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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2019-00641-01

Fecha
11 de agosto de 2025
Consejero ponente
Wilson Ramos Girón

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2019-00641-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA 1. Declarar fundado el impedimento manifestado por el consejero de Estado, Luis Antonio Rodríguez Montaño. Por tanto, queda separado del conocimiento de este proceso. 2. Confirmar la sentencia apelada. 3. Sin condena en costas en esta instancia. 4. Reconocer personería a la abogada Diana Patricia Reyes Dacosta, como apoderada de la demandada, conforme al poder conferido (índice 58).

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 25000-23-37-000-2019-00641-01

Consejero ponente: Wilson Ramos Girón

11 de agosto de 2025

Radicado: 25000-23-37-000-2019-00641-01 (27459)
Demandante: Verano Energy (Barbados) Limited Sucursal

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN

Bogotá, D C., once (11) de agosto de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-37-000-2019-00641-01 (27459)
Demandante: Verano Energy (Barbados) Limited Sucursal
Demandada DIAN

Temas: Sanción por devolución improcedente. Base de cuantificación.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación1 interpuesto por la demandante contra la
sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta,
Subsección A, el 14 de julio de 2022, que resolvió (índice 26):

Primero. Negar las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de
esta providencia.

Segundo. No se condena en costas, por las razones expuestas en la parte considerativa de esa
providencia.

ANTECEDENTES

Actuación administrativa

En la Resolución 900045, del 18 de mayo de 2018, la demandada le ordenó a la actora
reintegrar $735.157.000, cifra que correspondía a la parte del saldo a favor devuelto que
se determinó improcedente al revisar oficialmente la autoliquidación del impuesto sobre
la renta del periodo 2012, a causa de la imposición de una sanción por inexactitud por la
disminución de pérdidas fiscales en la Liquidación Oficial de Revisión 312412016000046,
del 27 de mayo de 2016; y se abstuvo de sancionar por devolución improcedente en la
medida en que la sanción por inexactitud no podía conformar la base de cálculo de otros
dispositivos sancionadores. La Resolución 003430, del 16 de mayo de 2019, confirmó
estas decisiones (índice 15).

Demanda

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en
el artículo 138 del CPACA (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Ley 1437 de 2011), la actora formuló las siguientes pretensiones (índice
2):

1
El expediente entró al despacho sustanciador el 21 de mayo de 2025 (índice 20. Esta y las demás menciones de «índices» aluden al
historial de actuaciones registradas en el repositorio informático Samai).

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Demandante: Verano Energy (Barbados) Limited Sucursal

Que son nulos en su totalidad los siguientes actos administrativos por medio de los cuales la
[demandada] impone … el reintegro del saldo a favor devuelto de manera improcedente a mi
representada, relacionada con el impuesto sobre la renta del año gravable 2012:

a. Resolución Sanción por Devolución y/o Compensación improcedente 900045 del 18 de mayo de
2018.

b. Resolución 003430 del 16 de mayo de 2019 por medio de la cual resuelve el recurso de
reconsideración.

En virtud de la declaratoria de nulidad de los actos administrativos anteriormente mencionados, a
título de restablecimiento del derecho a favor de P1, solicito al señor magistrado declarar lo siguiente:

a. Declarar que el saldo a favor determinado por P1 en la declaración del impuesto sobre la renta del
año gravable 2012 es correcto.

b. Declarar que P1 no está obligada al reintegro de suma alguna por concepto del saldo a favor
declarado por la compañía en la declaración del impuesto sobre la renta del año gravable 2013.

c. Que no son de cargo de P1 las cosas en que haya incurrido la DIAN con relación a la actuación
administrativa, ni de las de este proceso.

Igualmente, solicito al señor magistrado, se sirva condenar por las costas del proceso y agencias en
derecho a la DIAN, según lo disponga en la sentencia.

A los anteriores efectos, invocó como vulnerados los artículos 670 del ET (Estatuto
Tributario); y 137 del CPACA, bajo el siguiente concepto de violación (índice 2):

Planteó la ilegalidad de la liquidación oficial de revisión que modificó la declaración del
impuesto sobre la renta del año gravable 2012 a causa del rechazo de una porción de los
gastos operacionales denunciados. Alegó que estos cumplían los requisitos del artículo
107 del ET para su procedencia, detallando las razones en las que se basaría para llegar
a esa conclusión. Sobre la cifra exigida en los actos acusados, indicó que se trataba del
doble cobro de la deuda establecida en el acto de determinación, porque en la liquidación
oficial se redujo el saldo a favor solo como consecuencia de la imposición de una sanción
por disminución de pérdidas fiscales fijada en $735.157.000, que es el monto que se le
ordenó reintegrar. Manifestó que, pese a que la demandada aseguró que no la sancionó
porque no había base para cuantificar la sanción por devolución improcedente, era
inadecuado exigirle el mencionado reintegro en la medida en que se trata de la multa
impuesta en los actos de determinación oficial, por lo cual la restitución de la cifra
conllevaría una concurrencia de sanciones. Finalmente, señaló que no podía ejecutarse
la orden dispuesta en los actos acusados, pues el saldo a favor modificado se supeditaba
a la decisión judicial que dirimiera definitivamente el proceso contra la liquidación oficial
de revisión.

Contestación de la demanda

La demandada se opuso a las pretensiones de la actora (índice 08), para lo cual arguyó
la legalidad de los actos demandados. Señaló que la cifra reclamada en reintegro fue
improcedentemente devuelta y que no hubo una concurrencia de sanciones porque lo
pretendido en las resoluciones demandas es la restitución del valor que fue devuelto de
forma impropia, junto con los intereses que correspondiesen.

Sentencia apelada

El tribunal negó la nulidad de los actos acusados (índice 26). Precisó que las actuaciones
administrativas contempladas en el artículo 670 del ET no requerían la ejecutoria de la

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Demandante: Verano Energy (Barbados) Limited Sucursal

liquidación oficial de revisión que modifica el saldo a favor, sino la notificación de ese acto
de determinación, debido a que son independientes los procedimientos de liquidación del
tributo y de atribución de consecuencias por la devolución improcedente. Por lo mismo,
estimó que no procedía en el presente juicio decidir sobre la legalidad del rechazo de la
deducción a que se refiere la liquidación oficial de revisión.

En lo atinente a la concurrencia de sanciones, reconoció que en los actos que modificaron
la declaración del impuesto sobre la renta se impuso sanción por disminución de pérdidas
fiscales y que esta cifra fue la que ocasionó la reducción del saldo a favor autoliquidado;
pero consideró que esto no transgredía el non bis in idem porque la disminución de
pérdidas y la devolución improcedente eran infracciones distintas. Juzgó que tampoco se
trata de un doble pago, pues en la liquidación oficial de revisión, mediante la disminución
del saldo a favor, se imponía la sanción por inexactitud, mientras que, en el sub lite, se
pretende recuperar la cifra de $735.157.000 improcedentemente devuelta.

Recurso de apelación

La sentencia del a quo fue apelada por la demandante mediante un memorial dirigido a
la radicación del presente proceso (índice 29), pero que identificó a la actora como «Parex
Verano Limited», siendo que desde el 03 de agosto de 2018 cambió su denominación a
«Verano Energy (Barbados) Limited Sucursal» (que fue con la que se demandó) y señaló
el NIT (número de identificación tributaria) de la compañía absorbida en la Escritura
Pública 2691, del 29 de noviembre de 2013 (i.e. P1 Energy Ltd Sucursal Colombia).

Aunque el recurso resume lo decidido por el a quo e identifica los actos acusados, alude
a hechos distintos a los del caso que se juzga: señaló que no obtuvo en devolución el
monto del saldo a favor, sino que imputó el saldo a favor autoliquidado en la declaración
del impuesto sobre la renta del año gravable 2011 y que la sanción por inexactitud no
podía conformar la base de cálculo de la sanción por «imputación» improcedente; alegó
que solo correspondería reintegrar el monto del saldo que provenía de la declaración del
impuesto sobre la renta del período 2011 y el pago de los intereses causados y que la
restitución de los montos improcedentemente imputados se daría en el marco del proceso
de determinación que juzgaba esta Sección y aludió a la Liquidación Oficial de Revisión
312412016000055, del 13 de septiembre de 2016, y a la Resolución 007171, del 21 de
septiembre de 2017.

Planteó que era correcto el saldo a favor que declaró en el denuncio del impuesto sobre
la renta del año gravable 2011, para lo cual defendió los motivos de su autoliquidación
del tributo. Adujo que los actos acusados solo podían proferirse cuando estuviese en
firme la liquidación oficial de revisión que modificó la declaración del impuesto sobre la
renta del año 2011 y aludió a cifras relativas a ese denuncio. Señaló que se vulneró el
principio del non bis in idem al exigírsele el reintegro de una cifra (i.e. $3.004.990.000
que, según observa esta Sala, no es la fijada en los actos acusados) sobre la cual alegó
que incluía el monto de la sanción por inexactitud (que erróneamente indicó la apelante
que era de $1.502.495.000). Manifestó que su contraparte habría excedió las potestades
de revisión al pretender el reintegro del mismo monto a través de dos procedimientos
administrativos, uno de determinación y otro sancionador, lo que en su criterio equivaldría
al doble cobro de la misma deuda, que, en todo caso, podría obtenerse mediante el cobro
coactivo de la liquidación oficial de revisión.

Sostuvo que se vulneraron los principios de legalidad, debido proceso, justicia, lesividad,
proporcionalidad, gradualidad y el de eficiencia tributaria, porque la demandada habría
desatendido la finalidad del procedimiento sancionador para buscar recaudar una cifra

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Demandante: Verano Energy (Barbados) Limited Sucursal

establecida en un procedimiento de determinación oficial, haciéndole incurrir en gastos
de defensa jurídica. Finalmente, solicitó la acumulación del presente proceso con aquel
en que se juzgan los actos de determinación, al cual identificó en algunos apartados con
el número de expediente 25000-23-37-000-2018-00095-01 del Consejo de Estado y, en
otros, con el número 25000-23-37-000-2019-00199-00 del tribunal de primera instancia.

Pronunciamiento sobre el recurso

La demandada y el ministerio público guardaron silencio.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1- Antes de decidir el debate judicial planteado en el trámite de esta segunda instancia,
se pone de presente que el consejero de Estado Luis Antonio Rodríguez Montaño
manifestó por escrito estar impedido para participar en la decisión, por haber conocido el
proceso en primera instancia (índice 21). Sobre el particular, la Sala constata que el Dr.
Rodríguez Montaño suscribió la sentencia apelada (índice 26), lo cual prueba la causal
manifestada y lleva a declarar fundado el impedimento de acuerdo con el artículo 141.2
del CGP (Código General del Proceso, Ley 1564 de 2012). Dada esa circunstancia, se le
separará del conocimiento del presente asunto.

Problema jurídico

2- Existiendo cuórum para decidir tras el sorteo e integración del conjuez (índice 26),
sería el caso que la Sala atendiera los reparos formulados por la demandante en calidad
de apelante única contra la decisión del a quo, pero se evidencia que el memorial del
recurso se refiere a cuestiones distintas a las que se juzgan en el presente proceso, por
lo que se requiere determinar si se sustentó la impugnación que habilita al Consejo de
Estado para analizar la decisión de primera instancia.

Análisis del caso

3- El tribunal negó a la nulidad pretendida de los actos acusados, teniendo en cuenta que
para aplicar las consecuencias previstas en el artículo 670 del ET no se requiere que
estén ejecutoriados los actos proferidos en el procedimiento de liquidación oficial en el
que se determinó un menor saldo a favor, respecto de aquel que fue devuelto, pues basta
con que se haya notificado el acto de determinación. Asimismo, juzgó que no hubo una
doble imposición de sanción, ni una violación al principio non bis in idem, porque los actos
debatidos dispusieron el reintegro del monto devuelto improcedentemente, con los
intereses moratorios causados.

Por su parte, el memorial que reposa como apelación de la sentencia del a quo, da cuenta
de hechos, actos administrativos, cifras y cargos de reproche que no concuerdan con los
del sub lite. Más allá de que se identifica a la demandante con una denominación y un
NIT que no corresponden a esa parte procesal, se cuestiona la legalidad de la Liquidación
Oficial de Revisión 312412016000055, del 13 de septiembre de 2016, y de la Resolución
007171, del 21 de septiembre de 2017, que habrían modificado la autoliquidación del
impuesto sobre la renta del período 2011, siendo que los actos que determinaron el
menor saldo a favor aquí cuestionado se profirieron en el procedimiento de revisión de la
declaración del impuesto sobre la renta del año gravable 2012, que señaladamente son
la Liquidación Oficial de Revisión 312412016000046, del 27 de mayo de 2016, y la
Resolución 003463, del 19 de mayo de 2017.

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Además, la apelante censuró que en los actos de determinación se le exigiera restituir la
deducción especial del impuesto sobre la renta establecida en el artículo 158-3 del ET, a
consecuencia de haber declarado infructuosos unos de los pozos petroleros en los que
se habría materializado la inversión, pero revisados los antecedentes administrativos que
constituyen el fundamento de los actos acusados en el presente proceso, observa la Sala
que la modificación del saldo a favor obedeció al rechazo de un gasto por concepto de
servicio de administración y gestión que le prestó a la demandante su casa matriz del
exterior; y planteó que había imputado en la declaración del impuesto sobre la renta del
año gravable 2011 un saldo a favor de $3.004.990.000 y que la improcedencia de este
saldo solo tendría como consecuencia tener que reintegrarlo y pagar los intereses
causados, sin que se le pudiese imponer una sanción por devolución improcedente,
afirmaciones que no guardan consistencia con los hechos del caso que se juzga, pues
en este se obtuvo, con la Resolución 7486, del 07 de noviembre de 2013, la devolución
del saldo a favor que arrojó su declaración del impuesto sobre la renta del año gravable
2012 ($1.047.924.000), del cual se le ordenó restituir en los actos demandados, sin
sanciones adicionales, la cifra de $735.157.000.

Igualmente, se aprecia que en la apelación se solicitó la acumulación del presente juicio
al expediente 25000-23-37-000-2018-00095-01, al que también identificó con el radicado
25000-23-37-000-2019-00199-00, ninguno de los cuales es el proceso en el que se juzgó
la legalidad de los actos de determinación oficial que son el fundamento de los actos aquí
demandados, porque tenía el radicado 25000-23-37-000-2017-01507-01 (exp. 26213).

4- En suma, no hay rastro de que la apelación formulada contra la sentencia de primera
instancia en el actual proceso se dirija a enervar la legalidad de los actos acusados, ni a
controvertir lo decidido por el tribunal, porque se trata de un memorial que relaciona datos
y cuestionamientos de otro procedimiento administrativo y, eventualmente, de un juicio
diferente, con el que solo se tendría en común que se trata de una obligación tributaria
que inicialmente estuvo a cargo de la compañía absorbida por Verano Energy (Barbados)
Limited Sucursal, que es la parte demandante. De modo que no hubo un efectivo recurso
de apelación contra la decisión impartida por el tribunal de primera instancia, lo que fuerza
a concluir que se debe confirmar la decisión.

Sin perjuicio de lo anterior, resulta pertinente precisar que la Sala no observa en los actos
acusados el «doble cobro» al que se alude en la demanda, ni la desnaturalización de los
dispositivos consagrados en el artículo 670 del ET para emplearlos con la finalidad de
recaudar una multa impuesta en un procedimiento de revisión, en que insiste la actora.

Al respecto, bastaría con señalar que la liquidación oficial de revisión en cuestión no tuvo
como resultado un valor a pagar, sino tan solo un menor saldo a favor respecto de aquel
que había autoliquidado y obtenido en devolución la demandante, toda vez que pasó de
$1.047.924.000 a $312.767.000, circunstancia fáctica que desvirtúa de base la tesis del
«doble cobro» de la misma deuda tributaria; y, también, que la orden de restitución del
menor saldo a favor, lejos de tergiversar la finalidad del artículo 670 del ET, constituye el
acatamiento del mandato que incorpora dicha norma, que dispone perentoriamente que
«si la administración tributaria dentro del proceso de determinación, mediante liquidación
oficial, rechaza o modifica el saldo a favor objeto de devolución … deberán reintegrarse
las sumas devueltas y/o compensadas en exceso junto con los intereses moratorios que
correspondan».

Conclusión

5- Por lo razonado en precedencia, como contenido interpretativo de la presente

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sentencia, la Sala considera que la constatación de que el contenido de la apelación no
estuviere dirigido al proceso judicial al cual se remitió el memorial de impugnación y, por
ende, del mismo no se evidencia una censura contra la decisión judicial y los actos
demandados, equivale a la falta de sustentación del recurso de apelación, que es el
presupuesto habilitante para que el juez de segunda instancia haga su análisis en el
marco de su competencia (artículo 328 del CGP).

Costas

6- Finalmente, acatando el criterio de interpretación del artículo 365.8 del CGP acogido
por esta Sección, la Sala se abstendrá de condenar en costas ante la ausencia de su
causación.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sección Cuarta, administrando justicia
en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Declarar fundado el impedimento manifestado por el consejero de Estado, Luis
Antonio Rodríguez Montaño. Por tanto, queda separado del conocimiento de este
proceso.

2. Confirmar la sentencia apelada.

3. Sin condena en costas en esta instancia.

4. Reconocer personería a la abogada Diana Patricia Reyes Dacosta, como apoderada
de la demandada, conforme al poder conferido (índice 58).

Notifíquese y comuníquese. Devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha

(Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ
Conjuez

Este documento fue firmado electrónicamente. La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

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