Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2019-00581-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2019-00581-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 25000-23-37-000-2019-00581-01
Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello
10 de agosto de 2023
Radicado: 25000-23-37-000-2019-00581-01 (27306)
Demandante: Bayer S.A.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá, D.C., diez (10) de agosto de dos mil veintitrés (2023)
Referencia Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación 25000-23-37-000-2019-00581-01 (27306)
Demandante BAYER S.A.
Demandado UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y
CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL
UGPP
Temas Aportes al Sistema de Seguridad Social. Falta de motivación.
Tope 25 SMLMV. Límite artículo 30 de la Ley 1393 de 2010.
Cargo nuevo en la apelación
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por ambas partes contra la
sentencia del 11 de agosto de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, que decidió lo siguiente1:
“PRIMERO: Se DECLARA LA NULIDAD PARCIAL de la Liquidación Oficial RDO 2018-00785
del 11 de abril de 2018 y la Resolución RDC 2019-00464 del 10 de abril de 2019 que resolvió
el recurso de reconsideración; por medio de las cuales se profirió liquidación por omisión, mora
e inexactitud en los pagos al Sistema de Protección Social, en pensión y fondo de solidaridad
pensional, por los períodos de enero a diciembre de 2012 a la sociedad BAYER S.A., de
conformidad con la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento SE ORDENA a
la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES
PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL – UGPP reliquidar los ajustes de los
trabajadores con salario integral, novedades de vacaciones, y sobre quienes se reportaron
pagos no salariales; modificaciones que deben guardar correspondencia con el análisis
realizado en esta providencia.
Se aclara solo procede la reliquidación cuando el ajuste resulte más beneficioso a la aportante,
pues no se puede desconocer la situación consolidada por la misma Unidad, de conformidad
con lo expuesto en el fallo.
TERCERO: NIÉGANSE las demás pretensiones de la demanda.
CUARTO: Por no haberse causado no se condena en costas.
(…).”
ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA
Previo requerimiento para declarar y/o corregir, la Unidad Administrativa Especial
de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (en
adelante UGPP) profirió a la demandante Liquidación Oficial Nro. RDO 2018-00785
del 11 de abril de 2018, por las conductas de omisión, mora e inexactitud en el pago
de los aportes al Sistema de la Protección Social (pensión y fondo de solidaridad
pensional) por el período de enero a diciembre de 2012 por la suma total de
$258.789.995.
1 Índice 3 de Samai. Carpeta del CD Folio 109. PDF de la sentencia. Página 32.
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Radicado: 25000-23-37-000-2019-00581-01 (27306)
Demandante: Bayer S.A.
La interesada interpuso el recurso de reconsideración contra la anterior decisión,
que fue resuelto en la Resolución Nro. RDC 2019-00464 del 10 de abril de 2019,
donde se reliquidó el monto de los ajustes a la suma de $250.196.795.
ANTECEDENTES DEL PROCESO
Demanda
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
contemplado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), la parte demandante formuló las
siguientes pretensiones en la subsanación de la demanda2:
“1. PRETENSIONES
1.1. PRETENSIONES PRINCIPALES
BAYER S.A., pretende a través del presente medio de control, principalmente lo siguiente:
1.1.1. DECLARAR LA NULIDAD PLENA de la Liquidación Oficial No. RDO 2018-00785 del
11 de abril de 2018, proferida por la Subdirección de Determinación de Obligaciones de
la Dirección de Parafiscales de la UGPP por omisión en la afiliación y pago, mora e
inexactitud en las autoliquidaciones y pagos de los aportes al Sistema de la Protección
Social, por los períodos comprendidos entre el 01 de enero de 2012 al 31 de diciembre
de 2012, modificada por la Resolución No. RDC-2019-00464 del 10 de abril de 2019,
proferida por la Dirección de Parafiscales de la misma entidad, en decisión del recurso
de reconsideración interpuesto por BAYER S.A. en contra del primero de los actos
administrativos mencionados.
1.1.2. DECLARAR que antes de la expedición de los actos administrativos RDO-2018-00785
del 11 de abril de 2018 y RDC-2019-00464 del 10 de abril de 2019, BAYER S.A. cumplió
con la legislación correspondiente y se encontraba a paz y salvo por concepto de
afiliación y pago de aportes al Sistema de la Protección Social por todos sus
trabajadores a través de las autoliquidaciones de las cotizaciones respectivas, por los
períodos del 01 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2012.
1.1.3. CONDENAR A TÍTULO DE RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, a la entidad UGPP
a DEVOLVER a BAYER S.A. el valor de los montos que llegare a pagar como aportes
a las entidades integrantes del Sistema de Protección Social, en estricto cumplimiento
de las resoluciones acusadas, debidamente actualizados con el IPC, entre la fecha en
que se realice el pago y la fecha en la que la devolución pretendida se haga efectiva,
con sus respectivos intereses.
1.1.4. CONDENAR A TÍTULO DE RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, a la UGPP a que
se indemnice todo otro daño o perjuicio que se haya causado a BAYER S.A. con
ocasión de la expedición y vigencia de los actos administrativos atacados que se
demuestren en el proceso.
1.1.5. CONDENAR en costas a la entidad demandada.
1.1.6. ORDENAR que la sentencia que ponga fin al presente proceso judicial se le dé
cumplimiento en los términos del artículo 192 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
1.2. PRETENSIONES SUBSIDIARIAS
En el evento de no prosperar la solicitud de nulidad de los actos administrativos atacados de
manera plena, subsidiariamente se solicita por BAYER S.A.:
1.2.1. RELIQUIDAR Y AJUSTAR los cálculos realizados en la Liquidación Oficial No. RDO-
2018-00785 del 11 de abril de 2018 y en la Resolución No. RDC-2019-00464 del 10 de
abril de 2019 por mora e inexactitud en las autoliquidaciones y pagos de los aportes al
Sistema de la Protección Social, por los períodos comprendidos entre el 01 de enero de
2 Índice 3 de SAMAI. PDF de la subsanación de la demanda. Página 3 a 5.
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Demandante: Bayer S.A.
2012 al 31 de diciembre de 2012 por BAYER S.A., contenidos en los elementos de
prueba aportados al proceso.
1.2.2. DECLARAR A TÍTULO DE RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, que BAYER S.A.
no ha incurrido en la mora, omisiones e inexactitudes endilgadas por la UGPP en los
actos administrativos RDO-2018-00785 del 11 de abril de 2018 y RDC-2019-00464 del
10 de abril de 2019, respecto de la afiliación y pago de los aportes al Sistema de
Protección Social por todos sus trabajadores a través de las autoliquidaciones de las
cotizaciones respectivas a dicho Sistema, por los períodos comprendidos entre el 01 de
enero de 2012 al 31 de diciembre de 2012.
1.2.3. CONDENAR A TÍTULO DE RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, a la entidad UGPP
a DEVOLVER a BAYER S.A. por el mayor valor de los montos pagados como aportes
a las entidades integrantes del Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscalidad,
en estricto cumplimiento de las resoluciones acusadas, debidamente actualizadas entre
la fecha en que se realice el pago por BAYER S.A. y la fecha en la que la devolución
pretendida se haga efectiva, con sus respectivos intereses; así como se indemnice todo
otro daño que se haya causado a BAYER S.A. con ocasión de la expedición y vigencia
de los actos administrativos atacados que se demuestren en el proceso.
1.2.4. CONDENAR en costas a la entidad demandada.
1.2.5. ORDENAR que a la sentencia que ponga fin al presente proceso judicial se le dé
cumplimiento en los términos del artículo 192 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.”
A los anteriores efectos, la demandante invocó como violados los artículos 29, 53 y
83 de la Constitución Política; 683 y 684 del Estatuto Tributario; 14 y 15 de la Ley
50 de 1990; 18 de la Ley 100 de 1993; 156 de la Ley 1151 de 2007; 42, 137 y 138
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo; 179
de la Ley 1607 de 2012; 70 y 71 del Decreto 806 de 1998 y 1º numeral 10 del
Decreto Ley 169 de 2008.
Los cargos de nulidad se resumen de la siguiente manera:
1. Violación al debido proceso y expedición irregular de los actos por falsa
y ausencia de motivación
Sostuvo que la UGPP desconoció los principios de buena fe y el espíritu de justicia
que rige en materia tributaria, pues en sus requerimientos se limitó a identificar
supuestos incumplimientos, interpretando normas de manera ajena a su espíritu y
exigiendo documentos para acreditar situaciones no establecidas en la legislación,
con lo cual trasgredió la confianza legítima sobre el pago de aportes al Sistema,
obligando a la sociedad a cancelar sumas de dinero sin causa jurídica.
Afirmó que esa dinámica impedía aclarar la realidad de los hechos y daba lugar a
presumir la mala fe de la empresa, pues no bastó la información aportada
oportunamente en el trámite administrativo y que sustentaba su actividad legítima y
el pago correcto de los aportes.
Refirió la obligación que le asiste a las autoridades de motivar en debida forma sus
decisiones, atendiendo para ello los artículos 29 de la Constitución Política y 42 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 3.
Manifestó que la UGPP vulneró su derecho al debido proceso porque no surtió de
manera correcta la citación para realizar la notificación personal de la resolución
3 Citó la sentencia de la Corte Constitucional C-1083 de 2005, M.P. Jaime Araújo Rentería y del Consejo de
Estado, Sección Cuarta del 14 de junio de 1996, C.P. Consuelo Sarria Olcos, sin embargo, no identificó el
radicado del proceso.
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que resolvió el recurso de reconsideración, aduciendo que supuestamente no
encontró la dirección. Empero, a su juicio, no es cierto debido a que la dirección
utilizada correspondía a la abogada de la sociedad y en ella habían enviado
previamente distintas citaciones y comunicaciones, por lo que no existe explicación
válida para omitir este trámite.
2. Casos concretos de las conductas imputadas por la demandada:
2.1. Omisión.
Adujo que la UGPP no fue clara al momento de identificar las conductas
fiscalizadas, pues en la resolución que resolvió el recurso de reconsideración imputó
una omisión en aportes a pensión por valor de $59.909.995, pero sin identificar la
administradora correspondiente. No obstante, en el archivo Excel anexo a dicha
resolución, en la pestaña denominada “Anexo Cálculo Actuarial”, se evidenció un
requerimiento por el mismo valor a nombre de Roberto Sebastián Rodríguez
Lauandos con destino a Colpensiones, lo cual no era concordante con lo dispuesto
en el acto.
Sostuvo que, frente al mencionado trabajador, la sociedad no estaba obligada a
realizar aportes a pensión porque se encontraba afiliado al sistema pensional
alemán, de manera que su vinculación al sistema de pensiones colombiano era
voluntaria, tal como lo prevé el artículo 15 de la Ley 100 de 1993, todo lo cual se
encontraba respaldado con las pruebas pertinentes y que fueron omitidas por la
entidad.
2.2. Mora.
Indicó que no se configuró la conducta de mora por el pago de la cotización a
pensión respecto al mes de septiembre de 2012 frente a Johana Marcela Corrales
Parra, toda vez que fue vinculada bajo la modalidad de contrato de aprendizaje.
Aclaró que la relación finalizó un viernes, pero por voluntad de las partes acordaron
efectuar el pago correspondiente a dos (2) días más, sin que esto implique extender
la vinculación ni realizar una contratación laboral, sino únicamente cumplir con la
parametrización de nómina y generar un beneficio para la aprendiz.
2.3. Inexactitud.
• Pagos por acuerdos transaccionales: Precisó que, contrario a lo
considerado en los actos acusados, los pagos efectuados con fundamento en
un contrato de transacción tenían connotación no salarial, por ende, no eran
parte del IBC de los aportes a pensión de conformidad con el artículo 128 del
Código Sustantivo del Trabajo, el Acuerdo Nro. 1035 de 2015 y el Concepto
Nro. 201611200505691 del 17 de febrero de 2016, estas dos últimas normas
expedidas por la UGPP. Luego, identificó 3 trabajadores respecto de los cuales
alegaba que efectuó los pagos por acuerdos transaccionales.
• Aportes voluntarios a pensiones: Indicó que los pagos por el concepto
mencionado no debían integrar el IBC de los aportes ni estar sujetos al límite
del artículo 30 de la Ley 1393 de 2010, por estar dirigido a un tercero y
sometido a una condición, de tal modo que no ingresaba al patrimonio de sus
empleados para ese momento (diciembre de 2012), sino al cumplimiento de
los requisitos acordados que, eventualmente, ocurriría en el año 2013. De esta
manera, consideró que una conclusión en contrario implicaría un perjuicio para
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la sociedad, al incrementarse la base de las liquidaciones, y para el empleado,
pues incrementa su IBC y los descuentos que se realizarían sin tener certeza
de si adquirirá el derecho en el futuro. Sobre el asunto enlistó varios
trabajadores.
• Tope de cotización: Afirmó que, para el año fiscalizado, el límite máximo de
cotización en pensión correspondía a 25 salarios mínimos legales mensuales
vigentes (en adelante SMLMV) por días laborados, más aún porque el
operador liquida automáticamente el valor de la cotización por días y el
Ministerio de Salud expidió un concepto sobre el pago proporcional de los
aportes por los días trabajados con lo cual cumplió la sociedad al momento de
efectuar las cotizaciones. Destacó que, para el año fiscalizado, los operadores
de información no permitían realizar cotizaciones con base superior a 25
salarios mínimos legales diarios vigentes (en adelante SMLDV), de tal manera
que cumplió con la ley al realizar las cotizaciones con base en esa cifra.
Referenció los casos de los trabajadores en los cuales se presentó dicha
inexactitud.
• Error en la determinación del IBC en períodos de vacaciones: Aseguró
que la UGPP, al determinar el IBC de varios trabajadores, no tuvo en cuenta
el artículo 70 del Decreto 806 de 1998, según el cual cuando se presente dicha
novedad se debe tomar el IBC del período anterior al inicio de las vacaciones,
por lo que en el evento en que el trabajador las disfrute de dos meses, para el
segundo debe tomarse igualmente como base el mes anterior al inicio de la
novedad y no el mes inmediatamente anterior al cotizado, como lo determinó
la unidad erróneamente.
• Trabajadores con salario integral: Adujo que la UGPP omitió tener en cuenta
que varios de los empleados de la sociedad estaban contratados bajo la
modalidad de salario integral, lo cual implicaba la liquidación del IBC sobre el
70% del total de la remuneración. Señaló los empleados frente a los cuales
propuso este cargo.
• Indebida aplicación del artículo 30 de la Ley 1393 de 2010: Sostuvo que
para el caso de algunos trabajadores la UGPP no tuvo en cuenta el valor
pagado efectivamente para efectos de determinar el total remunerado, por el
contrario, incluyó las vacaciones para efectos de aplicar el artículo 30 de la
Ley 1393 de 2010.
• Error en la determinación del IBC para el fondo de solidaridad pensional:
Manifestó que la demandada dentro de los devengos percibidos por los
trabajadores enlistados en este cargo incluyó montos que en realidad no
fueron percibidos ni fueron reportados en nómina o contablemente, razón por
la cual el IBC era erróneo y debía modificarse el porcentaje de cotización al
FSP.
• Guerrero Rodríguez Vivian Paola: Precisó que la UGPP no tuvo en cuenta
la novedad de vacaciones reportada y, por ende, no aplicó lo dispuesto en el
artículo 70 del Decreto 806 de 1998.
• Pagos realizados: Señaló una serie de empleados respecto de los cuales no
se adeudaba saldo alguno por haberse efectuado el pago de los aportes
determinados por la UGPP.
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Oposición de la demanda
La entidad demandada controvirtió las pretensiones de la demanda, con
fundamento en lo siguiente:
Respecto al primer cargo relacionado con la falsa motivación de los actos, sostuvo
que la UGPP actuó dentro del marco legal de sus competencias, atendió los plazos
previstos en la ley, otorgó a la sociedad la oportunidad para ejercer su derecho de
defensa, valoró las pruebas oportunamente allegadas al proceso y notificó en
debida forma cada una de las actuaciones.
Precisó que la ley estableció la obligación de los empleadores de afiliar, autoliquidar
y pagar los aportes al Sistema de sus trabajadores, para lo cual debían determinar
el ingreso base de cotización a la luz de lo establecido en los artículos 127 y 128
del Código Sustantivo del Trabajo y aplicar el respectivo porcentaje de cada
subsistema. En ese orden, manifestó que no se puede catalogar su conducta como
vulneradora de la Constitución o la ley y que, por el contrario, fue la actora la que
desconoció la normatividad relacionada con las obligaciones a su cargo.
Frente al segundo cargo, en lo que respecta a Roberto Sebastián Rodríguez
Lauandos, explicó que en el expediente solo encontró una solicitud de “Seguro
Obligatorio en el Seguro de Pensión para trabajadores en el extranjero – Seguro Pensional Alemán”,
no una certificación de afiliación efectiva, lo que no acreditaba su calidad de
trabajador afiliado vigente en su país de origen (Alemania). Así las cosas, siguiendo
lo establecido en el artículo 15 de la Ley 100 de 1993, dicho trabajador debió ser
afiliado de manera obligatoria al subsistema de pensiones en Colombia.
Sobre la mora relacionada con la trabajadora Johana Marcela Corrales Parra,
señaló que, según lo previsto en el artículo 5 del Decreto 933 de 2003, la obligación
de efectuar aportes por los aprendices del SENA era únicamente frente a salud y
riesgos profesionales. Expuso que encontró que el contrato de aprendizaje finalizó
en el mes de agosto de 2012, pese a lo cual continuó su vinculación por el mes de
septiembre (fiscalizado), pues recibió pagos como contraprestación de sus
servicios, configurándose así una relación laboral. Así las cosas, concluyó que la
sociedad debió efectuar el pago de los aportes a pensión por dicho periodo. Agregó
que en el proceso no se aportó documento alguno que acreditara la prórroga del
contrato de aprendizaje, lo que habría aclarado la situación o desvirtuado el ajuste.
Sobre la conducta de inexactitud originada en los pagos por acuerdos
transaccionales indicó que la UGPP realizó correctamente el cálculo del IBC
teniendo en cuenta el ingreso percibido por los trabajadores de acuerdo con la
información de nómina aportada al proceso de fiscalización, aplicando para el efecto
el artículo 30 de la Ley 1393 de 2010, por tanto, en el caso de los pagos no salariales
que superaron el tope del 40% debían ser parte del ingreso base de cotización.
Advirtió que no encontró pruebas que evidenciaran que los pagos por concepto de
“Bonos por productividad” (concepto por el cual se identificó este pago en la información
de nómina aportada) fueron realizados por acuerdo transaccional, razón por la cual
debían mantenerse en la base del cálculo del IBC como no salarial sujeto al límite
del 40%, de manera que, el ajuste resultante se generó al comparar el aporte
liquidado a la tarifa del subsistema con los pagos realizados en el PILA, que para
este caso fueron por menor valor, dando como resultado ajustes por inexactitud.
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En cuanto a los aportes voluntarios a pensión, explicó que se trataba de un
concepto no salarial de conformidad con el artículo 128 del Código Sustantivo del
Trabajo, las cláusulas contractuales y el artículo 169 del Estatuto Orgánico del
Sistema Financiero. Sin embargo, estaba sujeto al límite del 40% por disposición
del artículo 30 de la Ley 1393 de 2010, pues la norma no realiza distinción frente a
los pagos no salariales que están sujetos al tope referido. Por esta razón la UGPP
liquidó los aportes correctamente con base en la nómina y demás información
allegada por la sociedad.
Respecto al tope máximo de cotización luego de ejemplificar el caso de un
trabajador, afirmó que para determinar el IBC la demandada utilizó la información
reportada en la nómina, los libros y auxiliares contables de la sociedad, así mismo,
efectuó la correcta aplicación del artículo 70 del Decreto 806 de 1998 en los casos
de novedad de vacaciones y la limitante del artículo 30 de la Ley 1393 de 2010.
De manera que, los ajustes fueron originados al comparar el aporte liquidado a la
tarifa del subsistema con los pagos realizados en la PILA, los cuales fueron
inferiores, teniendo como resultado el ajuste de inexactitud. Además, aseguró que
el IBC máximo de 25 SMLMV no tiene aplicación para topes diarios.
En cuanto a la determinación del IBC en periodos de vacaciones, manifestó que
la compensación en dinero no tiene carácter salarial y debe excluirse de los aportes
a los subsistemas de seguridad social. Empero, a su juicio, dicha exclusión no aplica
para los aportes parafiscales del SENA, ICBF y cajas de compensación familiar, por
mandato del artículo 70 del Decreto 806 de 1998, norma que también dispone que,
en estos casos, la base de la cotización debe ser el mes inmediatamente anterior al
disfrute.
Afirmó que frente a los trabajadores vinculados bajo la modalidad de salario
integral calculó los ajustes sobre el 70% de la remuneración y sobre la base
estipulada en el artículo 132 del Código Sustantivo del Trabajo, en concordancia
con los artículos 49 de la Ley 789 de 2002 y 18 de la Ley 100 de 1993. Aclaró que
Luis Rafael Alcázar Núñez, mencionado en la demanda, no devengaba un salario
integral, razón por la cual debía mantenerse el ajuste efectuado en los actos de
liquidación.
Sostuvo que para determinar el IBC tuvo en cuenta la información aportada en el
proceso de fiscalización, a partir de la cual aplicó en debida forma el artículo 30
de la Ley 1393 de 2010. No obstante, para no hacer más gravosa la situación de la
sociedad, mantuvo el IBC calculado en la liquidación oficial, comoquiera que al
resolver el recurso de reconsideración los valores se incrementarían.
Frente a la determinación de los aportes al fondo de solidaridad pensional, adujo
que la UGPP tuvo en cuenta la información de la nómina, libros auxiliares y soportes
aportados por la misma empresa, así mismo, no se evidenciaron comprobantes de
pago por el valor correcto, por lo que los ajustes por inexactitud estuvieron fundados
en los aportes inferiores a los que legalmente estaba obligada la demandante.
Sobre el caso de Vivian Paola Guerrero, no encontró pruebas que soportaran la
novedad de vacaciones en el mes de enero de 2012 alegada por la actora, por lo
que realizó la liquidación con la información de nómina allegada al proceso.
En cuanto al presunto pago de los aportes determinados por la UGPP, afirmó
que procedió a verificar los registrados en la base del Ministerio de Salud y la
Protección Social a nombre de la actora, por los períodos y trabajadores objeto de
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fiscalización, luego de lo cual se obtuvo como resultado que fueron aplicados en la
liquidación oficial y no se encontraron pagos posteriores a ésta.
En el acápite de oposición a las pretensiones, además de solicitar que se negaran,
expuso que es imposible acceder a la devolución de lo pagado porque el dinero
recaudado no ingresa al patrimonio de la entidad, sino que son girados a través de
los operadores de la PILA y con destino a los administradores de los diferentes
subsistemas a los cuales se encuentren afiliados los trabajadores, de conformidad
con lo previsto en el artículo 8 del Decreto 3033 de 2013. No obstante, puso de
presente que el artículo 311 de la Ley 1819 de 2016 estableció que, admitida la
demanda, la UGPP debe comunicarse con los administradores para que realicen
las provisiones correspondientes en una cuenta especial que reconozca la
contingencia y que garantice la devolución de los recursos, pero por ser una norma
reciente para el momento en que se presentó el escrito de oposición, aún está en
trámite su reglamentación.
Finalmente, en ese mismo acápite, solicitó que se negara la condena en costas
en cuanto que la entidad defiende el interés general, por lo que en este proceso se
ventila un asunto de interés público, tal como lo prevé el artículo 188 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. En todo caso,
destacó que la demandante no aportó ninguna prueba que acredite la causación de
costas procesales.
Sentencia apelada
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, declaró
la nulidad parcial de los actos acusados por lo que pasa a exponerse:
1. Trabajador extranjero.
Expuso que, según la liquidación oficial, la actora solo aportó la “Solicitud de seguro
obligatorio en el seguro de pensión para trabajadores en el extranjero – Seguro Pensional Alemán
Aparatado 1 del Sexto Libro del Código Social (SGBVI)”, lo que le permitió a la entidad
concluir que no estaba demostrado que Roberto Sebastián Rodríguez estuviera
realmente vinculado al régimen de seguridad social alemán. De igual manera, con
la demanda tampoco se aportó soporte alguno que desvirtuara las afirmaciones de
la demandada, así como tampoco se probó la nacionalidad del empleado en
cuestión. En este orden, la actora no cumplió con su carga probatoria, razón por la
cual no desvirtuó su obligación de afiliar y pagar los aportes a pensión en Colombia.
2. Aprendiz SENA.
Aseveró que los ajustes por este concepto tienen fundamento en que la actora pagó
dos (2) días de septiembre, los cuales son adicionales al contrato de aprendizaje
que finalizó en agosto, por lo cual se entendían como provenientes de una relación
laboral.
3. Inclusión en el IBC de acuerdos transaccionales (bono de productividad)
y aportes voluntarios a pensión. Aplicación de la Ley 1393 de 2010.
Sostuvo que de conformidad con las reglas establecidas en la sentencia de
unificación de esta Sala del 9 de diciembre de 2021 (exp. 25185, C.P. Milton Chaves
García), los conceptos enunciados correspondían a pagos no salariales acordados
así entre las partes por autorización del artículo 128 del Código Sustantivo del
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Trabajo.
Por tanto, al tomar dichos factores como no constitutivos de salario y adicionarlos al
IBC en la proporción que excedió el 40% del total de la remuneración del trabajador,
la UGPP contrarió el artículo 30 de la Ley 1393 de 2010, comoquiera que ésta norma
solo comprendía conceptos salariales del artículo 127 del Código Sustantivo del
Trabajo sobre los cuales existieran pactos de desalarización.
En ese sentido, prosperó el cargo y ordenó a la unidad eliminar de la base de
cotización los pagos no salariales pactados por la demandante y sus empleados.
4. Limitación de aportes a 25 SMMLV.
Señaló que de conformidad con el criterio de esta Corporación 4 la aplicación de
dicho límite era independiente al número de días laborados, por lo que no le asistía
razón a la demandante en este asunto, así como tampoco la exoneración de
responsabilidad ante un error del operador de pagos, pues quien presenta la
liquidación y efectúa los aportes es la sociedad mediante la PILA, por consiguiente,
el ajuste debía persistir.
5. Novedad de vacaciones.
Luego de mencionar las normas que rigen la materia, ejemplificó la reliquidación de
los aportes de Cindy Jhoana Triana (2012, meses de octubre y noviembre),
encontrando que si bien el IBC del primer mes de la novedad determinado por la
entidad fue correcto, lo cierto era que en el segundo resultó inferior al establecido
por la entidad, inconsistencia que se originó por no efectuar el cálculo con la base
de cotización correspondiente al mes anterior al inicio del disfrute de las vacaciones,
lo cual desconocía el artículo 70 del Decreto 806 de 1998.
También tomó el caso de Oscar Alejandro Acosta (2012, mes de diciembre),
advirtiendo que la unidad estableció un IBC mayor al liquidado por el Tribunal al
incluir el excedente de los pagos no laborales.
En ese contexto, ordenó a la demandada reliquidar los aportes siempre y cuando
no resultara perjudicada la actora o fuera más beneficioso.
6. Trabajadores con salario integral.
Sostuvo que, de las 351 glosas por este concepto, 311 se liquidaron incluyendo los
excedentes de pagos no salariales, los cuales no debían ser parte de la base de
cotización. Para comprobar lo dicho ejemplificó el caso de Luis Enrique Arbeláez
(2012, mes de diciembre). En cuanto a los 40 registros restantes, los ajustes se
originaron por la novedad de vacaciones, sobre la cual debía tomarse el IBC del
mes anterior al inicio del disfrute de éstas, refiriendo a manera de ejemplo el caso
de Ana Margarita Durán (2012, mes de junio). Así, ordenó a la entidad reliquidar los
ajustes relacionados con el asunto.
7. Error en los ajustes por pagos inexistentes o ya realizados.
Advirtió que, frente a los pagos realizados, tal como lo advirtió la UGPP, durante el
proceso de fiscalización se validaron las planillas y se aplicaron al caso en concreto,
además con la demanda la sociedad no había aportado nuevas PILA para su
4 Citó la sentencia del 2 de octubre de 2019, exp.24090, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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validación, por tanto, al no existir soporte de otros pagos efectuados, no se
desvirtuaba la legalidad de los actos acusados.
Encontró que, si bien la entidad respetó los valores reportados en la nómina de la
sociedad, modificó el IBC de la PILA incluyendo sumas por excedente de pagos no
salariales al valor de la remuneración, razón por la cual debía reliquidar los ajustes
determinados en los cuales se hubiera incluido el excedente de pagos no salariales.
8. Falta de motivación.
Consideró que los actos demandados fueron debidamente motivados por la
Administración, toda vez que en ellos se explicaron las razones por las cuales se
modificaron los pagos efectuados en la PILA, así mismo identificaron las conductas
de omisión y mora, y detallaron las inexactitudes respecto de cada trabajador y
subsistema, frente a lo cual la actora tuvo la oportunidad de pronunciarse como
efectivamente lo hizo en el recurso de reconsideración y la demanda, allegando
para el efecto las pruebas que consideró pertinentes5.
9. Sobre la condena en costas.
No condenó en costas por no encontrar probada su causación en el proceso.
Recurso de apelación
Ambas partes apelaron la decisión de primera instancia.
La demandante solicitó revocar parcialmente la decisión por lo siguiente:
1. Violación al debido proceso. Expedición irregular por desconocimiento
de las normas en que debería fundarse y falta de motivación de los actos
demandados.
Alegó que la UGPP se limitó a determinar la suma por los supuestos
incumplimientos en que incurrió la sociedad, sin explicar de forma sumaria en que
consistió el procedimiento de fiscalización, los rubros que tuvo en cuenta, o las
operaciones y/o métodos por los cuales concluyó que la sociedad se encontraba en
mora o había presentado inexactitudes, reclamando además información sin mayor
detalle, todo lo cual evidenciaba una falta de motivación de la actuación
administrativa.
Sostuvo que lo anterior implicó que el recurso de reconsideración estuviera
fundamentado en suposiciones sobre el análisis realizado por la unidad para poder
demostrar el error en el que incurrió. Con lo anterior, señaló que logró que el acto
que decidió la reconsideración redujera el valor de la obligación, pero persistió la
liquidación de aportes con base en las conductas de mora e inexactitud en los pagos
realizados.
Precisó que el hecho que la UGPP expida una resolución y un archivo Excel no
supone una debida motivación de los actos, toda vez que para determinar los
ajustes hizo una aplicación discrecional de la nómina y documentos de la empresa,
interpretando a su vez normas de una forma contraria a su espíritu y determinando
ajustes sin tener en consideración el manejo de los pagos y las planillas de
autoliquidación de aportes, todo lo cual conllevó la vulneración al debido proceso,
buena fe y espíritu de justicia establecidos en las normas tributarias.
5 Sobre el asunto citó la sentencia del 2 de octubre de 2019, exp.24090, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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2. Firmeza de las autoliquidaciones.
Indicó que, a las planillas de aportes, por remisión expresa del artículo 156 de la
Ley 1151 de 2007, le son aplicables las normas relativas a las declaraciones
tributarias. Así, de conformidad con el artículo 714 del Estatuto Tributario, la
autoliquidación queda en firme si dentro de los dos (2) años siguientes a la fecha de
vencimiento del plazo para declarar no se ha notificado el requerimiento, o cuando
la declaración inicial se hubiere presentado en forma extemporánea, los dos (2)
años se contarán a partir de la fecha de presentación de la misma.
Afirmó que en este caso las planillas correspondientes al período 2012 se
presentaron dentro del término legal y que la UGPP notificó el requerimiento para
declarar y/o corregir el 2 de agosto de 2017, es decir, cuando ya habían adquirido
firmeza las declaraciones, razón por la cual no tenía competencia para fiscalizar los
aportes. Agregó que no podía darse aplicación al término de 5 años previsto en el
artículo 178 de la Ley 1607 de 2012, so pena de vulnerarse la irretroactividad que
rige las normas tributarias6.
3. Ingreso base de cotización máximo permitido.
Señaló que debía aplicarse el límite de los 25 SMMLV de manera proporcional a los
días laborados. A esto se sumaba que el operador de la PILA realizaba el cálculo
correspondiente a los días trabajados de forma automática. Por esto, en su
concepto, erradamente la UGPP pretendía que la sociedad realizara pagos como si
el empleado hubiese trabajado el mes completo, cuando lo cierto era que las
cotizaciones debían ser iguales a lo efectivamente percibido por días laborados.
Respecto a la posibilidad de efectuar los aportes a la seguridad social de forma
proporcional a los días trabajados dentro del mes invocó el Concepto Nro.
201511600273433 (sin identificar su fecha) expedido por el Ministerio de Salud.
4. Caso de Roberto Sebastián Rodríguez.
Insistió en que este empleado se encontraba afiliado al sistema de seguridad social
de Alemania, razón por la cual no era obligatoria su vinculación al subsistema de
pensión en Colombia, ya que, de conformidad con lo establecido en el artículo 15
de la Ley 100 de 1993 (modificado por el artículo 3 de la Ley 797 de 2003), su
vinculación al sistema puede ser voluntaria, más no obligatoria, disposición que fue
reiterada en el artículo 9 del Decreto 692 de 1994. Destacó que, en todo caso, la
afiliación obligatoria de los extranjeros solo procede cuando adquiere el estatus
migratorio de residente en Colombia.
Así las cosas, concluyó que Roberto Sebastián Rodríguez Lauandos no tenía la
calidad de afiliado obligatorio al sistema en la medida que se encontraba acreditado:
i) que es extranjero, mediante cédula de extranjería, ii) que no tiene el estatus
migratorio de residente en Colombia, tal como lo demostraba su visa de migrante, y
iii) que se encontraba cubierto por el régimen pensional de su país de origen.
Finalmente, agregó que durante toda la actuación administrativa se dedicó a
demostrar que los ajustes endilgados fueron liquidados de manera indebida, sin
embargo, la UGPP pasó por alto los comprobantes de nómina, los cuales
demostraban que cometió un error técnico. En ese contexto, ratificó la falta de
motivación de los actos demandados, lo cual daba lugar a su anulación.
6 Mencionó la sentencia del 24 de octubre de 2019, exp.23599, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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La demandada en su recurso expuso lo siguiente:
Transcribió las conclusiones de la sentencia de primera instancia sobre la
determinación del IBC respecto de los trabajadores vinculados con salario integral
y los trabajadores que disfrutaron de la novedad de vacaciones, así como lo
referente a la improcedencia de incluir al IBC los pagos no salariales.
Manifestó que la entidad calculó correctamente el IBC teniendo en cuenta el ingreso
percibido por los trabajadores de acuerdo con la información de nómina allegada al
proceso de fiscalización.
Indicó que, dado que la sociedad no aportó pruebas que evidenciaran que los pagos
por concepto de “Bonos por productividad” fueron realizados por acuerdo transaccional,
debían ser parte del IBC en la parte que superar el límite del 40% del total de la
remuneración, tal como lo dispuso el artículo 30 de la Ley 1393 de 2010.
Para el efecto, ejemplificó el cálculo de liquidación de 3 trabajadores, destacando
que los ajustes se generaron al comparar el aporte liquidado a la tarifa del
subsistema con los pagos realizados en la PILA, los cuales fueron inferiores, dando
como resultado inexactitudes.
Finalmente, insistió en que la demandante no objeta el valor que se tuvo en cuenta
para calcular el IBC, sino que se limitó a señalar que los pagos fueron realizados
con base en contratos de transacción que no deben integrar dicho concepto.
Oposiciones a la apelación
La demandante y la demandada guardaron silencio con relación al recurso de
apelación interpuesto por su correspondiente contraparte.
Ministerio Público
El agente del Ministerio Público también guardó silencio.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
Le corresponde a la Sala decidir los recursos de apelación presentados por ambas
partes contra la sentencia de primera instancia que declaró la nulidad parcial de la
Liquidación Oficial Nro. RDO 2018-00785 del 11 de abril de 2018 y de la Resolución
Nro. RDC-2019-00464 del 10 de abril de 2019, mediante las cuales la UGPP
determinó a cargo de la actora ajustes por concepto de omisión en la afiliación, mora
en el pago de los aportes e inexactitud en las autoliquidaciones de los períodos de
enero a diciembre de 2012.
1. Cuestión previa
Se advierte que en el recurso de apelación la actora señaló que las
autodeclaraciones de aportes presentadas por el período aquí fiscalizado estaban
en firme al momento en que la UGPP notificó el requerimiento para declarar y/o
corregir, ello de conformidad con lo previsto en el artículo 714 del Estatuto Tributario,
aplicable por remisión expresa del artículo 156 de la Ley 1151 de 2007.
Al respecto, la Sala precisa que el anterior argumento no fue presentado por la
sociedad con la interposición de la demanda, pues como quedó expuesto en los
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antecedentes los cargos de nulidad versaron sobre: i) la falta de motivación de los
actos acusados y ii) la discusión de casos concretos respecto de las conductas de
mora, inexactitud y omisión. Sin embargo, en ningún momento se hizo mención
alguna a la firmeza de las planillas.
De igual forma ocurrió frente al argumento de la apelación que consiste en que
Roberto Sebastián Rodríguez Lauandos no es un afiliado obligatorio al Sistema
porque no tiene el estatus migratorio de residente en Colombia, hecho que
consideró probado con su visa de migrante, pues este cargo no fue propuesto en la
demanda, donde se limitó a señalar que estaba probada su afiliación al sistema
pensional de Alemania.
Ahora, ha sido constante la jurisprudencia en señalar que no le es permitido a las
partes la inclusión en sede de apelación de cargos novedosos, desconocidos y
ausentes a lo largo del debate judicial, pues ello supone el planteamiento de asuntos
que no han sido objeto de controversia, siendo este un requisito de las normas que
regulan el derecho procesal administrativo y las garantías al debido proceso de las
partes7. En ese contexto, la Sala se abstendrá de realizar algún pronunciamiento al
respecto.
2. Motivación de los actos demandados.
La sociedad alega que la UGPP, en los actos acusados, se limitó a determinar la
suma por supuestos incumplimientos en el pago de los aportes, sin explicar de
forma sumaria las operaciones o métodos utilizados para determinar que la empresa
se encontraba en mora o inexactitud. También señala que los archivos Excel anexos
no son suficientes para una debida motivación de la actuación, comoquiera que para
determinar los ajustes se hizo una interpretación discrecional de la información de
nómina y documentos recaudados a lo largo del proceso de fiscalización.
Al respecto, la Sala8 ha entendido que los actos de la UGPP están debidamente
motivados cuando incluyen los valores y las razones que sirvieron de sustento a los
ajustes. Igualmente, se ha aceptado que los archivos Excel hacen parte integral de
las liquidaciones, en la medida que detallan la forma en que se determina el ajuste
para cada uno de los subsistemas del Sistema de Seguridad Social. De ahí que la
Sección afirmara que, “en la motivación de esta clase de actos y dependiente de la conducta
(omisión, mora e inexactitud), es necesario que se identifique el tipo de incumplimiento, el año, el
mes, el trabajador, los días trabajados, los pagos que constituyen salario y cuáles no, el total
remunerado, el IBC, entre otros aspectos”9.
En este caso, la liquidación oficial y la resolución que resolvió el recurso de
reconsideración se encuentran debidamente motivadas porque la UGPP citó los
antecedentes que dieron lugar al proceso de fiscalización, limitó las disposiciones
legales aplicables al caso, mencionó las conductas y subsistema fiscalizados. Así
mismo, explicó la información que tuvo en cuenta para determinar el IBC, todo lo
cual fue el fundamento para el resultado de la fiscalización10.
7 Consejo de Estado. Sección Cuarta, sentencia del 22 de abril de 2021, exp.25427, C.P. Myriam Stella
Gutiérrez Argüello.
8 Al respecto se pueden consultar la sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, del 2 de octubre de
2019, exp.24090, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez; reiterada en la sentencia del 10 de marzo de 2022,
exp.24971, C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello, entre otras.
9 Consejo de Estado. Sección Cuarta, sentencia del 26 de agosto de 2021, exp.24735, C.P. Stella Jeannette
Carvajal Basto.
10 Cfr. SAMAI. Índice 3. Carpeta del CD del folio 107. PDF de antecedentes.
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También, en los archivos Excel anexos a los actos de determinación, la
Administración identificó los trabajadores, períodos, subsistemas, novedades y
conductas fiscalizadas, así como los conceptos integrantes del IBC y la liquidación
de los aportes que a su juicio debía cancelar la actora, y en la parte final anotó la
observación que daba lugar al ajuste propuesto11.
Sumado a lo anterior, la aportante pudo ejercer su derecho de defensa y
contradicción mediante la respuesta a los requerimientos y la interposición del
recurso de reconsideración, lo cual fue valorado y decidido por la entidad al
momento de proferir la liquidación y decidir el recurso de reconsideración, actos
que, se insiste, contaron con sus respectivos anexos explicativos de los ajustes y
que redujeron los ajustes propuestos inicialmente.
Con base en lo expuesto, no se acreditó la violación del derecho al debido proceso
de la actora ni la falta de motivación de los actos acusados, por lo que no prospera
este cargo de la apelación de la demandante.
3. Límite de los 25 SMMLV.
La demandante reclama la aplicación del límite de los 25 SMMLV de manera
proporcional a los días laborados por el trabajador, más aún porque el operador
liquida automáticamente el valor de la cotización por días y el Ministerio de Salud
expidió un concepto sobre el pago proporcional de los aportes por los días
trabajados.
Para resolver se tiene que el artículo 5 de la Ley 797 de 2003 12, que modificó el
artículo 18 de la Ley 100 de 1993, y el artículo 3 del Decreto Reglamentario 510 de
2003 establecieron el límite de 25 SMMLV a la base de cotización al Sistema de
Seguridad Social Integral. Dicho tope se extendió a la base de cotización del sistema
de riesgos laborales por mandato del artículo 17 del Decreto 1295 de 1994.
Además, la Sección13 reiteradamente consideró que la base de cotización al
Sistema de Seguridad Social, esto es, salud, pensión y riesgos profesionales, será
como mínimo el valor equivalente a 1 SMLMV y máximo 25 SMLMV, sin atender a
la proporcionalidad entre el monto y los días efectivamente laborados, comoquiera
que así no fue previsto por el legislador.
En ese contexto, contrario a lo afirmado por la actora, cuando el IBC corresponda
al máximo legal, 25 SMLMV, esto no se afecta por el hecho de que el trabajador
hubiere laborado menos de treinta (30) días en el mes.
Frente a la afirmación de que el operador liquida automáticamente el aporte por
días, se reitera la postura de la sentencia del 18 de mayo de 2023 14, en la cual se
11 Ibidem. Documentos Excel denominados SQL.
12 Ley 797 de 2003. Artículo 5. El inciso 4 y parágrafo del artículo 18 de la Ley 100 de 1993 quedarán así:
“Artículo 18. Base de cotización. La base para calcular las cotizaciones a que hace referencia el artículo
anterior, será el salario mensual. El salario base de cotización para los trabajadores particulares, será el que
resulte de aplicar lo dispuesto en el Código Sustantivo del Trabajo. (…) El límite de la base de cotización
será de veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes para trabajadores del sector público y
privado. Cuando se devenguen mensualmente más de veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales
vigentes la base de cotización será reglamentada por el gobierno nacional y podrá ser gasta de 45 salarios
mínimos legales mensuales vigentes para garantizar pensiones hasta de veinticinco (25) salarios mínimos
legales.”
13 Al respecto puede consultarse las sentencias del 24 de febrero, 5 de mayo y 30 de junio de 2022,
exps.25302, 25472 y 24815, respectivamente, C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
14 Cfr. Consejo de Estado. Sección Cuarta, sentencia del 18 de mayo de 2023, exp.26801, C.P. Wilson Ramos
Girón.
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expuso que “el artículo 2.4 del Decreto 1465 de 2005 (compilado en el artículo 3.2.3.5 del DUR
780 de 2016) prevé que le corresponde al operador dar acceso a los aportantes para que diligencien
la autoliquidación de los aportes, pero ello no comporta que estos deban responder o verificar la
forma en que aquellos determinan la obligación tributaria a su cargo, pues los aportantes son los
responsables del cumplimiento de los deberes y obligaciones relacionados con las contribuciones al
SPS, mientras que los operadores únicamente cumplen una función intermediaria para el reporte de
la información (sentencia del 08 de septiembre del 2022, exp. 24822, CP: Julio Roberto Piza
Rodríguez)”.
Con base en lo expuesto, no es aceptable la justificación planteada por la actora,
pues ella, en cuanto sujeto pasivo, es la encargada de realizar la correcta
autoliquidación de las contribuciones, siendo de competencia de los operadores
solo la administración de la información que reportan los obligados, de manera que
no podría atribuírsele ninguna responsabilidad al respecto.
Para finalizar el estudio de este cargo de la apelación, la Sala destaca que el
Concepto Nro. 201511600273433 del 22 de octubre de 2015 del Ministerio de Salud,
invocado por la apelante a pesar de haber sido expedido luego de los periodos
fiscalizados, llegó a la misma conclusión que la jurisprudencia antes expuesta, pues
afirmó lo siguiente:
“(…), la Subdirección Técnica de Pensiones y otras Prestaciones de este Ministerio, precisa
que en el Sistema General de Seguridad Social Integral, existe un límite máximo a la base de
cotización, el cual es de 25 SMLMV, tanto para trabajadores del sector público o privado y
además, aplicable también para aquellos que laboren menos de 30 días al mes.
Conforme lo anterior, se tiene que, frente al trabajador dependiente, lo que permite la
normativa es que se cotice por periodos inferiores a un mes (30 días), frente a casos
específicos de ingreso, retiro o licencia no remunerada, sin que ello nos lleve a concluir frente
al tope máximo de cotización y esto por ausencia de norma que así lo establezca, la posibilidad
de que ese límite de 25 SMLMV, pueda ser calculado en días” (subraya la Sala y resalta el
original).
Por lo expuesto, tampoco prospera este cargo de la apelación de la demandante.
4. Caso de Roberto Sebastián Rodríguez.
Sostiene la sociedad que este empleado no se encuentra obligado a afiliarse al
subsistema de pensión por tratarse de un extranjero cubierto por el régimen
pensional de su país de origen, Alemania.
Para resolver este asunto, se advierte que la UGPP y el Tribunal señalan que la
sociedad únicamente aportó la “Solicitud de seguro obligatorio en el seguro de pensión para
trabajadores en el extranjero – Seguro Pensional Alemán Aparatado 1 del Sexto Libro del Código
Social (SGBVI)”, lo que le permitió a la entidad demandada concluir que no estaba
demostrado que Roberto Sebastián Rodríguez fue realmente vinculado al régimen
de seguridad social alemán. Así mismo, el a quo adujo que la sociedad no aportó
soportes adicionales para desvirtuar las consideraciones de la entidad, razón que
llevo a negar el cargo por no cumplir su carga de la prueba.
Para resolver se pone de presente que, la litis en esta instancia no se centra en
determinar si el extranjero tiene o no la obligación a afiliarse al subsistema de
pensión, sino que una vez verificados los antecedentes administrativos,
especialmente los anexos a la respuesta al requerimiento para declarar y/o corregir
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(donde la UGPP afirma que consta el documento)15, la Sala constató que no obra
la solicitud de afiliación al sistema pensional alemán de Roberto Sebastián
Rodríguez que fue enunciado por la UGPP y por el Tribunal, sino solo peticiones y
certificados de afiliación en Alemania respecto a otros trabajadores16.
De esta forma, en el expediente no obra ninguna otra prueba tendiente a demostrar
que Roberto Sebastián Rodríguez fue afiliado al sistema pensional alemán. Se
destaca que, aunque la actora insistió en que este hecho estaba probado, no señaló
puntualmente el documento con el que pretendía demostrar su afirmación ni lo
aportó como anexo a la demanda, pese a que fue un asunto que echó de menos la
UGPP, por lo que se concluye, al igual que el Tribunal, que no cumplió con su carga
de la prueba, por lo que este cargo tampoco prospera.
5. Inclusión en el IBC del pago denominado “Bono de productividad”.
La UGPP manifiesta que la demandante no aportó pruebas que demostraran que
los pagos por concepto de “Bonos por productividad” fueron realizados por acuerdos
transaccionales. En consecuencia, a su juicio, este concepto debía integrar el IBC
de los aportes en la parte que superara el límite del 40% del total de la remuneración
por mandato del artículo 30 de la Ley 1393 de 2010. Además, sostuvo que la
demandante no cuestionó la integración del IBC de los actos administrativos frente
a los bonos de productividad, sino que se limitó a cuestionar su carácter no salarial
por sustentarse en un acuerdo transaccional, lo cual, a su juicio, no fue demostrado.
Al respecto el Tribunal decidió que, por tratarse de un pago no salarial acordado
entre las partes, el referido bono por productividad no podía integrar el IBC ni estaba
sujeto al límite del 40%.
Para resolver este asunto, se pone de presente que, contrario a lo dicho por la
apelante, no es cierto que la actora no haya controvertido la integración del IBC,
pues en la demanda consta que afirmó que “dicha incidencia como pago no salarial genera
efectos en materia de seguridad social, especialmente en la determinación del IBC, en aplicación del
artículo 30 de la ley (sic) 1393 de 2010”17.
Precisado lo anterior, para decidir la apelación de la UGPP, al igual que lo hizo el a
quo, la Sala se remitirá a la sentencia de unificación del 9 de diciembre de 2021,
exp.25185, C.P. Milton Chaves García, sobre los aportes al Sistema de Seguridad
Social, así como el alcance y aplicación de la limitación contenida en el artículo 30
de la Ley 1393 de 2010, en la cual se establecieron las siguientes reglas:
1. El IBC de aportes al Sistema de Seguridad Social (subsistemas de pensión, salud y
riesgos profesionales) únicamente lo componen los factores constitutivos de salario, en
los términos del artículo 127 del CST, estos son, los que por su esencia o naturaleza
remuneran el trabajo o servicio prestado al empleador.
2. En virtud de los artículos 128 del CST y 17 de la Ley 344 de 1996, los empleadores y
trabajadores pueden pactar que ciertos factores salariales no integren el IBC de aportes
al Sistema de Seguridad Social.
15 SAMAI. Índice 19. Carpeta de antecedentes administrativos. Carpeta de requerimiento para declarar y/o
corregir. Carpeta de respuesta.
16 En el expediente obran las solicitudes de afiliación en Alemania y algunas certificaciones con relación a los
trabajadores Frank Dietrich, Nikilai Engel, Bjorn Hardt, Babelte Hirth, Marc Odenthal y Klaus Ulrich Joao
Schumann. Cfr. SAMAI. Índice 19. Carpeta de antecedentes administrativos. Carpeta de requerimiento para
declarar y/o corregir. Carpeta de respuesta. PDF “201750053338762-3”. Páginas 20 a 68.
17 SAMAI. Índice 3. PDF de la demanda. Página 13.
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Demandante: Bayer S.A.
3. El pacto de “desalarización” no puede exceder el límite previsto en el artículo 30 de la Ley
1393 de 2010, es decir, el 40% del total de la remuneración. En estos eventos, los aportes
se calcularán sobre todos aquellos factores que constituyen salario, independientemente
de la denominación que se les dé (art. 127 CST- contraprestación del servicio) y, además,
los que las partes de la relación laboral pacten que no integrarán el IBC, en el monto que
exceda el límite del 40% del total de la remuneración.
4. El pacto de “desalarización” debe estar plenamente probado por cualquiera de los medios
de prueba pertinentes.
5. Los conceptos salariales y no salariales declarados por el aportante en las planillas de
aportes al sistema de la seguridad social o PILA se presumen veraces. Si el ente
fiscalizador objeta los pagos no constitutivos de salario para incluirlos en el IBC de
aportes, por considerar que sí remuneran el servicio, corresponde al empleador o
aportante justificar y demostrar la naturaleza no salarial del pago realizado, a través de
los medios probatorios pertinentes.
En el presente caso no es objeto de discusión entre las partes que el concepto
denominado “Bono de productividad” tiene naturaleza no salarial. No obstante, la
entidad demandada consideró que debía estar sujeto al límite del 40% del total de
la remuneración de que trata el artículo 30 de la Ley 1393 de 2010, al respecto en
la liquidación oficial expuso lo siguiente:
“De la lectura de la anterior disposición se puede concluir que, si bien el pago de este concepto
a favor de los trabajadores tuvo en cuenta el desempeño, este no es individual, sino por el
contrario colectivo para la planta de producción, por lo que no puede entenderse que retribuye
el trabajo de cada empleado individualmente considerado.
También se destaca que los valores reconocidos a favor de los trabajadores a título de
“Bonificación por productividad”, se reconocieron por mera liberalidad del empleador, pues así
lo aceptaron las partes según consta en ellos pactos aportados; y finalmente estos valores
aparte de haberse pactado, se pagaron ocasionalmente.
De lo anterior se colige, que en esta etapa de la actuación administrativa fueron debidamente
acreditados los atributos del factor denominado “Bonificación por productividad”, como pago
laboral no salarial, por lo que a efecto de la conformación del IBC harán parte de la base
cuando sumados con otros conceptos no constitutivos de salario, superen el 40% del total
devengado, en el monto que superen este porcentaje, según el artículo 30 de la Ley 1393 de
2010”18 (subraya la Sala).
En ese contexto, es necesario precisar que a la luz del artículo 128 del Código
Sustantivo del Trabajo, que consagra la naturaleza de los conceptos no salariales,
los pagos por concepto de mera liberalidad, tales como primas, bonificaciones o
gratificaciones ocasionales, entre otros, dentro de los cuales se encausa el bono
por productividad, no podía hacer parte de los conceptos sujetos al límite del 40%
establecido en la Ley 1393 de 2010, pues lo contrario implicaría desconocer la
primera regla de unificación que se reitera en esta instancia, según la cual “El IBC de
aportes al Sistema de Seguridad Social (subsistemas de pensión, salud y riesgos profesionales)
únicamente lo componen los factores constitutivos de salario, en los términos del artículo 127 del
CST, estos son, los que por su esencia o naturaleza remuneran el trabajo o servicio prestado al
empleador.”19
Por lo expuesto, contrario a lo expuesto por la entidad demandada, en este caso
resulta irrelevante que la actora no haya demostrado que el pago en realidad
corresponde a un acuerdo transaccional, pues al tener carácter no salarial no
procede su integración al IBC, tal como lo concluyó el Tribunal.
18 SAMAI. Índice 3. Carpeta del CD del folio 107. PDF de los actos administrativos. Página 52.
19 En igual sentido se profirió la sentencia del 11 de mayo de 2023, exp.26612, C.P. Myriam Stella Gutiérrez
Argüello.
17
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Radicado: 25000-23-37-000-2019-00581-01 (27306)
Demandante: Bayer S.A.
En esa medida, no prospera este cargo del recurso de apelación de la entidad.
6. Sobre la condena en costas.
No habrá condena en costas en esta instancia, en razón a que en primer lugar no
prosperaron ninguno de los cargos de apelación de las partes y no se comprobó su
causación como lo exige el artículo 365 del Código General del Proceso, norma
aplicable por remisión expresa del artículo 188 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
7. Decisión.
Comoquiera que no prosperó ninguno de los recursos de apelación, la Sala
confirmará la sentencia de primera instancia. Además, no impondrá condena en
costas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
de Colombia y por autoridad de la ley.
FALLA
1. Confirmar la sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, del 11 de
agosto de 2022.
2. Sin condena en costas en esta instancia.
Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al tribunal de
origen. Cúmplase.
La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRON
18
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