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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2019-00478-01

Fecha
29 de mayo de 2025
Consejero ponente
Luis Antonio Rodríguez Montaño

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2019-00478-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA 1. Revocar el ordinal segundo de la sentencia de 11 de noviembre de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B. En su lugar: Segundo: En consecuencia y a título de restablecimiento del derecho, ORDENAR a la UGPP que reliquide los aportes a los subsistemas de salud y pensión teniendo en cuenta el IBC determinado en la parte considerativa de esta providencia, y disminuya las sanciones de inexactitud y omisión de forma proporcional a los ajustes. 2. En lo demás, confirmar la sentencia apelada. 3. Sin condena en costas en segunda instancia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 25000-23-37-000-2019-00478-01

Consejero ponente: Luis Antonio Rodríguez Montaño

29 de mayo de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO

Bogotá, D.C., veintinueve (29) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-37-000-2019-00478-01 (27493)
Demandante: Jairo Roberto Arciniegas Martínez
Demandada: UGPP

Temas: Contribuciones al SSSI (enero a diciembre de 2014). Notificación
electrónica. Aportes a pensión de beneficiarios de asignación de
retiro de las fuerzas militares. Aplicación IBC - artículo 135 de la Ley
1753 de 2015. Costos y gastos declaración de renta

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por las partes contra la
sentencia de 11 de noviembre de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, que resolvió1:

«PRIMERO: DECLARAR la nulidad parcial del acto administrativo contenido en la Resolución
No. RDO-2018-00080 del 18 de enero de 2018, mediante la cual la UGPP profirió liquidación
oficial por omisión en la afiliación y/o vinculación e inexactitud en el pago de los aportes al Sistema
de Seguridad Social Integral por los periodos de enero a diciembre de 2014 y sancionó por las
conductas de omisión e inexactitud al señor Jairo Roberto Arciniegas Martínez; y la Resolución
No. RDC-2019-00155 del 14 de febrero de 2019, confirmatoria del acto anterior.

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho,
DECLARAR que el señor Jairo Roberto Arciniegas Martínez no está obligado a cancelar los
aportes al Sistema de Seguridad Social en Pensiones y FSP por los periodos entre enero a
diciembre de 2014, así como tampoco hay lugar al pago de la sanción por omisión impuesta.

TERCERO: NEGAR las demás pretensiones.

CUARTO: Por no haberse causado ni demostrado, no se condena en costas. (…)».

ANTECEDENTES

Actuación administrativa

Previo requerimiento para declarar y/o corregir, la UAE de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (en adelante, UGPP) profirió la
Liquidación Oficial RDO-2018-00080 de 18 de enero de 2018 por omisión en la
afiliación y/o vinculación y pago de los aportes e inexactitud en las autoliquidaciones y
pagos de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral (SSSI) en los
subsistemas de salud y pensión, a cargo de Jairo Roberto Arciniegas Martínez por los
periodos de enero a diciembre de 2014, por la suma de $54.235.700. Y lo sancionó
1
Índice 24 de SAMAI del tribunal.

Radicado: 25000-23-37-000-2019-00478-01 (27493)
Demandante: Jairo Roberto Arciniegas Martínez

por la conducta de omisión por la suma de $89.306.000 y por inexactitud por
$12.654.6602. El acto fue objeto del recurso de reconsideración, decidido con la
Resolución RDC-2019-00155 de 14 de febrero de 2019, en el sentido de confirmarlo
en todas sus partes3.

Demanda

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto
en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011 (en adelante, CPACA), el demandante
formuló las siguientes pretensiones4:

«PRIMERA: Que se declare la nulidad de Liquidación Oficial Resolución No. RDO-2018-00080
del 18 de enero de 2018, proferida por la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN
PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL – UGPP,
en adelante “LA DEMANDADA”, “LA UNIDAD”, o “UGPP”, en contra de mi poderdante al
interior del expediente 20161520058001269 por la conducta de omisión en la afiliación y/o
vinculación y pago de los aportes e inexactitud de las liquidaciones y pagos de los aportes al
Sistema de Seguridad Social Integral en el Subsistema de Salud y pensión, y se sanciona por la
conducta de omisión en los periodos comprendidos entre enero a diciembre del año 2014.

SEGUNDA: Que se declare la nulidad de la Resolución No. RDC-2019-00155 del 14 de febrero
de 2019 “por medio de la cual se resuelve el recurso de reconsideración interpuesto”, proferida
por la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES
PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL – UGPP, en adelante “LA DEMANDADA”, “LA
UNIDAD”, o “UGPP”, por medio de la cual se profirió REQUERIMIENTO PARA DECLARAR Y/O
CORREGIR (sic) en el expediente 20161520058001269 por la conducta de omisión en el pago
de los aportes al sistema de seguridad social integral de los periodos comprendidos entre enero
a diciembre del 2014.

TERCERA: Que como consecuencia de las declaraciones anteriores, se condene a LA
DEMANDADA a título de RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, a reliquidar los aportes
determinados en contra de mi poderdante a través de la Liquidación Oficial No. RDO-2017-01000
del 31 de mayo de 2017 y en la Resolución No. RDC-548 de 20 de septiembre de 2018 (sic),
que modificó sólo de manera parcial los aportes, de manera que se calcule el IBC teniendo en
cuenta todos los gastos y costos reportados y declarados de acuerdo con lo siguiente

(…) -Se inserta cuadro en el que se observan 5 filas: costos y gastos totales, total de ingresos, la utilidad neta, IBC 40%
y los aportes a salud; y 13 columnas en las que se incluyen las cifras correspondientes, incluido el total de cada fila.

CUARTA: En caso de no concederse las peticiones anteriores, se reliquiden el valor de los
aportes a cargo y por concepto de sanción por mora determinados en contra de mi poderdante a
través de la Resolución No. RDC-2019-00155 del 14 de febrero de 2019 “por medio de la cual
se resuelve el recurso de reconsideración interpuesto”, y la Liquidación Oficial Resolución
No. RDO-2018-00080 del 18 de enero de 2018, con base en lo que resultare probado y/o las
apreciaciones que realice el Honorable Juez a través del Desarrollo del presente proceso.

QUINTA: Que se condene a LA DEMANDADA en costas del proceso y agencias en derecho».

Invoca como vulnerados los artículos 6, 29, 217 y 363 de la Constitución Política (CP);
107, 777 y 583 del Estatuto Tributario (ET), 18 de la Ley 1122 de 20075; 17 de la Ley
100 de 1993; 3, 56 y 67 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA), 33 de la Ley 1438 de 2011,
135 de la Ley 1753 de 2015 y 1 del Decreto 510 de 2003, así como la Ley 352 de 1997.

2
Índice 2 de SAMAI. ED_ANEXOSDEM_05ANEXOSDEMANDAPD(.pdf) NroActua 2.
3
Índice 2 de SAMAI. ED_ANEXOSDEM_05ANEXOSDEMANDAPD(.pdf) NroActua 2.
4
Índice 2 de SAMAI. ED_ESCRITODE_03DEMANDA(.pdf) NroActua 2.
5
Artículo derogado por el artículo 267 de la Ley 1753 de 2015.

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Radicado: 25000-23-37-000-2019-00478-01 (27493)
Demandante: Jairo Roberto Arciniegas Martínez

Como concepto de violación la parte demandante planteó lo siguiente6:

Costos y gastos deducibles. No existe regulación de presunción de ingresos y la
declaración del afiliado es presunción legal de buena fe en cuanto a los ingresos que
efectivamente percibe. En el ingreso base de cotización la entidad solo tiene en cuenta
los ingresos reportados en la declarada en renta de 2014, mas no los costos y gastos
también declarados, que gozan de presunción de veracidad. Además, omitió valorar
los soportes de los costos y el certificado del contador público, que constituye plena
prueba de la realidad de las operaciones, las que guardan relación de causalidad,
necesidad y proporcionalidad con la actividad de abogado. Pese a que la UGPP cuenta
con la facultad de realizar comprobaciones pertinentes, no lo hizo, lo que no se suplía
con el requerimiento de información.

Aplicación de la constitución del IBC sobre el 40% del ingreso realmente percibido. Se
desconoce el principio de favorabilidad al no aplicarse en la conducta de omisión por
la vigencia de 2014, el ingreso base de cotización del 40%, previsto en el artículo 135
de la Ley 1753 de 2015.

Régimen especial prestacional. La entidad desconoció que la realidad jurídico
prestacional del aportante es que desde 2004 se le concedió la asignación de retiro
por haber laborado más de 25 años en la Armada Nacional, entidad integrante de las
Fuerzas Militares de Colombia, de ahí que no le apliquen las disposiciones que rigen
para los particulares. En todo caso, conforme a la sentencia C-432 de 2004 de la Corte
Constitucional, la asignación de retiro se asimila a la pensión de vejez que se otorga a
los trabajadores que se rigen por las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003.

La Ley 352 de 1997, en observancia del artículo 216 de la Constitución Política (CP),
excluyó del Sistema Integral de Seguridad Social a los miembros de las Fuerzas
Militares y de la Policía Nacional y al personal regido por el Decreto Ley 1214 de 1990,
por lo que, si se reciben los servicios de salud a través del régimen de excepción, no
se puede exigir la afiliación a una EPS.

Se desconoció el artículo 17 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 4 de la
Ley 797 de 2003, en cuanto a la obligatoriedad de las cotizaciones, porque desde el
04 de septiembre de 2004, con 52 años, le fue reconocida la asignación de retiro, que
como ya se indicó, se asimila a la pensión de vejez. Además, desde el 08 de junio de
2014 cumplió 62 de años, lo que significa que, de estar obligado a cotizar para pensión
solo sería desde el 01 de enero de 2014 hasta el 07 de junio del mismo año.

Irretroactividad de la norma. El artículo 583 del ET no facultó a la UGPP para la
revisión, modificación o fiscalización de lo expresado en la declaración de renta como
declaración juramentada, por lo que con la actuación de esa entidad de desconocieron
los principios de reserva legal, legalidad y debido proceso.

Debido proceso, principio de legalidad y derecho de defensa. La notificación del
requerimiento de información, del requerimiento para declarar y/o corregir y de la
liquidación oficial se realizó a través de aviso, en la medida en que la dirección a la
que fue remitida la correspondencia era distinta a la que obraba en los documentos
oficiales, circunstancia que no fue tenida en cuenta por la UGPP.

6
Escrito de demanda. Páginas 9 a 26.

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Radicado: 25000-23-37-000-2019-00478-01 (27493)
Demandante: Jairo Roberto Arciniegas Martínez

Como no se autorizó la notificación por medio electrónico -art. 56 CPACA- y tampoco se
diligenciaron formatos o formularios ante la UGPP con ese fin, las comunicaciones se
debían surtir en la dirección física, pese a lo cual no se hizo, lo que además afectó el
derecho a la defensa, al tener que acercarse directamente ante la entidad para conocer
los actos administrativos proferidos en su contra.

En aplicación del principio de legalidad, previsto en los artículos 6 de la CP y 3 del
CPACA, es necesario que en la actuación administrativa se le precisen al particular los
móviles que causan la responsabilidad que se le imputa.

Contestación de la demanda

La UGPP contestó la demanda y se opuso a las pretensiones, con fundamento en lo
siguiente7:

El requerimiento de información y el requerimiento para declarar y/o corregir se
notificaron por correo certificado enviado a la dirección registrada en el RUT y, la
resolución mediante la cual se expidió la liquidación oficial se notificó por correo
electrónico en consideración a la autorización hecha por la parte demandante, lo que
descarta la vulneración de los derechos fundamentales invocados, pues al aportante
se le permitió conocer el inicio, desarrollo y culminación del proceso de fiscalización.

Por tratarse de contribuciones parafiscales, que son tributos de causación inmediata,
no se pude aplicar el artículo 135 de la Ley 1753 de manera retroactiva.

Los trabajadores independientes están obligados a realizar aportes a salud y pensión,
siempre que tengan capacidad de pago. En este caso, con la declaración de renta,
está probado que en el período en discusión el demandante percibió ingresos, por lo
que debe contribuir con sus aportes al financiamiento del Sistema General de
Seguridad Social.

Conforme al artículo 746 del ET, los ingresos y costos registrados en la declaración de
renta gozan de presunción de veracidad, lo que no exime al contribuyente de
demostrar los hechos declarados. Para efectos del cálculo del IBC, no basta con el
denuncio privado para probar los costos y gastos, pues además se debe probar que
las expensas en las que se incurrió para la obtención de los ingresos producto de la
actividad económica cumplen los requisitos establecidos en el artículo 107 ib.

En el caso en concreto, la entidad aceptó costos por valor de $31.973.220, que fueron
debidamente acreditados según la actividad productora de renta del trabajador
independiente. Los demás costos y gastos no se tuvieron en cuenta, porque varios
documentos no correspondían a la anualidad fiscalizada o los soportes allegados no
lograron acreditar la ocurrencia del costo.

Para probar los costos y gastos de la actividad económica no basta con la expedición
de la certificación del contador público y revisor fiscal. Además, la aportada al proceso
no se soporta en documento que reúna las características establecidas en el artículo
771-2 del ET.

7
Índice No. 2 de SAMAI. ED_CONTESTACI_09CONTESTACIONDEMA(.pdf) NroActua 2.

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La asignación de retiro no se asimila a la pensión de vejez, la que se adquiere como
consecuencia del cumplimiento de determinada edad y tiempo de servicio.
Adicionalmente, la Ley 100 de 1993 no contempla la exoneración de aportes para
quienes perciben pagos por concepto de dicha asignación, por lo que era obligatorio
para el demandante efectuar la afiliación y pago de aportes al Sistema General de
Pensiones.

La entidad tiene la facultad de desplegar todas las acciones necesarias para
determinar la omisión, la mora y la inexactitud en el pago de los aportes al Sistema de
La Protección Social, y si es del caso, puede analizar la procedencia de los costos y
gastos para los fines de su competencia. En este caso, se adelantó el cruce de
información con la DIAN y se obtuvo pruebas de la existencia de ingresos durante el
año 2014, por lo que el demandante debía cotizar.

Sentencia apelada

El tribunal anuló parcialmente los actos demandados y a título de restablecimiento del
derecho declaró que Jairo Roberto Arciniegas Martínez no está obligado a cancelar
los aportes al Sistema de Seguridad Social en Pensiones y FSP por los períodos entre
enero a diciembre de 2014, así como tampoco hay lugar al pago de la sanción por
omisión impuesta. Negó las demás pretensiones y no condenó en costas.

En cuanto a la notificación de los actos administrativos proferidos por la UGPP,
advierte que el requerimiento para declarar y/o corregir se notificó por correo
certificado enviado y recibido en dirección física. Que, con la respuesta a dicho
requerimiento, el 29 de septiembre de 2017, el aportante informó una dirección física -
la registrada en el RUT- y una electrónica, por lo que en atención al artículo 312 de la Ley
1819 de 2016 y conforme al certificado de entrega de Certimail, la notificación de la
liquidación oficial de 18 de enero de 2018 se surtió de forma electrónica el 08 de
febrero de 2018, con lo cual se descarta la vulneración al derecho a la defensa y al
debido proceso. Por el contrario, está probado que, en las oportunidades procesales
se dio respuesta al acto previo y se interpuso el recurso de reconsideración contra el
acto definitivo.

Respecto de la obligación del actor de cotizar al sistema general de pensiones, se
refirió a los artículos 19 de la Ley 4 de 1992 -prohibición para desempeñar simultáneamente
más de un empleo público o de recibir más de una asignación que provenga del tesoro público-, 36 del
Decreto 4433 de 2004 -compatibilidad de la asignación de retiro y pensiones- y 17 de la Ley 100
de 1993 -obligatoriedad de las cotizaciones-, así como a las sentencias de la Corte
Constitucional T-261 de 2019, MP: José Fernando Reyes Cuartas y de la Sección
Segunda del Consejo de Estado de 22 de octubre de 2009, exp. 2005-02568-01, CP:
Víctor Hernando Alvarado Ardila, luego de lo cual concluyó que la asignación de retiro
a los miembros de la Fuerza Pública se asimila a una pensión de vejez, razón por la
cual los afiliados podrán cotizar de forma voluntaria al Sistema de Seguridad Social en
Pensiones los tiempos en servicio, con el propósito de lograr el reconocimiento de una
pensión de jubilación.

Pone de presente que la obligación de realizar aportes al subsistema pensional cesa
cuando se han cumplido los requisitos para obtener la pensión de vejez o la asignación
de retiro, al tratarse de prestaciones sociales que se asemejan en cuanto a su
naturaleza y finalidad.

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Radicado: 25000-23-37-000-2019-00478-01 (27493)
Demandante: Jairo Roberto Arciniegas Martínez

Como está probado que el demandante cuenta con una prestación social vitalicia -
asignación de retiro- que se asimila a una pensión de vejez, la cual viene percibiendo
desde el año 2004 por un valor mensual de $6.823.597, no se le considera como
cotizante obligatorio al sistema en los términos del artículo 17 de la Ley 100 de 1993,
por lo que no le asiste razón a la entidad al determinar que durante el año 2014 debía
efectuar la afiliación y pago de aportes pensionales, razón por la cual se dispone
eliminar los ajustes a los aportes al sistema pensional y al fondo de solidaridad
pensional por valor de $33.144.600, igualmente, se elimina la sanción por omisión en
la suma de $89.306.300.

Indica que en atención al principio de irretroactividad de la norma tributaria, no es
posible extender los efectos de la base de cotización establecida en el artículo 135 de
la Ley 1753 de 2015 como lo pretende el demandante, porque el proceso de
fiscalización adelantado por la UGPP, que derivó en la expedición de los actos
administrativos demandados, surgió con ocasión de la conducta de omisión en las
autoliquidaciones y pago de aportes al Sistema de Seguridad Social por los períodos
de enero a diciembre de 2014, es decir, sobre una vigencia concluida y anterior a la
promulgación de la citada ley. En todo caso, la aplicación del principio de favorabilidad
opera únicamente en materia penal y sancionatoria, no en materia sustancial tributaria.

En lo que tiene que ver con el IBC aplicable para liquidar los aportes, con fundamento
en los artículos 3 del Decreto 510 de 2003, 15 de la Ley 100 de 1993 -modificado por el
artículo 3 de la Ley 797 de 2003-, 6 de la Ley 797 de 2003, 1° parágrafo 1 del Decreto 510
de 2003 y 33 de la Ley 1438 de 2011, normas vigentes para el periodo en discusión,
concluye que los trabajadores independientes con capacidad de pago deberán cotizar
al Sistema de Seguridad Social Integral de forma obligatoria sobre los ingresos
efectivamente percibidos, con las deducciones que prevé el artículo 107 del ET, en
relación con las expensas necesarias para desarrollar su desarrollar su actividad
económica.

Para el caso, está probado que en la declaración de renta del año gravable 2014, el
demandante registró que devengó por concepto de honorarios, comisiones y servicios
la suma de $402.934.000, correspondiente al ejercicio de su actividad económica
como abogado, por lo que se infiere que estaba obligado a declarar y pagar aportes al
Sistema de Seguridad Social en Salud, al superar la base mínima de ingresos
establecida por la ley para afiliarse al régimen contributivo, en tanto le era aplicable la
presunción de capacidad de pago por ser declarante de renta, según lo dispuesto en
el artículo 33 de la Ley 1438 de 2011.

En lo que atañe a la procedencia de los costos alegados para depurar la base de
cotización de aportes, si bien se aportó un certificado suscrito por contador público
para soportar los costos y gastos incurridos en 2014 para el ejercicio de su actividad
económica, y como anexo a la misma un archivo excel denominado anexos gastos
renta JRA 2014, donde se detallan mensualmente el concepto de cada gasto en que
se incurrió, se echa de menos el soporte o comprobante externo que dé cuenta de las
erogaciones reportadas. Adicionalmente, se evidencia que para la estimación de los
costos y gastos totales por $364.439.368, se incluyeron expensas correspondientes a
ejercicios fiscales de 2012 y 2013 -según cuadro inserto en la página 27 de la sentencia, las
únicas erogaciones por 2014 corresponderían a $196.051.310, que carecen de soportes-.

Destaca que en el archivo SQL del acto que resolvió el recurso de reconsideración, se
evidencia que el demandante llevó costos por valor de $136.404.343, de los cuales la

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UGPP aceptó la suma de $31.973.220 y rechazó la diferencia en tanto según esa
entidad correspondían a periodos no fiscalizados de años 2012 y 2013, circunstancia
que también se evidencia en la certificación contable aportada en sede judicial para el
reconocimiento de los gastos.

Si bien el valor total certificado contablemente por el período 2014 es de $364.439.368,
dicha suma no concuerda con el archivo detallado que adjunta el demandante, por las
razones antes advertidas, lo que da cuenta de una irregularidad en las pruebas para
efectos de aminorar la base de cotización de los aportes en salud.

Así, ante la falta de certeza de la existencia de los costos alegados por la parte
demandante, se mantiene su rechazo.

Recurso de apelación

La UGPP apeló la sentencia de primera instancia, por incurrir en defecto sustantivo al
decidir el cargo de exclusión de la obligación de cotizar al Sistema General de
Pensiones, por contar el demandante con la asignación de retiro8:

Cuestiona que el tribunal asimile la asignación de retiro de los miembros de la Fuerza
Pública con la pensión de vejez y, por ende, considerara que la cotización al Sistema
de Seguridad Social era voluntaria. Todo porque, en virtud de los artículos 163 del
Decreto 1211 de 1990 -asignación de retiro- y, 33 y 64 de la Ley 100 de 1993 -requisitos
para obtener la pensión de vejez en régimen de prima media y ahorro individual con solidaridad- se
trata de dos prestaciones diferentes en cuanto a normas, origen, beneficiarios,
requisitos y recursos. Además, conforme al artículo 36 del Decreto 4433 de 2004, las
asignaciones de retiro y pensiones previstas en ese decreto son compatibles con los
sueldos provenientes del desempeño de empleos públicos, incluidos los
correspondientes a la actividad militar o policial, por movilización o llamamiento
colectivo al servicio y con las pensiones de jubilación e invalidez provenientes de
entidades de derecho público.

Así las cosas, la asignación de retiro no impide que, como ocurre en este caso, en su
calidad de independiente, el demandante tenga la capacidad económica, evento en el
cual está en la obligación de afiliarse y pagar aportes sobre esos ingresos, en
acatamiento a lo previsto en el artículo 48 de la CP y por no estar relevado de la
obligación de cotizar en los términos del artículo 17 de la Ley 100 de 1993.

Como fundamento de su argumento, transcribió apartes de los conceptos del Ministerio
de la Protección Social 113854 28 de abril y 211469 de junio, ambos de 2008,
conforme con los cuales: (i) la asignación de retiro prevista en el artículo 163 del
Decreto 1211 de 1990 no constituye una pensión cuando se trata de las que reconoce
el Sistema General de Pensiones y (ii) la pensión de jubilación y la asignación por retiro
son prestaciones diferentes que no se deben asimilar, por lo que quien recibe una
asignación de retiro y suscribe un contrato laboral debe continuar cotizando para cubrir
los riesgos de vejez, invalidez y muerte, al no existir incompatibilidad entre esas
prestaciones y tener capacidad de pago.

Las personas que tengan asignación de retiro no están excluidas del sistema general
de pensiones y deben cotizar a dicho subsistema cuando perciben ingresos como

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Índice No. 28 de SAMAI del tribunal.

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Demandante: Jairo Roberto Arciniegas Martínez

trabajadores independientes y tengan capacidad de pago, como es el caso del
demandante, quien tiene la obligación de afiliarse y pagar aportes al sistema de la
protección social en pensiones.

El demandante apeló la sentencia de primera instancia en lo desfavorable a sus
pretensiones -notificación, base de cotización y determinación del IBC-9, por las siguientes
razones:

En el trámite administrativo no se autorizó ni diligenció formulario o formato para que
la UGPP realizara la notificación de sus actuaciones por correo electrónico -art. 67
CPACA-, y que, pese a conocer la dirección física en la que se habían recibido
notificaciones, de manera arbitraria cambió dicho canal de comunicación «sin siquiera
asegurarse de que mi mandante recibiera las comunicaciones y requerimientos emitidos, contrariando
los postulados que guían la actuación administrativa», lo que desconoció el derecho de defensa
y debido proceso, por cuanto la indebida notificación de los actos limitó la posibilidad
de dar respuesta clara, cierta y oportuna a los requerimientos y solicitudes de la
entidad.

Si una norma referida a un impuesto de período establece un beneficio tributario o
reduce la carga tributaria al contribuyente, puede aplicarse en período diferente al de
la creación del tributo, siempre que los hechos económicos gravados no se hayan
consolidado. Así, en consideración a que el artículo 135 de la Ley 1753 de 2015 resulta
más favorable para la situación en particular y reduce la carga como contribuyente, en
aplicación del principio de favorabilidad se deben reliquidar las sanciones por omisión
e inexactitud determinadas en los actos enjuiciados. En caso contrario, solicita se
aplique el esquema de presunción de ingresos para trabajadores independientes,
establecido en el Decreto 1601 de 2022.

No se tuvieron en cuenta los soportes contables allegados y se desconocieron las
normas tributarias que le dan carácter de plena prueba a las certificaciones emitidas
por el revisor fiscal y/o contador, que se presumen de buena fe. Además, la UGPP no
hizo uso de la facultad que le asiste para realizar comprobaciones pertinentes, para el
caso, requerir los soportes.

Solicita como prueba -en segunda instancia- «un nuevo estudio del acervo probatorio allegado al
expediente», relacionó 9 pruebas que solicitó se decretaran -constancia de notificación,
sentencia de 11 de noviembre de 2022, copia de los actos demandados, del recurso de reconsideración,
del descorre del traslado de las excepciones previas, de la contestación de la demanda, del Excel de
liquidación de aportes, los soportes contables del Excel adjunto, Excel relación costos de mensajería-,
y se decretara una prueba trasladada, las que fueron negadas mediante auto de 30 de
octubre de 2023.

Pronunciamientos en segunda instancia

Las partes demandante y demandada reiteraron los argumentos planteados en la
demanda y su contestación de la demanda, respectivamente, y en los escritos de
apelación10.

El ministerio público guardó silencio.

9
Índice No. 30 de SAMAI del tribunal.
10
Índices 46 y 44 de SAMAI.

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Demandante: Jairo Roberto Arciniegas Martínez

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Problema jurídico

El debate jurídico se centra en determinar, conforme a los argumentos de apelación
formulados por las partes: (i) si la entidad desconoció el derecho de defensa y debido
proceso por tener en cuenta, para efectos de notificación, una dirección electrónica;
(ii) si los miembros de la fuerza pública, beneficiarios de la asignación de retiro no
están obligados a realizar cotizaciones al régimen del sistema general de pensiones
por los ingresos percibidos como trabajador independiente; (iii) si por principio de
favorabilidad en materia tributaria, para los períodos de enero a diciembre de 2014 se
debe aplicar el IBC previsto en el artículo 135 de la Ley 1753 de 2015; y (iv) si el IBC
establecido por la entidad no tuvo en cuenta los costos y gastos probados con la
declaración de renta y certificados por contador público.

Análisis del caso concreto

1. Violación del derecho de defensa y debido proceso, por notificación
electrónica

En torno al reproche de la notificación electrónica de los actos expedidos por la UGPP,
el tribunal advirtió que el requerimiento para declarar y/o corregir se notificó por correo
certificado enviado y recibido en dirección física. Que, con la respuesta a dicho
requerimiento, el 29 de septiembre de 2017, el aportante informó una dirección física -
la registrada en el RUT- y una electrónica, por lo que en atención al artículo 312 de la Ley
1819 de 2016 y conforme al certificado de entrega de Certimail, la notificación de la
liquidación oficial de 18 de enero de 2018 se surtió de forma electrónica el 08 de
febrero de 2018, con lo cual se descarta la vulneración al derecho a la defensa y al
debido proceso. Agregó que está probado que, en las oportunidades procesales se dio
respuesta al acto previo y se interpuso el recurso de reconsideración contra el acto
definitivo.

A lo anterior se opone el demandante, porque en el trámite administrativo no se
autorizó ni diligenció formulario o formato para que la UGPP realizara la notificación
de sus actuaciones por correo electrónico -art. 67 CPACA-, y que, pese a conocer la
dirección física en la que se habían recibido notificaciones, de manera arbitraria
cambió dicho canal de comunicación «sin siquiera asegurarse de que mi mandante recibiera las
comunicaciones y requerimientos emitidos, contrariando los postulados que guían la actuación
administrativa», lo que desconoció el derecho de defensa y debido proceso, en tanto la
indebida notificación de los actos limitó la posibilidad de dar respuesta clara, cierta y
oportuna a los requerimientos y solicitudes de la entidad.

Como se observa, la parte actora fundamenta el recurso de apelación en el artículo 67
del CPACA -la notificación por medio electrónico procederá siempre y cuando el interesado acepte
ser notificado de esta manera-, sin tener en cuenta que, conforme al artículo 312 de la Ley
1819 de 201611, norma citada por el tribunal en la sentencia censurada y vigente para
la época de los hechos, los actos administrativos que profiera la UGPP en los procesos
de determinación de obligaciones y sancionatorios de las contribuciones parafiscales
de la protección social y de cobro coactivo, podrán notificarse a la dirección electrónica
que informe el aportante de manera expresa. Conforme a la misma disposición, una
11
Derogado a partir del 1º de julio de 2019 por los artículos 122 de la Ley 1943 de 2018 y 160 de la Ley 2010 de 2019.

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Demandante: Jairo Roberto Arciniegas Martínez

vez se informe la dirección electrónica a la entidad, todos los actos administrativos
proferidos con posterioridad a ese momento, independientemente de la etapa
administrativa en la que se encuentre el proceso, serán notificados a esa dirección
hasta que el aportante informe de manera expresa el cambio de dirección.

Como la discusión se centra en la notificación electrónica, frente a la misma está
probado que en la respuesta al requerimiento para declarar y/o corregir, en el acápite
de «COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES», el aportante de forma expresa indicó una
dirección física en la ciudad de Bogotá, D.C. y en seguida: «Correo:
jrobertoarciniegas@yahoo.com.mx»12.

La UGPP profirió la Liquidación Oficial RDO-2018-00080 de 18 de enero de 2018 y en
el artículo cuarto ordenó la notificación al aportante de forma electrónica al correo
antes indicado, conforme al artículo 312 de la Ley 1819 de 2016, actuación que se
surtió el 29 de enero siguiente, tal como consta en el acuse de recibo certificado de
Certimail13 y lo advirtió el tribunal, frente a lo cual no se propuso reparo en el recurso
de apelación, estando claro que contrario a lo afirmado por el actor, la actuación de la
entidad está fundamentada en la citada norma legal, no es arbitraria y con esta no se
vulneró el derecho a la defensa y debido proceso, en tanto contra dicho acto se
interpuso el recurso de reconsideración, que dio lugar a la expedición de uno de los
actos administrativos demandados en este proceso.

Si bien el demandante afirma que por la notificación electrónica se limitó la posibilidad
de dar respuesta clara, cierta y oportuna a los requerimientos y solicitudes de la
entidad, se trata de una afirmación que contrasta con las actuaciones surtidas en el
curso del proceso administrativo, en el que el aportante tuvo la oportunidad de atender
los requerimientos y solicitudes realizadas por la entidad. En consecuencia, no
prospera el cargo de la parte demandante.

2. Asignación de retiro de los miembros de la Fuerza Pública. Obligatoriedad de
las cotizaciones al régimen del sistema general de pensiones

El tribunal concluyó que la asignación de retiro a los miembros de la Fuerza Pública se
asimila a una pensión de vejez, razón por la cual los afiliados podrán cotizar de forma
voluntaria al Sistema de Seguridad Social en Pensiones los tiempos en servicio, con
el propósito de lograr el reconocimiento de una pensión de jubilación. Agregó que la
obligación de realizar aportes al subsistema pensional cesa cuando se han cumplido
los requisitos para obtener la pensión de vejez o la asignación de retiro, al tratarse de
prestaciones sociales que se asemejan en cuanto a su naturaleza y finalidad.

Por su parte, la UGPP considera que en virtud de los artículos 163 del Decreto 1211
de 1990 -asignación de retiro- y, 33 y 64 de la Ley 100 de 1993 -requisitos para obtener la
pensión de vejez en régimen de prima media y ahorro individual con solidaridad- se trata de dos
prestaciones diferentes en cuanto a normas, origen, beneficiarios, requisitos y
recursos. Además, conforme al artículo 36 del Decreto 4433 de 2004 esas
asignaciones son compatibles.

La Sala observa que conforme al artículo 128 de la CP, nadie podrá desempeñar
simultáneamente más de un empleo ni recibir más de una asignación que provenga

12
Índice No. 29 de SAMAI. 40ANTECEDENTES AD_ANTECEDENT_21ANTECEDENTESzip(.zip) NroActua 29. Página 5 de la
respuesta al requerimiento.
13
Ibidem.

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del tesoro público, o de empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria
el Estado, salvo los casos expresamente determinados por la ley.

Esa norma constitucional la desarrolló el artículo 19 de la Ley 4ª de 1992 según la cual,
nadie podrá recibir más de una asignación proveniente del Tesoro Público, o de
empresas o instituciones en las que el Estado tenga parte mayoritaria, salvo las
percibidas por el personal con asignación de retiro o pensión militar o policial de la
Fuerza Pública -lit. b)-.

Es decir, de la prohibición señalada en el artículo 128 constitucional se exceptúan las
asignaciones que perciba el personal con asignación de retiro o pensión militar o
policial de la Fuerza Pública. Sin embargo, ello no significa que tal salvedad sea
absoluta, dado que debe ser analizada conforme con las normas de compatibilidad
sobre prestaciones sociales incluidas en el régimen especial de dichos servidores
públicos14.

Por su parte, el artículo 36 del Decreto 4433 de 2004 «por medio del cual se fija el régimen
pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza Pública», en lo que interesa al
caso, establece que la asignación de retiro es compatible con las pensiones de
jubilación e invalidez provenientes de entidades de derecho público.

La Corte Constitucional en la sentencia C-432 de 200415 indicó que la asignación de
retiro es una modalidad de prestación social que se asimila a la pensión de vejez y que
goza de un cierto grado de especialidad (en requisitos), atendiendo la naturaleza
especial del servicio y las funciones que cumplen los servidores públicos a quienes se
les reconoce.

Por la prohibición constitucional de conceder más de una asignación que provenga del
tesoro público, no son compatibles entre sí las prestaciones causadas por servicios
militares, tal es el caso de las asignaciones de retiro y las pensiones militares; porque
la causa o fuente de reconocimiento es la misma, es decir, la prestación del servicio
militar durante largos períodos de tiempo.

En palabras de la Corte, al tratarse «de una prestación susceptible de reconocimiento por el
retiro del servicio activo (al igual que la pensión de vejez) y que, por su propia naturaleza, es
incompatible con otras pensiones militares. Lo anterior, no es óbice para que se reconozcan pensiones
de jubilación e invalidez provenientes de otras entidades de derecho público, siempre que se causen
en diferente tiempo, provengan de distinta causa y tengan un objeto no asimilable», pues el «alcance
de la compatibilidad de las asignaciones de retiro y las pensiones militares con pensiones de jubilación
o de invalidez de entidades de derecho público, implica que se causen con tiempos diferentes de
servicio, pues, no es posible con un mismo tiempo obtener dos prestaciones que tienen idéntica causa
y objeto».

Es criterio de la Sección Segunda de esta corporación, que «la asignación de retiro es una
prestación social periódica y vitalicia establecida en favor de los miembros de la fuerza pública que se
retiran o son retirados del servicio activo y cuyo propósito es satisfacer sus necesidades básicas y las
de su familia. En términos generales, se asimila a la pensión de vejez contenida en la Ley 100 de 1993
para los demás trabajadores civiles del Estado 16, dado que con ella se cubre un riesgo igual al de

14
Sección Segunda del Consejo de Estado, sentencia de 08 de octubre de 2020, exp. 20001-23-39-000-2016-00172-01 (0909-
2018), CP. Rafael Francisco Suárez Vargas.
15
MP: Rodrigo Escobar Gil. Por la que se declaró inexequibles el Decreto-Ley 2070 de 2003 “por medio del cual se reforma el
régimen pensional propio de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional” y el numeral 3° del artículo 17 de la Ley 797 de 2003.
16
Cita de cita: La Corte Constitucional en sentencia T-512 de 2009, con ponencia del magistrado Luis Ernesto Vargas Silva señaló
que esta prestación social «la asignación de retiro goza de una naturaleza prestacional que es susceptible de reconocimiento por

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esta17».

Así, se entiende que la asignación de retiro de los miembros de la fuerza pública
consiste en una modalidad de prestación social especial que se asimila a la pensión
de vejez contemplada en la Ley 100 de 1993, y que su reconocimiento no impide que
se pueda obtener la pensión de vejez, invalidez o de sobrevivientes en Colpensiones
o fondos privados de pensión en la medida en que se cumplan los requisitos de la Ley
100 de 1993.

Precisado lo anterior, se tiene que el artículo 17 de la Ley 100 de 1993, modificado por
el artículo 4 de la Ley 797 de 2003, establece en sus dos primeros incisos que, durante
la vigencia de la relación laboral y del contrato de prestación de servicios, deberán
efectuarse cotizaciones obligatorias a los regímenes del sistema general de pensiones
por parte de los afiliados, los empleadores y contratistas con base en el salario o
ingresos por prestación de servicios que aquellos devenguen. Asimismo, dispone que
dicha obligación cesa al momento en que el afiliado reúna los requisitos para acceder
a la pensión mínima de vejez, o cuando el afiliado se pensione por invalidez o
anticipadamente.

Por otro lado, se coincide con la Corte Suprema de Justicia18, en que «la Ley 100 de 1993
no consagró disposición alguna que excluya de la afiliación al sistema pensional a las personas que
estén disfrutando de una pensión que no haga parte del Sistema General de Pensiones», como es el
caso de la asignación mensual de retiro de la que es beneficiario el demandante, lo
que refuerza que esta es compatible con las prestaciones del sistema ordinario de
seguridad social. En esta línea, en sentencia SL2883-2022 del Alto Tribunal, se abordó
la naturaleza de la asignación de retiro y su compatibilidad con otras prestaciones y se
señaló que «(...) Las asignaciones de retiro son compatibles con las pensiones de jubilación e
invalidez provenientes de entidades de derecho público; lo anterior, sin perjuicio de las modificaciones
que introdujo el Decreto 4433 de 2004 «por medio del cual se fija el régimen pensional y de asignación
de retiro de los miembros de la Fuerza Pública».

Manteniendo la línea, la Corte Suprema de Justicia, frente a la naturaleza de la
asignación mensual de retiro de los miembros de la Fuerza Pública y la obligación del
empleador de efectuar las cotizaciones al sistema general de pensiones por su
trabajador, en providencia SL16036-2017 citó la sentencia de 14 de febrero de 2007,
radicación número 11001-03-25-000-2004-00109-01(1240-04) del Consejo de Estado,
que señaló:

«DE LA NATURALEZA DE LA ASIGNACIÓN DE RETIRO.- Indudablemente se constituye en un
derecho de carácter prestacional que surge de una relación laboral administrativa, y con la cual
se pretende cubrir un riesgo o una contingencia propia de la seguridad social. Se trata entonces
de una prestación social de causación o tracto sucesivo que se devenga de manera vitalicia, la
cual es irrenunciable en los términos de los artículos 48 y 53 de la Constitución Política. Es así
como, una vez observados los presupuestos normativos exigidos en la ley, los miembros de la
Fuerza Pública (Fuerzas Militares y Policía Nacional), tendrán derecho a su reconocimiento y
pago, en tanto su situación fáctica laboral se subsuma dentro de tales supuestos legales.

el retiro del servicio activo, al igual que la pensión de vejez que se le otorga a los trabajadores que se rigen bajo la normatividad
de las [L]eyes 100 de 1993 y 797 de 2003».
17
Cita de cita: La Sección sobre el particular ha señalado: «La asignación de retiro es un derecho prestacional con carácter
periódico que surge de una relación laboral administrativa y con la cual se pretende cubrir un riesgo o una contingencia propia de
la seguridad social, consagrada a favor del personal de la Policía Nacional y las Fuerzas Militares, que conforme a la jurisprudencia
de esta Corporación se le ha reconocido el carácter de una pensión como la de vejez o de jubilación». Consejo de Estado. Sala
de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección B. Radicación: 05001-23-33-000-2013-01790-01(4188-17).
Actor: José Gabriel Quintero Sabogal. Demandado: Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional, y Caja de Sueldos de Retiro
de la Policía Nacional. Consejero ponente: Sandra Lisset Ibarra Vélez. Bogotá D.C. 22 de octubre de 2018.
18
Sentencia de 03 de octubre de 2017, SL16036-2017 radicación No. 52255, MP: Fernando Castillo Cadena.

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Es por disposición de la misma Constitución Política que los miembros de la Fuerza Pública gozan
o se benefician de un régimen prestacional especial, en consideración al ejercicio de las
excepcionales funciones públicas que desarrollan en cumplimiento de su actividad militar o
policial. De ahí, el establecimiento de una normatividad legal diferente a la que se ha configurado
respecto de los demás servidores públicos, y obviamente a su exclusión de la aplicación del
sistema integral de seguridad social contenido en la Ley 100 de 1993 y en la Ley 797 de 2003».

En el horizonte trazado, se tiene que la Ley 100 de 1993 no consagró disposición alguna que
excluya de la afiliación al sistema pensional a las personas que estén disfrutando de una
prestación que no haga parte del Sistema General de Pensiones, como sucede en el asunto bajo
examen, esto es, la asignación mensual de retiro que actualmente disfruta el demandante.

En esta línea, prosiguió la Corte Suprema de Justicia en la referida providencia:

Aunado a lo anterior, tal como se ha advertido, dado que la asignación de retiro es compatible con
las prestaciones del sistema ordinario de seguridad social, nótese que tampoco se dio el supuesto
del artículo 17 de la Ley 100 de 1993, modificado por el precepto 4.º de la Ley 797 de 2003, esto es,
que cesara el deber de cotizar para el cubrimiento de las contingencias de invalidez, vejez y
sobrevivientes, como para que la llamada a juicio se exonerara de tan importante obligación, esto es,
afiliar a su trabajador y efectuar las cotizaciones al sistema general de pensiones, de allí que sea el
empleador el único responsable de realizar el pago de tales aportes.

Por otra parte, referente a la compatibilidad de la prestación que ha venido siendo objeto de estudio con
la obligatoriedad del pago de aportes al sistema de seguridad social en pensión, que en últimas podría
generar el reconocimiento de la pensión de vejez prevista para los trabajadores particulares, es preciso
aclarar que en aras de preservar la moralidad y decoro administrativos, los servidores no pueden valerse
de sus privilegios para obtener del Estado un doble beneficio, de allí que esté prohibido que una persona
pueda disfrutar dos o más asignaciones provenientes del Tesoro Público; empero, se ha considerado
que los aportes al Instituto de Seguros Sociales corresponden a contribuciones de naturaleza
especial, parafiscal, bipartitas entre empleadores y trabajadores, por lo que es perfectamente
viable que, de darse los presupuestos exigidos, el asegurado pueda disfrutar de dos
prestaciones, una, a cargo del erario y, otra, del ente administrador del régimen de prima media.

El anterior razonamiento, encuentra soporte con la expedición de la Ley 797 de 2003,
que en el literal m) del artículo 2° que modificó el precepto 13 de la Ley 100 de 1993,
estableció: «Los recursos del Sistema General de Pensiones están destinados exclusivamente a dicho
sistema y no pertenecen a la Nación, ni a las entidades que los administran». (Resaltado fuera del texto
original).

Teniendo en cuenta lo anterior, a juicio de esta Sala, para el caso concreto no es
aplicable la regla prevista en el artículo 17 de la Ley 100 de 1993, sobre la cesación
de la obligación de cotizar al sistema cuando se cumplen los requisitos para acceder
a la pensión, aun cuando se asimile la asignación de retiro con la pensión de vejez,
pues la primera hace parte de un régimen especial previsto para los servidores de la
fuerza pública, más no del Sistema General de Pensiones, respecto del cual además
sigue existiendo el deber de solidaridad, hasta tanto se cumpla con los requisitos
legalmente exigidos para acceder a la referida pensión.

Así las cosas, y considerando los precedentes aludidos, se concluye que la asignación
de retiro que devengaba el demandante19 no impedía que cumpliera con el deber legal
de afiliarse y realizar los aportes al Sistema de Seguridad Social en Pensiones sobre
los ingresos obtenidos en el ejercicio de su profesión de abogado durante enero a

19
En el expediente está probado, de acuerdo con la certificación de 24 de agosto de 2016, expedida por la Caja de Retiros de las
Fuerzas Militares, que el señor Jairo Roberto Arciniegas Martínez tiene reconocida una asignación de retiro desde el 4 de
septiembre de 2004, devengando mensualmente la suma de $6.823.597.

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diciembre de 2014, y si bien en la demanda se afirmó que, en dado caso la obligación
de cotizar a pensión solo sería desde el 01 de enero de 2014 hasta el 07 de junio del
mismo año por haber cumplido 62 años de edad el 08 de junio de 2014, esa
circunstancia, por si sola y en los términos planteados, no le permite sustraerse del
citado deber, en cuanto la situación del actor debe resolverse al tenor de las
disposiciones previstas en la Ley 100 de 1993, razón por la cual prospera el recurso
de apelación interpuesto por la entidad.

3. El IBC previsto en el artículo 135 de la Ley 1753 de 2015. Principio de
favorabilidad

El tribunal decidió que en atención al principio de irretroactividad de la norma tributaria,
no es posible extender los efectos de la base de cotización establecida en el artículo
135 de la Ley 1753 de 2015, como lo pretende el demandante, dado que el proceso
de fiscalización adelantado por la UGPP, que derivó en la expedición de los actos
administrativos demandados, surgió con ocasión de la conducta del demandante de
omisión en las autoliquidaciones y pago de aportes al Sistema de Seguridad Social por
los períodos de enero a diciembre de 2014, es decir, sobre una vigencia concluida y
anterior a la promulgación de la citada ley.

El demandante discrepa de lo anterior y afirma que, si una norma referida a un
impuesto de período establece un beneficio tributario o reduce la carga tributaria al
contribuyente, puede aplicarse en período diferente al de la creación del tributo,
siempre que los hechos económicos gravados no se hayan consolidado. En esta línea,
sostiene que debe aplicarse el artículo 135 de la Ley 1753 de 2015, pues le resulta
más favorable y reduce la carga como contribuyente.

Al respecto, se reitera el criterio de la Sala según el cual, la citada norma, que entró
en vigor el 09 de junio de 2015, no se puede aplicar frente a los períodos previos a su
promulgación, correspondiendo para el caso, de enero a diciembre de 2014, por
cuanto ello implicaría desconocer el principio de irretroactividad en materia tributaria,
establecido en los artículos 338 y 363 de la Constitución Política20, sin perjuicio de que
resulte o no más favorable al obligado21.

En cuanto a la solicitud de que se aplique el esquema de presunción de ingresos para
trabajadores independientes, previsto en el Decreto 1601 de 2022 y solicitado con la
apelación -la demanda se presentó en 2019-, basta con indicar que en los considerandos de
dicha disposición se establece que el sistema de presunción de ingresos «servirá como
referente para la presentación de autoliquidaciones y la fiscalización de las bases de cotización de los
trabajadores independientes por cuenta propia y los independientes con contrato diferente a prestación
de servicios así como un indicador que, en cumplimiento del artículo 33 de la ley 1438 de 2011,
determine la presunción de capacidad de pago para el Régimen Contributivo del Sistema de Seguridad
Social en Salud, al Sistema General de Pensiones y al Sistema de Riesgos Laborales», por lo que,
es claro que constituye una herramienta cuyo objetivo es facilitar el cálculo de los
aportes al Sistema de Seguridad Integral a los trabajadores independientes, mediante
el cual, dependiendo de la actividad que se desarrolle, se permite deducir un
porcentaje fijo de los ingresos totales para obtener el ingreso neto sobre el cual se

20
Artículo 338. (…) Las leyes, ordenanzas o acuerdos que regulen contribuciones en las que la base sea el resultado de hechos
ocurridos durante un período determinado, no pueden aplicarse sino a partir del período que comience después de iniciar la
vigencia de la respectiva ley, ordenanza o acuerdo.
Artículo 363. El sistema tributario se funda en los principios de equidad, eficiencia y progresividad. Las leyes tributarias no se
aplicarán con retroactividad.
21
Sentencias de 23 de noviembre de 2023, exp. 26822, CP: Wilson Ramos Girón y de 15 de febrero de 2024, exp. 27583, CP:
Stella Jeannette Carvajal Basto.

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debe hacer el aporte a seguridad social.

Ese sistema indudablemente reconoce que el desarrollo de cada actividad económica
implica un costo, sin necesidad de presentar documentos o soportes para su
comprobación. Como en este caso, la citada norma no estaba vigente para cuando se
expidieron los actos cuya legalidad se juzga en esta oportunidad y, además, al proceso
se aportaron pruebas para acreditarlos, lo procedente es realizar el análisis pertinente
para la determinación del IBC.

4. IBC aplicable para liquidar los aportes

En lo que atañe a la procedencia de los costos alegados para depurar la base de
cotización de aportes, el tribunal consideró que si bien se aportó un certificado suscrito
por contadora pública para soportar los costos y gastos incurridos en 2014 para el
ejercicio de su actividad económica, y se anexó a la misma un archivo Excel
denominado “ANEXO GASTOS RENTA JRA 2014”, donde se detalla mensualmente el
concepto de cada gasto en que se incurrió, se echa de menos el soporte o
comprobante externo que dé cuenta de las erogaciones reportadas.

La parte demandante discrepa de lo decidido por el a quo, porque no se tuvieron en
cuenta los soportes contables allegados y se desconocieron las normas tributarias que
le dan carácter de plena prueba a las certificaciones emitidas por el revisor fiscal y/o
contador, que se presumen de buena fe. Además, la UGPP no hizo uso de la facultad
que le asiste para realizar comprobaciones pertinentes, para el caso, requerir los
soportes.

Vista la liquidación oficial demandada, se tiene que los hechos económicos a partir de
los cuales la UGPP determinó los ingresos para calcular los aportes, son los
reportados en la declaración de renta del año 2014, así:
Ingresos Renglón Valor

Honorarios, comisiones y servicios 35 402.934.000
Intereses y rendimientos financieros 36 5.000
Dividendos y participaciones 37 0
Otros (Ventas, arrendamientos, etc.) 38 0
Total ingresos percibidos por concepto de renta (35 + 36 + 37 + 38) 40 402.939.00022

En la resolución que resolvió el recurso de reconsideración, la entidad afirmó que era
deber del aportante acreditar cómo se percibieron esos ingresos de manera mensual,
y dado que el administrado guardó silencio, se procedió a dividirlo en los 12 meses del
año. Frente a los costos, en ese mismo acto se expuso que conforme a los soportes
allegados y por reunir los requisitos de causalidad, necesidad y proporcionalidad era
procedente reconocer la suma $31.973.220 -en la declaración de renta se reportó la suma de
$352.309.000-, así:

Año Mes del costo Costos aceptados

2014 1 2.016.917
2014 2 3.593.867
2014 3 2.513.867
2014 4 2.611.767
2014 5 2.516.917
2014 6 3.103.867
2014 7 2.513.867

22
En la declaración de renta se reportaron ingresos por pensiones jubilación, invalidez, vejez, de sobreviniente y riesgos laborales
por la suma de $83.526.000 y otros ingresos por la suma total de $402.934.000.

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Radicado: 25000-23-37-000-2019-00478-01 (27493)
Demandante: Jairo Roberto Arciniegas Martínez

2014 8 2.513.867
2014 9 2.530.717
2014 10 3.103.867
2014 11 2.180.000
2014 12 2.773.700
TOTAL 31.973.220

En la demanda, el actor afirmó que la declaración de renta goza de una presunción
legal de buena fe que la Administración desconoció porque el «Ingreso Base de Cotización
únicamente tiene en cuenta la cifra reportada como ingresos en la declaración de renta de 2014 (…),
sin tener en cuenta los gastos y costos y gastos deducibles declarados en la misma declaración de
renta, LA CUAL LA LEY ENTIENDE SURTIDA BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO»23.
Es criterio de la Sala24 que la remisión a la declaración de renta no puede ser
parcializada, es decir, no se podrían valorar los ingresos sin tener en cuenta de igual
forma los costos y gastos declarados en que incurrió el contribuyente para desarrollar
la actividad productora de renta, puesto que la presunción de veracidad establecida en
el artículo 746 hace referencia a todos los hechos consignados en la declaración.

Es decir, la UGPP no puede desconocer los costos y gastos registrados en la
declaración de renta, toda vez que, para el caso de la referencia, esta fue el medio
probatorio utilizado por la entidad para determinar el monto de los ingresos y
establecer el IBC.

Si bien con la demanda se aportó certificado de contador público y un archivo Excel
anexo donde se detallan mensualmente los costos y gastos en los que habría incurrido
el contribuyente en cada mes del año 2014, frente a esa prueba el tribunal cuestionó
que se incluyeron expensas de otros periodos -2012 y 2013-, lo que no fue objeto de
reparo concreto en el recurso de apelación y, verificada la cifra reportada en la
declaración de renta por dicho concepto y período $352.309.000, es claro que
contrasta con la informada por el contador público $364.439.369, lo que impide que
con esta última prueba se tenga certeza del hecho que se pretende acreditar.

En cuanto al argumento que la entidad a pesar de contar con la facultad de realizar
comprobaciones pertinentes, no lo hizo, es preciso destacar que conforme al artículo
167 del CGP, incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que
consagran el efecto jurídico que ellas persiguen, carga de la prueba que recaía en el
demandante.

Así las cosas, en este caso es procedente reconocer los ingresos y erogaciones
declarados en renta 2014 para la depuración del IBC. Para efecto se tendrán en cuenta
los valores mensuales que por ingresos estableció la entidad en el acto que decidió el
recurso de reconsideración $33.578.250, por no haber sido objeto de cuestionamiento
y frente a los costos se tomarán los valores mensuales aceptados por la UGPP de
$31.973.220 y la diferencia de $320.335.780 será dividida en partes iguales en los 12
meses fiscalizados, así:
Año Mes del Costos aceptados Costos restantes Total de costos
costo en recurso de de la declaración
reconsideración de renta

2014 1 2.016.917 26.694.648 28.711.565
2014 2 3.593.867 26.694.648 30.288.515
2014 3 2.513.867 26.694.648 29.208.515
2014 4 2.611.767 26.694.648 29.306.415

23
Página 12 de la demanda.
24
En igual sentido se pronunció la Sala en sentencias de 30 de agosto de 2024, exp. 26718 y de 24 de noviembre de 2022, exp.
26206, CP: Myriam Stella Gutiérrez Argüello.

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Radicado: 25000-23-37-000-2019-00478-01 (27493)
Demandante: Jairo Roberto Arciniegas Martínez

2014 5 2.516.917 26.694.648 29.211.565
2014 6 3.103.867 26.694.648 29.798.515
2014 7 2.513.867 26.694.648 29.208.515
2014 8 2.513.867 26.694.648 29.208.515
2014 9 2.530.717 26.694.648 29.225.365
2014 10 3.103.867 26.694.648 29.798.515
2014 11 2.180.000 26.694.648 28.874.648
2014 12 2.773.700 26.694.648 29.468.348
Total 31.973.220 320.335.776 352.308.996

La determinación del IBC es la siguiente:

Año Mes Ingresos Costos Ingreso depurado IBC25
(ingresos – costos)

2014 1 33.578.250 28.711.565 4.866.685 4.866.700
2014 2 33.578.250 30.288.515 3.289.735 3.289.700
2014 3 33.578.250 29.208.515 4.369.735 4.369.700
2014 4 33.578.250 29.306.415 4.271.835 4.271.800
2014 5 33.578.250 29.211.565 4.366.685 4.366.700
2014 6 33.578.250 29.798.515 3.779.735 3.779.700
2014 7 33.578.250 29.208.515 4.369.735 4.369.700
2014 8 33.578.250 29.208.515 4.369.735 4.369.700
2014 9 33.578.250 29.225.365 4.352.885 4.352.900
2014 10 33.578.250 29.798.515 3.779.735 3.779.700
2014 11 33.578.250 28.874.648 4.703.602 4.703.600
2014 12 33.578.250 29.468.348 4.109.902 4.109.900
Total 402.939.000 352.308.996 50.630.004 -------

De conformidad con lo expuesto, prospera el recurso de apelación de la parte
demandante en cuanto lo procedente es reliquidar el IBC según el cálculo efectuado
por esta Sala en la presente providencia.

Conclusión

Por lo razonado, se establece que: i) en vigencia del artículo 312 de la Ley 1819 de
2016, en el proceso de determinación de obligaciones y sancionatorios de las
contribuciones parafiscales de la protección social, la UGPP podía notificar los actos
administrativos a la dirección electrónica informada de manera expresa por el
aportante; (ii) el reconocimiento y pago de la asignación de retiro de los miembros de
la fuerza pública, aun cuando se asimila a la pensión de vejez y es compatible con las
prestaciones del sistema ordinario de seguridad social, no cesa la obligación de cotizar
al Sistema General de Pensiones con fundamento en el artículo 17 de la Ley 100 de
1993; (iii) el artículo 135 de la Ley 1753 de 2015 no es aplicable a los periodos de
enero a diciembre de 2014, porque ello implicaría desconocer el principio de
irretroactividad de la norma tributaria y (iv) si para establecer el IBC la UGPP tiene en
cuenta los ingresos declarados en renta, no puede desconocer los costos y gastos allí
registrados y que cumplan con los requisitos, pues la remisión a esa prueba no puede
ser parcializada.

En consecuencia, al prosperar el recurso de apelación de la entidad, se revocará el
ordinal segundo de la sentencia apelada, por cuanto conforme a lo analizado en esta
providencia, no le asiste razón al tribunal al declarar que el demandante no está
obligado a cancelar los aportes al Sistema de Seguridad Social en Pensiones y FSP
por los periodos de enero a diciembre de 2014, así como tampoco hay lugar al pago
de la sanción por omisión impuesta en los actos demandados, con lo cual, se negará
dicha pretensión, al igual que las demás relacionadas con la notificación de los actos

25
Aproximado al peso superior más cercano, de conformidad con el artículo 3.2.1.5. del Decreto 780 de 2016.

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Demandante: Jairo Roberto Arciniegas Martínez

y la aplicación del principio de favorabilidad en relación con el artículo 135 de la Ley
1753 de 2015.

Por otra parte, al prosperar parcialmente el recurso de apelación interpuesto por el
demandante, lo procedente es ordenar a la UGPP que reliquide los aportes a los
subsistemas de salud y pensión teniendo en cuenta el IBC determinado en la parte
considerativa de esta providencia, y disminuya las sanciones de inexactitud y omisión
de forma proporcional a los ajustes. En lo demás, se confirmará la sentencia apelada.

Costas

De conformidad con lo previsto en los numerales 1 y 8 del artículo 365 del CGP,
aplicable por remisión expresa del artículo 188 del CPACA, y teniendo en cuenta el
criterio de la Sala, no se condenará en costas -gastos del proceso y agencias en derecho-,
toda vez que no está probada su causación.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la Ley,

FALLA

1. Revocar el ordinal segundo de la sentencia de 11 de noviembre de 2022,
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección
B. En su lugar:

Segundo: En consecuencia y a título de restablecimiento del derecho, ORDENAR a la
UGPP que reliquide los aportes a los subsistemas de salud y pensión teniendo en cuenta
el IBC determinado en la parte considerativa de esta providencia, y disminuya las
sanciones de inexactitud y omisión de forma proporcional a los ajustes.

2. En lo demás, confirmar la sentencia apelada.

3. Sin condena en costas en segunda instancia.

Notifíquese y comuníquese. Devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase.

Esta providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO

La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

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