Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2019-00714-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 25000-23-37-000-2019-00714-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2019-00714-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 25000-23-37-000-2019-00714-01
Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello
5 de diciembre de 2024
Radicado: 25000-23-37-000-2019-00714-01 (28046)
Demandante: Jaime Garcés Santamaría
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá, D.C., cinco (05) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación 25000-23-37-000-2019-00714-01 (28046)
Demandante JAIME GARCÉS SANTAMARÍA
Demandado DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN
Temas Impuesto sobre la renta año 2014. Firmeza de la declaración.
Deducción de impuestos y gastos.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia del 27 de abril de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B1, que resolvió lo siguiente:
“PRIMERO: NIÉGANSE las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo expuesto en
la motiva de la presente providencia.
(…)”
ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA
Jaime Garcés Santamaría presentó la declaración del impuesto sobre la renta por
el año gravable 2014, el 22 de septiembre de 2015, en la que registró un saldo a
pagar.
Previa expedición del requerimiento especial 2 y su respuesta, la Administración
profirió la Liquidación Oficial de Revisión Nro. 3224120180000205 del 05 de junio
de 20183, mediante la cual desconoció parcialmente los gastos operacionales de
administración, rechazó deducciones y retenciones, determinó un mayor impuesto
a cargo e impuso sanción por inexactitud.
El contribuyente interpuso recurso de reconsideración, el cual fue resuelto el 10 de
junio de 2019 con la Resolución Nro. 992232019000014, que modificó la liquidación
oficial en el sentido de reducir el rechazo de gastos operacionales de administración
propuesto y aceptar las deducciones desconocidas, reliquidando el impuesto a
cargo e imponiendo sanción por inexactitud.
ANTECEDENTES DEL PROCESO
Demanda
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
contemplado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
1 Samai Tribunal, índice 31.
2 Requerimiento Especial Nro. 322392017000126 del 19 de septiembre de 2017.
3 En el anexo explicativo de la Liquidación Oficial se identifica con el número 322412018000190 de 2018.
1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 25000-23-37-000-2019-00714-01 (28046)
Demandante: Jaime Garcés Santamaría
Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), el demandante formuló las siguientes
pretensiones4:
“Primero.- DECLARAR la nulidad de la Resolución No. 322412018000205 del 05 de junio de
2018, sobre la "Liquidación oficial RTA Sociedades y/o Naturales Obligados Contabilidad
Revisión", en la cual se fija la suma a pagar de TRESCIENTOS VEINTICINCO MILLONES
QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS ($325'588.000), y a su vez, la nulidad de la
Resolución No. 992232019000014 de 10 de junio de 2019 mediante la cual resolvió "Por la
cual se decide un recurso de reconsideración", en la cual, se fija la suma de NOVENTA Y
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL PESOS ($94'976.000), en
consecuencia;
Segundo.- A título de restablecimiento de derecho, ACEPTAR, la declaración del impuesto
de renta y complementarios del año gravable 2014, presentada el 22 de septiembre de 2015
mediante formulario No. 111605387299 y adhesivo No. 91000318015602..
Tercero.- EXONERAR, de cualquier pago adicional a cualquier título, en especial por concepto
de multa o sanción, a razón de la debida presentación del impuesto de renta y
complementarios del año gravable 2014.”
A los anteriores efectos, la demandante invocó como violados los artículos 29 de la
Constitución Política; 107, 115, 563, 568, 647, 705 y 714 del Estatuto Tributario; y
138 de la Ley 1437 de 2011
El concepto de la violación se resume así:
1. Violación al debido proceso
Se refirió al debido proceso a partir de las sentencias C-341 de 2014 de la Corte
Constitucional y del 24 de septiembre de 2018, exp. 0616-2016 de la Sección
Segunda del Consejo de Estado para asegurar que hubo una indebida notificación
del requerimiento especial dado que ni el contribuyente ni personas vinculadas
laboralmente con él recibieron el acto, de tal forma que la declaración quedó en
firme al ser la notificación5 una ritualidad esencial del debido proceso.
Anotó que la dirección registrada en el RUT del señor Garcés no hace parte de
ningún conjunto residencial y corresponde a una casa independiente que no tiene
margen de error para la notificación. Sostuvo que el acto fue recibido por una
persona que no se conoce y que la DIAN ha debido disponer de otro medio diferente
de notificación, lo cual no hizo, de tal forma que el actor se enteró del requerimiento
casi un año después, hasta la siguiente actuación. Indicó que la violación al debido
proceso implicaba una vulneración de la seguridad jurídica y la confianza legítima.
Reiteró que, en caso de que el receptor del acto administrativo no tenga relación
con el notificado, se desvirtúa la validez de la notificación 6 , lo cual se puede
corroborar con la prueba de entrega de la empresa de mensajería, ya que en ningún
aparte se refiere al contribuyente o a alguna persona en su representación. Acotó
que, en el recurso de reconsideración, se explicó que quien recibió el acto no hace
parte de la nómina de trabajadores a cargo del demandante, para lo cual se
aportaron los aportes al sistema de seguridad social en salud para la época de los
hechos, argumento que obvió la DIAN.
4 Samai Tribunal, índice 5.
5 Citó el artículo 563 del Estatuto Tributario y las sentencias del 18 de junio de 2014 y del 25 de julio de 2019,
exp.22900, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez del Consejo de Estado.
6 Hizo referencia a la sentencia del 13 de septiembre de 2012, rad. 25000-23-27-000-2008-00172-01 del
Consejo de Estado
2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 25000-23-37-000-2019-00714-01 (28046)
Demandante: Jaime Garcés Santamaría
2. Transgresión fáctica del acto administrativo
Alegó que la resolución que resolvió el recurso de reconsideración registró una
suma en la página 1 como valor confirmado y otra distinta en la liquidación final del
impuesto, la cual se reflejó en la parte resolutiva, lo cual constituye un error de
digitación que debe ser informado. Insistió en el argumento de la indebida
notificación y desestimó que el demandante hubiese guardado silencio frente al
requerimiento especial pues no se enteró del acto.
Calificó de formalista la justificación de la referencia geográfica expuesta por la
DIAN, a través de la cual da prevalencia a la dirección frente a la recepción personal
de la notificación, a partir de la sentencia de septiembre de 2017, exp. 2360-10 de
la Sección Segunda del Consejo de Estado. Anotó que defender lo anterior
implicaría que cualquier persona que reciba la encomienda por error o con mala fe
generaría la notificación al interesado.
Cuestionó que el acto indicara que existió un allanamiento expreso de culpa, pues
ello se mencionó bajo la hipótesis de que se hubiese notificado el requerimiento
especial, lo cual no ocurrió, de tal forma que se consideran afirmaciones frente a
posibilidades y no sobre realidades fácticas.
3. Desconocimiento del derecho de audiencia y defensa
Definió los derechos de audiencia y de defensa para exponer que, ante la ausencia
de notificación del acto, el demandante no pudo controvertirlo y la declaración
adquirió firmeza.
4. Falsa motivación
Conceptualizó la falsa motivación 7 para sostener su configuración en las glosas
propuestas, en particular:
i) Sobre la cuenta 511515 de los impuestos prediales: Manifestó que ante la
ausencia de notificación del requerimiento especial no pudo asumir una
conducta probatoria activa sino hasta con la interposición del recurso de
reconsideración.
Relató que el actor desarrolla como actividad económica principal la 6810
correspondiente a "Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o
arrendados" y que los soportes sobre impuestos prediales pagados por el
contribuyente y allegados hacen parte de su actividad y son deducibles de la
declaración de renta.
Frente al hecho de que la DIAN rechazara algunos prediales debido a que la
titularidad del inmueble era de terceros, dijo que los documentos aportados
demostraban la relación y titularidad sobre estos y que el artículo 115 del
Estatuto Tributario se refiere únicamente a la relación de causalidad entre el
impuesto pagado y la actividad económica, sin que mencione la titularidad del
inmueble fuente del impuesto, con lo cual es dable pagar prediales de terceros.
Se pronunció frente a cada inmueble de la siguiente manera:
7 A partir de las sentencias T-204 de 2002 de la Corte Constitucional y 22326 y de 3 de agosto de 2006, exp.
no identificado de la Sección Cuarta del Consejo de Estado.
3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 25000-23-37-000-2019-00714-01 (28046)
Demandante: Jaime Garcés Santamaría
a) Predial Leasing del Occidente S.A. con matrícula inmobiliaria 050N20419929, anunció aportar el
impuesto predial y el contrato de Leasing Bancolombia, con el fin de que se acredite la relación de
causalidad.
b) Predial Local 255 con matrícula inmobiliaria 675271, allegó el impuesto predial y esclareció que, si
bien los locales aparecen a nombre de Grasot Ltda, fueron comprados en 2010 por Leasing
Bancolombia y el contribuyente fungía como locatario, según la escritura 3276.
c) Predial Local 256 con matrícula inmobiliaria 050C00675272, aportó el impuesto predial y aclaró que
las copias aportadas son las mismas que se aportan con la demanda, para determinar si el timbre
de máquina del banco se ve claramente en la copia aportada.
d) Predial Local 259 con matrícula inmobiliaria 050C00675275, allegó el impuesto predial y anotó que
las copias aportadas son las mismas que se aportan con la demanda, para determinar si el timbre
de máquina del banco se ve claramente en la copia aportada. Reiteró el argumento del leasing
sobre el hecho de que el inmueble figurara a nombre de Grasot Ltda.
e) Predial GS 490 con matrícula inmobiliaria 050C00675103, aportó el impuesto predial, asimismo,
sobre la titularidad del inmueble, de propiedad de la sociedad "Garces Santamaría CIA. S.C.A.",
explicó que, en dicha compañía, el socio gestor era el demandante quien tuvo la titularidad y
responsabilidad ilimitada del actuar de tal sociedad, para lo cual anexa el libro de accionistas.
f) Predial Local GS 518 con matrícula inmobiliaria 050C00675134, sobre el cual reitera el argumento
expuesto en el Predial GS 490.
g) Predial Tierra Linda con matrícula inmobiliaria 99411, allegó el impuesto predial y hace claridad que
el inmueble no está identificado como Tierra Alta, como lo afirma la DIAN.
h) Predial Reforestación, el cual corresponde a tres predios, cuyos prediales adjunta.
Defendió que los documentos aportados eran oportunos y legibles y
argumentó la causalidad dado que los prediales pagados tienen relación con
la actividad económica del declarante. Estimó improcedente la sanción por
inexactitud ante los yerros en la notificación.
ii) Sobre la cuenta 511540, de los vehículos
Afirmó que el impuesto sobre vehículos pagado en 2014 no se solicitó como
deducción.
iii) Sobre la cuenta 511540, del gravamen a los movimientos financieros
Comentó que solo solicitó la deducción del 50% admitida por la ley, de acuerdo
con los documentos que están en el expediente.
iv) Sobre la cuenta 5155, de los gastos de viajes
Reiteró el argumento frente al allanamiento y sostuvo que los gastos de viaje
que se solicitaron como deducción, derivan del giro ordinario de los negocios
del demandante, por lo cual, la relación de causalidad entre el impuesto y su
actividad económica es absoluta. Añadió que los gastos de viajes han sido
justificados con el único objetivo de cumplir con la agenda comercial que
mantiene el actor en todo Colombia, sin la cual sería completamente imposible
poder desarrollar su actividad económica.
v) Sobre la cuenta 5125, de las contribuciones y afiliaciones
A partir de la sentencia del 21 de noviembre de 2012 del Consejo de Estado
observó que el contribuyente tenía el derecho de realizar deducciones sobre
contribuciones y afiliaciones a entidades sociales, toda vez que estas le
permitían realizar las prácticas comerciales correspondientes a los cierres de
sus negocios. Adujo que sin dicho pago hubiese sido imposible tener un lugar
propicio y correspondiente para las conversaciones comerciales con los
4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 25000-23-37-000-2019-00714-01 (28046)
Demandante: Jaime Garcés Santamaría
clientes, pues resultan esenciales para los negocios, las invitaciones y los
aspectos físicos espaciales, para que los terceros tuviesen la confianza para
negociar.
5. Firmeza de la declaración
Insistió en la firmeza de la declaración ante la ausencia de notificación del
requerimiento especial y concluyó que la liquidación oficial y la resolución que
resolvió el recurso son nulos.
Oposición de la demanda
La DIAN controvirtió las pretensiones de la demanda8. Preliminarmente, sostuvo
que el requerimiento se notificó a la dirección informada en el RUT y que el
contribuyente demostró negligencia al no estar al tanto de lo sucedido con sus
obligaciones tributarias ya que podía acudir personalmente a la DIAN a verificar su
estado de cuenta y en último recurso, a través de la web, acceder a este y a la
publicación que la administración tributaria realizó del Requerimiento Especial.
Relató que el demandante presentó la declaración de renta oportunamente el 22 de
septiembre de 2015, siendo el vencimiento el 24 de septiembre de ese año, de tal
forma que la notificación del requerimiento ocurrida el 21 de septiembre de 2017 fue
oportuna, previo a que operara el término de firmeza.
Citó la sentencia 23288 de 2018 del Consejo de Estado y mencionó que el RUT es
el único mecanismo de ubicación de los contribuyentes, de tal forma que no se
vulneró el debido proceso por indebida notificación dado que el mismo se envió a la
dirección registrada por el demandante en dicho registro, tal como lo acredita la guía
de correo certificado.
Añadió que la Administración voluntariamente publicó el acto de notificación
mediante aviso de 21 de septiembre de 2017, con transcripción de la parte resolutiva
del acto, lo cual protegió los derechos del actor quien debía acercarse ante la DIAN
para conocer lo que se publica. Precisó que el aviso también se publicó en lugar de
acceso al público.
Comentó que la notificación del requerimiento se entiende efectuada en la primera
fecha de introducción al correo y, para el contribuyente, el término contó desde el
día hábil siguiente a la publicación del aviso en la página web de la DIAN e insistió
en la falta de diligencia del contribuyente.
Frente a las deducciones, a partir de la sentencia 21366 de 2019 del Consejo de
Estado, hizo referencia a las facturas como documento idóneo para acreditar su
procedencia y advirtió sobre los impuestos prediales que el demandante no allegó
pruebas que demuestren que los bienes sobre los cuales se efectuó su pago fuesen
de su propiedad, detentara algún derecho sobre ellos o le derivaran alguna fuente
de ingresos.
En lo atinente al GMF y al impuesto de vehículos, explicó que la demandante
acepta que estos conceptos no pueden ser tratados como gasto y que solo se
detrajo la suma de $30.200.290, por lo que se debe mantener el ajuste de la
diferencia ($31.843.776 - $30.200.290), lo que asciende a $1.643.486, suma que no
procede como gasto operacional de administración.
8 Samai, índice 2.
5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 25000-23-37-000-2019-00714-01 (28046)
Demandante: Jaime Garcés Santamaría
Con respecto a los gastos de viaje y contribuciones y afiliaciones, advirtió que
en sede administrativa no se presentaron inconformidades al respecto ni se
aportaron pruebas para desvirtuar las glosas, de tal manera que no se agotó la vía
administrativa. Mencionó que el contribuyente ostentaba la carga de la prueba y que
la Administración tuvo en cuenta todos los documentos allegados durante la
investigación. No obstante, puntualizó que el actor debió aportar en sede
administrativa facturas, contabilidad y los soportes internos y externos para
comprobar los hechos económicos 9 y que, ante la ausencia de demostración,
procedía su rechazo.10
Consideró procedente la sanción por inexactitud y desestimó la causal de
exoneración dado que el actor estaba obligado a saber sobre la normatividad
aplicable, en su ámbito de actuación y las responsabilidades fiscales que debía
cumplir, y, a sabiendas de esto, incluyó gastos operacionales de administración y
retenciones en la fuente inexistentes, actuando sin prudencia y cuidado. Precisó
que se encuentra probado el daño al erario.
Sentencia apelada
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B negó
las pretensiones de la demanda, con fundamento en las siguientes consideraciones:
1. Firmeza de la declaración
A partir de los artículos 705 y 714 del Estatuto Tributario sobre el término de firmeza
de las declaraciones y 555-2, 563, 565 y 568 ibidem sobre el régimen de
notificaciones en materia tributaria, evidenció que el requerimiento especial se
notificó mediante correo certificado a la dirección registrada en el RUT del
demandante, conforme con el procedimiento legal, y que la comunicación fue
recibida por José Sánchez el 21 de septiembre de 2017.
Descartó la firmeza de la declaración debido a que dicho término acaecía el 24 de
septiembre de 2017 y el requerimiento se remitió el 21 de ese mes. Desestimó las
alegaciones referentes a que quien recibió la notificación no tenía relación con el
demandante, situación no imputable a la Administración, dado que es
responsabilidad de los contribuyentes actualizar la dirección del RUT y procurar que
en ella se puedan notificar las actuaciones de la autoridad tributaria.
Adicionó que el actor tampoco aportó pruebas adicionales al pago de aportes a
salud de sus trabajadores para demostrar que en su planta de personal no laboraba
ninguna persona con el nombre de José Sánchez.
2. Procedencia de costos y gastos
Hizo alusión a los artículos 771-2, 617 y 618 del Estatuto Tributario sobre los
requisitos de las facturas y su rol como soporte de las deducciones y al 107 ibidem
frente a las condiciones de deducibilidad de las expensas, esto es, la causalidad,
necesidad y proporcionalidad, los cuales explicó a partir de la sentencia de
unificación del 26 de noviembre de 2020, exp. 21329, C.P. Julio Roberto Piza
Rodríguez del Consejo de Estado. Explicó el alcance de la prueba contable y la
función de los soportes internos y externos e hizo mención al artículo 115 del
Estatuto Tributario.
9 Citó la sentencia 20391 de 2017 del Consejo de Estado.
10 Invocó la sentencia 20981 de 2017 del Consejo de Estado.
6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 25000-23-37-000-2019-00714-01 (28046)
Demandante: Jaime Garcés Santamaría
En el caso concreto, se refirió a cada una de las cuentas rechazadas. Frente a los
impuestos prediales, refrendó la actividad económica del contribuyente consistente
en el arrendamiento de inmuebles, en virtud de la cual percibió ingresos
operacionales y se pronunció sobre las pruebas aportadas para rechazar las
deducciones, como sigue:
a) Leasing de Financiamiento Comercial del predio con Matrícula Inmobiliaria nro. 050N20419929:
Concluyó que, pese a que en el contrato figuraba el demandante como locatario responsable del pago
del impuesto predial, la deducción del impuesto es improcedente pues no se acreditó que con la tenencia
del inmueble se hubiese percibido ingreso alguno que permita deducir que este se relaciona con su
actividad económica, o que estos se hubiesen afectado con gastos ni mucho menos que fuera un activo
fijo utilizado en la actividad dado que el contrato prohibía el subarrendamiento. Añadió que en el recibo
del impuesto no consta sello de entidad bancaria que permita corroborar el pago.
b) Locales 255, 256 y 259 con Matrículas Inmobiliarias nros. 50C-675271, 50C-675272 y 50C-0675275:
Evidenció de la primera hoja de la Escritura 3276 de 2010 y de la Escritura 3278 de 2010 que la sociedad
Grasot Ltda le vendió los locales 255, 256 y 259 a Leasing Bancolombia S.A. y que el demandante
obraba como locatario. No obstante, no subrayó que no se aportaron los contratos de leasing que
permitieran verificar las condiciones pactadas de uso y goce de los inmuebles, lo cual impide verificar
limitaciones a la tenencia. Puntualizó que no obran contratos de arrendamiento ni obran pruebas de la
forma en la cual los predios generaron ingresos y que en el formulario del impuesto predial del Local 256
no se advierte sello de pago.
c) Predio GS 490 y el Local GS 518 con Matrículas Inmobiliarias nros. 50C-675103 y 50C-0675134:
Resaltó que los formularios del impuesto figuraban a nombre de la sociedad Garcés Santamaría Cia.
S.C.A. con sello de pago de 10 de abril de 2014 y adujo que de las pruebas no se logra establecer la
calidad de socio gestor del demandante en dicha compañía. Dijo que la copia del libro de accionistas
carece de membrete, es borrosa y la información está diligenciada a mano, con lo cual carece de eficacia
probatoria. Agregó que tampoco es posible establecer si la sociedad llevó simultáneamente la deducción.
d) Predio Tierra Linda Matrícula Inmobiliaria 99411: Indicó que el contribuyente no explicó la relación
del inmueble con la actividad productora de renta pese a la prueba de pago del impuesto y de que el
bien era de su titularidad.
e) Predio reforestación: Sostuvo que el propietario del predio es Alirio Peña Díaz, de quien no se tiene
ninguna información, ni se vislumbra relación alguna con el demandante.
Sobre las cuentas 511540 de vehículos y 511540 de GMF, reconoció que la DIAN
solo desconoció la suma de $1.643.486, teniendo en cuenta que el demandante no
discriminó a qué valores correspondía la suma de $295.028.000 llevada como
deducción por concepto de impuestos, sin perjuicio de que contablemente se
registraron $325.228.290. La diferencia entre el valor contable y el fiscal fue
comparada con el cálculo realizado por la DIAN, a partir del cual se propuso el valor
glosado. Señaló que en la demanda no se explicaron los valores que componían el
valor fiscal de la deducción por impuestos y el actor se limitó a afirmar que detrajo
lo autorizado por la Ley, sin aportar pruebas que respalden su dicho.
Con respecto a la cuenta 5155 de gastos de viajes, consideró improcedente el
argumento del indebido agotamiento de la sede administrativa dado que el
contribuyente puede presentar nuevos y mejores argumentos en sede judicial,
siempre que no comporten nuevos hechos, lo cual no es el caso dado que en el
recurso de reconsideración el actor se pronunció. Anotó que no se aportaron
pruebas documentales de la expensa ni se explicó cómo la erogación guardaba
relación con la actividad productora de renta.
Frente a la cuenta 5125 contribuciones y afiliaciones, estimó que las planillas de
pago de aportes a seguridad social no estaban relacionadas con el motivo del
rechazo y acotó que las afiliaciones a clubes no guardan relación de causalidad con
la actividad productora de renta del contribuyente ni son necesarias.
Dada la inclusión de deducciones improcedentes que generaron un menor saldo a
pagar, mantuvo la sanción por inexactitud, descartando la diferencia de criterios.
7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 25000-23-37-000-2019-00714-01 (28046)
Demandante: Jaime Garcés Santamaría
Recurso de apelación
La demandante apeló la decisión de primera instancia. 11 Insistió en que está
debidamente probada la indebida notificación del requerimiento especial dado que
se allegaron las planillas de liquidación de aportes del 2017 que son prueba idónea
para demostrar la nómina de colaboradores del demandante para la época.
Cuestionó que se exigiera la necesidad de pago de estas para otorgarles mérito
probatorio.
Anotó que el actor ha tenido el RUT actualizado con la dirección de la oficina en la
que labora el personal a cargo del contribuyente, la cual cuenta con medios para
recibir las notificaciones, como por ejemplo un buzón. Precisó que la DIAN no
demostró que el acto fuera entregado a una persona que se encontraba en el
inmueble, con explicaciones de la empresa de correos o similares y recalcó que
quien recibió el acto no era colaborador del demandante.
Frente a las deducciones, expresó que los inmuebles cuyo impuesto predial se
pretende desconocer se incluyeron en los activos del demandante y en el impuesto
al patrimonio y los arrendamientos se incluyeron como ingresos tal como se
desprende de los certificados de ingresos y retenciones y de los pagos a la
compañía de leasing registrados en el balance de prueba, de tal forma que se
cumplen los requisitos de deducibilidad.
Agregó que los formularios del predial se remitieron con sello de pago en la sucursal
211 de Bancolombia desde la cuenta corriente del apoderado, el 10 de abril de 2014
y que allegó los estados de cuenta de los contratos de leasing en donde el actor
figura como deudor.
Cuestionó que se aceptaron los ingresos cuestionando los costos, por lo cual, ante
el rechazo de estos deberían corregirse los ingresos y debió haberse sugerido la
corrección del impuesto al patrimonio.
Reparó en que en el certificado de existencia y representación legal de la sociedad
Organización Santamaría y Cia S.C.A. se evidencia que el socio gestor es Jaime
Garcés Santamaría y que el libro de accionistas es idóneo pues en la esquina
superior derecha se evidencia el registro ante la Cámara de Comercio de Bogotá.
Explicó que el libro se diligencia a mano dado que esta es la costumbre comercial y
no hay norma que lo prohíba o permita a una autoridad cuestionarlo por este hecho.
Con relación al predio “Tierra Linda”, afirmó que el derecho de dominio se
encontraba en cabeza de Jaime Garcés y que el predial fue debidamente pagado.
Argumentó que el inmueble produjo ingresos por concepto de arrendamientos
temporales a personas naturales lo cual se puede corroborar en los anexos de la
declaración y que es un activo cuya posesión y administración por parte del
demandante hace parte de su actividad principal.
Sobre el inmueble “Reforestación”, comentó que desde la anotación 13 del
certificado de libertad y tradición se constata que el inmueble fue adquirido en sus
distintas partes, desde 2013, por Jaime Garcés Santamaría y Organización
Santamaría y Cia S.C.A., de tal manera que no es de un tercero y que es un activo
cuya administración hace parte de la actividad del contribuyente. Subrayó que la
sentencia de primera instancia reconoció que el actor tuvo la titularidad y
responsabilidad del actuar de la persona jurídica.
11 Samai, índice 2.
8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 25000-23-37-000-2019-00714-01 (28046)
Demandante: Jaime Garcés Santamaría
Con respecto a la deducción del GMF, manifestó que las pruebas denotan que solo
solicitó el 50% permitido por la ley. Frente a los gastos de viaje advirtió que
corresponden al giro ordinario de los negocios del señor Garcés para cumplir su
agenda comercial en Colombia e insistió en que las contribuciones y afiliaciones a
clubes eran deducibles pues le permitían realizar las prácticas comerciales para
cerrar los negocios pues sin ellas era imposible tener un lugar propicio para tener
conversaciones de negocios.
Oposición a la apelación
La demandada no se pronunció frente al recurso de apelación.
Intervención del Ministerio Público
El Ministerio Público solicitó revocar la sentencia de primera instancia. 12 Si bien
coincidió en que el requerimiento especial se notificó en debida forma, estimó
procedente el descuento de los impuestos prediales dado que se aportaron los
contratos de leasing y se registraron ingresos de la actividad inmobiliaria. Precisó
que, si los prediales no generaran beneficio, no asumiría dicha carga y que, por
equidad tributaria, no pueden aceptarse los ingresos y desconocerse las
deducciones.
Sostuvo que el hecho de que no figuren los pagos no deriva en el rechazo de la
deducción, en aplicación del principio de buena fe y del hecho de que la
Administración pudo comprobarlos. Advirtió que las afiliaciones a clubes están
asociadas a la actividad productora pues permite cerrar negocios y crear empresa.
Consideró improcedente la sanción por inexactitud.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
Le corresponde a la Sala decidir la legalidad de los actos acusados, mediante los
cuales la DIAN modificó la declaración del impuesto sobre la renta del año gravable
2014, presentada por Jaime Garcés Santamaría.
En los términos del recurso de apelación, corresponde resolver si: i) el requerimiento
especial se notificó debidamente o si, en caso contrario, operó la firmeza de la
declaración, y ii) proceden las deducciones de gastos e impuestos.
1. Notificación del requerimiento especial
El demandante, ahora apelante, aduce que la notificación del requerimiento especial
se efectuó mediante entrega del correo certificado a una persona sin relación con
él, de tal forma que la misma está viciada y operó la firmeza de la declaración. La
sentencia de primera instancia consideró que la DIAN aplicó correctamente el
procedimiento de notificación y que el actor no aportó pruebas adicionales para
demostrar que en su planta de personal no laboraba quien recibió el correo, salvo
las planillas de pago de aportes a salud.
Con el recurso, el actor insiste en que está probada la indebida notificación del
requerimiento especial, dado que se allegaron las planillas de liquidación de aportes
del 2017 que son prueba idónea para demostrar cuál era su nómina de
colaboradores para la época. Cuestiona que se exigiera la necesidad de pago de
12 Samai, índice 14.
9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 25000-23-37-000-2019-00714-01 (28046)
Demandante: Jaime Garcés Santamaría
estas para otorgarles mérito probatorio y anota que el actor ha tenido el RUT
actualizado. Precisa que la DIAN no demostró que el acto fuera entregado a una
persona que se encontraba en el inmueble indicado como dirección de
notificaciones, con explicaciones de la empresa de correos o similares.
La Sala precisa que conforme con el artículo 565 del Estatuto Tributario (en su texto
vigente para la época de los hechos), la DIAN debe notificar los requerimientos de
manera electrónica, personal o a través de la red oficial de correo o cualquier
servicio de mensajería especializada, caso este último en el cual la notificación debe
practicarse mediante la entrega de una copia del acto correspondiente en la
dirección informada por el contribuyente en el Registro Único Tributario - RUT.
Nótese que para estos efectos la norma no exige que la Administración adelante
gestiones para realizar la entrega directa del correo al propio contribuyente, sino
que plantea una hipótesis geográfica objetiva en virtud de la cual basta con entregar
la notificación en la dirección registrada en el RUT para que esta se entienda
debidamente surtida.
En concordancia con lo anterior y en lo que a la firmeza se refiere, el artículo 714
del Estatuto Tributario, también vigente para la época de los hechos, indica
entonces que la declaración tributaria quedara en firme sí, dentro de los dos años
siguientes a la fecha del vencimiento del plazo para declarar, no se ha notificado
requerimiento especial. Por su parte, el artículo 705 del Estatuto Tributario establece
que el requerimiento especial deberá notificarse a más tardar dentro de los dos años
siguientes a la fecha del vencimiento del plazo para declarar. Notificación que, para
ambas normas, se refiere a la señalada en el artículo 565 anteriormente indicado.
En el caso concreto, se advierte que el actor presentó la declaración del impuesto
sobre la renta del 2014 el 22 de septiembre de 2015, oportunamente y en forma
previa al vencimiento del plazo para declarar que tuvo lugar el 24 de septiembre del
mismo año.13 Así mismo, para 2017, la dirección física consignada en el RUT del
actor era la CLL 110A 7C 76 de la ciudad de Bogotá D.C. (fl. 1920 Caa).
El requerimiento especial nro. 322392017000126 del 19 de septiembre de 2017 se
notificó el 21 de septiembre de ese mismo año a la dirección CLL 110A 7C 76 de la
ciudad de Bogotá D.C., según consta en la guía de envío nro. 210007615963 de la
empresa Inter Rapidísimo, la cual aparece firmada por el señor José Sánchez (fl.
1943 Caa).
Del anterior acervo probatorio se evidencia que la Administración adelantó el
procedimiento de notificación previsto en el artículo 565 del Estatuto Tributario al
remitir el acto, a través de correo certificado, a la dirección registrada en el RUT del
actor, previo al vencimiento del término de firmeza de la declaración, el cual acaecía
el 24 de septiembre de 2017. Notificación respecto de la cual no sólo no consta
ninguna causal de devolución, sino que por el contrario obra prueba de la recepción
en la dirección registrada por el demandante en su RUT.
En esa medida, cumplidos los elementos exigidos por la norma en comento para
entender como efectivamente realizada la notificación del requerimiento, bajo los
mismos es claro que no es dable exigirle a la DIAN que, más allá del deber legal
que se le impone, la misma deba indagar sobre la vinculación del receptor de la
comunicación con el contribuyente o a efectuar la entrega directa a este, por tratarse
de una persona natural. En ese sentido, las planillas de aportes al sistema de
13 De conformidad con los dos últimos dígitos del NIT “64” y el artículo 14 del Decreto 2623 de 2014.
10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 25000-23-37-000-2019-00714-01 (28046)
Demandante: Jaime Garcés Santamaría
seguridad social aportadas como prueba son impertinentes para desvirtuar la
eficacia de la notificación, toda vez que la vinculación laboral o no del receptor con
el demandante no es un hecho relevante para efectos de probar la debida o indebida
notificación del requerimiento especial, en los términos del artículo 565 del Estatuto
Tributario.
Lo anterior, además, sin perjuicio de que el Tribunal no cuestionó el pago de las
planillas para no otorgarle mayor valor probatorio a las mismas, como lo alega el
actor.
Nótese que, si bien el demandante podía tener su información actualizada, también
es su responsabilidad adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la
efectiva recepción de las comunicaciones en las nomenclaturas registradas en el
RUT como dirección para tal efecto, y si, como afirma en el recurso, se había
consignado la dirección de la oficina en donde labora el personal a cargo del actor,
llama la atención que afirme que una persona ajena, o sin capacidad de recibir
documentos, hubiere recibido la notificación en la dirección por él informada.
En todo caso, se insiste en que la DIAN se ciñó al procedimiento legal sin que
estuviese en la obligación legal de indagar con la empresa de correos acerca del
receptor de la comunicación. En consecuencia, el requerimiento especial se notificó
en debida forma y no operó la firmeza de la declaración.
2. Deducción de gastos e impuestos
Previo a la resolución de la controversia, la Sala estima pertinente traer a colación
la Sentencia de Unificación del 26 de noviembre de 2020, exp. 21329, C.P. Julio
Roberto Piza Rodríguez, que estableció las reglas de decisión frente al alcance de
los requisitos de causalidad, necesidad y proporcionalidad del artículo 107 del
Estatuto Tributario:
“1. Tienen relación de causalidad con la actividad productora de renta, todas las expensas
realizadas por el contribuyente en desarrollo o ejecución de la actividad productora de
renta. Para establecer el nexo causal entre el gasto y la actividad lucrativa, no es
determinante la obtención de ingresos ni el enunciado del objeto social del sujeto pasivo.
2. Las expensas necesarias son aquellas que realiza razonablemente un contribuyente en
una situación de mercado y que, real o potencialmente, permiten desarrollar, conservar
o mejorar la actividad generadora de renta. La razonabilidad comercial de la erogación
se puede valorar con criterios relativos a la situación financiera del contribuyente, las
condiciones del mercado donde se ejecuta la actividad lucrativa, el modelo de gestión de
negocios propio del contribuyente, entre otros. Salvo disposición en contrario, no son
necesarios los gastos efectuados con el mero objeto del lujo, del recreo o que no estén
encaminados a objetivos económicos sino al consumo particular o personal; las
donaciones que no estén relacionadas con un objetivo comercial; las multas causadas
por incurrir en infracciones administrativas; aquellos que representen retribución a los
accionistas, socios o partícipes; entre otros.
3. La proporcionalidad corresponde al aspecto cuantitativo de la expensa a la luz de un
criterio comercial. La razonabilidad comercial de la magnitud del gasto se valora
conforme a la situación económica del contribuyente y el entorno de mercado en el que
desarrolla su actividad productora de renta.
4. Los contribuyentes tienen la carga de poner en conocimiento de las autoridades
administrativas y judiciales las circunstancias fácticas y de mercado, demostraciones y
carga argumentativa, conforme a las cuales una determinada expensa guarda relación
causal con su actividad productora de renta, es necesaria y proporcional con un criterio
comercial y tomando en consideración lo acostumbrado en la concreta actividad
productora de renta.”
11
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 25000-23-37-000-2019-00714-01 (28046)
Demandante: Jaime Garcés Santamaría
Como se advierte, el contribuyente tiene la carga de la prueba para demostrar el
cumplimiento de los requisitos de deducibilidad del artículo 107 del Estatuto
Tributario, por lo cual se procede al análisis del acervo para cada glosa.
2.1. Impuestos prediales
En los actos demandados, la Administración propuso el rechazo parcial de los
impuestos prediales, registrados en la cuenta 511515 (el actor llevó como deducible
la cifra de $237.766.064 de los cuales la DIAN rechazó tributos por valor total de
$83.087.520), dado que no se acreditó el soporte del pago y algunos inmuebles
figuraban a nombre de terceros, con lo cual quedaba duda sobre la relación de
casualidad14. Frente a las pruebas allegadas con el recurso de reconsideración, la
resolución que lo resolvió estableció que en algunos casos la calidad de las copias
era deficiente y no se podía verificar el timbre de la máquina registradora del banco,
existían inconsistencias a la identificación de los predios o los inmuebles eran de
titularidad de terceros.
La sentencia de primera instancia, por su parte, estableció que el actor no demostró
la percepción de ingresos a partir de la tenencia de los inmuebles o su utilización
como activos fijos. Así mismo, refrendo las conclusiones frente a la imposibilidad de
verificar el pago del impuesto, reseñó que no se aportaron los contratos de leasing,
en algunos casos, y que los inmuebles eran de propiedad de terceros.
En la apelación, el actor expresa que los inmuebles cuyo impuesto predial se
pretende desconocer se incluyeron en los activos por el declarados, y también en el
impuesto al patrimonio, y los arrendamientos percibidos por estos se incluyeron
como ingresos, tal como se desprende de los certificados de ingresos y retenciones
y de los pagos a la compañía de leasing registrados en el balance de prueba, de tal
forma que se cumplen los requisitos de deducibilidad.
Agrega que los formularios del predial se remitieron con sello de pago en la sucursal
211 de Bancolombia, desde la cuenta corriente del apoderado, el 10 de abril de
2014 y que allegó los estados de cuenta de los contratos de leasing en donde el
actor figura como deudor.
Cuestiona que se aceptaran los ingresos pero se rechazaran estas deducciones.
Repara en que en el certificado de existencia y representación legal de la sociedad
Organización Santamaría y Cia S.C.A. se evidencia que el socio gestor es Jaime
Garcés Santamaría y que el libro de accionistas es idóneo como prueba, pues en la
esquina superior derecha se evidencia el registro ante la Cámara de Comercio de
Bogotá. Explicó que el libro se diligencia a mano dado que esta es la costumbre
comercial y no hay norma que lo prohíba o permita a una autoridad cuestionarlo por
este hecho.
Con relación al predio “Tierra Linda”, afirma que el derecho de dominio se
encontraba en cabeza de Jaime Garcés y que el predial fue debidamente pagado.
Argumenta que el inmueble produjo ingresos por concepto de arrendamientos
temporales hechos en favor de personas naturales, lo cual se puede corroborar en
los anexos de la declaración, y que es un activo cuya posesión y administración por
parte del demandante hace parte de su actividad principal.
Sobre el inmueble “Reforestación”, comenta que a partir de la anotación 13 del
14 Página 5 de la Liquidación Oficial de Revisión, en archivo Demanda y Anexos, Folio 44.
12
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 25000-23-37-000-2019-00714-01 (28046)
Demandante: Jaime Garcés Santamaría
certificado de libertad y tradición se constata que el inmueble fue adquirido en sus
distintas partes, desde 2013, por Jaime Garcés Santamaría y Organización
Santamaría y Cia S.C.A., de tal manera que no es de un tercero y que es un activo
cuya administración hace parte de la actividad del contribuyente.
Procede la Sala a resolver la controversia, para lo cual resulta pertinente traer a
colación la relación de los impuestos que fueron desconocidos en sede
administrativa y cuyo rechazo confirmó la sentencia de primera instancia, así:
Predio Valor Razones del rechazo
Leasing Pino Verde $3.811.000 No soportado
Predio Local 253 $1.582.000 No soportado
Predio Local 254 $1.820.000 No soportado
Predio Local 256 $2.532.000 No procede, titular la sociedad Grasot Ltda.
Predio Local 257 $1.712.000 No procede, titular la sociedad Grasot Ltda.
Predio Local 260 $3.685.000 No procede, titular la sociedad Felozmol Ltda.
Predio Local 258 $2.112.000 No procede, titular la sociedad Grasot Ltda.
Predio Local 259 $1.999.000 No soportado
Predial GS 490 $153.000 No soportado
Predial Local 518 $129.000 No soportado
Predial Tierra Linda $50.824.000 No soportado
Predial Reforestación $6.113.520 No soportado
Total $76.472.520
En relación con el cuadro anterior, debe aclararse la cifra de la glosa que es objeto
de debate en este punto, toda vez que, en el Requerimiento Especial la DIAN señaló
que el actor había tomado como deducibles impuestos prediales por valor total de
$237.764.064, de los cuales rechazaba los descritos en la tabla, pero cuyo valor
totalizó en $93.959.794
Ahora bien, en la Liquidación Oficial de Revisión la Administración mantienen los
tributos rechazados (mismos de la tabla de arriba) pero dice que hubo un error de
sumatoria, y totaliza el valor del rechazo en $83.087.520. Este valor se conserva
tanto en la Resolución que resolvió el recurso de reconsideración, como en la
Sentencia de primera instancia, lo cual no corresponde con la suma impuestos
específicamente rechazados (diferencia de $6.615.000) por la DIAN, con lo cual se
aclara que la cifra glosada corresponde realmente a $76.472.520.
Dando paso a lo anterior, se tiene que conforme con el artículo 115 del Estatuto
Tributario, vigente para la época de los hechos, es deducible el 100% del impuesto
predial efectivamente pagado durante el año o período gravable, siempre que
tenga relación de causalidad con la actividad económica del contribuyente,
que para el caso correspondía a la actividad inmobiliaria.
Así, con la demanda, el actor aportó las siguientes pruebas relativas al rechazo de
los impuestos prediales, frente a las cuales se pronuncia la Sala como sigue:
Documento Folio Valor Observaciones
El recibo identifica como contribuyente a la sociedad
Impuesto predial 2014
108 $3.685.000 Felozmol Ltda. Se evidencia timbre de entidad bancaria
AC 72 10 34 LC 260
que acredita pago.
El recibo identifica como contribuyente a la sociedad Ltda
Impuesto predial 2014
109 $1.712.000 Grasot. No se evidencia timbre de entidad bancaria que
AC 72 10 34 LC 257
acredite pago.
El recibo identifica como contribuyente a la sociedad Ltda
Impuesto predial 2014
110 $2.112.000 Grasot. No se evidencia timbre de entidad bancaria que
AC 72 10 34 LC 258
acredite pago.
El recibo identifica como contribuyente a la sociedad
Impuesto predial 2014
111 $1.820.000 Garcés Santamaría- Cia S.C.A. No se evidencia timbre de
AC 72 10 34 LC 254
entidad bancaria que acredite pago.
13
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 25000-23-37-000-2019-00714-01 (28046)
Demandante: Jaime Garcés Santamaría
Documento Folio Valor Observaciones
El recibo identifica como contribuyente a Mercedes
Impuesto predial 2014
112 $1.582.000 Margarita Upegui de Gamboa. No se evidencia timbre de
AC 72 10 34 LC 253
entidad bancaria que acredite pago.
El recibo identifica como contribuyente a la sociedad
Impuesto predial 2014
114 $129.000 Garcés Santamaría- Cia S.C.A. No se evidencia timbre de
KR 10 72 57 GS 518
entidad bancaria que acredite pago.
Impuesto predial 2014 El recibo identifica como contribuyente a la sociedad Grasot
115 $2.532.000
AC 72 10 34 LC 256 Ltda. Acredita pago.
Impuesto predial 2014 El recibo identifica como contribuyente a la sociedad
116 $153.000
KR 10 72 57 GS 490 Garcés Santamaría- Cia S.C.A. Acredita pago.
Impuesto predial 2014 El recibo identifica como contribuyente a la sociedad Grasot
117 $1.999.000
AC 72 10 34 LC 259 Ltda. Hay constancia de pago.
Impuesto predial 2014
118 $50.824.000 Recibo a nombre de Jaime Garcés Santamaría, con pago.
Tierra Linda
Se allega constancia de pago del impuesto ante
Impuesto predial 2014
119 $3.811.000 Bancolombia. Se relaciona como contribuyente a Leasing
KR 76ª 135 55 AP 402
Bancolombia S.A.
Impuesto predial 2014 La factura figura a nombre de Alirio Peña Díaz. Se advierte
120 $140.693
Lote de reforestación constancia de pago ante el Banco Agrario.
Primera página del contrato de compraventa suscrito entre
Leasing Bancolombia S.A. Compañía de Financiamiento y
Grasolt Ltda, en donde Jaime Garcés Santamaría figura
Escritura Pública 3276 de 15
126 - como locatario, respecto de los Locales 255 y 256 de la AV
de abril de 2010
CLL 72 #10-34 de Bogotá, suscrito el 15 de abril de 2010.
Solo se identifican las partes, los predios, el valor de venta
y la fecha de suscripción.
Contrato de compraventa suscrito entre Leasing
Bancolombia S.A. Compañía de Financiamiento y Grasolt
Escritura Pública 3278 de 15
127 a 138 - Ltda, en donde Jaime Garcés Santamaría figura como
de abril de 2010
locatario, respecto de los Locales 257, 258 y 259 de la AV
CLL 72 #10-34 de Bogotá, suscrito el 15 de abril de 2010.
Copia del libro de registro de Figuran como accionistas de la sociedad Isabella Garcés
139 a 142 -
accionistas Pineda, Jaime Garcés Santamaría e Inversiones Finus
Contrato de Leasing Dentro de las obligaciones del locatario se encuentra la
Habitacional nro. prohibición de subarrendar el inmueble sin previa
92841suscrito entre Leasing autorización escrita de Leasing Bancolombia y pagar
Bancolombia S.A. Compañía 145 a 159 - oportunamente el impuesto predial, entre otros.
de Financiamiento y Jaime Se informa como inmueble objeto del contrato el ubicado
Garcés Santamaría suscrito en la CRA 76 A 135 55 Apto 402 y se fija como plazo del
el 14 de julio de 2008 contrato 180 meses.
Frente a las pruebas reseñadas, lo primero que debe resaltarse es que el artículo
115 del Estatuto Tributario permitía la deducibilidad del impuesto predial, siempre
que se acreditara su pago, circunstancia que no consta en los recibos aportados de
los impuestos prediales referentes a los Locales 253, 254, 257, 258 y GS 518, y que
el apelante no demuestra con otras pruebas, razón por la cual, el rechazo respecto
de los mismos, por suma $7.355.000, debe mantenerse.
En el caso del impuesto predial pagado por el inmueble identificado con la dirección
KR 76ª 135 55 AP 402, Pino Verde, en el cual se le cuestionó la titularidad y el pago
por valor de $3.811.000, a partir del contrato de leasing aportado se observa que el
actor era locatario del mismo, demostrando la titularidad, sin embargo esto no es
prueba idónea ni suficiente para comprobar que el actor soportó ese gasto, dado
que en el formulario se observa que la transferencia bancaria de recursos para el
pago de estos lo hizo la compañía de leasing, y no hay una trazabilidad que permita
corroborar un reembolso por parte del actor.
Respecto de los Locales 256 y 259, cuyo impuesto predial figuraba a nombre de la
sociedad Grasolt Ltda, el actor comprobó que dicha sociedad había suscrito
contratos de compraventas con Leasing Bancolombia S.A. Compañía de
Financiamiento, y que él figura como locatario de dichos inmuebles, de manera que
se aclaró el punto glosado, y debe aceptarse la deducibilidad de estos impuestos
por valores de $2.532.000 y $1.999.000 respectivamente.
Ahora, frente al inmueble cuyo recibo con constancia de pago figura en cabeza de
14
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 25000-23-37-000-2019-00714-01 (28046)
Demandante: Jaime Garcés Santamaría
la sociedad Garcés Santamaría Cía S.C.A. (Predial GJ 490 por $153.000), el
demandante pretende justificar la deducibilidad de ese impuesto en que, el mismo
participa en su actividad productora de renta, en la medida en que él es accionista
de dicha sociedad. Si bien el hecho de que el libro de accionistas figure diligenciado
a mano es común en el tráfico mercantil y figuran los sellos de inscripción ante la
Cámara de Comercio, al examinar las hojas aportadas como prueba no es posible
evidenciar que las mismas hacen parte del libro de la sociedad en mención (no
figura prueba alguna, que permita dicha verificación más allá de la afirmación del
actor), de tal forma que no hay certeza frente a la calidad de accionista del
contribuyente.
En todo caso, el demandante pretende desconocer uno de los efectos principales
de la constitución de una sociedad, cual es la separación patrimonial y jurídica del
ente de sus accionistas, en donde, para efectos fiscales, cada uno es sujeto pasivo
independiente del impuesto sobre la renta con derechos de deducción autónomos.
Así, el hecho de que una persona natural tenga la calidad de accionista en una
sociedad, no le habilita para detraer en su declaración de renta las deducciones
procedentes para la sociedad ni viceversa.
En ese sentido, la calidad de socio o no del demandante en la sociedad Garcés
Santamaría CIA S.C.A. no le habilitaba a este para deducir el impuesto predial que,
de acuerdo con el recibo aportado sufragó dicha compañía. Nótese además, que el
actor no demuestra que él hubiese incurrido como accionista en el pago de los
impuestos prediales de la sociedad.
En lo que respecta al predio “Tierra Linda”, que originalmente se cuestionó porque
los soportes del mismo eran deficientes y no permitían establecer el cumplimiento
de los requisitos para su deducibilidad, se observa en el expediente que el predio si
era de titularidad del demandante, guarda relación con la actividad del
contribuyente, y el impuesto fue debidamente pagado, con lo cual se procederá a
reconocer la deducción de este, por valor de $50.824.000.
En sentido semejante, en relación con el predio “Reforestación”, si bien el recibo del
impuesto predial figuraba a nombre de Alirio Peña, con el certificado de libertad y
tradición obrante a fol. 351 Caa, en la anotación 13, se advierte que el demandante
adquirió parte del inmueble a título de compraventa. En todo caso la cifra de pago
probada, y que se acepta como deducible, corresponde a $140.693 y no a
$6.113.520 como lo había incluido el demandante en su denuncio originalmente.
Por último, no hay pruebas adicionales o menciones respecto del Local 260, cuya
deducción por impuesto predial correspondió a $3.685.000, y que cuyo recibo
identifica como contribuyente a la sociedad Felozmol Ltda, por lo cual no
habiéndose explicado ni probándola relación de la titularidad con este inmueble, se
mantiene el rechazo..
Sin perjuicio de lo ya mencionado, debe resaltarse que la inclusión de los inmuebles
en los activos y en la declaración del impuesto al patrimonio, hechos que se ponen
de presente hasta esta instancia y no son pasibles de estudio, no es relevante para
la discusión, dado que lo que debe acreditar el contribuyente es el pago del
impuesto predial y la existencia de la relación de causalidad con su actividad
productora de renta.
Así mismo, la Sala pone de presente que el argumento relativo al ajuste de los
ingresos derivado del rechazo de los gastos por la no deducibilidad del impuesto
15
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 25000-23-37-000-2019-00714-01 (28046)
Demandante: Jaime Garcés Santamaría
predial solo fue expuesto en sede de apelación, con lo cual, en aras de garantizar
el debido proceso de la demandada, no puede ser objeto de pronunciamiento.
En consecuencia, prospera parcialmente el cargo de apelación.
2.2. Gravamen a los Movimientos Financieros
Los actos demandados verificaron el auxiliar de la cuenta 51159502, en la cual se
registró por concepto de Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF) la suma
de $38.350.274 (fl. 1345 Caa). No obstante, al cotejar dicho valor con la certificación
bancaria expedida por Bancolombia evidenció que en ella se certificó un valor de
$36.749.417 (fl. 1480 Caa). En consecuencia, cotejó el 50% del GMF deducible
registrado por el actor con el derivado de la certificación y propuso un rechazo de
$19.976.000.
La sentencia de primera instancia observó que en la conciliación contable y fiscal
figuraba por concepto de impuestos un valor de $295.028.000, cuya composición
nunca se explicó, y que el actor no aportó prueba alguna que respaldara que se
había deducido el porcentaje de GMF autorizado por la Ley. Con el recurso de
apelación, el demandante se limita a afirmar que detrajo el valor autorizado por Ley.
Conforme con el inciso segundo del artículo 115 del Estatuto Tributario, para 2014,
era deducible el (50%) del GMF efectivamente pagado por los contribuyentes
durante el respectivo año gravable, siempre que se encuentre debidamente
certificado por el agente retenedor. Dado que el certificado bancario acredita la
suma de $36.749.417, lo procedente en este caso era detraer el 50% equivalente a
$19.976.000, de tal forma que la glosa propuesta se ajustó a derecho.
Debe resaltarse que el contribuyente no brinda explicaciones adicionales ni trae
pruebas o certificaciones que permitan dar sustento a la diferencia que es objeto de
rechazo, estando llamado a hacerlo, pues la Administración ha invertido la carga de
la prueba al proponer el rechazo con base en el propio certificado, con lo cual puede
considerarse que en esta instancia no se presentaron verdaderos motivos de
inconformidad contra la sentencia de primera instancia. En ese sentido, tanto la
Administración como el Tribunal tomaron en cuenta el valor del GMF certificado,
según lo exige la norma. En consecuencia, el cargo no prospera.
2.3. Gastos de viaje y contribuciones y afiliaciones a clubes
Estas expensas fueron desconocidas toda vez que no se allegaron los soportes de
los gastos de viaje y, adicionalmente, se cuestionó la relación de causalidad con la
actividad productora de renta.
En la demanda y el recurso de apelación, el demandante se limitó a afirmar que
dichas expensas habilitaban el cierre de negocios al contribuyente y le permitían
cumplir con su agenda comercial. No obstante, no aportó ninguna prueba que
demostrara la incidencia de dichas erogaciones en el desarrollo de la actividad
productora de renta, como por ejemplo documentos que demuestren el desarrollo
efectivo de negociaciones comerciales o procesos de fidelización de clientes para
la actividad inmobiliaria que impliquen los viajes. En ese sentido, ante la falta de
pruebas, el rechazo de las expensas debe confirmarse en esta instancia.
16
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 25000-23-37-000-2019-00714-01 (28046)
Demandante: Jaime Garcés Santamaría
3. Liquidación
Considerando que hay un cargo que fue parcialmente aceptado, se procederá a
determinar el monto del impuesto a cargo y reliquidar la sanción por inexactitud15,
de acuerdo con estos ajustes.
Resolución que
Concepto Declaración privada Consejo de Estado
resuelve el recurso
Patrimonio bruto $ 36,689,257,000 $ 36,689,257,000 $ 36,689,257,000
Deudas $ 22,988,509,000 $ 22,988,509,000 $ 22,988,509,000
Total patrimonio líquido $ 13,700,748,000 $ 13,700,748,000 $ 13,700,748,000
Total ingresos brutos $ 7,154,375,000 $ 7,154,375,000 $ 7,154,375,000
Ingresos no constitutivos de renta $ 495,000 $ 495,000 $ 495,000
Total ingresos netos $ 7,153,880,000 $ 7,153,880,000 $ 7,153,880,000
Total costos $ 2,258,059,000 $ 2,258,059,000 $ 2,258,059,000
Gastos operacionales de administración $ 2,495,032,000 $ 2,369,171,000 $ 2,424,667,000
Otras deducciones $ 1,685,925,000 $ 1,685,925,000 $ 1,685,925,000
Total deducciones $ 4,180,957,000 $ 4,055,096,000 $ 4,110,592,000
Renta líquida del ejercicio $ 714,864,000 $ 840,725,000 $ 785,229,000
Compensaciones $0 $0 $0
Renta líquida $ 714,864,000 $ 840,725,000 $ 785,229,000
Renta presuntiva $ 256,865,000 $ 256,865,000 $ 256,865,000
Renta exenta $ 3,357,000 $ 3,357,000 $ 3,357,000
Renta Líquida gravable $ 711,507,000 $ 837,368,000 $ 781,872,000
Impuesto sobre la renta líquida gravable $ 219,268,000 $ 260,802,00016 $ 242,489,000
Descuentos tributarios $0 $0 $0
Impuesto neto de renta $ 219,268,000 $ 260,802,00017 $ 242,489,000
Impuesto de ganancias ocasionales $0 $0 $0
Total impuesto a cargo $ 219,268,000 $ 260,802,000 $ 242,489,000
Anticipo de renta por el año gravable $ 78,107,000 $ 78,107,000 $ 78,107,000
Saldo a favor sin solicitud de devolución $0 $0 $0
Autorretenciones $0 $0 $0
Retenciones otros conceptos $ 137,767,000 $ 133,510,000 $ 133,510,000
Total retenciones $ 137,767,000 $ 133,510,000 $ 133,510,000
Anticipo año siguiente $0 $0 $0
Saldo a pagar por impuesto $ 3,394,000 $ 49,185,000 $ 30,872,000
Sanciones $ 45,791,000 $ 27,478,000
Total saldo a pagar $ 3,394,000 $ 94,976,000 $ 58,350,000
Concepto Valor
Saldo a pagar determinado por el Consejo de Estado $ 30,872,000
Saldo a pagar en declaración privada $ 3,394,000
Base para determinar sanción de inexactitud $ 27,478,000
Sanción de inexactitud (100% de la base) $ 27,478,000
4. Costas
Conforme a lo previsto en el artículo 188 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y 365 (numeral 8) del Código
General del Proceso, no habrá condena en costas (gastos del proceso y agencias en
derecho) en esta instancia, por no encontrarse probadas en el expediente.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
de Colombia y por autoridad de la ley.
15 En relación con la sanción por inexactitud, el contribuyente hice referencia únicamente a que la misma no
aplica por la prosperidad de los cargos, por eso se reliquida sin hacer precisiones de su procedencia.
16 Se incluye la cifra correcta, porque en los actos administrativos la DIAN señaló como cifra $ 219,268,000,
como en el renglón de total impuesto a cargo. Este error no afecto la liquidación hecha por la DIAN.
17 Ibidem.
17
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 25000-23-37-000-2019-00714-01 (28046)
Demandante: Jaime Garcés Santamaría
FALLA
1. Revocar la sentencia de primera instancia, proferida el 27 de abril de 2023 por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B.
En su lugar:
PRIMERO: DECLÁRESE la nulidad parcial de la Liquidación Oficial de Revisión Nro.
3224120180000205 del 5 de junio de 2018 y de la Resolución Nro. 992232019000014 del 10
de julio de 2019, proferidas por la DIAN.
SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho, TÉNGASE como liquidación del
impuesto sobre la renta del año 2014 de Jaime Garcés Santamaría, la efectuada por el
Consejo de Estado en la parte motiva de la presente providencia.
2. No condenar en costas.
Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al tribunal de
origen. Cúmplase.
La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente
(Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica:https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
18
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.