.A.), por un valor total de $79.545.856.000 al 31
de diciembre de 2013, lo cual fue certificado por la aseguradora según documento
del 13 de abril de 2016.
Afirmó que, a la luz del artículo 261 del Estatuto Tributario, la póliza en mención no
constituye un bien o un derecho apreciable en dinero, pues se trata de un seguro
de pensiones, de manera que no hace parte del patrimonio del empleador. Precisó
que, de conformidad con la Ley 1607 de 2012 y los artículos 111 y 126-1 del Estatuto
Tributario, las cuotas o aportes pagados a compañías de seguros autorizadas por
la Superintendencia Financiera, en desarrollo de contratos para el pago de
pensiones de jubilación o los aportes a los seguros privados de pensiones,
constituyen un gasto deducible.

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Manifestó que la posición de la DIAN consiste en que la prima pagada por CSS
correspondiente a la póliza de seguro colectivo de pensiones no es un gasto, sino
una inversión, en la medida en que, según el clausulado de la póliza, esta es
revocable en cualquier momento, caso en el cual el capital retornará al tomador
junto con los rendimientos. Al respecto, advirtió que esta postura desconoce el
artículo 1071 del Código de Comercio, que permite la revocación unilateral de la
póliza en cualquier tipo de seguro, sin que esta facultad implique que la misma sea
una inversión.
Mencionó que el hecho de que los aportes efectuados a los seguros privados de
pensiones puedan retornar al empleador bajo ciertas condiciones, tampoco implica
que las cuotas o aportes pierdan la naturaleza de gasto. Aseguró que, de llegar a
ser cierta la posición de la DIAN, automáticamente todo seguro de pensiones se
convertiría en una inversión, lo cual no es lo que dice o pretende la Ley.
Aseveró que los fallos del Consejo de Estado citados en el recurso de
reconsideración resultan aplicables a este caso concreto, pese a que hagan
referencia a los fondos privados de pensiones, pues lo cierto es que el artículo 126-
1 del Estatuto Tributario también es aplicable a los seguros privados de pensiones.
En ese sentido, citó apartes de las sentencias del 24 de octubre de 2014 (Exp.
19052), del 6 de noviembre de 2014 (Exp. 19024) y del 16 de octubre de 2014 (Exp.
18704) del Consejo de Estado, bajo las cuales esgrimió que los aporte a los que se
refiere la anterior norma, ya sea a fondos de pensiones o a seguros privados, son
deducibles, no forman parte del patrimonio del empleador y que, el hecho de que
se le permita el retiro al empleador no implica que los mismos pierdan la naturaleza
de gasto deducible para convertirse en inversión.
Afirmó que la comparación que hace la DIAN en las páginas 18 a 20 de la resolución
del recurso, respecto de los fondos innominados de pensiones, no resulta aplicable
en este caso, pues la demandante nunca ha afirmado que se esté en presencia de
aportes a dichos fondos. En adición, dijo que la situación de las sentencias citadas
es idéntica a la de este caso, con la única diferencia de que la actora contrató un
seguro colectivo de pensiones, que también hace parte del régimen del sistema
general de pensiones.
En relación con la naturaleza del seguro de pensiones adquirido, hizo énfasis en
que según lo expuesto por la aseguradora en el Oficio Nro. LC-1191 del 17 de mayo
de 2017, el seguro colectivo contratado es un seguro de pensiones; que fue
expedido por la aseguradora en virtud de la Resolución Nro. S.B. 5148 del 31 de
diciembre de 1991 de la Superintendencia Financiera; que su objeto es cubrir a las
empresas que tienen a su cargo pensiones de naturaleza legal, extralegal o
voluntaria de los riesgos de extra longevidad de sus integrantes; que los integrantes
de la póliza deben estar plenamente individualizados, junto con las condiciones de
cada uno, de manera que se pueda hacer el cálculo actuarial que soporta la
cobertura otorgada por la aseguradora; que el tomador, la aseguradora y el
beneficiario deben acreditar el cumplimiento de los requisitos para la obtención de
la pensión, así como para la sobrevivencia del integrante, pues de lo contrario no
habrá lugar al pago de la pensión; que la prima que paga la contribuyente entra a
formar parte de las reservas de la aseguradora; que las utilidades generadas no son
puestas a su disposición y, por ende, fueron consideradas como si se hubieran
pagado primas adicionales; y que hubo rendimientos asignados a la póliza
contratada, los cuales corresponden a los rendimientos brutos que la reserva

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técnica generó y que, según la nota técnica de la póliza, eso incrementa la misma
reserva técnica, valor que no está a disposición o es utilizado por CSS.
En virtud de lo anterior, aseguró que no había duda de que el plan colectivo
contratado por la demandante correspondía a un plan de pensiones, a la luz del
artículo 95 de la Ley 100 de1993 y no que el seguro colectivo de pensiones por ella
ofrecido pertenecía a la parte V del Capítulo VI del Estatuto Orgánico del Sistema
Financiero, EOSF, como lo aseguró la Administración.
Afirmó que, contrario a lo manifestado por la DIAN en la resolución del recurso, el
hecho de que, con ocasión del seguro, la demandante obtuviera una utilidad no
desnaturaliza su condición de contrato de seguro de pensión para cubrir riesgos de
jubilación. Enfatizó en que el monto de la prima o el cálculo de la pensión no fue algo
que se hizo al azar, pues para ello se tuvo que individualizar a los integrantes de la
póliza, sobre los que recae el amparo (trabajadores de la actora), y para los cuales se
hizo el correspondiente cálculo actuarial.
Precisó que comoquiera que la aseguradora no sustituye al empleador en la
obligación de pagar la pensión de sus trabajadores, no existe una relación
contractual entre la aseguradora y los trabajadores. En consecuencia, en caso de
que se materialice el siniestro asegurado, esto es, la obligación de pagar la pensión
por parte de la actora (empleadora), será esta, como tomadora, quien deberá
informar a la aseguradora que se ha cumplido el siniestro, para que, a su vez, la
aseguradora afecte la póliza y pague le pensión correspondiente a su cargo.
Informó que, mediante la sentencia T-645 de 2013, la Corte Constitucional tuteló el
derecho fundamental a la seguridad social de uno de sus exempleados y le ordenó
a esta reconocerle y pagarle la pensión de vejez. Contó que, con fundamento en
ese fallo, la actora le informó a la aseguradora que era necesario incluir al
extrabajador como integrante de la póliza de seguro colectivo de pensiones y, en
consecuencia, instruyó a la aseguradora para que le girara mensualmente el pago
de la pensión. Sobre este asunto, informó que anexó a la demanda una certificación
de la aseguradora.
5. Los rendimientos financieros y la participación en utilidades hacen parte
de la reserva técnica del seguro adquirido, por lo que la adición de
ingresos es improcedente
Explicó que, con las primas pagadas, las aseguradoras tienen la obligación de
constituir una serie de reservas, que se integran a un fondo que será utilizado para
responder a los siniestro o indemnizaciones. Sobre este aspecto, citó un concepto
dado por FASECOLDA y el artículo 2.31.4.1.2. del Decreto 2255 de 2010. A su vez,
señaló que las reservas deben invertirse, según el régimen previsto en el decreto
mencionado, para que generen rendimientos que le permitan a la aseguradora el
pago de indemnizaciones futuras.
Sostuvo que los rendimientos y utilidades bajo análisis no constituyen ingresos para
CSS, susceptibles de incrementar su patrimonio, en la medida en que hacen parte
de las reservas que debe constituir la aseguradora y, por ende, no pueden
adicionarse a su declaración del CREE. Resaltó que, según certificación del 17 de
mayo de 2017 de la aseguradora, la actora no ha recibido ingreso alguno por esos
conceptos, en tanto que las utilidades del seguro y los rendimientos de las reservas
han sido aplicadas como primas adicionales de la póliza, de manera que han hecho
parte de las reservas técnicas de la compañía aseguradora.

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Adujo que, contrario a lo expuesto en los actos acusados, la certificación del revisor
fiscal de la aseguradora no informó sobre el valor de los ingresos obtenidos por la
demandante, sino de las transacciones registradas en la póliza por ella contratada.
Alegó que de esto también dejó constancia la aseguradora en la visita que la DIAN
le realizó el 27 de septiembre de 2017, en donde aclaró que en el evento de que se
generen rendimientos estos no se entregaban a la actora, sino que se acumulaban
a la reserva.
6. Improcedencia de la sanción por inexactitud
Señaló que no existió un hecho sancionable, en la medida en que en la declaración
privada de CREE no se registran activos, luego no puede ser sancionada por una
supuesta omisión de activos y, por lo mismo, no puede estar incursa en las causales
de inexactitud que contempla el último inciso del artículo 239-1 del Estatuto
Tributario.
Reiteró que la prima pagada por concepto del seguro colectivo de pensión de
jubilación no es una inversión, sino un gasto deducible, a la luz de los artículos 111
y 126-1 del Estatuto Tributario, aplicables al CREE por remisión expresa del artículo
22 de la Ley 1607 de 2012. Agregó que tampoco se omitieron ingresos en la
declaración del CREE, pues los valores por concepto de rendimientos y
participación de utilidades hacen parte de la reserva técnica de la compañía de
seguros, y no le son abonados o reintegrados.
Añadió que, aunque se encuentra demostrada la inexistencia del hecho
sancionable, en todo caso, las modificaciones efectuadas en los actos demandados
son consecuencia de errores de apreciación y de una indebida interpretación del
derecho aplicable por parte de la Administración, que no es constitutiva de
inexactitud, máxime cuando en este caso los hechos y cifras incluidos en el
denuncio privado son completos y verdaderos. Precisó que la diferencia de criterios
respecto del derecho aplicable se materializa en la interpretación de los artículos
239-1 del Estatuto Tributario y 20 al 27 de la Ley 1607 de 2012, así como de la
Resolución Nro. 34 del 27 de marzo de 2015 de la DIAN.
Oposición de la demanda
La parte demandada controvirtió las pretensiones de la demanda y solicitó que se
condenara en costas a la parte demandante5.
Sobre el cargo de nulidad por falta de competencia, afirmó que la tesis planteada
por la actora no es de recibo, porque cuando se expidió la Ley 1607 de 2012, que
otorgó la competencia a la DIAN para fiscalizar el CREE, se consolidó para la actora
el deber de contribuir a dicho impuesto hasta la fecha en que se profirió la Ley 1819
de 2016, y, por ende, para la vigencia 2014 la competencia de la Administración se
encontraba vigente.
Aseveró que, no se vulneró el artículo 6 de la Constitución ni la Ley 1819 de 2016,
puesto que su vigencia inició en enero de 2017, y el periodo investigado es el 2014.
Agregó que los funcionarios de la Administración aplicaron las normas de
conformidad con la expedición de la ley en el tiempo y que la fecha en la que se
expidieron el requerimiento especial y la liquidación oficial es irrelevante.

5 Fls. 268 a 288 del cuaderno principal.
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Esgrimió que si, en gracia de discusión, se aceptara que la derogatoria del artículo
26 de la Ley 1607 de 2012 provocó la pérdida de la competencia de la DIAN para
determinar, controlar y discutir el impuesto bajo análisis, debía tenerse presente
que, en todo caso, esa entidad tiene competencia para administrar todos los
impuestos internos del orden nacional cuya competencia no está asignada a otras
entidades del Estado. A estos efectos, citó los artículos 1 y 3 del Decreto 4048 de
2008.
Señaló que, de conformidad con el artículo 642 del Código General del Proceso,
que modificó el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, los términos que hubiesen
comenzado a correr (como los de firmeza de la declaración del CREE), se rigen por
la ley vigente al momento en que empezaron a correr. Por lo anterior, solicitó no
aceptar el cargo de la demanda.
Sobre el cargo de nulidad por falta de motivación, indicó que los actos acusados
expusieron las razones de hecho y de derecho que fundamentaron las
modificaciones realizadas a la declaración privada de la demandante. A estos
efectos, citó varios apartes de la liquidación oficial y de la resolución del recurso y
dijo que, contrario a lo expuesto por la actora, en los actos de determinación oficial
analizó los motivos de inconformidad presentados con ocasión de la respuesta al
requerimiento especial y demás elementos de juicio obrantes en el expediente, entre
ellos, las pruebas trasladadas del expediente que modificó la declaración de renta
del año 2014 de la demandante, en el que se estableció que las primas pagadas
con ocasión del seguro colectivo de pensiones constituyen una inversión, conforme
a lo previsto en el artículo 201 del ESOF.
Precisó que, atendiendo a que la póliza de seguros adquirida por la contribuyente
constituye una inversión que lleva consigo un porcentaje de participación para el
tomador, la DIAN puntualizó que la sociedad no había cumplido con el deber de
declarar e incluir dicha inversión en sus activos, aunado a los abonos en cuenta
realizados a su favor con ocasión de los rendimientos financieros y utilidades
generadas por la inversión. Por lo tanto, se concluyó que los rendimientos y
utilidades abonados hacen parte del patrimonio y, por ende, debían ser declarados,
de suerte que esta omisión, conllevó a la omisión de ingresos brutos operacionales,
conforme a los artículos 24, 25 y 26 del Estatuto Tributario.
Precisó que el artículo 239-1 del Estatuto Tributario sí es aplicable al CREE, con
fundamento en lo dispuesto en el Concepto Nro. 013675 del 12 de mayo de 2015,
y agregó que la actora debió acogerse a la normalización tributaria.
En ese orden de ideas, dijo que se encontraba probada la motivación de los actos
administrativos acusados, toda vez que en ellos se expusieron los fundamentos
fácticos y jurídicos que determinaron la adición de ingresos y de la renta líquida
gravable, por lo que el cargo de nulidad de la demanda no era procedente.
En cuanto a la improcedencia de la renta líquida del ejercicio, en virtud del
artículo 239-1 del Estatuto Tributario, adujo que el hecho generador del CREE y
del impuesto a la renta era el mismo y que, a la luz del artículo 22-4 de la Ley 1607
de 2012, al CREE le eran aplicables las normas del Estatuto Tributario que le fueran
compatibles, razón por la cual el artículo 239-1 ibidem sí resultaba aplicable.
Planteó que, comoquiera que la Administración encontró probada que la
demandante omitió declarar la inversión realizada en la póliza de seguro colectivo
de pensiones, es decir, que no declaró los activos de su propiedad, dicho valor fue

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adicionado a la renta líquida gravable del CREE, a la luz del artículo 239-1 ibidem y
del Concepto Nro. 013675 del 12 de mayo de 2015.
En cuanto a que las primas pagadas por la sociedad contribuyente no eran una
inversión, puntualizó que, aunque la póliza adquirida por la actora se haya
denominado seguro colectivo de pensiones, lo cierto era que, por sus condiciones
y características, correspondía a un seguro de vida de ahorro con participación. Lo
anterior, explicó, porque la demandante podía revocar o modificar la póliza en
cualquier momento y, además, porque tiene derecho a una utilidad retornable no
inferior al 70%, como se desprendía del certificado de retención en la fuente, visible
a folio 303 del expediente.
En ese sentido, argumentó que la póliza contratada por la demandante no era un
gasto sino una inversión, pues cumplía los requisitos del artículo 201 del ESOF,
porque tenía un retorno de utilidades.
Respecto a la aplicación del parágrafo del artículo 14 del Decreto 841 de 1998 y del
parágrafo segundo del artículo 126-1 del Estatuto Tributario, modificado por el
artículo 3 de la Ley 1607 de 2012, preciso que estas normas se referían a los aportes
voluntarios realizados a fondos de pensiones, por lo que no eran aplicables a las
primas por pólizas de seguros con participación, las cuales correspondía a una
inversión, conforme a lo indicado anteriormente.
En cuanto a las sentencias del 23 de octubre de 2014 (Exp. 19052), del 6 de
noviembre de 2014 (Exp. 19024) y del 16 de octubre de 2014 (Exp. 18704), advirtió
que se referían a la deducción de aportes innominados a fondos de pensiones, los
cuales tenían unas características especiales que diferían de la naturaleza jurídica
del seguro colectivo de pensiones contratado por la demandante, razón por la cual
no eran aplicables. Entre dichas características señaló que los fondos de que
trataban las sentencias no eran revocables, que los aportes debían permanecer por
5 años y que tienen un beneficiario, que siempre es una persona natural, y, por
tanto, se registran en una cuenta individual del trabajador para que constituyan una
deducción. Además, resaltó que las decisiones adoptadas en las providencias
mencionadas sólo producían efectos jurídicos entre las partes y no constituían un
precedente judicial, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 17 del Código
Civil.
Destacó que las certificaciones emitidas por la aseguradora Old Mutual Seguros de
Vida S.A., del 27 de diciembre de 2012, además de informar sobre los aportes
realizados, correspondientes al pago de la póliza de seguro colectivo de pensiones,
también discriminaron los rendimientos obtenidos por la demandante, la retención
en la fuente practicada, el cobro de comisiones por concepto de administración y
cobro de reservas por retiros. Todo lo cual, en su concepto, confirmaba la naturaleza
de inversión de la referida póliza.
Sostuvo que, contrario a lo señalado por la compañía aseguradora en el concepto
allegado con la respuesta al requerimiento especial, la póliza celebrada por la actora
pertenecía a los seguros especiales incorporados en la parte VI del capítulo VI del
ESOF.
Añadió que, el hecho de que el empleador fungiera como tomador, asegurador y
beneficiario de la póliza de seguro, así como la inexistencia de una relación
contractual entre la aseguradora y el trabajador, vislumbraban que el seguro
contratado por la demandante correspondía a un contrato de seguro de vida con

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participación en utilidades, que constituye una inversión. Lo anterior, en tanto que
se trata de un simple traslado de recursos a un seguro con el propósito de generar
rentabilidad, en el que el tomador funge como beneficiario y asegurado, y el
trabajador no hace parte de dicha relación contractual, por lo que, al no cumplirse
con el requisito previsto en el artículo 126-1 del Estatuto Tributario, esto es la
existencia de una persona natural que recibiera a futuro una prestación, resulta
improcedente la deducción del aporte efectuado en virtud de la póliza.
Puso de presente que aun cuando los pagos efectuados en virtud de la póliza fueran
contabilizados como gastos por la actora, lo cierto era que ello no desnaturalizaba
el hecho de que tales recursos constituyeran una inversión.
En lo que tiene que ver con el artículo 201 del ESOF y la posibilidad de contratar
seguros de vida con participación bajo la modalidad de seguros de pensión, con
fundamento en el Concepto Nro. 2003019252-6 del 16 de julio de 2003 de la
Superintendencia Financiera, precisó que el hecho de una figura jurídica sea
semejante a otra no la convierte en igual, por eso es que se profieren normas
especiales que regulan cada materia, normas que en conjunto con las tributarias,
que son de carácter especial, deben ser aplicadas en su integridad, sin que sea
necesario la aplicación de conceptos para entender su tenor literal. Explicó que el
concepto mencionado sólo reitera que en efecto la actora contrató un seguro de
participación, que constituye una inversión, conforme con el artículo 201 ibidem,
situación que también se desprendía del Oficio Nro. 2017140187-001-00 del 12 de
diciembre de 2017, expedido por la Superintendencia Financiera, y que fue
aceptada por el representante legal de la actora.
Indicó que el problema jurídico de la declaración de renta del año 2014 se
circunscribía a que los aportes realizados en el marco de la póliza de seguro
colectivo de pensiones no correspondían a aportes a fondos de pensiones, sino a
una inversión que representaba un activo para la demandante, lo cual también era
objeto de cuestionamiento en este caso.
Planteó que si bien el artículo 126-1 del Estatuto Tributario reconoce que el aporte
a fondos de pensiones es deducible y que se convierten en renta líquida cuando
son recuperados por el empleador, junto con los rendimientos, lo cierto era que este
supuesto de hecho operaba siempre que se tratara de aportes a fondos de
pensiones y no frente a los seguros de ahorros con participación de utilidades.
Señaló que la actora incurría en contradicción al decir que los recursos se
encontraban a disposición de los integrantes de la póliza como beneficiarios y no
del empleador, pues al concurrir las calidades de tomador, asegurado y beneficiario
en la propia demandante, era a esta a quien le correspondía hacer la reclamación
ante la aseguradora y pagar directamente al trabajador. Por lo tanto, expresó que
se desvirtuaba la tesis de la deducibilidad del supuesto gasto, en la medida en que
los recursos retornan al asegurado, en un porcentaje de no menos del 70% de la
utilidad originada en la inversión, lo que confirmaba que tales recursos eran una
inversión.
En ese orden, indicó que no era procedente que la póliza se hubiese registrado en
las cuentas de orden o activos contingentes 8195 “Diversas” y 8401 “derechos
contingentes”, como lo hizo la actora. Precisó que lo correspondiente era registrarla
en las cuentas del activo, porque la adquisición de la póliza en discusión sí afectaba
los estados financieros de CSS. Concluyó que la actora si había omitido activos y

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que, en consecuencia, procedía la aplicación del artículo 239-1 del Estatuto
Tributario.
Respecto a que los valores por concepto de rendimientos financieros y
participación de utilidades hacen parte de la reserva técnica del seguro
adquirido por la demandante, aseguró que una vez definido que la póliza
contratada por la actora constituía una inversión, lo cierto era que los rendimientos
y las utilidades derivados de esta constituían ingresos a favor de CSS, por lo que la
demandante había incurrido en omisión de ingresos al no incluirlos en su
declaración.
Reiteró que, como según la póliza contratada, la aseguradora se obligaba a
retornarle al asegurado no menos del 70% de la utilidad originada en la inversión, y
que este retorno podía realizarse a través de una disminución de las primas,
aumento de los valores asegurados aplicados a la adquisición de seguros
adicionales saldados o prorrogados, o abono a cuenta de los intereses (que
tendrían el mismo tratamiento de la reserva matemática), esto significaba que
siempre habría utilidades para la demandante, y no como pretende hacerlo ver esta,
al señalar que los réditos hacen parte de las reservas técnicas de la aseguradora.
Agregó que, conforme con la información suministrada por la aseguradora, la
inversión realizada por la actora a 31 de diciembre de 2014 ascendía a la suma de
$85.447.835.301, y aun cuando la contribuyente no ha retirado ningún valor, no
podía desconocerse que los abonos en cuenta se capitalizaron, lo que conllevó a
que el saldo final acumulado aumentara, razón por la cual no era de recibo el
argumento de la demandante según el cual el valor de la participación de utilidades
a primas en el año 2014 hacía parte de las reservas técnicas de la aseguradora.
Defendió la procedencia de la sanción por inexactitud puesto que estaba
probado que la demandante omitió registrar activos e ingresos en la declaración del
CREE del año 2014, lo que condujo a que declarara un menor impuesto a cargo,
todo lo cual configura una inexactitud sancionable a la luz de lo dispuesto en el
artículo 647 del Estatuto Tributario, sin que existiera una diferencia de criterios sobre
el derecho aplicable.

Sentencia apelada

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A6, anuló
parcialmente los actos administrativos demandados y, a título de restablecimiento
del derecho, liquidó el impuesto a la renta para la equidad CREE del año 2014 a
cargo de la actora, sin condenar en costas por no haberse causado7.

En relación con el cargo de nulidad referente a que los actos acusados habían
sido expedidos por funcionarios sin competencia, aseveró que el CREE fue
creado por medio de la Ley 1607 de 2012 y luego fue derogado por la Ley 1819 de
2016. Advirtió que, como el periodo fiscalizado y objeto de demanda es el 2014 y
que para ese periodo estaba vigente la Ley 1607 de 2012, la cual en el artículo 26

6 Índice 25 de SAMAI del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
7 Por medio del auto del 5 de mayo de 2023, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta,
Subsección A, corrigió el error meramente aritmético cometido en la sentencia de primera instancia,
específicamente, en cuanto a la cifra determinada en el renglón 53 total saldo a pagar por impuesto y anticipo
de la sobretasa, de la liquidación del impuesto a la renta para la equidad CREE del año 2014 de la sociedad
actora, efectuada por el Tribunal, a título de restablecimiento del derecho, en el sentido de que correspondía
a $29.985.667.000.
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otorgaba a la DIAN la capacidad para investigar, determinar, controlar, discutir,
devolver y cobrar este impuesto, no era predicable la falta de competencia en este
caso.

Explicó también que, si bien el requerimiento especial y la liquidación oficial se
expidieron con posterioridad a la vigencia de la Ley 1819 de 2016, para resolver
este problema jurídico, en principio, no era determinante la fecha de expedición de
los actos, sino el periodo fiscalizado, máxime cuando el cargo de nulidad bajo
análisis no se basó en la fecha de las declaraciones privadas, pues no se controvirtió
su firmeza, sino que, por el contrario, se fundamentó en que, para la fecha
expedición de los actos el legislador ya había derogado las normas relativas al
CREE. De esa manera, reiteró que la competencia que la Ley 1607 de 2012 le
otorgó a la DIAN para fiscalizar el CREE del año 2014 no se extinguió con la Ley
1819 de 2016, por lo que la Administración estaba plenamente facultada para
proferir los actos administrativos demandados.

Respecto al cargo de falta de motivación, fundamentando en que los actos
demandados se basaron en la liquidación oficial de revisión expedida para el
impuesto a la renta del año 2014, con lo cual se desconoció la independencia de
ambos procedimientos, el Tribunal señaló que, contrario a lo manifestado por la
demandante, los actos acusados no carecían de motivación. Esto, porque la
Administración indicó que la razón por la cual procedía la modificación en CREE era
por la omisión de activos de la actora, en relación con la inversión realizada en el
seguro colectivo de pensiones, para lo cual transcribió apartes de la liquidación
oficial de revisión del impuesto a la renta del año 2014 que se refería al mismo tema.

Precisó que no era necesario que en los actos acusados se hubieran citado las
normas que regulan el CREE, pues no fue objeto de discusión el hecho generador
ni la sujeción pasiva, sino el que se adicionaran ingresos producto de la adición de
los activos omitidos en la declaración de renta de 2014, todo lo cual repercutía en
los ingresos declarados en la declaración del CREE del mismo periodo gravable.

En cuanto a los cargos sobre la adición de activos, bajo la indebida aplicación
del artículo 239-1 del Estatuto Tributario, y a la naturaleza de los aportes
pagados por la actora con ocasión de la póliza de seguro colectivo de
pensiones (i. e. activo vs deducción), indicó que los analizaría de forma conjunta
teniendo en cuenta la unidad argumentativa de los mismos.

Se refirió a la sentencia del 20 de agosto de 2021, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca dentro del Expediente Nro. 250002337-000-2019-
00205-00, que consideró aplicable porque, si bien en esa providencia se discutió la
declaración de renta y patrimonio de la actora, correspondía a los mismos periodos
gravables, monto en discusión, contrato de seguro y a igual alegaciones tendientes
a demostrar que el valor adicionado correspondía a una deducción y no a una
inversión.

En ese sentido, al igual que en dicha providencia, concluyó que el seguro no
constituía un gasto deducible, sino una inversión respecto de la cual se obtienen
utilidades y rendimientos. Para llegar a esta conclusión, citó apartes de la
providencia mencionada, en los que se señaló que los contratos privados de
seguros de pensiones no tienen retorno de utilidades por participación, tanto así,
que el artículo 126-1 del Estatuto Tributario dispone que la deducción se da por las
contribuciones que realicen los empleadores a los fondos de pensiones de
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jubilación, y que si bien también se da respecto de los seguros privados de
pensiones, estos deben ser otorgados por empresas autorizadas por la
Superintendencia Financiera para administrar pensiones obligatorias de que trata la
Ley 100 de 1993, condición que no cumplía la aseguradora, según lo expuso en una
visita realizada por la DIAN.

En adición, expuso que, aunque el artículo 126-1 del Estatuto Tributario también
prevé que constituye renta líquida gravable para el empleador los rendimientos que
se hubieran obtenido, cuando no hay lugar al pago de pensiones a cargo de dichos
fondos, tal presupuesto no era aplicable a este caso, por cuanto la póliza adquirida
no corresponde a un contrato de seguros de pensiones, puesto que el beneficiario
no son los trabajadores de la actora, sino ella misma y, además, porque la
aseguradora no está autorizada para administrar pensiones obligatorias.

Sin perjuicio de lo anterior, también procedió a analizar si la adición de activos era
procedente, teniendo en cuenta que en la declaración del CREE no se reportan
activos, por lo que, en principio, el artículo 239-1 del Estatuto Tributario no sería
aplicable. Para esto, luego de referirse al hecho generador y a la base gravable del
CREE, así como al artículo 22-1 de la Ley 1607 d 2012, adicionado por la Ley 1739
de 2014, precisó que el artículo 239-1 del Estatuto Tributario no era aplicable al
CREE, pues así no lo previó expresamente el legislador.

Además, puso de presente que la DIAN desconoció que para el año 2014 el artículo
22-4 de la Ley 1607 de 2012 no se encontraba vigente, pues fue adicionada con la
Ley 1739 del 23 de diciembre de 2014, a través de la cual, en el artículo 39, el
legislador dispuso que el impuesto complementario de normalización tributaria
debía incluirse al CREE. Por lo tanto, concluyó que, antes de la Ley 1739 de 2014,
no era predicable la inclusión de activos omitidos como renta líquida en la
declaración del CREE, tal y como ocurrió en este caso.

En ese sentido, precisó que, si bien el pago de la prima realizada con ocasión del
contrato de seguro colectivo de pensiones era una inversión y no un gasto
deducible, la adición de los activos como renta líquida gravable no podía realizarse
en la declaración del CREE, en virtud del artículo 239-1 del Estatuto Tributario, de
manera que era improcedente esta adición en los actos demandados.

En cuanto a la adición de ingresos referentes a los rendimientos financieros y
a si la participación de utilidades hacía parte de la reserva técnica del seguro
adquirido, indicó que, en la resolución del recurso de reconsideración, la DIAN
informó que la aseguradora certificó que, en el año 2014, con ocasión de la Póliza
Nro. 500002695920, la actora, en su condición de tomadora, obtuvo participación
en utilidades por valor de $523.486.811, suma respecto de la cual se practicó
retención en la fuente en los años 2013 y 2014. De igual forma, se dijo que el revisor
fiscal de la aseguradora indicó que en los años 2012 a 2014 la demandante obtuvo
rendimientos en virtud del seguro mencionado por $7.995.834.808 y que la
aseguradora cobró comisiones por concepto de administración en los años 2013 y
2014 por $1.553.689.920, y por reserva de retiros $883.791.279, todo lo cual
evidenciaba que a la actora le fueron abonados en la cuenta de su póliza los
rendimientos obtenidos.

Advirtió que, en la cláusula décima del contrato de seguro se pactó que, una vez
renovada la póliza, el tomador tendría derecho a recibir el valor neto de la reserva
matemática y las correspondientes utilidades. Agregó que, conforme con el
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clausulado de la misma póliza, los rendimientos y las utilidades hacían parte de la
reserva matemática de la aseguradora, por cuanto la demandante no había
solicitado ningún retiro, como se aseguró en la demanda y lo certificó la
aseguradora, pero que, como esos rendimientos y las utilidades fueron abonados
en la cuenta de la póliza de la actora, incrementando así el valor de la inversión
inicial, dichos recursos sí constituyeron un ingreso para esta.

En esa medida, concluyó que los rendimientos y utilidades obtenidos en el año
2014, y abonados a la inversión, debieron registrarse como un ingreso,
contablemente y en la declaración del CREE del 2014, sin que sea una justificación
para no hacerlo el hecho de que dichas utilidades hagan parte de la reserva
matemática de la aseguradora, pues como lo certificó esta última «lo obtenido en el año
2014 si bien no ha sido objeto de retiro, constituye parte de la inversión, en ese orden, constituye un
incremento o capitalización de lo inicialmente pagado por concepto de dicha póliza».

En cuanto a la sanción por inexactitud, consideró que era aplicable, pues se
acreditó que la actora dejó de tributar sobre unos ingresos brutos, sin que se
advirtiera una diferencia de criterios en la interpretación de las normas aplicables o
una indebida valoración probatoria al momento de imponer la sanción, sino la
aplicación objetiva de la norma que la regula. En todo caso, advirtió que reduciría
proporcionalmente la penalidad en relación con los cargos de nulidad que
prosperaron y precisó que, se aplicó la tarifa del 100% prevista en la Ley 1819 de
2016.

Recurso de apelación

La demandante8 apeló la sentencia de primera instancia para que se revoque y, en
su lugar, se acceda totalmente a las pretensiones de la demanda. A estos efectos,
precisó que estaba de acuerdo con la sentencia de primera instancia, en cuanto
declaró improcedente la adición de $79.545.856.000 en el renglón 37 de la
declaración del CREE de 2014 y al levantamiento de la sanción por inexactitud en
la suma de $7.159.127.000, como consecuencia de ese reconocimiento.

En primer lugar, se opuso a la expuesto por el Tribunal sobre la competencia de la
DIAN para fiscalizar el CREE del año 2014, para lo cual advirtió que el artículo 26
de la Ley 1607 de 2012 era una norma de procedimiento, la cual fue retirada con la
expedición de la Ley 1819 el 29 de diciembre de 2016, de manera que no se podía
omitir la voluntad del legislador de eliminar, a partir de esa fecha, la competencia de
la DIAN para investigar, fiscalizar, determinar, controlar y discutir el CREE e imponer
sanciones relacionadas con ese impuesto.

Sostuvo que el hecho de que el CREE se encontrara vigente en el año 2014 no es
objeto de la litis. Que lo que ha cuestionado es la competencia de la DIAN para
modificar y fiscalizar la declaración privada de ese periodo con posterioridad al año
2016, pues la norma que le confería tal facultad fue derogada a partir del 29 de
diciembre de 2016, de manera que la DIAN tenía hasta antes de esa fecha para
actuar válidamente. Señaló entonces que, para cuando se expidieron los actos
acusados, la Administración ya no tenía competencia puesto que las normas de
procedimiento son de aplicación inmediata y, las actuaciones se iniciaron después
del 29 de diciembre de 2016.

Resaltó que, contrario a lo expuesto por el Tribunal y por la DIAN, lo determinante
8 SAMAI del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, índice 28.
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no era que la competencia estuviera vigente en el año gravable fiscalizado, sino al
momento de ejercerla, esto es, al momento de iniciar las diligencias de fiscalización
frente a la declaración del CREE del año 2014. Sobre el efecto inmediato de las
normas procedimentales, citó el Concepto Nro. 020434 del 8 de abril de 2002. Así
mismo, volvió a referirse a la sentencia C-816 del 2011 de la Corte Constitucional y
citó varias sentencias del Consejo de Estado sobre la causal de nulidad de falta de
competencia de los actos administrativos9. De igual forma, se refirió a la sentencia
T-13 (sic) del 28 de febrero de 2008 de la Corte Constitucional.

Manifestó que no había lugar a la aplicación de la supuesta competencia residual
de que tratan los artículos 1 y 3 del Decreto 4048 de 2008 a la que hizo referencia
la demandada en la contestación de la demanda y respecto de lo cual el Tribunal
guardó silencio. A estos efectos, citó la sentencia C-319 de 2007 de la Corte
Constitucional y esgrimió que las normas mencionadas reglamentan el ejercicio de
las funciones asignadas a los funcionarios y dependencias de la DIAN dentro del
marco de la competencia otorgada por la ley a esa entidad, y comoquiera que, en
este caso, la Ley 1819 derogó la competencia que la Ley 1607 le había otorgado a
la Administración no hay lugar a ejercer tal competencia residual. Y, en todo caso,
advirtió que el reglamento no puede prevalecer frente a la ley.

Puso de presente que, los actos acusados no se fundamentaron en los artículos 1
y 3 del Decreto 4048 de 2008, de ahí que no fuese cierto lo expuesto en la
contestación de la demanda y que, en sede administrativa, nunca se alegó la
supuesta competencia residual prevista en esas normas. De ahí que ese argumento
vulnera el principio de lealtad procesal y el debido proceso.

En segundo lugar, reiteró el cargo de nulidad por falta de motivación con
fundamento en que los actos acusados no se basaron en las normas de la Ley 1607
de 2012 que regulan el CREE, sino que se limitaron a transcribir las páginas 23 a
33 de la liquidación oficial de revisión del 28 de noviembre de 2017, proferida en
contra de la demandante respecto del impuesto sobre la renta del año 2014.
Situación que, a su parecer, vulnera la letra g.) del artículo 712 del Estatuto
Tributario.

En adición, puso de presente que el propio Tribunal reconoció que la liquidación
oficial no señaló cuáles fueron las normas supuestamente infringidas en CREE que
llevaron a la DIAN a modificar la declaración privada. Adicionalmente, adujo que no
era cierto que no se estuviera discutiendo el hecho generador del CREE, pues
conforme con el artículo 22 de la Ley 1607 de 2012, este lo constituye la obtención
de ingresos de conformidad con el artículo 23 ibidem. Sobre este asunto, citó las
sentencias del 24 de abril (Exp. 23350) y del 1 de agosto de 2019 (Exp. 21826) del
Consejo de Estado.

En tercer lugar, repitió que las primas pagadas por la adquisición del seguro
colectivo de pensiones constituyen un gasto y no una inversión. Aseveró que
se apartaba de lo expuesto por el Tribunal sobre esta cuestión, pues, a su parecer,
este cargo debió analizarse con fundamento en lo expuesto en la demanda y no
simplemente referirse a que existía un fallo proferido por ese mismo órgano judicial,
según el cual la póliza en comento era una inversión y no un gasto. Lo anterior,
porque son dos procesos completamente independientes en los que se discuten
9 Sentencias del 21 de junio de 2018, Exp. 7300123310002011005120, de la Sección Quinta del Consejo de
Estado y del 19 de septiembre de 2016, Exp. 11001032600020130009100 (47693) de la Sección Tercera
del Consejo de Estado.
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impuestos diferentes y, en todo caso, porque respecto del proceso identificado con
Exp. 25000233700020190020500, interpuso recurso de apelación, el cual cursa
actualmente en el Consejo de Estado, sin que a la fecha se haya proferido sentencia
definitiva.

En consecuencia, dijo que, por no haberse hecho un análisis de fondo respecto de
este cargo, se le vulneró su debido proceso y derecho de defensa, por lo que solicitó
que el Consejo de Estado sí lo analizara, de conformidad con el artículo 187 del
CPACA.

Informó que, en virtud de los artículos 111 y 126-1 del Estatuto Tributario, aplicables
en materia del CREE, solicitó como deducción en los años 2012 y 2013 lo pagado
por concepto de la póliza de seguro, sin que la DIAN modificara o cuestionara esas
declaraciones. A la luz de lo expuesto en esas normas, aseveró que los aportes
efectuados en seguros privados de pensiones son deducibles y por eso no pueden
ser una inversión, en la medida en que no representan bienes o derechos
apreciables en dinero.

Reiteró que el hecho de que se hubiera pactado un porcentaje de utilidades a su
favor, como tomador de la póliza, no desnaturalizaba que fuera una póliza de seguro
colectivo de pensiones, frente a lo cual citó el artículo 201 del ESOF. Con
fundamento en esa norma, dijo que los contratos de seguro de pensiones tienen
retorno de utilidades por expresa autorización legal, que las aseguradoras no sólo
tenían permitido otorgar participación de no menos del 70% del valor de las
utilidades obtenidas a los seguros de vida de ahorro, sino también este tipo de
seguros, es decir esa participación no estaba restringida para la modalidad de
seguros de pensiones.

Agregó que, con independencia de que la póliza contratada permitiera percibir
utilidades, las cuales, en este caso, hicieron parte de la reserva técnica de la
aseguradora, ello no desnaturalizaba el hecho de que el contrato fuera un seguro
de pensiones, tal y como lo señaló la Superintendencia Financiera en el Oficio Nro.
2017140187-001-00 del 12 de diciembre de 2017, al dar respuesta a los correos
electrónicos remitidos por la DIAN el 23 y el 24 de noviembre de 2017.

Esgrimió que el Tribunal no valoró ni se pronunció sobre la certificación contenida
en el Oficio Nro. LC-1191 del 17 de mayo de 2017, expedida por la compañía
aseguradora, lo cual demostraba que se estaba en presencia de una póliza de
seguro de pensiones que hace parte del régimen general de pensiones.

Aseguró que otra de las razones por las cuales la póliza contratada era un gasto y
no una inversión tenía que ver con el artículo 126-1 del Estatuto Tributario,
modificado por el artículo 3 de la Ley 1607 de 2012, el cual no condicionaba la
deducibilidad de los aportes a que el beneficiario fuese la misma sociedad
empleadora.

Puntualizó que el hecho de que la póliza pueda ser revocada por la actora no
desnaturaliza que, al tenor de los artículos 111 y 126-1 del Estatuto Tributario, se
esté en presencia de un gasto y no de una inversión, pues el artículo 1071 del
Código de Comercio permite la revocación unilateral de la póliza en cualquier clase
de seguro.

Aseveró que el hecho de que se pacte que los aportes efectuados a los seguros

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privados de pensiones pueden retornar al empleador bajo ciertas condiciones no
implica que las cuotas o aportes pierdan su naturaleza de gasto para el pago de
pensiones, para convertirse en una inversión, ya que esta situación se encuentra
regulada en el parágrafo del artículo 14 del Decreto 841 de 1998 y en el parágrafo
segundo del artículo 126-1 del Estatuto Tributario, según los cuales si los aportes
retornan al empleador los mismos son renta líquida en el año de la recuperación,
aspecto sobre el cual el Tribunal guardó silencio.

Señaló que en las sentencias del 24 de octubre de 2014 (Exp. 19052), del 6 de
noviembre de 2014 (Exp. 19024) y del 16 de octubre de 2014 (Exp. 18704), el
Consejo de Estado manifestó que los aportes a los que se refiere el artículo 126-1
del Estatuto Tributario constituyen gastos deducibles y no inversiones. Lo anterior,
con independencia de que el único beneficiario del fondo sea el mismo empleador
y este pueda retirar en cualquier tiempo el valor de los aportes realizados. Esto
porque si bien los aportes no constituyen bienes o derechos poseídos por el
empleador, ya que los beneficiarios finales son los trabajadores que se designan
como partícipes, mientras éstos no cumplan las condiciones establecidas en el plan,
los aportes integrarán el fondo.

Finalmente, se opuso a la imposición de la sanción por inexactitud. Destacó que,
contrario a lo dicho por el Tribunal, no se podía considerar que la actora había
omitido ingresos en la medida en que la prima pagada por concepto de la póliza de
seguro era un gasto, más no una inversión y, en todo caso, porque los rendimientos
financieros y las utilidades hicieron parte de la reserva técnica de la aseguradora, y
no fueron abonados o reintegrados a la sociedad demandante.

Agregó que si se está en presencia de una diferencia de criterios respecto del
derecho aplicable (artículos 111 y 126-1 (inciso primero) del Estatuto Tributario y 21 de la Ley
1607 de 2012) que por envolver aspectos netamente interpretativos y de apreciación,
no es constitutiva de inexactitud, máxime cuando los hechos y cifras declarados por
la actora son completos y verdaderos.

Oposición al recurso de apelación

La parte demandada no se pronunció sobre el recurso de apelación formulado por
su contraparte.

Concepto del Ministerio Público

El Ministerio Público no rindió concepto.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Corresponde a la Sección Cuarta del Consejo de Estado resolver el recurso de
apelación formulado por la parte demandante en contra de la sentencia de primera
instancia, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda,
encaminadas a obtener la nulidad de los actos administrativos mediante los cuales
la DIAN modificó la declaración del impuesto a la renta para la equidad CREE de la
sociedad CSS Constructores S.A. correspondiente al año gravable 2014 y le impuso
la sanción por inexactitud.

Antes de fijar el problema jurídico a resolver en esta instancia, la Sala pone de
presente que no es necesario pronunciarse sobre la adición en CREE de la renta
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líquida gravable por omisión de activos bajo el artículo 239-1 del Estatuto Tributario,
en la medida en que la sentencia de primera instancia declaró su improcedencia y
la parte demandada no apeló este aspecto, pese a tener interés para ello. Esta
decisión se toma en virtud de los artículos 320 y 328 del Código General del
Proceso, del principio de congruencia y del debido proceso de la parte demandante,
ahora apelante única.

Precisado lo anterior, atendiendo estrictamente a los términos del recurso de
apelación, los problemas jurídicos a resolver en esta instancia se concretan en
establecer si (i) los actos administrativos acusados son nulos por haberse expedido
sin competencia, en la medida en que se profirieron luego de que el artículo 376 de
la Ley 1819 de 2016, derogó el CREE, (ii) si procede la adición de ingresos por
concepto de rendimientos financieros y retiro de utilidades derivadas de la póliza de
seguro colectivo de pensiones, contratada por la actora con la aseguradora Old
Mutual Seguros de Vida S.A. y (iii) si procede la sanción por inexactitud.

1. Sobre la competencia de la DIAN para expedir los actos administrativos
acusados

La apelante única asegura que los actos administrativos demandados son nulos por
falta de competencia, dado que se expidieron luego de la vigencia del artículo 376
de la Ley 1819 de 2016 (29 de diciembre de 2016), que derogó el impuesto a la renta
para la equidad CREE y, en especial, la facultad de la DIAN para fiscalizar y
determinar oficialmente ese tributo, prevista en el artículo 26 de la Ley 1607 de 2012.

Para la Sala este cargo de la apelación no está llamado a prosperar. Obsérvese
que, por regla general, la ley regula los actos o hechos que se produzcan después
de su vigencia. Es decir, no tiene efectos retroactivos. Por lo tanto, no puede
producir efectos o influir sobre actos o hechos anteriores a su vigencia, ni sobre
derechos anteriormente adquiridos, lo cual constituye el principio de irretroactividad.

En ese orden de ideas, ninguna autoridad administrativa o judicial puede aplicar
retroactivamente una ley a un caso que se fundamenta en hechos previos a su
entrada en vigencia, salvo que, así lo haya autorizado el legislador, en forma
expresa y por cuestiones de orden público o interés general, o en los casos
constitucionalmente permitidos. Así mismo, y ligado al principio de irretroactividad,
encontramos que, se siguen aplicando normas que ya han sido derogadas, porque
son aquellas las que regulan los hechos ocurridos durante su vigencia
(ultraactividad).

En esas condiciones, y considerando que la declaración de CREE del año gravable
2014 presentada por la actora no había adquirido firmeza para el momento en que
se expidió el requerimiento especial (27 de febrero de 2017), es decir no había una
situación jurídica consolidada, para fiscalizar y determinar oficialmente el impuesto
de que trata esa declaración, la demandada debía aplicar las leyes vigentes en ese
periodo, en específico, la Ley 1607 de 2012, que regulaba los elementos esenciales
de ese tributo y, a su vez, le daba plena competencia para fiscalizarlo (artículo 26
ibidem).

Lo anterior por cuanto, la Sala concuerda con la sentencia de primera instancia en
que lo determinante en este caso no era la fecha de la expedición de los actos
demandados, sino que la declaración no se encontrara en firme, y, en esa medida,
la DIAN continuaba teniendo la competencia de fiscalizarla, aplicando la Ley 1607

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de 2012, a pesar de que el artículo 376 de la Ley 1819 de 2016 hubiera derogado
los artículos que creaban y regulaban el CREE.

En línea con lo anterior, esta Sección ha señalado que, en materia tributaria, la
actuación fiscal tendiente a la determinación del gravamen, empieza no en el
momento en que la administración comprueba la realización de un hecho irregular,
sino con la declaración tributaria y es a partir de esa fecha desde la cual comienza
a correr el término de fiscalización y determinación del tributo, por lo tanto el
procedimiento que lo gobierna es el vigente para ese momento, de conformidad con
lo consagrado en el artículo 40 de la Ley 153 de 188710, con lo cual la DIAN seguía
teniendo competencia en este caso.

Lo expuesto es suficiente para negar el cargo de la apelación.

2. Sobre la motivación de los actos administrativos acusados

La apelante asegura que la Administración incurrió en falta de motivación en la
medida en que, para adicionar los ingresos gravados en su autoliquidación del
CREE, los actos administrativos acusados no se basaron en las normas que regulan
ese tributo, sino en la liquidación oficial de revisión que se profirió respecto del
impuesto a la renta del año 2014 a su cargo. En adición, agregó que, contrario a lo
señalado en la sentencia impugnada, sí está en discusión el hecho generador de
ese tributo, en la medida en que se debate la adición de ingresos gravados en el
año 2014, razón por la cual sí era necesario que la Administración se refiriera a las
normas que regulan el CREE.

Para resolver este asunto, se pone de presente que el cargo de nulidad por «falta de
motivación» se basa en que los actos demandados no están debidamente
sustentados, en la medida en que, al parecer de la actora, estos no se refirieron a
las normas del CREE. En otras palabras, la motivación del acto se cuestiona por un
error de derecho11, por ausencia de relación entre la norma invocada por la DIAN
para modificar la declaración privada de la actora y los hechos objeto de su decisión
(impuesto a la renta para la equidad CREE).

En esas condiciones, la Sala precisa que el cargo bajo análisis no encuadra en la
causal de nulidad de falta de motivación, sino en la causal de falsa motivación. Esta
Sección12 ha explicado las diferencias entre estos dos cargos de nulidad y ha
destacado que son excluyentes, toda vez que «la falta motivación supone la absoluta
inexistencia de fundamentos para la decisión administrativa, en tanto la falsa motivación contradice
la certeza de la motivación existente» y, por ende, no pueden operar simultáneamente
respecto de una misma decisión administrativa.

Aclarado lo anterior, es necesario recordar que la motivación, como presupuesto de
validez de los actos administrativos, se refiere a los fundamentos de hecho y de
derecho en que se fundamenta la Administración para adoptar una determinada
decisión. Esta motivación debe obedecer a criterios de legalidad, certeza de los

10 Sentencia del 26 de septiembre de 1997, Exp. 8463, M.P. Julio Enrique Correa Restrepo.
11 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Sentencia del 23 de junio de
2011, Exp. 16090, C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas, reiterada en las sentencias del 4 de noviembre
de 2015, Exp. 21151, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia y del 7 de octubre de 2021, Exp. 23797, C.P.
Stella Jeannette Carvajal Basto.
12 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Sentencia del 7 de octubre de
2021, Exp. 23797, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto, reiterada en la sentencia del 7 de diciembre de
2023, Exp. 26361, C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
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hechos, debida calificación jurídica y, a su vez, debe ser cierta, clara, puntual,
objetiva y suficiente, al punto que justifique la expedición de los actos y que
suministre al administrado las razones de hecho y de derecho que provocaron su
producción.

Esta Sección ha considerado que la falsa motivación de los actos constituye una
violación del debido proceso y del derecho de defensa de los administrados, en
tanto les impida controvertir las razones y decisiones de las autoridades. De manera
coherente, el artículo 712 del Estatuto Tributario exige que las liquidaciones oficiales
contengan la «explicación sumaria de las modificaciones efectuadas, en lo concerniente a la
declaración». Por lo tanto, la falsa motivación de los actos de determinación oficial de
impuestos conducirá a la nulidad de la decisión cuando, para el contribuyente no
sea posible controvertir las modificaciones efectuadas a sus declaraciones, con
ocasión de la respuesta al requerimiento especial y el recurso de reconsideración.

Descendiendo al caso concreto, se observa que:

• En el Requerimiento Especial Nro. 900001 del 27 de febrero de 2017 consta que la
Administración propuso modificar la declaración de CREE presentada por la
demandante para el año 2014 y la imposición de una sanción por inexactitud, con
fundamento en que «Con base en el análisis y confrontación de los valores contabilizados y
los declarados por el contribuyente en la liquidación privada de corrección del Impuesto sobre
la Renta y Complementarios del año gravable 2014, de los documentos y pruebas obtenidas
en la investigación que se adelantó al contribuyente, se establecieron los siguientes hechos
que constituyen inexactitud (…)13 en la declaración tributaria que es objeto de debate en
este proceso.
La DIAN se refirió a la omisión del registro de una inversión correspondiente a primas
pagadas en un contrato de «seguro colectivo de pensiones», en su condición de
tomadora, asegurada y beneficiaria en los años 2012 y 2013, las cuales registró
contablemente en las cuentas de gastos y en las cuentas de orden de la contabilidad
como un activo contingente. La Administración consideró que, por las características
del mencionado contrato de seguro, este realmente debía encuadrarse en la
definición de activo, prevista en el artículo 35 del Decreto 2649 de 1993 (vigente para
el momento de los hechos). Lo anterior, máxime cuando le otorgaba a la actora el
derecho a participar en las utilidades generadas por las inversiones efectuadas por la
aseguradora en desarrollo del seguro colectivo y que tenía la facultad para retirar los
recursos invertidos en cualquier tiempo.
En concreto, frente a la adición de ingresos gravables, la demandada citó los artículos
24, 26 y 27 del Estatuto Tributario y enfatizó en que esa glosa era procedente puesto
que el revisor fiscal de la compañía aseguradora con la que se celebró la póliza de
seguro mencionada «registró ingresos por concepto de participación de utilidades y
rendimientos para la sociedad CSS CONSTRUCTORES S.A.S»14.
• Al contestar el acto preparatorio, la sociedad apelante planteó que no procedía la
adición de sus ingresos gravables en el CREE, por un lado, porque el tratamiento
tributario del «seguro colectivo de pensiones» que contrató a favor de sus empleados
era el de un gasto deducible, de conformidad con lo establecido en el artículo 111 del
Estatuto Tributario y, por el otro, porque los rendimientos y participaciones obtenidos
con ocasión de esa póliza de seguro hacían parte de la reserva técnica de la
compañía aseguradora.
• Luego de valorar lo expuesto por la actora, la Administración expidió la liquidación
oficial de revisión demandada, mediante la cual modificó la declaración privada de la

13 Página 3 del Requerimiento Especial Nro. 900001 del 27 de febrero de 2017.
14 Página 18 del Requerimiento Especial Nro. 900001 del 27 de febrero de 2017.
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demandante en los términos propuestos en el requerimiento especial. En ese acto
administrativo, expuso, en esencia, que al cotejar el anexo del portafolio de inversión
del «seguro colectivo de pensiones» se visualizaban las «tarifas por los diferentes tipos
de renta (…) lo que significa de manera terminante que el pago del aporte a dicha póliza
genera al tomador, asegurado y beneficiario, es decir para CSS CONSTRUCTORES S.A., una
rentabilidad, por lo que no entiende el Despacho la razón por la que el actor sigue insistiendo
que no se trata de una inversión, máxime, cuando la misma compañía aseguradora certifica
los rendimientos y retiro de utilidades generados por la inversión, tal y como lo certificado el
revisor fiscal de la compañía aseguradora (…)».
Adicionalmente, enfatizó que no era procedente el argumento de la actora según la
cual los rendimientos y utilidades habían sido aplicados como primas adicionales de
la póliza aseguro y, por eso, habían formado parte de las reservas técnicas de la
aseguradora, razón por la que no podían ser catalogados como ingresos, «ya que
cualquier abono en cuenta que se realice al aporte se constituye en un mayor valor, por lo que
tal como lo asegura el actor, CSS no ha retirado ningún valor, dichos abonos se capitalizaron
y se puede cotejar en el cuadro anterior donde se visualiza que a diciembre 31 de 2014, la
inversión del contribuyente asciende a la suma de $85.447.835.301»15. Sobre este asunto,
también volvió a citar los artículos 24, 26, 27 y 28 del Estatuto Tributario.
• La demandante presentó recurso de reconsideración16 en contra del acto de
determinación oficial y, en esencia, reiteró los argumentos de defensa expuestos en
la contestación del requerimiento especial, respecto de los cuales se pronunció la
Administración al decidir ese recurso, mediante la Resolución Nro. 012008 del 26 de
noviembre de 2018.

Atendiendo a todo lo expuesto, para la Sala es claro que no se presentó la falsa
motivación alegada por la apelante, por el hecho de que la DIAN haya sustentado
los actos administrativos demandados en los mismos fundamentos fácticos y
jurídicos que utilizó para modificar el patrimonio bruto y los ingresos declarados por
la actora en su declaración del impuesto a la renta del año 2014.
Esto es así, porque, como lo ha señalado la jurisprudencia de esta Corporación17 y
de la Corte Constitucional, aunque es cierto que el CREE es un tributo diferente al
impuesto a la renta, también lo es que ambos «comparten algunos elementos comunes,
como el hecho generador»18, el cual se concreta en la obtención de ingresos
susceptibles de aumentar el patrimonio líquido del contribuyente, que se hayan
realizado en el año gravable y que no estén expresamente exceptuados (artículos 21
y 22 de la Ley 1607 de 2012 y 26 y 27 del Estatuto Tributario).

En otras palabras, al igual que en el impuesto sobre la renta, la base imponible del
CREE corresponde a la renta líquida gravable del contribuyente, la cual debe
cuantificarse siguiendo las reglas previstas en el artículo 22 de la Ley 1607 de 2012,
que remite a las normas del Estatuto Tributario que regulan la renta líquida gravable
para efectos del impuesto a la renta. Lo anterior, evidencia que existe una identidad
en la noción de ingresos y de renta líquida gravable para el impuesto a la renta y
para el CREE, por lo que, para la Sala está conforme a derecho que la demandada
haya sustentado la adición de ingresos gravables con fundamento en los mismos
planteamientos de hecho y de derecho que motivaron su adición en la declaración
del impuesto a la renta del año gravable 2014.
No prospera el cargo de la apelación.

15 Página 18 de la liquidación oficial de revisión.
16 Fls. 430 a 450 de los antecedentes administrativos.
17 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Sentencia del 25 de abril de
2024. Exp. 26234. C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
18 Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-393 de 2016. M.P. Alberto Rojas Ríos.
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3. Sobre la adición de ingresos derivados del «seguro colectivo de pensiones»
por concepto de utilidades y rendimientos financieros

La apelante única se opone a la adición de los rendimientos financieros y de la
participación en utilidades decretada por la compañía aseguradora en virtud del
«seguro colectivo de pensiones» como ingresos operacionales gravados con el CREE.
Al respecto, asegura que esos factores carecen de la connotación de ingresos, en
la medida en que hacen parte de la reserva matemática de la compañía
aseguradora y, como tal, no incrementaron su patrimonio, sino que servían para que
la aseguradora cubriera el siniestro asegurado. Todo lo anterior, teniendo en cuenta
que el «seguro colectivo de pensiones» no constituye una inversión o activo, sino un
gasto deducible, a la luz de los artículos 111 y 126-1 del Estatuto Tributario.

En contraste, la demandada sostiene que esos rubros eran ingresos para la actora,
al margen de su capitalización en forma de nuevas primas, teniendo en cuenta que
el «seguro colectivo de pensiones» corresponde a inversión, en la medida en que
correspondía a una modalidad de seguro de vida de ahorro con participación, de
que trata el artículo 201 del ESOF y, en todo caso, porque la actora es la tomadora,
aseguradora y beneficiaria, por lo que sus trabajadores no tenían ningún derecho
derivado de la póliza. Además, resaltó que la actora podía retirar las primas pagadas
en cualquier tiempo, participaba en las utilidades generadas por la inversión del
seguro colectivo y pagaba la comisión a la aseguradora por la administración de los
recursos. Tesis que avaló el Tribunal de primera instancia.

Para resolver este problema jurídico, la Sala reiterará, en lo pertinente, el criterio
jurisprudencial expuesto en la sentencia del 11 de julio de 2024 (Exp. 26422, C.P. Wilson
Ramos Girón) por constituir un precedente aplicable, en la medida en que decidió una
controversia de iguales supuestos fácticos y jurídicos, entre las mismas partes,
respecto del impuesto sobre la renta del año gravable 2014.

Según el artículo 21 de la Ley 1607 de 2012, el hecho generador del CREE «lo
constituye la obtención de ingresos que sean susceptibles de incrementar el patrimonio de los sujetos
pasivos en el año o período gravable». A su turno, el artículo 22 ibidem, que regula la base
gravable del CREE, previó 3 requisitos para que un ingreso sea susceptible de ser
gravado: (i) la realización, (ii) que genere un incremento en el patrimonio y (iii) que
no esté exceptuado.

Para establecer cuando un ingreso se entiende realizado para efectos del CREE,
«es admisible acudir a las normas previstas en el Estatuto Tributario en materia del impuesto de
renta, que precisan cuándo el ingreso se entiende realizado fiscalmente» , debido a que, como
se señaló antes, ambos tributos comparten el mismo hecho generador19. Así, de
conformidad con la letra a) del artículo 27 del Estatuto Tributario (vigente en la época
de los hechos), para los contribuyentes obligados a llevar contabilidad, como es el
caso de la actora, por regla general, el ingreso realizado fiscalmente correspondía
al causado en el año gravable. El artículo 28 ibidem entendía causado un ingreso
«cuando nace el derecho a exigir su pago, aunque no se haya hecho efectivo el cobro» .

Ahora bien, para efectos de establecer si conforme con lo anterior, en el presente
caso la actora realizó un ingreso derivado de la póliza de seguros contratada con la
aseguradora Old Mutual Seguros de Vida S.A. debe determinarse en primer lugar
cuál es la naturaleza de la misma, toda vez que, según dictaminen las condiciones

19 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Sentencia del 25 de abril de
2024. Exp. 26234. C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
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específicas del seguro contratado, el contribuyente puede estar frente a un seguro
con componente de ahorro y participación, que tiene la naturaleza de inversión y es
susceptible de generar ingresos gravados en CREE o, frente a un seguro privado
de pensiones que no genera una inversión y cuyas primas son gasto deducible en
los términos de los artículos 111 y 126-1 del Estatuto Tributario, por remisión del
artículo 22 de la Ley 1607 de 2012.

Para estos efectos es importante mencionar que son seguros de vida con
componente de ahorro y participación (connotación que para las partes tiene el
seguro colectivo que constituye el objeto del debate20), los regulados en el artículo
201 del EOSF, y que corresponde a «aquellos contratos en los cuales la compañía
aseguradora se obliga a retornar al asegurado no menos del setenta por ciento (70%) de la utilidad
originada en la inversión de sus reservas matemáticas y técnicas» . Para el cálculo de dicha
utilidad se «tomarán en cuenta las primas emitidas, siniestros, incrementos de reserva, producto
de inversiones y costos de colocación y administración … La utilidad retornada a un asegurado
específico deberá ser proporcional a su contribución a ella» ; y podrá asumir una de las
siguientes formas: «a. disminución de las primas o pago en efectivo; b. aumento de valores
asegurados mediante aplicación a la adquisición de seguros adicionales saldados o prorrogados; y
c. abono a una cuenta con intereses, que tendrá el mismo tratamiento de la reserva matemática».

A su vez, sobre la reserva matemática de las compañías aseguradoras, el artículo
2.31.4.1.2 del Decreto 2555 de 201021 prevé que corresponde a «aquella que se
constituye para atender el pago de las obligaciones asumidas en los seguros de vida individual y en
los amparos cuya prima se ha calculado en forma nivelada o seguros cuyo beneficio se paga en
forma de renta».

Sobre lo anterior, y de acuerdo con el Concepto 2003019252-6, del 16 de julio de
2003 de la Superintendencia Financiera, esta Sala precisó22 que, un seguro de vida
con componente de ahorro y participación puede corresponder a un seguro privado
de pensiones, toda vez que el artículo 16 de la Ley 100 de 1993, permite a los
afiliados del Sistema General de Pensiones contratar o ser partícipes de planes
complementarios de pensiones, siendo en esta modalidad en la que se enmarcan
los aportes a seguros privados de pensiones.
Ahora bien, para efectos de determinar si se está en presencia de este tipo de
seguros, se debe analizar cuál es la naturaleza del riesgo cubierto, toda vez que no
es suficiente la denominación del seguro como “de pensiones”, y además porque
solo procede la deducción de la prima pagada bajo el artículo 126-1 del Estatuto
Tributario, y, por expresa remisión del artículo 22 de la Ley 1607 de 2012, en materia
de CREE, cuando el beneficiario sea el empleado y el riesgo asegurado consista en
la pérdida de la capacidad laboral por vejez o invalidez del empleado, o de quienes
le sobrevivan, en caso que ocurra su muerte; y que, por lo tanto, el pago de la
indemnización se realice por la aseguradora a favor del trabajador o de quienes le
sobrevivan. Esto, pues”
«no de otra forma, se garantiza que los empleados tengan derecho a un plan complementario
de pensiones que les permita recibir del seguro privado, el pago de un capital o de una renta
temporal o vitalicia por causa de vejez, invalidez o sobrevivencia»23.

20 Sobre esto, obsérvese que en la demanda la actora asegura que la modalidad de seguro de vida con
participación en las utilidades también comprende los seguros de pensiones. Así mismo, en la apelación
señala que, el hecho de que se hubiera pactado un porcentaje de utilidades a su favor, como tomador de la
póliza, no desnaturalizaba que fuera una póliza de seguro colectivo de pensiones, bajo el artículo 201 del
ESOF
21 Norma que también cita la demandante como aplicable a su caso.
22 En sentencia del 11 de julio de 2024, Exp. 26422, C.P. Wilson Ramos Girón.
23 Ibidem.
22

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Descendiendo al caso concreto, se observa que en el expediente se encuentran
acreditados los siguientes hechos:
• El 21 de diciembre de 2012, la junta directiva de la demandante aprobó la contratación
de un «seguro colectivo de pensiones», con el propósito de asegurar unas «pensiones
complementarias» para los trabajadores, garantizándoles una «pensión vitalicia nivelada,
es decir sin reajustes y pagadera hasta la fecha del fallecimiento del pensionado, por valor del
70% de la asignación salarial vigente al 30 de noviembre de 2012, la cual se empezará a pagar
a partir de la fecha en que cumpla 62 años de edad si se trata de trabajadores hombres y 57
años de edad si se trata de trabajadoras mujeres» . Al efecto, se dispuso que el plan de
pensiones sería «totalmente voluntario para la sociedad, que lo podrá revocar en cualquier
tiempo o mantenerlo, respecto de cualquier trabajador, dependiendo del desempeño hasta la
fecha que cumplan las edades aludidas y siempre que permanezcan vinculados bajo contrato
de trabajo con la sociedad»24. En el expediente no obra el referido plan de pensiones.

• Según certificación de la compañía aseguradora25, el 28 de diciembre de 2012 la
actora pagó una prima por valor de $49.545.856.355 y, según la carátula de la póliza
contratada26, esta se expidió el 8 de enero de 2013 con una vigencia desde el 28 de
diciembre de 2012 hasta el 27 de diciembre de 2013, con renovación automática por
periodos iguales. De acuerdo con el mismo documento, CSS es la tomadora,
asegurada y beneficiaria, a quien se le reconocieron los amparos de «pensión nivelada
de vejez, pensión nivelada de sobrevivencia o auxilio funerario» y un «porcentaje de
participación de utilidades (no inferior al 70%)» del 100%.

• El anexo de las condiciones generales del contrato de seguro establece las
definiciones para efectos de la póliza. En lo relevante a esta controversia, resultan
relevantes las siguientes:

«INTEGRANTES: son las personas naturales sobre las cuales recae o puede llegar a recaer
un amparo, sin que con ello surja una obligación contractual entre Skandia (la compañía de
seguros) y tales personas.
INTEGRANTE ACTIVO: Es el integrante que frente al Tomador y Asegurado no ha adquirido
la calidad de pensionado.
INTEGRANTE PENSIONADO: Es el integrante que con respecto al Tomador y Asegurado ha
adquirido la calidad de pensionado.
INTEGRANTES SOBREVIVIENTES: Son los integrantes sobre los que recae o puede llegar
a recaer un amparo, ante la muerte de un integrante pensionado. Estas personas son
determinadas en el anexo de cobertura»27.

• En línea con esas definiciones, la cláusula cuarta del anexo de las condiciones
generales del seguro estipula que «para cualquier modificación o adición de los integrantes
o las coberturas aseguradas bajo uno de los amparos, será indispensable la solicitud escrita
del Tomador y el pago de la prima adicional correspondiente, si a ello hubiere lugar» . Por su
parte, la cláusula sexta establece que los requisitos a partir de los cuales la
aseguradora asume «el pago de la cobertura asegurada en uno o varios amparos, serán los
establecidos en la carátula de la póliza». No obstante, la carátula de la póliza no contiene
las condiciones para adquirir la calidad de integrante, sino que para ese efecto se
remite al anexo de cobertura que no obra en el expediente. Para el pago de las
indemnizaciones, la cláusula octava del anexo de las condiciones generales señala
que el tomador, asegurado y beneficiario «deberá acreditar el cumplimiento de los
requisitos de pensionamiento y la sobrevivencia del integrante según corresponda» 28.

24 Fls. 195 a 196 de los antecedentes administrativos.
25 Fl. 156 de los antecedentes administrativos.
26 Fl. 337 de los antecedentes administrativos.
27 Fl. 545 de los antecedentes administrativos.
28 Ibidem.
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• La cláusula novena de las condiciones generales del contrato de seguro señala que
el tomador, asegurado y beneficiario tiene la potestad de «revocar en cualquier momento
el seguro mediante aviso escrito. Tal revocación podrá ser total o parcial, y en este último caso
Skandia expedirá un nuevo anexo de cobertura con las modificaciones correspondientes. La
revocación parcial podrá hacerse mediante la disminución de los valores asegurado o por la
exclusión de integrantes». Según la cláusula décima, en los casos de revocación total,
«el tomador, asegurado y beneficiario tendrá derecho a recibir el valor cesión o de rescate,
que corresponde al valor neto de la reserva matemática, más la participación de las utilidades
pendientes de pago, previo descuento de las retenciones tributarias a que haya lugar y de los
costos de administración causados y no descontados»29.

• Por último, la cláusula decima primera establece que la compañía de seguro
participará, anualmente, «al Tomador, Asegurado y Beneficiario de las utilidades que arroje
el Seguro Colectivo de Pensiones con participación, en forma proporcional a su contribución
a ellas (…) en el porcentaje determinado en la carátula de la póliza y de acuerdo con las
condiciones previstas en la nota técnica (…) El tomador, asegurado y beneficiario podrá
disponer de la participación liquidada según las siguientes opciones: - percibirla en efectivo; -
aplicarla al pago de primas adicionales. En caso de no indicarse la destinación de dicha
participación, esta será aplicada a la última opción».

• En reunión de la junta directiva de la demandante del 21 de noviembre de 201330, se
decidió «aumentar el seguro colectivo de pensiones, constituido desde el año pasado por
parte de la sociedad, en $30.000 millones adicionales» . Según certificación de la
aseguradora del 8 de enero de 201431, ese monto se pagó a la compañía aseguradora
el 23 y el 27 de diciembre de 2013, y conllevó la modificación de la carátula de la
póliza, para adicionarse la suma de $30.000.000.000 al valor asegurado; y para
prorrogar la vigencia hasta el 26 de diciembre de 2014, con renovación automática
por periodos de un año32. En el expediente no obran pruebas que demuestren los
motivos que conllevaron el pago de una prima ni estos fueron explicados por la
demandante.

• Para el año 2014, el representante legal y el revisor fiscal33, certificaron que «la póliza
se registró contablemente contra el gasto por seguros cuenta contable 513095 otros seguros
y su contrapartida Obligaciones financieras – Crédito Bancolombia en el año 2012 y 2013 se
registró Gastos por seguros contra bancos». A su vez, informaron que «La póliza en 2014
se encuentra registrada en cuentas de Orden Diversas, y se va actualizando el saldo de la
póliza según extracto bancario emitido por Skandia de forma mensual (…)».

• Para el mismo año gravable, de acuerdo con el libro mayor, la actora registró el monto
de las primas pagadas en la cuenta de orden Nro. 819505 «valores adquiridos por
recibir (seguro colectivo de pensiones)» por un saldo inicial de $79.865.378.56134,
más los movimientos débitos totales por $5.200.617.287,3635, y un saldo total de
$85.065.996.000 (según balance general36), y como contrapartida en la cuenta de
orden nro. 840101 «derechos contingentes por contra» un saldo inicial de -
$79.865.378.56137, movimientos créditos totales por $5.200.617.287,3638, y un saldo
total de -$85.065.995.848,7139.

• En el requerimiento especial, consta que la Administración consultó la información
reportada por terceros, y encontró que la compañía aseguradora informó para el año

29 Ibidem.
30 Fls. 197 a 198 de los antecedentes administrativos.
31 Fl. 342 de los antecedentes administrativos.
32 Fl. 342 vlto. de los antecedentes administrativos.
33 Fls. 149 a 151 de los antecedentes administrativos.
34 Fl. 23 de los antecedentes administrativos.
35 Fl. 156 de los antecedentes administrativos.
36 Fl. 47 de los antecedentes administrativos.
37 Fl. 23 vlto. de los antecedentes administrativos.
38 Fl. 156 de los antecedentes administrativos.
39 Fl. 46 de los antecedentes administrativos.
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gravable 2014, el pago de intereses y rendimientos a favor de la contribuyente por
$523.486.811 y retenciones en la fuente por $36.644.07740.

• Mediante escrito del 17 de mayo de 201741, la compañía aseguradora afirmó que el
seguro en cuestión corresponde a un «seguro de pensiones, registrado (…) bajo el ramo
de pensiones (hoy pensiones voluntarias)», cuyo objetivo es «cubrir a las empresas que
tienen a su cargo pensiones de naturaleza legal, extralegal o voluntaria, de los riesgos de
extralongevidad de sus integrantes» y, en el cual, el «tomador, asegurado y beneficiario es
la empresa que adquiere el seguro». Explicó que el seguro «no implica una novación de la
obligación a cargo del tomador, asegurado y beneficiario (empresa), pues esta mantiene las
obligaciones pensionales que pretende asegurar con sus empleados» , de suerte que, solo
ante la «ocurrencia de un siniestro (cumplimiento de las condiciones que dé lugar al pago de
la pensión), la Empresa tiene derecho frente a la compañía de seguros del pago del valor de
la indemnización».

• En ese mismo escrito, la compañía aseguradora certificó que los valores asociados a
la participación de utilidades correspondieron a la suma de $523.486.881,15 y que
«en la medida en que no fueron dispuestos por la compañía, fueron aplicados como pagos de
primas adicionales», los cuales «hacen parte de las reservas técnicas de la compañía» ; y
además señaló que durante el año 2014, se generaron rendimientos brutos asignados
a la póliza de la actora, por valor de $6.200.672.527,58 que corresponden a «los
rendimientos brutos de la reserva técnica del seguro emitido» a la actora42.

• Mediante requerimiento ordinario del 28 de octubre de 201643, la DIAN le solicitó a la
aseguradora información sobre las pólizas adquiridas por la contribuyente en el
periodo gravable o en periodos anteriores. El 21 de noviembre de 201644, la compañía
aseguradora respondió la solicitud de la Administración y respecto del «seguro
colectivo de pensiones de jubilación» contratado por la actora, señaló que, para el año
2014, se generó una participación de utilidades de $523.486.811,15, y se practicó una
retención en la fuente por valor de $36.644.076,78.

Adicionalmente, adjuntó una certificación de su revisor fiscal45 en la que indicó que
desde la expedición de la póliza hasta el mes de diciembre de 2014 la contribuyente
había realizado un total de aportes de $79.545.856.355; se obtuvieron rendimientos
por valor de $7.995.834.808; se practicaron retenciones en la fuente por valor total de
$38.214.101 (en abril de 2013 y 2014); se cobraron comisiones por administración
por $1.553.689.920; y reservas por retiros por $883.791.279.

A partir de la valoración de los anteriores elementos probatorios, que fueron
comunes al expediente relacionado con el impuesto sobre la renta del periodo 2014
de la actora, en la sentencia del 11 de julio de 2024 (Exp. 26422, C.P. Wilson Ramos
Girón) esta Sala concluyó que, debido a las condiciones del seguro colectivo
contratado por la apelante, las primas pagadas no tenían la connotación de gasto
deducible en los términos de los artículos 111 y 126-1 del Estatuto Tributario, todo
lo cual, resulta también aplicable en materia de CREE, por la remisión expresa que
el artículo 22 de la Ley 1607 de 2012 hace a esas dos normas. Por el contrario, se
concluyó que las primas correspondían al precio pagado por un seguro con
componente de ahorro y participación, de aquellos que trata el artículo 201 del
Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y, por consiguiente, este tenía la
naturaleza de inversión, susceptible de generar ingresos gravados para la actora.

40 Fl. 283 de los antecedentes administrativos.
41 Fls. 173 a 174 del cuaderno principal.
42 Fl. 174 del cuaderno principal.
43 Fls. 95 a 98 de los antecedentes administrativos.
44 Fl. 99 de los antecedentes administrativos.
45 Fls. 100 a 103 de los antecedentes administrativos.
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A estos efectos, en la providencia que se reitera se expuso que:
«Esas características del seguro colectivo impiden que pueda reconocérsele el tratamiento
tributario dispuesto en el artículo 126-1 del ET, puesto que las pruebas que obran en el
expediente demuestran que esa póliza no se emitió para asegurar un plan complementario de
pensiones a favor de los empleados de la demandante, sino que corresponde a un aporte de
la sociedad actora que le da derecho a percibir rendimientos y a participar en las utilidades
que genera el portafolio de inversiones del seguro colectivo. Si bien el riesgo asegurado con
la póliza corresponde al pago de pensiones niveladas de vejez o sobrevivencia a la
demandante, cuando deba asumir esos pagos frente a sus empleados, como se vio, en el
expediente no obran las pruebas que demuestren las condiciones acordadas con los
trabajadores para que obtengan el derecho a una pensión nivelada y, por tanto, estos no
podrían reclamar su reconocimiento a la aseguradora ni a la Compañía, porque como
tomadora, asegurada y beneficiaria, la demandante tiene la potestad para revocar el seguro
en cualquier tiempo, obteniendo a su favor la restitución de los recursos que hagan parte de
la reserva matemática, que incluye las primas pagadas, los rendimientos generados y la
participación en las utilidades que sean abonadas a cuenta por la decisión de la sociedad».

Adicionalmente, señaló que, «En cuanto a la naturaleza de gastos de las primas pagadas con
fundamento en el artículo 111 del ET (citado en la demanda), la Sala precisa que esa disposición se
refiere a los seguros tomados para cubrir el pago de pensiones obligatorias de jubilación o invalidez,
cuando estas correspondan al empleador, tema que es diferente de sub lite».

Habiendo concluido que el contrato de seguro celebrado por la apelante constituye
una inversión, resulta procedente la adición de ingresos brutos no operacionales por
concepto de rendimientos y utilidades bajo el seguro contratado, toda vez que
ambos conceptos generaron un incremento del valor de dicha inversión, siendo esto
un incremento patrimonial, a pesar de haber permanecido en la reserva matemática
de la aseguradora o haberse aplicado como pago de las primas adicionales. Por lo
expuesto, no prospera el cargo.

4. Sanción por inexactitud

Confirmada la procedencia de la adición de ingresos, es necesario establecer si la
apelante debe ser sancionada por inexactitud. Sobre este particular, el artículo 647
del Estatuto Tributario prevé que la omisión de ingresos por operaciones gravadas,
que derive en un menor impuesto a pagar o en un mayor saldo a favor, constituye
una conducta inexacta sancionable con la sanción por inexactitud.

La sanción podrá levantarse si el infractor demuestra la ocurrencia de una causal
eximente de responsabilidad, tal y como lo es el error en la apreciación del derecho
aplicable, según lo analizó esta Sección en la sentencia del 11 de junio de 2020
(Exp. 21640, C.P. Julio Roberto Piza), en el marco de la norma tributaria que así lo prevé.
Para estos efectos, el infractor está en la obligación de demostrar cuáles son las
razones y circunstancias en que se materializa el error alegado, pues la sola
afirmación de estar incurso en él no es suficiente para levantar la sanción, más aún
si se tiene en cuenta que no cualquier dificultad o duda en la interpretación del
derecho aplicable tiene la virtualidad de eximir de responsabilidad al infractor.

En este caso concreto, la Sala encuentra que está demostrado que la apelante
incurrió en una de las conductas tipificadas por el artículo 647 del Estatuto (omisión
de ingresos gravados), que derivó en un impuesto a cargo, sin estar amparada en una
causal eximente de responsabilidad. Lo anterior, porque no se encuentra probada
la configuración de un error en la interpretación del derecho aplicable, sino el
desconocimiento de las normas tributarias que regulan la realización de los ingresos

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para efectos del impuesto a la renta para la equidad CREE, para el año gravable
2014.

5. Costas

No se condenará en costas en esta instancia porque no existe prueba de su
causación, según lo exige el numeral 8 artículo 365 del Código General del Proceso,
aplicable en virtud del artículo 188 de la Ley 1437 de 2011.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Confirmar la sentencia 12 de mayo de 2022, en la que el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A.

2. Sin condena en costas en esta instancia.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al tribunal de
origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA
Presidenta

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILSON RAMOS GIRÓN

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Su validez e integridad puede ser consultada a través de la
siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador

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