Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2019-00539-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2019-00539-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 25000-23-37-000-2019-00539-01
Consejero ponente: Myriam Stella Gutiérrez Arguello
16 de octubre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
MAGISTRADA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá, D.C., dieciséis (16) de octubre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación 25000-23-37-000-2019-00539-01(28436)
Demandante THE BOSTON CONSULTING GROUP S.A.S
Demandada DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN
Temas Corrección provocada artículo 713 del Estatuto Tributario.
Principio de correspondencia en vía administrativa. Costas y
agencias en derecho.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sección decide los recursos de apelación interpuestos por las partes
demandante y demandada contra la sentencia del 28 de septiembre de 2023,
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta,
Subsección A, que resolvió lo siguiente:
PRIMERO: DECLARAR LA NULIDAD PARCIAL de la Liquidación Oficial de Revisión nro.
31241201800026, del 22 de marzo de 2018, que modificó la declaración del IVA del 1.º
bimestre de 2014; y la Resolución nro. 002262, del 28 de marzo de 2019, que resolvió el
recurso de reconsideración interpuesto contra el acto liquidatorio, confirmándolo.
SEGUNDO: DECLARAR la firmeza de la declaración de corrección del impuesto sobre las
ventas del del 1.º bimestre de 2014 nro. 3001067241156, presentada por la accionante con
ocasión al recurso de reconsideración.
TERCERO: NO CONDENAR en costas en esta instancia, por las razones expuestas en la
parte considerativa de esta providencia.
ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA
El 13 de marzo de 2014, la sociedad THE BOSTON CONSULTING GROUP SAS (en
adelante BCG) presentó la declaración de impuesto sobre las ventas (IVA)
correspondiente al periodo 1 del año gravable 20141, liquidando un saldo a favor. El
4 de febrero de 2015, BCG solicitó corrección de la anterior declaración del impuesto
sobre las ventas. El 6 de julio de 2015, la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales (DIAN) profirió la liquidación oficial de corrección 3224120150006412,
aumentando el saldo a favor total, como consecuencia de haber incluido un saldo a
favor de períodos anteriores sin solicitud de devolución y retenciones que le habían
practicado a la demandante.
La DIAN emitió requerimiento especial3, en el cual propuso adicionar ingresos
gravados a la tarifa general; reclasificó ingresos por operaciones no gravadas a
gravadas en relación con servicios supuestamente prestados en el exterior, reliquidó
el impuesto generado a la tarifa general, desconoció impuestos descontables a la
1
Folio 11, Tomo 1, Caa.
2
Folio 24, Tomo 1, Caa.
3
Folio 323, Tomo 2, Caa
Radicado: 25000233700020190053901(28436)
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tarifa general y al 5%, rechazó IVA retenido en operaciones con el régimen
simplificado e impuso sanción por inexactitud.
El 4 de octubre de 2017, BCG presentó respuesta al requerimiento4, allanándose a
las glosas excepto la relativa a la reclasificación de ingresos no gravados a
gravados, y presentó una declaración de corrección. La DIAN profirió la liquidación
oficial de revisión 312412018000026 del 22 de marzo de 20185, en donde tuvo como
no presentada la corrección anterior, por cuanto no fue suscrita por el representante
legal y confirmó las glosas.
La demandante interpuso recurso de reconsideración6, en donde mencionaba
allanarse en los términos del artículo 713 del Estatuto Tributario y adjuntando una
serie de documentos para el efecto. Este fue resuelto por la resolución 002262 del
28 de marzo de 20197, que confirmó el acto recurrido y no acepto el
allanamiento.
ANTECEDENTES DEL PROCESO
Demanda
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
contemplado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), la actora formuló las siguientes
pretensiones8:
A. A título de Nulidad:
1. Que se declare la nulidad total de la Liquidación Oficial de Revisión No.
312412018000026 proferida el 22 de marzo de 2018, a través de la cual se modificó la
declaración del Impuesto sobre las Ventas del primer bimestre del año gravable 2014.
2. Que se declare la nulidad de la Resolución No. 002262 del 28 de marzo de 2019, proferida
por la Subdirección de Gestión de Recursos Jurídicos de la Dirección de Gestión Jurídica
de la U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, a través del cual se
decidió el recurso de reconsideración interpuesto contra la liquidación Oficial de Revisión.
B. A título de Restablecimiento del Derecho:
1. Se reconozca la firmeza de la declaración del Impuesto sobre las Ventas del primer
bimestre del año gravable 2014, presentada por BCG el 13 de marzo de 2014, bajo el
número de formulario 3001600072954 y número interno 91000222668229.
2. Que como consecuencia de la declaratoria de nulidad de los Actos Administrativos
demandados, se condene en costas y agencias en derecho a la parte demandada, de
acuerdo con los valores en los que debió incurrir BCG para defenderse de los actos
administrativos de determinación contrarios a la ley, tomando como fundamento de la
condena, con los valores consignados en las ofertas de servicios presentadas por Ernst
and Young S.A.S. (EY Colombia) e EY Centro América (Anexo F). Lo anterior, de
conformidad con los artículos 361, 364, 365 y 366 del Código General del Proceso y en
concordancia con los numerales 3.1., 3.1.2., y 3.1.3., del Acuerdo 1887 de 2003.
A los anteriores efectos, la parte actora invocó como normas violadas los artículos
15, 29, 209, 228 de la Constitución Política; 420, 713 del Estatuto Tributario, y 20 del
Decreto 4048 de 2008 (modificado por el artículo 10 del Decreto 1321 de 2011), bajo los
siguientes conceptos de violación.
4
Folio 332, Tomo 2, Caa.
5
Fls 378, Tomo 2, Caa.
6
Fl 402, Tomo 3, Caa.
7
Fl 505, Tomo 3, Caa
8
SAMAI Tribunal. Índice 9. «57RECIBEMEMORIAL_ONEDRIVE1532024ZIP(.zip) NroActua 9». Caa 4
2
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Afirmó que, al negársele la posibilidad de presentar un allanamiento, la
Administración está violando los principios de celeridad, economía procesal y
prevalencia de sustancia sobre la forma. Aceptó que con la respuesta al
requerimiento especial presentó declaración de corrección de IVA del periodo 1 del
2014, firmada por una persona diferente de quienes figuraban como representantes
legales, y que, como entonces esa corrección no fue reconocida en la liquidación
oficial de revisión, con ocasión del recurso de reconsideración, presentó una nueva
corrección, junto con el pago adicional, con el propósito de subsanar la ausencia de
firma del representante legal y explicando las razones de la presentación
extemporánea. Señaló, que no obstante las explicaciones, la DIAN falló el recurso
confirmando la liquidación oficial de revisión, argumentando que los soportes fueron
allegados por fuera del término de dos meses previsto en el artículo 713 del Estatuto
Tributario.
Indicó que no resulta razonable interpretar el artículo 713 del Estatuto Tributario en
el sentido de que este fije un límite temporal para que los contribuyentes acepten
las glosas, cuando en realidad este solo regula la oportunidad para acceder a la
reducción del 50% de la sanción por inexactitud y señaló que los contribuyentes
pueden aceptar las glosas de la Administración en cualquier momento, eso sí, sin
los beneficios de reducción de la sanción prevista en esa norma.
Sostuvo que negar la valoración de los pagos aportados implica desconocer el
principio de economía procesal, definido por la Corte Constitucional en la Sentencia
C-037 de 1998 como la obligación de procurar pronta y cumplida justicia con el
menor desgaste posible. Precisó además que la conducta de la Administración
vulnera el derecho de rectificación reconocido en el artículo 15 de la Constitución,
conforme a la jurisprudencia constitucional9, que faculta a los administrados a
corregir información errónea contenida en archivos públicos. Argumentó que esta
prerrogativa la habilitaba para corregir su declaración cuando la Administración
ejerció las facultades de fiscalización, imponiéndole a esta el deber de tener en
cuenta los soportes allegados.10
Sostuvo que hay una violación al debido proceso, en cuanto la DIAN utilizó
argumentos para resolver el recurso de reconsideración que contradicen lo afirmado
previamente en el proceso administrativo. Explicó que, en el requerimiento especial
y en la liquidación oficial de revisión, la Administración fundamentó la glosa relativa
a la reclasificación de los ingresos no gravados a gravados, por concepto de
servicios prestados a sociedades domiciliadas en República Dominicana, en el
parágrafo 3 del artículo 420 del Estatuto Tributario, insistiendo en que la
territorialidad de los servicios se determinaba con base en el domicilio del prestador,
en este caso Colombia. Sin embargo, en la resolución de reconsideración la
Administración modificó esa posición, indicando que para clasificar los ingresos
como no gravados resultaba indispensable probar que los servicios fueron
efectivamente prestados fuera del país, y aseveró que las facturas y soportes
allegados no acreditaban que la prestación se diera en el exterior.
Expresó que esa alteración cercenó su derecho al debido proceso y de defensa,
pues modificó el objeto de la prueba y se le impuso la carga de desvirtuar un
supuesto que nunca había sido propuesto en las etapas anteriores del proceso
9
SU-082 de 1995
10
La demandante también invocó la Circular 175 de 2001, mediante la cual la propia Administración ordenó a sus
funcionarios privilegiar lo sustancial sobre lo meramente formal en los trámites, recordando que los derechos de los
contribuyentes no pueden desconocerse por disposiciones de carácter estrictamente formal.
3
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administrativo11. Resaltó que bajo el argumento inicial no resultaba relevante
acreditar si los servicios fueron prestados en República Dominicana, y que por eso
la Administración estimó como única prueba pertinente aquella que probaba el
domicilio de BCG, para luego, indicar que había ausencia de prueba del lugar de
prestación de los servicios.
Argumentó que hay nulidad por falsa motivación. Dijo que la DIAN reconoció que, ni
los servicios prestados “desde” el exterior ni los prestados “en” el exterior están
gravados con IVA en Colombia12, y aceptó que la presunción del parágrafo 3º del
artículo 420 Estatuto Tributario, según la cual los servicios se entienden prestados
en la sede del prestador, aplica únicamente a servicios desarrollados en el territorio
nacional y no puede extenderse a los ejecutados por fuera del país. Afirmó que esa
posición ha sido explicada en varios conceptos, los cuales de acuerdo con el artículo
20 del Decreto 4048 de 2008 (modificado por el art. 10 del Decreto 1321 de 2011),
constituyen interpretación oficial obligatoria para los funcionarios de la
Administración.13 Resaltó que la territorialidad de los servicios para efectos del IVA
no depende del domicilio del prestador, como equivocadamente lo sostuvo la
Administración en los actos iniciales, sino de la verificación del lugar dónde se
prestan materialmente los servicios y de quién es el beneficiario de estos.
Mencionó que durante el proceso administrativo presentó pruebas suficientes que
acreditaban que los servicios se prestaron en República Dominicana, haciendo un
recuento de estas14. Señaló que, a pesar de esa suficiencia, adicionaba en esta
etapa nuevo material probatorio15, e indicó que este debe ser valorado por el juez,
ya que, aunque esas pruebas no hicieron parte del expediente administrativo, son
conducentes, pertinentes y útiles para acreditar que los servicios fueron ejecutados
en República Dominicana16.
Adicionó la claridad sobre la ejecución de los servicios en el exterior fue tal, que la
sociedad no consideró necesario modificar su RUT para incluir la condición de
exportador de servicios exigida en el artículo 2 del Decreto 2223 de 2013.
Adujo que se presentó una desviación de atribuciones por parte del funcionario que
emitió la resolución que resolvió el recurso. Señaló que se configuró la causal
autónoma de nulidad prevista en el artículo 137 del Código de Procedimiento
11
Citó la jurisprudencia del Consejo de Estado (Sección Cuarta, Rad. 17075, C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas, 10
de marzo de 2011), según la cual la administración no puede introducir nuevos argumentos que alteren el thema
probandum, porque ello desconoce las garantías de contradicción y defensa.
12
Conforme lo indicó expresamente en la resolución de reconsideración al analizar el literal c) del artículo 420 del Estatuto
Tributario.
13
La demandante resaltó que estas conclusiones son consistentes con la doctrina de la propia Administración, que en el
Concepto 00001 del 19 de junio de 2003 y en pronunciamientos posteriores, como el Concepto 078425 de 25 de octubre
de 2005 y el Oficio 062831 de 1 de julio de 2008, señaló que el impuesto sobre las ventas solo recae sobre la prestación
de servicios en el territorio nacional, de manera que cuando estos se realizan en el exterior no se configura hecho
generador. Estos conceptos, de acuerdo con el artículo 20 del Decreto 4048 de 2008 (modificado por el art. 10 del Decreto
1321 de 2011), constituyen interpretación oficial obligatoria para los funcionarios de la DIAN.
14
Las facturas, donde se evidencia el domicilio de los contratantes; un certificado proferido por su representante legal, el
cual explica que los servicios fueron ejecutados en dicho país, y da cuenta de las personas que los prestaron y su
desplazamiento al exterior; la factura de venta No. 10-507109, expedida por Expreso Viajes y Turismo Expreso S.A.S; la
factura de venta No. 10-512575 expedida por Expreso Viajes y Turismo Expreso S.A.S.; el reporte de reembolso de gastos
del funcionario Jean-Werner T’Serciaes; la factura de venta No. A010010010200103674 expedida por Occifitur
Dominicana S.A.
15
El Acuerdo de Prestación de Servicios de Consultoría de Estrategia de Negocios; el Addendum al Acuerdo de Prestación
de Servicios de Consultoría de Estrategia de Negocios; los certificados expedidos por las compañías Administradora de
Riesgos de Salud Universal S.A., Suplidora Propartes S.A., Asistencia Universal S.A. y Seguros Universal S.A. respecto
de la ejecución de los servicios en el año 2014; los certificados expedidos por las mismas compañías que acreditan la
prestación de servicios en los años 2013, 2014 y 2015; Certificados de retención expedidos por las compañías extranjeras
sobre los pagos efectuados a la demandante.
16
Recordó que el Consejo de Estado ha precisado que en sede judicial es posible complementar o mejorar la labor
probatoria realizada en vía administrativa, pues el proceso contencioso garantiza libertad probatoria a las partes (artículos
137 numeral 5º y 144 numeral 4º del Código Contencioso Administrativo).
4
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Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, pues si bien el acto se expidió
por funcionario competente, lo hizo con fines diferentes al perseguido en las normas.
Esto, por cuanto la Administración pretendió gravar, con fundamento en el parágrafo
3º del artículo 420 del Estatuto Tributario, servicios prestados fuera del territorio
nacional, cuando la norma en mención únicamente se refiere a servicios realizados
en Colombia y, en ciertos supuestos, a servicios prestados desde el exterior para
destinatarios ubicados en el país, lo que no ocurre en el caso bajo examen. Señaló
que la interpretación dada por la DIAN resulta fiscalista y desnaturaliza el alcance del
IVA, llegando incluso a gravar servicios sujetos a potestad impositiva de otro Estado
y generando doble imposición17, lo cual contradice el propósito del legislador de
establecer un límite a la facultad fiscalizadora de la DIAN.
De otra parte, sostuvo que no procedía la sanción por inexactitud, pues no se
configuró el hecho sancionable previsto en el artículo 647 del Estatuto Tributario.
Explicó que los valores declarados reflejaban su realidad contable y fiscal, sin que
se hubieran incluido datos falsos, desfigurados o inexistentes, de manera que no se
cumplían los presupuestos de omisión o alteración de ingresos exigidos por la
norma. Añadió que el caso existe a una diferencia de criterios respecto de la
territorialidad del IVA, lo cual excluye la imposición de la sanción18, y para sustentar
su postura, la demandante incluyó un cuadro comparativo.
Solicitó condenar en costas y en agencias en derecho a la demandada con
fundamento en los artículos 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo y 365 del Código General del Proceso, argumentando
que, de declararse la ilegalidad de los actos demandados, debe reconocerse el
reembolso de los gastos en que incurrió para su defensa, como honorarios de
abogados y peritos, así como otros costos acreditados con documentos anexos
Oposición de la demanda
La DIAN se opuso a las pretensiones de la demanda, con fundamento en lo
siguiente19:
Adujo que la primera declaración de corrección presentada por la actora, en la que
aceptó las glosas, no fue suscrita por el representante legal y, además, los pagos
fueron extemporáneos, lo que hacía improcedente considerarla válida20. Señaló,
que, dada la expresa y profusa regulación sobre la oportunidad de corregir las
declaraciones tributarias, no es posible en el presente caso aplicar simplemente la
prevalencia de los sustancial sobre lo formal21.
Precisó, con base en los artículos 420, 421, 476 y 481 del ET, que no existen hechos
“no gravados” con IVA, sino situaciones que escapan a los límites territoriales del
17
Citó la Sentencia C-551 de 2015.
18
En apoyo de lo anterior, citó la sentencia 19369 del Consejo de Estado, C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas, 19 de
septiembre de 2016.
19
SAMAI Tribunal. Índice 8.«6_RECIBEMEMORIALES_01RADICACIO´NCONTEST(.PDF) NroActua 8» e Índice 19.
«12_RECIBEMEMORIALES_CONTESTACION_REFORMA(.ZIP) NroActua 19»
20
Explicó que el Estatuto Tributario regula de manera estricta el contenido y requisitos de las declaraciones, exigiendo la
firma del obligado, del revisor fiscal y, en casos de saldo a favor, de contador público, conforme al artículo 602 ibidem.
DIjo que los artículos 555, 556, 571 y 572 establecen que los deberes formales corresponden a los representantes legales
de las personas jurídicas, mientras que el artículo 580 dispone que las declaraciones no firmadas por quien deba cumplir
el deber formal de declarar se tienen por no presentadas. A su vez, el artículo 588 regula las correcciones voluntarias y
el 590 las provocadas, advirtiendo que todas deben cumplir íntegramente los requisitos de ley para tener validez.
21
Agregó que no se configuraba vulneración alguna de normas constitucionales, pues ni el artículo 209, relativo a la función
administrativa, podía invocarse para justificar la omisión en el cumplimiento de requisitos formales y sustanciales. Recordó
que el debido proceso previsto en el artículo 29 superior exige la observancia de las formas propias de cada procedimiento
y que las normas procesales, al ser de orden público, son de obligatorio cumplimiento según el artículo 13 del CGP.
5
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tributo, y que como excepción a dicha territorialidad el parágrafo 3º del artículo 420
establece que se «grava en el territorio nacional los servicios, que se consideran prestados en la
sede del prestador del servicio y los servicios ejecutados desde el exterior a favor de usuarios o
destinatarios ubicados en el territorio nacional que incluye los servicios de consultoría». Indicó que
se le trasladó a la demandante la carga de probar que los servicios de consultoría
no fueron prestados en el territorio nacional y que, por ende, no fueron gravados22.
Recordó que el Consejo de Estado ha señalado que no cualquier irregularidad
apareja la nulidad de una decisión administrativa, pues esta solo procede cuando
se trata de defectos sustanciales que afectan el núcleo del derecho de defensa 23 e
indicó que el hilo argumentativo de los actos, tanto fáctico como jurídico, fue
uniforme en torno a la glosa planteada, consistente en la reclasificación de ingresos
brutos por operaciones no gravadas, y que, con base en el marco normativo
aplicable, el análisis del elemento territorial del hecho generador del IVA y los
soportes solicitados a BCG se llegó al convencimiento de que el servicio de
consultoría fue prestado en el territorio nacional y, por lo tanto, debía ser gravado
con IVA. Así, señaló que los cambios en la motivación del acto obedecieron a
mejores argumentos derivados del debate jurídico y probatorio surtido en sede
administrativa.
Resaltó que las pruebas aportadas por la demandante no acreditan la ejecución de
los servicios de consultoría en el exterior y por ende no son idóneas. Se refirió a que
se allegó un contrato en el que se preveía la participación de entre tres y diez
consultores, con un mínimo de 200 horas para los seniors, 1920 horas para los
juniors y la intervención específica de tres consultores internacionales con 640, 40
y 8 horas respectivamente, lo que implicaba una dedicación considerable a lo largo
de quince semanas. Sin embargo, los documentos acompañados no demuestran la
materialización de estas exigencias.
Se opuso a las declaraciones extrajuicio por su falta de imparcialidad y por ser post-
constituidas, estimándolas impertinentes para acreditar la ejecución del servicio en
el exterior. Igualmente indicó que las certificaciones de las compañías contratantes
deben valorarse como documentos privados de terceros conforme el artículo 264
del Código General del Proceso. Respecto de las retenciones de impuestos
practicadas en el exterior sobre los pagos a la demandante, afirmó que conforme al
literal f) del artículo 254 del Estatuto Tributario, el único documento idóneo para
probar el pago del impuesto en el exterior es el certificado fiscal expedido por la
autoridad tributaria extranjera.
Indicó que procede la sanción por inexactitud dado que la demandante incluyó datos
inexactos en su declaración, toda vez que declaró operaciones gravadas como no
gravadas. Agregó que, según la jurisprudencia del Consejo de Estado no se exige
probar la existencia de maniobras fraudulentas para imponer la sanción, y que no
opera la diferencia de criterios cuando el contribuyente desconoce el derecho
aplicable, como en el caso sub examine.
Argumentó que no procedía la condena en costas solicitada por la demandante al
tratarse de un litigio de interés público vinculado a la función tributaria (art. 188
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo) y,
solicitó que se examine su actuación en sede administrativa y judicial —por su
corrección y ausencia de temeridad— para determinar si procede o no la condena.
22
Citó la sentencia 08001-23-33-000-2012-00113-01, del 14 julio 2016, CP Martha Teresa Briceño de Valencia.
23
Citó la sentencia del 21 julio 2011, expediente 16356, CP Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.
6
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Demandante: The Boston Consulting Group S.A.S
En todo caso, pidió que se reconozcan costas a favor de la DIAN con fundamento en
los artículos 188 señalado y 361, 365 y 366 del Código General del Proceso, con
gastos a acreditarse y agencias en derecho según las tarifas del Consejo Superior
de la Judicatura.
Sentencia apelada
El Tribunal declaró la nulidad parcial de la liquidación oficial de revisión
312412018000026 del 22 de marzo de 2018 y de la resolución 002262 del 28 de
marzo de 2019 con fundamento en lo siguiente24.
Explicó que la demandante intentó acceder al beneficio de la reducción de la
sanción del artículo 709 del Estatuto Tributario, para lo cual corrigió la declaración
con ocasión a la respuesta al requerimiento especial, pero que la Administración
negó la procedencia de ese beneficio porque la declaración de corrección fue
presentada por un sujeto que carecía de facultad para representar a la demandante.
Por tal razón, la demandante intentó posteriormente acceder al beneficio de
reducción de la sanción del artículo 713 del mismo estatuto, presentando con el
recurso de reconsideración una nueva corrección de la declaración con un recibo
oficial de pago. Estos documentos fueron allegados por la demandante con ocasión
al recurso de reconsideración, y, nuevamente, con la demanda
Consideró que la DIAN omitió valorar estos últimos documentos, y, tras apreciarlos
en la sede contenciosa, concluyó que la demandante se allanó a las glosas en los
términos del acto preparatorio y el acto liquidatario, por lo cual cumplió con los
presupuestos del artículo 713 del Estatuto Tributario.
Respecto del cargo de violación al debido proceso y el derecho de defensa, bajo el
argumento de que la Administración modificó el tema a ser probado (entre el
requerimiento especial y en la liquidación oficial de revisión y la resolución que
resolvió el recurso de reconsideración), el Tribunal señaló que el artículo 711 del
Estatuto Tributario establece que la liquidación de revisión debe ceñirse a la
declaración del contribuyente y a los hechos señalados en el requerimiento especial
o en su ampliación, y que, sobre esto la jurisprudencia del Consejo de Estado ha
precisado que no se configura violación al principio de correspondencia cuando los
hechos reportados en la declaración coinciden con los glosados en el requerimiento
especial y en la liquidación oficial25. Dijo que este principio también aplica a la
resolución que resuelve el recurso de reconsideración, pues al agotar la vía
gubernativa se debe mantener coherencia con los hechos discutidos en la actuación
administrativa, dado que un cambio en la situación fáctica o jurídica en esa etapa
vulneraría el derecho de defensa26.
Posteriormente indicó que, en el acto preparatorio, la DIAN determinó que «los servicios
por consultoría por valor de (…), están gravados a la tarifa general del 16%, debido a que “el domicilio
del contribuyente (…) es Bogotá D.C., quien está prestando servicios de consultoría a unas
empresas del exterior, por lo tanto, el servicio se entiende prestado en Colombia”. Lo anterior, en la
medida en que “el literal b) del artículo 420 del Estatuto Tributario tiene unas reglas que las establece
el parágrafo 3 del mismo artículo, estableciendo como regla general de localización del servicio, la
sede del prestador del mismo», y que, en la liquidación oficial de revisión, adujó que «no
cuestionaba que el servicio se hubiese prestado en el exterior, ni que los trabajadores de la parte
accionante se hubiesen trasladado al exterior para ejecutar el servicio prestado, sino que estaba
aplicando la regla del parágrafo 3 del artículo 420 del ET para efectos de determinar que se realizó
24
SAMAI Tribunal. Índice 42.
25
Se refirió a la Sentencia del 11 de junio de 2020, exp. 22269, CP: Stella Jeannette Carvajal Basto
26
Citó la Sentencia del 18 de marzo de 2021, exp. 23743, CP: Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
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el hecho generador del IVA en territorio nacional, porque la sede del prestador del servicio (la parte
demandante) se ubicaba en territorio nacional.»
Explicó que, debido a lo anterior, la demandante sostuvo en respuesta al
requerimiento especial que el parágrafo 3 del literal b) del artículo 420 ibidem no era
aplicable a su caso, por cuanto los beneficiarios de los servicios prestados en el
exterior eran empresas ubicadas en el país en el que dichos servicios se ejecutaron.
Asimismo, señaló que, con ocasión del recurso de reconsideración, BCG insistió en
que la regla prevista en dicha norma aplica de manera exclusiva para servicios
realizados en Colombia, y advirtió que la Administración desconoció que los
servicios prestados en el exterior no están gravados con IVA. Señaló que, a pesar
de lo anterior, la DIAN resolvió el recurso de reconsideración confirmando las glosas
sobre la base de que las pruebas obrantes en el expediente no daban fe de que el
servicio se hubiese prestado en el exterior.
Concluyó que lo anterior violó el principio de correspondencia, dado que mientras
en la liquidación oficial de revisión daba por aceptado el hecho de que los servicios
de la demandante se prestaron en el exterior, en la resolución que resolvió el recurso
de reconsideración modificó el hecho que había reconocido como probado y
determinó que no estaba acreditada la extraterritorialidad del servicio. Por lo cual,
la DIAN transformó el debate jurídico de una cuestión de interpretación del artículo
420 del Estatuto Tributario a una cuestión netamente probatoria sobre un hecho que
expresamente había valorado en la liquidación oficial como probado.
Dado que aceptó los cargos de la demanda, confirmó la sanción reducida al 50%
respecto de la corrección provocada por la liquidación oficial de revisión y anuló la
sanción de inexactitud sobre la glosa derivada de la adición de ingresos por
servicios de consultoría prestados en el exterior.
Finalmente, no condenó en costas a la Administración, dado que, aunque la
demandante aportó una oferta de servicios profesionales para la atención del
proceso y las facturas asociadas a la misma, no se aportaron los comprobantes de
pago. Así mismo estimó que salvo por los honorarios de los abogados, no se habían
incurrido en otras expensas dentro del proceso.
Recursos de apelación
La demandada27 presentó recurso de apelación contra la sentencia de primera
instancia, con fundamento en los siguientes argumentos:
Adujo que la demandante nunca presentó una declaración provocada conforme al
artículo 713 del Estatuto Tributario, pues solo diligenció un formulario, pero no lo
radicó física ni electrónicamente, siendo esta última la obligación legal según el
artículo 579-2 ibidem, la Resolución DIAN 12761 de 2011 y el Decreto 2972 de 2013,
que disponen que las declaraciones presentadas por un medio distinto al electrónico
se tienen por no presentadas. Afirmó que la resolución que resolvió el recurso valoró
expresamente dicho formulario, pero lo descartó por carecer de eficacia.
Precisó que, de acuerdo con el artículo 580 del Estatuto Tributario, las declaraciones
sin firma de quien debe cumplir el deber formal se entienden por no presentadas, y
que la regulación sobre presentación y pago de declaraciones es estricta, no
27
SAMAI. Índice 47. «46_RECIBEMEMORIALES_2019539THEBOSTON(.pdf) NroActua 47»
8
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pudiendo prevalecer lo sustancial sobre lo formal28. Agregó que aceptar lo
pretendido por la actora, como lo hizo el Tribunal, vulnera el principio de igualdad
frente a los contribuyentes que sí cumplen la normativa. Sostuvo que procede la
liquidación oficial con los mayores valores determinados y la sanción plena por
inexactitud, los cuales, aclaró, no son objeto de litigio por haber sido aceptados por
la demandante.
Argumentó que no existió falta de correspondencia, pues los actos guardan total
coherencia y congruencia tanto en sus fundamentos fácticos como jurídicos y que
tenía derecho a mejorar sus argumentos en sede administrativa y judicial. Agregó
que, desde los actos de determinación hasta la discusión judicial, la glosa se
sustentó en que la demandante no probó que los servicios se hubieran prestado en
el exterior, incumpliendo su deber probatorio y manteniendo una conducta omisiva,
tanto en sede administrativa como judicial.
Explicó que las pruebas allegadas al expediente no acreditan la efectiva prestación
de los servicios en el exterior, pues i) las facturas de tiquetes aéreos solo
demuestran la compra de pasajes, sin probar el viaje ni las actividades realizadas,
ii) los consumos de comidas y bebidas no acreditan vínculo laboral con la actora ni
su participación en el contrato, iii) las cuentas de hotel a nombre de empleados o
terceros no demuestran la ejecución de labores relacionadas con el servicio, iv) los
registros de hospedaje de una persona identificada como empleado de Scotiabank
en República Dominicana desvirtúan su vinculación con la actora, y v) los
documentos de hoteles en Bogotá carecen de relación con la supuesta prestación
en el exterior. En conclusión, dijo que ninguna de estas pruebas acredita que el
personal de la demandante se hubiera desplazado efectivamente al extranjero ni
que se hubiesen ejecutado los servicios contratados.
Añadió que el litigio se circunscribió al tratamiento fiscal del IVA y que, por regla
general, la ley grava todos los servicios prestados en territorio nacional y solo de
forma expresa determina cuáles son excluidos o exentos, por lo que los actos
demandados aplicaron correctamente el marco legal vigente.29 Añadió que desde el
inicio del procedimiento se requirió a la demandante para que acreditara la
naturaleza de los servicios presuntamente prestados en el exterior y aportara los
soportes correspondientes, lo cual no hizo, manteniendo una conducta omisiva tanto
en sede administrativa como judicial. Concluyó que no hubo cambio en los
fundamentos de los actos; que los rechazos al costo de ventas y al descuento
estaban plenamente justificados; y que procede la sanción por inexactitud al
configurarse la conducta sancionable.
La demandante por su parte apeló la decisión del Tribunal de no condenar en costas
a la Administración30, en los siguientes términos:
Indicó que el recurso se centraba en un único cargo, esto es la indebida valoración
de las pruebas relacionadas con las costas procesales y agencias en derecho, lo
que llevó al tribunal a aplicar erróneamente los artículos 361 y 366 del Código
General del Proceso. Señaló que el a quo negó la condena en costas bajo el
28
Señaló que La Resolución 008 del 5 de enero de 2000 actualizó el procedimiento de presentación de declaraciones
tributarias y derogó la Resolución 0770 de 1995, así como sus modificaciones y adiciones contrarias (Resoluciones 4740
de 1995, 1799 de 1996, 0859 de 1997 y 2065 de 1999, entre otras). Además, reguló el procedimiento para la recepción
de las declaraciones, estableciendo verificaciones y especificaciones técnicas y de seguridad que garantizan su
autenticidad e integridad, dadas las implicaciones legales para las partes.
29
Recordó que el artículo 476 establece de manera taxativa los servicios excluidos y el artículo 481 los exentos.
30
SAMAI Tribunal. Índice 46. «42_MemorialWeb_Recurso(.pdf) NroActua 46»
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argumento de que no se acreditó su pago, a pesar de haberse allegado
oportunamente la propuesta de servicios y las facturas expedidas por el asesor
tributario, por concepto de asesoría legal en sede administrativa y judicial.
Precisó que exigir constancia de pago desconoce los artículos 59 y 105 del Estatuto
Tributario, que disponen que los obligados a llevar contabilidad registran los gastos
en el momento del hecho económico, en este caso, la recepción de la factura.
Agregó que en la práctica profesional los honorarios suelen facturarse por etapas
del proceso y en muchos casos se cancelan después de la presentación de la
demanda o incluso al finalizar el proceso, por lo que la exigencia de pago constituye
un requisito inexistente en la ley.
Argumentó que el artículo 361 del Código General del Proceso define las costas
como las expensas y agencias en derecho sufragadas en el curso del proceso,
mientras que el artículo 365, numeral 8, establece que basta con acreditar su
causación en el expediente, sin requerir prueba del pago. Además, el artículo 366
prevé que las costas se liquidan al finalizar el proceso, de manera que la
comprobación puede aportarse hasta ese momento31.
Finalmente, sostuvo que la factura misma constituye un título ejecutivo para su
acreedor, por lo que la obligación de pago ya está configurada. En consecuencia,
solicitó al Consejo de Estado revocar el numeral tercero de la sentencia apelada y
condenar en costas a la DIAN e indicó que dentro del término de ejecutoria del auto
que admite el recurso de apelación aportará prueba del pago de las costas.
Oposición a la apelación
La demandada32 indicó que no procede condena en costas a favor de la
demandante, pues si bien esta allegó con la reforma de la demanda una propuesta
de servicios profesionales y facturas expedidas por la firma de asesores, omitió
aportar la constancia de pago de dichos honorarios.
Resaltó que la jurisprudencia de la Sección Cuarta del Consejo de Estado exige la
acreditación del pago efectivo (Sentencia del 11 de abril de 2024, exp. 28286),
donde se indicó que la condena en costas únicamente procede cuando hay certeza
de que la parte asumió un costo real33. Dijo que en el proceso no existe prueba de
que la demandante hubiera realizado algún desembolso, pues las copias de la oferta
y de las facturas no demuestran el pago efectivo. Agregó que el 80% de los
honorarios pactados debieron haberse cancelado antes del fallo de primera
instancia, pero en el proceso no se acreditó ese pago.
También objetó que algunas facturas correspondían a asesorías prestadas en sede
administrativa y no dentro del proceso judicial, por lo que no podían ser
consideradas como costas procesales.
31
La demandante resaltó que esta interpretación ha sido reiterada por el Consejo de Estado en sentencias como la de 6 de
agosto de 2019 (Rad. 15001-33-33-007-2017-00036-01, M.P. Rocío Araújo Oñate), la de 5 de noviembre de 2020 (Rad.
73001-23-33-000-2015-00052-02, M.P. Milton Chaves García) y la de 29 de abril de 2020 (Rad. 63001-23-33-000-2015-
00289-01, M.P. Milton Chaves García). En estas providencias se precisó que el contrato de prestación de servicios
constituye prueba suficiente de las agencias en derecho y que no existe límite temporal para demostrar la causación de
las costas.
32
SAMAI.Índice27.«33_MemorialWeb_MEMORIALDEPRONUNCIAMIENTOAPELACIONDEMANDANTE(.pdf) NroActua
27»
33
Sentencia que a su vez se remite a la sentencia C-157 de 2013 en la que se señaló que tanto las costas como las
agencias en derecho corresponden a los costos en los que la parte beneficiaria de la condena incurrió en el proceso,
siempre que exista prueba de su existencia, de su utilidad y de que correspondan a actuaciones autorizadas por la ley.
10
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Dijo que en el evento de confirmarse el fallo y considerarse procedente la condena
en costas por concepto de agencias en derecho, estas deben fijarse conforme a las
tarifas establecidas en el Acuerdo PSAA16-10554 del 5 de agosto de 2016 del
Consejo Superior de la Judicatura. Recordó que dicho Acuerdo dispone que, en
procesos declarativos sin pretensiones pecuniarias, las agencias en derecho para
primera instancia pueden reconocerse entre 1 y 10 salarios mínimos mensuales
legales vigentes, independientemente del valor pactado entre la parte y su
apoderado.
La demandante34 sostuvo que el tribunal delimitó el problema jurídico, sin cuestionar
la validez formal de las correcciones, limitándolo a determinar que si existió
allanamiento parcial con ocasión de la corrección presentada con el recurso de
reconsideración. Así, sostuvo que el hecho de que la demandada alegue en la
apelación, que las declaraciones de corrección se tienen por no presentadas por
ausencia de presentación física y electrónica constituye un argumento nuevo que
vulnera el debido proceso y excede la competencia funcional del juez de segunda
instancia.
Insistió en que la resolución que resolvió el recurso de reconsideración modificó el
objeto de la discusión, al exigir una prueba que nunca había sido solicitada en el
requerimiento ni en la liquidación oficial, pese a que allí se había reconocido que el
objeto probatorio estaba demostrado. Por ello, afirmó que se configuró una violación
flagrante del artículo 711 del Estatuto Tributario y rechazó el argumento de la
demandada según el cual no hubo modificación del debate, sino un simple “mejor
argumento”.
También indicó que, al discutir nuevamente el contenido de las facturas aportadas
al expediente, la demandada viola el artículo 742 ibidem y 164 del Código General
del Proceso, toda vez que reconoce que los actos demandados omitieron el deber
de analizar las pruebas aportadas en la sede administrativa, y para el efecto hace un
recuento probatorio.
Reiteró que el tribunal negó indebidamente las costas por falta de constancia de pago,
pasando por alto que, desde la emisión de las facturas y la aceptación de la oferta de
servicios, la demandante ya era deudor de los honorarios y la obligación contractual
reflejaba el valor de la defensa. Además, señaló que el pago estaba atado a
actuaciones posteriores a la demanda —o incluso al resultado del proceso—, de
modo que en primera instancia existió una imposibilidad fáctica de acreditar ese
desembolso. En ese escenario, invocó el artículo 212 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que permite solicitar y decretar en
segunda instancia pruebas sobre hechos acaecidos con posterioridad a la
oportunidad probatoria de primera instancia y resaltó que bajo este entendido, la
prueba del pago de los honorarios se encuadró en los numerales 3 y 4 del artículo
indicado, pues se trató de un hecho sobrevenido a la oportunidad probatoria de
primera instancia y, además, de una imposibilidad fáctica —el pago aún no había
ocurrido— que habilita su solicitud, decreto e incorporación en segunda instancia para
acreditar la erogación efectivamente realizada.
Incluyó los registros contables de la firma asesora para demostrar que el pago se le
efectuó el 28 de abril de 2022, fecha posterior a la oportunidad probatoria de primera
instancia; y señaló que la constancia de pago que echó de menos el tribunal no podía
existir en ese momento procesal.
34
SAMAI. Índice 23.
11
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Reiteró que las costas proceden cuando en el expediente consta su causación y en
la medida de su comprobación, sin exigir prueba de su pago ni un límite temporal
distinto a que la prueba obre en el proceso, y que según el artículo 366 del Código
General del Proceso, la liquidación se realiza tras la ejecutoria de la providencia final
o el auto de obedecimiento, de modo que basta con que la prueba esté incorporada
al momento de la liquidación.
Intervención del Ministerio Público
El agente del Ministerio Público35 resaltó que la declaración de corrección
presentada el 4 de octubre de 2017 no fue firmada por el representante legal de la
sociedad actora, sino por una persona sin dicha calidad, lo que la hace inválida
conforme a lo dispuesto en los artículos 580 y 602 del Estatuto Tributario. En
consecuencia, dijo que la DIAN actuó acertadamente al desconocer sus efectos.
Por otra parte, advirtió que en la resolución que resolvió el recurso de
reconsideración la DIAN introdujo un cambio en el objeto del debate, pues, mientras
que en el requerimiento especial y en la liquidación oficial de revisión se discutió
principalmente la exención de los servicios conforme al artículo 481 del Estatuto
Tributario, en la resolución de reconsideración la discusión se trasladó al lugar
donde efectivamente fueron prestados los servicios. Este viraje desconoció el
principio de correspondencia, pues se exigió probar un hecho que no había sido
objeto del debate inicial y que, incluso, la propia Administración había aceptado
como demostrado. En consecuencia, solicitó confirmar parcialmente lo pretendido
en la demanda, declarando la nulidad de los actos administrativos únicamente
respecto de la glosa que ordenó reclasificar como gravados los ingresos por
operaciones prestados a clientes extranjeros.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
Antes de decidir sobre el debate judicial planteado en el trámite de esta segunda
instancia, se pone de presente que el magistrado Luis Antonio Rodríguez Montaño
manifestó estar impedido para participar en la decisión, por haber conocido el
proceso en primera instancia y que mediante auto del 10 de octubre de 2025 la Sala
declaró fundado el impedimento presentado (índice 38 SAMAI).
1. Problema jurídico
En los términos de los recursos de apelación, corresponde establecer si i) la
declaración de corrección presentada con ocasión del recurso de reconsideración,
en los términos del artículo 713 del Estatuto Tributario, debe entenderse como no
presentada; ii) si procede la adición de ingresos por operaciones gravadas,
derivados de servicios prestados a compañías extranjeras; y iii) en caso de no
proceder lo anterior, si la demandada debe ser condenada en costas en primera y
segunda instancia.
2. Corrección provocada con ocasión al recurso de reconsideración.
En la sentencia de primera instancia, el tribunal indicó que BCG intentó acceder a la
reducción de la sanción de inexactitud, al 50%, prevista en el artículo 713 del
Estatuto Tributario, pero que «la Administración omitió valorar la corrección de la declaración
35
SAMAI Índice 37. «RECIBEMEMORIALES_CONCEPTO250002337(.pdf) NroActua 37»
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y el recibo oficial de pago que la demandante allegó con ocasión al recurso de reconsideración (…)»
Dijo que, al valorar tales pruebas, constató que BCG se allanó a las glosas, en los
términos del artículo 713 ibidem, atendiendo a los actos preparatorio y liquidatorio,
y que pagó la sanción reducida, según lo previsto en esa misma norma , por lo cual
la declaración de corrección provocada presentada con el recurso debía ser
aceptada.
Al respecto, en la apelación, la DIAN argumentó que sí examinó los documentos
aportados por la demandante con ocasión del recurso de reconsideración, y que, de
acuerdo con los mismos, el Tribunal erró al aceptar la supuesta corrección
provocada, por cuanto BCG solo allegó un borrador de declaración que no fue
presentado ni física ni electrónicamente a través de los servicios informáticos al
momento de presentar el recurso. Dijo que, en esa medida, dado el carácter estricto
de la regulación sobre presentación y pago de declaraciones, no podía privilegiarse
la sustancia sobre la forma y, por tanto, ese formulario no debía tenerse por una
declaración de corrección presentada.
Para resolver, es importante traer a colación el artículo 713 del Estatuto Tributario
que establece la posibilidad de aceptar total o parcialmente los hechos planteados
por la Administración dentro del término para interponer el recurso de
reconsideración contra la liquidación oficial y establece que, previo el cumplimiento
de ciertos requisitos, la sanción de inexactitud puede ser objeto de reducción; la
alusión al artículo se efectúa considerando que fue con fundamento en ese artículo
que el tribunal aceptó la corrección diligenciada en el formulario 3001067241156.
Esa disposición señala que es posible acceder a la reducción de la sanción si, dentro
del término para interponer el recurso de reconsideración, el responsable (por
tratarse de una declaración de IVA) corrige su liquidación privada incluyendo los
mayores valores propuestos por la DIAN y aceptados por este y la sanción por
inexactitud reducida. El artículo también indica que ello debe probarse presentando
un memorial ante la Administración, donde se indique los hechos aceptados al cual
debe adjuntarse copia o fotocopia de la respectiva corrección y del pago o acuerdo
de pago del impuesto y sanción de inexactitud reducida.
Por ello, procede esta sección a verificar los documentos que fueron aportados por
la demandante para establecer si el tribunal erró o no al considerar que los mismos
acreditaban el cumplimiento de los anteriores requisitos.
En primer lugar, se observa que, en junio de 2017 BCG presentó respuesta al
requerimiento especial36 en la cual manifestó aceptar algunas de las glosas
propuestas por la DIAN y allegó una declaración de corrección presentada en bancos
el 4 de junio de 2017 (formulario 300167241078) en la que se incluyó una sanción
por $1.232.000 y un recibo oficial de pago de fecha 4 de junio de 2017 en el que se
incluyeron los valores: $1.232.000 por sanción, $11.940.000 por intereses y
$9.854.000.
En la liquidación oficial demandada la DIAN señaló que la declaración había sido
firmada por quien no tenía esa función y que, por ello, esa corrección no podía
tenerse en cuenta37.
36
SAMAI Tribunal. Índice 11. Fl 332. Caa
37
Ibidem. Fl 434.
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En tercer lugar, se observa que el 28 mayo del 201838 BCG presentó recurso de
reconsideración contra la liquidación oficial de revisión, con el cual aportó lo
siguiente:
• Copia de la declaración de corrección en formulario 3001067241078 y con adhesivo
0719330007188, presentada ante Bancolombia el día 4 de octubre de 2017, y entregada
también a la DIAN con ocasión de la respuesta al requerimiento especial;
• Recibo oficial de pago de fecha 4 de octubre de 201739;
• Declaración de corrección diligenciada en el formulario 300106724115640, anexada por la
demandante con ocasión al recurso de reconsideración; se trata de un formulario diligenciado a
mano sin sello de recibido en bancos. En este, se incluyó una sanción por valor de $2.464.000.
• Valores cancelados el 28 de mayo de 2018 con el recibo 4910211498282 (fl 451 Caa),
diligenciado a través de los servicios informáticos de la DIAN. En este recibo constan los valores:
$1.232.000 por concepto de sanción y $494.000 por intereses de mora. Así mismo, el recibo
hace referencia al formulario 3001500073141 el cual no coincide con ninguno de los formularios
previamente indicados.
Adicionalmente, se observa en el expediente un escrito radicado el día 19 de julio
de 2018 ante la División de Grandes Contribuyentes de la DIAN, con referencia
«Alcance al Recurso de Reconsideración contra la Liquidación Oficial de Revisión
No .312412018000026 del 22 de marzo de 2018.»41, en el que se indica que, con
ocasión del recurso de reconsideración, la demandante preparó la declaración de
corrección del IVA del período 1 de 2014, incorporando las glosas aceptadas, la
sanción por inexactitud y los intereses de mora.
En este último documento, BCG precisó que, dado que no pudo presentar esa
corrección de manera electrónica, por ser atípica y corresponder a una corrección
provocada, preparó la corrección en formulario litográfico (formulario
3001067241156) para ser presentada en bancos. Explicó que el 28 de mayo de
2018 se intentó radicar ese formulario en la sede Bancolombia Pijao-Green Office y
luego en la sede Andino, pero en ambos casos el sistema del banco no aceptó el
número del formulario por “incompatibilidad con formularios litográficos”. Dijo
entonces que, ante la inminencia del vencimiento, se interpuso el recurso en término
(admitido por auto del 29 de junio de 2018) . Se hace notar que esta explicación no
constaba en el recurso de reconsideración presentado pero que el formulario
litográfico y el recibo de pago con presentación electrónica sí fueron listados y
adjuntados como anexos en ese momento.
También se verifica que en la resolución que resolvió el recurso de reconsideración
la DIAN incluyó un punto denominado «ALLANAMIENTO PARCIAL CON OCASIÓN A LA LIQUIDACIÓN
OFICIAL DE REVISIÓN» en donde referencia como declaración de corrección la presentada
ante Bancolombia el día 4 de octubre de 2017 con el formulario 3001067241078, y
adhesivo 0719330007188. Ahora, sobre el escrito del 19 de julio de 2018, incluido en
los folios 444 a 499 del Caa, resalta que el mismo no podrá ser estudiado por
haberse presentado fuera del término para interponer el recurso de reconsideración.
De acuerdo con todo lo anterior, en línea con los estrictos términos del recurso de
apelación, la Sección verifica que el tribunal erró al considerar que se habían
acreditado los requisitos del artículo 713 del Estatuto Tributario con los documentos
presentados por la demandante. Esto, si se considera que, como efectivamente lo
38
SAMAI Tribunal. Índice 11. Fl 402. Caa.
39
Ibidem. Fl 439.
40
Ibidem. Fls 441 y 442.
41
Ibidem. Fls 444.
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indica la DIAN, dentro del término para interponer el recurso de reconsideración, BCG
no presentó una declaración de corrección, exigencia prevista en el artículo 713 del
Estatuto Tributario que aplicó el tribunal. Se resalta que cuando el artículo señala
que el responsable debe corregir su declaración y presentar una copia de la misma,
no se está refiriendo a un simple proyecto de corrección -como se habla en otras
normas (por ejemplo, el anterior artículo 589 del Estatuto Tributario)-, sino a una
declaración propiamente presentada y por tanto para acceder a la reducción de la
sanción allí establecida, efectivamente la corrección provocada debía haberse
presentado por el medio y dentro del término previsto para interponer el recurso de
reconsideración.
Así, la supuesta declaración de corrección diligenciada en el formulario
3001067241156 y adjuntada por BCG con el recurso de reconsideración solo puede
tomarse como un borrador o proyecto y no como una declaración presentada. Caso
diferente es lo que ocurrió con el recibo de pago 4910211498282 presentado en esa
misma fecha, y aceptado por el tribunal, pues en este sí consta su presentación; no
obstante, se reitera, ese recibo de pago referencia un formulario que no coincide
con los anteriores. Finalmente, llama la atención que la demanda señalará que por
ser una corrección atípica no le fue posible presentar la misma, cuando en similar
circunstancia la declaración de corrección anexada a la respuesta al requerimiento
especial, si fue presentada ante Bancolombia el día 4 de octubre de 2017.
Ahora bien, en el escrito de oposición a la apelación, BCG indica que la demandada
está incluyendo argumentos nuevos al mencionar que el tribunal no ha debido tener
como corrección de la declaración de IVA del bimestre 1 del año 2014 el formulario
antes indicado, y solicita que en aplicación del principio de congruencia (artículo 281
del Código General del Proceso) se descarte el cargo.
Sobre lo anterior, se resalta que, si bien la finalidad del principio antes referido, es
«que las partes obtengan una decisión judicial certera sobre el asunto puesto a consideración del
juez, al igual que la salvaguarda del debido proceso y del derecho de defensa de las partes, cuya
actuación procesal se dirige a controvertir los argumentos y hechos expuestos en la demanda,
tratándose del demandado, y en la contestación, si la posición procesal es la del demandante», esto
no significa que el apelante no pueda poner de presente argumentos que atacan
errores específicos de la decisión impugnada y que nunca fueron discutidos en sede
administrativa.
Por lo tanto, prospera el cargo.
3. Adición de ingresos por operaciones gravadas. Violación al derecho
debido proceso versus el derecho a mejorar argumentos.
El Tribunal consideró que la demandada violó el principio de correspondencia, dado
que, en un primer momento, en el requerimiento especial y en la liquidación oficial
de revisión el objeto del debate se circunscribió a la interpretación del alcance de la
disposición que regula el hecho generador del IVA del parágrafo 3 del artículo 420
del Estatuto Tributario, y que por eso mismo la DIAN había concluido que el servicio
se prestó en el exterior pero se encontraba gravado en Colombia porque BCG tenía
su sede en el país pero que, en un segundo momento, al resolver el recurso de
reconsideración, la DIAN modificó el hecho que había reconocido como probado,
pues señalo que la razón del rechazo era que no estaba acreditado que la
demandante hubiera prestado el servicio en el exterior. Así el tribunal concluyó que
la Administración transformó el debate jurídico de una cuestión de interpretación del
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artículo 420 del Estatuto Tributario a una cuestión netamente probatoria.
Por su parte, en la apelación, la DIAN argumentó que no existió falta de
correspondencia, pues los actos guardan total coherencia y congruencia tanto en
sus fundamentos fácticos como jurídicos y que tenía derecho a mejorar sus
argumentos en sede administrativa y judicial. Insiste en que, desde los actos de
determinación hasta la discusión judicial, la glosa se sustentó en que la demandante
no probó que los servicios se hubieran prestado en República Dominicana, por lo
que incumplió su deber probatorio y mantuvo una conducta omisiva tanto en sede
administrativa como en sede judicial.
Para resolver, es importante traer a colación lo señalado por la Sección respecto
del principio de correspondencia, en lo que se refiere al requerimiento especial y la
liquidación oficial de revisión, y a la resolución que resuelve el recurso de
reconsideración, pues esta pone fin a la sede administrativa:
Uno de los principios que rigen el proceso de determinación oficial del tributo es el previsto en
el artículo 711 del Estatuto Tributario, conforme al cual, la liquidación oficial de revisión debe
contraerse a los hechos que hubieren sido analizados en el requerimiento especial o en su
ampliación, debido a que el requerimiento es el acto en el que la Administración fija por primera
vez los puntos que considera inexactos en la declaración.
Una vez emitido el requerimiento especial, queda delimitado el marco dentro del cual puede
darse la modificación de la liquidación privada, manifestación precisamente del derecho
fundamental al debido proceso.
Es por eso que este principio también debe ser observado por la Administración en la
resolución que resuelve el recurso de reconsideración, toda vez que al tratarse del acto que
le pone fin a la vía gubernativa, debe guardar coherencia con los hechos controvertidos en la
actuación administrativa.
En ese orden de ideas, con mayor razón, no es de recibo que los actos que finalizan la vía
gubernativa planteen hechos distintos a los que sustentaron la determinación oficial de la cuota
tributaria, pues a la autoridad fiscal debe acatar el derecho al debido proceso y el derecho de
defensa previstos en el artículo 29 constitucional. 42
Resáltese que, «dado que la resolución que resuelve el recurso de reconsideración es el acto
que le pone fin a la vía gubernativa, la misma debe referirse a las modificaciones realizadas por
la liquidación oficial de revisión y, en esa medida, a los hechos controvertidos durante la
actuación administrativa».43
Por tanto, si bien es cierto que se ha aceptado la mejora en los argumentos que
soportan las glosas que la DIAN plantea en sede administrativa, ello se debe hacer
en línea con la normativa y hechos planteados en el requerimiento especial, pues
cambiar estos elementos procesales, so pretexto de esa mejora, viola el derecho al
debido proceso, específicamente el derecho a la defensa, previstos en el artículo 29
de la Constitución Política. En efecto, la capacidad real de defensa del contribuyente
puede verse comprometida si, un primer momento, esto es, en la respuesta al
requerimiento especial y en el recurso de consideración ejercitó su defensa con
argumentos y pruebas encaminados a atacar los términos en los que se planteó el
requerimiento especial y la liquidación oficial y luego, en un segundo momento, esto
es, en sede de la resolución del recurso de reconsideración, la Administración
cambia esos términos exigiéndole al contribuyente desplegar una nueva actividad
argumentativa y probatoria diferente a la que ya había desplegado. Este proceder
42
Sentencia del 22 de febrero de 2018. (Exp.21453). M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
43
Sentencia del 3 de diciembre de 2020 (Exp. 23868). MP. Miltón Chaves García. En igual sentido ver sentencia del 18
de marzo de 2021. ( Exp.23743). M.P Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
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conllevaría un desconocimiento de las etapas procesales que tiene el contribuyente
para ejercer su defensa.
Frente a lo discutido en el proceso es preciso recordar que, para efectos del
Impuesto sobre las Ventas (IVA), pueden darse diferentes situaciones sobre la
territorialidad que generan, así mismo, diferentes tratamientos. Esto es, puede darse
el caso de servicios que se prestan en Colombia, entendiéndose que esto se da en
la sede del prestador del servicio y, por regla general están gravados con IVA,
servicios que se prestan desde Colombia en favor de entidades del exterior, para
ser utilizados por fuera del país, configurándose una posible exportación de
servicios que genera un ingreso exento, y servicios prestados enteramente en el
exterior, los cuales no son sujeto del gravamen, y servicios prestados desde el
exterior en favor de usuarios ubicado en Colombia, los cuales también están
gravados bajo el artículo 420 del Estatuto Tributario, en ciertos casos
Considerando todo lo anterior, la Sección procede a revisar los hechos y
argumentos utilizados por las partes en sede administrativa sobre los servicios de
consultoría que generaron la reclasificación,
Requerimiento especial44
(…) El literal b) del artículo 420 del estatuto tributario establece como hecho generador sobre
el impuesto sobre las ventas la prestación de servicios en el territorio nacional.
A su vez, el parágrafo 3 adicionado por el artículo 33 de la Ley 383 de 1997 señala: Para la
prestación de servicios en el territorio nacional se aplicarán las siguientes reglas:
Los servicios se considerarán prestados en la sede del prestador del servicio, salvo en los
siguientes eventos: (…)
De lo normatividad trascrita se infiere que el servicio se considera prestado en la sede
del prestador del mismo, independientemente del lugar donde se ejecute la actividad o
labor contratada, con excepción de los eventos determinados legalmente en el parágrafo
tercero numerales 1 y 2.
Ahora bien, el contribuyente afirma que el servicio fue prestado por los Consultores de Boston
Consulting Group por fuera del territorio colombiano y por eso lo cataloga como una operación
no gravada con base en el literal b) del artículo 420 del Estatuto Tributario.
Aquí es necesario precisar que el literal b) del artículo 420 del Estatuto Tributario tiene unas
reglas que las establece el parágrafo 3 del mismo artículo, estableciendo como regla
general de localización del servicio, la sede del prestador del mismo.
El domicilio del contribuyente The Boston Consulting Group SAS es Bogotá D.C., quien está
prestando servicios de Consultoría a unas empresas del exterior, por lo tanto, el servicio se
entiende prestado en Colombia.” (Énfasis propio)
Respuesta al requerimiento especial
Los ingresos por valor de (…) que la Autoridad Tributaria considera como gravados se
originaron por servicios que se prestaron en República Dominicana a favor de compañías
domiciliadas en República Dominicana (Seguros Universal S.A., ARS Universal S.A.,
Asistencia Universal S.A. y Suplidora Propartes S.A.).
Vale la pena señalar que la regla de extraterritorialidad establecida en el literal b) del numeral
3° del parágrafo 3° del artículo 420 del Estatuto Tributario, en relación a considerar prestados
en el territorio colombiano los servicios de consultoría ejecutados desde el exterior a favor de
usuarios ubicados en el territorio colombiano, no sería aplicable para el caso de BCG,
considerando que los beneficiarios de estos servicios son empresas ubicadas en República
Dominicana.
44
Ibidem. Fls 304 -401.
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La posición anteriormente citada de la autoridad tributaria, parte de una interpretación indebida
del parágrafo 3° del artículo 420 del Estatuto Tributario, al interpretar que la regla para la
localización de los servicios prestados en el exterior debe ser la sede del prestador del servicio. Al respecto debemos señalar que el parágrafo 3° del artículo 420 del Estatuto Tributario,
señala lo siguiente: (…) es claro que el mismo legislador limitó el ámbito de aplicación del
parágrafo 3° solo a servicios prestados en el territorio nacional, no aplica para servicios
prestados fuera de este (…)
Liquidación oficial de revisión45
De acuerdo con lo anterior, y partiendo del hecho que el servicio prestado por la sociedad THE
BOSTON CONSULTING GROUP SAS corresponde a honorarios profesionales, en atención
a lo señalado en el literal b) del artículo 420 del Estatuto Tributario que regula los hechos sobre
los que recae el impuesto en concordancia con el parágrafo 3 adicionado por el artículo 33 de
la ley 383 de 1997, el competente primario los considera prestados en la sede del
prestador del servicio. (…)
Por lo anterior, el servicio de consultoría prestado por el contribuyente con sociedades
del exterior se entiende prestado en el territorio nacional como lo dispone el parágrafo 3º
del artículo 420 del Estatuto Tributario. (…)
Al respecto, el Despacho precisa, que en ningún momento la Autoridad Tributaria cuestiona
el sitio donde fue prestado el servicio profesional, ni el desplazamiento de empleados
a realizar la labor a Republica Dominicana como tampoco la expedición de las facturas que
conforman el valor de (…) cuestionado, por el contrario, las facturas y el servicio
profesional de consultoría son las que llevan al ente fiscal a determinar que el servicio
prestado (SIC) personal de su compañía que se desplazó al exterior para ejecutar el
servicio de consultoría, fue contratado en el territorio nacional, es decir en la sede del
prestador del servicio, cumpliendo así con la regla especial establecida en el parágrafo 3 del
artículo 420 del Estatuto para efectos de determinar el hecho generador del IVA, que es el
tema en discusión. El Despacho reitera, para el caso en Litis, que las exenciones y exclusiones son taxativas y
restrictivas por lo que vía interpretación no se puede ampliar los beneficios que el legislador
le ha otorgado a ciertos servicios, dentro de los cuales NO se encuentra la prestación del
servicio fuera del territorio nacional, ya que fue la misma ley la que indicó que para efectos de
determinar el hecho generador del impuesto sobre las ventas, se debe tener presente que el
IVA se genera en la SEDE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO, (…) (Negrilla propia”)
Resolución de recurso de reconsideración46
Así, continuando con el análisis de la norma, este Despacho encuentra que parágrafo 3º del
artículo 420 del Estatuto Tributario contempla un listado taxativo de excepciones y
tratamientos especiales frente a la territorialidad del impuesto sobre las ventas en lo que atañe
a la prestación de servicios en el territorio nacional. (…)
En virtud de la interpretación gramatical de las normas, prevista en el artículo 25 del Código
Civil, podemos concluir que la norma anteriormente citada se refiere explícitamente a un
conjunto de excepciones a la máxima «los servicios se considerarán prestados en la sede
del prestador del servicio», en lo que atañe a los servicios prestados en el territorio
nacional colombiano. De manera que dicha norma no contempla, como lo afirmó la
Administración Tributaria mediante la Liquidación Oficial de Revisión, que los servicios
prestados en el exterior estén sujetos a dicho tratamiento. Tan es así que dicho supuesto ni siquiera fue contemplado como un hecho generador del
tributo como se indicó anteriormente.
Por ende, no es factible asegurar que, si un servicio
prestado en el exterior no se encuentra enlistado dentro de las excepciones señaladas, dicho
servicio estará sujeto al impuesto sobre las ventas en Colombia, toda vez que la norma fue
expedida explícitamente para los servicios prestados en territorio nacional. Ahora bien, teniendo en cuenta el marco teórico y normativo expuesto previamente, este
Despacho se ocupará de analizar si los servicios prestados por la Sociedad pueden ser
calificados como servicios prestados en el exterior, para efectos del Impuesto sobre las ventas.
45
Idem
46
Ibidem. Fls 482-481.
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En primera medida, después de analizar las facturas y soportes entregados en medio
magnéticos por el contribuyente, la Administración encuentra que dichos documentos no
dan fe de que efectivamente el servicio se hubiera prestado en el exterior. (…) (Énfasis
propio)
Lo anterior hace evidente que los hechos y la interpretación inicialmente dada por
la demandada, tuvo un cambio de fondo en cuanto a la argumentación y fundamento
jurídico y en cuanto al objeto de la prueba, y no se trató de una simple ampliación o
mejora de los argumentos en la resolución que resolvió el recurso de
reconsideración.
En efecto, la DIAN pasó de insistir que, de acuerdo con el literal b y parágrafo tercero
del artículo 420 del Estatuto Tributario, los servicios se gravaban en la sede del
prestador del servicio independientemente de que lugar de ejecución de la actividad
fuera el exterior y reconociendo como un hecho probado que los servicios fueron
prestados por BCG en República Dominicana, pero que se debían gravar en
Colombia porque el domicilio de la demandante era Bogotá, a señalar que los
servicios prestados en el exterior no se encuentran gravados con IVA pues la norma
fue expedida para los servicios prestados en Colombia pero que la demandante
nunca probó que los servicios fueron efectivamente prestados en el exterior.
Así mismo, se evidencia que la demandante dirigió su defensa a lo que inicialmente
había señalado la Administración, y quedando sin oportunidad procesal en la etapa
administrativa para defenderse de los nuevos hechos y debate probatorio incluidos
únicamente hasta la resolución que resolvió el recurso.
Con base en el cambio argumentativo, se evidencia que la DIAN pasó de considerar
que ciertos hechos sí se habían probado a considerar lo contrario, pues indicó que
con base en el acervo probatorio no era claro que los servicios hubieran sido
prestados por la demandante en el exterior, por lo que debían ser gravados con el
impuesto.
Así pues, para esta Sección es claro que el cargo de la demandada no está llamado
a prosperar, pues como lo señaló el tribunal, la entidad pasó de plantear un debate
argumentativo (en el requerimiento especial y en la liquidación oficial de revisión) a
plantear un debate probatorio basado en una interpretación nueva de la norma y
cambiando los hechos iniciales (en la resolución de reconsideración).
En consecuencia, encontrándose demostrado que los actos demandados sí
desconocieron el principio de correspondencia en materia tributaria, la Sección
confirmará la sentencia de primera instancia y se abstendrá de seguir revisando los
aspectos probatorios planteados por la demandada respecto de los servicios
prestados a clientes extranjeros.
4. Sanción por inexactitud
Como quiera que las glosas relativas a: ingresos brutos por operaciones gravadas
por valor de $43.547.749, rechazo de impuesto por servicios gravados al 5% por
valor de $2.531.479, rechazo de impuesto descontable por valor de $109.320 y
rechazo de impuesto descontable por valor de $246.000 fueron aceptadas por BCG,
se encuentra que no se planteó discusión alguna respecto a la sanción de
inexactitud derivada de estos rubros, por lo que lo procedente será determinarla, lo
cual se efectuará en la liquidación que se practica más adelante.
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5. Liquidación
En atención a lo expuesto, y habiendo prosperado parcialmente las pretensiones de
la demandante se procederá a liquidar la declaración, así:
Declaración Liquidación Consejo de
Concepto
privada oficial Estado
Ingresos brutos por operaciones gravadas 904.124.000 2.691.103.000 947.672.000
Ingresos brutos por operaciones no gravadas 1.901.878.000 158.447.000 1.901.878.000
Total ingresos brutos recibidos durante el periodo 2.806.002.000 2.849.550.000 2.849.550.000
Total ingresos netos recibidos durante el periodo 2.806.002.000 2.849.550.000 2.849.550.000
Compras importación de servicios 557.011.000 557.011.000 557.011.000
Compras nacionales de bienes gravados tarifa general 8.195.000 8.195.000 8.195.000
Compras nacionales de servicios gravados tarifa 5% 50.848.000 50.848.000 50.848.000
Compras y servicios gravados 490.181.000 490.181.000 490.181.000
Compras no gravadas 282.667.000 282.667.000 282.667.000
Total compras e importaciones brutas 1.388.902.000 1.388.902.000 1.388.902.000
Total compras netas realizadas durante el periodo 1.388.902.000 1.388.902.000 1.388.902.000
Impuesto generado a la tarifa general 144.660.000 430.577.000 151.628.000
Total imp a cargo/Imp generado por operaciones gravadas 144.660.000 430.577.000 151.628.000
Impuestos descontables compras de bienes tarifa general 1.311.000 1.311.000 1.311.000
Impuestos descontables servicios gravados a la tarifa del
2.542.000 11.000 11.000
5%
Impuestos descontables servicios gravados a la tarifa
77.123.000 76.877.000 76.877.000
general
Impuesto descontado pagado o facturado 80.976.000 78.199.000 78.199.000
Impuesto descontable operaciones régimen simplificado 196.000 87.000 87.000
Impuesto descontable IVA reten servicios prestados en
89.122.000 89.122.000
Colombia no domiciliados
Total impuestos descontables 170.294.000 167.408.000 167.408.000
Saldo a pagar del periodo fiscal 0 263.169.000 0
Saldo a favor del periodo fiscal 25.634.000 0 15.780.000
Saldo a favor sin solicitud de devolución o compensación
339.921.000 339.921.000 339.921.000
del periodo fiscal anterior
Retenciones por IVA que le practicaron 18.554.000 18.554.000 18.554.000
Sanciones 0 288.803.000 9.854.000
Total saldo a pagar 0 193.497.000
O total saldo a favor 384.109.000 0 364.401.000
Sanción por inexactitud
Sanción por inexactitud
Total saldo a favor liquidado por el contribuyente $ 384.109.000
Total saldo a favor antes de sanciones liquidado por el Consejo de Estado $ 374.255.000
Base de la sanción $ 9.854.000
Tarifa 100%
Total sanción por inexactitud $ 9.853.999
6. Condena en costas
De acuerdo con el artículo 361 del Código General del Proceso, por remisión
expresa del artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, las costas procesales comprenden dos conceptos
diferenciales, esto es las expensas y gastos que se han sufragado durante el
proceso y las agencias en derecho.
En el caso, se observa que la apelación presentada por la demandante se refiere
únicamente a la decisión del tribunal de no condenar en agencias en derecho, por
cuanto no expresó inconformidad sobre la ausencia de condena por expensas y
gastos procesales, que, por demás, no se encuentran causadas.
Bajo ese marco, de conformidad con lo previsto en el numeral 5 del artículo 365 del
Código General del Proceso, aplicable por remisión expresa del artículo 188 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y
teniendo en cuenta los criterios de decisión adoptados por la posición mayoritaria
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Demandante: The Boston Consulting Group S.A.S
de la Sección en la sentencia de 23 de septiembre de 202547, no se debe condenar
en costas en ninguna de las dos instancias por cuanto no hay una parte vencida, en
tanto se declara la nulidad parcial.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Modificar el numeral segundo de la parte resolutiva de la sentencia del 28 de
septiembre de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Cuarta, Subsección A, por lo expuesto en esta providencia, como
sigue:
SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho, TÉNGASE como liquidación del
impuesto sobre las ventas del bimestre 1 del año 2014 de la sociedad The Boston Consulting
Group S.A.S., la efectuada por el Consejo de Estado.
2. Sin condena en costas en ninguna de las instancias.
Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al tribunal de
origen. Cúmplase
La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha:
(Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica:https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
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Sentencia del 23 de septiembre de 2025, Exp. 28292, CP. Wilson Ramos Girón.
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