Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2019-00684-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2019-00684-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 25000-23-37-000-2019-00684-01
Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello
11 de abril de 2024
Radicado: 25000-23-37-000-2019-00684-01 (27759)
Demandante: Activo Humano S.A.S.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá, D.C., once (11) de abril de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación 25000-23-37-000-2019-00684-01 (27759)
Demandante ACTIVO HUMANO S.A.S.
Demandado UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL
Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN
SOCIAL UGPP
Temas Liquidación de aportes. Competencia funcionarios de la UGPP.
Competencias propias de los jueces laborales. Firmeza de las
declaraciones. Falta de motivación. Creación de tercera norma.
IBC (ingreso efectivamente percibido). Novedades de ingreso y
retiro. Presunción de días. Devolución de aportes.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por las partes contra la
sentencia del 16 de marzo de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B que decidió lo siguiente1:
“PRIMERO: DECLÁRESE la nulidad parcial de los actos administrativos contenidos en la
Liquidación Oficial nro. RDO-2018-01120 del 30 de abril de 2018 y en la Resolución nro. RDC-
2019-00668 del 13 de mayo de 2019, proferidos por la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL – UGPP,
con fundamento en las razones expuestas en la motiva de la presente providencia.
SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho, ORDÉNASE a la UNIDAD
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES DE LA
PROTECCIÓN SOCIAL – UGPP a: (i) corregir y efectuar los aportes conforme las novedades
por suspensión temporal del contrato de trabajo o licencia no remunerada o comisión de
servicios, (ii) corregir y efectuar los cálculos correspondientes, considerando que no puede
tomar el auxilio de transporte o rodamiento como un pago no salarial en virtud de lo previsto
en el artículo 128 del Código Sustantivo del Trabajo, así tampoco, no debe incluir el auxilio de
transporte o rodamiento para calcular el límite del 40% previsto en el artículo 30 de la Ley
1393 de 2010, dado que tal prerrogativa únicamente comprende los pagos salariales del
artículo 127 ibídem y, (iii) corregir y efectuar los cálculos correspondientes al subsistema de
pensión, considerando que la empresa aportante no tiene la obligación de cotizar a este
subsistema respecto de los trabajadores que devengan una asignación de retiro.
TERCERO: NIÉGANSE las demás pretensiones de la demanda.
CUARTO: No hay lugar a condena en costas.
QUINTO: NOTIFÍQUESE por correo electrónico la presente sentencia así: (…)
SEXTO: En firme la presente providencia, ARCHÍVESE el expediente previas las anotaciones
que sean menester”.
1 Samai del Tribunal. Índice 34
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Radicado: 25000-23-37-000-2019-00684-01 (27759)
Demandante: Activo Humano S.A.S.
ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA
Previo Requerimiento para Declarar y/o Corregir Nro. RCD 2017-02136 del 22 de
septiembre de 2017, la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (en adelante UGPP) expidió la
Resolución Nro. RDO 2018-01120 del 30 de abril de 2018, en la que liquidó a cargo
de la sociedad actora ajustes por las conductas de mora e inexactitud en los aportes
al sistema de la protección social por los períodos de enero a diciembre de 2013 y
la sancionó por inexactitud.
Contra la anterior decisión la demandante presentó el recurso de reconsideración,
que fue resuelto en la Resolución Nro. RDC 2019-00668 del 13 de mayo de 2019,
en el sentido de modificar el monto de los ajustes y la sanción determinados en la
liquidación oficial2.
ANTECEDENTES DEL PROCESO
Demanda
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
contemplado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), la parte demandante formuló las
siguientes pretensiones3:
“PRETENSIONES PRINCIPALES:
Solicito a su señoría que mediante sentencia que haga tránsito a cosa juzgada, declare la
nulidad TOTAL de los siguientes actos administrativos:
ACTOS DEMANDADOS Y SOBRE LOS QUE RECAE LA NULIDAD TOTAL:
1. Liquidación Oficial RDO-2018-01120 del treinta (30) de abril de dos mil dieciocho (2018),
“Por medio de la cual se profiere Liquidación Oficial a la (sic) ACTIVO HUMANO S.A.S.,
identificada con NIT.900.367.236-1, por mora e inexactitud en las autoliquidaciones y
pagos de los aportes al Sistema de la Protección Social por los periodos de enero a
diciembre de 2013, determinando un mayor valor por la suma de SETENTA Y UN
MILLONES TRES MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE ($71.003.900) y se sanciona por
inexactitud por valor de TREINTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL
TRESCIENTOS PESOS M/CTE ($38.508.300).
2. Resolución RDC-2019-00668 del trece (13) de mayo del dos mil diecinueve (2019) “Por
medio de la cual se resuelve el recurso de reconsideración interpuesto contra la
Resolución número Oficial RDO-2018-01120 del treinta (30) de abril de dos mil
dieciocho (2018), a través de la cual se profirió liquidación oficial a ACTIVO HUMANO
S.A.S. con NIT.900.367.236-1, por mora e inexactitud en las autoliquidaciones y pagos
de los aportes al Sistema de la Protección Social en los periodos de enero a diciembre
de 2013, determinando una deuda por valor de SETENTA Y NUEVE MILLONES
DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS PESES M/CTE ($69.018.900) y se sanciona por
inexactitud por valor de TREINTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA
Y OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE ($37.448.400).
PRETENSIONES SUBSIDIARIAS:
De manera cordial y como pretensión subsidiaria solicito a su señoría que, en caso de no
conceder la pretensión principal de nulidad total de los actos administrativos mencionados, se
realice un análisis detallado de cada uno de los cargos imputados en la presente demanda, y
realice la reliquidación de la presunta deuda fijada por la Unidad Administrativa Especial de
2 Samai del Tribunal/índice 12
3 Samai/ Índice 2/ PDF Demanda
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Demandante: Activo Humano S.A.S.
Gestión Pensional y Parafiscal de los siguientes actos, declarando la nulidad parcial y
restablecimiento del derecho:
ACTOS DEMANDADOS Y SOBRE LOS QUE RECAE LA NULIDAD
1. Liquidación Oficial RDO-2018-01120 del treinta (30) de abril de dos mil dieciocho (2018),
“Por medio de la cual (…)
2. Resolución RDC-2019-00668 del trece (13) de mayo de dos mil diecinueve (2019) “Por
medio de la cual (…)
SOBRE EL RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO:
Como consecuencia de la declaratoria de nulidad total o parcial de los anteriores actos
administrativos, solicito que se restablezca el derecho de la demandante en la siguiente forma:
Por concepto de daño emergente:
1. Que se realice la devolución de los pagos realizados por la (sic) ACTIVO HUMANO
S.A.S., por mora en la afiliación y pago en las autoliquidaciones y pago de los aportes al
Sistema de Protección Social, por los períodos de enero a diciembre de 2013, sumas que
deberán ser indexadas y con intereses, de acuerdo a su demostración.
2. Reconocimiento del pago de los gastos incurridos en la defensa jurídica ejercida durante
el proceso administrativo.
3. Reconocimiento de los gastos incurridos por concepto de la prestación personal de
servicio de auxiliar administrativo durante el trámite del procedimiento de fiscalización
adelantado por la Unidad Administrativa Especial “UGPP”, toda vez que la sociedad
ACTIVO HUMANO S.A.S., apoyó la defensa jurídica con capital humano durante un año.
4. Reconocimiento del pago de los gastos incurridos por concepto de un auxiliar
administrativo por el perito que se designe en el transcurso del desarrollo de proceso
judicial que da inicio con la radicación de la presente demanda.
CONDENA EN COSTAS
Solicito que se condenen en costas a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN
PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL –
UGPP, de conformidad con el artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.”
A los anteriores efectos, la demandante invocó como violados los artículos 23, 29 y
338 de la Constitución Política; 59 de la Ley 4 de 1913; 127 y 128 del Código
Sustantivo del Trabajo; 30 de la Ley 1393 de 2010; 5, 7 y 13 de la Ley 1437 de 2011;
50 de la Ley 1739 de 2014; 311 y 313 de la Ley 1819 de 2016; y 19 y 21 del Decreto
575 de 2013. Los cargos de nulidad se resumen de la siguiente manera:
1. Novedades de suspensión o licencia no remunerada, retiro y reingreso.
Doble pago. Existencia de varias planillas
Explicó que la demandada desconoció las novedades de ingreso y retiro que se
presentan en las planillas de liquidación de aportes, más cuando para este caso (i)
algunos trabajadores presentaron doble línea en una misma planilla debido a la
existencia de la novedad denominada “SLN (Suspensión y/o Licencia No Remunerada)” y
(ii) empleados en misión tenían pagos en dos planillas por el mismo período porque
registraban novedad de retiro y posterior reintegro en el mismo mes. Sin embargo,
la UGPP de manera errónea solo tomó un pago e ignoró la segunda línea, y no tuvo
en cuenta las planillas lo que dio lugar a inexactitudes inexistentes.
Al reportar la novedad “SLN” en la PILA se generaba un doble registro, situación que
confundió la UGPP con un duplicado, eliminando la novedad que demuestra la
correcta liquidación del IBC. La existencia de varias planillas en un mismo mes se
derivaba de la naturaleza propia de las empresas que permitían la contratación y
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posterior retiro de los empleados en un período. Indicó que en el cd anexo de la
demanda estaban enlistados los sujetos que presentaron la situación alegada.
2. Ingreso efectivamente percibido. Errores en el formato de nómina
Adujo que los desprendibles de nómina reflejaban el valor real percibido por los
trabajadores lo que constituye el IBC de los aportes al sistema. Destacó que la
demandada no tenía competencia para modificar dichos valores salariales,
confundiendo dicha acción con determinación de la mora, inexactitud y omisión en
el pago de los aportes, pues esto debe atender el principio de la realidad sobre las
formas.
Señaló que se cometieron errores en los formatos de nómina porque se
diligenciaron manualmente, empero esto no era óbice para que la entidad tomara
los valores incorrectos. Así, debían verificarse los trabajadores enlistados en el
anexo de la demanda, con el fin de tomar la información que reflejara su realidad
laboral según los desprendibles de nómina, contratos, liquidación, entre otros.
3. Falta de motivación de los actos demandados
Si bien los actos de liquidación están compuestos por un archivo Excel anexo, lo
cierto era que la información allí contenida no permitió establecer el sujeto activo de
la fiscalización, ni los trabajadores frente a los cuales se configuró la presunta
inexactitud, por el contrario, la hoja de cálculo contenía la información en un
lenguaje cifrado y se desconocía el origen de los valores tomados por la
demandada, lo que impedía el ejercicio del derecho de defensa de la sociedad.
4. Novedades de ingreso y retiro. Presunción de días
Expuso que el hecho generador de las contribuciones parafiscales era la vinculación
laboral de los empleados con la empresa, sin embargo, la UGPP desconoció las
novedades de retiro de varios de sus trabajadores, generando con ello deudas
inexistentes con el sistema. Mencionó que en el cd anexo de la demanda estaban
relacionados los sujetos que presentaron dicha situación.
5. Auxilio de transporte
Expuso que la sociedad le reconoció a sus trabajadores pagos por auxilio de
transporte, los cuales de ninguna manera podían integrar la base de cotización de
los aportes, ni siquiera en el límite que establece la Ley 1393 de 2010, toda vez que
se trataba de un emolumento que no enriquecía el patrimonio de los empleados,
sino que su único fin atendía a la movilización para el buen desempeño de sus
funciones, lo contrario implicaría el desconocimiento de lo previsto en el artículo 128
del Código Sustantivo del Trabajo.
6. Presunción de días para las novedades de licencia no remunerada,
maternidad y vacaciones disfrutadas
Expuso que la demandada presumía días de cotización al sistema de riesgos
laborales sin tener presente que varios trabajadores presentaron novedades de
suspensión o licencia no remunerada, licencia por maternidad y vacaciones, por
tanto, dicha actuación generó el incremento del IBC. Como los empleados no
recibían salario debido a la falta de prestación del servicio ni estaban expuestos a
factor de riesgo era improcedente el pago de aportes a este subsistema Identificó
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los registros en el CD anexo a la demanda.
7. Sujeto pensionado por las Fuerzas Militares
Expuso que por mandato del artículo 17 de la Ley 100 de 1993, las personas que
obtuvieron sus estatus de pensionado no estaban obligados a efectuar los aportes
a pensión. Así, el anexo de la demanda referenció las personas frente a las cuales
la entidad pretendió el cobro los aportes pese a tener dicha calidad.
8. Falta de competencia de los funcionarios para expedir los actos
demandados
Si bien el artículo 156 de la Ley 1151 de 2007 creó un sistema de control,
fiscalización y cobro de los aportes en cabeza de la UGPP, no señaló de manera
precisa los funcionarios que debían desempeñar cada una de las etapas del proceso
de fiscalización o sancionatorio. Además, dicha norma tampoco indicó la manera en
que la entidad podía solicitar a los aportantes la información para la determinación
de las obligaciones, el funcionario que tenía esa facultad, ni reguló la sanción por
no entrega completa de la información de períodos previos a la creación de la Ley
1607 de 2012, que entró en vigencia en 2013.
En el desarrollo de los procesos de fiscalización los aportantes se ven obligados a
presentar documentos privados que están protegidos por mandato constitucional,
por tanto, solo el legislador, y no el reglamento, es quien puede establecer las
competencias y procedimientos para el control de las contribuciones.
Explicó que el Gobierno, en desarrollo de sus facultades extraordinarias, expidió el
Decreto Ley 169 de 2008, pero omitió asignar funciones o competencias en cabeza
de algún funcionario, ni desconcentró, ni transfirió las potestades para la toma de
decisiones en las oficinas de la demandada. Esto solo se dio con el Decreto 5021
de 2009, empero éste no tenía fuerza de ley al haber sido expedido con fundamento
en el numeral 16 del artículo 189 de la Constitución y por fuera del término que le
otorgó el Congreso al ejecutivo para ejercer la potestad legislativa extraordinaria,
por ende, tampoco debía tenerse en cuenta este proceso.
Consideró que el Decreto 575 de 2013 otorgó a la Subdirección de Determinación
de Obligaciones Parafiscales facultades que afectaban el derecho a la intimidad de
los aportantes, dado que permitía solicitar información y documentos privados. De
manera que este decreto, en el que se fundamentaron los actos demandados, no
podía ser aplicado por ser contrario a la Constitución.
9. La UGPP asumió competencias de los jueces laborales
De conformidad con el artículo 2 de la Ley 712 de 2001, la competencia para
determinar derechos laborales u obligaciones al sistema de seguridad social radican
exclusivamente en el juez laboral, sobre todo tratándose de conceptos que la UGPP
estableció como salariales, “siendo más precisos en el sub-examine al pretender determinar
bonificaciones salariales cuando se estipulo que no eran salariales,(..)” así como en los casos
en los en que de manera unilateral mutó los conceptos de salario de los artículos
127 y 128 del Código Sustantivo del Trabajo.
Revisadas las funciones del artículo 21 del Decreto 575 de 2013, no se encontró
que los funcionarios de la Subdirección de Determinación de Obligaciones
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Parafiscales podían establecer derechos emanados de relaciones laborales, como
ocurrió en los actos demandados, al observar que a su libre albedrío modificaron
los extremos laborales y establecieron como factor salarial valores que no hacen
parte del IBC para los aportes, como novedades y aportes voluntarios.
10. Creación de tercera norma
Sostuvo que la UGPP, de manera improvisada, expidió la liquidación oficial
combinando los procedimientos previstos en las Leyes 1151 de 2007 y 1607 de
2012, lo que dio lugar a la figura denominada “Tercera Norma y/o Lex Tertia”, situación
que genera la nulidad de la actuación debido a que impide que los sujetos de las
investigaciones conozcan la norma procedimental que garantiza sus derechos a la
defensa, contradicción y debido proceso.
Lo anterior podía evidenciarse, dado que la competencia de los funcionarios y los
actos administrativos se había adelantado con fundamento en la Ley 1607 de 2012
y el Decreto 575 de 2013, sin embargo, en la liquidación oficial se señaló lo
siguiente: “LA SUBDIRECTORA DE DETERMINACIÓN DE OBLIGACIONES (…). En uso de sus
facultades legales en especial las establecidas en el numeral 10 del artículo 21 del Decreto 575 de
2013, en concordancia con lo previsto en el artículo 156 de la Ley 1151 de 2007, el artículo 178 de
la Ley 1607 de 2012, el artículo 1 literal b) del Decreto Ley 169 de 2008, y en lo no previsto en estas
disposiciones, las normas contempladas en el Libro V, Títulos I, IV, V y VI del Estatuto Tributario
Nacional (…)”, es decir, que la entidad empleó procedimientos contenidos en dos
normas diferentes para expedir el acto de determinación.
11. Firmeza de la declaración
De conformidad con el artículo 178 de la Ley 1607 de 2012 la demandada cuenta
con el término de 5 años para iniciar sus facultades de fiscalización y aunque la
norma menciona la interrupción con el requerimiento de información, lo cierto es
que dicho aparte debe anularse, pues lo que pretende es indicar que dicha
actuación es con la que se inicia el proceso de fiscalización. Este lapso de tiempo
se cuenta desde la conducta hasta la notificación de la liquidación oficial.
Además, las declaraciones privadas eran inmodificables por mandato del artículo
714 del Estatuto Tributario, aplicable por remisión de la Ley 1151 de 2007, ya que
el legislador no estableció de manera expresa el tiempo de firmeza.
En este caso, el requerimiento para declarar y/o corregir se notificó el 29 de
septiembre de 2019, es decir, 4 años después de la fecha en que la sociedad
incurrió en las conductas fiscalizadas, y 2 años “después de la oportunidad legal que tenía
para adelantar su proceso de determinación de obligaciones”
Oposición de la demanda
La entidad demandada controvirtió las pretensiones de la demanda, con
fundamento en lo siguiente4:
Frente al primer cargo, señaló que al momento de resolver el recurso de
reconsideración se advirtió que algunas planillas no fueron reconocidas, de ahí que
fuera procedente su reconocimiento en esa etapa. Además, los pagos en doble línea
se aplicaron en esa misma oportunidad, lo que dio lugar a la modificación de sumas
4 Samai del Tribunal/índice 12
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por pagar.
Sobre el segundo cargo, precisó que los errores en la digitación de la nómina no
fueron planteados en sede administrativa, sin embargo, al cotejar los valores de esta
y los tomados por la administración era evidente la coincidencia entre ellos, de lo
que se infería que el cálculo del IBC se hizo con fundamento en la misma
información aportada por la sociedad, pero el ajuste se originó al encontrarse el
pago de aportes por valores inferiores a los que estaba obligada la sociedad.
Respecto al tercer cargo, explicó que los actos acusados estaban debidamente
motivados, en la medida que en ellos se señalaron los antecedentes que dieron
lugar a su expedición, las conductas fiscalizadas, el cálculo del IBC, los pagos que
integraron o no la base de cotización, las razones por las cuales algunos
emolumentos fueron limitados al 40% y la forma en que debieron calcularse los
aportes en aquellos casos que presentaron novedades.
En lo relativo al cuarto cargo, sostuvo que tomó correctamente los días laborados
y las novedades reportados en la información de la sociedad, pero los ajustes
originaron un menor aporte al que legalmente correspondía.
Frente al quinto cargo, adujo que, si bien el auxilio de transporte el legislador lo
catalogó como un pago no salarial, lo cierto era que cuando su monto excediera el
40% del total de la remuneración debía integrar el IBC por disposición del artículo
30 de la Ley 1393 de 2010, como se indicó en los actos demandados.
Precisó que las novedades de suspensión, licencia no remunerada, vacaciones y
licencia de maternidad no fueron planteadas en sede administrativa (sexto cargo).
Afirmó que en los actos se tomó la información reportada en la nómina de la
sociedad y que las aludidas novedades no fueron tenidas en cuenta para el cálculo
del IBC del subsistema de ARL.
Respecto al cargo séptimo, indicó que la Ley 100 de 1993 no contempló la
exoneración de aportes a pensión para quienes gocen de una asignación de retiro
y estuvieren vinculados laboralmente, por lo tanto, la empresa estaba obligada a su
pago. A esto se suma que para el caso de dos trabajadores no encontró prueba
alguna que demostrara su estatus de pensionados.
En cuanto al cargo octavo, indicó que según las Ley 1151 de 2007, 1393 de 2010,
1607 de 2012; el Decreto Ley 169 de 2008 y el Decreto 5021 de 2009, la UGPP
tenía a su cargo las competencias para adelantar procesos de fiscalización y la
expedición de los actos de liquidación, así como exigir a los aportantes la
información que considerara necesaria para la verificación de la correcta
determinación de los aportes sin que ello implicara vulneración alguna al derecho a
la intimidad.
Sobre el noveno cargo, afirmó que la entidad en ningún momento se atribuyó
competencias propias de la jurisdicción laboral, por el contrario, dentro del ámbito
de sus facultades analizó las cláusulas contractuales pactadas por la sociedad y sus
empleados, sin que ello implicara el desconocimiento de norma alguna. Además, lo
que buscaba en el proceso de fiscalización no era declarar la existencia de derechos
sino determinar obligaciones en asuntos de seguridad social, posición que en todo
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caso era avalada por el Consejo de Estado5.
Manifestó que la UGPP no combinó o creó normas en el proceso de fiscalización
como erradamente lo alegaba la actora (décimo cargo). Si bien en las resoluciones
demandadas hizo alusión a la regulación que sirve de fundamento legal para la
expedición del requerimiento para declarar y/o corregir y la liquidación oficial, ello
de ninguna manera implicaba la utilización de un proceso ajeno.
Precisó que era improcedente hacer a un lado la Ley 1151 de 2007 por ser la
creadora de la UGPP. Así mismo, debía aplicarse con carácter inmediato la Ley
1607 de 2012, por tratarse de normas de carácter procedimental, por disposición
del artículo 624 de la Ley 1564 de 2012. No obstante, era la demandante quien
confundía la vigencia de estas normas con las leyes sustanciales.
Finalmente, en cuanto al cargo once adujo que en este caso no era aplicable el
artículo 714 del Estatuto Tributario, por cuanto la firmeza no fue prevista por el
legislador en materia de contribuciones parafiscales. Sumado a esto, para los
períodos fiscalizados se encontraba vigente el artículo 178 de la Ley 1607 de 2012,
que establecía un lapso de 5 años para desplegar las facultades de fiscalización.
Precisó que la ausencia de un término para proferir el requerimiento para declarar
y/o corregir no vulneraba los derechos de los administrados, ya que la liquidación
de los aportes tenía como origen las conductas de omisión, mora e inexactitud, más
no el tiempo que se tomara la administración para verificarlas.
Sentencia apelada
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, declaró
la nulidad parcial de los actos acusados6.
1. Competencia de la UGPP
Según las Leyes 1151 de 2007 y 1607 de 2012, el Decreto Ley 169 de 2008 y el
Decreto 575 de 2013, la UGPP podía iniciar las acciones sancionatorias y de
determinación de los aportes al sistema de seguridad social.
Bajo ese marco normativo, en cabeza de la Subdirección de Determinación de
Obligaciones de la UGPP estaba la competencia para proferir los requerimientos,
las liquidaciones y demás actos de determinación de las obligaciones, mientras que
a la Dirección de Parafiscales le correspondía resolver los recursos de
reconsideración que los aportantes presentaran contra las liquidaciones oficiales.
Precisó que, en este caso, tanto el requerimiento para declarar y/o corregir como
los actos de determinación fueron proferidos por los funcionarios correspondientes,
razón por la cual el cargo no estaba llamado a prosperar.
2. Competencias de los jueces laborales
Señaló que, de conformidad con las normas mencionadas en el cargo anterior, la
UGPP también contaba con facultades para la valoración de las pruebas allegadas
5 Citó la sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, del 1 de noviembre de 2012, exp.17786, C.P.
Hugo Fernando Bastidas Bárcenas
6 Samai del Tribunal/índice 34
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por los aportantes, tales como contratos laborales y sus cláusulas, con el fin de
determinar el carácter salarial o no de los pagos realizados y, por consiguiente,
establecer si eran parte o no del IBC. Negó el cargo.
3. Creación de tercera norma
Expuso que el hecho de citarse en los actos acusados las normas que contemplan
las facultades y competencias de la UGPP no implica la combinación de dos
procedimientos, pues en las resoluciones se observaba que la entidad hizo
referencia a la Ley 1151 de 2007 con el propósito de identificar la norma que creó
la entidad; así mismo relacionó los Decretos 169 de 2008 y 575 de 2013 que
contemplan las competencias funcionales de las dependencias de demandada; el
artículo 178 de la Ley 1607 de 2012 reitera la competencia en materia de
parafiscales y las normas del Estatuto Tributario que se aplican de forma residual,
todo ello con el objeto de que la demandante conociera el sustento legal de la
decisión administrativa. No prosperó el cargo.
4. Firmeza de las declaraciones
Precisó que la PILA tenía el carácter de autoliquidación o declaración privada del
tributo, por lo que la fecha de presentación determinaba el marco legal aplicable
para efectos de establecer la facultad fiscalizadora de la administración. En este
caso se tratan de denuncios del 2013, por lo que se encontraba vigente la Ley 1607
de 2012, que en su artículo 178 dispuso que la UGPP contaba con el término de 5
años para iniciar las acciones de determinación.
Así, era improcedente alegar la firmeza de las autoliquidaciones, toda vez que el
requerimiento para declarar y/o corregir fue notificado el 29 de septiembre de 2017,
es decir, dentro del plazo previsto en la Ley 1607 de 2012. Negó el cargo.
5. Novedades de ingreso y retiro (suspensión y/o licencia no remunerada)
Luego de efectuar el cálculo del IBC de la trabajadora Mariela García Estupiñán por
el mes de agosto de 2013, frente a la cual la sociedad reportó en la PILA la novedad
de licencia no remunerada por el término de 17 días, concluyó que el resultado era
idéntico al pagado por la sociedad, razón por la cual debía desaparecer el ajuste.
Prosperó el cargo.
6. Ingreso efectivamente percibido
Revisó el caso del trabajador Jorge Adil Briceño, quien por el mes de mayo de 2013
tuvo variación transitoria del salario y suspensión temporal del contrato o licencia no
remunerada, advirtiendo, en primer lugar, que sus ingresos fueron superiores a los
declarados por la empresa, seguidamente, luego de realizar el cálculo del IBC con
lo reportado en el mes anterior, constató que lo pagado por la demandante fue
inferior a la suma a la que legalmente estaba obligada.
Sobre el empleado Alison Francisco Vidal expuso que por el mes de septiembre de
2013 también presentó variación de salario y suspensión del contrato, sin embargo,
luego de liquidar el aporte con base en los valores reportados en la hoja de trabajo
y la nómina de la sociedad, encontró que era inferior a lo que legalmente estaba
obligada a pagar la empresa. Por lo expuesto no prosperó el cargo.
9
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Demandante: Activo Humano S.A.S.
7. Falta de motivación
Sostuvo que en los actos se identificaron las actuaciones surtidas dentro del
proceso administrativo, se referenció el marco legal aplicable al caso, explicó la
forma de calcular el IBC, y atendió las objeciones planteadas por la demandante, lo
cual permitía inferir una debida motivación, toda vez que le señaló a la aportante las
razones por las cuales determinó los ajustes.
Sumado a esto, en los archivos Excel anexos a las resoluciones acusadas se
discriminaron los trabajadores fiscalizados con sus respectivas observaciones y
explicaciones. No prosperó el asunto.
8. Novedad de ingreso y retiro. Presunción de días
Luego de revisar el caso de varios trabajadores llegó a la conclusión que, si bien la
UGPP desconoció las novedades declaradas, empero al hacer la liquidación de los
aportes teniendo en consideración lo informado por la empresa, lo cierto fue la
sociedad pagó valores inferiores a los que legalmente le correspondía, dando lugar
así a la inexactitud calculada por la entidad. No prosperó el cargo.
9. Auxilio legal de transporte
Para resolver este asunto tomó el caso de 2 trabajadores, destacando que era válido
que la UGPP tomará el aludido concepto como un pago no salarial en virtud de lo
reglado en el artículo 128 del Código Sustantivo del Trabajo, sin embargo, era
improcedente incluir tal erogación para calcular el límite del 40% previsto en el
artículo 30 de la Ley 1393 de 2010, pues por disposición del legislador y según la
interpretación hecha por el Consejo de Estado, Sección Cuarta, en la sentencia de
unificación del 9 de diciembre de 2021 el auxilio de transporte no podía integrar el
IBC de los aportes.
Por lo expuesto, dio prosperidad al cargo en el sentido de que el auxilio de transporte
no puede integrar la base de cotización de las contribuciones parafiscales.
10. Novedades de suspensión y/o licencia no remunerada. Licencia de
maternidad. Vacaciones disfrutadas.
Para el efecto el Tribunal analizó el caso de 2 trabajadores, a partir de los cuales
señaló que, si bien le asistía razón a la sociedad porque la UGPP no tuvo en cuenta
las novedades declaradas, lo cierto era que existieron diferencias a la hora de
liquidar el aporte, pues se pagaron valores inferiores a los que estaba obligada,
dando lugar a la inexactitud calculada. No prosperó el cargo.
11. Asignación de retiro y cotización al subsistema de pensiones
Precisó que la asignación de retiro era compatible con la pensión de vejez ordinaria,
por lo que las personas que gozan de ella podían cotizar de forma voluntaria al
sistema, sin embargo, no podía pasarse por alto que la obligación cesaba cuando
el afiliado cumpliera los requisitos para obtener el derecho al reconocimiento de la
pensión o la asignación, en tanto se trataban de prestaciones similares en su
naturaleza.
Para el caso de los 2 trabajadores identificados en la demanda, se aportó
certificación expedida por la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional y
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resoluciones que demostraron que percibían asignación de retiro desde el 2002 y
2012 respectivamente. Si bien, la ley permitía que los trabajadores pudieran cotizar
al sistema pensional pese a que gozaran de dicha asignación, ello era algo
facultativo, razón por la cual era improcedente que la UGPP exigiera el cobro de los
aportes, pues desconocía el artículo 17 de la Ley 100 de 1993, cuyo propósito fue
exonerar de la obligación a aquellos que ya contaran con una prestación vitalicia.
Prosperó el cargo.
Comoquiera que varios de los reparos de nulidad prosperaron, a título de
restablecimiento del derecho el Tribunal ordenó a la UGPP: i) corregir y efectuar los
aportes conforme a las novedades por suspensión temporal del contrato de trabajo,
licencia no remunerada o comisión de servicios; ii) recalcular los ajustes excluyendo
del IBC el pago por auxilio de transporte o rodamiento como un pago no salarial; y
iii) corregir los cálculos correspondientes al sistema de pensión, considerando que
la empresa no tiene la obligación de cotizar a este subsistema respecto de los
trabajadores que devengan una asignación de retiro.
Finalmente, no condenó en costas por no encontrarlas causadas en el proceso y lo
mismo ocurrió con los perjuicios solicitados.
Recurso de apelación
Las partes apelaron la decisión de primera instancia.
La demandada7 reprochó que el Tribunal ordenara corregir los aportes de los
trabajadores que presentaron novedad por suspensión temporal del contrato de
trabajo, licencia no remunerada y comisión de servicios. Al efecto explicó que para
el caso de la señora Mariela García Estupiñán no se encontró detalle del valor
pagado “por los 15 días de incapacidad”, por lo tanto, debía tenerse en cuenta los 28 días
informados por la sociedad (13 laborados + 15 incapacidad) y que lo percibido por
ese tiempo ascendía a la suma de $550.200.
Por tanto, no le asistía razón a la sociedad al argumentar el desconocimiento de la
novedad de licencia, pues en ningún momento había sido informada, ya que la única
detallada en nómina es de incapacidad la cual fue contemplada en el IBC.
Puso de presente que en los documentos aportados por la sociedad con el recurso
de reconsideración respecto de la mencionada trabajadora únicamente aportó el
soporte del mes de mayo y no el de agosto, que corresponde al de la novedad de
licencia no remunerada. En ese contexto, a la UGPP le fue imposible verificar la
existencia de diferencia de los días informados en la nómina.
En la consulta de PILA de agosto de 2013 se reportó la licencia no remunerada,
pero no se observó el reporte de la incapacidad informada en la nómina, por lo que
existía inconsistencia en la información respecto de las novedades que tuvo la
trabajadora para el período de agosto y, en esas condiciones, era imposible darle
más credibilidad a la autodeclaración de la PILA que a la nómina reportada.
Por lo anterior solicitó revocar la sentencia de primera instancia para que, en su
lugar, se negaran las pretensiones de la demanda.
7 Samai del Tribunal/índice 37
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Demandante: Activo Humano S.A.S.
La demandante expuso8:
1. Firmeza de las declaraciones
Según el artículo 178 de la Ley 1607 de 2012, si la UGPP no ejerce sus facultades
de fiscalización dentro del término de 5 años contados desde la ocurrencia de la
conducta reprochable, se configura el fenómeno de la caducidad, tiempo que en
todo caso se contabiliza hasta la notificación del acto que determina los valores
presuntamente adeudados al sistema (liquidación oficial).
En este caso la UGPP “no ha interrumpido el termino de caducidad con la notificación del
requerimiento de información, debido a que la norma no genera ese efecto, por el contrario, solo
señala el deber legal de iniciar los procesos de determinación y genera la explicación que estos
inician con la notificación del Requerimiento de Información, por lo tanto no se cumple con la
obligación taxativa de la suspensión de la caducidad.”
Sostuvo que las declaraciones privadas quedaron en firme por mandato del artículo
714 del Estatuto Tributario, aplicable por remisión expresa del artículo 156 de la Ley
1151 de 2007.
Como el requerimiento para declarar y/o corregir se notificó el 29 de septiembre de
2019, es decir, cuatro años después de la fecha en que la sociedad incurrió en la
conducta fiscalizada y 2 años “después de la oportunidad legal” para adelantar el proceso
de fiscalización, las declaraciones privadas ya se encontraban en firme, por ende,
eran inmodificables.
2. Falta de competencia de los funcionarios para expedir los actos
demandados
En este caso no debían darse aplicación los Decretos 5021 de 2009 y 575 de 2013,
por cuanto fueron expedidos por fuera del término de los 6 meses concedidos por
el artículo 156 de la Ley 1151 de 2007 para reglamentar dicha ley. Especialmente
el Decreto 5021 de 2009 era abiertamente inconstitucional debido a que el
presidente extralimitó las facultades que le fueron otorgadas por el Congreso para
ejercer su potestad reglamentaria, por tanto, los jueces debían apartarse de ella. En
esa medida, los actos habían sido emitidos por funcionarios sin facultades
establecidas en la ley.
Explicó que el Decreto Ley 169 de 2008 no contempló el régimen de los empleados
de la UGPP de manera detallada por dependencia, por tanto, este cargo no podía
ser analizado a la luz de dicha normativa.
Finalmente, dijo que, así como lo había solicitado en la demanda debía inaplicarse
por vía de excepción de inconstitucionalidad el Decreto 575 de 2013, por cuanto
este tenía su origen en el Decreto 5021 de 2009 proferido extemporáneamente.
3. La demandada asumió competencias de los jueces laborales
Insistió en que el legislador no le otorgó a la UGPP la facultad de establecer y
decretar derechos emanados de relaciones laborales, ni modificar los extremos de
la relación laboral para determinar que ciertos pagos fueran factor salarial e
integraran el IBC de las contribuciones, tales como bonificaciones, aportes
8 Samai del Tribunal/ índice 38
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voluntarios, las novedades que se presentaron, entre otros, atribuciones que en todo
caso eran propias de la jurisdicción laboral.
4. Creación de tercera norma
Reiteró que la UGPP expidió los actos acusados de manera improvisada,
combinando los procedimientos de las Leyes 1151 de 2007 y 1607 de 2012, lo que
dio lugar a la figura denominada “Tercera Norma y/o Lex Tertia”, situación que daba lugar
a la nulidad de toda la actuación.
Lo anterior se evidenciaba en la liquidación oficial en la que mencionó el Decreto
575 de 2013, el artículo 156 de la Ley 1151 de 2007, de la Ley 1607 de 2012, el
artículo 1 literal b) del Decreto Ley 169 de 2008, y hasta el Estatuto Tributario
Nacional, es decir, que la entidad combinó procedimientos contenidos en dos
normas diferentes para expedir el acto de determinación.
5. Ingreso efectivamente percibido
Adujo que los desprendibles de nómina reflejaban el valor real percibido por los
trabajadores, lo que a su vez conformaba el IBC de los aportes al sistema. Así la
unidad no tenía competencia para modificar dichos valores salariales, sino para
determinar la mora, inexactitud y omisión, atendiendo el principio de la realidad
sobre las formas.
Insistió en que al momento de diligenciar los formatos de nómina incurrió en errores,
los cuales se pueden corregir de conformidad con las pruebas aportadas.
6. Falta de motivación
Insistió en que los actos de liquidación están compuestos por el archivo Excel
anexo, sin embargo, la información allí contenida no permitió identificar las razones
de los ajustes, al tratarse de un lenguaje cifrado, impidiendo el ejercicio del derecho
de defensa de la sociedad.
7. Novedades de ingreso y retiro
Expuso que por mandato del artículo 17 de la Ley 100 de 1993 la obligación de
cotizar al sistema recae durante el tiempo de la relación laboral, en ese orden, era
improcedente que la UGPP generara deudas al sistema con desconocimiento de
las novedades de ingreso y retiro que reflejan el vínculo entre la empresa y los
trabajadores.
8. Novedades de suspensión y/o licencia no remunerada, de maternidad y
vacaciones disfrutadas en tiempo
Indicó que la UGPP calculó los aportes a ARL sin tener en cuenta que algunos
trabajadores presentaron novedades de licencia no remunerada, maternidad,
paternidad y vacaciones, en las cuales no se recibe salario ni existe riesgo
asegurable.
9. Devolución de aportes
Manifestó que, como la sentencia de primera instancia anuló parcialmente los actos
acusados y la sociedad aportó las PILA por medio de las cuales realizó el pago de
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la deuda establecida por la UGPP, debía ordenarse la devolución de los aportes
conforme al artículo 311 de la Ley 1819 de 2016. En caso de existir deuda alguna
de los aportes, este pago debía ser “condenado”9 por medio de la planilla de aportes
tipo “J: PLANILLA PARA PAGO SEGURIDAD SOCIAL EN CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA
JUDICIAL”.
Oposición al recurso
Las partes no se pronunciaron en esta oportunidad
Ministerio Público
El agente del Ministerio Público guardó silencio.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Cuestión previa
Se advierte que el consejero Milton Chaves García, mediante escrito del 5 de abril
de 202410, manifestó estar impedido para conocer del presente asunto de
conformidad con las causales establecidas en los numerales 1 y 12 del artículo 141
del Código General del Proceso. Lo anterior por cuanto su esposa tenía interés
directo en las resultas de este caso, toda vez que actualmente se encuentra en
curso ante esta Corporación una demanda presentada por ella contra los artículos
20 del Decreto 5021 de 2009 y 21 del Decreto 575 de 2013, expedidos por el
Gobierno Nacional, de los cuales se sirvió la UGPP para proferir los actos de
determinación aquí acusados.
En esas condiciones, la Sala considera que se configura la causal de impedimento
invocada por el consejero mencionado, por tener su cónyuge interés directo en el
proceso, toda vez que en este se discute la competencia para proferir los actos
demandados por la UGPP mencionando entre otras normas los Decretos 5021 de
2009 y 575 de 2013. En consecuencia, se declarará fundado el impedimento y se le
separará del conocimiento del presente asunto.
2. Delimitación del problema
Le corresponde a la Sala decidir los recursos de apelación interpuestos por las
partes contra la sentencia de primera instancia que declaró la nulidad parcial de las
Resoluciones Nro. RDO 2018-01120 del 30 de abril de 2018 y RDC 2019-00668 del
13 de mayo de 2019, mediante las cuales la UGPP determinó ajustes a cargo de la
sociedad por las conductas de mora e inexactitud en el pago de los aportes al
sistema de la protección social por los períodos de enero a diciembre de 2013, y la
sancionó por inexactitud.
Previo a determinar los problemas jurídicos a resolver, se pone de presente que el
Tribunal accedió a las pretensiones referente a los cargos de auxilio de transporte
como pago no salarial y la exoneración de aportes a pensión para los trabajadores
9 Entiende la Sala que la parte actora se refería a que fuera “compensado”
10 Samai, índice 23.
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Demandante: Activo Humano S.A.S.
con asignación de retiro, sin que la parte demandada presentara recurso apelación
al respecto.
En consecuencia, se procede a resolver los cargos de apelación planteados por las
partes en este orden: i) falta de competencia de los funcionarios para expedir los
actos demandados; ii) competencias propias de los jueces laborales; iii) firmeza de
las declaraciones; iv) falta de motivación v) creación de tercera norma; vi) ingreso
efectivamente percibido; vii) novedades de ingreso y retiro; viii) presunción de días;
ix) novedades en el subsistema de ARL (el caso de la trabajadora Mariela García
Estupiñán) y x) devolución de aportes
3. Falta de competencia de los funcionarios de la UGPP para expedir los actos
acusados
Reprochó la apelante que el Tribunal negara el cargo de falta de competencia de
los funcionarios de la UGPP para expedir los actos demandados, aduciendo que, el
Decreto 5021 de 2009 fue expedido por fuera del plazo de los seis (6) meses
determinados por el artículo 156 de la Ley 1151 de 2007 para su reglamentación y
que el Decreto 575 de 2013 tenía origen en un acto extemporáneo. Indicó que el
Gobierno no tenía la competencia para expedir los actos en cuestión, por lo que
solicitó su inaplicación por ser inconstitucionales.
Agregó que, si bien se expidió el Decreto 169 de 2008, éste no contempló el régimen
de funciones de los empleados de la UGPP detalladamente y por dependencia .
Para dilucidar este aspecto, la Sala reiterará en lo pertinente, el análisis efectuado
en otras oportunidades11, con ocasión de la excepción de inconstitucionalidad en
contra de los Decretos 5021 de 2009 y 575 de 2013; en la que se expuso:
“(…) debe señalarse que fue a través de los Decretos 168 12 y 16913 de 2008 que el Gobierno
estableció el sistema específico de carrera de la UGPP y reglamentó el ejercicio de las
funciones de la entidad, respectivamente, los cuales fueron proferidos y publicados el 23 de
enero de 200814, es decir, dentro del plazo de seis (6) meses siguientes a la publicación de la
Ley 1151 de 2007, que tuvo lugar el 25 de julio de ese año 15.
En el Decreto 5021 de 2009, el Gobierno Nacional estableció «la estructura y organización de
la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social – UGPP- y las funciones de sus dependencias», el cual fue derogado por el
artículo 33 del Decreto 575 de 2013, expedido por la misma autoridad, y por medio del cual se
«modifica la estructura» de la entidad y se determinan las funciones de sus dependencias.
Se precisa que los Decretos 5021 de 2009 (derogado) y 575 de 2013, fueron dictados por el
Presidente de la República en ejercicio de las facultades conferidas por el numeral 16 del
artículo 189 de la Constitución Política16, en consonancia con el artículo 54 de la Ley 489 de
11 Sentencia del 15 de octubre de 2021, exp.23623, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto, reiterada en
sentencia del 24 de febrero de 2022, exp. 24670 C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto y en sentencias del
30 de junio y del 18 y 25 de agosto, exp. 24815, 25486 y 26284, C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
12 «Por el cual se establece el Sistema Específico de Carrera Administrativa de la UAE de Gestión Pensional
y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP».
13 «Por el cual se establecen las funciones de la UAE de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de
la Protección Social – UGPP, y se armoniza el procedimiento de liquidación y cobro de las contribuciones
parafiscales de la protección social».
14 Diario Oficial No. 46.880 de 23 de enero de 2008.
15 Diario Oficial No. 46.700 de 25 de julio de 2007.
16 «Artículo 189. Corresponde al Presidente de la República como Jefe de Estado, Jefe del Gobierno y
Suprema Autoridad Administrativa: […].
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199817 que prevé los principios y reglas generales que debe observar el Gobierno para
modificar la estructura de los ministerios, departamentos administrativos y los demás
organismos administrativos del orden nacional. Así se desprende de la primera parte del
contenido de los citados decretos al aludir a las mismas como fundamento de competencia
para su expedición».”
Pone de presente lo anterior que la facultad prevista en la Ley 1151 de 2007, artículo
156, fue desarrollada mediante los Decretos 168 y 169 de 2008, los que claramente
la invocan como su fundamento, los cuales fueron expedidos dentro de los 6 meses
siguientes a la vigencia de la ley, como correspondía, y adicionalmente que, los
Decretos 5021 de 2009 y 575 de 2013, se profirieron en desarrollo de la facultad
consagrada en el artículo 189 numeral 16 de la Constitución Política para “ modificar
la estructura de los Ministerios, Departamentos Administrativos y demás entidades u organismos
administrativos nacionales, con sujeción a los principios y reglas generales que defina la ley”
La facultad otorgada en la Ley 1151 de 2007 fue para expedir normas con fuerza de
Ley, lo que se cumple respecto de los dos primeros preceptos, como quiera que
ambos la tienen (Decretos Leyes), que no los Decretos 5021 de 2009 y 575 de 2013.
Lo anterior, resulta suficiente para desestimar los argumentos de la demandante
relacionados con la falta de competencia del Gobierno Nacional debido a la
expedición extemporánea del Decreto 5021 de 2009, de cara al artículo 156 de la
Ley 1151 de 2007. Por lo tanto, no procede la excepción de inconstitucionalidad
propuesta por la recurrente.
Ahora, los Decretos 5021 de 2009 y 575 de 2013 (que derogó el primero), fijaron en
la UGPP la competencia de fiscalización y determinación de las contribuciones al
sistema de la protección social, para lo cual, la Subdirección de Determinación de
Obligaciones de dicha entidad profiere las liquidaciones oficiales y la Dirección de
Parafiscales resuelve los recursos de reconsideración interpuestos contra aquellas.
Por lo expuesto, no prospera el cargo de apelación.
4. Competencias propias de los jueces laborales
Como fue expuesto en el cargo anterior, la UGPP cuenta con la competencia
funcional para determinar la adecuada, completa y oportuna liquidación y pago de
aportes parafiscales a los diversos subsistemas que conforman el Sistema de
Protección Social. Así mismo, en virtud de las facultades de fiscalización la UGPP
puede aplicar las normas laborales como es el caso de los artículos 127 y
siguientes, del Código Sustantivo del Trabajo y el artículo 17 de la Ley 344 de 1996,
así como las normas que regulan cada subsistema, no para dirimir controversias
entre empleadores y trabajadores, sino para efectos de evaluar, a partir del análisis
probatorio, si determinado pago tiene naturaleza salarial o no en torno a la
obligación tributaria y la relación empleador - UGPP.
16. Modificar la estructura de los Ministerios, Departamentos Administrativos y demás entidades u
organismos administrativos nacionales, con sujeción a los principios y reglas generales que defina la
ley».
17 «Artículo 54. Principios y reglas generales con sujeción a las cuales el Gobierno Nacional puede modificar
la estructura de los Ministerios, Departamentos Administrativos y demás organismos administrativos del
orden nacional. Con el objeto de modificar, esto es, variar, transformar o renovar la organización o estructura
de los ministerios, departamentos administrativos y demás entidades u organismos administrativos
nacionales, las disposiciones aplicables se dictarán por el Presidente de la República conforme a las
previsiones del numeral 16 del artículo 189 de la Constitución Política y con sujeción a los siguientes
principios y reglas: (…)».
16
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Al respecto, esta Sección ha señalado que cuando se inician las actuaciones
administrativas encaminadas a formular liquidaciones oficiales, las autoridades
tributarias tienen competencia para valorar si determinada erogación laboral tiene o
no el carácter de salario, lo que por supuesto incluye la verificación de cualquier
acuerdo al que lleguen las partes, ello sin perjuicio de la competencia que le
corresponde a la jurisdicción ordinaria18. No prospera el cargo.
5. Firmeza de las autoliquidaciones
La demandante discute que las autoliquidaciones presentadas por el año 2013 se
encontraban en firme por mandato del artículo 714 del Estatuto Tributario, debido a
que la entidad notificó el requerimiento para declarar y/o corregir por fuera de los 2
años que establece dicha norma.
También señaló que si bien el artículo 178 de la Ley 1607 de 2012 dispuso el término
de 5 años para que la unidad ejerciera sus facultades de fiscalización, lo cierto era
que estos debían contarse desde la ocurrencia de la conducta reprochable y que
dicho lapso de tiempo se interrumpía con la notificación del acto que determina o
liquida los valores presuntamente adeudados al sistema.
Para resolver el primer asunto, se precisa que esta Sala ya se pronunció sobre este
asunto, por lo que aplicará en lo pertinente, el criterio de decisión judicial adoptado
sobre el particular19.
Al efecto, se consideró que las leyes que regulan las formas para reclamar derechos
deben aplicarse hacía el futuro una vez sean promulgadas, de conformidad con lo
previsto en el artículo 40 de la Ley 153 de 1887,20 modificado por el artículo 624 del
Código General del Proceso.
Por lo anterior, la Sala fijó su criterio en el sentido que “aunque las actuaciones tendientes
a la determinación oficial hubiesen iniciado bajo la Ley 1607 de 2012, el término de caducidad que
debe observar la autoridad para iniciar el procedimiento de revisión de las autoliquidaciones de las
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, es el previsto en el artículo 714 del ET si la
declaración, o la última corrección, se presentó con anterioridad al 26 de diciembre de 2012, fecha
de entrada en vigor de la Ley 1607 de 2012, la cual dispuso un nuevo término que alcanza tanto a
las situaciones de omisión de la afiliación, como a las de inexactitud en la autoliquidación o las
infracciones que corresponda.” 21
En dichos precedentes también se tuvo en cuenta que, la Ley 1151 de 2007 en su
artículo 156 dispuso, entre las funciones de la UGPP, la determinación de la
adecuada, completa y oportuna liquidación y pago de las contribuciones
parafiscales de la protección social. Además, de conformidad con la jurisprudencia
constitucional, dichos recursos parafiscales, tenían naturaleza tributaria y, por ende,
estaban sujetos a los principios que aplican en esta materia. Esto se refuerza con
la sentencia C-577 de 1995 en la que se manifestó que según “las características de la
cotización en seguridad social, se trata de una típica contribución parafiscal, distinta de los impuestos
18 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Sentencia del 1 de noviembre
de 2012, exp.17786, C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas, reiterada en sentencias del 10 de marzo y del
25 de agosto de 2022, exp.24971 y 26284, respectivamente, y del 1 de junio de 2023, exp.26182 C.P.
Myriam Stella Gutiérrez Argüello
19 Sobre la aplicación de la firmeza para los períodos de 2013 se puede consultar la sentencia del 27 de abril
de 2023, exp.27118 C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello
20 ARTICULO 40. Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las
anteriores desde el momento en que deben empezar a regir. (…)
21 Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencia del 19 de agosto de 2021, exp.25086, C.P. Julio Roberto
Piza Rodríguez
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y las tasas. En efecto, constituye un gravamen fruto de la soberanía fiscal del Estado, que se cobra
de manera obligatoria a un grupo de personas cuyas necesidades en salud se satisfacen con los
recursos recaudados, pero que carece de una contraprestación equivalente al monto de la tarifa. Los
recursos provenientes de la cotización de seguridad social no entran a engrosar las arcas del
presupuesto Nacional, ya que se destinan a financiar el sistema general de seguridad social en
salud”.
En ese contexto, es claro el criterio de la Sala según el cual resulta aplicable a las
planillas de autoliquidación de las contribuciones al Sistema de la Seguridad Social
y Parafiscales el artículo 714 del Estatuto Tributario, siempre y cuando éstas
hayan sido presentadas con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley
1607 de 201222. Así, en virtud de la norma tributaria, la declaración quedaba en
firme, para la época de los hechos, si dentro de los dos años siguientes a la fecha
del vencimiento para declarar no se notificaba requerimiento, y en caso de
presentación extemporánea, esos 2 años se computaban a partir de la fecha de
presentación de la planilla.
Ahora bien, la mencionada Ley 1607 de 2012, al determinar la competencia para la
determinación y el cobro de las contribuciones parafiscales de la protección social,
en su artículo 178 parágrafo segundo, dispuso que la entidad podría iniciar las
acciones de determinación de los aportes dentro de los 5 años siguientes contados
desde el momento de ocurrencia de la conducta fiscalizada. Así dice la norma:
“ARTÍCULO 178. COMPETENCIA PARA LA DETERMINACIÓN Y EL COBRO DE LAS
CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. La UGPP será la
entidad competente para adelantar las acciones de determinación y cobro de las
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, respecto de los omisos e inexactos, sin
que se requieran actuaciones persuasivas previas por parte de las administradoras
(…)
PARÁGRAFO 2o. La UGPP podrá iniciar las acciones sancionatorias y de determinación de
las Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, con la notificación del Requerimiento
de Información o del pliego de cargos, dentro de los cinco (5) años siguientes contados a partir
de la fecha en que el aportante debió declarar y no declaró, declaró por valores inferiores a
los legalmente establecidos o se configuró el hecho sancionable. En los casos en que se
presente la declaración de manera extemporánea o se corrija la declaración inicialmente
presentada, el término de caducidad se contará desde el momento de la presentación de la
declaración extemporánea o corregida.”
Comoquiera que, en este caso, las planillas fiscalizadas por la UGPP
correspondieron a los períodos 2013, no podían estar sujetas al término de firmeza
previsto en el Estatuto Tributario, tal como lo alegó la demandante, toda vez que
para esos períodos ya estaba vigente la Ley 1607 de 201223 que en su artículo 178
dispuso el término de 5 años para que la entidad iniciara sus facultades de
fiscalización24.
Se advierte que tampoco es procedente el argumento según el cual el término para
iniciar el proceso de fiscalización se interrumpe únicamente con la notificación de la
liquidación oficial, pues según el criterio mayoritario de esta Sección “(…) la
interpretación sistemática de la ley 1607 de 2012, parágrafo 2º de los artículos 178 y 180, resulta
determinante para concluir que, el acto que tiene la aptitud para impedir la caducidad de la potestad
22 La Ley fue publicada en el Diario Oficial Nro. 48.655 de 26 de diciembre de 2012.
23 Dicha ley entró en vigencia el 26 de diciembre de 2012, fecha de su publicación.
24 En términos similares se pronunció la Sala en sentencia del 20 de octubre de 2022, exp. 26538 C.P. Stella
Jeannette Carvajal Basto.
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de gestión de la demandada, es el acto preparatorio previsto por la Ley, esto es, el requerimiento
para declarar y/o corregir (…)”.25
En esos términos no procede el recurso de apelación.
6. Falta de motivación
La sociedad señala que los actos demandados adolecían de una falta de
motivación, en la medida que no explicaron las razones que dieron lugar las
conductas fiscalizadas, así mismo, los archivos Excel anexos contenían un lenguaje
cifrado, lo cual impedía el ejercicio del derecho de defensa.
Para la Sala26 los actos de la UGPP están debidamente motivados cuando incluyen
los valores y las razones que sirvieron de sustento a los ajustes. Igualmente, se ha
aceptado que los archivos Excel hacen parte integral de las liquidaciones, en la
medida que detallan la forma en que se determina el ajuste para cada uno de los
subsistemas del Sistema de Seguridad Social. De ahí que la Sección afirmara que,
“en la motivación de esta clase de actos y dependiente de la conducta (omisión, mora e inexactitud),
es necesario que se identifique el tipo de incumplimiento, el año, el mes, el trabajador, los días
trabajados, los pagos que constituyen salario y cuáles no, el total remunerado, el IBC, entre otros
aspectos”27.
En este caso, se evidencia que tanto la liquidación oficial como la resolución que
resolvió el recurso de reconsideración se encuentran debidamente motivadas, en la
medida que la UGPP citó los antecedentes que dieron lugar a la actuación, el marco
legal y jurisprudencial que rige la obligación del pago de aportes, los subsistemas y
períodos fiscalizados, la determinación del IBC, entre otros. Sumado a ello, en las
resoluciones se hizo énfasis en que la determinación del IBC se encontraba
detallada en el archivo Excel adjunto, el cual hace parte integral de la decisión
administrativa como en reiteradas ocasiones lo ha considerado la Sala.
También se advierte que frente a dichos aspectos la demandante pudo ejercer su
derecho de defensa al contestar el requerimiento para declarar y/o corregir e
interponer el recurso de reconsideración, mediante los cuales debatió las glosas
propuestas por la Administración. No prospera el cargo
7. Creación de tercera norma
La demandante insiste en que la UGPP al expedir los actos acusados conjugó los
procedimientos establecidos en las Leyes 1151 de 2007 y 1607 de 2012, lo que dio
lugar a la figura denominada “Tercera Norma y/o Lex Tertia”. Al efecto transcribió el
encabezado de la liquidación oficial en el que se mencionaron además de las
mencionadas normas, los Decretos 169 de 2008 y 575 de 2013.
Ahora bien, en la liquidación oficial la UGPP señaló lo siguiente:
“El Subdirector de Determinación de Obligaciones de la Unidad de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales – UGPP, en uso de las facultades conferidas en los artículos 21
numeral 10º del Decreto 575 de 2013, 156 de la Ley 1151 de 2007, 1º literal b) del Decreto
25 Consejo de Estado. Sección Cuarta, sentencia del 19 de julio de 2023, exp.26571, C.P. Wilson Ramos Girón.
26 Al respecto se pueden consultar la sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, del 2 de octubre de
2019, exp.24090, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez; reiterada en la sentencia del 10 de marzo de 2022,
exp.24971, C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello, entre otras.
27 Consejo de Estado. Sección Cuarta, sentencia del 26 de agosto de 2021, exp.24735, C.P. Stella Jeannette
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Ley 169 de 2008, 178 y 179 de la Ley 1607 de 2012, 50 de la Ley 1739 de 2014 y en lo no
previsto en estas disposiciones, en las normas contempladas en el Libro v, Títulos I, IV, V y VI
del Estatuto Tributario, profiere la presente Liquidación Oficial con base en los siguientes: (…)”
La Sala no acepta el planteamiento de la sociedad, por el contrario, de la anterior
transcripción lo que se advierte es el ejercicio de la UGPP al mencionar la Ley 1151
de 2007 como la norma creadora de la entidad y la que le otorgó las facultades de
fiscalización, mientras que la Ley 1607 de 2012 la menciona por ser la norma
vigente al momento de expedición del acto.
Así mismo, hizo referencia a los Decretos 169 de 2008 y 575 de 2013 por ser las
regulaciones que ratificaron la competencia funcional de la entidad, sin que de ello
pueda inferirse una creación o conjugación normativa por parte de la UGPP, por el
contrario, se evidencia que la unidad trató de poner en conocimiento de la sociedad
las normas que sirvieron de fundamento para la decisión. No prospera el cargo.
8. Ingreso efectivamente percibido – errores en formato de nómina
Para resolver el cargo, el Tribunal analizó el caso de 2 trabajadores, frente a los
cuales advirtió que la unidad determinó los ajustes con fundamento en la
información reportada por la aportante, pero omitió la existencia de novedades como
la variación transitoria del salario y la licencia no remunerada. No obstante, al
verificar las sumas reportadas por la empresa en la hoja de trabajo y los
desprendibles de nómina, y al efectuar el cálculo del IBC con base en el artículo 71
del Decreto 806, pudo corroborar que la demandante pagó las cotizaciones sobre
un valor menor al que estaba obligada.
La demandante en el recurso de apelación insistió en que los desprendibles de
nómina reflejaban el valor real percibido por los trabajadores, lo que a su vez
conformaba el IBC de los aportes al sistema, pero que la demandada carecía de
competencia para modificar dicha información salarial, en su lugar, sus facultades
se limitaban a determinar la mora, inexactitud y omisión, todo lo cual debía atender
el principio de la realidad sobre las formas. En ese contexto, debía tomarse la
información que reflejaba la realidad de la empresa, comoquiera que la nómina
podía incurrir en errores.
Para la Sala los reproches planteados por la sociedad son insuficientes para
desvirtuar la determinación del IBC efectuada por el Tribunal en relación con los
trabajadores estudiados, nótese como en la sentencia precisamente se analizaron
los desprendibles de nómina, así como las planillas de aportes y, luego de efectuar
el cálculo de la base de cotización, fue que llegó a la conclusión que la demandante
pagó aportes inferiores a los que correspondía.
Sin embargo, la apelante en su recurso se limitó a señalar que la información
contenida en dichos desprendibles era la que reflejaba su realidad y no el formato
de nómina suministrado a la UGPP, mismos que, como se dijo, fueron revisados en
la decisión y a partir de los cuales se efectuó el cálculo de la cotización, aspecto
que en todo caso no fue controvertido ni desvirtuado por la demandante.
Al respecto, debe tenerse en cuenta que, de conformidad con el artículo 320 del
Código General del Proceso (aplicable por remisión del artículo 306 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), la apelación tiene
por objeto la revisión de los reparos concretos por el apelante, lo cual se echa de
menos en este caso, de ahí que la Sala considere que las sentencias de primera
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instancia deben ser confirmadas cuando los motivos de inconformidad del recurso
de apelación son incongruentes con la decisión del Tribunal28.
Ahora bien, no pasa por alto la Sala que la interesada en este cargo refirió el caso
de los empleados Coronado Hernández Luis Fernando (2013-3) y Guarín Barón
Nubia Amanda (2013-3), sin embargo, revisado el archivo Excel anexo a la
demanda, no se encontró que allí estuvieran demandados dichos trabajadores por
los períodos a los que se hizo mención en la apelación.
Por esta razón, la Sala se abstendrá de emitir pronunciamiento alguno, pues ha sido
constante la jurisprudencia en señalar que no le es permitido a las partes la inclusión
en sede de apelación de asuntos desconocidos y/o ausentes a lo largo del debate
judicial, es decir, que quedaron por fuera del objeto de controversia, siendo este un
requisito de las normas que regulan el derecho procesal administrativo y las
garantías del debido proceso29.
No prospera el cargo de apelación.
9. Novedades de ingreso y retiro
El Tribunal analizó el caso de tres trabajadores, a partir de los cuales señaló que, si
bien la entidad no tuvo en cuenta novedades como el ingreso y retiro, la variación
transitoria de salario y la licencia no remunerada, lo cierto fue que al liquidar el IBC
conforme a los días efectivamente laborados y aplicando la tarifa correspondiente,
el aporte pagado por la sociedad resultó inferior al que estaba obligada de
conformidad con sus cálculos, razón por la que mantuvo incólume los ajustes de la
entidad.
En el recurso de apelación la sociedad se limitó a reiterar que, de conformidad con
el artículo 17 de la Ley 100 de 1993, la obligación de cotizar al sistema recaía
únicamente sobre el tiempo que durara la relación laboral, razón por la cual era
improcedente la generación de deudas al sistema con desconocimiento de las
novedades de ingreso y retiro que reflejaban el vínculo entre la empresa y los
trabajadores.
Para la Sala el anterior reproche resulta insuficiente para desvirtuar la decisión del
Tribunal, pues el fondo de la decisión en la sentencia de primera instancia radicó en
el análisis del IBC y el pago inferior de los aportes a cargo de la sociedad, cálculos
que la sociedad no se detuvo a cuestionar o plantear entendimientos diferentes a
los analizados en esa oportunidad.
De manera que, tal como se dijo en el cargo anterior, en aquellos casos en que el
recurso de apelación resulte insuficiente para desvirtuar la sentencia de primera
instancia, o los planteamientos sean incongruentes con el análisis efectuado, se
impone confirmar la decisión del a quo.
Sin perjuicio de lo anterior, la Sala revisará el caso del trabajador Osorio Solano
Gabriel Eduardo, quien para el mes de julio de 2013 afirma la sociedad en la
demanda y el recurso que no trabajó porque ingresó en el mes de agosto.
28 Sobre el particular se puede consultar la sentencia del 30 de septiembre de 2021, exp.23542, C.P. Myriam
Stella Gutiérrez Argüello
29 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 23 de febrero de 2023, exp.26454, C.P. Myriam Stella
Gutiérrez Argüello.
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Con los anexos de la demanda reposa el desprendible de liquidación30 del cual se
advierte que este empleado ingresó a trabajar el 17 de julio de 2013 y se retiró el
mismo día. Ahora bien, en el SQL anexo a la resolución que resolvió el recurso de
reconsideración consta que la entidad tomó 1 día trabajado. Sin que sea necesario
que se liquide el IBC, comoquiera que el reparo sobre los días laborados, o en este
caso no trabajados, no fue demostrado.
No prospera el cargo de apelación.
10. Presunción de días. Novedades en el subsistema de ARL
Al igual que en los cargos precedentes, el Tribunal analizó el caso de 2 trabajadores,
frente a los cuales señaló que la UGPP desconoció las novedades presentadas y
reportadas en la hoja de trabajo de la sociedad y en las planillas, no obstante,
existieron diferencias a la hora de liquidar el aporte, comoquiera que se pagaron
valores inferiores a los que la actora estaba obligada legalmente, lo que daba lugar
a la inexactitud.
La actora en el recurso de apelación, al igual que en la demanda, insiste en que la
UGPP calculó los aportes a ARL sin tener en cuenta que algunos trabajadores
presentaron licencia no remunerada, maternidad, paternidad y vacaciones, y que
legalmente durante dichas novedades, ante la inexistencia de riesgo asegurable,
era improcedente el cobro a ARL de conformidad con el Decreto 1295 de 1994 y la
Ley 1562 de 2012.
Advierte la Sala que los reproches planteados por la demandante son insuficientes
para desvirtuar la decisión del Tribunal, nótese como en la decisión de primera
instancia precisamente se adujo el desconocimiento por parte de la UGPP de las
novedades de los trabajadores, pero el fondo de la decisión para negar el cargo
radicó en el pago inferior de los aportes por parte de la sociedad, sin embargo, en
su recurso la actora se limitó a señalar que durante las novedades alegadas era
improcedente el pago al subsistema de ARL, sin detenerse a controvertir la razón
de fondo, es decir, la diferencia en el cálculo del a quo y de la actora sobre el aporte
a pagar por las contribuciones.
Bajo esas consideraciones, se reitera que en aquellos casos en que los motivos de
inconformidad del recurso de apelación no discutan puntualmente lo decidido por el
a quo, conlleve a la confirmación de la sentencia de primera instancia.
Ahora como en los cargos anteriores, la sociedad hizo referencia a 4 trabajadores
en el recurso de apelación, sobre los cuales se advierte que Pinzón Díaz José
Reinaldo (2013-8) y Corcho Orozco Oswaldo (2013-8) no fueron incluidos en el
Excel anexo a la demanda por el período mencionado, por lo que se tratan de
asuntos nuevos traídos en la apelación. Por tanto, de conformidad con el precedente
reiterado anteriormente, la Sala se abstendrá de su análisis.
En lo que tiene que ver con Diaz Velandia Jeimmy Carolina (2013-8) si bien fue
enlistada en el Excel anexo a la demanda31, lo cierto es que allí no se identificó el
30 Samai del Tribunal. Índice 32. Cd entregable activo humano. 5. Presunción días ingreso – retiro. Presunción
retiro. 1093756919.pdf. Sobre esta prueba la La Sala precisa que, mediante respuesta del 14 de febrero de
2024 (índice 19 de Samai) al requerimiento efectuado por el despacho ponente (índice 12 de Samai), el
Tribunal indicó que las pruebas obrantes en el mencionado índice 32 correspondían a las mismas aportadas
por la sociedad con la demanda dentro de la oportunidad legal para ello.
31 Hoja denominada PRESUNCIÓN DÍAS SLN
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período que pretendía cuestionar la sociedad. Bajo esas consideraciones, fue
imposible para Sala tener certeza de que los datos de la demanda coincidieran con
lo que fue apelado.
Sobre el trabajador Arango Anzola Henry Alberto (2013-12), se pone de presente
que en el SQL del recurso de reconsideración únicamente se determinaron ajustes
por el subsistema de pensión, y en este cargo se discute ARL.
Por lo anterior, no prospera el cargo.
11. Suspensión y/o licencia no remunerada
Para resolver este asunto, el Tribunal estudió el caso de la trabajadora Mariela
García Estupiñán y encontró que en la PILA del mes de agosto la sociedad reportó
y efectuó la cotización sobre una novedad de licencia no remunerada por el término
de 17 días, y sobre un salario de $589.000. Sin embargo, la demandada se limitó a
determinar el ajuste para ese período con desconocimiento de dicha novedad y
aplicó el porcentaje de la contribución sobre un valor distinto, esto es, de $550.000.
En ese contexto, procedió a efectuar el cálculo del aporte de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 71 del Decreto 806 de 1998, concluyendo que el valor
pagado por la sociedad era idéntico al liquidado por esa Sala, razón por la que debía
desaparecer el ajuste.
Para la UGPP, quien apeló únicamente este cargo, era improcedente acceder a la
nulidad comoquiera que la sociedad omitió informar la novedad de licencia no
remunerada, por el contrario, la única que se tuvo en cuenta fue una incapacidad
de 15 días reportada en el formato de nómina, en ese contexto, el IBC debía
determinarse sobre 13 días laborados más 15 de incapacidad. Así, había una
incongruencia entre la PILA y el formato de nómina
Al respecto la Sala encontró que en el archivo anexo a la demanda 32 reposan los
desprendibles de nómina en los cuales se reportó la novedad de la licencia no
remunerada de la trabajadora Mariela García Estupiñán por el período de agosto de
2013 por 17 días y se evidenció pago salarial por los 13 días laborados, razón por
la cual se confirman los días reseñado por el Tribunal para esta novedad, de ahí
que existe prueba adicional a la PILA que da cuenta de la realidad laboral33.
Se pone de presente que, de acuerdo con los artículos 162 numeral 5, 166 numeral
2 y 175 numeral 4 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, las partes pueden presentar nuevas pruebas o mejorar las
recaudadas en la actuación administrativa34. Así las cosas, en sede judicial pueden
ser valorados elementos que las partes consideren necesarios para zanjar la
discusión planteada.
No prospera el recurso de apelación
32 En el índice 32 de Samai reposa el archivo denominado “CD ENTREGABLE ACTIVO HUMANO”, el cual a
su vez contiene la carpeta “1. LICENCIA NO REMUNERADA”, “DESPRENDIBLES LICENCIA NO
REMUNERADA”, “51843733”
33 La pila se puede consultar en Antecedentes. 4 Recurso de Reconsideración. Recurso de
reconsideración.rar. 201880012021842. 1. Pagos en planilla. Planillas 2013. Planillas aportes en línea.
Planilla_pagada_NI_900367236_24458240.xls
34 Consejo de Estado. Sección Cuarta, sentencia del 24 de febrero de 2022, exp.24394; reiterada en la
sentencia del 26 de octubre de 2023, exp.26647, ambas con ponencia de la consejera Myriam Stella
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12. Devolución de aportes
Dentro de los cargos del recurso de apelación, la actora propuso el denominado
“Devolución de aportes y pagos mediante planillas tipo J”, asunto que resulta consistente con
la pretensión formulada en la demanda respecto de la devolución. Sin embargo, el
Tribunal no se pronunció al respecto, razón por la cual esta Sala abordará la
discusión.
Para resolver la solicitud debe acudirse al artículo 311 de la Ley 1819 de 2016 que
establece que en los eventos en que se declare la nulidad total o parcial de los actos
administrativos y se ordene la devolución de aportes, la UGPP debe proferir un acto
mediante el cual ordene a las administradoras de los distintos subsistemas la
devolución de los montos determinados.
Como en este caso persiste la nulidad parcial de los actos, se ordenará a la UGPP
que, previa verificación de los pagos realizados por la sociedad aportante, realice la
devolución de los que resulten de las órdenes aquí dadas y lo decidido en primera
instancia35.
En relación con la planilla J, la Sala reitera que el uso de esta planilla dependerá de
la que conforme a los reglamentos se deba utilizar según la situación particular del
aportante y la causa que da origen al pago de las contribuciones, por lo que no
corresponde en esta oportunidad impartir directriz en ese sentido36.
Conclusión: La Sala modificará el restablecimiento del derecho, al respecto
ordenará a la UGPP efectuar la devolución de los pagos a que haya lugar de
conformidad con el artículo 311 de la Ley 1819 de 2016, previa verificación de los
mismos.
Finalmente, no habrá condena en costas en esta instancia, en razón a que no se
comprobó su causación como lo exige el artículo 365 del Código General del
Proceso, norma aplicable por remisión expresa del artículo 188 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
de Colombia y por autoridad de la ley.
FALLA
1. Declarar fundado el impedimento del consejero Milton Chaves García, en
consecuencia, se le separa del conocimiento del presente asunto.
2. Modificar el ordinal segundo de la sentencia de primera instancia proferida
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección
B, del 16 de marzo de 2023, el cual quedará así:
“SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho, ORDÉNASE a la UNIDAD
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES DE LA
35 En igual sentido se pronunció la Sala en sentencia del 27 de octubre de 2022, exp. 25825 C.P. Milton Chaves
García.
36 Consejo de Estado, Sección Cuarta. Sentencia del 1 de septiembre de 2022, exp. 26208 C.P. Stella
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PROTECCIÓN SOCIAL – UGPP a: (i) corregir y efectuar los aportes conforme las novedades
por suspensión temporal del contrato de trabajo o licencia no remunerada o comisión de
servicios, (ii) corregir y efectuar los cálculos correspondientes, considerando que no puede
tomar el auxilio de transporte o rodamiento como un pago no salarial en virtud de lo previsto
en el artículo 128 del Código Sustantivo del Trabajo, así tampoco, no debe incluir el auxilio de
transporte o rodamiento para calcular el límite del 40% previsto en el artículo 30 de la Ley
1393 de 2010, dado que tal prerrogativa únicamente comprende los pagos salariales del
artículo 127 ibídem y, (iii) corregir y efectuar los cálculos correspondientes al subsistema de
pensión, considerando que la empresa aportante no tiene la obligación de cotizar a este
subsistema respecto de los trabajadores que devengan una asignación de retiro y (iv) ordenar
la devolución de los pagos a los que haya lugar de conformidad con el artículo 311 de la Ley
1819 de 2016, previa verificación de los mismos.”
3. Confirmar en lo demás la sentencia apelada
4. Sin condena en costas en esta instancia.
Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al tribunal de
origen. Cúmplase.
La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILSON RAMOS GIRÓN
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