Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2019-00705-02
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2019-00705-02
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 25000-23-37-000-2019-00705-02
Consejero ponente: Milton Chaves Garcia
9 de septiembre de 2024
Radicado: 25000-23-37-0002019-00705-02 (28704)
Demandante: DRUMMOND LTD
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: MILTON CHAVES GARCÍA
Bogotá D.C., nueve (9) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-37-0002019-00705-02 (28704)
Demandante: DRUMMOND LTD
Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN-
Temas: Impuesto a los explosivos 2013. Solicitud de devolución.
Competencia de INDUMIL para denominar y determinar sustancias
como explosivos. Agentes y accesorios de voladuras.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en contra
de la sentencia del 14 de diciembre de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección “A”, que negó las pretensiones de la
demanda1.
ANTECEDENTES
El 15 de junio de 2018 la DIAN expidió la Resolución 6283-0043, mediante la cual negó
la devolución por pago de lo no debido de $4.655.695.433, por las facturas pagadas a
la Industria Militar -INDUMIL- por la demandante en relación con el concepto de
impuesto a los explosivos por el periodo 20132.
El 15 de agosto de 2018 la contribuyente interpuso recurso de reconsideración en
contra de la resolución enunciada, el cual fue resuelto por medio de la Resolución
004393 del 20 de junio de 2019 que confirmó en su totalidad el acto recurrido3.
DEMANDA
DRUMMOND LTD., en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho previsto en el artículo 138 del CPACA, formuló las siguientes pretensiones4:
“4. PRETENSIONES
4.1. Solicito que se declare la nulidad de los actos administrativos por medio de los
cuales la DIAN negó la solicitud de devolución del pago de lo no debido por valor
de $4.655.695.433, correspondiente al Impuesto Social a los Explosivos que le fue
1 Índice 54 de la plataforma SAMAI del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
2 Índice 10 de la plataforma SAMAI del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Anexo.
3 Índice 10 de la plataforma SAMAI del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Anexo.
4 Índices 5 y 10 de la plataforma SAMAI del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Demanda y reforma.
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Demandante: DRUMMOND LTD
cobrado sin causa legal por Indumil a Drummond en los meses de febrero a
diciembre de 2013. Los actos administrativos cuya nulidad se solicita, son:
4.1.1. Resolución 6283-0043 del 15 de junio de 2018, expedida por la División de
Gestión de Recaudo de la Dirección Seccional de Impuestos de Grandes
Contribuyentes de la DIAN, por medio de la cual se negó por improcedente la
solicitud de devolución del pago de lo no debido en la cuantía y por el concepto
antes referido (Anexo 3).
4.1.2. Resolución 004393 del 20 de junio de 2019, expedida por la Subdirección
de Gestión de Recursos Jurídicos de la Dirección de Gestión jurídica de la DIAN,
mediante la cual se resolvió el recurso de reconsideración interpuesto contra la
resolución citada en el numeral anterior, confirmándola en todas sus partes (Anexo
4).
4.2. Solicito que, a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la DIAN
reintegrar a Drummond, la suma de $4.655.695.433 pagada por Drummond sin
causa legal sobre la totalidad de agentes y accesorios de voladura facturados por
Indumil a Drummond en 2013.
4.3 En subsidio de la pretensión 4.2. inmediatamente precedente, solicito que, a
título de restablecimiento del derecho, se ordene a la DIAN reintegrar a Drummond,
la suma de $2.903.863.424 pagada por Drummond sin causa legal sobre el agente
de voladura denominado “Emulsión Drummond”, cobrado por Indumil a Drummond
en 2013 por no tener la condición de explosivo.
4.4. Solicito que de prosperar cualquiera de las dos pretensiones 4.2 y 4.3,
inmediatamente precedentes, se ordene a la DIAN reintegrar a Drummond los
intereses, actualizaciones o indexaciones a los que haya lugar.
4.5. Solicito que de resultar vencida la DIAN y puesto que este proceso se adelanta
para proteger el interés particular de un contribuyente, sea condenada en las
costas y agencias en derecho que se prueben en este proceso, con arreglo a lo
dispuesto en el artículo 188 del CPACA”.
La demandante invocó como normas violadas las siguientes:
• Artículos 223, 336 y 338 de la Constitución Política.
• Artículo 48 de la Ley 1438 de 2011.
• Artículos 16, 17 y 50 del Decreto Ley 2535 de 1993.
• Artículos 850 y 857 del Estatuto Tributario.
El concepto de la violación se sintetiza así5:
Advirtió que los actos demandados son violatorios del principio de reserva de ley,
porque permite determinar por INDUMIL, que la emulsión no sensibilizada es un
explosivo. Además, el suministro de explosivos no es un contrato de compraventa, sino
un servicio que se materializa con la participación de ambas partes del contrato, lo cual
se prueba mediante dictamen pericial de contador público y el convenio de producción
de agentes de voladura entre la actora e INDUMIL.
5 Ibidem
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Explicó que de acuerdo con las características de la “Emulsión Drummond” y dictamen
pericial del Mayor Alvarado remitido al expediente INDUMIL facturó y recaudó el
impuesto sobre los explosivos de un producto que no es explosivo, sino un
comburente, ya que pertenece a la clase 5.1 de sustancias peligrosas y no a la clase
1.5 de explosivos según el estándar internacional de mercancías peligrosas
denominado Libro Púrpura y la Norma Técnica Colombiana 3966.
Alegó que el término de “porte” o “tenencia” del artículo 48 de la Ley 1438 de 2011 se
refiere a las armas de fuego y no debe extenderse al impuesto a los explosivos.
Adicionalmente, señaló que el monopolio del artículo 223 de la Constitución Política
tiene como fin la protección de la seguridad nacional, y no es un monopolio de arbitrio
rentístico como el del artículo 336 de dicha norma.
Aclaró que los agentes y accesorios de voladura tienen un fin civil, ya que por sí solos
no pueden generar una explosión, por lo que no cumplen con el hecho generador del
tributo en discusión. En el mismo sentido, manifestó que el artículo 48 de la Ley 1438
de 2011 al utilizar la expresión “ad valorem” no permite que el tributo recaiga sobre la
transacción, por lo que no puede gravar los accesorios que no son explosivos.
Advirtió falsa motivación de los actos demandados, porque el hecho de que el pago
del impuesto a los explosivos sea deducible del impuesto sobre la renta no limita la
posibilidad de solicitar el pago de lo no debido. Además, la diferencia del valor del
tributo solicitado en devolución por $370.084.584 que determinó la DIAN es por un
error de numeración de facturas de INDUMIL.
Aclaró que no existe prescripción de ninguno de los periodos solicitados en devolución,
debido a que la petición de devolución se realizó el 26 de febrero de 2018 pero se
subsanó el 20 de marzo del mismo año, por lo que la DIAN la admitió el 19 de abril de
dicho año. En consecuencia, no pasaron más de 5 años para la solicitud de devolución
que permite la ley al solicitarse el valor de impuesto a los explosivos pagado desde el
mes de febrero de 2013.
CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
La DIAN se opuso a las pretensiones de la demanda en los siguientes términos6:
Manifestó que la demandante pretende obtener beneficios fiscales concurrentes,
porque de acuerdo con el artículo 115 del Estatuto Tributario no puede deducirse de
la declaración del impuesto sobre la renta el pago del impuesto a los explosivos, y no
es procedente la devolución del impuesto a los explosivos al ser un tributo ya causado.
Señaló que de acuerdo con el artículo 224 de la Ley 100 de 1993, los artículos 1, 2, 4,
50 y 57 del Decreto Ley 2535 de 1994 y el Decreto 334 de 2002 los bienes que
INDUMIL le vendió a la demandante constituyen explosivos. Además, la Ley 1438 de
2011 solo subió la tarifa de dicho tributo al 20%, por lo que no se válido lo explicado
por la actora respecto a dicha norma.
6 Índices 8 y 18 de la plataforma SAMAI del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Contestación y contestación
de la reforma de la demanda.
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Señaló que entre INDUMIL y la demandante existió un contrato de venta de bienes,
por lo que no existió prestación de servicios, como lo alega la actora. Adicionalmente,
de acuerdo con el “Convención Interamericana contra la fabricación y tráfico ilícito de
explosivos”, que se encuentra en la Ley 732 de 2002 los agentes de voladura se deben
considerar explosivos.
Expresó que la autoridad competente para determinar si un determinado elemento se
clasifica como explosivo es INDUMIL conforme al artículo 5 del Decreto 334 de 2002,
y que los elementos que participaron en la elaboración de la emulsión tenían
naturaleza de explosivos, en consecuencia, sobre todos ellos debía cobrarse el tributo.
Advirtió que la demandante registró en su contabilidad la emulsión y demás elementos
de las facturas emitidas por INDUMIL como explosivos, y aclaró que el Decreto 2222
de 1983 no diferencia a los explosivos de los agentes de voladura. En el mismo
sentido, el arancel de aduanas determina los bienes que se vendieron a la demandante
a INDUMIL como explosivos.
Aclaró que la afirmación de la diferencia de valor en el proceso de devolución por
$370.084.584 no se encuentra probada por la demandante, no existe un monopolio
rentístico por INDUMIL, y no son procedentes los intereses en caso de devolución de
acuerdo con el artículo 863 del Estatuto Tributario. Además, no es válida la condena
en costas al ventilarse un tema de interés públicos, como son los tributos.
Manifestó que el convenio entre la demandante e INDUMIL es para producir
explosivos, y las recomendaciones de la Organización de Naciones Unidas -ONU- no
son vinculantes para temas legales. Adicionalmente, no se encuentra probada la falsa
motivación de los actos demandados al estar acorde con las especificaciones de ley.
SENTENCIA APELADA
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección “A”, negó
las pretensiones de la demanda y la condena en costas. Las razones de la decisión
se resumen así7:
Expresó que no operó la prescripción respecto a ninguno de los periodos reclamados,
porque el término de 5 años previsto en el artículo 2536 del Código Civil fue
interrumpido con la solicitud de devolución del pago de lo no debido del 26 de febrero
de 2018. Además, que de acuerdo con sentencia C-390 de 1996 el hecho generador
del impuesto recae en la adquisición de municiones o explosivos e INDUMIL de
acuerdo con el artículo 50 de la Ley 2535 de 1993 tiene la facultad de determinar
cuales bienes son explosivos.
Señaló que de acuerdo con el contrato entre INDUMIL y la demandante, la mencionada
entidad es propietaria de la “Emulsión Drummond”, el cual es el producto vendido a la
actora, por lo que existe una compraventa afectada por el impuesto a los explosivos.
Estableció que lo relevante para que una sustancia se clasifique como un explosivo es
el efecto final que puede llegar a tener en conjunto, por lo que la clasificación de todos
los bienes realizada por INDUMIL se encuentra de acuerdo con el artículo 50 del
7 Índice 54 de la plataforma SAMAI del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
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Decreto 2535 de 1993. En consecuencia, pese a las explicaciones de los dictámenes
periciales los agentes de voladura son explosivos.
Explicó que el hecho generador del tributo dependerá de la adquisición de los bienes
gravados ad valorem a través de la compra a INDUMIL y no de la autorización para
tener o portar armas de fuego. Además, el monopolio que tiene la Nación sobre los
explosivos no afecta, que los accesorios y agentes de voladura no compongan un
producto que puede explotar y sobre el que recae el tributo en discusión.
Advirtió que no se evidencian beneficios concurrentes, pero al ser la razón real que la
demandante cumplió con el hecho generador del impuesto no puede generar la nulidad
del acto demandado.
Finalmente, expuso que como la actora no desvirtuó la legalidad de los actos
demandados, el Tribunal no estudió de fondo las inconsistencias de los valores
consignados en las facturas que INDUMIL remitió a la DIAN, y no condenó en costas
al no encontrarse probadas en el expediente.
RECURSO DE APELACIÓN
La demandante apeló con fundamento en los siguientes argumentos8:
Alegó que la discusión se centra en que el impuesto a los explosivos no se encuentra
regulado, y que no existe una norma que haya facultado a INDUMIL para definir cuales
bienes se consideran gravados con dicho tributo. Además, advirtió que la sentencia
del Tribunal no cumple con el principio de legalidad debido a que el Decreto Ley 2535
de 1993 no regula el artículo 224 de la Ley 100 de 1993 o el artículo 48 de la Ley 1438
de 2011 en cuanto a la definición de explosivo y las facultades de INDUMIL.
Argumentó que de conformidad con el artículo 48 de la Ley 1438 de 2011 el impuesto
enunciado recae sobre los explosivos y no sobre las sustancias que no lo son. Además,
INDUMIL no tiene la facultad de designar que es un explosivo en virtud del artículo 51
del Decreto Ley 2535 de 1993 y Decreto 334 de 2003.
Reiteró que entre la demandante e INDUMIL existió un contrato de coproducción y no
compraventa de productos, porque entre ambos se crea una “Emulsión matriz”, lo cual
no es un explosivo, sino un comburente de acuerdo con los dictámenes periciales que
se encuentran en el expediente. Además, la contabilidad y facturas soporta dicha
operación, por lo que la realidad del contrato es lo que debe ser evaluado.
Afirmó que el Tribunal no valoró correctamente todas las pruebas que obran en el
expediente para determinar que los agentes y accesorios de voladura sí son explosivos
pues son sustancias que no detonan estando técnicamente clasificadas como un
comburente.
Finalmente, subrayó la importancia del debido proceso administrativo para las
entidades estatales como INDUMIL al establecer procedimientos claros y justos para
la clasificación de sustancias como explosivas, de manera que se garantice que las
decisiones estén respaldadas por criterios objetivos.
8 Índice 57 de la plataforma SAMAI del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
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TRÁMITE PROCESAL DE SEGUNDA INSTANCIA
La parte demandante no se pronunció respecto al recurso de acuerdo con lo
establecido en el numeral 4 del artículo 247 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo modificado, por el artículo 67 de la
Ley 2080 de 2021.
El Ministerio Público no se pronunció.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
En los términos del recurso de apelación interpuesto por la demandante, le
corresponde a la Sala determinar: i) si los actos demandados no cumplen el principio
de legalidad por no existir normatividad aplicable para determinación del impuesto
social a los explosivos, y si INDUMIL es la entidad competente para clasificar diferentes
elementos como explosivos. Adicionalmente, ii) si la emulsión y los agentes y
accesorios de voladura son explosivos y por ende deben incluirse en el total de la base
gravable de dicho impuesto y, iii) si se llevó a cabo una coproducción de agentes de
voladura entre Drummond e INDUMIL.
Cuestión previa
La demandante en el escrito de apelación realizó un resumen de la sentencia de
primera instancia, respecto a la cual manifestó su inconformidad de apartes de la
decisión. Sin embargo, se observa que los argumentos jurídicos se desarrollaron en
los cargos específicos posteriores, por lo que la Sala solo se pronunciará de las
razones jurídicas argumentadas.
En cuanto a la violación al principio de legalidad y la calidad de explosivos de
bienes accesorios
La demandante alegó violación al principio de legalidad, debido a que no existe norma
o regulación aplicable al impuesto de los explosivos y a la facultad de Indumil de
determinar, que se entiende como explosivo. Además, explicó que la “Emulsión matriz”
al no ser explosivo, sino un comburente no puede ser gravado con el mencionado
tributo.
En relación con las normas aplicables al impuesto a los explosivos y la facultad de
INDUMIL para determinar los bienes que se consideran explosivos esta Sala en
sentencia del 24 de octubre de 2019, explicó lo siguiente9:
“Adicionalmente, el artículo 5 del Decreto 334 de 2002, que regula de forma
exclusiva los explosivos, enuncia lo siguiente:
“Artículo 5°. Clasificación. La Industria Militar será el organismo competente para
clasificar como explosivos para todos los efectos legales, las materias primas o
9 Exp. 22081. C.P. Milton Chaves García. Posición reiterada en sentencias como la del 28 de noviembre de 2019.
Exp. 22801. C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez; 4 de diciembre de 2019. Exp. 22172. C.P. Jorge Octavio Ramírez
Ramírez entre otras.
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insumos que sin ser explosivos individualmente, en conjunto conforman una
sustancia explosiva, y de ello informarán al Ministerio de Comercio Exterior, a la
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, y al Departamento
Administrativo de Seguridad, DAS.
De acuerdo a lo expuesto por la norma transcrita, INDUMIL tiene la facultad de
determinar que se considera explosivo, por lo que en el presente caso y de
acuerdo a su conocimiento técnico y apegándose a la normatividad existente, le
confirió el carácter de explosivo a la “Emulsión 70/30” en la venta a la actora. […]
La Sala aclara que el impuesto social a las municiones y explosivos fue creado
mediante el artículo 224 de la Ley 100 de 1993, y posteriormente fue modificado
mediante el artículo 48 de la Ley 1438 de 2011, que en estricto sentido únicamente
aumentó el valor de la tarifa del tributo enunciado.
El artículo 48 de la Ley 1438 de 2011, enuncia lo siguiente:
“Artículo 48. Impuesto social a las armas y municiones. Modifíquese el artículo 224
de la Ley 100 de 1993, el cual quedará de la siguiente manera:
“Artículo 224. Impuesto social a las armas y municiones. A partir del 1° de enero
de 1996, créase el impuesto social a las armas de fuego que será pagado por
quienes las porten en el territorio nacional, y que será cobrado con la expedición
o renovación del respectivo permiso y por el término de este. El recaudo de este
impuesto se destinará al fondo de solidaridad previsto en el artículo 221 de esta
ley. El impuesto tendrá un monto equivalente al 30% de un salario mínimo
mensual. Igualmente, créase el impuesto social a las municiones y explosivos, que
se cobrará como un impuesto ad valórem con una tasa del 20%. El gobierno
reglamentará los mecanismos de pago y el uso de estos recursos: el Plan de
Beneficios, los beneficiarios y los procedimientos necesarios para su operación.
Parágrafo. Se exceptúan de este impuesto las armas de fuego y municiones y
explosivos que posean las Fuerzas Armadas y de Policía y las entidades de
seguridad del Estado”. (Subraya y resalta la Sala)
La Sala advierte, que respecto a los elementos del impuesto social a las
municiones y explosivos, la Corte Constitucional se pronunció en la sentencias C-
390 de 1996 y que posteriormente reiteró su posición en la Sentencia C-608 de
2012, en las que aclaró respecto a los elementos del tributo bajo análisis, lo
siguiente: […]
Por su parte, el Consejo de Estado como tribunal supremo de lo contencioso
administrativo, y la Sección Cuarta como juez natural en materia tributaria, debe
pronunciarse de manera concreta sobre temas referentes a impuestos,
contribuciones fiscales y parafiscales.
De acuerdo a lo expuesto, si bien la Corte Constitucional realizó un análisis
abstracto para determinar los elementos del tributo, la Sala procederá a realizar
un análisis en concreto sobre ellos, conforme al artículo 48 de la Ley 1438 de
2011.
En la exposición de motivos del Proyecto de Ley 155 de 1992, que posteriormente
le dio vía a la Ley 100 de 1993, no contenía en su articulado los impuestos sociales
a las armas de fuego, municiones y explosivos. […]
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Para el caso del impuesto social a las municiones y explosivos, tal como lo explicó
la Corte Constitucional en sentencia C-390 de 1996, la tarifa aplicable es del 20%
que se cobrará como un impuesto ad valorem de acuerdo al artículo 48 de la Ley
1438 de 2011.
El artículo 48 de la Ley 1438 de 2011 enuncia la expresión de “impuesto ad
valórem”, que se puede definir como:
“Impuesto que se fija en función del precio del producto o servicio que se está
gravando. La cuantía de la obligación tributaria se determina aplicando una
cantidad porcentual al valor del hecho que es gravable.”
De acuerdo con el criterio expuesto, los impuestos ad valórem son tributos que
recaen sobre un producto o servicio gravado, y la cuantía se calcula de acuerdo
con un porcentaje que recae sobre el hecho gravable.
La segunda expresión relevante que el legislador contempló en el artículo 48 de
la Ley 1438 de 2011 es el de “cobrará”, que se define como:
“Verbo activo transitivo. Se trata de coger, aceptar, recibir y tomar el dinero como
pago de una obligación de tipo financiero y ya sea de una deuda. […]” (Resalta la
Sala)
De acuerdo con la definición de cobro transcrita, se parte de la existencia de una
transacción, sobre la que se persigue el pago de una deuda.
En el caso de los impuestos ad valórem, el tributo recae sobre una transacción,
que para el caso de los explosivos, la transacción se encuentra compuesta por
varios elementos.
Los explosivos tienen una restricción por parte de la Constitución Política,
consistente en que solo el gobierno los puede “introducir al país” y fabricarlos, por
lo que los particulares solo pueden poseerlos o portarlos con permiso expedido
con base en la potestad discrecional de la autoridad competente.
El Decreto Legislativo 2535 de 1993 expedido por el Ministerio de Defensa,
dispone lo siguiente:
“ARTICULO 2º. Exclusividad. Sólo el Gobierno puede introducir al país, exportar,
fabricar y comercializar armas, municiones, explosivos y las materias primas,
maquinaría y artefactos para su fabricación y ejercer el control sobre tales
actividades.
ARTICULO 3º. Permiso del Estado. Los particulares, de manera excepcional, sólo
podrán poseer o portar armas, sus partes, piezas, municiones, explosivos y sus
accesorios, con permiso expedido con base en la potestad discrecional de la
autoridad competente.” (Subraya la Sala)
El artículo 51 del mismo decreto, contempla ciertos requisitos que deben ser
cumplidos con el fin de realizar transacciones con explosivos, como solicitud,
pruebas para lo que se va a emplear el explosivo y justificación, pero la decisión
de la transacción es de la autoridad militar, que deberá tener en cuenta la situación
de orden público del lugar en que se transa el producto explosivo y sus accesorios.
[…]
8
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En consecuencia, la transacción que se realice sobre explosivos no puede
realizarse únicamente de un material explosivo, sino que se requiere que sea
vendido de manera conjunta, con los accesorios, el servicio de escolta, la persona
designada para su control y demás elementos que integran la transacción, por lo
que el impuesto ad valórem a los explosivos recae sobre el valor económico de
los elementos gravados.
En este orden de ideas, el legislador estableció en el artículo 48 de la Ley 1438
de 2011 respecto al impuesto social a las municiones y explosivos, lo siguiente:
“[…] Igualmente, créase el impuesto social a las municiones y explosivos, que se
cobrará como un impuesto ad valórem con una tasa del 20%. […]”,
La Sala advierte, que el impuesto bajo análisis al ser cobrado ad valórem,
determinó que la tarifa del 20% recae sobre una transacción, por lo que en el caso
del impuesto social a las municiones y explosivos, el sujeto pasivo es el que paga
por las municiones o los explosivos y el hecho generador, la transacción de las
municiones o explosivos, que en el presente caso es la compraventa de dichos
productos, de acuerdo a lo establecido por el legislador.”
(Subraya la Sala)
De acuerdo con el criterio de esta Sala que se reitera, INDUMIL tiene la facultad de
determinar cuales bienes se consideran explosivos, y la normativa existente determina
todos los elementos del tributo, por lo que no le asiste la razón a la demandante de ser
evidente una violación al principio de legalidad o de reserva de ley al no existir norma
que los determine.
Se observa que en la sentencia enunciada, se especifican las normas aplicables en
relación con el impuesto a los explosivos en los que se incluyen el Decreto 2535 de
1993 y el Decreto 334 de 2002, los cuales cual se aclara que pese a que no regula de
forma específica los artículos 224 de la Ley 100 de 1993 o el 48 de la Ley 1438 de
2011 es una norma que puede aplicarse de acuerdo con los métodos de interpretación
previstos entre el artículo 25 al 32 del Código Civil que aplican en materia tributaria10.
En cuanto a la “Emulsión matriz” y accesorios se reitera que no debe ser en un sentido
técnico un explosivo como lo determinan los dictámenes periciales el Libro Purpura y
el Libro Naranja de la ONU, sino que requiere ser parte de la mezcla con la que se
pueda crear un explosivo, como lo aclara la sentencia transcrita, para que se genere
el tributo en discusión.
En el presente caso, se observa que en las facturas expedidas por INDUMIL sobre las
que recae el impuesto a los explosivos contienen elementos como emulsión, exel ms,
exel Connectadet, pentofex, y fulminante de caería, que en términos generales son
detonadores, accesorios, explosivos y productos de dispersión mecánica, que de
acuerdo con el criterio que se reitera hacen parte de la mezcla de explosivo, por lo que
sobre todos recae el mencionado tributo11.
En este orden de ideas, no prosperan los cargos.
10 Sentencia del 12 de octubre de 2017. Sección Cuarta del Consejo de Estado. Exp. 19950. C.P. Stella Jeannette
Carvajal Basto.
11 Índice 10 de la plataforma SAMAI del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Anexo.
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Demandante: DRUMMOND LTD
En cuanto al contrato de compraventa de explosivos.
La demandante advirtió que no se cumplió con el hecho generador del impuesto a los
explosivos, porque existió una coproducción de la denominada “Emulsión matriz”, por
lo que no existió una compraventa de producto.
Como se explicó previamente, el hecho generador del impuesto a los explosivos es la
adquisición de productos que hagan parte de la mezcla, que como resultado genere
un explosivo. Sin embargo, la actora alega que de acuerdo con el “CONVENIO ENTRE
INDUMIL Y DLTD PARA LA COPRODUCCIÓN DE AGENTES DE VOLADURA” al
existir la coproducción de un producto no se genera el impuesto a los explosivos.
Se advierte, que de acuerdo con lo expuesto previamente los agentes de voladura y
emulsiones generan el impuesto a los explosivos al ser parte de la mezcla para
generar explosivos. Adicionalmente, se observa que en el mencionado convenio se
determinó en las consideraciones lo siguiente12:
“”3. Que el artículo 51 del citado Decreto consagra: “Parágrafo 1: La venta de
explosivos será potestad discrecional de la autoridad militar competente, debiendo
tenerse en cuenta la situación de orden público reinante en la zona donde se vaya
a utilizar el material y la conveniencia y seguridad del Estado. La venta podrá ser
permanente cuando se acredite su uso para fines industriales.
Parágrafo 2. Previa coordinación se podrá autorizar la fabricación y venta de
explosivos en el sitio de trabajo.
Parágrafo 3. El Gobierno Nacional podrá ejercer control sobre los elementos
requeridos para uso industrial, que sin serlo individualmente, en conjunto
conforman substancias explosivas y sobre los elementos que sin serlo de manera
original mediante un proceso puede transformarse en explosivo”
4. Que este Convenio se realiza en cumplimiento de las políticas del Gobierno
Nacional sobre el ejercicio del monopolio constitucional que en esta materia ejerce
el Estado, y en procura de mantener o mejorar las condiciones de competitividad
para la industria minera en el segmento de insumos explosivos.”
De los anteriores apartes del convenio entre INDUMIL y la demandante se advierte
que se reconoce que lo que se realiza es una venta de un producto y que la
mencionada entidad tiene el monopolio de la producción de explosivos y sus
accesorios. En el mismo sentido y de forma específica la siguiente cláusula del
convenio determina:
“Cláusula décima primera. Venta de explosivos: Habida cuenta que el propósito
principal de este contrato es la coproducción para beneficio de la explotación
minera que realiza DLTD, que ésta última entregará a INDUMIL las Plantas de
ANFO y Emulsiones, y que correrá con los costos de mantenimiento y seguros de
las Plantas de Emulsión y ANFO, así como con algunos costos de operación de
dichas Plantas INDUMIL se obliga con DLTD a vender la producción de Emulsión
que ella requiera a precios especiales que reconozca tales situaciones de acuerdo
con el Anexo 7. […]”
12 Índice 9 de la plataforma SAMAI del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Convenio.
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Demandante: DRUMMOND LTD
De acuerdo con la cláusula transcrita, el convenio entre las partes tiene como fin que
INDUMIL venda los productos de las plantas a la demandante, por lo que no se
evidencia elementos que desnaturalicen la compraventa de material explosivo.
En cuanto al dictamen pericial, la forma de registro contable y explicaciones técnicas
de la actora en el escrito de apelación, se advierte que no desvirtúan que haya existido
una venta de productos explosivos de INDUMIL a la demandante, ya que el convenio
es un contrato de compraventa, las facturas determinan la venta de emulsión, y solo
la entidad enunciada tiene el monopolio de su producción y venta13. Además, se
reitera que la emulsión al ser un producto que al hacer parte de la mezcla para un
explosivo genera el tributo en discusión, y no se evidencia una indebida valoración
probatoria del Tribunal, porque para su decisión tuvo en cuenta las pruebas aportadas
por la demandante.
En el mismo sentido, se aclara que las normas enunciadas establecen la forma en la
que se aplica el impuesto a los explosivos, al existir los elementos del tributo de forma
clara desde la ley.
En este orden de ideas, no prospera el cargo.
Condena en costas
Conforme a lo previsto en los artículos 188 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y 365 numeral 8 del Código General
del Proceso, no procede la condena en costas, por cuanto en el expediente no se
encuentran pruebas que las demuestren o justifiquen.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 14 de diciembre de 2023, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección “A”.
SEGUNDO: Sin condena en costas en ambas instancias.
TERCERO: RECONÓCER personería para actuar en nombre de la parte demandada
a Marco Tulio Montes Canales, de conformidad con el poder que obra en el índice 12
de la Plataforma SAMAI.
Cópiese, notifíquese, devuélvase el expediente al Tribunal de origen. Cúmplase.
13 Índice 9 de la plataforma SAMAI del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Anexos.
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La anterior providencia se estudió y aprobó en sesión de la fecha.
(Con firma electrónica) (Con firma electrónica)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA
Presidenta de la sección
(Con firma electrónica) (Con firma electrónica)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILSON RAMOS GIRÓN
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
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