Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2019-00320-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2019-00320-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 25000-23-37-000-2019-00320-01
Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto
29 de junio de 2023
Radicado: 25000-23-37-000-2019-00320-01 [27468]
Demandante: Empresa de Vigilancia y Seguridad Privada Mercantil Ltda.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Bogotá, D.C., veintinueve (29) de junio de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 25000-23-37-000-2019-00320-01 [27468]
Demandante: EMPRESA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA
MERCANTIL LTDA.
Demandado: UAE DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES
PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL – UGPP
Temas: Contribuciones parafiscales al sistema de la protección social
(febrero de 2009 a diciembre de 2011). Firmeza de las
autodeclaraciones de aportes PILA
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada 1 contra
la sentencia del 24 de junio de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección “A”, que resolvió2:
«PRIMERO: DECLARAR la nulidad de la Liquidación Oficial n.° RDO-2017-04258 de 29 de
diciembre de 2017 proferida por la Subdirección de Determinación de Obligaciones Parafiscales
de la UGPP, por medio de la cual se profiere liquidación oficial en contra de la sociedad
demandante por las conductas de omisión, mora e inexactitud en las autoliquidaciones y pagos
de los aportes al sistema de la protección social, por los periodos de febrero a diciembre del
año 2009 y enero a diciembre de los años 2010 y 2011 y su modificatoria la Resolución no.
RDC-2018-01685 de 18 de diciembre de 2018 proferida por la Dirección de Parafiscales de la
UGPP, por las razones expuestas en esta providencia.
SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho DECLARAR la firmeza de las
declaraciones presentadas entre los periodos febrero a diciembre del año 2009 y enero a
diciembre de los años 2010 y 2011, y, en consecuencia, que la sociedad demandante no se
encuentra obligada a pagar suma alguna por concepto de las mismas.
TERCERO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.
CUARTO: No se condena en costas por las razones expuestas en la parte considerativa de
esta providencia […]».
ANTECEDENTES
1
Índice 44 de SAMAI – Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
2
Índice 41 de SAMAI – Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Radicado: 25000-23-37-000-2019-00320-01 [27468]
Demandante: Empresa de Vigilancia y Seguridad Privada Mercantil Ltda.
El 26 de mayo de 2017, la Subdirección de Determinación de Obligaciones de la UAE
de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (en
adelante, UGPP), expidió el Requerimiento para Declarar y/o Corregir nro. RCD-
2017-00756 en contra de la Empresa de Vigilancia y Seguridad Privada Mercantil
Ltda. por omisión, mora e inexactitud en las autoliquidaciones y pagos de los aportes
al subsistema de pensiones, por los periodos de enero y febrero de 2008 y, de enero
a diciembre de los años 2009 a 2011. El acto se notificó por correo el 30 de mayo de
20173.
El 29 de diciembre de 2017, la citada dependencia profirió la Liquidación Oficial nro.
RDO-2017-04258, por las conductas y subsistema objeto del requerimiento para
declarar y/o corregir y por el periodo de febrero de 2009 a diciembre de 2011 4. El acto
de liquidación se notificó por correo el 9 de enero de 20185.
El 9 de marzo de 2018, la sociedad aportante interpuso recurso de reconsideración
contra la liquidación oficial6, decidido el 18 de diciembre de 2018 por la Dirección de
Parafiscales de la UGPP mediante la Resolución nro. RDC-2018-01685, en el sentido
de modificar el acto recurrido para disminuir los aportes El acto se notificó
personalmente el 8 de enero de 20197.
DEMANDA
La parte demandante en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011 (en adelante, CPACA),
formuló las siguientes pretensiones8:
«PRETENSIONES PRINCIPALES:
Solicitamos a su señoría que mediante sentencia que haga tránsito a cosa juzgada, declare la
nulidad TOTAL de los siguientes actos administrativos:
➢ ACTOS DEMANDADOS Y SOBRE LOS QUE RECAE LA NULIDAD TOTAL:
1. Liquidación Oficial No. RDO-2017-04258 del veintinueve (29) de diciembre de dos mil
diecisiete (2017), “Por medio de la cual se profiere la Liquidación Oficial a la EMPRESA DE
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA MERCANTIL LTDA, identificada con NIT.
830.073.504-4, por mora e inexactitud en las autoliquidaciones y pago de los aportes al Sistema
de la Protección Social en el Subsistema de Pensión, por los periodos de febrero de 2009 a
diciembre de 2011", determinando un valor por la suma de CIEN MILLONES SETECIENTOS
ONCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE ($100.711.364).
2. Resolución RDC-2018-01685 del dieciocho (18) de diciembre del dos mil dieciocho (2018)
"Por medio de la cual se resuelve el recurso de reconsideración interpuesto contra la
Resolución número Oficial RDO-2017-04258 del veintinueve (29) de diciembre de dos mil
diecisiete (2017), a través de la cual se profirió liquidación oficial a la EMPRESA DE
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA MERCANTIL LTDA., con NIT. 830.073.504-4, por
mora e inexactitud en las autoliquidaciones y pagos de los aportes al Sistema de Protección
Social en el Subsistema de Pensión, en los periodos de febrero de 2009 a diciembre de 2011,
3
Índice 2 de SAMAI. Archivo: «ED_ANEXOSDEM_05ANEXOSDEDEMANDA PD(.pdf) NroActua 2». Págs. 5 a 14.
4
Índice 2 de SAMAI. Archivo: ED_ANEXOSDEM_05ANEXOSDEDEMANDA PD(.pdf) NroActua 2». Págs. 15 a 33.
5
Antecedentes de la Resolución nro. RDC-2018-01685 de 18 de diciembre de 2018.
6
Índice 2 de SAMAI. Archivo: ED_ANEXOSDEM_05ANEXOSDEDEMANDA PD(.pdf) NroActua 2». Págs. 68 a 78.
7
Índice 2 de SAMAI. Archivo: «ED_ANEXOS_03ANEXOS(.pdf) NroActua 2». Págs. 83 a 108.
8
Fls. 1 a 2 c.p. 1.
2
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Radicado: 25000-23-37-000-2019-00320-01 [27468]
Demandante: Empresa de Vigilancia y Seguridad Privada Mercantil Ltda.
determinando una deuda por valor de NOVENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS
VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($98.625.364).
PRETENSIONES SUBSIDIARIAS:
De manera cordial y como pretensión subsidiaria solicito a su señoría, que, en caso de no
conceder la pretensión principal de nulidad total de los actos administrativos mencionados, se
realice un análisis detallado de cada uno de los cargos imputados en la presente demanda, y
realice la reliquidación de la presunta deuda fijada por la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Parafiscal de los siguientes actos, declarando la nulidad parcial y
restablecimiento del derecho:
➢ ACTOS DEMANDADOS Y SOBRE LOS QUE RECAE LA NULIDAD:
1. Liquidación Oficial RDO-2017-04258 del veintinueve (29) de diciembre de dos mil diecisiete
(2017) […]
2. Resolución RDC-2018-01685 del dieciocho (18) de diciembre del dos mil dieciocho (2018)
[…]
➢ SOBRE EL RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO:
Como consecuencia de la declaratoria de nulidad total o parcial de los anteriores actos
administrativos, solicito que se restablezca el derecho de la demandante en la siguiente forma:
• Por concepto de daño emergente:
1. Que se realice la devolución de los pagos realizados por la EMPRESA DE VIGILANCIA Y
SEGURIDAD PRIVADA MERCANTIL LTDA, por mora en la afiliación y pago en las
autoliquidaciones y pago de los aportes al Sistema de Protección Social, por los periodos de
febrero de 2009 a diciembre de 2011, sumas que deberán ser indexadas y con intereses, de
acuerdo con su demostración, de conformidad con el artículo 311 de la Ley 1819 de 2016.
2. Reconocimiento del pago de los gastos incurridos en la defensa jurídica ejercida durante el
proceso administrativo.
3. Reconocimiento de los gastos incurridos por concepto de la prestación personal del servicio
de auxiliar administrativo durante el trámite del procedimiento de fiscalización adelantado por la
Unidad Administrativa Especial "UGPP", toda vez que la sociedad EMPRESA DE VIGILANCIA
Y SEGURIDAD PRIVADA MERCANTIL LTDA., apoyó la defensa jurídica con capital humano
durante un año.
4. Reconocimiento del pago de los gastos incurridos por concepto de un auxiliar administrativo
por el perito que se designe en el transcurso del desarrollo del proceso judicial que da inicio con
la radicación de la presente demanda.
➢ PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL
Frente al particular solicitamos de forma muy respetuosa, que en dado caso de existir deuda
alguna por aportes al sistema de la protección social por parte de mi poderdante, este pago
sea condenado por medio de la planilla de aportes tipo “J”: Planilla PARA PAGO
SEGURIDAD SOCIAL EN CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA JUDICIAL, en virtud de la
Resolución 1447 de 2008, la cual se integró de forma posterior en la Resolución 2388 de 2016
y Resolución 610 de 2012, que compiló las normas sobre planillas integradas de liquidación de
aportes.
➢ CONDENA EN COSTAS
Solicito que se condene en costas a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN
PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL – UGPP,
3
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Demandante: Empresa de Vigilancia y Seguridad Privada Mercantil Ltda.
de conformidad con el artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo».
Invocó como disposiciones violadas las siguientes9:
• Artículos 23, 29 y 338 de la Constitución Política (CP)
• Artículos 127 y 128 del Código Sustantivo del Trabajo (CST)
• Artículos 5, 7 y 13 del CPACA
• Artículo 59 de la Ley 4 de 1913
• Artículo 30 de la Ley 1393 de 2010
• Artículo 50 de la Ley 1739 de 2014
• Artículos 311 y 313 de la Ley 1819 de 2016
• Artículos 19 y 21 del Decreto 575 de 2013
Como concepto de la violación expuso10:
1. El Subdirector de Determinación de Obligaciones de la Dirección de
Parafiscales y el Director de Parafiscales de la UGPP no tenían competencia
para proferir los actos demandados
Se vulnera el debido proceso cuando un funcionario actúa sin tener competencia
expresa otorgada por la ley, o cuando aquella se confiere de forma posterior a su
ejercicio.
El artículo 156 de la Ley 1151 de 2007 creó a la UGPP como entidad encargada de
las tareas de seguimiento, colaboración y determinación de la adecuada, completa y
oportuna liquidación y pago de las contribuciones parafiscales de la protección social,
pero no señaló de manera precisa qué funcionarios debían desempeñar las
funciones, ni expedir los requerimientos, liquidaciones oficiales o resoluciones que
resuelven recursos.
El Gobierno Nacional, por medio del Decreto 169 de 2008, de manera general
enumeró las funciones de la UGPP, pero no dijo quién tenía la facultad de intervenir
al interior de la entidad, ni cuál es el alcance de la competencia, o cuándo y en qué
condiciones podían ejercerlas.
Posteriormente, con el Decreto 575 de 2013, el Gobierno definió las facultades de la
Subdirección de Determinación de Obligaciones Parafiscales, dentro de ellas, las que
le permiten solicitar información y documentos privados protegidos por el artículo 15
de la Constitución Política; sin embargo, el ejecutivo no podía otorgar esas
potestades, comoquiera que es un asunto propio del legislador.
2. Abrogación de competencias propias de los jueces laborales
La competencia para determinar los derechos laborales y/o las obligaciones al
sistema de seguridad social es exclusiva de los jueces laborales, y la UGPP se
apropió de esas funciones al establecer qué pagos son o no salariales, pese a que
entre las partes de la relación de trabajo no existe controversia al respecto.
9
Fls. 7 a 9 c.p. 1.
10
Fls. 9 a 18 c.p. 1.
4
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3. Caducidad de la potestad sancionatoria y firmeza de las planillas
integradas de aportes como declaración privada. Irretroactividad de la Ley 1607
de 2012
Las autoliquidaciones de los períodos fiscalizados están en firme, toda vez que el
requerimiento para declarar y/o corregir se notificó el 30 de mayo de 2017, es decir,
por fuera del plazo de los 2 años que prevé el artículo 714 del ET, aplicable por
remisión del artículo 156 de la Ley 1151 de 2007. En este caso no se debe tener en
cuenta el plazo de 5 años previsto en la Ley 1607 de 2012, porque esta entró en vigor
después de aquellos que son objeto de discusión.
4. Creación de tercera norma para desarrollo del proceso administrativo.
Violación de normas jurídicas
La UGPP adelantó la fiscalización con base en los procedimientos descritos en las
Leyes 1151 de 2007 y 1607 de 2012, es decir, que combinó normas para crear un
proceso legal, configurándose así, lo que la doctrina y la jurisprudencia llaman la
«tercera norma y/o Lex Tertia», situación que genera la nulidad de los actos, pues
impide a los administrados conocer la disposición procedimental aplicable y ejercer su
derecho de defensa.
5. La liquidación oficial no se emitió de forma completa conforme lo ordena
la Ley 1151 de 2007. Violación al derecho de defensa
En los actos acusados no se calcularon los intereses de mora sobre los aportes
determinados, pese a que el artículo 156 de la Ley 1151 de 2007 establece que es un
aspecto que debe contener el acto administrativo, situación que conduce a su nulidad
por no estar debidamente motivado.
6. Violación de los artículos 703 del ET y 180 de la Ley 1607 de 2012, porque
la UGPP profirió dos requerimientos en relación con los mismos períodos
En el proceso de fiscalización, frente al mismo contribuyente y períodos (febrero de
2009 a diciembre de 2011) se expidieron dos requerimientos para declarar y/o
corregir: (i) el nro. 489 de 12 de junio de 2014 (salud, ARL, CCF, SENA e ICBF) y (ii)
el nro. RCD-2017-00756 del 26 de mayo de 2017 (pensión y fondo de solidaridad
pensional).
Se vulneró el debido proceso porque la UGPP profirió dos requerimientos para
declarar y/o corregir por los mismos períodos fiscalizados, desconociendo que las
normas del Estatuto Tributario (arts. 702 y 703), que aplican por remisión de la Ley
1151 de 2007 (art. 156), prevén que las liquidaciones privadas se pueden modificar
por una sola vez, lo que implica expedir un solo acto preparatorio.
7. Medida cautelar
Solicitó la suspensión provisional de los actos administrativos demandados por
violación de las normas superiores según se expuso en el concepto de violación, y
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Demandante: Empresa de Vigilancia y Seguridad Privada Mercantil Ltda.
con el propósito de proteger la estabilidad financiera de la sociedad aportante ante un
eventual proceso de cobro coactivo11.
OPOSICIÓN
La UGPP se opuso a las pretensiones de la demanda, con fundamento en lo
siguiente12:
La Dirección de Parafiscales y la Subdirección de Determinación de Obligaciones de
la UGPP tienen competencia para adelantar el proceso de fiscalización y proferir los
requerimientos, las liquidaciones oficiales y demás actos de determinación, máxime
cuando se encuentra demostrado que el demandante incurrió en mora e inexactitud
en las autoliquidaciones y pagos de los aportes al sistema de la protección social.
Si bien es cierto al juez laboral le corresponde conocer de los conflictos entre
empleador y trabajador derivados del contrato de trabajo, también lo es que la entidad
tiene a su cargo la función de verificar la ocurrencia de los hechos generadores de la
obligación, así como el pago oportuno y correcto de los aportes al sistema de la
protección social, lo que implica la interpretación de las cláusulas contractuales para
determinar si contienen factores salariales a partir de los reportes contables y/o de
nómina.
La actuación de la entidad se sujetó a las competencias otorgadas por el legislador
para verificar la correcta, adecuada y oportuna liquidación y pago de las
contribuciones parafiscales, y en virtud de ello, incluyó en el IBC los pagos que la
aportante no tuvo en cuenta al momento de la autoliquidación.
De acuerdo con la Ley 1607 de 2012 (art. 178), el proceso de determinación y cobro
de las contribuciones parafiscales inicia con la notificación del requerimiento de
información dentro de los 5 años siguientes, contados a partir de la fecha en la que el
aportante debió declarar y no lo hizo, declaró por valores inferiores a los legalmente
establecidos, o se configuró el hecho sancionable. En este asunto, el aludido acto se
notificó el 7 de febrero de 2014, es decir, dentro de los 5 años siguientes a la
ocurrencia de las conductas en los períodos fiscalizados.
El artículo 156 de la Ley 1151 de 2007 establece que el procedimiento para expedir la
liquidación oficial se debe ajustar a lo señalado en los Títulos I, IV, V y VI del Libro V
del ET, norma que solo opera para aspectos procedimentales y su aplicación es de
carácter residual. Además, el artículo del citado ordenamiento sobre la firmeza riñe
con la naturaleza de las contribuciones parafiscales.
El parágrafo 2 del artículo 178 de la Ley 1607 de 2012 reguló el término de
prescripción y de caducidad de la actuación de la UGPP, razón por la cual está
vedado aplicar el artículo 714 del ET.
11
Esa medida fue negada por el tribunal mediante auto del 18 de marzo de 2022. Índice 21 de SAMAI – Tribunal Administrativo
de Cundinamarca.
12
Índice 12 de SAMAI - Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
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Demandante: Empresa de Vigilancia y Seguridad Privada Mercantil Ltda.
En relación con la falsa motivación, la empresa aportante no precisó los conceptos
categorizados erradamente como constitutivos de salario ni probó las presuntas
circunstancias excepcionales que habilitan el no pago de aportes a los subsistemas
de seguridad social.
La entidad no creó una tercera norma producto de combinaciones procesales, por el
contrario, fundó los actos en el marco normativo que instituyó la UGPP y que delimita
su competencia (Ley 1151 de 2007, art. 156) y en la disposición que consagró el
procedimiento aplicable a la determinación oficial de las contribuciones de la
protección social (Ley 1607 de 2012, art. 180), la cual entró a regir a partir de su
promulgación, y por ser de carácter procesal es de aplicación inmediata.
Los intereses moratorios no forman parte de los aportes toda vez que se causan
desde la fecha del vencimiento del plazo para presentar la autoliquidación hasta que
se pague la obligación y comoquiera que estos son de tracto sucesivo, el aportante es
quien tiene que actualizarlos en el momento que decida pagar.
El proceso de fiscalización es uno solo en el que se contemplan todos los
subsistemas de la seguridad social (salud, pensión, ARL, CCF, ICBF y SENA). Sin
embargo, al presentarse la conducta de omisión en el subsistema de pensión, la
UGPP decidió abrir el mismo proceso en dos y analizar de manera separada dicho
subsistema, sin que ello implique la vulneración al debido proceso o al derecho de
defensa.
TRÁMITE PROCESAL EN PRIMERA INSTANCIA
Mediante auto del 6 de mayo de 2022, el tribunal fijó el litigio, tuvo como pruebas las
aportadas por las partes y corrió traslado a estas y al Ministerio Público para que
presentaran los alegatos de conclusión y el concepto, respectivamente13.
SENTENCIA APELADA
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección “A”, en la
sentencia apelada: (i) anuló los actos administrativos demandados, (ii) a título de
restablecimiento del derecho declaró la firmeza de las autoliquidaciones de febrero de
2009 a diciembre de 2011, (iii) negó las demás pretensiones de la demanda y (iv) no
condenó en costas, con fundamento en lo siguiente14:
La planilla integrada de liquidación de aportes (PILA) tiene el carácter de
autoliquidación privada de la obligación tributaria, y para efectos de determinar la
norma aplicable sobre firmeza debe tenerse en cuenta la vigente para la fecha de
presentación de la declaración.
En este caso, el marco jurídico que regula la firmeza es el artículo 714 del ET, por
remisión del artículo 156 de la Ley 1151 de 2007, vigente para la fecha de
presentación de las declaraciones de los períodos fiscalizados (febrero de 2009 a
13
Índice 34 de SAMAI – Tribunal Administrativo de Cundinamarca
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Índice 41 de SAMAI – Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
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diciembre de 2011), porque la Ley 1607 de 2012 entró a regir con posterioridad (26
de diciembre de 2012).
Comoquiera que el requerimiento para declarar y/o corregir se notificó el 30 de mayo
de 2017, es decir, cuando ya había transcurrido el término de 2 años previsto en el
artículo 714 del ET, las autoliquidaciones estaban en firme y no podían ser
modificadas por la UGPP, lo que conduce a la nulidad de los actos demandados.
Por otra parte, se negaron las pretensiones tendientes al reconocimiento de perjuicios
por concepto de daño emergente, de los gastos incurridos por la demandante y de la
devolución de los pagos realizados, por no encontrarse probados.
Finalmente, no hay lugar a la condena en costas por no estar acreditadas.
RECURSO DE APELACIÓN
La parte demandada15 indicó que la sentencia de primera instancia incurrió en
defecto procedimental absoluto porque a las planillas PILA no les aplica el término de
firmeza de que trata el artículo 714 del ET, por los siguientes motivos: (i) así no fue
previsto por el legislador ni siquiera con la Ley 1607 de 2012 en la que se contempló
un término de caducidad y no de firmeza, (ii) la firmeza del Estatuto Tributario es
incompatible con la naturaleza de las contribuciones parafiscales, (iii) el recaudo está
destinado al reconocimiento de prestaciones de carácter vitalicio, cuyo derecho es
imprescriptible e irrenunciable para sus beneficiarios y (iv) el referido artículo es de
contenido sustancial y no procedimental y, en esa medida, no aplica la remisión del
artículo 156 de la Ley 1151 de 2007.
El proceso de fiscalización inició con el requerimiento de información notificado el 5
de julio de 2011, fecha para la cual se encontraba vigente el artículo 178 de la Ley
1607 de 2012, que establece un término de caducidad de 5 años. En este caso, la
entidad profirió el citado acto oportunamente, es decir, que ejerció su facultad dentro
del plazo.
TRÁMITE PROCESAL EN SEGUNDA INSTANCIA
El recurso de apelación de la UGPP se admitió mediante auto del 30 de marzo de
202316 y la contraparte no se pronunció en relación con el mismo. Al no ser necesaria
la práctica de pruebas en segunda instancia no se corrió traslado para alegar (nums.
4 y 5, art. 247 del CPACA)17. El Ministerio Público guardó silencio.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
Se decide sobre la legalidad de la liquidación oficial proferida por la UGPP contra la
sociedad demandante por omisión, mora e inexactitud en las autoliquidaciones y
15
Índice 44 de SAMAI – Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
16
Índice 4 de SAMAI.
17
Modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021.
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Demandante: Empresa de Vigilancia y Seguridad Privada Mercantil Ltda.
pagos de los aportes al subsistema de pensiones por los períodos de febrero de 2009
a diciembre de 2011 y de la resolución que decidió el recurso de reconsideración en
el sentido de modificar el acto recurrido para disminuir los ajustes.
En los términos del recurso de apelación formulado por la parte demandada se
deberá determinar si a las autoliquidaciones de aportes no les aplica la regla sobre
firmeza de las declaraciones tributarias, prevista en el artículo 714 del ET.
Firmeza de las autoliquidaciones de aportes al sistema de la protección social.
Reiteración jurisprudencial
El a quo consideró que la planilla integrada de liquidación de aportes PILA es una
declaración tributaria en la que se liquidan los aportes al sistema de la protección
social, motivo por el cual, a partir de la remisión del artículo 156 de la Ley 1151 de
2007 les aplican las reglas del Estatuto Tributario, en particular el artículo 714 que
establece la firmeza de las declaraciones.
A partir de lo anterior, declaró la firmeza de las autoliquidaciones de aportes de los
períodos de febrero de 2009 a diciembre de 2011, porque para la fecha en la que se
presentaron se sujetaban al plazo de firmeza de 2 años del artículo 714 del ET, y
comoquiera que el requerimiento para declarar y/o corregir no se profirió dentro de
dicho lapso, eran inmodificables.
La UGPP disiente de la decisión del tribunal, porque a su juicio, a las planillas PILA
no les aplica el término de firmeza de que trata el artículo 714 del ET, por los
siguientes motivos: (i) así no fue previsto por el legislador ni siquiera con la Ley 1607
de 2012 en la que se contempló un término de caducidad y no de firmeza, (ii) la
firmeza del Estatuto Tributario es incompatible con la naturaleza de las contribuciones
parafiscales, (iii) el recaudo está destinado al reconocimiento de prestaciones de
carácter vitalicio, cuyo derecho es imprescriptible e irrenunciable para sus
beneficiarios, (iv) el referido artículo es de carácter sustancial y no procedimental y,
en esa medida, no aplica la remisión del artículo 156 de la Ley 1151 de 2007 y, (v) el
proceso se inicia con el requerimiento de información.
Como lo ha considerado la Sección18, tratándose de los procesos de fiscalización de
competencia de la UGPP, antes de la entrada en vigencia de la Ley 1607 de 2012
(art. 178, pár. 2)19, el ordenamiento jurídico no establecía de forma expresa un plazo
de caducidad para que la entidad ejerciera sus funciones de determinación; sin
embargo, el artículo 156 penúltimo inciso de la Ley 1151 de 2007, hizo remisión al
Estatuto Tributario, Libro V, Títulos I, IV, V y VI, en aquellos aspectos no regulados
del proceso de determinación, lo cual es procedente, pues los recursos parafiscales
son denominados en la Constitución Política como «contribuciones parafiscales», que
tienen naturaleza tributaria y se encuentran sujetos a los principios que aplican a los
tributos.
En ese orden, se advierte que una vez vencido el término del que dispone la
administración para ejercer las facultades de fiscalización, la consecuencia directa es
18
Cfr. las sentencias del 30 de julio de 2020, exp. 24179 y del 3 de marzo de 2022, exp. 25632, C.P. Milton Chaves García, del
19 de agosto de 2021, exp. 25086, C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez, del 15 de octubre de 2021, exp. 23623, del 28 de abril de
2022, exp. 24131 y del 7 de diciembre de 2022, exp. 26996, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
19
Entró en vigor el 26 de diciembre de 2012 con la publicación en el Diario Oficial nro. 48.655.
9
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Radicado: 25000-23-37-000-2019-00320-01 [27468]
Demandante: Empresa de Vigilancia y Seguridad Privada Mercantil Ltda.
que las autoliquidaciones de aportes, que tienen la misma naturaleza de una
declaración tributaria, se tornan inmodificables. Equiparando estos efectos a lo
previsto en el Estatuto Tributario, la consecuencia sería la firmeza de la
autoliquidación.
Por consiguiente, resulta aplicable el término de firmeza previsto en el artículo 714 del
ET20, el cual, en su tenor literal vigente para la fecha en la que comenzó a transcurrir
disponía que «la declaración tributaria quedará en firme, si dentro de los dos (2) años
siguientes a la fecha del vencimiento del plazo para declarar, no se ha notificado
requerimiento especial. Cuando la declaración inicial se haya presentado en forma
extemporánea, los dos años se contarán a partir de la fecha de presentación de la misma»21.
Situación diferente ocurre con las autoliquidaciones presentadas con posterioridad a
la fecha en la que entró a regir la Ley 1607 de 2012 (26 de diciembre de 2012), frente
a las cuales, aplica el artículo 178 ibidem que reguló de manera específica el plazo en
el que la UGPP puede ejercer sus facultades de fiscalización, fijándolo en 5 años.
En el presente asunto, los periodos fiscalizados que el a quo declaró en firme son los
de febrero de 2009 a diciembre de 2011, por lo tanto, para efectos de establecer su
firmeza se debe tener en cuenta que esta ocurre una vez vencido el plazo señalado
en la norma vigente al momento en el que comenzó a transcurrir, en el sub examine,
el de 2 años previsto en el artículo 714 del ET, norma aplicada por el tribunal en la
sentencia apelada.
Cabe aclarar que según el artículo 714 del ET, el plazo de firmeza se interrumpe con
la notificación del requerimiento especial, que para el caso de los tributos
administrados por la UGPP equivale al requerimiento para declarar y/o corregir, pues
así fue consagrado expresamente en la norma que aplica a los períodos fiscalizados,
que se repite, es el Estatuto Tributario.
Frente al argumento de la UGPP, en el sentido que los aportes a la protección social
al estar destinados a prestaciones vitalicias e imprescriptibles no les aplica la firmeza,
se reitera el criterio adoptado por la Sección22, según el cual, «si bien es cierto que el
derecho a la pensión (prestación vitalicia e imprescriptible) y a reclamar su reliquidación no
prescribe, también lo es que esa imprescriptibilidad solo se predica de la pensión, no de las
prestaciones periódicas o mesadas no reclamadas en los plazos legales, tal como lo ha
puntualizado la Corte en varios pronunciamientos23, razón por la cual la firmeza de la
declaración sí resulta procedente para las mensualidades en las cuales la Administración no
inició su actuación dentro del término del artículo 714 del ET».
Además, «[l]a destinación de esos recursos es una cuestión eminentemente presupuestaria,
indiferente para la configuración jurídico-tributaria del gravamen y, en particular, para la
identificación de la normativa que rige el procedimiento de gestión administrativa del tributo –
relativa a la fiscalización, determinación, liquidación, cobro, devolución e imposición de
sanciones, inherentes a la calidad de sujeto activo del tributo – con la potestad de disposición
20
Sobre la firmeza cfr. las sentencias del 24 y 30 de octubre de 2019, exps. 23599 y 23817, C.P. Jorge Octavio Ramírez
Ramírez.
21
Antes de la modificación introducida por el artículo 277 de la Ley 1819 de 2016.
22
Cfr. las sentencias del 30 de septiembre de 2021, exp. 25313 y del 3 de marzo de 2022, exp. 25632, C.P. Milton Chaves
García y, del 23 de junio de 2022, exp. 24961 y del 7 de diciembre de 2022, exp. 26996, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
23
C-320 de 1998, C-198 de 1999, C-624 de 2006, SU-430 de 1998, T-724 de 2007, T-456 de 2013 y SU-567 de 2015, entre
otras.
10
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de los recursos a cargo del titular del gasto – que se agota con la inversión de los caudales
ingresados al Tesoro de conformidad con lo establecido por la ley»24.
Por lo anterior, la Sala concluye que no le asiste razón a la UGPP al pretender, en
este caso concreto, sustraerse de la aplicación del término de firmeza a las
autoliquidaciones de aportes al sistema de la protección social.
En consecuencia, se concuerda con el tribunal en que procede la nulidad de los actos
administrativos demandados al encontrar probada la firmeza de las autoliquidaciones
correspondientes a los períodos de febrero de 2009 a diciembre de 2011, en
consideración a que a las planillas PILA presentadas antes de la entrada en vigor de
la Ley 1607 de 2012 les aplican las disposiciones sobre firmeza del Estatuto
Tributario (art. 714), por lo que se confirmará la sentencia apelada.
Finalmente, de conformidad con lo previsto en los artículos 188 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 365 del Código
General del Proceso, no se condenará en costas (gastos del proceso y agencias en
derecho) en esta instancia, comoquiera que no se encuentran probadas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la Ley,
FALLA
1. CONFIRMAR la sentencia del 24 de junio de 2022, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección “A”.
2. Sin condena en costas en esta instancia.
Notifíquese y comuníquese. Devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase.
La presente providencia se aprobó en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRÓN
24
Sentencia del 10 de noviembre de 2022, exp. 25987, C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez, reiterada en la sentencia del 7 de
diciembre de 2022, exp. 26996, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
11
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