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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2019-00598-01

Fecha
25 de julio de 2024
Consejero ponente
Myriam Stella Gutierrez Arguello

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2019-00598-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA 1. Revocar la sentencia del 16 de febrero de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B. En su lugar, negar las pretensiones de la demanda. 2. Sin condena en costas.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 25000-23-37-000-2019-00598-01

Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello

25 de julio de 2024

Radicado: 25000-23-37-000-2019-00598-01 (27712)
Demandante: CEPSA Colombia S.A,

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá D.C., veinticinco (25) de julio de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación 25000-23-37-000-2019-00598-01 (27712)
Demandante CEPSA S.A.
Demandado DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES, DIAN
Temas: Impuesto a las ventas. IV Bimestre del año 2014. Procedencia de
impuestos descontables en la adquisición de activos fijos y
servicios. Sanción por inexactitud.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por las partes demandante y
demandada en contra de la sentencia del 16 de febrero de 2023, en la que el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, resolvió:
«PRIMERO: DECLARAR la nulidad parcial de la Liquidación Oficial de Revisión No.
312412018000027 del 24 de abril de 2018, por medio de la cual se modificó la declaración
privada del impuesto sobre las ventas presentada por la sociedad CEPSA Colombia S.A. por
el cuarto bimestre del año 2014, y de la Resolución No. 992232019000036 del 26 de abril
de 2019, confirmatoria del acto anterior.
SEGUNDO. Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho
DECLARAR que el saldo a favor de la sociedad demandante por concepto del impuesto sobre
las ventas del cuarto bimestre de 2014 es la suma determinada en la liquidación contenida en
la parte considerativa de esta providencia.
TERCERO: NEGAR las demás pretensiones.
CUARTO: Por no haberse causado ni demostrado, no se condena en costas (…)». (Énfasis
del texto original).

DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA

Previa ampliación al requerimiento especial1 y a su correspondiente respuesta2, la
DIAN profirió la Liquidación Oficial de Revisión Nro. 312412018000027 del 24 de
abril de 20183, mediante la cual modificó la declaración del impuesto sobre las
ventas (IVA) de la sociedad CEPSA Colombia S.A. (en adelante CEPSA),
correspondiente al bimestre 4 del año gravable 2014.

Las modificaciones correspondieron, por un lado, al rechazo del IVA descontable
declarado por la actora en la adquisición de un bien tangible (equipo de fondo) que
fue instalado en un pozo petrolífero, con el objetivo de facilitar la extracción del
crudo. Y, por el otro, al rechazo del IVA descontable pagado por la actora en la
adquisición de un servicio con uno de sus proveedores. Estas modificaciones
generaron un mayor impuesto a cargo y la imposición de la sanción por inexactitud.

1 Fls. 204 a 2013 de los antecedentes administrativos.
2 Fls. 319 a 356 de los antecedentes administrativos.
3 Fls. 105 a 152 del cuaderno principal.
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Radicado: 25000-23-37-000-2019-00598-01 (27712)
Demandante: CEPSA Colombia S.A,

El 21 de junio de 2018, CEPSA presentó recurso de reconsideración4 en contra del
acto de determinación oficial, el cual fue resuelto por la DIAN mediante la
Resolución Nro. 992232019000036 del 26 de abril de 20195, en el sentido de
confirmar el acto recurrido.

ANTECEDENTES DEL PROCESO

Demanda

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
contemplado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), la parte demandante solicitó, previo
al trámite respectivo6:
«Solicito a este Despacho que se acceda a declarar la nulidad total de los siguientes actos
administrativos:
A. La Liquidación Oficial de Revisión No. 312412018000027 del 24 de abril de 2018,
proferido por la División de Gestión de Liquidación de la Dirección Seccional de Impuestos
de Grandes Contribuyentes de la DIAN.
B. La Resolución N° 992232019000036 del 26 de abril de 2019, por medio de la cual se
resolvió el recurso de reconsideración proferida por la Subdirección de Gestión de
Recursos Jurídicos de la Dirección de Gestión Jurídica.
Que como consecuencia de lo anterior se restablezca el derecho de CEPSA declarándose:
A. Que no hay lugar al rechazo de impuestos descontables por compras y servicios por valor
de $70.250.000, ni a la imposición de la sanción por inexactitud en cuantía de
$70.250.000.
B. Que se declare que la liquidación privada del Impuesto sobre las Ventas (en adelante
IVA) presentada por CEPSA por el cuarto (IV) Bimestre del año gravable 2014 está en
firme y se ordene el archivo del expediente abierto en contra de mi representada.
C. Que se declare que no son de cargo de CEPSA las costas en que se hubieren (sic)
incurrido la DIAN con relación a la actuación administrativa demandada, ni las de este
proceso».

A los anteriores efectos, la demandante invocó como normas violadas los artículos
142, 481, 488, 489, 647 y 648 del Estatuto Tributario.
El concepto de violación7 se resume así:
1. Desconocimiento del tratamiento contable de los cargos diferidos.
Interpretación y aplicación indebida de los artículos 142, 481, 488 y 489
del Estatuto Tributario.
Relató que, en la declaración del IVA del bimestre 4 del año 2014, registró como
descontable el IVA pagado en la adquisición de un equipo de fondo para facilitar la
extracción de crudo de un pozo denominado Cara Cara Sur C19, en virtud de lo
dispuesto en el artículo 488 del Estatuto Tributario. Al respecto, anexó la factura de
venta Nro. 4615 expedida por el proveedor Ge Oil & Gas ESP Colombia S.A.
Aclaró que, en este caso, no es objeto de discusión con la DIAN el hecho de que el
equipo de fondo corresponde a un bien corporal, que este fue utilizado para facilitar
4 Fls. 396 a 449 de los antecedentes administrativos.
5 Fls. 155 a 176 del cuaderno principal.
6 Fls. 326 a 327 del cuaderno principal.
7 Fls. 11 a 65 del cuaderno principal.
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la extracción de crudo que fue posteriormente exportado, operación que está
gravada con IVA. Al respecto, dijo que la Administración había aceptado esta
situación en los folios 9 y 10 de la resolución del recurso de reconsideración y que,
en todo caso, aportaba copia de las facturas respectivas.
Así las cosas, advirtió que la discusión con la DIAN se concretaba en que, para tal
entidad, el equipo de fondo no constituía un costo y, por lo mismo, tampoco podía
tratarse como tal, pues en realidad correspondía a un activo fijo, de manera que no
podía considerarse descontable el IVA pagado en la adquisición de tal bien.
Informó las características del equipo de fondo y, con base en ellas, adujo que no
correspondía a un bien estándar, sino que en realidad se trataba de un sistema de
conexión de piezas, denominado Levantamiento Artificial, que se instaló dentro del
pozo con el fin y la función exclusiva de incrementar el volumen de extracción del
hidrocarburo, pues el pozo no tenía la energía natural suficiente para conducirlo a
la superficie.
Afirmó que este equipo no se enmarca en la definición de activo fijo, sino que ha
sido considerado por la doctrina contable como un costo necesario en la explotación
de hidrocarburos que debe ser registrado como un cargo diferido. Aclaró que el uso
de ese equipo es común en las operaciones de extracción de hidrocarburos, aspecto
sobre el cual citó lo mencionado en el Portal del Petróleo, 2012, 08. Bombeo
Electrosumergible diseño».

Sostuvo que en el concepto técnico elaborado por el ingeniero de producción de
CEPSA se señala que ésta debió incurrir en diversos costos para facilitar la
extracción del crudo en el pozo Cara Cara, entre estos, para adquirir el equipo de
fondo y otros elementos que son usados e instalados en el pozo para el que fueron
comprados, pues son diseñados de acuerdo con las condiciones geológicas del
sector y a las características propias del pozo. En efecto, dijo que son diseñados de
acuerdo con su aporte y composición de fluidos, presión de yacimiento, temperatura
y construcción del pozo.
En adición, explicó que, en tal concepto técnico, el ingeniero también indicó que los
equipos de fondo son utilizados en un medio ambiente agresivo, con altas presiones
y temperaturas, aportes de arena de los yacimientos, emulsiones, parafinas,
corrosión y variaciones en las condiciones del pozo. De manera que, una vez
retirados, presentan condiciones bajas de confiabilidad que impiden que sean
reutilizados.
Por lo expuesto, adujo que el equipo de fondo, lejos de ser un activo fijo, significó
un costo para desarrollar con éxito la extracción del hidrocarburo del pozo Cara
Cara, pues no se adquirió con ningún ánimo de permanencia, sino para ser utilizado
en un proyecto particular.
Puso de presente que es una falacia afirmar que todo bien tangible adquirido por
una compañía debe ser reconocido como un activo fijo o como un activo movible,
pues lo cierto es que los bienes tangibles también pueden ser catalogados como
costos o gastos o como cargos diferidos. En esa medida, aseveró que quedaba
desvirtuaba la tesis de la DIAN, según la cual, tratándose de un bien adquirido por
una empresa que guarda relación con su objeto social, este debe, necesariamente,
ser reconocido como un activo fijo. Para soportar este punto, anexó una certificación
expedida por su contador que, desde un punto de vista técnico y contable, explica
la normativa aplicable a los costos de exploración, perforación y explotación de

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hidrocarburos, así como el registro contable del equipo de fondo efectuado por
CEPSA.
Se refirió a los artículos 67 y 37 del Decreto 2649 de 1993 y, con base en ellos,
expresó que las normas contables permitían llevar como cargos diferidos en etapa
de explotación de yacimiento las erogaciones destinadas a la adquisición de bienes
(costos) de los cuales se esperaba recibir beneficios económicos que, en el caso de
la demandante, fueron obtenidos con ocasión de la venta del crudo. Resaltó que la
erogación por concepto del equipo de fondo guarda relación con su actividad
económica, pues así lo exigen las normas contables, pero no por ello se constituye
en un activo fijo.
Sobre el ánimo de permanencia, advirtió que no existió, a pesar de que el equipo
de fondo se registró como un activo depreciable, pues esto obedeció a la exigencia
de la técnica contable. Precisó que, en el evento de que la técnica contable no
exigiera un tratamiento especial contable para este tipo de costos en el sector
petrolero o, si tal costo se hubiese realizado en la etapa de explotación, lo cierto es
que CEPSA hubiese registrado el valor total del equipo como costo total en el
periodo incurrido, es decir, en el año 2014, pero en ningún caso como un activo fijo.
Destacó que un bien que sólo suple una necesidad pasajera en un proyecto en
específico no puede ser considerado activo fijo. En adición, añadió que la DIAN
confundió la naturaleza contable del equipo de fondo con un activo fijo, al afirmar
que ese tipo de activos están involucrados en la actividad productora de renta y no
se enajenen dentro del giro de los negocios. Por lo tanto, sobre este asunto, indicó
que los costos son aquellas erogaciones económicas necesarias para prestar un
servicio o producir bien, que por ende están relacionadas con la actividad productora
de renta y tampoco se enajenan dentro del giro ordinario de los negocios, pero no
por eso se convierten en activos fijos.
Así las cosas, reiteró que el equipo de fondo constituye un costo que fue necesario
para llevar a cabo su actividad productora de renta, que la intención con la que fue
adquirido fue la de superar una necesidad de un proyecto en particular, que no con
la intención de mantenerlo en su patrimonio para seguir desarrollando su actividad
económica. Sobre este particular, citó las sentencias del 1 de marzo de 2002 (Exp.
12452, C.P. Juan Ángel Palacio Hincapié) y del 22 de septiembre de 2000 (Exp.
9975, C.P. Julio Enrique Correa Restrepo) del Consejo de Estado.
Con base en ello, señaló que la técnica contable enseña que en el sector de
hidrocarburos los costos y gastos de los cuales se espera recibir un beneficio futuro
pueden ser registrados como activos diferidos para ser amortizados y que, en este
caso, CEPSA registró como cargo diferido el costo de adquisición del equipo de
fondo, de manera que, en virtud del artículo 488 del Estatuto Tributario, estaba
habilitada para tratar como descontable el IVA pagado en la adquisición de dicho
bien.
Planteó que la DIAN fundamentó los actos administrativos acusados en que el
reconocimiento inicial del equipo de fondo se efectuó en la cuenta contable 1508
Construcciones en curso, que correspondía al activo y, en esa medida, entendió que se
trataba de una cuenta que registraba el saldo de los activos fijos, cuando la realidad
económica y contable evidenciaba que la adquisición de tal equipo debía tratarse
como un cargo diferido. A estos efectos, se refirió a la dinámica contable de la
cuenta 1508, según el Decreto 2650 de 1993, y puntualizó que era de naturaleza
transitoria, razón por la cual explicó que, con la respuesta al requerimiento especial
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y a su ampliación, el equipo de fondo fue inicialmente registrado en la cuenta 1508
pero luego se trasladó a la 172005, pues corresponde a un costo de explotación de
hidrocarburos, el cual debe ser reconocido como un cargo diferido, a la luz de los
Decretos 2649 y 2650 de 1993.
Aclaró que tal tratamiento contable fue avalado por el revisor fiscal de CEPSA en la
certificación del 25 de septiembre de 2017, que anexó con la demanda. En ese
sentido, reiteró que el equipo de fondo es un cargo diferido y no un activo fijo
tangible. En esa medida, sobre el manejo contable de los cargos diferidos citó la
sentencia del 22 de septiembre de 2000 (Exp. 9975, C.P. Julio Enrique Correa
Restrepo) del Consejo de Estado.
Esgrimió que, comoquiera que el equipo de fondo constituye un cargo diferido, este
era susceptible de amortización, conforme lo dispone el artículo 142 del Estatuto
Tributario, norma que equipara los conceptos de inversiones amortizables con el de
cargos diferidos. Reiteró que si, en gracia de discusión, el equipo de fondo se
extrajera del pozo, lo cierto es que quedaría averiado y no podría ser utilizado en
otro pozo debido a sus condiciones de instalación y funcionamiento, todo lo cual
corrobora que es un costo asociado a la explotación de crudo.
Sostuvo que el artículo 488 del Estatuto Tributario señala que los costos que dan
lugar al descuento en IVA pueden corresponder a la adquisición de bienes muebles,
de ahí que no todo bien de ese tipo que se adquiera puede considerarse como un
activo fijo. Por el contrario, dependiendo de la naturaleza del bien y de la operación
del ente económico, un bien mueble puede ser un cargo diferido o un activo fijo.
Se refirió a lo expuesto en la liquidación oficial en relación con que los valores de la
factura 4615 se encontraban en dólares de los Estados Unidos de América y que
no se había informado la tasa de cambio aplicada por la demandante, para sostener
que ello fue desvirtuado con ocasión del recurso de reconsideración. Sin embargo,
en la resolución del recurso de reconsideración, la DIAN decidió no pronunciarse
sobre este asunto, comoquiera que no había sido un motivo para desconocer el IVA
descontable. Ante esto, la actora advirtió que demostraba falta de seriedad por parte
de la Administración, pues primero sembraba un manto de duda sobre aspectos
formales y, luego de ser soportados, resolvía no pronunciarse sobre ellos, todo lo
cual dificultaba el ejercicio del derecho de defensa.
Hizo alusión a lo expuesto en la liquidación oficial respecto a la falta de valor
probatorio de las certificaciones del revisor fiscal de la actora, allegadas con ocasión
de la respuesta al requerimiento especial y a su ampliación. A estos efectos, precisó
que, frente a tales reparos, presentó sus objeciones en el recurso de
reconsideración, sin embargo, dijo que, en la resolución que lo resolvió, la
demandada no los consideró, sino que se limitó a decir que «la Administración puede no
adelantar el proceso de determinación aun cuando exista una prueba del revisor fiscal».

Consideró que esta situación vulneró su debido proceso, en la medida en que, si la
objeción probatoria manifestada por la DIAN es desvirtuada, lo que le corresponde
hacer a esa entidad es expresar las razones por las cuales no está conforme con la
prueba o aceptar las objeciones y, en consecuencia, no continuar con la discusión.
Empero, aseveró que lo que no podía hacer la entidad acusada es tomar el camino
de la arbitrariedad y omitir las explicaciones dadas en el recurso de reconsideración.
En todo caso, resaltó que la certificación del revisor fiscal es idónea, puesto que el
hecho de que tal profesional de las ciencias contables haya sido nombrado el 23 de

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diciembre de 2014 no implica que se encuentre inhabilitado o no tenga la idoneidad
profesional para rendir un dictamen sobre los estados financieros de CEPSA del
año 2014. En adición, anexó con la demanda los registros contables de la factura
4615 (Nro. 8500003428 del 1 de junio de 2014 y Nro. 15010979 del 31 de diciembre
de 2014), así como los libros diarios correspondientes a los meses de julio y agosto
de 2014, con lo cual se puede corroborar que la información consignada en el
certificado del revisor fiscal es exacta y que concuerda con la consignada en los
soportes y libros de contabilidad.
Citó los artículos 123 y 124 del Decreto 2649 de 1993 y señaló que la demandada
confundió el término soporte con el término comprobante. Reiteró que la DIAN
vulneró sus derechos, en la medida en que primero señaló la existencia de
diferencias probatorias y finalmente, cuando estos fueron explicados, decidió que
eso no era materia de discusión.
2. Es procedente como descontable el IVA pagado por los servicios de
parametrización de la plataforma y de capacitación
Afirmó que el servicio prestado por Creo Consultores S.A. tenía como fin la
preparación del informe de responsabilidad y sostenibilidad elaborado en el año
2014 respecto de los resultados del año 2013. Que dicho informe servía para
calificar el desempeño económico, social y ambiental de CEPSA por el año gravable
2013, en aplicación de metodologías de reporte internacional aplicables al sector
petrolero, y que el mismo tenía como objetivo la divulgación del cumplimiento de
políticas de responsabilidad social y sostenibilidad, ante el público en general, las
comunidades, autoridades locales y gremios ubicadas en las zonas donde lleva a
cabo su actividad productora de renta.
Resaltó que este informe está ligado con la exportación, sin embargo, la demandada
desconoció su importancia para la continuidad de las operaciones de la actora, y
recordó que Colombia ha implementado políticas de responsabilidad fiscal, sin las
cuales se hace inviable la posibilidad de explotar año a año los yacimientos
petrolíferos.
Señaló que la DIAN manifestó que no se aportó el soporte contable de la factura C-
0073, ni su correspondiente registro contable, empero, advirtió que el valor de esa
factura es concordante con lo asentado en los libros diarios de los meses de julio y
agosto de 2014, libro mayor y balances, registrados en la Cámara de Comercio, a
pesar de que la actora no estuviera obligada a ello. Todo lo cual demuestra su
preocupación por mantener en orden su contabilidad.
3. La sanción por inexactitud es improcedente
Adujo que la DIAN no explicó las razones por las cuales CEPSA incurrió en el hecho
sancionable, en la medida en que las diferencias de interpretación normativa no
generan la sanción por inexactitud. Todo lo cual vulneró su debido proceso, pues se
desconoce el criterio utilizado por la DIAN para imponer la sanción, máxime cuando
reconoció que la contabilidad de la demandante fue llevada en debida forma y que
en ella, así como en la declaración privada, no se reportaron datos equivocados,
desfigurados, falsos o incompletos, pues lo que está en discusión es la
interpretación de las normas que regulan la procedencia del IVA descontable por la
adquisición de equipos necesarios para la extracción y explotación de
hidrocarburos, que posteriormente son exportados.

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Oposición de la demanda
La parte demandada controvirtió las pretensiones de la demanda y solicitó que se
condenara en costas a la parte demandante8.
Sobre el rechazo del impuesto descontable originado en la adquisición del
equipo de fondo, adujo que la actora no adquirió el mismo con la intención de
venderlo dentro del giro ordinario de sus negocios, sino con la finalidad de facilitar
la explotación del petróleo para su posterior exportación, al punto que no puede ser
separado del pozo en el cual se instaló sin que sufra detrimento, razón por la cual
tiene vocación de permanencia en su patrimonio.
Se refirió a los artículos 60, 485 y 488 del Estatuto Tributario, así como a la sentencia
del 8 de septiembre de 2012 (Exp. 18705) del Consejo de Estado, sobre la diferencia
entre activos fijos y movibles.
Puso de presente que, durante la discusión en sede administrativa, la demandante
afirmó que el equipo de fondo fue instalado en el Pozo CCS-C19 y que su vida útil
es de 1100 días desde su instalación, la cual inició el 14 de febrero de 2014 y
culminó el 16 de febrero del mismo año. Que la finalidad de ese equipo es la de
incrementar el volumen de extracción del hidrocarburo del pozo, pues este no tiene
la energía natural suficiente para conducirlos hasta la superficie.
Con base en lo anterior, sostuvo que, contrario a lo manifestado por la sociedad
demandante, el equipo constituye un activo fijo y, por eso, el IVA pagado en su
adquisición no es descontable. Puntualizó que las pruebas obrantes en el
expediente demuestran que la actora no adquirió el equipo de fondo con la intención
de venderlo dentro del giro ordinario de sus negocios, sino para facilitar la
explotación del petróleo para su posterior exportación, al punto que fue incorporado
en el pozo Cara Cara Sur y no puede ser separado sin que sufra detrimento, todo
lo cual demuestra, además, una característica adicional de los activos fijos como lo
es su permanencia en el patrimonio de la sociedad.
Planteó que el impuesto pagado en la adquisición del equipo de fondo no puede ser
descontado, como lo dispone el artículo 491 del Estatuto Tributario, en tanto que es
un activo fijo, a la luz del artículo 60 ibidem. Sostuvo que el equipo de fondo no
podía despojarse de su naturaleza de activo fijo, para de ello derivar el
reconocimiento de un impuesto descontable, aunque la demandante pretenda que
se le otorgue un tratamiento diferente.
Sobre el rechazo del impuesto descontable originado en la adquisición del
servicio de parametrización de la plataforma y caracterización, consideró que
era procedente su rechazo, porque la actora no demostró que dicho servicio tuviera
relación de causalidad con su actividad exportación ni tampoco que fuese necesario
para el desarrollo de su actividad productora de renta.
Indicó que la sociedad contribuyente se limitó a suministrar una factura de venta,
junto con el documento Nro. 8510002700 de 20 de junio de 2014, mediante los
cuales describió el alcance del servicio mencionado y que se encontraba
íntimamente ligado con la exportación, todo lo cual consideró insuficiente para
determinar si el servicio cumplía o no con los requisitos para que tomar un
descuento en materia del IVA.

8 Indíce 2 de SAMAI. La contestación se encuentra dentro de un archivo denominado
ED_1CDFOLIO_1CDFOLIO153(.rar) NroActua 2.
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Finalmente, defendió la procedencia de la sanción por inexactitud en la medida
en que la demandante declaró en su denuncio privado impuestos descontables
improcedentes, sin que existiera una interpretación razonable de las normas que
rigen este caso concreto (artículos 60 y 488 del Estatuto Tributario), pues lo que
hizo fue desconocer las mismas.

Sentencia apelada

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, anuló
parcialmente los actos administrativos demandados y, a título de restablecimiento
del derecho, liquidó el impuesto sobre las ventas de IV Bimestre del año 2014 a
cargo de la actora, sin condenar en costas por no haberse causado9.

Sobre el IVA descontable derivado de la compra de bienes gravados, precisó
que, en este caso, el problema jurídico a resolver era si el equipo adquirido por la
actora para la extracción del crudo en el pozo Cara Cara correspondía a un activo
fijo, como lo adujo la DIAN en los actos acusados, o a un cargo diferido, como lo
expuso la demandante. Agregó que, según la demandada, el equipo adquirido por
la actora no constituía costo o gasto, sino un activo fijo, de manera que no existía
debate en cuanto al cumplimiento de los demás requisitos previstos en el artículo
488 del Estatuto Tributario.

Con fundamento en el concepto técnico del ingeniero de producción de la
demandante, constató que la operación del equipo de fondo en el yacimiento facilitó
la extracción de crudo que, en condiciones estándares, no habría sido posible dadas
las características particulares del pozo y, en consecuencia, ello habría afectado los
ingresos de la contribuyente. En esa medida, afirmó que la adquisición del equipo
de fondo hizo parte de la inversión necesaria para la explotación exitosa del pozo
Cara Cara, pues mediante la instalación de ese mecanismo se incrementó el
volumen de extracción de los hidrocarburos para su posterior tratamiento y venta.
Así, aseveró que estas circunstancias llevaban a inferir que, en efecto, la erogación
bajo análisis estaba relacionada con las labores de exploración y explotación de
hidrocarburos que corresponde a la actividad productora de renta de la demandante.

Esgrimió que, como la DIAN aseguró que el equipo adquirido era un activo fijo de la
demandante, era necesario estudiar el tratamiento contable de la adquisición de ese
bien. Así, explicó que la técnica contable exige que los costos incurridos durante las
etapas de organización, construcción, instalación, montaje y puesta en marcha se
registren como cargos diferidos, que representan bienes sobre los cuales se espera
obtener beneficios económicos en el futuro.

Expuso que, en el caso específico de las empresas del sector de los hidrocarburos,
se tiene que los costos de exploración y explotación deberán contabilizarse en la
cuenta 1720 –costos de explotación y desarrollo-, perteneciente al grupo 17 –activos
diferidos-, cuya dinámica dispone que se genera un débito contable por el valor de
los costos transferidos desde las subcuentas 150825 -proyectos de exploración- y
150830 -proyectos de desarrollo-, del grupo de cuentas 1508, una vez construida la
perforación del pozo.

Aseguró que, en este caso, la factura Nro. 4615 del 27 de junio de 2014, por medio
de la cual la actora adquirió el equipo de fondo, fue reconocida mediante el

9 Índice 27 de SAMAI del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
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Demandante: CEPSA Colombia S.A,

documento contable Nro. 8510002737, a partir de lo cual verificó que la adquisición
del bien se reconoció en la cuenta 1508B0 -ajuste de compras-, perteneciente a la
cuenta 1508 -construcciones en curso-. Que el costo de adquisición del bien en
comento se trasladaba desde la cuenta 1508B0 a la cuenta 1508BB -liquidación
cuentas de inversiones- que, según lo explicó la demandante con la respuesta a la
ampliación del requerimiento especial correspondía a una cuenta consolidada para
la liquidación y de cierre de saldos de los proyectos en curso, una vez estos han
sido terminados. Que, de conformidad con el documento contable Nro. 1501097910,
el monto consolidado de la liquidación de la cuenta contable 1508BB generó un
débito contable en la cuenta 150830 -proyectos de desarrollo- que, a su vez, quedó
en ceros por el traslado a la cuenta 172005, de costos de perforación y explotación
de hidrocarburos que tenía la naturaleza de cargos diferidos.

Puso de presente que este tratamiento contable resultaba concordante con la
certificación expedida por el revisor fiscal de la actora, la cual fue aportada en sede
administrativa y judicial.

Consideró que la adquisición del equipo de fondo constituye una inversión necesaria
para la exploración del yacimiento Cara Cara Sur, la cual fue contabilizada en la
cuenta contable 1720 que, si bien corresponde a una cuenta del activo, la ley y la
jurisprudencia han señalado que corresponde a costos y gastos, que no a un activo
fijo, como lo consideró la DIAN en los actos acusados. Para el efecto citó el artículo
67 del Decreto 2649 de 1993, que señala el reconocimiento de los activos diferidos,
y la sentencia del Consejo de Estado del 10 de octubre de 2018 (Exp. 21642, M.P. Jorge
Octavio Ramírez Ramírez).

Resaltó que, revisada la contabilidad de la demandante, esta cumplió con la
dinámica contable establecida para los costos relacionados con la explotación de
los yacimientos de hidrocarburos que, según lo disponen las normas contables,
deben registrarse como cargos diferidos. Sin embargo, resaltó que ese solo hecho
no significa que constituyan un activo fijo que integra el patrimonio del demandante.

Explicó que el tratamiento contable de esos costos como cargos diferidos se justifica
en que, en caso de que se registraran en su totalidad como expensas incurridas
para la exploración y explotación de hidrocarburos en el año gravable en el que se
efectúan, no existiría asociación entre los costos totales y los ingresos generados
en una sola vigencia. En efecto, recordó que la razón de ser de los cargos diferidos
es que se consuman de manera gradual a medida que la explotación de los
yacimientos genere beneficios económicos.

No obstante, acotó que «ello no desnaturaliza que, en el caso concreto, los cargos diferidos por
la adquisición del equipo para extraer crudo del pozo referido sean unos verdaderos costos o gastos
deducibles, más no activos fijos de CEPSA». Menos aún, sostuvo, cuando el concepto
técnico elaborado por el ingeniero de producción de la actora reconoce que el
equipo no tiene vocación de permanencia en su patrimonio, puesto que, con su
extracción del pozo, quedaría en condiciones no aptas para seguir operando.

Así las cosas, concluyó que, como en este caso, el equipo correspondía a un costo
o gasto de la actividad económica de la demandante, solo que, contabilizado como
un cargo diferido según la técnica contable en el sector de hidrocarburos, procedía
el IVA pagado por la demandante como descontable, a luz del artículo 488 del
Estatuto Tributario.

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Demandante: CEPSA Colombia S.A,

Sobre el IVA descontable por servicios gravados, adujo que en el expediente se
encontraba la factura Nro. C-0073 del 20 de junio de 2014 expedida por el proveedor
Creo Consultores S.A.S. por concepto de «“40% correspondiente a la realización del
ejercicio de materialidad interna, parametrización de la plataforma y capacitación a los reportantes”».
Al respecto, afirmó que si bien la demandante argumentó que el servicio prestado
por dicho proveedor tuvo como fin la elaboración de un informa para divulgar el
cumplimiento de políticas de responsabilidad social y sostenibilidad ante el público
localizado en las áreas en donde lleva a cabo sus actividades comerciales, lo cierto
era que no existían pruebas que sustentaran este dicho, más allá de la factura
mencionada y del documento Nro. 8510002700 del 20 de junio de 2014, que daba
cuenta del registro contable del servicio contratado.

En adición, sostuvo que no existía prueba de que el servicio prestado estuviera
relacionado con la preparación del informe mencionado por la demandante y que
tampoco se observaba copia del informe final para determinar si, como lo afirmó la
contribuyente, el servicio cumplía con los requisitos para tomar el IVA pagado como
descontable, a pesar de corresponderle la carga de la prueba para sustentar sus
alegaciones. Por consiguiente, mantuvo el rechazo de los impuestos descontables.

En cuanto a la sanción por inexactitud, consideró que era procedente, comoquiera
que había quedado acreditado que la demandante incluyó en su declaración privada
impuestos descontables improcedentes, conducta que daba lugar a la penalidad en
comento. Añadió que no había lugar a la aplicación de la causal eximente de
responsabilidad, puesto que no se observaba una diferencia de criterios, pues la
interpretación del derecho adoptada por la actora no era posible, razonable ni
plausible. No obstante, como prosperó el cargo de nulidad relacionado con el IVA
pagado por el equipo para la extracción de crudo del pozo petrolífero, modificó la
base de la sanción por inexactitud determinada en los actos acusados.

Recursos de apelación

La demandante10 apeló la sentencia de primera instancia para que se revoque
parcialmente, únicamente en lo que tiene que ver con las pretensiones que no
fueron reconocidas, esto es, en cuanto al rechazo del IVA descontable derivado del
pago del servicio prestado por Creo Consultores S.A.S. y a la sanción por
inexactitud calculada sobre esta glosa.

En cuanto al rechazo del IVA descontable por los servicios prestados por Creo
Consultores S.A.S., puntualizó que tal servicio tenía como fin la preparación de un
informe de responsabilidad social y sostenibilidad que fue elaborado en el año 2014,
sobre los resultados del año 2013. Que este servicio sirvió para calificar el
desempeño económico, social y ambiental de CEPSA en el año 2013, en aplicación
de metodologías de reporte internacional para el sector petrolero.

Indicó que dicho informe dio lugar a la divulgación del cumplimiento de políticas de
responsabilidad social y sostenibilidad de la sociedad, lo cual le permitió conocer tal
información al público en general y, en particular, a las comunidades, a las
autoridades locales y a los gremios que se encuentran ubicados en las zonas donde
la demandante llevó a cabo en el año 2013 sus actividades de exploración y
explotación de hidrocarburos.

10 Índice 32 de SAMAI del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
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Demandante: CEPSA Colombia S.A,

En ese sentido, aseveró que se trató de un informe ligado a la operación de
exportación de CEPSA, puesto que, para el desarrollo de su actividad productora
de renta, es indispensable el buen relacionamiento con las comunidades a partir del
cumplimiento de políticas de responsabilidad social y que están plasmadas en el
informe presentado. Advirtió que, sin este relacionamiento, la actividad de la actora
puede verse interrumpida o limitada, al punto que sin políticas de responsabilidad
social se hace inviable la posibilidad de explotar año a año los yacimientos
petrolíferos.
Resaltó que no era cierto lo expuesto por el Tribunal en el sentido de que no se
hubieran presentado pruebas que sustentaran este gasto. Lo anterior, porque la
demandante aportó la factura C-0073, junto con el correspondiente registro
contable, y demostró que el valor de la factura era concordante con lo asentado en
los libros diarios de contabilidad de los meses de julio y agosto de 2014, en el libro
mayor y en los balances registrados en la Cámara de Comercio, aun cuando no
tenía la obligación de hacerlo. Todo lo cual, a su parecer, demuestra que la
demandante siempre se ha preocupado por mantener en orden su contabilidad.
Con base en lo expuesto, solicitó que se revocara el fallo apelado, para que se
reconociera la procedencia del gasto en comento por ser indispensable para la
ejecución de la actividad de CEPSA y que fue soportado mediante documentos
contables y fiscales pertinentes.
Sobre la sanción por inexactitud liquidada por el Tribunal, planteó que era
improcedente, porque el impuesto determinado por la demandante se soportó en
datos y hechos económicos reales, debidamente acreditados con los soportes que
exige la ley. Además, que la determinación de la base gravable se ajustó a los
parámetros legales, «de tal forma que de dicho impuesto ni de la base gravable utilizada puede
predicarse que son inexistentes, falsos, incompletos o desfigurados».

Así las cosas, dijo que como se había constatado la realidad de los gastos era
imperativo concluir que no se verificó la utilización artificial de costos y gastos,
siendo este el hecho sancionable tipificado en el artículo 647 del Estatuto Tributario.
Reiteró que los datos utilizados por la actora eran ciertos y correctos, al ser
liquidados sobre cifras reales que se registraron en la contabilidad de la demandante
y que quedaron probados a lo largo de este proceso, con base en los soportes
legales y contractuales pertinentes. En ese sentido, advirtió que, en este caso, no
se verificaba la utilización indebida de deducciones o beneficios.
Advirtió que el hecho de que la DIAN considerara que los gastos derivados del
servicio prestado por Creo Consultores S.A.S. no cumplían con los requisitos para
ser procedentes, no convertía tales erogaciones en falsas, equivocadas o
desfiguradas, sino que, únicamente, reflejaba la existencia de una diferencia de
criterios sobre la interpretación del derecho aplicable con la Administración.
Reiteró que, la realidad de los hechos y cifras registrados por la demandante en su
declaración privada pudo ser comprobada por la DIAN, pues esta tuvo a su
disposición los documentos y soportes que dan cuenta de la veracidad de los
hechos y datos denunciados por la demandante.
Con fundamento en la sentencia del 30 de agosto de 2016 (Exp. 19851) del Consejo
de Estado, manifestó que la sanción por inexactitud no era procedente no sólo por
la inexistencia del hecho gravable, sino también porque no hubo una intención
dolosa o culposa por parte de la actora.

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Demandante: CEPSA Colombia S.A,

Puso de presente que la sanción por inexactitud no procedía puesto que, en este
caso, existía una diferencia de criterios respecto del derecho aplicable entre la
actora y la DIAN en cuanto a las normas que regulan los aspectos discutidos en
este proceso. Sobre este particular, precisó que «mientras que para la Administración
Tributaria conforme a las normas tributarias, contables y comerciales no es procedente el IVA
descontable asociado al servicio cuestionado de Creo Consultores, lo correcto para la Compañía, de
acuerdo con la realidad económica y el tratamiento fiscal aplicable, era tomar el IVA descontable».

Finalmente, reiteró que la apelación únicamente se presentaba respecto de la glosa
que no fue reconocida por el Tribunal y la correspondiente sanción por inexactitud.
En todo caso, solicitó remitirse a los argumentos y pruebas presentadas por la
actora en la demanda y a lo largo de la actuación administrativa, en caso de que el
Consejo de Estado decidiera entrar a revisar la totalidad de los temas objeto de la
litis.

La parte demandada11 también apeló la sentencia de primera instancia, para que
se revoque en lo que le fue desfavorable.

Afirmó que el Tribunal desconoció el derecho de defensa de la Administración, así
como los artículos 60 y 491 del Estatuto Tributario al otorgarle la condición de
descontable al IVA pagado en la adquisición de un activo fijo. Expresó que la
sentencia impugnada omitió explicar los motivos por los cuales no consideró el
artículo 60 del Estatuto Tributario sobre los activos fijos, su tratamiento desde la
técnica contable, y el reconocimiento contable que hizo la sociedad demandante del
activo en discusión.

Aseveró que los activos fijos son los bienes corporales muebles e inmuebles y los
incorporales que no se enajenan dentro del giro ordinario de los negocios, como es
el caso del equipo de fondo adquirido por la demandante. Señaló que ese equipo
es un activo fijo, a la luz del artículo 60 del Estatuto Tributario, debido a su carácter
de tangible, de bien depreciable y a su destinación, en la medida en que, como lo
afirmó la propia demandante, se incorpora al pozo Cara Cara Sur sin que pueda
separarse. Todo lo cual, a su parecer, contradice lo afirmado por la actora (que no
se probó), respecto a que no tiene ánimo de permanencia y, por el contrario,
evidencia una de las características de los activos fijos, esto es, su vocación de
permanencia en el patrimonio del contribuyente. Añadió que, según se desprende
de la normativa contable, el registro contable del equipo de fondo debía
corresponder al de propiedad, planta y equipo.

Por lo anterior, planteó que la sentencia impugnada desconoció el derecho de
defensa de la DIAN, puesto que no fueron oídos sus argumentos y, en todo caso,
porque no expuso los motivos por los cuales el equipo adquirido por la demandante
no tenía la naturaleza de activo fijo. Por el contrario, afirmó que la providencia
impugnada se limitó a darle la connotación de activo diferido, de manera que con
ello desconoció los artículos 60 y 491 del Estatuto Tributario, que proscriben
descontar el IVA pagado en la adquisición de activos fijos.

Sostuvo que el Tribunal interpretó erróneamente el artículo 159 del Estatuto
Tributario, puesto que no todas las inversiones realizadas por las empresas de
petróleo para la exploración y explotación de hidrocarburos pueden tratarse como
activos diferidos. Al respecto, expresó que si bien pueden existir inversiones
deducibles, de conformidad con el artículo 142 ibidem, no todas las inversiones
11 Índice 31 de SAMAI del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
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efectuadas en pozos petroleros tienen tal categoría, ya que conforme con el citado
artículo 159, también son deducibles las inversiones sobre activos fijos
depreciables, sin que sea admisible que «sobre unos mismos bienes que tengan la calidad
de activos fijos tangibles, se pueda deducir su desgaste de manera concurrente mediante
amortización y depreciación». Sobre este particular, citó la sentencia del 1 de junio de
2001 (Exp. 25000-23-27-000-1999-0023- 01, C.P. María Inés Ortiz Barbosa).

Aseveró que la sentencia apelada desconoció los decretos que reglamentan la
contabilidad y la técnica contable. Sobre este asunto, citó los artículos 1, 35, 64 y
67 del Decreto 2649 de 1993 y 1, 2, 3, 4 y 5 del Decreto 2650 de 1993, así como la
descripción de la dinámica de las cuentas que integran el activo, especialmente, en
lo que tiene que ver con la propiedad, planta y equipo y los activos diferidos. Con
base en lo expuesto, dijo que es contrario a la técnica contable que activos fijos
depreciables como el equipo de fondo sumergible se registren como activos
diferidos. En ese sentido, afirmó que la sentencia impugnada no solo hizo caso
omiso de la errónea contabilización realizada por la demandante, sino que también
desconoció la normativa contable.

Precisó que no debía perderse de vista el hecho de que el Decreto 2649 de 1993
solo faculta a registrar activos diferidos cuando se trata de recursos que no hayan
sido considerados en los artículos anteriores al artículo 67 de ese reglamento, como
ocurre con el caso de los activos que deben registrarse como propiedad, planta y
equipo. En consecuencia, manifestó que, contrario a lo argumentado en la sentencia
apelada, los bienes adquiridos por la sociedad contribuyente eran activos fijos y no
diferidos, por lo cual el IVA pagado en su adquisición no podía tratarse como
descontable.

Finalmente, solicitó que se confirmara la sanción por inexactitud impuesta en los
actos acusados, pues el artículo 647 del Estatuto Tributario sanciona la solicitud de
impuestos descontables improcedentes, tal y como ocurrió en este caso.

Oposición al recurso de apelación

Las partes no se pronunciaron sobre los recursos de apelación presentados.

Concepto del Ministerio Público

El procurador quinto delegado ante esta Corporación solicitó revocar la sentencia
impugnada y, en su lugar, anular los actos administrativos demandados12.
Consideró que la demandante demostró que la Administración desconoció la
naturaleza del equipo de extracción de fondo del crudo, pues este está asociado a
la actividad productora de renta, al punto que, de no haberse instalado, la
explotación del pozo no hubiese sido rentable.

Señaló que el argumento de la DIAN según el cual el equipo de fondo es un activo
fijo, porque la demandante no tiene como objeto social la compraventa y distribución
de esa clase de equipos, es insuficiente, pues lo cierto es que, como lo mencionó la
demandada, el objeto social de la demandante comprende la exploración y
explotación de petróleo para lo cual es necesario el equipo objeto de discordia, lo
que quiere decir que está asociado con su actividad productora de renta, pues sin
tal bien, no es posible explotar comercialmente el pozo. En esa medida, afirmó que
se cumplían los criterios requeridos para que el IVA pagado en la adquisición de un
12 Índice 12 de SAMAI.
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activo sea susceptible de ser descontable, conforme con los artículos 107 y 485 del
Estatuto Tributario.

Hizo referencia al concepto rendido por el ingeniero de producción de la
demandante y, con fundamento en él, adujo que por la naturaleza y destinación del
equipo no es posible utilizarlo en la generalidad de los pozos, lo cual demuestra la
ausencia de permanencia del activo en el patrimonio de la contribuyente.

Señaló que la DIAN se contradice porque «señala que es activo fijo porque no se cumple
con la finalidad de venderlos y no puede separarse sin que se pueda separar del pozo, y es
precisamente esta condición que plantea la DIAN para desconocerla como costo (…)». En esa
medida, destacó que el costo no se adquiere con la finalidad de venderlo dentro del
giro ordinario de los negocios, sino que se adquiere para ser incorporado en la
actividad productora de renta, lo que se comprueba en la medida en que el equipo
de fondo es incorporado en el pozo, que es el bien objeto de producción, sin que se
pueda separar. Además, indicó que, en este caso, lo que se extrae es el
hidrocarburo, lo cual no se puede hacer sin la intervención del equipo de fondo, lo
cual demuestra la necesidad del activo para generar renta.

Planteó que lo que configura la naturaleza de un costo o de un activo fijo no es la
contabilidad, sino la norma tributaria, la cual señala que un costo debe cumplir con
los requisitos de asociación y necesidad para la actividad productora de renta, todo
lo cual genera que no se analice el tema de la contabilización del equipo.

En lo que tiene que ver con el IVA descontable sobre los servicios prestados por
Creo Consultores S.A., señaló que era procedentes, a la luz de la Resolución Nro.
275 de 2001 (sin señalar la entidad que la expidió). Advirtió que el ejercicio del
gobierno corporativo exige adoptar unos marcos de actuación de las empresas que,
a su vez, requiere la adopción de un plan de manejo con la comunidad, lo cual es
fundamental para la actora, al estar dedicada a la exploración y explotación de
hidrocarburos. En ese sentido, manifestó que el informe de responsabilidad social y
sostenibilidad fiscal estaba ligado con la exportación del crudo y que el valor de este
servicio era concordante con los libros contables, de ahí que debía tratarse como
una deducción dentro del proceso de generación de renta, pues, a su parecer, está
asociada con la actividad productora de renta y es necesario dentro de su rol frente
a la comunidad en la que opera la demandante.

Aseveró que la sanción por inexactitud no debía prosperar, pues las erogaciones
cuestionadas cumplen los requisitos para ser catalogadas como costo y como
deducción de la operación productora de renta.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Corresponde a la Sección Cuarta del Consejo de Estado resolver los recursos de
apelación formulados por las partes demandante y demandada en contra de la
sentencia de primera instancia, que declaró la nulidad parcial de los actos
administrativos acusados, mediante los cuales la DIAN modificó la declaración del
impuesto sobre las ventas de CEPSA Colombia S.A., correspondiente al bimestre 4
del año 2014, y le impuso la sanción por inexactitud.

Conforme con el artículo 328 del Código General del Proceso, cuando ambas partes
hayan apelado la totalidad de la sentencia de primera instancia, el juez superior

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resolverá sin limitaciones. En esas condiciones, la Sala tiene competencia plena
para definir este debate consistente en establecer si procede o no el
desconocimiento del IVA descontable generado en la (i) adquisición del equipo de
fondo para la extracción del crudo del pozo Cara Cara Sur C19 registrado por la
actora como un activo diferido y (ii) del servicio para la elaboración de un informe de
responsabilidad social y sostenibilidad. De igual forma, deberá establecerse (iii) si la
sanción por inexactitud resulta procedente.

1. Sobre la procedencia del IVA descontable en la adquisición del equipo
de fondo

De conformidad con los actos administrativos demandados, el IVA pagado por
CEPSA en la adquisición de un equipo que se instaló dentro de un pozo petrolífero
con la finalidad de facilitar la extracción de crudo, que es exportado (producto exento
susceptible de devolución bajo el artículo 481 del Estatuto Tributario), no puede dar
lugar a un impuesto descontable, a la luz del artículo 491 del Estatuto Tributario, en
la medida en que ese equipo constituye un activo fijo. Para llegar a esta conclusión,
la DIAN expuso los siguientes argumentos.

En primer lugar, que la venta del equipo de fondo no hacía parte del giro ordinario
de los negocios de la actora, pues era un bien necesario e indispensable para llevar
a cabo su actividad de exploración y explotación de hidrocarburos. En segundo
lugar, que el hecho de que, para efectos contables, el equipo de fondo se haya
registrado como un activo diferido no cambiaba su naturaleza fiscal de activo fijo,
pues tal condición dependía era de la destinación, naturaleza, características y
relación que tuviera un determinado bien con la actividad productora de renta de los
contribuyentes.

En tercer lugar, la demandada puso de presente que, en la sentencia del 22 de
septiembre de 2000 (Exp. 9975, C.P. Julio Enrique Correa Restrepo), el Consejo de Estado
reconoció que, tratándose de la industria petrolera, «está previsto que las inversiones
amortizables pueden estar representadas en terrenos o bienes depreciables -como el activo equipo
de fondo-, conceptos que corresponderían a la noción de «activos fijos tangibles», pero que, en todo
caso, no serían deducibles por el sistema de amortización de inversiones por estar expresamente
excluidos de la normas»13, esto es, en los artículos 142 y 159 del Estatuto Tributario.

Finalmente, en cuarto lugar, la DIAN indicó que la sociedad demandante había
interpretado equivocadamente la normativa relacionada con la amortización de
inversiones para la industria petrolera, en la medida en que la erogación por ella
realizada, consistente en la adquisición del equipo de fondo, correspondía a un bien
depreciable a los que se les atribuye la calidad de activo fijo14.

En contraste, tanto la sociedad contribuyente como el Tribunal de primera instancia
consideraron que el equipo de fondo no podía ser catalogado como un activo fijo,
sino que, por el contrario, debía ser considerado un costo necesario para la
exploración y explotación de hidrocarburos que debía registrarse contablemente
como un cargo diferido, a la luz de los artículos 142, 143 y 159 del Estatuto
Tributario. Por consiguiente, el IVA pagado por la actora en la adquisición de dicho
equipo sí daba derecho a un impuesto descontable.

13 Fl. 461 vlto. de los antecedentes administrativos, que corresponde a la página 14 de la Resolución del
Recurso de Reconsideración.
14 Ibidem.
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Para resolver, se tiene que el artículo 142 del Estatuto Tributario (vigente para el año
gravable 2014) establecía:

«Artículo 142. Deducción por amortización de inversiones. Son deducibles en la proporción
que se indica en el artículo siguiente, las inversiones necesarias realizadas para los fines del
negocio o actividad, si no lo fueren de acuerdo con otros artículos de este capítulo y
distintas de las inversiones en terrenos.
Se entiende por inversiones necesarias amortizables por este sistema, los desembolsos
efectuados o causados para los fines del negocio o actividad susceptibles de demérito y que,
de acuerdo con la técnica contable, deban restarse como activos, para su amortización en
más de un año o período gravable; o tratarse como diferidos, ya fueren gastos preliminares
de instalación u organización o de desarrollo; o costos de adquisición o explotación de minas
y de exploración y explotación de yacimientos petrolíferos o de gas y otros productos
naturales.
También es amortizable el costo de los intangibles susceptibles de demérito». (Subrayado de
la Sala).

A la luz de la norma transcrita, las inversiones necesarias amortizables son
deducibles en el impuesto de renta, siempre y cuando no lo sean bajo lo dispuesto
en otras normas, y, se entiende por estas, aquellas erogaciones efectuadas para
los fines del negocio o la actividad, que sean susceptibles de demérito y que, según
la técnica contable, deban registrarse como activos para su amortización en más de
un periodo gravable; como cargos diferidos, cuando se trate de gastos preliminares
de instalación, organización o desarrollo; o como costos de adquisición o
exploración de yacimientos petrolíferos o de gas y otros productos naturales.

A su vez, el artículo 159 del Estatuto Tributario (también vigente para el año 2014)
disponía:
«Articulo 159. Deducción por inversiones amortizables en la industria petrolera y el sector
minero. Para los efectos del artículo 142, en las inversiones necesarias realizadas en materia
de minas y petróleos, distintas de las efectuadas en terrenos o en bienes depreciables,
se incluirán los desembolsos hechos tanto en áreas en explotación como en áreas no
productoras, continúas o discontinúas». (Énfasis y subrayado de la Sala).

Sobre este particular, vale la pena reiterar que el artículo 142 permite la deducción
en el impuesto a la renta de las inversiones necesarias amortizables, en la medida
en que no sean deducibles conforme con otros artículos del mismo capítulo del
Estatuto Tributario al que pertenece esa norma. Por esa razón, comoquiera que la
depreciación de los activos tangibles es deducible en materia del impuesto sobre la
renta bajo los artículos 134 y siguientes, el artículo 159 del Estatuto Tributario reitera
que los bienes depreciables no son deducibles bajo lo dispuesto en el artículo 142
ibidem.

Lo anterior, a su vez, resulta concordante con las normas contables, en la medida
en que el artículo 67 del Decreto 2649 de 1993 establece cuáles activos deben
reconocerse como diferidos para ser amortizados, siempre y cuando los bienes que
se registren allí sean «distintos de los regulados en los artículos anteriores», que comprenden
la propiedad, planta y equipo, susceptible de depreciación, bajo el artículo 64 del
mismo decreto. Argumento que fue expuesto por la DIAN en los actos acusados.
Esto tiene relevancia en materia del impuesto sobre las ventas en la medida en que
el artículo 491 del Estatuto Tributario establece que «El impuesto a las ventas por la
adquisición o importación de activos fijos no otorgará derecho a descuento» . Así las cosas, es
claro entonces que lo pagado en la adquisición de un bien tangible, que sea un
activo fijo susceptible de depreciación, no constituye costo deducible en materia del
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impuesto a la renta bajo el artículo 142 del Estatuto Tributario y tampoco puede
considerarse como impuesto descontable el IVA que se pague por dicho bien, por
la prohibición expresa del artículo 491 ibidem.

Obsérvese que, cuando se trata de la adquisición de bienes corporales, esta
Judicatura15 ha destacado que lo relevante es establecer la naturaleza del bien,
dado que, en caso de que el mismo constituya un activo fijo depreciable, el IVA
pagado en su adquisición no puede ser tratado como descontable, así:
«Según el artículo 488 del ET, como regla general, es descontable el IVA pagado en la
adquisición de servicios y bienes corporales muebles, así como en las importaciones que, de
acuerdo con las normas del impuesto sobre la renta, resulten computables como costo o gasto
y se destinen a operaciones gravadas. Sin embargo, esa conclusión no es extensible a los
bienes corporales muebles que constituyan activos fijos, pues estos están sujetos a
reglas especiales. Concretamente, el artículo 491 del ET dispone que el IVA soportado
por la adquisición o importación de activos fijos no otorgará derecho a descuento. De
ahí que, las reglas aplicables de cara al IVA pagado en la adquisición de repuestos sean
determinadas por la naturaleza del bien adquirido, esto es, si debe registrarse como mayor
del activo o como una erogación (costo o gasto) durante el ejercicio». (Énfasis de la Sala).

Los activos fijos (también conocidos como propiedad, planta y equipo) representan los bienes
de un ente económico que ordinariamente no están destinados para la venta, ya
que no hacen parte del giro ordinario de los negocios, sin que ello signifique que su
enajenación esté prohibida. Esta clase de activos se adquieren con la finalidad de
ser utilizados en la producción, comercialización de bienes o prestación de servicios
en desarrollo de la actividad económica de un contribuyente, o bien para entregarlos
en arrendamiento o usarlos en la administración de la empresa16. Estos activos son
susceptibles de depreciación, que es el reconocimiento de la pérdida del valor del
bien a lo largo de su vida útil, de acuerdo con los artículos 134 y 135 del Estatuto
Tributario, así como con el artículo 64 del Decreto 2649 de 1993, todos aplicables
en la época de los hechos del caso.

Para establecer la naturaleza de los activos fijos, se debe atender a lo dispuesto en
el artículo 60 del Estatuto Tributario. Esa disposición legal define, para efectos
fiscales, los activos fijos como aquellos «bienes corporales muebles o inmuebles y los
incorporales que no se enajenen dentro del giro ordinario de los negocios del contribuyente». Es
decir, que de esta clase de activos «participan tanto los bienes corporales como los
intangibles, que están destinados a ser incorporados en la actividad productora de renta» 17.

Esta Sección ha precisado que lo relevante para determinar la naturaleza de un bien
como activo fijo está dado por su destinación, esto es, si fue adquirido para no ser
enajenado en desarrollo de la actividad económica ordinaria del contribuyente. Por
consiguiente, otros aspectos como el hecho de que el activo haya producido o no
ingresos18, su permanencia en el patrimonio del ente económico o su
contabilización19, son circunstancias irrelevantes para determinar su naturaleza.

15 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Sentencias del 10 de noviembre
de 2022, exp. 25295, C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
16 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Sentencia del 12 de mayo de
2010, Exp. 17135, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia.
17 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Sentencia del 23 de marzo de
2006, Exp. 15806, C.P. Ligia López Díaz, reiterada en la sentencia del 7 de marzo de 2024, Exp. 26651,
C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
18 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Sentencia del 12 de mayo de
2010, Exp. 17135, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia.
19 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Sentencia del 3 de septiembre
de 2020, Exp. 23983, C.P. Milton Chaves García.
17

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Demandante: CEPSA Colombia S.A,

En esas condiciones, para la Sala es claro que las inversiones que realicen los
contribuyentes dedicados a la actividad de exploración y explotación de
hidrocarburos en bienes tangibles que se destinen al proceso productivo, que no a
ser enajenados dentro del giro ordinario de los negocios, constituyen activos fijos.
En consecuencia, no es posible tomar como descontable el IVA pagado en su
adquisición, a la luz de la prohibición prevista en el artículo 491 del Estatuto
Tributario.

En este punto, es muy importante aclarar que, contrario a lo expuesto por la
sociedad demandante, los activos fijos no pueden confundirse con los activos
registrados en las cuentas de cargos diferidos ni con los costos de producción del
ente económico.

Los costos de producción son erogaciones asociados directamente a la producción
del bien, y, generalmente, de acuerdo con el artículo 58 del Estatuto Tributario se
reconocen como deducibles en el mismo período en que se da su causación. A su
vez, los costos que pueden contabilizarse como activos diferidos son aquellos
relacionados con la adquisición, exploración o explotación de yacimientos
petrolíferos y diferentes de los terrenos o los activos depreciables, que si bien, en
principio, serían deducibles en su totalidad en el período en el que se causan, no se
llevan como tal, sino en las proporciones indicadas en los artículos 142 y 143 del
Estatuto Tributario, porque bajo el principio de asociación los beneficios económicos
relacionados con esos costos se dan en períodos diferentes al de su causación.

En el caso de los activos fijos, comoquiera que no están destinados para la venta
dentro del giro ordinario de los negocios, sino a ser empleados de forma permanente
en la cadena de producción, la erogación por la adquisición de estos no es un costo
deducible en materia del impuesto a la renta en el período gravable en el que se
adquiere, sino que, por el contrario, aquello que puede llegar a constituir un costo
de producción es la depreciación de esos activos. En ese sentido, y considerando
la prohibición del artículo 491 del Estatuto Tributario, el IVA pagado en la adquisición
de los activos fijos se convierte, para el contribuyente, en un mayor valor del activo,
el cual se llevará vía depreciación como gasto deducible o como costo de
producción, y no como impuesto descontable bajo el artículo 488 del Estatuto
Tributario.

Descendiendo al caso concreto, se observa que, frente al equipo de fondo, no existe
controversia entre las partes en cuanto a que es un activo tangible, susceptible de
depreciación. De hecho, esto fue aceptado por la propia actora en el concepto de
violación de la demanda20.

En esas condiciones, para la Sala es claro que, para efectos fiscales, ese equipo
constituye un activo fijo, a la luz del artículo 60 del Estatuto Tributario y, por esa
razón, la demandante no tenía derecho a tomar como descontable el IVA pagado
en su adquisición, en virtud de la limitación prevista en el artículo 491 ibidem.

Esto es así, en primer lugar, porque según lo puso de presente la propia actora, el

20 En el folio 11 de la demanda, la actora expresó: Ahora bien, respecto del ánimo de permanencia del activo
como lo sugiere la DIAN, este no existió, si bien CEPSA lo registró como un activo, esto se debió a una
exigencia de la técnica contable señalada previamente según la cual, se reitera, dispone (sic) “Se deben
registrar como cargos diferidos los costos incurridos durante las etapas de organización, construcción,
instalación, montaje y puesta en marcha”, no obstante, este equipo de fondo se deprecia conforme lo
exige la técnica contable para finalmente desaparecer una vez se deprecia totalmente. (Subrayado del
texto original y énfasis de la Sala).
18

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Demandante: CEPSA Colombia S.A,

equipo de fondo fue adquirido para ser instalado en uno de los pozos petrolíferos,
con el objetivo de facilitar la extracción del crudo, que no para ser enajenado dentro
del giro ordinario de sus negocios. Por lo tanto, no hay duda de que el equipo de
fondo constituyó una erogación vinculada a otro activo fijo (i.e. el pozo), pues fue
absolutamente necesario para su puesta en funcionamiento y para emplearlo de
forma permanente en la producción de ese pozo. Todo lo cual refuerza su
naturaleza de activo fijo.

También se robustece esa naturaleza, porque la actora aceptó que el equipo era un
bien susceptible de depreciación bajo la técnica contable, de manera que, a la luz
de los artículos 134 y 135 del Estatuto Tributario, el equipo generaba erogaciones
deducibles por concepto de depreciación en el impuesto a la renta y, en esa medida,
no era una inversión amortizable bajo los artículos 142 y 159 ibidem, así que el IVA
pagado en su adquisición no es descontable, por la expresa prohibición legal
prevista en el artículo 491 ibidem.

Sobre este particular, obsérvese que, en la sentencia de primera instancia, el
Tribunal consideró que procedía como descontable el IVA pagado en la adquisición
del equipo de fondo porque era un costo relacionado con la explotación del
yacimiento de hidrocarburos, que debía registrarse contablemente como un cargo
diferido. La Sala se aparta de este razonamiento, porque, como ya se mencionó, el
artículo 67 del Decreto 2649 de 1993 indicaba que sólo se registraban como cargos
diferidos aquellos bienes diferentes a los regulados en las normas anteriores de ese
reglamento, siendo parte de aquellos los bienes susceptibles de depreciación, de
acuerdo con lo indicado en el artículo 64 ibidem. Es decir, si por su naturaleza el
activo era depreciable, tal y como ocurre con el equipo de fondo, bajo la propia
técnica contable este no podía registrarse como un activo diferido conforme con el
artículo 67 ibidem, siendo entonces aplicables los artículos 159 y 491 del Estatuto
Tributario, que no los artículos 142 y 488 ibidem.

En coherencia con lo expuesto, el IVA pagado en la adquisición del equipo de fondo
debía haber formado parte del mayor valor de ese activo y, en esa medida, podría
haberse tomado como un costo deducible vía depreciación en el impuesto sobre la
renta, más no como un impuesto descontable de aquellos que generan derecho a
devolución bajo el artículo 481 del Estatuto Tributario (i.e. exportación de crudo).

Resulta importante adicionar en este punto que el precedente citado por el
Tribunal21 no resulta relevante para resolver el caso en cuestión, toda vez que esa
providencia sólo menciona que los activos diferidos registrados bajo el artículo 142
del Estatuto Tributario y la técnica contable, hacen parte del activo del contribuyente
para efectos del impuesto al patrimonio. Es decir, en los hechos de ese caso no hay
discusión sobre la naturaleza de los activos, sino sobre qué hace parte del
patrimonio y qué hace parte del gasto, lo cual no es materia de debate en este caso.

Finalmente, es necesario precisar que la naturaleza de activo fijo del equipo de
fondo no se desdibuja por el hecho de que sólo pueda ser utilizado en un
determinado pozo petrolífero y que, en consecuencia, una vez extraído el crudo, el
equipo no pueda ser reutilizado en otro pozo. Esto es así, puesto que, como se
señaló antes, el término de permanencia que el activo tenga en el patrimonio del
contribuyente o el hecho de que ayude a la generación de ingresos es irrelevante
para determinar su naturaleza de activo fijo, en la medida en que ello únicamente

21 Esto es, la sentencia del 10 de octubre de 2018, Exp. 21642, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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depende de que no se haya adquirido para ser enajenado en el giro ordinario de los
negocios del contribuyente, sino para integrarse a su actividad productora de renta,
condición que se encuentra plenamente acreditada en este caso concreto.
Prospera el cargo de apelación formulado por la entidad demandada. En
consecuencia, procede el rechazo como descontable del IVA pagado por la
sociedad actora en la adquisición del equipo de fondo.
2. Sobre la procedencia del IVA descontable en la adquisición del servicio
con Creo Consultores S.A.S.
En los actos administrativos demandados, la DIAN desconoció como descontable
el IVA pagado por la sociedad contribuyente en la adquisición de un servicio
correspondiente a la realización de «materialidad interna, parametrización de la plataforma y
capacitación a los reportantes», según se describe en la Factura de Venta Nro. C-0073
del 20 de junio de 2014. La demandada basó esta decisión en que la contribuyente
no aportó los soportes internos y externos que demostraran la efectiva prestación
de ese servicio y su relación o vinculación con el crudo exportado. Agregó, además,
que CEPSA no acreditó que este gasto fuese indispensable en el sector de
explotación de hidrocarburos y, por lo tanto, que fuese necesario para que la actora
llevara a cabo su actividad productora de renta.
En el otro extremo, la demandante precisó que dicho servicio tuvo como finalidad la
preparación de un informe de responsabilidad social y sostenibilidad sobre sus
resultados del año 2013, que sirvió para calificar su desempeño económico, social
y ambiental, en virtud de metodologías de reporte internacional, aplicables,
especialmente, al sector petrolero. Afirmó que este informe le permitió divulgar el
cumplimiento de sus políticas de responsabilidad social al público en general y, en
particular, a las comunidades, gremios y autoridades locales de las zonas en las
que desarrolla su actividad económica. En ese sentido, aseveró que el servicio sí
estuvo ligado a la operación de exportación que efectuó y que sin el relacionamiento
social que le permitió el informe, su actividad económica podría verse interrumpida
o limitada.
En adición, en el recurso de apelación, la demandante resaltó que, para demostrar
la prestación efectiva del servicio, aportó la factura C-0073, junto con el
correspondiente registro contable, y demostró que el valor de la factura era
concordante con lo asentado en los libros diarios de contabilidad de los meses de
julio y agosto de 2014, en el libro mayor y en los balances registrados en la Cámara
de Comercio, aun cuando no tenía la obligación de hacerlo.
Para resolver, la Sala comienza por resaltar que las condiciones necesarias que
deben configurarse para que el impuesto sobre las ventas sea descontable deben
ser comprobadas por el contribuyente, en la medida en que, en virtud del principio
de la carga de la prueba, está obligado a demostrar el supuesto de hecho de las
normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen que, en este caso, es
la procedencia de un impuesto descontable que aminora su carga fiscal en materia
del IVA.
Ahora bien, para tener derecho al descuento del IVA es necesario que la realidad
de la operación económica que le dio origen se encuentre plenamente probada y,
en adición, que se cumplan las dos condiciones previstas en el artículo 488 del
Estatuto Tributario, a las que se hizo referencia en el apartado anterior de esta
providencia.

20

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Descendiendo al caso concreto, la Sala considera que el IVA descontable en
discusión no es procedente. Lo anterior, porque la realidad de la operación es la
premisa fundamental para la aceptación de un impuesto descontable, sin embargo,
la sociedad contribuyente no demostró la efectiva prestación del servicio por parte
de su proveedor, que supuestamente originó el IVA descontable en discusión.

Se resalta que, tanto en la sede administrativa como en la judicial, la actora se limitó
a aportar la factura de venta y los libros contables, en los que se registró la supuesta
operación de servicios que dio paso al IVA descontable incluido en su denuncio
privado. No obstante, para la Sala, ello no resulta suficiente para demostrar la
realidad de la operación y la efectiva prestación del servicio que, en este caso,
según lo señaló la demandante, consistía en un informe sobre el cumplimiento de
la responsabilidad social y los estándares de sostenibilidad de la contribuyente en
el año 2013, el cual, se destaca, no obra en el expediente.

Repárese en que la comprobación de la realidad de una operación económica
trasciende de la formalidad del soporte, aunque este constituya tarifa legal, a la luz
del artículo 771-2 del Estatuto Tributario. Por esa razón, aunque la factura sea un
requisito necesario para el reconocimiento de los impuestos descontables en
materia del IVA, lo cierto es que su exhibición no implica, indefectiblemente, que el
impuesto descontable sea procedente. Esto es así, porque, como lo ha señalado
esta Corporación, «la autoridad de impuestos está facultada para adelantar investigaciones
respecto de la operación documentada en la factura, con miras a afirmarla o desvirtuarla. En ese
evento, corresponderá al obligado tributario desplegar la actividad probatoria necesaria para
demostrar la realidad y las características de la transacción cuestionada mediante los medios de
prueba señalados en la ley (sentencia del 05 de febrero de 2019, exp. 22240, CP: Jorge Octavio
Ramírez Ramírez)»22. Todo lo cual no ocurrió en este caso concreto, según lo pusieron
de presente los actos administrativos demandados, en la medida en que no existe
prueba de que la prestación del servicio contratado se haya llevado a cabo (i. e. la
elaboración del informe sobre el cumplimiento de la responsabilidad social y los estándares de
sostenibilidad de la contribuyente en el año 2013).

No prospera el cargo de apelación formulado por la parte demandante.

3. Sanción por inexactitud

En la apelación, la sociedad actora adujo, en esencia, que la sanción por inexactitud
es improcedente porque no se cometió ningún hecho sancionable, pues las cifras
declaradas corresponden a su realidad contable y económica y, en todo caso,
porque se presentó una diferencia de criterios con la Administración respecto del
derecho aplicable.

La Sala considera que la sanción por inexactitud debe mantenerse, comoquiera que
la demandante no logró desvirtuar la presunción de legalidad de los actos
administrativos cuestionados. En consecuencia, quedó acreditado que incluyó en
su denuncio privado impuestos descontables improcedentes, sin que se aprecie una
diferencia de criterios sobre el derecho aplicable, en tanto que lo que se evidencia
es el desconocimiento de las normas que regulan la procedencia de los impuestos
descontables en materia de activos fijos (en el caso de la adquisición del equipo de fondo)
y una deficiencia probatoria (en el caso del servicio prestado por Creo Consultores S.A.S.),
según lo explicado en los apartes anteriores de la parte motiva de esta providencia.
22 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Sentencia del 18 de noviembre
de 2021, Exp. 25474, C.P. Milton Chaves García, que reiteró la sentencia del 29 de julio de 2021, Exp.
24827, C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
21

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Radicado: 25000-23-37-000-2019-00598-01 (27712)
Demandante: CEPSA Colombia S.A,

4. Decisión

De conformidad con todo lo expuesto, la Sala revocará la sentencia apelada que
anuló parcialmente los actos administrativos acusados y, en su lugar, negará las
pretensiones de la demanda.

5. Costas

La Sala se abstendrá de condenar en costas por no encontrarse probadas en el
expediente, conforme lo dispone el numeral 8 artículo 365 del Código General del
Proceso, aplicable por remisión del 188 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Revocar la sentencia del 16 de febrero de 2023, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B. En su lugar,
negar las pretensiones de la demanda.

2. Sin condena en costas.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al tribunal de
origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA
Presidenta

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILSON RAMOS GIRÓN

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Su validez e integridad puede ser consultada a través de la
siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador

22

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