Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2019-00632-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2019-00632-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 25000-23-37-000-2019-00632-01
Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello
6 de febrero de 2025
Radicado: 25000-23-37-000-2019-00632-01 (27937)
Demandante: LUI S.A.S.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGUELLO
Bogotá D.C., seis (06) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
Referencia Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación 25000-23-37-000-2019-00632-01 (27937)
Demandante LUI S.A.S
Demandado DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES – DIAN
Temas Declaración del impuesto sobre la renta del año gravable 2014.
Procedencia de Pasivos. Renta líquida gravable por activos
omitidos o pasivos inexistentes. Valoración probatoria.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación1 interpuesto por la parte demandante en
contra de la sentencia del 1 de junio de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B,2 que resolvió lo siguiente:
“Primero: Negar las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva de esta providencia.
Segundo: Por no haberse causado, no se condena en costas.
(…)”
ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA
El 30 de abril de 2015 la sociedad LUI S.A.S presentó su declaración del impuesto
sobre la renta del año gravable 2015, arrojando un saldo a favor.
El 4 de mayo de 2017, la sociedad presentó corrección del anterior denuncio
rentístico por el año 2014, registrando un saldo a pagar.
Previo requerimiento especial y su correspondiente respuesta, el 25 de abril de 2018
la DIAN profirió la Liquidación Oficial de Revisión No. 3224120180001483, mediante
la cual modificó la declaración de la actora en el sentido de rechazar pasivos
declarados a 31 de diciembre del 2014, adicionar rentas gravables por otros pasivos
no existentes de períodos no revisables, en ambos casos por créditos cuyos
acreedores son personas naturales, e imponer sanción de inexactitud a la tarifa del
100%.
La Liquidación Oficial fue objeto de recurso de reconsideración, pero la misma fue
confirmada mediante Resolución No.002933 del 25 de abril de 20194.
1
Samai. Índice 2«ED_C01_CD3 FOLIO 100-SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA, RECURSO DE APELACIÓN Y
AUTO QUE CONCEDE RECURSO APELACIÓN.(.zip) NroActua 2» Recurso de apelación PDF.
2
Ibidem. Sentencia 1ra instancia.pdf
3
Samai. Índice 2. « ED_C01_CD2 FOLIO 98-CONTESTACIÓN DEMANDA DIAN(.zip) NroActua 2 ». Antecedentes
administrativos PDF. Fl 650.
4
Ibidem. Fl 692.
1
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Demandante: LUI S.A.S.
ANTECEDENTES DEL PROCESO
Demanda5
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
contemplado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), la parte demandante formuló las
siguientes pretensiones:
“(…) se declare la nulidad de la Liquidación oficial de revisión No. 322412018000148–
División de Gestión de Liquidación de la DIAN - Seccional Bogotá, de fecha 25 de abril de
2018 “por medio de la cual se determinó modificar la declaración del impuesto derenta y
complementarios del año 2014”, de mí representada, y de la Resolución No. 002933 del
25 de abril de 219 expedida por la División de Gestiónde Recursos Jurídicos – Dirección de
Gestión Jurídico de la DIAN Seccional- Bogotá, por medio de la cual “se decide un recurso
de reconsideración” interpuesto contra la anterior y se agotó la Vía Gubernativa, actos
proferidos por la División de Gestión de Liquidación y Recursos Jurídicos respectivamente,
de la DIAN seccional Bogotá.”
A los anteriores efectos, la demandante invoca como normas violadas los artículos
29, de la Constitución Política de Colombia, 1 y 3 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 647, 683, 742, 745, 771, del
Estatuto Tributario.
El concepto de la violación de esas disposiciones se resume así:
1. Violación del derecho a la defensa
Señaló que la Administración violó el debido proceso y el derecho a la defensa,
consagrado en el artículo 29 de la Constitución, ya que, si bien formalmente esta le
concedió y resolvió un recurso, la misma no valoró de fondo los argumentos
presentados por la sociedad y mantuvo su decisión basada en simples inferencias
sin sustento legal sólido.
Preciso que la DIAN, actuando como juez y parte, priorizó el objetivo de recaudar
más impuestos utilizando deducciones infundadas, lo que viola las anteriores
garantías constitucionales y conlleva a la nulidad de los actos administrativos.
Para efectos de lo anterior, citó las Sentencias T-416 de 1998 de la Corte
Constitucional y del 4 de mayo de 1999, Exp. 6206, M.P. José Fernando Ramírez
Gómez de la Corte Suprema de Justicia, sobre el debido proceso y el criterio de
parcialidad, que debe atenderse en la administración cuando se es juez y parte.
2. Violación de los principios que rigen las actuaciones administrativas
Afirmó que la DIAN violó los principios orientadores de las actuaciones
administrativas que están consagrados en el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, específicamente los contenidos
en los artículos 1 y 3 de dicha norma.
El artículo 1º porque la Administración, al no atender ninguna de las razones de
hecho y de derecho presentadas en la vía gubernativa, dejó de lado que su
actuación debía tener por finalidad la de proteger y garantizar los derechos de las
5 Samai. Índice 2«ED_C01_CD1 FOLIO 75-COPIA DEMANDA(.zip) NroActua 2» DEMANDA RENTA 2014 LUI SAS.pdf
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personas, en primacía de los intereses generales sobre los particulares, y estar
sujeta a la Constitución y a las leyes. Y el artículo 3, específicamente el principio de
contradicción y debido proceso, porque la DIAN, a través de una interpretación
sesgada de las normas priorizó en su actuación el interés fiscalista.
Agregó que también se vulneró el principio de imparcialidad, pues no se le
garantizaron objetivamente sus derechos, y el principio de moralidad, que exige
actuar con lealtad hacia el derecho y la ley.
3. Violaciones de los principios y de la normatividad procedimental y
sustancial del Estatuto Tributario, específicamente de los artículos 683,
742, 745, 771.
Detalló que, tras una visita de inspección realizada por la DIAN, esta indujo a la
sociedad a corregir su declaración de renta, lo que fue realizado de acuerdo con las
indicaciones de dichos funcionarios. Señaló entonces que, a pesar de esto, la
Administración emitió requerimiento especial y liquidación oficial de revisión en la
que determinó un mayor valor de impuesto a pagar, utilizando la corrección que se
presentó voluntariamente como una supuesta confesión de error.
Afirmó que lo anterior vulneró sus derechos, porque la Administración utilizó la
corrección inducida como prueba de una confesión y basó sus conclusiones en un
análisis financiero incompleto y sin rigor.
Expuso que en los actos demandados la DIAN desconoció los pasivos declarados,
fundamentando su decisión en la supuesta incapacidad económica de tres
acreedores, incluyendo a Rosa Pineda de Pedraza, quien no había presentado
declaración de renta. Indicó que esa omisión es responsabilidad de la acreedora, y
no de la sociedad, pues se presentaron pruebas documentales válidas que
acreditaban los préstamos, las cuales no se descalificaron, ni tacharon de falsas, lo
que demuestra que la Administración basó sus conclusiones en inferencias sin un
sustento técnico adecuado. Agregó que cualquier omisión o imprecisión fiscal de los
terceros debe ser atribuida a ellos y no a LUI S.A.S., ya que la responsabilidad de
cumplir con las obligaciones tributarias recae en dichos terceros y no en la sociedad,
que obtuvo los recursos a través de contratos de mutuo.
Alegó que la demandada nunca explicó ni sustentó adecuadamente qué entiende
por "capacidad económica" de los terceros acreedores, y que, a pesar de reiterar
que esa es su principal prueba, la DIAN no demostró legal ni técnicamente este
concepto, limitándose a observar una "foto estática" del patrimonio de los terceros,
sin realizar un análisis financiero adecuado. Dijo que, además, ni en la resolución
que agota la vía gubernativa ni anteriormente, la Administración abordó el apartado
sobre la valoración de las pruebas, jurisprudencia y doctrina, lo cual era fundamental
para resolver la controversia.
Destacó que, como parte del análisis de la capacidad económica de los acreedores,
la Administración se basó en una observación superficial del patrimonio de los
mismos a una fecha específica, sin considerar los movimientos financieros que
estos pudieron haber tenido durante el año. Precisa que ese enfoque es insuficiente
y no refleja la verdadera situación financiera de los acreedores, lo que pone en duda
la validez de las conclusiones de los actos administrativos.
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Sobre lo anterior, explicó, de manera general que el artículo 683 del Estatuto
Tributario exige que los funcionarios actúen con un relevante espíritu de justicia, lo
cual no acató la demandada al actuar con un afán fiscalista, violando todo el
procedimiento tributario que es de obligatorio cumplimiento. Así mismo, dijo que
bajo el artículo 742 del Estatuto Tributario se requiere que las decisiones de la
Administración se basen en hechos probados, lo que la DIAN no respetó en su caso,
ya que sus actuaciones se basaron en simples inferencias y conclusiones erradas,
en lugar de un análisis imparcial y fundamentado en hechos probados.
Sostuvo sobre los pasivos que no era necesario presentar la prueba supletoria de
que trata el artículo 771 del Estatuto Tributario, porque la Administración nunca la
solicitó ni cuestionó la validez de los pagarés durante en la fase administrativa.
Señaló que, solo hasta la Liquidación Oficial la DIAN mencionó la supuesta falta de
esta prueba, lo cual en su concepto es improcedente. Agregó que la prueba
supletoria solo se exige cuando la prueba principal no cumple con los requisitos
legales o es desechada, lo que no ocurrió aquí, ya que los pagarés fueron aceptados
y contabilizados debidamente.
Afirmó que los pagarés presentados como prueba cumplen con todos los requisitos
legales, como la identificación de las partes, la cuantía, la clase de pasivo, las fechas
y demás elementos esenciales para su validez. Y es, mientras los mismos no sean
expresamente cancelados o anulados, los pagarés siguen constituyendo una
obligación o pasivo existente al cierre de cada año gravable.
Indicó que, incluso en caso de duda, la Administración debía haber glosado los
pagarés con base en otra normativa o causales, como posibles imprecisiones en la
contabilidad, lo cual no hizo, de manera que no tenía una base legal válida para
desconocer la existencia y validez de esos pagarés, lo que refuerza las pretensiones
de nulidad de los actos.
Agregó que la DIAN descalificó los préstamos “extra bancarios” sin una justificación
adecuada, a pesar de que los contratos de mutuo cumplían con todos los requisitos
legales. Reiteró que los contratos de mutuo presentados como prueba material
fueron debidamente suscritos y contenían todas las obligaciones claras, expresas y
exigibles, sin embargo, la Administración los descalificó de manera superficial.
Manifestó que con lo anterior se violó el artículo 745 del Estatuto Tributario, que
indica que "las dudas provenientes de vacíos probatorios se resuelven a favor del contribuyente "
pues la DIAN no aplicó este principio, aun cuando existía una prueba documental
irrefutable de los pasivos que rechazó, prueba que, por demás no fue tachada de
falsa. Y es que, si la Administración tenía dudas sobre aspectos formales de los
contratos de mutuo, como las firmas o la existencia de las personas naturales
otorgantes, debió aplicar el artículo 745 del Estatuto Tributario, resolviendo las
dudas probatorias en favor de la sociedad, o debió al menos haber optado por
profundizar en la investigación de los terceros o aplicar el principio que consagra
este artículo, pero no lo hizo, lo que representa una clara inaplicación del mismo.
4. Sanción por inexactitud
Consideró que no procede la sanción de inexactitud porque la infracción alegada
por la DIAN se basa en una diferencia de criterios sobre la normatividad aplicable y
no en la inclusión de pasivos inexistentes o falsos. Afirmó que la declaración de
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renta reflejó acreencias ciertas y probadas, y los pasivos fueron correctamente
incluidos en la contabilidad de la sociedad.
Precisó que según el artículo 647 del Estatuto Tributario, no se configura inexactitud
cuando el menor valor a pagar resulta de una diferencia de criterio entre la
Administración y el contribuyente sobre la interpretación del derecho aplicable,
siempre que los hechos y cifras declarados sean completos y verdaderos. Por tanto,
la sanción no es procedente en este caso, ya que no se probó que los datos
declarados fueran falsos, incompletos o desfigurados, como erróneamente sostiene
la demandada.
Oposición de la demanda6
La DIAN sostuvo que las pretensiones de la demandante no deben prosperar, ya
que los actos administrativos son legales y fueron emitidos conforme a la normativa
tributaria aplicable.
Indicó que realizó su análisis con fundamento en los artículos 742 del Estatuto
Tributario, según el cual las decisiones deben basarse en hechos probados; 743,
que se refieren a la idoneidad de los medios de prueba y a que esto se valora según
su conexión con los hechos y su capacidad de convencimiento; y el 750, que indica
que las declaraciones de terceros se consideran pruebas testimoniales bajo ciertos
principios.
Dijo que en la actuación administrativa se siguió el procedimiento establecido en los
artículos 703, 705 y 714 del Estatuto Tributario, que regulan la emisión de
requerimientos especiales respetando el debido proceso.
Citó jurisprudencia del Consejo de Estado7 sobre la acreditación de pasivos y
valoración de la prueba, señalando que de la misma se sustrae que el artículo 746
del Estatuto Tributario establece una presunción legal sobre los hechos declarados
por el contribuyente en su denuncio rentístico, pero esta puede ser desvirtuada por
la DIAN a través de su facultad de fiscalización, la cual permite comprobar la
veracidad y certeza de los hechos económicos declarados.
Señaló, de igual manera que, con base en esas sentencias, la prueba contable es
uno de los medios más importantes para respaldar los hechos declarados para los
obligados a llevar contabilidad, y esta debe cumplir con ciertos requisitos formales,
establecidos en el Código de Comercio y otras normas aplicables. Los libros
contables, junto con los comprobantes internos y externos, son esenciales para
reflejar la realidad de los hechos económicos.
Continuó indicando que esa jurisprudencia también menciona que la contabilidad
refleja la realidad del hecho económico y que esta debe estar respaldada en
comprobantes. Los comprobantes externos e internos y demás documentos que
soportan la contabilidad son los que permiten tener un alto grado de certeza sobre
los hechos económicos declarados por el contribuyente, pues esta solo revela y
traduce la realidad de los hechos, y, en consideración a esto los comprobantes
6
Samai. Índice 2. «ED_C01_CD2 FOLIO 98-CONTESTACIÓN DEMANDA DIAN(.zip) NroActua 2.zip».. CONTESTACIÓN
DE DEMANDA Y PODER 2019-00632.pdf
7
Consejo de Estado, Sección Cuarta, Sentencias del 31 de marzo de 2000, Exp. 9744, M.P. Germán Ayala Mantilla, del
25 de septiembre de 2008, Exp. 16015, M.P. Ligia López Diaz, del 23 de febrero de 2011, Exp. 17480, M.P. Carmen
Teresa Ortiz de Rodríguez, 1° de marzo de 2012, Exp. 17568, M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas, del 1 de noviembre
de 2012, Exp. 18541, M.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez, del 9 de abril de 2015, Exp. 19785, M.P. Martha Teresa
Briceño de Valencia.
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tienen más valor que los simples registros contables.
Aseveró que la demandante no presentó la prueba documental adecuada para
demostrar la existencia de los pasivos que reclama, y que si bien la Administración
evaluó de manera apropiada las pruebas presentadas por la actora, determinó que
las mismas no eran suficientes, lo que justificó el desconocimiento de dichos pasivos
en los actos administrativos demandados.
Adujo que, de acuerdo con el artículo 771 del Estatuto Tributario, si no se acreditan
los pasivos con documentos idóneos, deben ser desconocidos, salvo que se
demuestre que las cantidades y rendimientos respectivos fueron declarados
oportunamente por el beneficiario (prueba supletiva), lo cual no fue probado en este
caso por la demandante. Agregó que la simple presentación de un listado de
presuntos acreedores no es suficiente, ya que este presenta múltiples deficiencias
que la hacen inviable como prueba.
Afirmó que, a partir de la jurisprudencia que citó, se infiere que cuando el
contribuyente está obligado a llevar contabilidad, para que esta sea válida como
prueba de los pasivos, la misma debe estar respaldada por soportes internos o
externos que justifiquen su registro contable y permitan establecer la clase de
pasivo, su procedencia, vigencia y existencia al final del período gravable.
Considerando lo anterior, concluyó que los contratos de mutuo aportados por el
contribuyente no constituyen prueba idónea para demostrar la realidad de los
pasivos contabilizados y declarados. Precisó que, al cotejar esos contratos con la
contabilidad de la demandante y verificar los auxiliares donde se registraban los
pasivos a nombre de los acreedores (Rosa Pineda de Pedraza, Cristóbal Pedraza
Pineda, Juliana Ospina Agamez, OYM Services S en C y Agua Marina Hotel
Boutique.), y al realizar cruces con éstos, pudo determinar que los pasivos derivados
de esos contratos no estaban plenamente demostrados.
Dijo así mismo que, los contratos no cumplen con las condiciones necesarias para
ser considerados documentos idóneos, que funjan como comprobantes externos y
guarden relación con los registros contables, ya que no reflejan la realidad
económica de las operaciones. En particular, no especifican una obligación clara,
expresa y exigible, ni incluyen elementos fundamentales como las condiciones,
forma de desembolso, plazos de pago o intereses, lo que impide su aceptación
como prueba válida de los pasivos, según lo dispuesto en los artículos 770, 771 y
283 del Estatuto Tributario.
Afirmó que si bien los pasivos parecen reales al estar documentados y registrados
en la contabilidad, la falta de coherencia entre esos registros, las pruebas y el
análisis de los acreedores fue imposible confirmar la realidad de las operaciones,
concluyendo que, como no fue posible establecer obligaciones claras, expresas y
exigibles a favor de los presuntos acreedores y con cargo a la, la Administración
desestimó los documentos aportados por la actora para demostrar los pasivos, y
por ello aplicó lo dispuesto en el artículo 239-1 del Estatuto Tributario.
Sentencia apelada
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones de la demanda
y no condenó en costas, por las siguientes razones:
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Se refirió a los artículos 283 y 770 del Estatuto Tributario, que prevén que para que
un pasivo sea aceptado en la declaración de renta el contribuyente que está
obligado a llevar contabilidad debe conservar los documentos correspondientes a la
cancelación de la deuda y respaldar dichos pasivos con documentos idóneos, que
cumplan con todas las formalidades exigidas para efectos de la contabilidad.
Citó el artículo 771 del Estatuto Tributario, que indica que si no se cumple con lo
previsto en los artículos anteriores el pasivo será desconocido, a menos que se
aporte una prueba supletoria, y precisó que esa prueba consiste en demostrar que
las cantidades adeudadas por concepto de capital y sus rendimientos fueron
oportunamente declarados por el acreedor beneficiario del pasivo. Mencionó que,
en caso de no cumplirse con esos requisitos (arts. 283 y 770) o con la prueba
supletoria, la Administración Tributaria puede considerar los pasivos como
inexistentes, y, de acuerdo con el artículo 239-1 del mismo Estatuto, adicionar su
valor como renta líquida gravable, determinando un mayor valor de impuesto a
cargo, y generándose por este concepto sanción por inexactitud.
Respecto de los tres acreedores, personas naturales, cuyos pasivos fueron
desconocidos y dan lugar a la glosa, encontró que los créditos que estos habían
otorgado a la demandante tenían origen en contratos de mutuo abierto, en los que
se observaron varias características en común, siendo estas que, en dichos
contratos no se establecía una suma cierta, sino un tope máximo que los
prestamistas ponían a disposición de la actora, durante un periodo de hasta 8 años,
lo que no permitía definir con claridad las cifras de crédito atribuibles a cada año o
período. Así mismo que, todos los contratos databan de enero de 2011, pero no se
justificó la necesidad de obtener esas líneas de crédito en ese momento.
Agregó que los contratos indicaban que los desembolsos dependerían de las
necesidades de la empresa, y que serían soportados con documentos contables
que no fueron aportados como pruebas, ni en la actuación administrativa ni en la
judicial. Precisó que, aunque los contratos preveían obligaciones cruzadas entre las
partes, no se detalló el motivo o la naturaleza de esas obligaciones, lo que dificultaba
entender las condiciones reales del endeudamiento. Tampoco se definió en dichos
documentos de forma clara una tasa de interés aplicable, solo se mencionaba que
sería variable y no excedería el interés presuntivo legal, lo que generaba indefinición
sobre los términos del contrato.
Con base en lo anterior, concluyó que como los pasivos registrados por la actora no
se justificaron adecuadamente con esos contratos, no podían ser aceptados
fiscalmente sin la presentación de pruebas adicionales que avalaran la constitución
de las supuestas obligaciones, por lo cual era necesario entrar analizar cada una de
las tres operaciones cuestionadas por la DIAN.
Precisado lo anterior, el Tribunal indicó que ninguno de los acreedores tenía una
capacidad económica que justificara los préstamos otorgados a LUI SAS. Dijo que
en el caso de Rosa Pineda, esta no declaró renta en los años correspondientes a
los pasivos y, además, tenía una base de cotización de aportes a la seguridad social
baja, lo que no coincidía con los montos o recursos que supuestamente había
prestado.
Añadió que, en cuanto Cristóbal Pedraza, aunque era representante legal de la
actora, este tampoco tenía ingresos suficientes para justificar los préstamos, y
además, los registros contables mostraban pagos de gastos personales a su título,
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en lugar de reflejar deudas empresariales. Sostuvo que, en el caso de Juliana
Ospina tampoco se demostró ingresos o un patrimonio que le permitiera a ella
otorgar un préstamo de la magnitud reportada por la demandante.
Afirmó que lo común en los tres casos era entonces que, en los registros contables
de la actora figuraban pagos de gastos personales hechos en favor de los
acreedores en lugar de evidenciar operaciones propias de un endeudamiento
empresarial. Por ejemplo, en el caso de Rosa Pineda, se registraron pagos de
servicios de salud, compra de apartamentos y servicios de ambulancia. Con
Cristóbal Pedraza, se encontraron registros de pagos relacionados con membresías
en clubes de golf, tarjetas de crédito y administración de condominios. En cuanto a
Juliana Ospina, los registros reflejaban pagos de lavandería, impuestos prediales y
adecuaciones de apartamentos.
A partir de lo anterior, concluyó que esos pagos personales no tienen una lógica
comercial ni son coherentes con una operación de crédito empresarial. Más bien,
estos registros tergiversan la naturaleza del supuesto préstamo, pues solo reflejan
el pago de obligaciones particulares de los acreedores, lo que desvirtúa la veracidad
de las operaciones de endeudamiento. Y es que, lo que debió probarse en este caso
era la capacidad financiera de los acreedores para conceder los préstamos, junto
con la existencia de los desembolsos, todo mediante documentos que reflejaran
transferencias bancarias, pagos de intereses y una relación comercial efectiva entre
las partes. Sin estas pruebas, los pasivos no podían ser aceptados fiscalmente.
Concluyó que la actora no cumplió con los requisitos para la aceptación de los
pasivos, según el artículo 283 del Estatuto Tributario, ya que no presentó
documentos idóneos ni prueba supletoria. En consecuencia, confirmó el rechazo de
los pasivos y la adición de las sumas correspondientes.
En cuanto a la sanción por inexactitud, decidió mantenerla ya que la demandante
incurrió en la conducta descrita en el artículo 647 del Estatuto Tributario, al incluir
pasivos inexistentes e improcedentes en la declaración de renta del año 2014 y no
haber diferencia de criterios legales que justificaran esa conducta.
No condenó a la parte vencida al pago de costas, dado que la parte interesada no
demostró ni siquiera sumariamente la causación de estos gastos, lo cual es un
requisito para establecer dicha condena.
Recursos de apelación8
La parte demandante presentó recurso de apelación, en el que expuso los
siguientes argumentos:
Sostuvo que la sentencia de primera instancia se limitó a validar los argumentos
presentados por la DIAN, sin realizar un análisis profundo e independiente. Dijo que
el fallo se basó exclusivamente en las pruebas y afirmaciones presentados por la
demandada, y mencionó que los argumentos y “hechos probatorios” que presentó
la misma, y que validó el Tribunal, se basaron en deducciones e inferencias
fiscalistas.
8 Samai, índice 2«ED_C01_CD3 FOLIO 100-SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA, RECURSO DE APELACIÓN Y
AUTO QUE CONCEDE RECURSO APELACIÓN.(.zip) NroActua 2» Recurso de apelación PDF.
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Demandante: LUI S.A.S.
Indicó que si bien el juez de primera instancia no desconoció las pruebas que aportó
al proceso, el mismo no las evaluó de manera adecuada y no contextualizó los
hechos correctamente.
Afirmó que no se desvirtuaron las pruebas presentadas, y tan es así que el Tribunal
no tachó de invalidas las pruebas contables y documentales, ni invocó la ausencia
de algún requisito legal que conllevará a la nulidad de estas o a tenerlas por
inconducentes o impertinentes.
Precisó que las observaciones del despacho de primera instancia, tales como la
similitud en el contenido, forma y alcance de los pagarés, no descalifican los
mismos, e indicó que "nada de ello es ilegal" y que dichas características
simplemente reflejan la manera en que negoció con sus acreedores, quienes son
personas naturales cercanas a la realidad empresarial.
Sostuvo que la afirmación del a quo de que los pagarés establecen un "techo" o
"tope" de préstamo entre las partes, por un tiempo de hasta ocho años, no implica
invalidez o nulidad de estos, dado que en los contratos de mutuo, la voluntad de las
partes, siempre que sea legal, es la norma que los rige, y la cual le otorga una amplia
libertad de negociación a las partes. Y es que, para la actora, cada parte evalúa si
las condiciones del negocio le son favorables, y una vez aceptadas, el acuerdo es
plenamente válido, incluso en términos fiscales.
Señaló que las afirmaciones del fallo, contenidas en el folio 19, están basadas en
un análisis equivocado, ya que no cuestionan la validez ni la realidad de la prueba
documental que demuestra la existencia de un pasivo, sino que por el contrario el
Tribunal se enfoca en aspectos formales, como la falta de fijación previa de una tasa
de interés, aspecto de libre negociación entre las partes. Agregó que el hecho de
que las tasas de interés sean variables, según las condiciones del mercado, no
invalida el acuerdo.
Tachó de subjetivas y fiscalistas las apreciaciones del juez, que se alinea con las
de la demandada, respecto de otras condiciones del contrato de mutuo, como la
flexibilidad en los desembolsos, que obedecía a las necesidades de la sociedad y
la ausencia de especificación de las prestaciones o intereses de los involucrados.
Adicionó que el Tribunal minimiza que las cuantías estaban registradas
correctamente en los libros contables, disponibles para la DIAN durante la
inspección tributaria.
En cuanto a las "apreciaciones" y argumentos relativos a los acreedores, indicó que
todos se referían a aspectos fuera de su ámbito de responsabilidad, ya que no le
corresponde verificar si los acreedores cumplen con obligaciones fiscales o
presentan declaraciones de renta. Enfatizó que no es ilegal ni inusual que familiares
o personas cercanas a una empresa presten dinero bajo condiciones comerciales
generales, siendo esta una forma común de financiamiento para pequeñas y
medianas empresas en Colombia.
Concluyó que los fundamentos del fallo no son válidos para rechazar los pasivos de
la actora y que el proceso debió ajustarse a los hechos probados, tal como lo
establece el artículo 742 del Estatuto Tributario. Además, se señala que, en caso
de duda, se debería haber aplicado el principio de “indubio pro-administrado”.
Reiteró que todos los argumentos legales y fácticos planteados en la demanda
original, invocándolos como parte integral de la apelación.
9
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Demandante: LUI S.A.S.
Oposición a la apelación
La DIAN guardó silencio.
Intervención del Ministerio Público
El agente del Ministerio Público no rindió concepto.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
Consideraciones preliminares
Corresponde a la Sección Cuarta del Consejo de Estado resolver el recurso de
apelación formulado por la parte demandante contra la sentencia de primera
instancia, que desestimó sus pretensiones, encaminadas a obtener la nulidad de los
actos administrativos demandados, mediante los cuales la DIAN modificó la
declaración de renta de la actora del año gravable 2014 y le impuso sanción de
inexactitud.
Concretamente, se debate si procede el rechazo de pasivos, la adición de rentas
gravables por pasivos inexistentes originados en períodos no revisables, y la
imposición de la sanción prevista en el artículo 647 del Estatuto Tributario.
Atendiendo a los términos del recurso de apelación, el problema jurídico a resolver
en esta instancia consiste en determinar si la valoración probatoria del Tribunal fue
correcta, y por tanto resultaba procedente el desconocimiento de pasivos, tanto del
periodo 2014 como aquellos correspondientes a periodos anteriores, que dieron
origen a la adición de rentas gravables, o si, por el contrario, conforme a las pruebas
obrantes en el expediente resultaban procedente los mismos.
Sin perjuicio de lo anterior, y considerando que la actora, actuando como apelante
única, además de cuestionar la valoración probatoria del a quo dijo que reiteraba
los argumentos planteados en la demanda, invocándolos como parte integral de la
apelación, se recuerda que, atendiendo a lo indicado en el artículo 244 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, esta Sala ha
explicado que “el requisito de sustentación del recurso de apelación exige que el interesado
manifieste de manera clara y concreta las inconformidades frente a la decisión recurrida. No se trata
de revivir la totalidad del debate, debe existir coherencia entre la decisión apelada y el recurso de
apelación, esto es, la sustentación debe referirse necesariamente a los fundamentos de la
providencia apelada.”9 Con lo cual, el debate se centrará únicamente en el cargo
anterior, donde el actor formuló de manera clara sus inconformidades.
Procedencia de pasivos
Como el cargo de apelación del presente caso recae sobre la indebida valoración
probatoria, supuestamente realizada por el a quo, del soporte de los pasivos del
2014 y períodos anteriores no revisables, debe recordarse que, bajo el artículo 746
del Estatuto Tributario los hechos establecidos en las declaraciones, en este caso
la correspondiente al impuesto de renta, se entienden veraces, “siempre y cuando
que sobre tales hechos, no se haya solicitado una comprobación especial, ni la ley la exija.”
Es decir, al ser esta una presunción legal el contribuyente no está exento de
demostrar, con pruebas, la veracidad de lo consignado en sus declaraciones, y, al
9 Sentencia del 29 de febrero de 2024, Exp. 27159, C.P. Wilson Ramos Girón.
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mismo tiempo, en cumplimiento de las amplias facultades de fiscalización (art. 648
del Estatuto Tributario), la DIAN está en capacidad de verificar la certeza de esos
hechos, con lo cual, utilizando también los diferentes medios probatorios, puede
llegar a desvirtuar los mismos.
Esta Sección ha entendido10 que, para comprobar la naturaleza de los hechos, en
virtud del principio general de la carga de la prueba consagrado en el artículo 167
del Código General del Proceso, le corresponde, por una parte, al sujeto pasivo
demostrar los aspectos negativos de la base imponible (pasivos, costos, gastos,
impuestos descontables, compras) del impuesto sobre la renta, pues es quien los
invoca a su favor, y por otra, en los casos en los que se pretende alterar el aspecto
positivo de la base gravable, inicialmente la carga se asigna a la Administración,
puesto que es el sujeto que pretende realizar modificaciones a estos aspectos, que
se presumen inicialmente veraces.
Todo lo anterior resalta la importancia del principio de la necesidad de la prueba, y
bajo este, el artículo 742 del Estatuto Tributario sujeta la adopción de las decisiones
administrativas a que los hechos hayan sido probados mediante los medios de
prueba señalados en las leyes tributarias o en el Código de Procedimiento Civil, en
cuanto estos sean compatibles con los primeros.
Así mismo, sobre los medios de prueba, el artículo 773 del Estatuto Tributario señala
que la idoneidad de estos depende “(…) en primer término, de las exigencias que para
establecer determinados hechos preceptúen las leyes tributarias o las leyes que regulan el hecho
por demostrarse y a falta de unas y otras, de su mayor o menor conexión con el hecho que trata de
probarse y del valor de convencimiento que pueda atribuírseles de acuerdo con las reglas de la sana
crítica.”
Atendiendo a lo anterior, en el caso de los pasivos hay normas tributarias especiales
que regulan la manera en que estos deben respaldarse, diferenciando el tipo de
soportes o pruebas en función de si el contribuyente está obligado o no a llevar
contabilidad. Son estas normas los artículos 283, 770 y 771 del Estatuto Tributario,
respecto de los cuales esta Sala ha indicado que:
“Conforme con los artículos 283 y 770 del Estatuto Tributario, en los eventos en los que el
contribuyente es un obligado a llevar contabilidad, tal y como ocurre en este caso, los pasivos
deben estar respaldados con documentos idóneos que precisen la obligación y que cumplan
las formalidades exigidas por las normas contables, entre otras, que los respectivos
comprobantes contables permitan establecer el origen, naturaleza y condiciones de la deuda.
Ahora, debe precisarse que esta Sala ha destacado que, tratándose de obligados a llevar
contabilidad, los comprobantes contables internos no son suficientes para soportar los
pasivos, por lo que también «deben aportarse los documentos externos que justifican la
contabilización, en tanto estos últimos constituyen el soporte básico de las transacciones
efectuadas con terceros, que es el caso de las deudas o pasivos. De hecho, conforme con el
artículo 774 ibidem, el comprobante externo es uno de los requisitos para que la contabilidad
constituya prueba». En específico, tales soportes deben dar cuenta de la clase de pasivo, su
vigencia y existencia al final del periodo gravable.
En todo caso, el artículo 771 ibidem permite que los contribuyentes obligados a llevar
contabilidad, que no cuenten con la prueba principal de los pasivos, es decir con los
documentos idóneos de que trata el artículo 770 ibidem, acrediten los pasivos que registren
en sus declaraciones de renta mediante una prueba supletoria, consistente en «que se pruebe
10
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Sentencias del 30 de septiembre de 2021,
Exp. 24560, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto, del 7 de abril de 2022, Exp. 25959, C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello
y del 9 de febrero de 2023, Exp. 26365 C.P. Wilson Ramos Girón.
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que las cantidades respectivas y sus rendimientos, fueron oportunamente declarados por el
beneficiario».
(…)
Sin perjuicio de lo anterior, debe precisarse que lo dispuesto en los artículos 283, 770 y 771
del Estatuto Tributario no limita las facultades de fiscalización de la Administración, de manera
que, si en ejercicio de tales facultades, la DIAN desvirtúa las pruebas principales o supletorias
de la deuda, los pasivos deben ser rechazados. En esas circunstancias, el contribuyente,
como parte interesada en hacer valer los pasivos, deberá desplegar la actividad probatoria
que corresponda para acreditar la existencia material o sustancial de la deuda formalmente
documentada.”11
El caso concreto
La DIAN, con base en los artículos transcritos en el anterior acápite consideró que
ciertos pasivos registrados por la apelante en su denuncio rentístico del año 2014
no estaban soportados correctamente, razón por la cual los rechazó y conforme a
lo preceptuado en el artículo 239-1 del Estatuto Tributario, incluyó como rentas
gravables del mismo 2014 el valor de pasivos inexistentes correspondientes a
períodos no revisables, registrados en la declaración y la contabilidad a favor de los
acreedores Cristóbal Pedraza Pineda, Rosa Pineda de Pedraza y Juliana Ospina
Agamez.
La apelante argumenta que con lo anterior la DIAN desconoció la existencia de
pruebas físicas, como los pagarés y contratos de mutuo debidamente suscritos, que
soportaban los pasivos declarados, todo lo cual fue validado por el Tribunal. Y es
que, la actora afirma que en el fallo de primera instancia, si bien el a quo no
desconoció las pruebas que ella aportó al proceso, el mismo no las evaluó de
manera adecuada, ni contextualizó los hechos correctamente.
Agregó que las pruebas contables y documentales no fueron tachadas de falsas o
declaradas inválidas por el Tribunal, ni se invocó la ausencia de algún requisito legal
que conllevará a la nulidad de estas o a tenerlas por inconducentes o impertinentes,
con lo cual afirma que es claro que el juez realizó un análisis equivocado de las
pruebas, enfocado exclusivamente en aspectos formales, como la falta de fijación
previa de una tasa de interés. Adicionó que otras apreciaciones respecto de las
condiciones de los contratos de mutuo, tales como la flexibilidad en los
desembolsos, o la ausencia de especificación de las prestaciones o intereses de los
involucrados, eran todas subjetivas.
Sostuvo también que, los argumentos relativos a los acreedores resaltados por el
Tribunal se referían a aspectos fuera de su ámbito de responsabilidad, ya que no le
corresponde verificar si los acreedores cumplen con obligaciones fiscales o
presentan declaraciones de renta, concluyendo que estos fundamentos, y todos los
anteriores, no son válidos para rechazar los pasivos declarados por ella, ya que el
proceso debió ajustarse a los hechos probados, tal como lo establece el artículo 742
del Estatuto Tributario. Adicionó que, si había duda se debería haber aplicado el
principio de “indubio pro-administrado”.
Para resolver la Sala precisa que, como los pasivos declarados a 31 de diciembre
de 2014 que fueron rechazados por la DIAN corresponden a acreencias en favor de
los terceros Cristóbal Pedraza y Rosa Pineda de Pedraza, así como que los pasivos
de periodos anteriores, que se consideraron como inexistentes, corresponden a
11
Sentencia del 20 de septiembre de 2024, Exp. 27914, C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello. Otra sentencia en el mismo
sentido es la del 24 de agosto de 2017, Exp. 20469, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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supuestas transacciones realizadas por la actora con Cristóbal Pedraza, Juliana
Ospina Agamez, Rosa Pineda de Pedraza, el análisis probatorio se centrará
únicamente a los pasivos con estos terceros.
Así mismo, se destaca que, una vez revisado el expediente administrativo se echan
de menos los pagarés a los que la apelante se refiere, los cuales no hacen parte de
los antecedentes administrativos y tampoco se observa que hayan sido adjuntados
como prueba con la demanda. Por lo tanto, se entiende que, cuando la apelante
menciona “pagarés debidamente suscritos y conformes a la legislación nacional” se está
refiriendo a los contratos de mutuo celebrados por la demandante y los acreedores
antes mencionados, que dieron lugar a los pasivos rechazados por la demandada,
y que si hacen parte del expediente.
Aclarado lo anterior, se procederá a analizar si los referidos contratos de mutuo
abierto celebrados por la apelante con Cristóbal Pedraza, Juliana Ospina Agamez
y Rosa Pineda de Pedraza, bajo las reglas de la sana crítica se consideran idóneos
como prueba de pasivos, a la luz de lo indicado en los artículos 283, 770 y 771 del
Estatuto Tributario, en concordancia con lo exigido en los artículos 742 y 773 del
mismo estatuto, y en especial si se acreditaron las formalidades exigidas en la
contabilidad, como se indicó líneas arriba.
Así las cosas, en el expediente se observa que:
• En respuesta al requerimiento ordinario Nro. 3224021600268012, como anexo de la
declaración del impuesto sobre la renta del año 2014, la actora informó que tenía pasivos
declarados con Cristóbal Pedraza por $182.752.598, Juliana Ospina Agamez por
$401.410.913 y con Rosa Pinea de Pedraza por $760.317.163.
• La anterior información, también aparece registrada en el Balance por terceros de la
demandante.13
• Con certificación de fecha 3 de mayo de 201714, el Revisor Fiscal de la demandante indica
que se incluyó en la declaración de renta del 2014 los pasivos con Cristóbal Pedraza por
$182.752.598, Juliana Ospina Agamez por $401.410.913 y con Rosa Pinea de Pedraza por
$760.317.163. Ahora bien, este documento no expresa cual fue el registro contable de esos
pasivos, ni los documentos internos o externos en que se respaldó, ni si la contabilidad se
lleva de acuerdo con las prescripciones legales, es decir no tiene mayor grado de detalle y
omite los requisitos previstos en los artículos 774 y 777 del Estatuto Tributario.
• El 4 de mayo de 2017, la actora presentó corrección de la declaración de renta del 2014, y, en
cuanto a los pasivos disminuyó aquel registrado con Rosa Pineda de Pedraza, que
originalmente era de $760.317.163 y quedó en $478.808.306.
• La DIAN realizó cruces de información con terceros, y de acuerdo con las Actas que constan
en los folios 354 y 356 del Cuaderno de Antecedentes Administrativos, el contador público
Carlos Andrés Vargas suministró información respecto de los señores Cristóbal Pedraza y
Juliana Ospina Agamez. Así, con fecha 8 de mayo de 2017, certificó que el señor Cristóbal
tenía activos originados por desembolsos entregados a título de mutuo con saldo a diciembre
31 de 2014 por $182.752.598, y en el caso de la señora Juliana, activos bajo el mismo
concepto y al mismo corte pero por valor de $401.410.913.
Esas certificaciones no expresan si los señores estaban obligados a llevar contabilidad o no,
ni donde se da el registro de esos activos o cuales fueron los soportes de las operaciones que
el contador dice certificar.15
12
Folio 31, CAA.
13
Folio 55 CAA.
14
Folio 264 CAA (pág. 202 del PDF Antecedentes Administrativos de Samai, índice 12).
15
Páginas 292 a 296 del PDF Antecedentes Administrativos de Samai, índice 12.
13
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• El 23 de mayo de 2017 la DIAN realiza visita a la señora Rosa Pineda de Pedraza, con el fin
de hacer cruce y verificación de información. De acuerdo con lo consignado en el Acta, la
señora Rosa no quiso atender la visita.16
• Hay contratos denominados de mutuo abierto, celebrados individualmente con Cristóbal
Pedraza, Juliana Ospina Agamez, y Rosa Pineda de Pedraza, los cuales gozan de las
siguientes características en común:17
• Cuentan con firma simple.18
• Incluyen un cupo máximo acumulable de endeudamiento ($800.000.000, en el contrato
con Juliana Ospina y $1.200.000.000 en los contratos con Rosa Pineda de Pedraza y
Cristóbal Pedraza) y se estipula que las cuantías parciales, hasta llegar a ese cupo, se
desembolsarán según las necesidades de la apelante.
• Se conviene que, cuando la apelante requiera de un desembolso dentro del cupo
convenido, bastará su manifestación de la necesidad y el prestamista quedará obligado
a efectuar los desembolsos dentro del mes siguiente al requerimiento dinerario.
• Se pacta una tasa de interés variable que no excederá el presuntivo legal de cada año
de vigencia del mutuo y que los intereses causados sobre cada desembolso solo se
cancelarán con el pago o devolución del respectivo capital. Es decir, se trata de contratos
onerosos, dado que siempre debería causarse un interés por el uso del dinero
desembolsado.
• Los contratos tendrán una duración máxima de 8 años.
• Todos los contratos fueron celebrados en el año 2011 y estaban vigentes en los años de
registro de los pasivos rechazados por la DIAN.
• En el expediente obran las declaraciones de renta del señor Cristóbal Pedraza de los años
gravables 2012, 2013, 201419 en donde se evidencia que su patrimonio, tanto bruto como
líquido tuvo variaciones menores (Patrimonio Bruto: 2012 $1.277.664.999, 2013
$1.275.385.000 y Patrimonio Líquido: 2012 $1.277.664.000, 2013 $1.275.385.000 y 2014
$1.230.514.000) y que sus ingresos no son del mismo talante que las cifras relacionadas con
el préstamo (Ingresos 2012 $93.600.000, 2013 $9.144.000, $32.000.000). Esto, si se tiene en
cuenta que, de acuerdo con la contabilidad de la actora, los desembolsos que se hicieron en
favor de esta en el 2014 por parte del señor Pedraza fueron de $690.446.993, el cual, a su
vez, supuestamente recibió pagos por $507.063.50820. En conjunto con lo anterior, no obra en
el expediente certificados bancarios que demuestren que esos movimientos (créditos y
débitos) efectivamente se recibieron (actora) o desembolsaron.
• En cuanto al crédito otorgado por Juliana Ospina, la actora registro en su contabilidad un saldo
final a diciembre de 2014 de $401.410.913, proveniente de un movimiento contable así; débito
por $164.302.635 y crédito por $565.713.54921. No obra en el expediente certificados
bancarios o de otro tipo que permitan soportar esos movimientos y/o la recepción de recursos
por ambas partes. Así mismo, hay información respecto a que, en años anteriores, por ejemplo
al año 2012, la señora Ospina había prestado a la actora la suma de $494.941.839 millones,
pero los ingresos que recibió en ese año, según su declaración, eran de $59.485.000, y del
año anterior de $47.728.000 (folios lo cual siembra dudas sobre los registros contables de la
demandante.
• Sobre la señora Rosa Pineda de Pedraza, la DIAN estableció que la misma no presentó
declaración de impuesto sobre la renta, pese a que la misma tenía una supuesta cuenta por
cobrar contra la demandante por $478.808.306, valor de patrimonio bruto que la obligaría a
presentar declaración. Así mismo, consta en el expediente información exógena y documentos
con el Ingreso Base de Cotización de la señora Pineda, que dan cuenta de ingresos que no
se acompasan con la cifra prestada a la actora.22
16
Folio 416 CAA, Página 355 del PDF Antecedentes Administrativos de Samai, índice 12.
17
Samai. Índice 2. « ED_C01_CD2 FOLIO 98-CONTESTACIÓN DEMANDA DIAN(.zip) NroActua 2 ». Antecedentes
administrativos PDF. Fls 230 a 264
18
No fueron firmados ante notario público, así que no gozan de fecha cierta. Si bien la exigencia de documentos de fecha
cierta como prueba de pasivos se predica de los contribuyentes no obligados a llevar, los contribuyentes obligados a
llevarla podrían acreditar sus pasivos con este tipo de documentos, pero aquí no es el caso.
19
Folios 605 a 607 Caa.
20
Folio 55 Caa, pág. 59 del PDF Antecedentes Administrativos de Samai, índice 12.
21
Ibidem.
22
Folios 412 y 414 Caa, págs. 352 y 353 del PDF Antecedentes Administrativos de Samai, índice 12.
14
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• Una vez revisados los auxiliares por tercero, que obran en el expediente administrativo 23, se
observa que en efecto la apelante registra pagos a terceros correspondientes a diversos
gastos personales de los supuestos acreedores, tales como pagos de la seguridad social,
pagos de administración, pagos de consumos en clubes, compras de materiales para
apartamento, en lugar de pagos por concepto de capital y/o intereses, e inclusive
desembolsos de la misma sociedad para la compra de un apartamento que no es de su
propiedad, lo que pone en entre dicho la naturaleza crediticia de las operaciones entre la
apelante y los supuestos acreedores. No se observan en esos registros por ejemplo, que,
fueran pagos hechos a terceros por ejemplo para efectos de pagar los desembolsos del capital
ni de los intereses.
De acuerdo con lo manifestado anteriormente sobre las normas y jurisprudencia
relacionada con la prueba de pasivos, se tiene que era la demandante quien, en
primer lugar, debía aportar la evidencia que permitiera verificar la existencia y
veracidad de los pasivos declarados en el año 2014, lo cual no ocurrió, pues, como
se explica a continuación, los documentos entregados por la actora no podían
tenerse como prueba principal o supletoria de pasivos, incumpliendo así su carga
probatoria y dando lugar al rechazo de los mismos por parte de la Administración.
Y es que, como la actora está obligada a llevar contabilidad, de acuerdo con el
artículo 770 del Estatuto Tributario, los pasivos que declaró debían estar incluidos
en su contabilidad, y a su vez esto debía estar respaldado en documentos que
cumplieran con las formalidades exigidas por las normas contables24 para tenerse
como debidamente probados, es decir comprobantes externos que permitieran
establecer el desembolso de los recursos, la clase de pasivo, su vigencia, la
causación de intereses, los abonos a capital y su existencia al final del periodo
gravable. Así mismo, en caso de no contar con estos, como prueba principal, los
pasivos podían estar soportados en las pruebas supletivas.
De acuerdo con lo anterior, en el expediente se observa que los pasivos incluidos
en la declaración de renta del período fiscal 2014 con los señores Cristóbal Pedraza,
Juliana Ospina Agamez, y Rosa Pineda de Pedraza se registraron en la
contabilidad, pero que, la veracidad de la misma fue puesta en duda por la
Administración, toda vez que, frente a los cuestionamientos sobre las cifras
registradas, la propia actora modificó los valores de los saldos de los pasivos
inicialmente informados y las certificaciones de los contadores y revisores fiscales
de la demandante y de los señores Cristóbal Pedraza y Juliana Ospina no pudieron
ser tenidos como pruebas contables suficientes, en los términos de los artículos 774
y 777 del Estatuto Tributario, toda vez que los mismos no cuentan con mayor grado
de detalle que permitiera llevar al convencimiento del hecho que se pretende probar,
sino que consistieron en simples afirmaciones.25
Ahora bien, entiende la Sala que los contratos de mutuo que se observan en el
acervo probatorio son en este caso los comprobantes externos de los registros de
los pasivos que tenía contabilizados la apelante al cierre del año 2014, así como
declarados en su denuncio privado, y, por ende, debían estos cumplir con los
requisitos de la contabilidad para así ser prueba idónea de esos pasivos.
23
Samai. Índice 2. « ED_C01_CD2 FOLIO 98-CONTESTACIÓN DEMANDA DIAN(.zip) NroActua 2 ». Antecedentes
administrativos PDF. Fls 263 a 264.
24
Así, en cumplimiento del artículo 550 del Código de Comercio y del Decreto 2649 de 1993, deberían suministrar una
historia clara, completa y fidedigna de la deuda de la sociedad con sus acreedores.
25
Consejo de Estado Sección Cuarta, ver entre otras sentencias de 23 de noviembre de 2005, Exp. 14794, C.P. Dra. María
Inés Ortiz Barbosa, de 23 de agosto de 2007, Exp. 14764, C.P. Dr. Juan Ángel Palacio Hincapié, y de 15 de noviembre
de 2007, Exp. 14712, C.P. Héctor J. romero Díaz.
15
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Nótese entonces que, si bien, en virtud de la libertad contractual la actora podía
celebrar con sus acreedores contratos de mutuo abierto con las características
generales antes mencionadas, y en esa medida, como lo hizo también el Tribunal,
esta Sala no cuestiona la validez de esos contratos, pero si se observa que, para
efectos de cumplir con los requisitos contables de los comprobantes, era necesario,
también en cumplimiento de los mismos contratos, que contara con otros
documentos o soportes en donde se observara la ejecución de los elementos
pactados por las partes, tales como, las necesidades crediticias de la apelante, que
debían comunicarse para que le hicieran los desembolsos parciales dentro del cupo
máximo convenido, la tasa de interés variable pactada para esos desembolsos,
soporte bancario de las transferencias o el comprobante interno del recibo de dinero
entregado por los acreedores, dentro del mes siguiente a la manifestación de la
sociedad.
Los soportes mencionados eran necesarios entonces para proporcionar claridad y
certeza sobre los montos desembolsados, los términos en que estos deberían ser
pagados a los acreedores, y la tasa de interés pactada en cada desembolso. A su
vez, gracias a estos es que los registros contables podrían haber entonces reflejado
de manera fidedigna los intereses devengados en el momento en que cada
desembolso fuera ‘devuelto’ o ‘pagado’, según lo indican los contratos.
Sin embargo, se reitera que ni en el expediente administrativo ni en el judicial se
evidencia que la apelante haya aportado este tipo de comprobantes internos o
externos, ni certificaciones contables de dichos movimientos, los cuales permitirían
justificar la contabilización del pasivo, para que, no solo la contabilidad, sino también
los propios soportes constituyan prueba de estos, de acuerdo con los artículos 283,
770 y 777 del Estatuto Tributario.
Así las cosas, frente a esta falta probatoria (falta de otros soportes), la Sala
concuerda con él a quo en el sentido que, no puede tomarse exclusivamente los
contratos de mutuo que obran en el expediente administrativo como como prueba
de los pasivos que cuestionó la DIAN, porque los mismo no son suficientes,
considerando que carecen de varios de los requisitos previstos en las normas
contables, según lo exige el artículo 770 ibidem.
Obsérvese que lo anterior es la razón principal del rechazo de los pasivos, y no el
simple análisis errado de las condiciones económicas de los acreedores como
señala la actora. Ahora bien, sobre este aspecto, se tiene que para verificar la
realidad y condiciones de las operaciones pactadas en esos contratos de mutuo, la
DIAN durante la investigación, y en ejercicio de las amplias facultades de
fiscalización que consagra el artículo 684 del Estatuto Tributario, realizó cruces de
información que le permitieron obtener pruebas que pusieron en duda su realidad,
toda vez que, las mismas son indicativas de que los acreedores no tenían la
capacidad económica que les permitiera desembolsar los recursos que dice haber
recibido la actora.
Es cierto que en el expediente administrativo no obra un desglose de la situación
económica de Cristóbal Pedraza y Juliana Ospina Aganes que permita identificar si
el patrimonio de cada uno de estos acreedores estaba compuesto por activos
monetarios o activos realizables o no realizables que pudieran haberse liquidado
durante el año 2014 para efectos de realizar los préstamos, dado que solo figuran
las declaraciones de renta de los dos acreedores, con base en las cuales la DIAN
construyó cuadros comparativos por los años en los cuales se efectuaron los
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desembolsos de los créditos dando cuenta que no contaban con ingresos, nuevas
obligaciones financieras o liquidación de activos que les permitieran entregar los
recursos que la actora dice haber recibido de ellos.
Así mismo, en los cruces de información realizados por la DIAN, si bien el contador
de los señores Cristóbal y Juliana entregó unas certificaciones de activos en razón
del desembolso de créditos, como ya se indicó líneas arriba, dichos documentos no
pueden tomarse como pruebas válidas de estas operaciones.
En cuanto a Rosa Pineda de Pedraza, tercero que no presentó declaración de renta,
resáltese que el incumplimiento de ese deber no es el aspecto en el cual la DIAN
basa sus conclusiones, como dice la demandante, sino que, este punto, en adición
con la revisión de la información exógena y las cifras sobre las cuales la señora hizo
cotizaciones al sistema de seguridad social26 permitieron entrever que la misma no
tiene a disposición grandes sumas de dinero, todo lo cual generó dudas respecto
de la capacidad económica de cara a los contratos de mutuo formalmente
celebrados con la apelante.
Sobre lo anterior, obsérvese además que, aun contando con la oportunidad de
controvertir lo anterior, durante el proceso administrativo la actora no aportó nuevas
pruebas de las operaciones que supuestamente celebró con esos terceros, e incluso
los mismos no fueron cooperantes cuando la DIAN los requirió, en el sentido de
atender a la misma o suministrar información adicional que permitiera llegar a otro
tipo de convencimiento sobre esos mutuos.
De acuerdo con lo expuesto aunque la falta de capacidad económica de los
acreedores no sería suficiente para cuestionar los pasivos registrados por la
demandante, es claro para la Sala que la carga probatoria le correspondía a la
actora por ello ante la carencia de otros elementos de juicio y la falta de los demás
soportes externos a los que se hizo referencia, lo que se presenta no es un yerro
probatorio sino una ausencia de prueba de la realidad del pasivo que
indefectiblemente conduce a su rechazo para efectos fiscales. Ahora bien, como en
este caso no se cumplió con las condiciones necesarias para considerar que
obraban las pruebas de pasivos de que trata el artículo 770 del Estatuto Tributario,
la actora tenía la posibilidad de soportar los mismos para efectos fiscales
acreditando que las cantidades correspondientes a capital y sus rendimientos fueron
debidamente declaradas por los acreedores, bajo la denominada prueba supletoria
del artículo 771 del mismo estatuto.
En el caso sub examine, la Sala encuentra que si bien obran en el expediente las
declaraciones de renta de los acreedores Cristóbal Pedraza y Elvira Juliana Ospina
por los años 2011, 2012, 2013 y 2014, no es posible evidenciar que en las mismas
consten las cuentas por cobrar por capital y los ingresos devengados a título de
intereses, no siendo esto suficiente para darlo como prueba bajo el artículo 771
ibidem.
Tratándose de la acreedora Rosa Pineda de Pedraza, no sería ni siquiera posible
apelar a la prueba supletoria de que trata el artículo mencionado anteriormente,
dado que como fue constatado por la DIAN una vez revisada la información
exógena, la señora de Pedraza no presentó declaración de renta durante los años
de vigencia del contrato de mutuo.
26
Folios 412 y 414 Caa, págs. 352 y 353 del PDF Antecedentes Administrativos de Samai, índice 12.
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En cuanto al principio 'In dubio contra fiscum', que la apelante menciona en su
escrito de demanda argumentando que debería aplicarse en caso de que las
pruebas del expediente no fueran suficientes, debe recordarse que “las dudas
derivadas de vacíos probatorios solo pueden resolverse a favor del contribuyente cuando este no
esté obligado a probar determinados hechos, situación que no se presenta en el caso en estudio,
donde la carga de la prueba recaía sobre la parte actora”27. Es decir, para el caso bajo examen
no sería aplicable el principio alegado, toda vez que es en el contribuyente en quien
recae la obligación de probar que los pasivos registrados en su denunció rentísticos
están soportados, ya sea con la prueba del artículo 770 del Estatuto Tributario o en
la prueba del artículo 771 de la misma norma, y, en ausencia de estas la
consecuencia legal es rechazar esos pasivos.
Considerando lo anterior la Sala procede a confirmar la sentencia apelada.
Sanción por inexactitud
La actora en el recurso de apelación invoca una diferencia de criterios en relación
con la pruebas de los pasivos para que sea levantada la sanción por inexactitud. Tal
como ya lo ha señalado esta Sección, para que se configure una diferencia de
criterios y por ende no proceda la sanción de inexactitud se requiere que “los hechos
y cifras denunciados sean completos y veraces, siendo necesario que en el proceso exista una
prueba que los corrobore en toda su magnitud, y que el contribuyente demuestre que la interpretación
de la norma en la que se subsume el hecho económico declarado es razonable, es decir, que se
encuentra sustentada en métodos o técnicas de interpretación legalmente aceptables”.28
En el caso concreto, como quedó demostrado que los pasivos registrados en el
denuncio rentístico no fueron debidamente probados y por ende debían ser
rechazados, se descarta la posibilidad de argumentar una diferencia de criterios
entre la apelante y la DIAN, razón por la que procede la sanción por inexactitud
impuesta a cargo de la demandante a la tarifa general del 100%, tal como lo
estableció la DIAN en los actos acusados y lo confirmó el Tribunal.
Condena en costas
Conforme con lo previsto en los artículos 188 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y 365 numeral 8 del Código
General del Proceso, no procede la condena en costas, por cuanto en el expediente
no se encuentran pruebas que las demuestren o justifiquen, razón por la cual no se
condenará en costas en esta instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley.
FALLA
PRIMERO: Confirmar la sentencia del 1 de junio de 2023 proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B
SEGUNDO: Sin condena en costas en segunda instancia.
27
Sentencia del 19 de mayo de 2016, Exp. 21185, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
28
Consejo de Estado, Sección Cuarta, en sentencias 9 de septiembre de 2024, Exp. 26619, M.P. Myriam Stella Gutiérrez
Argüello, y del 04 de noviembre de 2021, Exp. 24754, C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
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Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al Tribunal de
origen. Cúmplase.
La anterior providencia se estudió y aprobó en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica:https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
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