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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2019-00552-01

Fecha
30 de enero de 2025
Consejero ponente
Wilson Ramos Girón

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2019-00552-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA 1. Modificar el ordinal segundo de la sentencia apelada. En su lugar: Segundo. A título de restablecimiento del derecho, ordenar a la UGPP reliquidar los aportes al SPS de los meses de enero y junio a diciembre de 2014, de acuerdo con el IBC establecido en la parte inserta de la providencia de segunda instancia. Lo anterior implicará la reliquidación de la sanción por inexactitud. Por otra parte, se levantará la sanción por omisión, no adeudando por este concepto suma alguna el contribuyente. 2. En lo demás, confirmar la sentencia apelada. 3. Sin costas en esta instancia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 25000-23-37-000-2019-00552-01

Consejero ponente: Wilson Ramos Girón

30 de enero de 2025

Radicado: 25000-23-37-000-2019-00552-01 (27024)
Demandante: Hoovert Arredondo Rodríguez

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN

Bogotá, D.C., treinta (30) de enero de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-37-000-2019-00552-01 (27024)
Demandante: Hoovert Arredondo Rodríguez
Demandada: UGPP

Temas: Aportes al SPS. Enero a diciembre de 2014. Exoneración aportes de
pensión. Base imponible. Reconocimiento de costos y gastos.
Presunción de veracidad declaración del impuesto sobre la renta.
Sanción por omisión.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por el demandante1 y la
demandada2 contra la sentencia de primera instancia, del 16 de junio de 2022, proferida
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A, que
decidió3:

Primero. Declárese la nulidad parcial de la Resolución RDO-2018-00729, del 6 de abril de 2018, por
medio de la cual le fue proferida al [demandante] liquidación oficial por omisión en la vinculación e
inexactitud en las autoliquidaciones y pagos al sistema de seguridad social integral por los periodos
de enero a diciembre de 2014; y de la Resolución RCD-2019-00461, del 10 de abril de 2019, a través
de la cual se confirmó la anterior al desatar el recurso de reconsideración interpuesto; de conformidad
con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.

Segundo. A título de restablecimiento del derecho, se elimina la sanción por omisión a cargo del
[demandante] por valor de $60.942.800, de acuerdo a lo expuesto en la parte considerativa de esta
providencia.

Tercero. No se condena en costas.

(…)

ANTECEDENTES

Actuación administrativa

La demandada por medio de la Resolución RDO-2018-007294, del 06 de abril de 2018,
determinó por el período de enero a diciembre de 2014 que hubo incumplimiento en la
afiliación y/o vinculación, en calidad de cotizante al subsistema pensional, e inexactitud
en las autoliquidaciones de aportes al subsistema de salud, por lo que además de efectuar
ajustes, impuso sanción por no declarar por la conducta de omisión, así como la sanción
de inexactitud. Dicho acto, fue confirmado, en su totalidad, por la demandada mediante
la Resolución RDC-2019-004615, del 10 de abril de 2019.
1
Samai Tribunal, índice 23, certificado C38EDD9B486E6CC9 BFD42A750BAEBFC3 449914F9C19611C7 A200FB3F03C22AC5 (pdf), pp. 1 a 11.
2
Samai Tribunal, índice 22, certificado 3B4311B1859BF3F8 DA6FCD5FF1276A11 7A438748C555D7BD 8E337746BA342418 (zip) 2 (pdf), pp. 1 a 5.
3
Samai Tribunal, índice 19, certificado 53088F757501DD19 6EB6EAAC430C3BA3 0156EF5A08495DBD BBE7AEBA70A1842A (pdf), p. 32.
4
Samai Tribunal, índice 7, certificado 74914FD8BE47B545 D49138111E862622 064D028E9FE3E93D 3CB7BA9CB867C330 (zip) 2 (zip) 2 (pdf), pp. 1
a 15.
5
Samai Tribunal, índice 7, certificado 74914FD8BE47B545 D49138111E862622 064D028E9FE3E93D 3CB7BA9CB867C330 (zip) 3 (zip) 2 (pdf), pp. 1
a 28.

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www.consejodeestado.gov.co
1

Radicado: 25000-23-37-000-2019-00552-01 (27024)
Demandante: Hoovert Arredondo Rodríguez

Demanda

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el
artículo 138 del CPACA (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Ley 1437 de 2011), la parte demandante formuló las siguientes
pretensiones6:

Primera. Declarar la nulidad de la (…) ¡Liquidación Oficial Resolución RDO-2018-00729, del
06/04/2018, y la Resolución RDC-2019-00461, del 10/04/2019.

Segunda. Como consecuencia de la anterior declaración, ordenar dejar las resoluciones sin efectos
jurídicos.

Invocó como vulnerados los artículos 2, 6, 29, 48 y 49 de la Constitución; 329, 596 y 714
del ET; 137 de CPACA; 10, 13, 15, 17, 157 y 204 de la Ley 100 de 1993; 18 de la Ley
1122 de 2007; 135 de la Ley 1753 de 2015; 314 de la Ley 1819 de 2016; Decreto 806 de
1998; 16 del Decreto 1406 de 1999; 1 y 3 del Decreto 3032 de 2013; 1 del Decreto 3033
de 2013; y Decreto 780 de 2016 bajo los siguientes conceptos de violación7:

-Para el año gravable 2014 no existía regulación que obligara a los rentistas de capital a
realizar aportes al SPS (Sistema de Protección Social). Adujo que en el referido periodo
no existía un sistema de presunción de ingresos para los independientes con contratos
diferentes al de prestación de servicios, tal como lo señaló el Ministerio del Trabajo en su
Concepto 164487, del 24 de septiembre de 2014, pues estaba supeditado a que el
Gobierno reglamentara un sistema de presunción de ingresos, que era inexistente para
el año 2014. En línea con ello, citó los artículos 204 de la Ley 100 de 1993 y 18 de la Ley
1122 de 2007 señalando que, si bien se avanzó con el IBC (Ingreso Base de Cotización)
para los trabajadores independientes con contrato de prestación de servicios, no
consagró regulación, por lo que no hubo obligación de realizar aportes al SPS. Sin
embargo, esta última disposición fue derogada por el artículo 267 de la Ley 1753 de 2015
y tal normativa que empezó a regir el 09 de junio de 2015 creó un sistema de presunción
de ingresos para los rentistas de capital y trabajadores por cuenta propia, lo cual pretendía
ser aplicado retroactivamente por la demandada, lo cual violaba el ordenamiento jurídico,
dado que, en principio, las normas tributarias rigen hacia el futuro y, de manera
excepcional, hacia el pasado (cuando resulten favorables al contribuyente), según se
expone en las sentencias C-785 de 20128 y C-430 de 20099.

En todo caso, advirtió que el artículo 135 de la Ley 1753 de 2015 fue declarado
inconstitucional por infracción al principio de unidad de materia, a través de la sentencia
C-219 de 201910 lo que dejaría sin fundamento jurídico a la Administración para establecer
una presunción de ingresos y costos, así como para determinar el IBC y las contribuciones
al SPS para el año gravable 2014 para los rentistas de capital. Argumentó que la
demandada, al dividir el total de los ingresos declarados en el impuesto sobre la renta en
los doce meses del período, no realizó un estudio verídico y exhaustivo de su actividad
económica, lo que ocasionó una obligación altamente onerosa de pago de aportes al SPS
sin que existiera fundamento alguno, ya que solo se basó en lo reportado en su
declaración de renta, que le era conveniente. En consecuencia, los actos demandados
eran anulables por adolecer de falsa motivación y fundamentarse en normas que «no
atañen al marco jurídico correspondiente», determinando los aportes con base en un IBC sobre
un ingreso mensual inexistente y sin tener en cuenta los costos y gastos de la actividad

6
Samai Tribunal, índice 1, certificado 807FC5EC228C7D05 4584F04F96B81B11 BAB5E4917AE2287A BAA6F5CCF6384862 (pdf), p. 3.
7
Samai Tribunal, índice 1, certificado 807FC5EC228C7D05 4584F04F96B81B11 BAB5E4917AE2287A BAA6F5CCF6384862 (pdf), pp. 4 a 35.
8
Corte Constitucional, sentencia C-785 de 2012, MP: Jorge Iván Palacio Palacio.
9
Corte Constitucional, sentencia C-430 de 2009, MP: Juan Carlos Henao Pérez.
10
Corte Constitucional, sentencia C-219 de 2019, MP: Luis Guillermo Guerrero Pérez.

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Radicado: 25000-23-37-000-2019-00552-01 (27024)
Demandante: Hoovert Arredondo Rodríguez

generadora de renta.

-Errónea interpretación de la norma. Señaló que la Administración interpretó
erróneamente el ordinal 3 del artículo 1 del Decreto 3033 de 2013, en tanto que la
conducta de omisión consiste en la no afiliación; mientras que, en el caso concreto, se
trataba de la conducta de mora, establecida en el ordinal 6 ejusdem, que corresponde al
incumplimiento generado cuando, existiendo afiliación, no se realiza la autoliquidación
acompañada del respectivo pago de las contribuciones al SPS. Finalmente, indicó que
resultaba incongruente que la demandada la sancionara por la conducta de omisión,
cuando, por otro lado, había indicado en la resolución que resolvió el recurso que su
afiliación al subsistema pensional se surtió desde el 11 de marzo de 1988.

-Buena fe del contribuyente. Planteó que la Administración, a través de un comunicado
del 15 de diciembre de 2016, le indicó que, debido a su edad, no estaba obligado a realizar
aportes a un fondo de pensión, induciéndolo en error, lo que constituía un vicio del acto
administrativo, pues de no haber ocurrido, le hubiera permitido subsanar la situación y así
evitar el pago de capital e intereses desde el año 2014. Además, expuso que para el
período sub judice ya había cumplido la edad de jubilación (62 años) sin haber completado
las semanas de cotización exigidas para acceder a la pensión de vejez, pues a esa fecha
contaba con 78.29 semanas cotizadas y refirió que no le era posible cotizar al sistema
general de pensiones por veinte años o más, pues no existía la probabilidad de que
pudiera disfrutar de la pensión de vejez. Indicó que resultaba operativamente imposible
realizar los aportes y además no existía certeza de si tales aportes serían objeto de
actualización o reajuste por parte de la administradora.

-Indebida conformación del IBC. Adujo que la demandada presumió incorrectamente
ingresos por valor de $381.802.000 tomando la declaración de renta del período 2014 y,
consecuentemente, estableció una cotización a los subsistemas en el tope de 25 smmlv.
A su entender, esto significó una determinación del tributo con base en un sistema de
presunción de ingresos para el año 2014, aplicando una metodología ilegal e inválida para
dicho periodo, ya que la Ley 1753 de 2015, que incorporó el sistema de presunción de
ingresos para independientes rentistas de capital, no era aplicable con retroactividad. Por
otra parte, sostuvo que no se analizó la información suministrada en el denuncio de renta
indicado, pese a su firmeza, lo que la hacía inmodificable, por lo que la demandada no
podía desconocer los verdaderos rubros correspondientes a la renta líquida declarada.

Seguidamente, expuso que mensualmente no percibió los ingresos señalados en los
actos acusados e incurrió en costos y gastos propios de su actividad económica, respecto
de los cuales la Administración no tuvo en cuenta todos los soportes que aportó de tales
erogaciones ni estableció la norma aplicable para cuantificar la base mínima o máxima
de cotización de los aportes, pese a que en el caso de los trabajadores independientes,
rentistas de capital, esta correspondía a lo efectivamente percibido, de modo que hubo
un error en la autoridad al no establecer el ingreso mensual obtenido tras deducir las
expensas, sin que subsistiera obligación de contribuir al tributo, cuando se demostrara
que estas últimas superaron los ingresos. Así, manifestó que el extremo pasivo omitió los
costos y gastos declarados en renta por su actividad de alquiler de vehículos por valor de
$363.971.000.

Por lo demás, persistió en lo ya indicado en cargos anteriores, relativo a que en concepto
del MinTrabajo no existía presunción de ingresos para el período fiscalizado, y que la
metodología de determinación de los aportes significó la ilegal aplicación retroactiva del
artículo 135 de la Ley 1753 de 2015, cuando debió calcularse acorde con la renta líquida
declarada en renta, esto es, una vez detraídos los costos y gastos, y posteriormente

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Radicado: 25000-23-37-000-2019-00552-01 (27024)
Demandante: Hoovert Arredondo Rodríguez

determinar el IBC sobre el 40% de la utilidad, casilla 53 de la declaración de renta.

Sin perjuicio de lo anterior, sostuvo que los ingresos declarados en renta solo tenían
efectos para ese impuesto en los términos del artículo 596 del ET. En adición, los ingresos
realmente percibidos establecidos mensualmente debían ser disminuidos con los costos
y gastos aplicables a la actividad económica, según el CIIU 0090 y, tras ello, el IBC sería
el 40%. Así, se incurrió en falsa motivación y se atentó contra sus derechos económicos,
de manera que se valoró la declaración de renta en forma sesgada.

-Falsa motivación. Alegó que la demandada cometió errores graves al expedir los actos
censurados, ya que no realizó un análisis detallado de las circunstancias que originaron
la renta ni de la información suministrada en la declaración de renta. Señaló que esto
generó una falsa motivación de los actos, debido a que, no tuvo en cuenta el tipo de
independiente que era, pues quienes reciben réditos por vehículos son rentistas de
capital, lo que ilustró con la definición de la categoría de trabajador por cuenta propia que
incorporó la Ley 1607 de 2012 y que reglamentó el Decreto 3032 de 2013, pues se trata
de quien presta un servicio por su cuenta y riesgo. De esa forma, sus aportes debían
considerar los costos y gastos incurridos en la operación de transporte que desarrolló a
efectos de establecer el IBC.

Tampoco se tuvo en cuenta los renglones 49, 50 y 52, de la declaración de renta, relativos
a los costos de la actividad económica, los cuales no enriquecieron su patrimonio, por lo
que debían deducirse en el cálculo de los aportes al SPS. Señaladamente, expuso que la
Ley 1753 de 2015 no indicó la metodología para presumir ingresos ni la competencia de
la demandada para hacerlo, lo cual reafirmaba la ilegalidad de los actos por falsa
motivación.

Por lo anotado, afirmó que no había claridad y precisión sobre la determinación del IBC
en el tope máximo, ni las razones por las que no se tuvo en cuenta la normatividad vigente
en ese año, ni el valor de costos y gastos lo que afectaba la motivación de los actos, pues
la autoridad se limitó a reproducir los mismos textos empleados en la expedición de esos
tipos de actos y no profundizó en la normativa invocada lo que afectó su debido proceso.
Con base en ello, solicitó la nulidad de los actos demandados o, en su defecto, que la
Administración recalculara los aportes al SPS y la sanción, basándose en los ingresos
mensuales reales y no en el total declarado en el impuesto sobre la renta.

-Incorrecto cálculo de la sanción. Estimó que la Administración calculó erróneamente la
sanción por omisión, puesto que fijó el valor de los aportes a los subsistemas de salud,
pensión y fondo de solidaridad pensional por el mismo monto para los 12 períodos de
2014, sin considerar los costos y deducciones, lo que agravó su conducta y su situación
económica. Además, tomó un mes más por para todos los períodos a fin de aumentar la
sanción, a pesar de que el artículo 4 del Decreto 1670 de 2007 establecía que los aportes
debían hacerse hasta el día 13 hábil del mes siguiente. Al respecto, afirmó que el principio
de proporcionalidad exige que la sanción se ajuste a la falta y no fuera excesiva,
atendiendo la gravedad de la conducta; así, según la Ley 1819 de 2016, la sanción debe
calcularse desde la fecha de vencimiento o retardo en el pago. Por lo tanto, si el pago era
en enero de 2014, solo a partir del mes de febrero siguiente se podía empezar a calcular
la sanción por omisión. Sin embargo, la demandada sumó al cálculo de la sanción
indebidamente un mes, resultando en 45 meses de sanción en lugar de 36 meses -desde
febrero de 2014 hasta el 30 de abril de 2019-. Así, concluyó que, las normas fueron
interpretadas de manera arbitraria, vulnerando los derechos del demandante y
causándole un perjuicio irremediable.

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Radicado: 25000-23-37-000-2019-00552-01 (27024)
Demandante: Hoovert Arredondo Rodríguez

-Inexistencia de la obligación de pagar aportes a pensión. Insistió en que, cumplió la edad
de jubilación (62 años) en 2014, pero que solo había cotizado 78,29 semanas al Sistema
General de Pensiones, muy lejos de las 1.270 semanas requeridas para acceder a la
pensión de vejez, de manera que seguir cotizando por más de 20 años adicionales.
Advirtió que esto era inviable, y que la exigencia de seguir cotizando carecía de sentido
práctico y jurídico. A pesar de ello, adujo que la Administración le exigió el pago de aportes
correspondientes al año 2014, además de sanciones; no obstante, sostuvo que, al haber
cumplido 62 años en 2014, no estaba obligado a continuar cotizando al sistema de
pensiones, según lo dispuesto en la Ley 100 de 1993, para lo cual citó el artículo 17 ídem.
Así, argumentó que los pagos que se le exigen no le otorgarían derecho a una pensión y,
por lo tanto, no cumplirían los fines de la seguridad social establecidos en la Constitución,
privándole de cualquier beneficio.

También denunció que la Administración cometió un error al registrar su fecha de
nacimiento como el 10 de marzo de 1954, cuando su fecha real de nacimiento fue el 27
de agosto de 1952, lo que provocó inseguridad jurídica. Por otra parte, la Administración,
emitió un comunicado en el que reconocía que el demandante no estaba obligado a
cotizar al subsistema de pensiones, debido a su edad, y le invitaba únicamente a continuar
realizando aportes al subsistema de salud. Sin embargo, posteriormente emitió un
requerimiento para declarar y corregir, por omisión en los aportes al subsistema de
pensiones; contradiciendo el comunicado anterior [Oficio 201615103846051, del 15 de
diciembre de 2016] y generó confusión, ya que se basó en la interpretación de que el
demandante estaba en «omisión» cuando en realidad la situación correspondía a una
«mora».

Finalmente, concluyó que no se efectuó una verificación adecuada de su situación
personal y que se realizaron estudios contradictorios sobre su fecha de nacimiento y
estado de afiliación. Lo que no solo complicó su defensa, sino que también le generó un
daño patrimonial.

Contestación de la demanda

Aunque la demandada dio respuesta a la demanda; mediante auto de pruebas11, fijación
de litigio y adopción de sentencia anticipada, del 16 de febrero de 2022, el tribunal tuvo
por no contestada la demanda, en tanto se presentó de manera extemporánea.

Sentencia apelada

El tribunal12 declaró parcialmente la nulidad de los actos demandados con base en las
siguientes consideraciones:

Luego de puntualizar los fines de la seguridad social como servicio público obligatorio e
irrenunciable de todas las personas y los principios que la rigen, precisó que, de
conformidad con el artículo 157 de la Ley 100 de 1993, los trabajadores independientes
con capacidad de pago, incluidos los rentistas de capital, se encuentran obligados a
afiliarse y contribuir al subsistema en salud, en tanto dicha categoría comprende «a todas
las personas económicamente activas que desarrollan una actividad de manera personal y directa », lo
que también se desprende del artículo 26 del Decreto 806 de 1998 13, de lo expuesto en
la sentencia C-578 de 200914 y de la jurisprudencia de la Sección Cuarta. Adicionalmente,
explicó que el artículo 33 de la Ley 1438 de 2011 consagró una serie de presunciones de
11
Samai Tribunal, índice 12, certificado 1AF747BBE7FED764 960D8C387AA1BF6F 1526862D9BF1643D 9008A4FBB703F605 (pdf), pp. 1 a 6.
12
Samai Tribunal, índice 19, certificado 53088F757501DD19 6EB6EAAC430C3BA3 0156EF5A08495DBD BBE7AEBA70A1842A (pdf), pp. 1 a 33.
13
El tribunal explicó que dicha disposición fue reproducida en el artículo 43 del Decreto 2353 de 2015, que derogó el Decreto 806 de 1998, y aludió de
manera expresa a los rentistas de capital y a los propietarios de empresas como cotizantes del régimen contributivo en salud.
14
Corte Constitucional, sentencia C-578 de 2009, MP: Juan Carlos Henao Pérez.

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capacidad de pago, para efectos de la afiliación al régimen contributivo, dentro de las
cuales se encuentra que sean declarantes del impuesto sobre la renta.

Respecto de la conformación del IBC de los trabajadores independientes destacó que en
los artículos 15 y 19 de la Ley 100 de 1993 (modificado por los artículos 3 y 6,
respectivamente, de la Ley 797 de 2003), en consonancia con los artículos 1 y 3 del
Decreto 510 de 2003, se dispuso que «no podrá ser inferior al salario mínimo y deberá guardar
correspondencia con los ingresos efectivamente percibidos por el afiliado». Así, concluyó que los
trabajadores independientes debían cotizar al SPS sobre los ingresos que perciban
efectivamente, es decir, aquellos que reciban para su beneficio personal de los que
podrán deducirse las expensas en las que haya incurrido para el desarrollo de su actividad
lucrativa, siempre que cumplan los requisitos previstos en el artículo 107 del ET, con un
límite de 25 smlmv (art. 19 ibidem).

En adición, destacó que los trabajadores independientes comprenden a toda «persona
natural que realiza una actividad económica o presta sus servicios de manera personal, con completa
independencia, autonomía y por su cuenta y riesgo, esto es, sin encontrarse sujetos a poder jurídico de
subordinación o dependencia» las cuales se subdividen en aquellas que «i) suscriben contrato de
prestación de servicios, ii) realizan actividades por cuenta propia, iii) o quienes obtienen ingresos con
“contratos diferentes a prestación de servicios”, es decir los rentistas de capital». Con base en esta
diferenciación, subrayó que la ley establece que los trabajadores independientes deben
declarar sobre los ingresos efectivamente percibidos hasta el límite de 25 smmlv, sin
perjuicio de deducir las erogaciones para desarrollar su actividad lucrativa, según el
artículo 107 del ET, mientras que la Ley 1122 de 2007 previó que los trabajadores con
contrato de prestación de servicios cotizarían sobre el 40% del valor mensualizado de su
contrato. De esa forma, solo desde del 9 de junio de 2015, en que empezó a regir el
artículo 135 de la Ley 1753 de 2015, se determinó que la base imponible del 40% de los
ingresos percibidos, menos las deducciones y el IVA, sería igual para los trabajadores
independientes por cuenta propia, de modo que para el año 2014, a los sujetos pasivos,
rentistas de capital no les era aplicable el IBC del artículo 135 de la Ley 1753 de 2015.

Por otra parte, señaló que, según el artículo 156 de la Ley 1151 de 2007, a los aportes al
SPS le eran aplicables los artículos 686, 742, 743 y 746 del ET, en particular la presunción
de veracidad de los hechos consignados en las declaraciones tributarias. Esto permitía a
la demandada verificar los ingresos para determinar los aportes al SPS a través de cruces
de información con las autoridades tributarias, conforme lo estipulado en el artículo 15 de
la Ley 100 de 1993. Así, explicó que el IBC se determina a partir de los ingresos
reportados en las declaraciones de impuestos, los cuales constituyen la base para
fiscalizar. Así aclaró que, la demandada puede basarse en los ingresos reportados en el
denuncio rentístico, debiéndose permitir al aportante demostrar la veracidad de sus
ingresos, costos y gastos. Recalcó que no se pueden aceptar automáticamente todos los
costos y gastos como hechos ciertos para la determinación de los aportes a SPS, dado
que la demandada tiene la facultad de exigir pruebas adicionales independientemente de
la revisión que realice la administración tributaria en el denuncio de renta. Por lo tanto, si
el demandante desea reducir su carga de aportes, debe probar, con evidencia sólida, sus
costos y gastos, haciendo uso de su derecho de defensa.

En el caso concreto, identificó que la demandada, en la liquidación oficial, tomó los
ingresos reportados por el actor en su declaración del impuesto sobre la renta del período
2014 ($381.801.996) y los mensualizó por un valor de $31.816.833. Estos ingresos se
mantuvieron en la resolución que resolvió el recurso de reconsideración, dado que, si bien
el demandante describió sus ingresos, no aportó los soportes necesarios para acreditar
los ingresos mensuales efectivamente percibidos. Además, respecto de los costos,
observó que en los actos demandados se aceptaron por un valor total de $268.998.554,

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Demandante: Hoovert Arredondo Rodríguez

arrojando como resultado, para los meses de febrero a noviembre de 2014, un IBC de
$15.400.000 (correspondiente al límite de 25 smlmv), mientras que para enero fue de
$14.797.500 y para diciembre de $616.000 (correspondiente a la base mínima de 1
smlmv). Por ello, advirtió que la demandada llevó a cabo una valoración de las pruebas
presentadas por el demandante, aceptando todos los costos que cumplían con los
requisitos del artículo 107 del ET. Sin embargo, el IBC no se modificó, ya que se limitó a
25 smlmv.

En relación con las sanciones, explicó que las conductas de mora e inexactitud partían
de la existencia de una afiliación, puesto que la inexactitud ocurre al declarar un monto
menor de contribución al debido, mientras que la mora se da al no presentar la
autoliquidación con el respectivo pago o se presenta en cero. En cambio, la omisión
comprende tanto la conducta de falta de afiliación en alguno o en todos los subsistemas
del SPS como la falta de vinculación, esta última, como ausencia de reporte de la novedad
de ingreso a una administradora del sistema. Con base en lo anterior, encontró que, en
el caso concreto, el demandante estaba afiliado a Colpensiones como cotizante desde el
03 de noviembre de 1988, lo que llevaba a revocar la sanción impuesta, dado que la
demandada no fundamentó la imposición de la sanción adecuadamente [no se refirió a la
multa por inexactitud que se le impuso al actor].

Finalmente, concluyó que el actor no estaba exento de cotizar al subsistema de pensiones
durante el año 2014, pues el artículo 2 del Decreto 758 de 1990 establecía que los
trabajadores independientes que se afiliaran por primera vez al subsistema de pensiones
a partir de los 50 años o más, en el caso de las mujeres, y 55 años o más, para los
hombres, estarían exentos de la obligación de cotizar. Adicionalmente, advirtió que el
artículo 17 de la Ley 100 de 1993, complementado por el artículo 33 ibidem, dispone que
la obligación de cotizar cesa cuando se cumplían los requisitos para acceder a la pensión
de vejez, invalidez o el afiliado se pensiona anticipadamente. Seguidamente, concluyó
que la comunicación enviada al demandante por la UGPP [mencionada en los cargos de
la demanda, en la que se le señaló a la actora que no estaba obligada a cotizar por su
edad] fue parte de un proceso persuasivo de la Administración, cuyo objetivo era lograr
que los aportantes cumplieran voluntariamente con sus obligaciones frente al SPS, lo que
no genera derechos consolidados ni situaciones jurídicas definitivas, ya que era en la
etapa de fiscalización, en que se proponían y determinaban los ajustes.

Recursos de apelación

Las partes procesales interpusieron recursos contra la decisión de primera instancia.

La actora 15 sostuvo lo siguiente:

-Infracción de las normas en que debía fundarse. Cuestionó que el juez de primera
instancia no hubiera considerado relevante el actuar «desmedido» de la Administración en
la determinación del IBC, dado que, para el año 2014, no existía ninguna norma o
parámetro para determinar un sistema de presunción de ingresos, costos y gastos. Para
esa fecha, el Gobierno Nacional no había definido tal sistema para los trabajadores
independientes por cuenta propia. Además, cuestionó que el juez solo hubiera tenido en
cuenta los límites cuantitativos, mínimo y máximo, para determinar el IBC, lo que permitió
que cualquier valor determinado por la Administración fuera suficiente, sin considerar las
pruebas aportadas.

15
Samai Tribunal, índice 23, certificado C38EDD9B486E6CC9 BFD42A750BAEBFC3 449914F9C19611C7 A200FB3F03C22AC5 (pdf), pp. 1 a 11.

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Demandante: Hoovert Arredondo Rodríguez

Realizó un recuento normativo sobre la evolución de la regulación del IBC para los
trabajadores independientes, explicando los artículos 204 de la Ley 100 de 1993, 18 de
la Ley 1122 de 2007, 33 de la Ley 1438 de 2011 y 135 de la Ley 1753 de 2015; según las
anotadas normas, expuso que los trabajadores independientes con capacidad de pago
estarían obligados a cotizar entre 1 y hasta 25 smmlv, respecto de los ingresos declarados
ante la entidad a la cual se afiliaran, guardando correspondencia con los ingresos
efectivamente percibidos. Sin embargo, solo fue hasta la expedición del artículo 244
(parág.) de la Ley 1955 de 2019 que se le atribuyó a la demandada la determinación de
un esquema de presunción de costos para trabajadores independientes por cuenta propia
y quienes celebraran contratos de prestación de servicios personales, que impliquen
subcontratación, lo que se concretó con la Resolución 209 de 2020.

En tal contexto, afirmó que para el año gravable 2014 «no existía un método claro, preciso y
eficiente (...) que permitiera determinar el IBC de los trabajadores independientes, distintos a los contratistas
de prestación de servicios ». Aunque el legislador aludió a la presunción de ingresos por el
hecho de ser declarante de renta o de ventas, no precisó si se refería a los ingresos brutos
o a la renta líquida gravable, es decir, que no estableció los presupuestos ni el
procedimiento necesario para aplicar dicha presunción; no obstante, la UGPP efectuó el
proceso de determinación, dividiendo los ingresos brutos en 12, con los límites entre 1 y
25 smlmv.

Así, la demandada solo tuvo en cuenta sus ingresos brutos operacionales declarados por
$381.802.000, sin valorar la totalidad de los costos y deducciones también declarados en
la renta de 2014, ni los soportes aportados durante el procedimiento administrativo. Lo
que demuestra que ni la entidad ni el tribunal realizaron un análisis veraz y exhaustivo
sobre su actividad generadora de renta, endilgándole una conducta inexistente y una
carga excesivamente onerosa, sin fundamento alguno. Por todo lo anterior, afirmó que « si
existe una presunción de ingresos, esta también debe aplicarse para el reconocimiento de costos y gastos».
Con base en ello, ratificó que los actos infringieron las normas en que debieron fundarse.

-Inexistencia de la obligación de pagar aportes a pensión. Después de explicar la
naturaleza y los fines del subsistema pensional, transcribió el artículo 2 del Decreto 758
de 1990 y anotó que, acorde con la letra f. de ese dispositivo, los trabajadores por cuenta
propia, como correspondía a su caso, se encontraban excluidos de cotizar al régimen
pensional, norma que no fue analizada completamente por el tribunal. En el caso
concreto, adujo que el actor tenía 70 años y 78.29 semanas cotizadas, no existía la
posibilidad de adquirir la calidad de pensionado, ya que debía cotizar 24 años
aproximadamente. Así, indicó que estaba exonerado de realizar aportes al subsistema de
pensiones, ya que, lo contrario, significaría efectuar cotizaciones sin que existiera una
probabilidad real de disfrutar de la pensión de vejez, no obstante la entidad y el tribunal
insistían en que debía afiliarse y pagar al SPS, sin tener en cuenta lo anterior, ni el Oficio
201615103846051, del 15 de diciembre de 2016 de la demandada, en el que se le informó
que no estaba obligado a cotizar ese subsistema, como sí lo estaría al de salud en caso
de percibir un ingreso superior a 1 smmlv. Por lo demás, reiteró las consideraciones
normativas de la Ley 1607 de 2012 con base en las cuales, se enmarcaría en la calidad
de trabajador por cuenta propia.

-Presunción de veracidad de las declaraciones tributarias. Explicó que la veracidad de las
declaraciones tributarias establecida en el artículo 26 del ET no podía ser desvirtuada por
la demandada alegando que está facultada para revisar su contenido, especialmente
cuando lo hizo en forma parcializada. Si bien consideró los ingresos, también debió tener
en cuenta los costos y gastos reportados en dichas declaraciones. Así, puntualizó que la
demandada y el tribunal menoscabaron su patrimonio y violaron su debido proceso, pues,
en contraste con la realidad económica, no estaba obligado a realizar aportes por el tope

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Demandante: Hoovert Arredondo Rodríguez

señalado por la demandada, en vista de que la utilidad de sus ingresos no corresponde
al IBC determinado por la autoridad.

Por su parte, la demandada recurrió16 el fallo del a quo alegando los siguientes cargos
de apelación:

-La afiliación al Sistema General de Pensiones no estuvo suficientemente probado en
sede administrativa. Adujo que al encontrarse afiliado desde el año 1988 a un fondo de
Pensiones, no se cumplía la totalidad los requisitos para estar exento de cotizar a
Pensiones para el periodo 2014. Agregó que pese a estar afiliado desde tal época, no era
un «cotizante activo» dentro del subsistema pensional, de lo que daba cuenta, lo señalado
en el recurso de reconsideración y las planillas PILA que evidenciaban que no estaba
haciendo aportes por pensión. Arguyó que la «simple afiliación» al sistema no constituía
cumplimiento de la obligación legal de realizar aportes, dado que estaba ligada al aporte
económico. Por este motivo, consideró inadmisible que el juez de primera instancia
hubiera considerado que la sanción no tuviera fundamento, pues la demandada luego de
valorar las pruebas, había establecido que el actor estaba obligado a efectuar aportes al
subsistema de pensiones en el año gravable 2014, y por tal razón era completamente
acertada la sanción por omisión.

Pronunciamientos finales

El ministerio público y las partes guardaron silencio en esta etapa procesal.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1- Juzga la Sala la legalidad de los actos acusados atendiendo los cargos de apelación
planteados por las partes contra la sentencia de primera instancia que declaró
parcialmente la nulidad de los actos demandados.

Problemas jurídicos

2- En relación con la apelación del actor, corresponde a la Sala definir sí: (i) estaba
exonerado de realizar aportes al subsistema de pensiones de conformidad con la letra f.
del artículo 2 del Decreto 758 de 1990; (ii) para el año gravable 2014 no existía presunción
de ingresos ni un método claro, preciso y eficiente que permitiera determinar el IBC de
los trabajadores independientes por cuenta propia, motivo por el cual no tenía la
obligación de realizar aportes al SPS. Solo hasta la expedición del artículo 244 (parág.)
de la Ley 1955 de 2019 fue que se le atribuyó a la demandada la determinación de un
esquema de presunción de costos para trabajadores independientes por cuenta propia y
(iii) la autoridad y el tribunal debieron valorar la totalidad de los costos y deducciones
reportados en la declaración del impuesto sobre la renta del período 2014 y los soportes
aportados durante el procedimiento administrativo y en la demanda.

Respecto de la impugnación de la demandada, debe establecerse si (iv) procedía la
sanción por omisión.

Análisis del caso concreto

4- Sostiene el actor que, dada la naturaleza y los fines del subsistema pensional, de la
lectura de la letra f. del artículo 2 del Decreto 758 de 1990 los trabajadores por cuenta

16
Samai Tribunal, índice 22, certificado 3B4311B1859BF3F8 DA6FCD5FF1276A11 7A438748C555D7BD 8E337746BA342418 (zip) 2 (pdf), pp. 1 a 5.

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propia, como corresponde a su caso, estarían excluidos de cotizar a ese régimen. Adujo
tener 70 años y solo 78.29 semanas cotizadas, por lo que no existía la posibilidad de
adquirir el status de pensionado, ya que debía cotizar 24 años aproximadamente. Así,
indicó estar exonerado de efectuar aportes a pensiones, pues lo contrario, significaría
efectuar cotizaciones sin que existiera una probabilidad real de disfrutar la pensión, pese
a esto, la entidad y el tribunal insistían en que debía afiliarse y pagar al SPS, sin tener en
cuenta tampoco el Oficio 201615103846051, del 15 de diciembre de 2016 de la
demandada, en el que la entidad le informó que por su edad no estaba obligado a cotizar
ese subsistema.

El pronunciamiento de la contraparte fue extemporáneo. Por su parte, el tribunal estimó
que el artículo 17 de la Ley 100 de 1993, complementado por el artículo 33 ibidem,
disponía que la obligación de cotizar cesaba cuando se cumplían los requisitos para
obtener la pensión o en caso de pensión anticipada. Asimismo, el artículo 2 del Decreto
758 de 1990 preveía la exoneración de aportar a pensiones, cuando el trabajador
independiente que se afiliara por primera vez tuviera 55 o más años -en el caso de
hombres-, situación que incumplió el actor, en la medida en que su afiliación a
Colpensiones fue desde 1988, lo cual le impidió acogerse a esta exención, ya que no se
afilió por primera vez después de los 55 años. Respecto de la comunicación enviada al
demandante por la UGPP -Oficio 201615103846051, del 15 de diciembre de 2016-
concluyó que este fue parte de un proceso persuasivo de la Administración, el cual no
generó derechos consolidados ni situaciones jurídicas definitivas, ya que la determinación
se efectuaba en la etapa de fiscalización.

4.1- Al respecto, iniciará la Sala por señalar al tenor del inciso 2 del artículo 31 de la Ley
100 de 1993, determinó que el régimen de prima media con prestación definida encargado
de la administración de los riesgos pensionales de vejez, invalidez o sobrevivientes le es
aplicable las disposiciones que regían este subsistema cuando estaban a cargo del
entonces Instituto de Seguros Sociales (ISS), «con las adiciones modificaciones y
excepciones contenidas en esta ley». Sobre ese tipo de dispositivos que previamente
regían la prestación pensional, conviene mencionar el Decreto 758 de 1990 que aprobó
el Acuerdo 049 del 01 de febrero de 1990, relativo al seguro obligatorio pensional, pues
en virtud del Decreto Ley 1650 de 1977 se previó dentro de las funciones del Consejo
Nacional del ISS reglamentar de forma general las condiciones y términos necesarios
para reconocerse las prestaciones de los distintos seguros obligatorios. De acuerdo con
el artículo 2 de dicho decreto, quedaban exentos del subsistema pensional, entre otros,
«b. Los trabajadores independientes que se afilien por primera vez con 50 años de edad
o más, si se es mujer, o 55 años de edad o más, si se es varón» y «f. Los trabajadores
por cuenta propia».

La vigencia de la exoneración de aportes al subsistema pensional por parte de los
trabajadores por cuenta propia que preveía la letra f. del artículo 2 del señalado decreto,
no supervivió con la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993, pues lo cierto es que, a la
luz de los artículos 15 y 19 ídem estos trabajadores son sujetos pasivos de los aportes al
sistema pensional, de modo que ese dispositivo haría parte de aquellos que dejaron de
aplicar en virtud de las modificaciones de la precitada ley. En cambio, la letra b. del artículo
2 del decreto citado, relativo a que los hombres que por primera vez se afiliaran para
cotizar al subsistema pensional, teniendo 55 años de edad o más, estarían exonerados
de tales cotizaciones obligatorias, mantuvo su vigencia, dado que no se contradice con
las previsiones de la ley e inclusive, para el caso del régimen de ahorro individual con
solidaridad, la propia ley en su el artículo 61 previó tal exoneración, así : “Las personas que
al entrar en vigencia el sistema tuvieren cincuenta y cinco (55) años o más de edad, si son hombres, o
cincuenta (50) años o más de edad, si son mujeres, salvo que decidan cotizar por lo menos 500 semanas

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en el nuevo régimen, caso en el cual será obligatorio para el empleador efectuar los aportes
correspondientes”.

4.2- Teniendo presente lo anterior, se advierte que no es un hecho controvertido que el
actor se afilió al subsistema pensional desde el año 198817, sin que para esa fecha haya
tenido 55 años o más de edad -tenía 36 años, dado que nació en el año 1952-, por lo que
no se enmarcaría en el supuesto de la letra b., para estar exento de aportar a pensiones.
Y como se señaló en precedencia, tampoco lo estaría al amparo de la letra f. del artículo
2 del decreto, habida consideración de la derogatoria tácita de tal dispositivo al tenor de
la nueva regulación incorporada por la Ley 100 de 1993 -arts. 15 y 19-.

Respecto de la argumentación de tener más de 70 años de edad y solo 70.29 semanas
de cotización, no siendo por ello posible completar las semanas de cotización que le
permitieran disfrutar una pensión, la Sala precisa que, de conformidad con los artículos
17, 37 y 45 de la Ley 100 de 1993, los trabajadores independientes deben realizar
cotizaciones al sistema pensional mientras no reúnan los requisitos para acceder a la
pensión. Sin embargo, en el evento que el asegurado tenga la edad de pensión de vejez,
pero no reúna las semanas de cotización, podrá solicitar la indemnización sustitutiva,
siempre que demuestre «su imposibilidad de continuar cotizando». A ese respecto, la Corte
Constitucional (sentencias C-1089 de 2003 y C-259 de 2009, MP: Mauricio González
Cuervo) precisó que «si el trabajador independiente deja de percibir recursos no se le puede obligar a
realizar las cotizaciones pensionales, pues no se cumple la condición de tener “un ingreso efectivo que le
permita realizar las cotizaciones a pensiones”. Como tampoco se cumple la anterior regla, cuando teniendo
el trabajador independiente determinado ingreso, no pueda cotizar al sistema pensional sin vulnerar el límite
de su mínimo vital». Así, resulta determinante que el trabajador independiente perciba como
mínimo el equivalente a un salario mínimo a los efectos de cotizar al subsistema
pensional, de lo cual se deriva que aunque un obligado tributario no tenga acceso a la
pensión de vejez por el incumplimiento de las semanas de cotización, no por ello deja de
ser un sujeto pasivo del tributo, pues el dato económico del objeto imponible consulta la
capacidad contributiva de quien conserve la percepción de ingresos iguales o superiores
a un salario mínimo. En el caso analizado, resulta patente que el actor para el año 2014
era sujeto pasivo de la obligación tributaria, en tanto que percibió periódicamente más de
un salario mínimo mensual. No prospera el cargo de apelación.

En relación con el Oficio 201615103846051, del 15 de diciembre de 2016, por el cual, la
demandada le indicó que no estaba obligado a cotizar ese subsistema en razón a su edad,
advierte la Sala que el mismo fue proferido en una etapa persuasiva, se trató de una mera
invitación para que verificara el cumplimiento de los aportes del demandante al SPS, un
acto de trámite, que no creaba, modificaba o extinguía una situación jurídica, esto es, no
tenía la connotación de un acto de carácter definitivo que tuviera la virtualidad de
consolidar una situación jurídica, como lo pretende el demandante. Ahora bien, el actor
señala que la Administración lo indujo a error, porque si no se le hubiera indicado que no
estaba obligado a aportar mediante comunicado del año 2016, hubiera podido subsanar
la situación y así evitar el pago de capital e intereses desde el año 2014, argumentación
que para la Sala debe desestimarse, pues las obligaciones debieron ser satisfechas
desde el año 2014, aspecto que el oficio persuasivo no tenía la entidad de modificar. No
prospera el cargo de apelación.

5- Procede la Sala a atender el segundo de los problemas jurídicos. A juicio del apelante,
los actos demandados infringieron las normas en las que debieron sustentarse, ya que
para el año gravable 2014 no existía ninguna disposición que estableciera un sistema de
presunción de ingresos, costos y gastos, ni un método claro, preciso y eficiente para
calcular el IBC de los trabajadores independientes. Señaló que solo hasta la expedición
17
Samai Tribunal, índice 7, certificado 74914FD8BE47B545 D49138111E862622 064D028E9FE3E93D 3CB7BA9CB867C330 (zip) 5 (pdf) 2, p. 3.

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del artículo 244 (parág.) de la Ley 1955 de 2019 fue que se le atribuyó a la demandada la
determinación de un esquema de presunción de costos para trabajadores independientes
por cuenta propia.

Aunque la demandada no contestó oportunamente la demanda, la Sala pudo observar
que los actos acusados se sustentaron en que los trabajadores independientes que
tuvieran capacidad de pago eran aportantes al SPS, hecho que se presumía cuando eran
declarantes del impuesto sobre la renta, IVA, ICA o contaran con certificado de ingresos
y retenciones -art. 33 de la Ley 1438 de 2011-. A partir de ello, expuso que el IBC de los
trabajadores independientes corresponden a los ingresos efectivamente percibidos, de
los cuales podían deducirse las erogaciones incurridas para el desarrollo de la actividad
económica que cumplieran con los requisitos del artículo 107 del ET. Por ello, encontró
que estando obligado el actor, no hacía aportes a pensiones y, respecto de salud, los hizo
pero por valores inferiores a los que correspondían, atendiendo los ingresos obtenidos en
el año 2014.

El Tribunal, en línea con lo anterior, consideró que los trabajadores independientes con
capacidad de pago, incluidos los rentistas de capital, estaban obligados para el año
gravable 2014, a afiliarse y pagar sus aportes al SPS. Además, señaló que su IBC se
integraba con la totalidad de los ingresos efectivamente percibidos, con la posibilidad de
deducir las expensas que cumplieran los requisitos establecidos en el artículo 107 del ET.

5.1- Así, el cuestionamiento del apelante sobre la imposibilidad de determinar los aportes
al SPS para el 2014, por la ausencia de regulación de la presunción de ingresos gravados
necesarios para establecer el IBC a cargo de los trabajadores independientes resulta ser
un cuestionamiento dirigido a enervar la sujeción pasiva, por la imposibilidad de
cuantificar la base imponible aspecto que ya ha sido objeto de pronunciamientos por parte
de esta corporación18. De acuerdo con el criterio plasmado por la Sala, para el periodo
gravable 2014 la ley ya definía todos los elementos de la obligación tributaria de los
aportes al SPS en relación con los trabajadores independientes. Particularmente, tanto
para el subsistema de pensiones (artículos 15 y 19 de la Ley 100 de 1993, modificados
por los artículos 3 y 6 de la Ley 797 de 2003), como para el de salud, la normativa parte
de que el obligado tributario tenga capacidad contributiva, la cual se deduce que este
sujeto haya percibido efectivamente ingresos que no podrán ser inferiores a 1 smmlv ni
superiores a 25 smmlv, lo cual es acorde con lo señalado por la Corte Constitucional en
la sentencia del 19 de noviembre de 2003 (C-1089/03, MP: Álvaro Tafur Galvis).

A partir de ello, la Ley 797 de 2003 precisó que, tratándose de trabajadores
independientes no vinculados mediante contrato de prestación de servicios, la base de
cotización correspondía a los ingresos efectivamente percibidos -entendidos estos como
los obtenidos para su beneficio personal, conforme al artículo 1 del Decreto 510 de 2003-
y, tratándose del subsistema de salud, específicamente puntualizó que eran «los ingresos
que declaren ante la entidad a la cual se afilien, guardando correspondencia con los
ingresos efectivamente percibidos». Ahora bien, la Sala ha indicado, que el parágrafo 2
del artículo 204 de la Ley 100 de 1993 conminó al Gobierno Nacional a reglamentar un
sistema de presunción de ingresos y, en cumplimiento de ello, el artículo 4 del Decreto
1070 de 1995 otorgó competencia a la Superintendencia Nacional de Salud para
establecerlo, lo cual derivó en la expedición de la Resolución 9 de 1996. Posteriormente,
el artículo 66 del Decreto 806 de 1998 -derogado- detalló que la base de cotización de los
trabajadores independientes se determinaba según el sistema de presunción de ingresos

18
Sentencias del 14 de septiembre, 5 y 11 de octubre de 2023 y 15 de febrero y 26 de junio de 2024 (exps. 26001, 26673, 16709, 26606 y 28302, CP:
Myriam Stella Gutiérrez Argüello): 28 de septiembre de 2023 y 15 de febrero de 2024 (exps. 26706 y 27583, CP: Stella Jeannette Carvajal Basto); 16 y
23 de noviembre y 7 de diciembre de 2023 (exps. 25409, 26822, 26318 y 26692, CP: Wilson Ramos Girón).

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definido por la Superintendencia de Salud y, en ningún caso, dicho monto podía ser
inferior al 12% de 2 salarios mínimos, legales y mensuales vigentes.

Por su parte, el artículo 25 del Decreto 1406 de 1999 estableció que, al momento de la
afiliación, las EPS debían aplicar cuestionarios a los trabajadores independientes para
determinar «las bases presuntas mínimas de los aportes que dichos trabajadores deben efectuar al
SGSSS», sin perjuicio de reconocer que cuando los « ingresos reales» del aportante fueran
superiores a los que resultaran de la aplicación de las presunciones, «los aportes de dicho
trabajador deben hacerse sobre los ingresos reales ». Ahora bien, para el establecimiento de la
base gravable según los ingresos efectivamente percibidos, los anteriores dispositivos
deben interpretarse armónicamente con el artículo 33 de la Ley 1438 de 2011, según el
cual, la capacidad económica también se desprende de que el contribuyente sea
declarante del impuesto sobre la renta, en cuyo evento, dicho denuncio tributario ha sido
admitido por la jurisdicción como un medio probatorio eficaz e indicador de los ingresos
realmente obtenidos que permitirían evidenciar una «capacidad de pago y la obligación de
aportar al sistema».

De acuerdo con lo anotado, cuando la autoridad acude a determinar la base imponible de
acuerdo con los ingresos declarados en renta no está presumiendo los ingresos, sino que
estaría estimando la base imponible de forma indirecta, ante la ausencia de la carga
probatoria que bien puede ejercitar el obligado tributario para indicar los ingresos
gravados en la periodicidad correspondiente. De esta forma, no es cierto que la
estimación de ese elemento de la obligación tributaria para los trabajadores
independientes únicamente haya podido establecerse a partir de una presunción de
ingresos que tendría que efectuar el Gobierno, pues en todo caso procede reconocerse
los ingresos efectivamente percibidos que pueden estimarse según lo declarado en renta
e incluso se ha aceptado su mensualización en proporción a los doce períodos mensuales
cuando el obligado tributario no acredita su atribución periódica (sentencias del 16 de
marzo de 2023, exp. 26927, CP: Myriam Stella Gutiérrez Argüello y del 16 de noviembre
de 2023, exp. 26680, CP: Wilson Ramos Girón).

5.2- De conformidad con el derecho aplicable y la jurisprudencia reiterada, la Sala
concluye que no le asiste razón al demandante en cuanto a la falta de claridad de la
metodología o procedimiento para establecer la base imponible, ni sobre la imposibilidad
de efectuar aportes al SPS para el año 2014 por cuenta de la ausencia de una presunción
de ingresos, dado que, como se anotó, a partir de la regulación existente, era posible
determinar el tributo a cargo, dada la capacidad de pago que se dedujo de los ingresos
declarados en renta del año gravable 2014, así que era posible estimar la base imponible
y por ello se ratifica la sujeción pasiva a cargo del demandante. No prospera el cargo de
apelación.

6- En cuanto al tercero de los problemas jurídicos, el actor señaló que en los actos
demandados no se valoró de manera adecuada la totalidad del material probatorio
relacionado con los costos y gastos en los que incurrió durante el año gravable 2014. Al
efecto, expuso que tanto la demandada como el tribunal se limitaron a considerar los
ingresos declarados en el impuesto de renta en cuantía de $381.802.000, sin valorar la
totalidad de los costos y deducciones igualmente reportados allí, ni los soportes aportados
durante el procedimiento administrativo y en la demanda, lo que demuestra que no se
realizó un análisis veraz y exhaustivo de su realidad económica, lo que resultó en la
imposición de una carga excesivamente onerosa, sin fundamento alguno, de manera que
«si existe una presunción de ingresos, esta también debe aplicarse para el reconocimiento de costos y
gastos».

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Demandante: Hoovert Arredondo Rodríguez

Igualmente, adujo que la veracidad de las declaraciones tributarias prevista en el estatuto
tributario, no podía ser desvirtuada por la demandada alegando que estaba facultada
para revisar su contenido, especialmente cuando lo hizo de manera parcializada, pues
solo consideró los ingresos, cuando también debió tener en cuenta los costos y gastos lo
que implicaba menoscabar su patrimonio y vulnerar su debido proceso, pues, acorde con
la realidad económica, no estaba obligado a realizar los aportes que le fueron
determinados, en vista de que la utilidad no corresponde al IBC determinado por la
autoridad.

Por su parte, la demandada en los actos acusados advirtió que mensualizó los ingresos
reportados por el actor en su declaración del impuesto sobre la renta correspondiente al
período gravable 2014. En cuanto a los gastos y costos, señaló que el demandante no
aportó material probatorio que los respaldara. Por ello, precisó que la información extraída
de la declaración respecto a los ingresos, costos y gastos no puede tratarse de la misma
forma, ya que las deducciones requieren una comprobación especial del cumplimiento de
los requisitos de causalidad, necesidad, proporcionalidad y las demás formalidades
exigidas por la ley. A tal fin, la autoridad reconoció los costos y gastos que estimó que
cumplían con los requisitos de deducibilidad (arts. 107 y 771-2 del ET) y aquellos que no
discriminó los motivos para no tener reconocimiento de ser depurados de los ingresos
percibidos.

Frente a lo debatido, el tribunal consideró que la demandada sí valoró adecuadamente
las pruebas que el actor aportó durante el procedimiento administrativo. Destacó que en
la resolución que resolvió el recurso de reconsideración se reconocieron los costos y
gastos que fueron soportados por el demandante, y se rechazaron aquellos que no logró
acreditar, sin que esto tuviera efecto sobre el IBC mensual en razón a los límites mínimo
y máximo. Asimismo advirtió que para 2014, el artículo 33 de la Ley 1438 de 2011
establecía una presunción de capacidad de pago para efectos de los aportes al SPS
respecto de los declarantes del impuesto sobre la renta, y en ese marco, consideró válido
que la demandada hubiera tomado como base los ingresos reportados en la declaración
de renta 2014 para liquidar los aportes. También estimó legítimo que la demandada no
aceptara automáticamente los costos y gastos declarados en el impuesto sobre la renta,
dado que la Administración tenía la facultad de exigir pruebas adicionales. No obstante,
aclaró que al aportante debía permitírsele demostrar sus ingresos, costos y gastos reales.

6.1- Preliminarmente es de observar que el cargo de apelación se circunscribe al
reconocimiento de los costos y gastos, no se controvierte la mensualización de los
ingresos que estableció la demandada a partir de lo declarado en el impuesto sobre la
renta del período 2014, periodicidad que por demás no se advierte acreditado en el
proceso. A los efectos anteriores, la apelante cuestiona la parcializada utilización de la
información reportada en la declaración de renta, por parte de la apelante, al no
considerar los costos y gastos allí incorporados.

6.2- Sobre este particular, es de precisar que si bien, los trabajadores independientes,
para el período gravable 2014, debían cotizar al SPS sobre los ingresos efectivamente
percibidos, acorde con el parágrafo 1 del artículo 1 del Decreto 510 de 2003, conforme se
ha expresado en oportunidades anteriores19; podían detraer las expensas que cumplieran
los requisitos previstos en el artículo 107 del ET.

6.3- Ahora bien, para el caso se observa que el actor presentó en sede administrativa
varios medios probatorios, reiterados en sede judicial, dirigidos a soportar costos y gastos.

19
Sentencias del 15 de junio de 2023 (exp. 26698, CP: Myriam Stella Gutiérrez Argüello) y del 07 de diciembre de 2023 (exp. 26692, CP: Wilson Ramos
Girón).

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Demandante: Hoovert Arredondo Rodríguez

Específicamente, solicitó en el recurso de reconsideración20 y en el escrito de demanda
que se reconocieran costos y gastos por $713.584.676, los cuales resultan superiores a
los autoliquidados en su declaración de renta 2014, -fundamento de los ingresos
establecidos por la demandada-, puesto que allí solo fue reportada la suma de
$354.748.000 (renglón 5021 «otros costos y deducciones» y $9.223.000 en el renglón de
«deducción por pagos de ingreses de vivienda»). Por su parte, como se anotó, la UGPP
únicamente reconoció $268.998.554, por considerar que el valor restante solicitado
incumplía los requisitos de los artículos 771-2 y 107 del ET, lo cual explicó en el SQL que
hace parte integral de los actos demandados, entre otras razones porque la fecha no
correspondía al período fiscalizado, o porque no estaban relacionados con la actividad
productora de renta, con lo cual incumplían el requisito de causalidad (facturas de
comidas), otros eran ilegibles y, en otros casos no se adjuntaron los soportes de los
costos.

Si bien el apelante no controvirtió los motivos de rechazo de los costos y gastos,
expuestos por la demandada en los actos acusados, razón por la cual, no se pronunciará
la Sala sobre tal aspecto, resulta procedente consultar los costos y gastos reportados en
la declaración de renta 2014, pues como bien lo manifestó el obligado tributario, la
autoridad, a efectos de conformar la base imponible solo tomó los ingresos declarados en
renta, lo que desatiende la integralidad de la autoliquidación privada. Sobre tal asunto, ha
sido reiterada la Sala22 en señalar que la remisión a la declaración privada «no puede ser
parcializada, es decir, únicamente valorar los ingresos, sino que también deben tenerse en cuenta los
costos y gastos en que incurrió el contribuyente para desarrollar la actividad productora de renta », pues
no puede perderse de vista que la presunción de veracidad - artículo 746 del ET- se
predica de la totalidad de la declaración, En consecuencia, si para calcular el IBC, la
Administración toma los ingresos declarados en el impuesto sobre la renta, debe hacer lo
propio con los costos y gastos.

6.4- Consistente con lo anterior, como la declaración de renta reporta costos y gastos por
valor de $363.971.000, mientras que en los actos acusados se reconocieron solo
$268.998.554, la Sala reconocerá la diferencia por valor de $94.972.446, la que se
distribuirá en los 12 meses del año fiscalizado, en tanto, no fue acreditado el período de
su percepción, lo cual da lugar a la siguiente determinación del IBC para el año 2014.

Costos y gastos IBC (límites: 1 y
Costos y gastos Ingreso
Periodo Ingresos UGPP adicionales 25 smlmv)
aceptados UGPP depurado
aceptados CE definitivo
Enero 2014 $31.816.833 $14.231.387 $7.914.370,5 $ 9.671.075,5 $9.671.000
Febrero 2014 $31.816.833 $7.782.487 $7.914.370,5 $ 16.119.975,5 $15.400.000
Marzo 2014 $31.816.833 $8.043.804 $7.914.370,5 $ 15.858.658,5 $15.400.000
Abril 2014 $31.816.833 $198.900 $7.914.370,5 $ 23.703.562,5 $15.400.000
Mayo 2014 $31.816.833 $7.897.622 $7.914.370,5 $ 16.004.840,5 $15.400.000
Junio 2014 $31.816.833 $7.756.702 $7.914.370,5 $ 16.145.760,5 $9.499.000
Julio 2014 $31.816.833 $15.172.539 $7.914.370,5 $ 8.729.923,5 $8.730.000
Agosto 2014 $31.816.833 $7.534.157 $7.914.370,5 $ 16.368.305,5 $13.832.000
Septiembre 2014 $31.816.833 $10.839.516 $7.914.370,5 $ 13.062.946,5 $13.063.000
Octubre 2014 $31.816.833 $11.551.833 $7.914.370,5 $ 12.350.629,5 $12.351.000
Noviembre 2014 $31.816.833 $11.114.188 $7.914.370,5 $ 12.788.274,5 $12.788.000
Diciembre 2014 $31.816.833 $166.875.419 $7.914.370,5 ($142.972.956,5) $0
TOTAL $381.802.000 $268.998.554 $94.972.446 N/A N/A

7- Respecto de la sanción por omisión, sostiene la entidad demandada en su apelación,
que durante el procedimiento administrativo se determinó que el actor no era un cotizante
activo del Sistema General de Pensiones, ya que la simple afiliación no implicaba el
cumplimiento de la obligación de cotización, pues esta exigía el pago correspondiente,
20
Samai Tribunal, índice 7, certificado 74914FD8BE47B545 D49138111E862622 064D028E9FE3E93D 3CB7BA9CB867C330 (zip) 3 (xls).
21
Samai Tribunal, índice 7, certificado 6450A53622BFEF32 DF57A0C51FBC21B4 75066B21E4E079D3 A8425AAD02D7E8C3 (pdf), p. 7.
22
Sentencias del 15 de junio de 2023 (exp.26698, CP: Myriam Stella Gutiérrez Argüello); 18 de mayo de 2023 (exp.26808, CP: Milton Chaves García); y
del 15 de febrero de 2024 (exp. 26606, CP: Myriam Stella Gutiérrez Argüello).

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por lo que era procedente la sanción por omisión, puesto que el actor estaba obligado a
realizar aportes al subsistema de pensiones, para el año gravable 2014, y no lo hizo.

Por su parte, el actor argumentó que la Administración interpretó erróneamente la norma
sancionadora por cuanto la conducta que se configuró no fue la de omisión sino la de
mora, en tanto se encontraba afiliado al SPS desde 1998.

A su turno, el tribunal tras explicar que la de mora e inexactitud partían de la existencia
de una afiliación; y que, la conducta de omisión comprendía tanto la conducta de falta de
afiliación en alguno o en todos los subsistemas del SPS como la falta de vinculación, esta
última como ausencia de reporte de la novedad de ingreso a una administradora del
sistema; encontró que, en el caso concreto, el demandante estaba afiliado a Colpensiones
desde el 3 de noviembre de 1988, por lo que debía revocarse la sanción por omisión, ya
que no se fundamentó adecuadamente.

7.1- Al respecto, la Sala reiterará lo expuesto en la sentencia del 23 de mayo de 2024
(exp. 26762, CP: Wilson Ramos Girón), oportunidad en la cual se analizó que, los
ordinales 3, 4 y 6 del artículo 1 del Decreto 3033 de 2013 precisaron el alcance de las
expresiones: (i) omisión en la afiliación: lo que se refiere al incumplimiento de la obligación
de afiliarse a alguno de los subsistemas y, por tal, no haberse declarado ni pagado las
cotizaciones; (ii) omisión en la vinculación: atinente a la falta de reporte de la novedad de
ingreso a una administradora del SPS; y (iii) mora: cuando pese a haber afiliación, no se
autoliquidan y pagan los aportes en los plazos establecidos para el efecto.

Sobre el particular, se destaca que, en el caso concreto, la misma Administración
estableció que el actor se afilió al sistema de pensiones desde el 03 de noviembre de
198823 a diferencia de la afiliación al sistema de salud, que según el certificado de
afiliación a Cafesalud EPS, tuvo lugar el 01 de septiembre de 201524. Por ello, la Sala
comparte lo expuesto por el tribunal en el sentido de que las pruebas obrantes en el
expediente acreditan la efectiva afiliación del actor al Sistema General de Pensiones. Por
lo tanto, no prospera el cargo de apelación.

Por otro lado, la Sala no se pronunciará sobre la afiliación al subsistema de salud,
comoquiera que el cargo de apelación de la demandada se dirigió exclusivamente a la
afiliación al subsistema de pensiones, en aplicación de los principios de justicia rogada y
congruencia externa de las sentencias.

Por último, se aclara que el actor no cuestionó la sanción por inexactitud impuesta; sin
embargo, la misma deberá ser ajustada en función de la reliquidación de los aportes al
SPS de los meses de enero y junio a diciembre de 2014.

Por lo anterior, la Sala modificará el ordinal segundo de la sentencia apelada para ajustar
el restablecimiento del derecho en el sentido de ordenar a la UGPP reliquidar los aportes
conforme a lo señalado, junto con la sanción por inexactitud y eliminar la multa por
omisión.

Conclusión

8- Por lo razonado en precedencia, la Sala establece como contenido interpretativo de
esta sentencia que: (i) los trabajadores independientes rentistas de capital con capacidad
contributiva para el año 2014, se encontraban obligados a efectuar aportes al SPS, con

23
Samai Tribunal, índice 7, certificado 74914FD8BE47B545 D49138111E862622 064D028E9FE3E93D 3CB7BA9CB867C330 (zip) 5 (pdf) 2 (pdf), p. 3.
24
Samai Tribunal, índice 7, certificado 6450A53622BFEF32 DF57A0C51FBC21B4 75066B21E4E079D3 A8425AAD02D7E8C3 (pdf), p. 6.

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prescindencia de que con posterioridad a la afiliación, hubiesen cumplido la edad para
acceder a la pensión, pero no completaran el mínimo de semanas previstas para el efecto.
Esto sin perjuicio claro está de que puedan hacer uso del mecanismo de la indemnización
sustitutiva de pensiones; (ii) el IBC de los trabajadores independientes rentistas de capital,
para el año 2014, se establecía a partir de los ingresos efectivamente percibidos
pudiéndose detraerse las expensas que cumplieran los requisitos establecidos en el
artículo 107 del ET; (iii) en la medida que los ingresos base del IBC, sean determinados
con fundamento en la declaración de renta, deben ser considerados igualmente los costos
y gastos allí reportados, en tanto, la presunción de veracidad cubre toda la información
allí consignada, no resultando procedente efectuar una valoración parcializada de la
declaración.

Costas

9- Por no estar probado en el expediente, la Sala se abstendrá de condenar en costas en
esta instancia, conforme al artículo 365.8 del CGP.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sección Cuarta, administrando justicia
en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Modificar el ordinal segundo de la sentencia apelada. En su lugar:

Segundo. A título de restablecimiento del derecho, ordenar a la UGPP reliquidar los aportes al SPS
de los meses de enero y junio a diciembre de 2014, de acuerdo con el IBC establecido en la parte
inserta de la providencia de segunda instancia. Lo anterior implicará la reliquidación de la sanción
por inexactitud. Por otra parte, se levantará la sanción por omisión, no adeudando por este concepto
suma alguna el contribuyente.

2. En lo demás, confirmar la sentencia apelada.

3. Sin costas en esta instancia.

Cópiese, notifíquese, comuníquese. Devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente Salvo voto

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO LUIS FERNANDO MACIAS GÓMEZ
Salvo voto

(Firmado electrónicamente)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ

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