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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2019-00480-01

Fecha
9 de mayo de 2024
Consejero ponente
Myriam Stella Gutierrez Arguello

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2019-00480-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA 1. Confirmar la sentencia del 27 de abril de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A. 2. Sin condena en costas en esta instancia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 25000-23-37-000-2019-00480-01

Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello

9 de mayo de 2024

Radicado: 25000-23-37-000-2019-00480-01 (28297)
Demandante: Servientrega S.A.

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá D.C., nueve (9) de mayo de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación 25000-23-37-000-2019-00480-01 (28297)
Demandante SERVIENTREGA S.A.
Demandado DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES, DIAN
Temas: Impuesto a la renta para la equidad CREE. Año 2014.
Deducibilidad de gastos por indemnización a clientes. Argumentos
nuevos en apelación. Reiteración.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra
la sentencia del 27 de abril de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo
Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A, que resolvió lo siguiente1:
«PRIMERO: DECLÁRASE la nulidad de la Resolución No. 900006 del 8 de marzo de 2018,
por medio de la cual le fue proferida a la sociedad SERVIENTREGA S.A. Liquidación oficial
de revisión por el impuesto sobre la renta para la equidad- CREE del año gravable 2014, y de
la Resolución 002041 del 19 de marzo de 2019, que resolvió́ el recurso de reconsideración
interpuesto en contra del primer acto; de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la
presente providencia.
SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del
derecho, DECLÁRASE la firmeza de la declaración del impuesto sobre la renta para la
equidad CREE del año gravable 2014 presentada por la sociedad SERVIENTREGA S.A. el
25 de abril de 2015.
TERCERO: No se condena en costas a la parte vencida, de conformidad con lo expuesto en
la parte motiva
(…)».

ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA

Previo requerimiento especial2, la DIAN expidió la Liquidación Oficial de Revisión
Nro. 900006 del 8 de marzo de 20183, por medio de la cual modificó la declaración
del impuesto a la renta para la equidad, CREE de la sociedad Servientrega S.A., en
el sentido de disminuir los gastos por concepto de indemnizaciones. Esta
modificación implicó el aumento del impuesto a cargo y la imposición de la sanción
por inexactitud.
El 11 de mayo de 2018, la actora presentó recurso de reconsideración en contra del
acto de determinación oficial4, el cual fue resuelto mediante la Resolución Nro.
002041 del 19 de marzo de 20195, en el sentido de confirmar el acto recurrido.
1 SAMAI del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Índice 33.
2 Fls. 526 a 533 del cuaderno de antecedentes.
3 Fls. 616 a 628 del cuaderno de antecedentes.
4 Fls. 630 a 652 del cuaderno de antecedentes.
5 Fls. 680 a 691 del cuaderno de antecedentes.
1

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Radicado: 25000-23-37-000-2019-00480-01 (28297)
Demandante: Servientrega S.A.

ANTECEDENTES DEL PROCESO

Demanda

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
contemplado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), la parte demandante formuló las
siguientes pretensiones6:
«A. Que se declare la nulidad de la Liquidación Oficial de Revisión No. 900006 del 08 de
marzo de 2018 proferida por la División de Gestión de Liquidación de la Dirección
Seccional de Grandes Contribuyentes de la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales - DIAN, en virtud de la cual, se modificó la declaración privada del Impuesto
sobre la Renta para la Equidad -CREE correspondiente a la vigencia fiscal 2014
presentada por Servientrega S.A., y de la Resolución No. 002041 del 19 de marzo de
2019, proferida por la Subdirección de Gestión de Recursos Jurídicos de la Dirección de
Gestión Jurídica, de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN, “por la cual
se decide un recurso de reconsideración
B. Que a título de restablecimiento de derecho, se declare que SERVIENTREGA, presentó
en debida forma la declaración del Impuesto sobre la Renta para la Equidad -CREE de la
vigencia fiscal 2014; razón por la cual, la misma se encuentra en firme, no habiendo lugar
a la determinación de un mayor impuesto, así como tampoco a la imposición de una
sanción por inexactitud a su cargo».

A los anteriores efectos, la demandante invocó como normas violadas los artículos
83, 95 (numeral 9) y 363 de la Constitución Política, 107, 647, 683 y 742 del Estatuto
Tributario, y 193 (numerales 1, 2, 3 y 6) y 197 (numeral 5) de la Ley 1607 de 2012.
El concepto de violación se resume así:

Enfatizó en que “ha hecho carrera” la posición de que las indemnizaciones representan
sanciones o penalidades atribuibles a contratistas incumplidos o que no han
ejecutado su labor con diligencia y celeridad, por lo que no pueden ser deducibles
de la renta bruta. Sin embargo, por la naturaleza de la actividad desarrollada por la
demandante (servicios de mensajería expresa y transporte de carga), consideró que
no es adecuado aplicar tal postura, pues los riesgos asumidos son inherentes a su
objeto social.

Precisó que, dentro de su modelo de gestión, se encuentra la de satisfacer
totalmente las necesidades de logística y comunicación integral de sus clientes. De
ahí que los gastos en los que incurre no están encaminados al lujo, al recreo o al
consumo particular, sino a lograr los objetivos económicos de la empresa.

Indicó que los requisitos generales de deducibilidad de las expensas (artículo 107
del Estatuto Tributario) no son absolutos y definitivos, pues deben interpretarse con
criterio comercial, lo cual implica que la Administración y los contribuyentes deben
descifrar la realidad económica y la dinámica comercial particular7.

Contrario a lo afirmado en los actos acusados, su actividad no se refiere únicamente
a la regulada en el Código de Comercio, por lo que los procedimientos relacionados
con el transporte de cosas son disímiles, en la medida en que es objeto de vigilancia
tanto por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y la
6 Índice 9 de SAMAI del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. PDF Reforma a la demanda.
7 Sobre este particular, citó apartes de la sentencia del 16 de marzo de 2001, Exp. 11607, C.P. Juan Ángel
Palacio Hincapié y de la sentencia de unificación 2020CE-SUJ-4-005 proferidas por la Sección Cuarta del
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Demandante: Servientrega S.A.

Superintendencia de Puertos y Transporte, lo cual hace que se garanticen sus
procesos de gestión de calidad de dos maneras diferentes.

Destacó que la eventualidad de sufrir un accidente de tránsito, averías, daños a la
mercancía constituyen riesgos inherentes al desarrollo de sus actividades y la
posibilidad de un hurto es inherente a la realidad sociocultural del país, aspectos
sobre los cuales la demandante no se puede sustraer. A estos efectos, relató los
servicios que desarrolla (i. e. documento unitario, documento masivo, mercancía premier,
mercancía industrial, carga masiva, solución integral de empaque y embalaje), así como las
condiciones y exigencias en las que los presta.

Mencionó que en su actividad de transporte juega un papel muy importante factores
externos tales como condiciones climáticas y de seguridad nacional, que afectan los
tiempos de entrega de las mercancías; mal estado de la malla vial, que aumenta el
porcentaje de daños o averías de los productos; y difícil acceso a lugares remotos
donde ningún otro operador logístico hace entregas. A esto se suma que la
conducción de vehículos es peligrosa, como lo reconoce la Corte Constitucional en
la sentencia C-468 del 2011, de manera que se cuenta con una directriz de
mantenimiento para la flota de vehículos, con el fin de asegurar las condiciones
técnicas y mecánicas que garanticen la confiabilidad de los vehículos para atender
y soportar las operaciones logísticas de la compañía y así generar renta.
Planteó que no es ajena a la eventualidad de pagar indemnizaciones por daños
acaecidos en la prestación de su actividad productora de renta, de manera que
estos gastos se convierten en una erogación directamente relacionada con la
generación de su renta, pues si no indemniza a los terceros perjudicados, estos no
vuelven a contratar los servicios de la compañía, por lo que «podrá verse involucrada en
una campaña de desprestigio, en espacios tan influyentes en la opinión ciudadana como las redes
sociales; y si ello, llegare a ocurrir, evidente y lógicamente produciría una disminución en sus
ingresos».

Así las cosas, la pérdida de mercancía, hurtos, avería y expoliación, son riesgos
que, además de propios e inherentes a su actividad productiva, son reconocidos por
la ley, por lo que debe entenderse que son consecuencia del desarrollo normal del
objeto social de la demandante. De manera que las indemnizaciones son expensas
necesarias y relacionadas con la generación de renta, «pues mal se haría en asumir que,
si Servientrega no indemniza a sus clientes, podrá mantener sus ingresos y ver afectada su imagen
en el mercado».

Agregó que el margen de error en el proceso logístico se reconoce también en los
artículos 6 y 7 de la Resolución Nro. 3095 de 2011, expedida por la Comisión de
Regulación de Comunicaciones (CRC), pues no es posible concebir una empresa
transportadora sin riesgo latente e inminente de tener que responder
económicamente por las consecuencias del desarrollo de su actividad. Puso de
presente que la debida diligencia de Servientrega se demuestra con los comentarios
hechos por la CRC en documentos publicados en su página web, lo cual fue
desconocido convenientemente por la Administración.

Según la DIAN, para que una expensa sea deducible esta debe participar
directamente en la actividad generadora de renta, lo cual no responde a un análisis
con criterio comercial e individualizado que debe ser ejecutado por la demandada
y, en todo caso, aceptar esa tesis significaría que las indemnizaciones deducibles
serían las de las empresas dedicada profesionalmente a realizar o generar daños

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antijurídicos, lo cual desconoce la postura de la misma Administración Tributaria8 y
el artículo 148 del Estatuto Tributario.
En lo que respecta a los contratos de seguros, se refirió a los artículos 17 del
Decreto 173 de 2001 y 994 del Código de Comercio, e informó que suscribió pólizas
de transporte automático de mercancías, que aportaba con la demanda, destacando
que las mismas tenían un cubrimiento de pérdida mínimo asegurado para el pago
del deducible, es decir que respondían por unos mínimos de pérdidas que, de no
superarse, debían ser asumidos directamente por la actora, en tanto que resultan
propios e inherentes al desarrollo de su actividad productora de renta.
En tal sentido, esgrimió que las indemnizaciones se derivan de una obligación legal
y, por ende, son expensas necesarias y relacionadas con la generación de renta,
más aún cuando asumir a lo largo de un año las indemnizaciones que no cubre un
seguro es un rubro relevante para la compañía.
Sostuvo que los gastos operacionales en discusión se encuadran en las reglas
establecidas en la sentencia de unificación 2020CE-SUJ-4-005 proferida por el
Consejo de Estado ya que i) estuvieron encaminados al desarrollo o ejecución de
su actividad productora de renta; ii) se trata de expensas que acostumbran a realizar
las empresas similares a la actora porque, real o potencialmente, le permiten
desarrollar, conservar o mejorar su actividad productora de renta y, además, se
adecúa a su modelo de negocios; iii) no se destinan o relacionan con el mero lujo,
recreo o consumo particular, sino a lograr los objetivos económicos de la compañía.
Tampoco se trababan de gastos por multas por incurrir en infracciones
administrativas, porque buscan es evitarlas, además responden a una realidad
comercial y a una coyuntura de mercado por el complejo contexto socioeconómico
del país, sin que se origine en falencias en el control o en la implementación de
sistemas de gestión.
Explicó que, en los actos acusados, se aplicó indebidamente la sentencia del 5 de
mayo de 2011, exp.17888 del Consejo de Estado porque los supuestos de hecho
allí analizados no se asemejan a su situación fiscal, pues el servicio que presta sí
conlleva necesariamente la ocurrencia de hechos ajenos a la voluntad de los
contratantes y, en todo caso, porque el fallo alude a indemnizaciones derivadas de
un contrato de transporte con ocasión del reconocimiento judicial del incumplimiento
del contrato. También se refirió a un salvamento de voto de la sentencia del 27 de
septiembre de 2007, exp.15299.
Concluyó que, aunque los pagos por indemnizaciones no corresponden a
erogaciones directamente asociadas con su actividad comercial, sí guardan relación
con los ingresos, «pues basta con hacer un análisis individual sencillo para poder determinar
como consumidor, que no se volvería a contratar con una sociedad que no indemnice a sus clientes
por las situaciones acaecidas en el transporte de sus productos».

Respecto a la sanción por inexactitud, resaltó que se está en presencia de una
diferencia de criterios por la interpretación razonable sobre la procedencia de una
expensa a la luz del artículo 107 del Estatuto Tributario. Agregó que las cifras
consignadas en su declaración de renta son reales, «tan es así, que una vez adelantada
una rigurosa inspección tributaria por parte de la DIAN, la glosa que a través del presente proceso
se discute, es el único elemento de la declaración objeto de revisión y modificación por parte de la
DIAN».

8 Concepto Nro. 94762 del 2000
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Oposición de la demanda

La DIAN controvirtió las pretensiones de la demanda y solicitó que se condenara en
costas a la parte demandante9.

Consideró que la sentencia de unificación 2020CE-SUJ-4-005 del Consejo de
Estado no cambiaba en nada la posición según la cual los gastos por
indemnizaciones incumplen los requisitos de necesidad y causalidad, en la medida
en que no son inevitables, indispensables, obligatorias o forzosas para que los
contribuyentes pueden ejecutar su actividad.

Afirmó que, si bien el pago de indemnizaciones es útil para el desarrollo de la
actividad productora de renta, no es necesario ni obligatorio para que la demandante
pueda desarrollar su objeto social y obtener ingresos. En tal sentido, aseveró que
tampoco cumplen con el requisito de causalidad, puesto que la renta proviene de la
prestación del servicio de transporte de mercancías.

Argumentó que los gastos en debate no son acostumbrados, toda vez que no es
normal que la mercancía objeto del contrato de transporte se pierda, dañe o
extravíe, por lo que los hechos que generaron las indemnizaciones eran previsibles,
al punto que la actora adquirió una póliza para cubrir estos eventos. Sin embargo,
la sociedad contribuyente no afectó el seguro, en la medida que tenía una cobertura
inferior al monto de las indemnizaciones pagadas, evidenciándose que los gastos
discutidos no eran acostumbrados en la actividad de la demandante, pues, si lo
fueran, habría adquirido una póliza por un valor superior.

Añadió que no se aportaron documentos que reflejaran los montos pagados por
concepto de indemnizaciones y, por ende, era imposible contrastarlos con el
cubrimiento mínimo de las pólizas contratadas, de conformidad con el artículo 1103
del Código de Comercio.

Solicitó no tener en cuenta los argumentos incluidos por la actora en la reforma a la
demanda que adicionó jurisprudencia del Consejo de Estado sobre la deducibilidad
de gastos operacionales, porque el numeral 2 del artículo 173 de la Ley 1437 de
2011 prohíbe que se realicen ese tipo de reformas (fundamentos de derecho de las
pretensiones). Con todo contestaba la demanda teniendo en cuenta tales
modificaciones.

Destacó que la actividad transportada excluye la posibilidad de emprender
actividades inherentes al sector asegurador, según el artículo 994 del Código de
Comercio. En tal sentido, expresó que, del objeto social de la demandante, en
conjunto con los artículos 1013 y 1030 ibidem, se deriva la exigencia de que las
empresas dedicadas a prestar el servicio de transporte público terrestre automotor
de carga tomen un seguro que cubra los riesgos inherentes a esa labor.

Insistió en que la actora no usó la póliza, pese a que debió haberlo hecho o ampliado
su cobertura, y no indemnizar directamente y llevar ese gasto como deducible, pues
no era necesario, al tratarse de una erogación voluntaria dada la existencia del
seguro. De manera que los gastos en debate debieron ser trasladados a la
compañía aseguradora.

9 Índices 13 y 21 de SAMAI del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Contestación de la demanda y su
reforma.
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Manifestó que los daños antijurídicos causados a terceros son consecuencia de la
irresponsabilidad e incumplimiento de los deberes que deben observar los
administradores de la sociedad, según el artículo 23 de la Ley 222 de 1995, quienes
faltaron a su deber, al omitir lo dispuesto en el artículo 994 del Código de Comercio.

Destacó que las copias de las pólizas aportadas, suscritas en los años 2014 y 2015
entre Servientrega y MAPFRE, no reflejan los montos pagados por concepto de
indemnizaciones, lo cual era necesario para contrastarlos con el monto de las
pólizas, en virtud de la carga probatoria que en este aspecto tenía la demandante.
Resaltó que una cosa es que sean deducibles los pagos de los seguros de
transporte y otra diferente que lo sean las indemnizaciones10.

En relación con la sentencia de unificación 2020CE-SUJ-4-005 del Consejo de
Estado, citó lo expuesto en esa providencia sobre el requisito de necesidad de las
expensas, y sostuvo que los gastos rechazados incumplían tal exigencia, porque no
eran normales, bajo la razonabilidad comercial de la actividad económica de la
demandante, en tanto que no eran erogaciones obligatorias para ejecutar su labor,
puesto que sin incurrir en ellas también era posible obtener ingresos.

Puso de presente que no cuestionaba la realidad de la operación desarrollada por
la demandante, ni tampoco los factores internos o externos que la afectaban, los
procesos de reclamación, de selección del personal, las responsabilidades como
transportadora o que el ejercicio de esta actividad lleve implícito un alto riesgo de
accidentes, puesto que la ley obliga a quienes presten dicho servicio a contratar una
póliza de seguro.

Si bien la actora tomó numerosas medidas para evitar o reducir los riesgos propios
de su actividad, lo cierto es que es improcedente deducir las indemnizaciones a
clientes, porque no son necesarias para el incremento de los ingresos de la
sociedad, Así, aunque tales políticas demuestran un comportamiento de diligencia
y cuidado, no hay lugar a su deducción.

En cuanto a lo expuesto en la demanda sobre inaplicar la sentencia del 5 de mayo
de 2011 del Consejo de Estado, adujo que no era la autoridad competente para
mediar esta controversia. Además, frente al salvamento de voto dijo que en ese
caso se discutían aspectos diferentes.

Por lo anterior, afirmó que la sanción por inexactitud era aplicable, puesto que la
demandante autoliquidó deducciones que resultaban improcedentes. En este caso
no se presenta diferencias de criterios, porque se trata del desconocimiento de
normas tributarias para justificar un menor impuesto.

Sentencia apelada

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A, anuló
los actos administrativos acusados y, a título de restablecimiento del derecho,
declaró la firmeza de la declaración privada de la actora11.

Puso de presente que, según el certificado de existencia y representación legal, la
actora es una empresa transportadora de mercancías a nivel nacional e

10 Sobre este aspecto, citó la sentencia del 10 de agosto de 2017, exp. 20951, C.P. Jorge Octavio Ramírez
Ramírez
11 Índice 33.SAMAI del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
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internacional, por lo que se rige por el contrato de transporte regulado en el Código
de Comercio. En ese sentido, expresó que esta actividad exige la custodia de la
cosa o mercancía transportada, por lo que el servicio prestado por la demandante
implica un riesgo inherente de pérdida o detrimento patrimonial, en consecuencia,
a la luz del artículo 994 del Código de Comercio, debe asumir pólizas de seguro
para asegurar los riesgos que se generan en el desarrollo de su objeto social
(pérdida, hurto total o parcial, avería, entrega tardía de la cosa transportada), de
manera que el pago del seguro es un «costo necesario para el desarrollo de la actividad
productora de renta».

Ahora, en cuanto a si los gastos eran deducibles, se refirió a la sentencia de
unificación del 26 de noviembre de 2020 Nro. 2020CE-SUJ-4-005, con base en la
cual adujo que tienen relación de causalidad todas las expensas realizadas por el
contribuyente en desarrollo de su actividad productora de renta, sin que el objeto
social sea determinante para establecer el nexo causal. Además, citó apartes de
otro pronunciamiento12, del Consejo de Estado que resolvió un proceso entre las
mismas partes, en el que se debatían los actos administrativos que modificaron la
declaración de renta del año 2012 en el sentido de desconocer gastos operacionales
por concepto de indemnizaciones, y en el cual la se formularon los mismos
argumentos que son objeto de análisis en este proceso.

Con fundamento en lo anterior, advirtió que, en este caso, la actora describió el
desarrollo de su actividad y las políticas que adoptó para evitar la ocurrencia de
situaciones que implicaran el pago de indemnizaciones, lo que «demostraba
comportamientos de diligencia y cuidado». Además, allegó pruebas como el pago de
indemnizaciones y la adquisición de seguros, de manera que, en aplicación del
criterio jurisprudencial de la sentencia de unificación, las indemnizaciones pagadas
por la contribuyente por el incumplimiento de sus obligaciones como transportador
sí guardaban relación de causalidad con su actividad generadora de renta , «por
cuanto el gasto en que se incurrió fue para el desempeño de su actividad comercial en el mercado».

Si bien la demandante estaba obligada a pagar indemnizaciones a sus clientes por
daño, pérdida o avería de la mercancía transportada (artículos 1030 y 1031 del
Código de Comercio), lo cierto es que dichos pagos constituían una «circunstancia de
mercado, teniendo en consideración en este caso específico la actividad de transporte de carga que
desarrolla la contribuyente, y en esa medida, tal como fue planteado por la Alta Corporación, se
dirigen «de manera real o potencial» a impedir «el deterioro de la fuente productiva, ya sea
preservándola, adaptándola a una situación de mercado u optimizándola» (segunda regla de
unificación jurisprudencial), pues el no pago de la indemnización generaría la pérdida de los clientes
y el posicionamiento de la empresa en el mercado».

En ese orden de ideas, consideró que los gastos cuestionados resultaban
necesarios para el desarrollo de la actividad productora de renta y, por ende,
guardaba relación de causalidad con ella. De ahí que fuera procedente la deducción
registrada por la demandante en su declaración privada, en tanto que constituía «un
tratamiento fiscal a una contingencia inherente a la prestación del servicio de transporte en el
mercado». Así las cosas, concluyó que la actora acreditó los requisitos para deducir
del impuesto a la renta para la equidad CREE los gastos por indemnizaciones a sus
clientes y, por consiguiente, dijo que la sanción por inexactitud era improcedente.

Finalmente, se abstuvo de condenar en costas al no encontrarlas probadas.

12 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 12 de agosto de 2021, exp.25152, C.P. Julio Roberto
Piza Rodríguez.
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Recurso de apelación

La demandada13 apeló el fallo de primera instancia. Sostuvo que la sentencia
impugnada adolece de defecto sustantivo porque se apartó del precedente
jurisprudencial aplicable al caso concreto sin cumplir con una carga argumentativa
suficiente.

Reconoció que, si bien los jueces pueden apartarse de los pronunciamientos
adoptados por los órganos de cierre, no puede tomarse como suficiente lo expuesto
por el Tribunal para desconocer los precedentes que, hasta el año 2017, había
proferido la Sección Cuarta del Consejo de Estado sobre la imposibilidad de deducir
gastos por indemnizaciones en el impuesto a la renta. Puntualmente, consideró
insuficiente «la lacónica referencia que se hace en la sentencia del 12 de agosto de 2021 a “litigios
previos” y la sola mención a que estos contravienen los criterios de decisión sobre la deducibilidad
de expensas, fijados en la sentencia de unificación nro. 2020CE-SUJ-4-005, del 26 de noviembre de
2020».

Conforme con la sentencia SU-406 de 2016 de la Corte Constitucional, en los
eventos en los que exista un cambio jurisprudencial, el operador judicial debe
analizar si el precedente vigente para el momento de la ocurrencia de los hechos
amparó la actuación de los sujetos procesales, caso en el cual deberá inaplicar el
precedente posterior y decidir el asunto conforme con la postura anterior. En ese
sentido, reiteró que la manifestación hecha por el Tribunal, según la cual la postura
asumida anteriormente por el Consejo de Estado en casos análogos al presente
contradecía las reglas de unificación previstas en una sentencia del año 2020, no
satisfizo el requisito de carga argumentativa suficiente para apartarse del
precedente aplicable para la época de los hechos.

Expresó que, de haberse realizado el análisis exigido por la Corte Constitucional
ante el cambio de precedente, se habría inaplicado la sentencia de unificación del
Consejo de Estado y, en su lugar, se hubiese seguido el precedente jurisprudencial
vigente al momento de la expedición de los actos administrativos demandados. Con
ello, se hubiesen protegido los derechos fundamentales de la Administración, quien
actuó bajo el amparo de la postura jurisprudencial vigente del Consejo de Estado.

Agregó que la vulneración de tales derechos se hace palpable por haberse
abandonado en la sentencia 25152 del 12 de agosto de 2021 del Consejo de Estado
«los precedentes que habían constituido una brújula para la actuación de la Administración Tributaria
y que le sirvieron de fundamento bajo la expectativa legítima de que la jurisprudencia del Consejo
de Estado mantendría las reglas de derecho que había fijado como requisitos para la deducibilidad
de los gastos solicitados por los contribuyentes».

Por lo tanto, dijo que el actuar del Consejo de Estado desconoció el principio de
irretroactividad y el derecho a la igualdad de trato, a la defensa, la seguridad jurídica,
la confianza legítima y la buena fe depositada en la administración de justicia,
puesto que el precedente «es considerado como las razones de derecho con base en las cuales
un juez resuelve un caso particular».

Aunque en algunas circunstancias es legítimo el cambio del precedente, pues lo
contrario implicaría una petrificación del derecho, todo cambio que altere de manera
sustantiva el contenido y alcance de las competencias estatales, de los derechos
de las personas o los mecanismos de protección, debe ser adoptado e interpretado

13 SAMAI del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Índice 36.
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con efecto prospectivo o a futuro, lo que excluye cualquier forma de aplicación
retroactiva del nuevo criterio jurisprudencial, pues ello desconocería el debido
proceso por cuanto no sería posible ejercer el derecho de contradicción frente a la
aplicación del nuevo precedente, dado «no puede contarse con mecanismos reales para ser
escuchado haciendo que el derecho de defensa y el acceso a la justicia no sea efectivo y no asegure
una protección auténtica y real de las garantías y derechos de la administración».

Señaló que «el Consejo de Estado reconoció en el fallo de segunda instancia, haber adoptado su
decisión con fundamento en la sentencia de unificación emitida el 26 de noviembre de 2020 por el
Consejo de Estado, aun cuando reconoció expresamente (folio 4 del fallo objeto de tutela) la
existencia de precedentes jurisprudenciales anteriores de la misma sección cuarta proferidos en
casos idénticos, en dónde se declaró la legalidad de las actuaciones administrativas al considerar
que “no eran deducibles las indemnizaciones pagadas en el marco de un contrato de transporte”».

Puso de presente que, para la fecha de expedición de los actos administrativos
acusados, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, en casos con identidad fáctica
y jurídica al que aquí se decide, había proferido sentencias en las que no se
reconocía el gasto como deducible14. Dichas providencias fueron las que
determinaron las actuaciones administrativas adelantadas por la DIAN, objeto de
control judicial, pues generó en esa entidad el convencimiento de que su
interpretación y aplicación del artículo 107 del Estatuto Tributario para estos casos
era correcta, al punto que la propia jurisdicción contencioso-administrativa coincidía
con la improcedencia de las erogaciones por indemnizaciones en el impuesto a la
renta.

Señaló que, aunque el Tribunal reconoció que antes de que se expidiera la
sentencia de unificación mencionada, existían precedentes en asuntos idénticos al
presente en los que se había negado la deducción que hoy pretende Servientrega
S.A., estos fueron desconocidos sin solidez y suficiencia argumentativa por el a quo,
en tanto «decidió que no los tendría en cuenta y en su lugar aplicaría las reglas de unificación
jurisprudencial establecidas en una sentencia proferida años después de la actuación objeto de
control de legalidad». Insistió en que el a quo se equivocó al aplicar la sentencia de
unificación desconociendo el derecho al debido proceso y los principios de
confianza legítima, seguridad jurídica e igualdad.

Si en gracia de discusión se aceptara la aplicación del precedente que no existía al
momento de la expedición de los actos administrativos acusados, lo cierto era que
las deducciones cuestionadas tampoco debían ser aceptadas porque la
contribuyente no probó que cumplieran con los requisitos de necesidad y relación
de causalidad, máxime cuando contaba con pólizas de seguro que amparaban los
riesgos. De manera que la sentencia impugnada había incurrido en un defecto
fáctico al admitir la deducibilidad de los gastos cuestionados, a la luz del artículo
107 del Estatuto Tributario, sin contar con apoyo probatorio.

Agregó que no fue probado en el proceso lo expuesto por la demandante respecto
a que las indemnizaciones pagadas se referían a eventos no cubiertos por la póliza
contratada o, estándolo, le era más conveniente pagar tales indemnizaciones que
asumir el deducible previsto. Sobre este particular, especificó que la actora no
demostró, por ejemplo, que la aseguradora se hubiera negado a aceptar el riesgo o
el incumplimiento del contrato de seguro, entre otras circunstancias que justificaran

14 Las sentencias mencionadas son (i) del 27 de septiembre de 2007, exp.15299, C.P. Juan Ángel Palacio
Hincapié, (ii) del 19 de agosto de 2010, exp.16988, C.P. William Giraldo Giraldo, (iii) del 5 de mayo de 2011,
exp.17888, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia, (iv) del 30 de agosto de 2012, exp.17586, C.P. Carmen
Teresa Ortiz de Rodríguez y (v) del 10 de agosto de 2017, exp.20951, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez
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el pago de las indemnizaciones por parte de la sociedad demandante, a pesar de
contar con las pólizas.

Sostuvo que de la conducta de la contribuyente se evidencia un doble gasto por un
mismo concepto, por un lado, las primas de seguro y, por el otro, las
indemnizaciones pagadas a sus clientes, lo cual no prueba el cumplimiento de los
requisitos de necesidad y relación de causalidad.

Finalmente, repitió lo expuesto en la oposición a la demanda sobre la procedencia
de la sanción por inexactitud, en la medida en que la sociedad contribuyente registró
deducciones improcedentes en su denuncio privado, que derivaron en un menor
valor del impuesto.

Oposición al recurso de apelación

La parte demandante no se pronunció sobre el recurso de apelación formulado por
la DIAN.

Concepto del Ministerio Público

El Ministerio Público guardó silencio.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Corresponde a la Sala resolver el recurso de apelación formulado por la parte
demandada en contra de la sentencia de primera instancia que anuló los actos
administrativos acusados, mediante los cuales la DIAN modificó la declaración del
impuesto a la renta para la equidad - CREE de Servientrega S.A., correspondiente
al año gravable 2014, y le impuso la sanción por inexactitud.

Del análisis del recurso de apelación, se advierte que el problema jurídico se centra
en (i) la aplicación de la sentencia de unificación CE-SUJ-4-005 del 26 de noviembre
de 202015, proferida por esta Sección y (ii) si la demandante probó que los gastos
rechazados eran deducibles, lo que incide en la sanción por inexactitud impuesta
en los actos apelados.

1. Sobre la aplicación de la sentencia de unificación

Según el artículo 320 del Código General del Proceso, el objeto del recurso de
apelación consiste en que el superior examine la cuestión decidida, únicamente,
respecto de los reparos concretos formulados por el apelante. Esto es concordante
con el artículo 328 ibidem, conforme con el cual la competencia del juez de segunda
instancia se limita a los argumentos expuestos por el recurrente.

Lo anterior, en la medida en que los argumentos con los que se pretende debatir la
presunción de legalidad de la sentencia apelada deben estar acordes con lo
planteado en el concepto de violación de la demanda (en el caso del demandante),
con lo expuesto en la oposición a la demanda (en el caso del demandando) y, en
cualquier caso, con lo razonado por el juez de primera instancia16. En esa medida,
está prohibido que el apelante exponga en el recurso de apelación hechos, cargos

15 C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
16 Ver sentencia del 16 de noviembre de 2023, exp. 27886, C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
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y pretensiones nuevos que no presentó en la demanda o en la contestación de ese
escrito, según el caso.

Un entendimiento contrario, vulneraría el derecho de contradicción de las partes, el
principio de congruencia y la lealtad procesal y, en todo caso, implicaría que el
recurso de apelación pueda fundamentarse en hechos o argumentos que no pudo
tener en cuenta el juez de primera instancia por no haber sido puestos a su
consideración en la etapa procesal oportuna que, en este caso, era el escrito de
oposición a la demanda. Por esa razón, esta Sección ha señalado que «Invalidar una
providencia con base en hechos y/o argumentos completamente ajenos al debate procesal
suscitado, que dio lugar la decisión judicial impugnada, escapa a la lógica procesal del recurso de
apelación»17.

La Sala precisa que, en virtud del principio a la igualdad y de equilibrio procesal, la
carga procesal consistente en sustentar el recurso de apelación en concordancia
con lo expuesto en la sentencia impugnada y con los hechos, argumentos,
pretensiones y excepciones expuestas en primera instancia, no sólo recae en la
parte demandante, sino también en la parte demandada18.

Descendiendo al caso concreto, se tiene que, en el concepto de violación de la
reforma de la demanda19, la sociedad actora alegó que los gastos cuestionados
cumplían con los requisitos generales de deducibilidad previstos en el artículo 107
del Estatuto Tributario y que encuadraban en las reglas de decisión establecidas en
la sentencia de unificación 2020CE-SUJ-4-005 del Consejo de Estado, por lo que,
inclusive, citó apartes de esa providencia.

Ahora bien, al contestar la reforma a la demanda, la DIAN afirmó que dicha
sentencia de unificación no cambiaba en nada el hecho de que las indemnizaciones
incumplían los requisitos de necesidad y de causalidad, ya que no eran inevitables,
indispensables, obligatorias o forzosa para el desarrollar la actividad económica20.
En adición, luego de citar el alcance del requisito de necesidad expuesto en la
reiterada sentencia de unificación, manifestó que los gastos en debate no cumplían
con dicha exigencia, puesto que no eran razonables comercialmente en el marco
del servicio prestado por la demandante, al punto que podía obtener ingresos sin
realizar esos gastos. La demandada reiteró estos mismos argumentos en los
alegatos de conclusión de primera instancia21.

Así las cosas, es claro para la Sala que, en todo el trámite de la primera instancia
de este proceso, la demandada (ahora apelante) nada dijo respecto a la
imposibilidad de aplicar la sentencia de unificación 2020CE-SUJ-4-005 del Consejo
de Estado, por ser contraria al precedente jurisprudencial vigente al momento en
que se expidieron los actos administrativos enjuiciados, sobre la deducibilidad de
gastos por indemnizaciones pagadas por empresas dedicadas al servicio de
transporte de carga.

17 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Sentencia del 9 de mayo de
2013, Exp. 18847, C.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez, reiterada en la sentencia del 28 de abril de 2022,
Exp. 25687. C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
18 Al respecto ver, Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia del
7 de diciembre de 2017. Exp. 08001-23-31-000-2009-01122-01. C.P. Hernando Sánchez Sánchez.
19 El juez de primera instancia admitió la reforma a la demanda en auto del 25 de noviembre de 2021 (índice
16 del SAMAI del Tribunal)
20 Índice 21 de SAMAI del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Fl. 2.
21 AMAI del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Índice 29.
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A esto se suma que constituye no sólo un argumento novedoso, sino también
contradictorio e inconsistente con la estrategia de defensa asumida por la
Administración en primera instancia. Nótese que si, en gracia de discusión, la Sala
entrara a analizar de fondo este cargo de la apelación (que no se acepta), se estaría
pronunciando sobre fundamentos completamente ajenos al debate planteado por
las partes en primera instancia.
De otra parte, es necesario precisar que las referencias que se hacen en la
apelación a la sentencia 25152 del 12 de agosto de 2021, son en consonancia con
la aplicación que se hizo en ella de las reglas de unificación de la sentencia 2020CE-
SUJ-4-005, por lo que la argumentación va dirigida a esta última providencia, asunto
que se analizó líneas atrás.
Finalmente, se precisa que, si bien la Sala22 resolvió una controversia igual a la que
se presenta en este proceso, respecto del impuesto a la renta del año 2014, en la
que analizó y resolvió de fondo el cargo formulado por la DIAN respecto a la
sentencia de unificación 2020CE-SUJ-4-005, la aplicación de las mentadas reglas
no fue alegada en el trámite de primera instancia, sino que, contrario a lo ocurrido
en este caso, fue considerada, por primera vez, en la sentencia de primera instancia.
Con todo, la Sala precisa que, los jueces de la República y, en especial, el Consejo
de Estado, como órgano de cierre de la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativa, están legitimados para modificar sus criterios jurisprudenciales,
siempre que expongan una carga argumentativa que justifique la modificación, tal y
como ocurrió en este caso concreto.
2. Gastos por indemnización a clientes
En el recurso de apelación, la DIAN sostuvo que la actora no demostró el
cumplimiento de los requisitos de relación de causalidad y necesidad previstos en
el artículo 107 del Estatuto Tributario, frente a las indemnizaciones pagadas
directamente a sus clientes por daño, hurto o pérdida de la mercancía transportada,
máxime cuando contaba con pólizas de seguro que amparaban esa clase de
siniestros. Además, afirmó que la actora no probó que las indemnizaciones se
refirieran a aspectos no cubiertos por las pólizas de seguro de transporte de carga
o que, estando cubiertas, en realidad sí le era más conveniente pagar tales
indemnizaciones que asumir el deducible previsto en las pólizas. En todo caso,
adujo que la demandante realizó dos pagos por un mismo concepto, uno por la
póliza de seguro y otro por las indemnizaciones, lo cual reforzaba el incumplimiento
de los requisitos de necesidad y relación de causalidad.
Para resolver estos problemas jurídicos, la Sala reiterará, en lo pertinente, lo
expuesto en las sentencias proferidas por esta Sección del 12 de agosto de 2021 23
y del 4 de mayo de 202324 en las que se resolvió una controversia similar al caso
bajo examen, entre las mismas partes, frente al impuesto a la renta de los años
gravables 2012 y 2014, respectivamente.
Lo primero que advierte la Sala es que, en este caso, no es objeto de discusión que
la naturaleza de los gastos cuya deducibilidad se debate corresponde a

22 Sentencia del 4 de mayo de 2023, exp. 26891, C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello
23 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Sentencia del 12 de agosto de
2021 (Exp. 25152 C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez).
24 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Sentencia del 4 de mayo de
2023 (Exp. 26891, C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello).
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indemnizaciones pagadas por la actora a sus clientes por hurto, pérdida, saqueo o
daño de las mercancías transportadas, en el marco de contratos de transporte de
carga, celebrados en desarrollo de la actividad económica de la actora. Tampoco
es objeto de discusión el monto de las operaciones o su realidad25.
Revisado el expediente se observa:

• Peticiones o PQRS presentadas por clientes solicitándole a la actora indemnizaciones
a causa de la pérdida, hurto o daño a las mercancías transportadas, así como las
respuestas enviadas por Servientrega concediendo tales solicitudes26.
• Manual de Funciones del Proceso de Compensación y lineamientos de Decisiones
del Comité Económico de la actora27, el proceso de reclutamiento y de colaboradores
de la entidad28. En adición, en el recurso de reconsideración, consta que la
demandante describió el proceso que le dio a las reclamaciones de los clientes, con
el fin de demostrar su debida diligencia al ejecutar su actividad productora de renta29.
• Estado de Resultados del año 2014 con conciliación contable y fiscal, en el que se
observan gastos por indemnizaciones registrados en las cuentas PUC 52957001,
52957002, 52957003, 52957004 y 5295709830, así como el auxiliar contable por
tercero31.
• Pólizas de seguro por transporte de mercancías32. Sobre estos contratos, en el
recurso de reconsideración, consta que la sociedad contribuyente informó la forma en
la que se hacían exigibles en caso de que ocurriera algún siniestro por hurto, pérdida
o daño de la mercancía transportada y aclaró que: «Ahora bien, nos permitimos aclarar
que Servientrega hace uso de los seguros contratados en la medida que las condiciones
contractuales pactadas se cumplan para solicitar el pago de la indemnización». Y, en adición,
dijo que «En este sentido y dentro del giro ordinario del negocio es normal que parte del costo
sea asumido directamente por el operador logístico y otra por el seguro contratado,
dependiendo de las condiciones pactadas en el contrato de seguro»33.
• En el recurso de reconsideración, la actora explicó las razones por las cuales la
ocurrencia de daños, pérdidas o hurtos de la mercancía era connatural a su actividad
productora de renta. Todo lo anterior, fue reiterado en la demanda.
Puntualmente, en el recurso señaló que: «No es posible concebir la existencia de una
empresa transportadora sin el riesgo latente e inminente de tener que responder
económicamente por las consecuencias del desarrollo de su actividad, que como se ha
expuesto ampliamente, es un hecho propio de la naturaleza del servicio que desarrolla
Servientrega, el cual genera la renta del contribuyente transportador de cosas, mercancías o
carga»34.

De lo anterior, la Sala evidencia que la sociedad actora puso en conocimiento de la
DIAN las circunstancias fácticas y de mercado que acreditaban que los gastos por
indemnizaciones eran deducibles. Efectivamente, Servientrega entregó información
a la Administración sobre las circunstancias fácticas del gasto y, de igual forma,
explicó durante la investigación administrativa como el pago de las indemnizaciones
era normal y acostumbrado en el ámbito de su actividad económica, al corresponder
a una obligación legal con sus clientes en su calidad de transportista. Todo lo cual

25 Se pueden consultar las páginas 6 y 9 de la resolución que resuelve el recurso de reconsideración
26 Fls. 285 a 305, 387 a 471 de los antecedentes administrativos.
27 Fls. 490 a 494 de los antecedentes administrativos.
28 Fl. 79 de la reforma a la demanda.
29 Fls. 642 vlto. a 644 de los antecedentes administrativos.
30 Fl. 17 de los antecedentes administrativos.
31 Fls. 19 en adelante
32 Fls. 476 a 484 de los antecedentes administrativos.
33 Fls. 644 a 644 vlto. de los antecedentes administrativos.
34 Fl.640 de los antecedentes administrativos
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fue reforzado en sede judicial, en la medida en que, en la demanda, la actora
demostró que las erogaciones por indemnizaciones contribuían positivamente a
conservar su productividad, al punto que, si no realizaba estos gastos, podría «verse
involucrada en una campaña de desprestigio, en espacios tan influyentes en la opinión ciudadana
como las redes sociales; y si ello, llegare a ocurrir, evidente y lógicamente produciría una disminución
en sus ingresos».

Tal y como lo precisó la Sala en los precedentes que se reiteran, la generación de
ingresos no es determinante para analizar y determinar el nexo causal entre el gasto
y la actividad lucrativa del contribuyente. Lo anterior, porque cumplen el requisito de
causalidad «todas las expensas realizadas por el contribuyente en desarrollo o ejecución de la
actividad productora de renta»35. En esa medida, «juzga la Sala que las indemnizaciones sobre
las que se discute, pagadas por la demandante a consecuencia del incumplimiento de sus
obligaciones como transportador, sí guardaron una relación causal con la actividad lucrativa, porque
incurrió en ellas para desempeñar en el mercado la oferta de servicios en la que consiste su actividad
empresarial. Por tanto, estaría acreditada la relación de causalidad echada en falta en los actos
demandados»36.

En adición, debe recordarse que el objeto social es un dato meramente indicativo
que, por lo tanto, no debe entenderse como «una limitante para establecer la actividad
productora de renta respecto de la cual se elabora el nexo causal» 37. En esos términos, el
análisis sobre la relación de causalidad con la actividad productora de renta no debe
tener en cuenta simplemente la descripción del objeto social y el tipo de gasto que
se pretende rechazar. Por el contrario, debe enfocarse en determinar si la erogación
contribuye a mantener o preservar la productividad del ente económico, por ejemplo,
a lograr que se mantengan los niveles de calidad, diligencia y eficacia en los
servicios prestados. Todo lo cual se acredita en este caso concreto, puesto que, no
incurrir en el pago de indemnizaciones, podría representar para la sociedad
demandante no sólo un incumplimiento legal, específicamente de las obligaciones
contenidas en el artículo 1030 del Código de Comercio, sino también la pérdida de
su posición en el mercado, el número de clientes y, consecuentemente, la
disminución de sus ingresos.

La Sala considera que los gastos por indemnizaciones cumplen con el requisito de
necesidad, pues en conjunto con los artículos 1031, 1032 y 1028 ibidem, lo cierto
es que la sociedad actora estaba obligada legalmente a indemnizar a sus clientes
por el daño, pérdida o robo de las mercancías transportadas, al margen de su culpa
o diligencia al ejecutar la labor a ella encomendada.

Se reitera38 que «los gastos debatidos obedecen a una circunstancia de mercado, pues,
considerando las específicas características de los negocios de transporte de carga, se dirigen «de
manera real o potencial» a impedir «el deterioro de la fuente productiva, ya sea preservándola,
adaptándola a una situación de mercado u optimizándola» (segunda regla de unificación
jurisprudencial), porque, como lo puso de presente la apelante, le correspondía «asumir las
indemnizaciones generadas, so pena de perder credibilidad y perjudicar el desarrollo de la actividad
por la pérdida de clientes» (f. 270). Tanto así, que la renuencia a pagar las reparaciones debidas
habría generado consecuencias adversas para la empresa, pues no solo habría implicado la pérdida
de clientes y la afectación de la posición de mercado, sino que eventualmente habría acarreado la
imposición de condenas judiciales o de sanciones administrativas».

35 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Sentencia del 12 de agosto de
2021 (Exp. 25152 C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez).
36 Ibidem
37 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Sentencia del 4 de mayo de
2023 (Exp. 26891, C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello).
38 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Sentencia del 12 de agosto de
2021 (Exp. 25152 C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez).
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En este punto, la Sala pone de presente que, la propia apelante, en la resolución
del recurso de reconsideración, aceptó la existencia de los factores internos y
externos que afectan la actividad económica de la actora e, inclusive, que la
realización de esa actividad implicaba en sí misma un alto riesgo. De ahí que no
quede duda de lo expuesto en los párrafos anteriores sobre el cumplimiento de los
requisitos de necesidad y relación de causalidad con la actividad productora de
renta de los gastos en debate. Al respecto, la DIAN adujo:
«De acuerdo a la mencionada sentencia y de las pruebas aportadas al expediente teniendo
en cuenta las actividades económicas desarrolladas por la sociedad contribuyente en
concordancia con lo dispuesto en el artículo 994 del Código de Comercio, las erogaciones por
concepto de indemnizaciones no pueden considerasen necesarias o indispensable para el
desarrollo de las actividades económicas, pues cubrir los siniestro directamente por parte de
la sociedad contribuyente no es una imposición de carácter legal ni es parte de las actividades
económicas desarrolladas por la sociedad contribuyente según lo señalado en el RUT y en el
certificado de existencia y representación legal o inscripción de documentos expedido por la
Cámara de Comercio (…).
No se cuestiona la realidad de la operación desarrollada por la sociedad contribuyente los
factores internos o externos que la afectan, los procesos de reclamaciones, de selección de
persona o contratación de empleados, como su (sic) responsabilidades como transportador
frente al contrato de transporte de mercancías, ni que el ejercicio de esta actividad lleve
implícito un alto riesgo de accidentes,(…)»39. (Subrayado de la Sala)40.

Ahora bien, la apelante también discutió la deducibilidad del gasto porque la
sociedad demandante tenía contratadas pólizas de seguro para cubrir los riesgos y,
sin embargo, decidió pagar directamente ella las indemnizaciones, sin afectar tales
pólizas. Sobre el particular, la Sala reitera que la contribuyente, atendió a la cuarta
regla de unificación de que trata la sentencia CE-SUJ-4-005 del 26 de noviembre
de 202041 de acuerdo con la cual «los contribuyentes tienen la carga de poner en conocimiento
de las autoridades administrativas y judiciales las circunstancias fácticas y de mercado,
demostraciones y carga argumentativa, conforme a las cuales una determinada expensa guarda
relación causal con su actividad productora de renta, es necesaria y proporcional con un criterio
comercial y tomando en consideración lo acostumbrado en la concreta actividad productora de
renta».

En efecto, además de entregar copia de los contratos de seguro, la actora explicó
que las indemnizaciones pagadas obedecían a riesgos no cubiertos por la póliza
contratada o a montos de indemnización que resultaban inferiores a la cuantía que,
con fundamento en el artículo 1103 del Código de Comercio y en lo pactado con la
aseguradora, tendría que asumir en calidad de parte asegurada. No obstante, la
demandada no consideró ni desvirtuó estos argumentos en sede administrativa,
pues lo cierto es que «se limitó a plantear, con carácter absoluto, la improcedencia de la
deducibilidad de las indemnizaciones que llegase a pagar quien por otra parte haya contratado
pólizas de seguros, tesis que no es acorde con las reglas de decisión establecidas en la citada
sentencia de unificación»42.

Adviértase que el cuestionamiento sobre la ausencia de justificación por la no
afectación de las pólizas de seguro, al igual que lo alegado sobre la existencia de
un presunto pago doble (uno por indemnización y otro por concepto de la póliza),
sólo fue expuesto por la Administración en sede judicial, lo cual impide que esta
Corporación entre analizar estas cuestiones.

39 Fl. 686 de los antecedentes administrativos.
40 Página 13 del acto
41 C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
42 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Sentencia del 12 de agosto de
2021 (Exp. 25152 C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez).
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Al respecto, esta Sección ha precisado «que el acto administrativo es -en sí mismo- el objeto
y el límite del control de legalidad ejercido por la jurisdicción de lo contencioso administrativo, razón
por la cual las providencias proferidas por los jueces que la integran se deben circunscribir a estudiar
lo que en este se cuestiona, so pena de incurrir en vulneración de los derechos al debido proceso y
a la defensa y contradicción de la contraparte, quien confía que el estudio de legalidad se limitará a
las argumentaciones contenidas, en este caso, en la liquidación oficial acusada y en la resolución
que la confirmó»43.

Conforme con lo expuesto, el cargo de apelación no prospera.

3. Improcedencia de la sanción por inexactitud

Confirmada la procedencia de la deducción registrada por la demandante en su
denuncio privado, desapareció el fundamento de la sanción por inexactitud impuesta
en los actos acusados, de manera que la conducta de la demandante es atípica,
pues no existe inexactitud alguna en la declaración revisada.

4. Costas

A la luz de los artículos 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo y 365 (numeral 8) del Código General del Proceso, no
habrá condena en costas (gastos del proceso y agencias en derecho) en esta
instancia, porque no se encuentran probadas las mismas en el expediente.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Confirmar la sentencia del 27 de abril de 2023, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A.

2. Sin condena en costas en esta instancia.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al tribunal de
origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA
Presidenta

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILSON RAMOS GIRÓN

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Puede comprobar su validez e integridad a través de la
siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador

43 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Sentencia del 10 de noviembre
de 2022, Exp. 25619, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto
16

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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