Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2019-00744-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2019-00744-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 25000-23-37-000-2019-00744-01
Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello
15 de febrero de 2024
Radicado: 25000-23-37-000-2019-00744-01 (28053)
Demandante: Edificando Industria S.A.S
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá, D.C., quince (15) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación 25000-23-37-000-2019-00744-01 (28053)
Demandante EDIFICANDO INDUSTRIA S.A.S.
Demandado MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ
Tema Efecto plusvalía. Hecho generador. Principio de irretroactividad.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra
la sentencia del 13 de julio de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A, que resolvió lo siguiente1:
“PRIMERO: DECLARAR LA NULIDAD (sic) la Resolución nº 24 de 2019, por medio de la
cual se liquida el efecto plusvalía sobre el predio identificado con cédula catastral número 00-
00-0003-0005-000, 00-00-0003-0059-000 y matrícula inmobiliaria número 176-110828 y 176-
8311, ubicados en la Zona Tecnológica del Municipio Zipaquirá, y Resolución n.° 272 de
2019, por medio de la cual, se resolvió el recurso de reposición contra la anterior, conforme a
lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho, DECLARAR que la actora no adeuda
concepto alguno relacionado con la participación en plusvalía liquidada en los actos que se
anulan.
TERCERO: No se condena en costas a la parte vencida, conforme lo expuesto en la parte
motiva de la presente providencia.” (negrilla del original).
ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA
El Concejo Municipal de Zipaquirá expidió el Plan de Ordenamiento Territorial (en
adelante POT) para esa entidad, por medio del Acuerdo Nro. 12 del 2000.
Mediante el Acuerdo Nro. 08 de 2003, esa misma corporación de elección popular
ajustó el POT, por lo que dispuso el cambio del uso del suelo, entre otros, de la zona
en la que se encuentran los predios objeto de la controversia.
El 1 de enero de 2010, entró en vigencia el Acuerdo Nro. 49 de 2009, que adoptó la
participación en plusvalía en el Municipio de Zipaquirá.
La Dirección de Planeación del Desarrollo expidió la Resolución Nro. 24 del 3 de
enero de 2019, que liquidó la participación en el efecto plusvalía sobre los predios
identificados con la matricula inmobiliaria Nro. 176-110828 y 176-8311.
La demandante presentó recurso de reposición contra la anterior decisión, el cual
fue resuelto por la Resolución Nro. 272 de 2019, que lo declaró improcedente por
falta de legitimación en la causa de la sociedad2.
1 Samai del Tribunal, índice 39, página 17.
2 Es oportuno precisar que, mediante auto del 10 de junio de 2022, el a quo consideró que la actora estaba
legitimada en la causa para presentar la demanda porque, por un lado, los predios objeto de la controversia
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Demandante: Edificando Industria S.A.S
ANTECEDENTES PROCESALES
Demanda
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
contemplado en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011, la parte demandante formuló
las siguientes pretensiones3:
“3.1. Se declare la nulidad de la totalidad de los siguientes actos administrativos:
3.1.1. Resolución No. 24 de 2019 ‘Por medio de la cual se liquida el efecto plusvalía sobre los
predio identificado (sic) con cédulas catastrales número 00-00-0003-0005-000, 00-00-
0003-0059-00 y matrículas inmobiliarias número 176-110828 y 176-8311, ubicados en
la Zona Tecnológica del Municipio de Zipaquirá’, proferida por el municipio de Zipaquirá
y notificada personalmente el día veinticinco (25) de febrero de 2019.
3.1.2. Resolución No. 272 de 2019 ‘Por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición’
presentado en contra de la Resolución No. 24 de 2019.
3.2 Como consecuencia de la declaratoria de la nulidad solicitada en el numeral 2.1 (sic)
anterior, se ordene el restablecimiento del derecho que surja en virtud de dicha
declaratoria de nulidad.
3.3. Se condene en costas al DEMANDANDO” (negrilla del original).
A los anteriores efectos, la demandante invocó como violados los artículos 338 y
363 de la Constitución Política; 73 y siguientes de la Ley 388 de 1997; 25 y parágrafo
2 del artículo 26 de la Resolución 620 de 2008 del Instituto Geográfico Agustín
Codazzi (en adelante IGAC).
El concepto de la violación de esas disposiciones se resume así:
Señaló que se incurrió en un cálculo indebido del efecto plusvalía porque no
corresponde a la realidad material de los inmuebles y desconoce lo dispuesto en la
Resolución Nro. 620 de 2008 del IGAC para determinar el precio de referencia antes
de la acción urbanística (que la actora denomina P1).
Expuso que la entidad territorial determinó el valor comercial antes de la acción
urbanística utilizando estudios de mercado efectuados en los municipios de La
Calera, Bogotá, Soacha y Tocancipá, con base en los que determinó un valor
promedio.
Por lo anterior, afirmó que el cálculo del efecto plusvalía incurrió en los siguientes
errores: i) no se tuvieron en cuenta predios equivalentes ni ubicados en el Municipio
de Zipaquirá, lo que desconoce la exigencia de la Resolución Nro. 620 de 2008; ii)
violó el artículo 80 de la Ley 388 de 1997, el cual ordena al alcalde solicitar la
determinación del plusvalor dentro de los 5 días hábiles siguientes a la aprobación
del POT, pues la Resolución Nro. 24 de 2019 tardó más de 15 años; iii) la
Administración utilizó como referencia los precios de los años 2008, 2010, 2011 y
2016, que son posteriores a la acción urbanística del Acuerdo Nro. 08 de 2003; y iv)
los valores de referencia de los diferentes años no fueron indexados para que fueran
comparables entre sí, lo que también impide su confrontación con los precios
posteriores a la acción urbanística que, además, se consideró que ocurrió en 2015
pese a que corresponde al 2003.
fueron englobados con anotación del 23 de julio de 2015, y por el otro, el nuevo predio fue objeto de
restitución a la actora con anotación del 30 de diciembre de 2015 (fecha también anterior a la presentación
del recurso de reposición). Cfr. Samai del Tribunal, índice 15.
3 Samai, índice 2, PDF del cuaderno 1 del Tribunal, páginas 6 a 7.
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Aseguró que en el nuevo avalúo realizado por el perito se determinó un menor
plusvalor, teniendo presente que: i) utilizó como precios de referencia los
correspondientes a 2003; ii) recaudó información de predios de características
similares, ubicados en la malla vial nacional con influencia de la Autopista Norte
Cajicá – Zipaquirá y con usos institucionales; y iii) actualizó los valores al 2013, que
fue el año de referencia utilizado por la entidad demandada.
Aseguró que, el cobro del tributo viola el principio de irretroactividad previsto por
el artículo 363 de la Constitución4, debido a que el Municipio de Zipaquirá adoptó el
tributo y la tarifa con el Acuerdo Nro. 049 de 2009, esto es, de forma posterior a la
ocurrencia del hecho generador por la modificación del régimen o la zonificación de
usos del suelo realizada por el Acuerdo Nro. 08 de 2003.
Frente a la configuración del hecho generador, indicó que el Acuerdo Nro. 08 de
2003, que modificó el Acuerdo Nro. 12 de 2000, generó un mayor aprovechamiento
del suelo porque incluyó los predios objeto de la controversia en zonas rurales
suburbanas, lo cual permitía su desarrollo industrial y comercial. Con base en esto,
insistió en que el hecho imponible ocurrió antes de la definición de todos los
elementos del tributo en el Acuerdo Nro. 049 de 2009, según lo exige el artículo 338
de la Constitución.
Consideró que la resolución demandada adolece de falsa motivación debido a que
la liquidación indicó que el Decreto Municipal 90 de 2017 “por medio del cual se determina
la participación del Efecto Plusvalía en el Municipio de Zipaquirá” es un requisito habilitante
para el cobro. Sin embargo, dicho decreto se sustenta en los hechos generadores
relacionados con la modificación del POT por el Acuerdo Nro. 12 de 2013. Destacó
que “De allí, se explica porque (sic) el municipio de Zipaquirá no enlistó los predios a los que hoy
se les está liquidando el efecto plusvalía en el Decreto 90 de 2017, pues era evidente que para
dichos inmuebles no se había causado hecho generador a que aludía el Acuerdo 12 de 2013, sino
que se había dado un hecho generador anterior, esto es, por el Acuerdo 08 de 2003” 5.
Destacó que la Administración omitió el cumplimiento de los requisitos
formales, concretamente los establecidos en la Ley 388 de 1997 para expedir los
actos acusados debido a que el Decreto Municipal 90 de 2017: i) no contempla la
liquidación del monto de la participación de cada uno de los predios que se
benefician con las acciones urbanísticas; ii) determinó la participación del efecto
plusvalía en el municipio únicamente para el predio con la Matrícula Inmobiliaria
Nro. 176-8311; y iii) los predios objeto de la controversia fueron englobados por
medio de la Escritura Pública No. 0588 del 24 de abril de 2015, por lo que
jurídicamente son inexistentes.
Oposición de la demanda
El Municipio de Zipaquirá controvirtió las pretensiones de la demanda con los
siguientes argumentos:
Advirtió que todo acto administrativo goza de las presunciones de legalidad y de ser
expedido por razones del buen servicio, las cuales deben ser desvirtuadas por la
actora.
4 Al respecto citó la sentencia C-785 de 2012.
5 Samai, índice 2, PDF del cuaderno 1 del Tribunal, página 34.
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Aseguró que el peritaje allegado por la actora no debe ser analizado porque los
predios de referencia utilizados tienen un uso de suelo diferente a los de la
controversia y, además, estos últimos no pertenecen a la zona institucional.
Indicó que el artículo 82 de la Constitución prevé que las entidades públicas podrán
participar en las plusvalías que resulten de las acciones urbanísticas que regulan la
utilización del suelo y del espacio aéreo urbano incrementando su aprovechamiento.
Manifestó que el artículo 41 del Acuerdo Nro. 12 de 2013 establece que son hechos
generadores de la participación en plusvalía en la zona tecnológica: i) la zonificación
de usos del suelo y ii) la autorización de un mayor aprovechamiento del suelo en
edificación.
Concluyó que, contrario a lo señalado por la demandante, la Resolución Nro. 24 de
2019 no viola las normas contenidas en los artículos 73 y siguientes de la Ley 388
de 1997 y fue expedida en legal forma.
Sostuvo que los valores de metodología comparativa de mercado realizada por el
Municipio de Zipaquirá atienden lo establecido en la Resolución Nro. 620 de 2008
del IGAC, por tanto, el valor del efecto plusvalía liquidado corresponde con la
realidad material de los inmuebles.
Indicó que los POT, los planes parciales y las unidades de planeamiento zonal no
son instrumentos que adopten autorizaciones específicas, lo cual se requiere para
que se configure el hecho generador.
Señaló que, si bien se utilizaron como referencia predios ubicados en otros
municipios, esto no vulnera algún mandato legal. En realidad, el legislador solo
exige que se efectúe la determinación por zonas homogéneas y, por eso mismo, los
predios del dictamen aportado por la actora se ubican en otros municipios.
Dijo que no se está cobrando de forma retroactiva el tributo debido a que, en el
Acuerdo Nro. 12 de 2000, se definen como hechos generadores las decisiones
administrativas que configuran acciones urbanísticas y que autorizan a destinar el
inmueble a un uso más rentable o incrementar el aprovechamiento del suelo.
Explicó que las decisiones administrativas que configuran acciones urbanísticas
deben ser proferidas de acuerdo con el POT, por lo que deben existir antes de que
los concejos municipales emitan la normativa. Entonces, insistió en que “el hecho
generador se configuró cuando respecto de los predios de la demandante se dieron los presupuestos
para el cobro del efecto plusvalía”6.
Frente a la existencia de los predios, manifestó que el englobamiento de los bienes
no cambió el área y sus características al igual que su ubicación.
Finalmente, propuso las excepciones de i) inepta demanda, pues consideró que la
actora no expuso los motivos en que sustenta los cargos de nulidad, y ii) falta de
legitimación en la causa por activa, en la media que consideró que la sociedad no
era la propietaria de los predios. Estas excepciones fueron declaradas no probadas
por el a quo mediante auto del 10 de junio de 2022 7 , en el que indicó que la
demandante expuso razonadamente los cargos de nulidad y que estaba legitimada
en la causa por activa debido a la restitución de la fiducia mercantil en el año 2015.
6 Samai del Tribunal, índice 2, PDF de la oposición a la demanda, página 13.
7 Samai del Tribunal, índice 15.
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Sentencia apelada
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A,
accedió a las pretensiones de la demanda, con fundamento en las siguientes
consideraciones:
De forma preliminar, puso de presente que la demandada propuso una fórmula de
conciliación que daba fin al proceso de la referencia. No obstante, ésta fue
rechazada por el a quo en la audiencia inicial celebrada el 13 de enero de 20238
porque consideró que los asuntos de naturaleza tributaria no son susceptibles de
conciliación ni de transacción.
Al analizar el fondo del asunto, indicó que el Consejo de Estado unificó su
jurisprudencia 9 y concluyó que la participación en plusvalía se causa con las
acciones urbanísticas que otorguen un uso más rentable al predio o incrementen el
aprovechamiento del suelo, en los eventos señalados en el artículo 8 de la Ley 388
de 1997, las cuales deben incluirse en un POT o en los instrumentos que lo
desarrollen o complementen.
Frente al caso bajo examen, señaló que el Acuerdo Nro. 49 de 2009 estableció en
el municipio de Zipaquirá las condiciones generales para la aplicación de la
participación en plusvalía y que, con base en la anterior norma, se profirió la
Resolución Nro. 24 de 2019, acto en el que se aseguró que el plusvalor surge a
partir de la comparación de las normas contenidas en el Acuerdo Nro. 12 de 2000 y
el Acuerdo Nro. 08 de 2003.
Entonces, no se discute que el Acuerdo Nro. 08 de 2003 incrementó el
aprovechamiento del suelo por el cambio de su uso, pero para el momento en que
inició su vigencia (29 de agosto de 2003), no había sido proferido el Acuerdo Nro.
49 de 2009 que adoptó la participación en plusvalía en el municipio en comento.
Debido a lo expuesto, el Tribunal afirmó que “aunque el Acuerdo 08 de 2003 constituyó una
acción urbanística en los términos del artículo 8° de la Ley 388 de 1997, no tuvo la entidad de realizar
el hecho generador de la participación en plusvalía, pues la causación del instrumento urbanístico
dependía de su previa adopción por parte del Concejo Municipal del ente demandado” 10.
Aseguró que en las consideraciones de los actos acusados se puso de presente
que el Decreto Municipal 090 de 2017 determinó la participación en el efecto
plusvalía del Municipio de Zipaquirá por los mayores aprovechamientos autorizados
por el Acuerdo Nro. 12 de 2013, que modificó el POT del 2000 ajustado por el
Acuerdo Nro. 08 de 2003.
Indicó que el parágrafo segundo del artículo 3 del mismo decreto se utilizó por la
accionada “para indicar que con posterioridad a la determinación de los predios señalados en el
Decreto 090 de 2017, podrá liquidar la participación del efecto plusvalía sobre aquellos en los cuales
se determine el hecho generador”11. Y, así mismo, afirmó que lo anterior “lleva a concluir a
esta Sala de decisión que la acción urbanística fundamento de la decisión que se ataca, fue
exclusivamente el Acuerdo 08 de 2003, sin que las establecidas en el del (sic) Acuerdo 12 del 2013
y el Decreto 090 de 2017 que lo desarrolló, afectaran los predios objeto de análisis”12.
8 Samai del Tribunal, índice 29.
9 Citó la sentencia del 3 de diciembre de 2020 Nro. 23540 C.P Julio Roberto Piza Rodríguez.
10 Samai del Tribunal, índice 39, página 15.
11 Ibidem, página 16.
12 Ibidem.
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Por lo expuesto, el Tribunal declaró la prosperidad del cargo que consiste en la
violación del principio de irretroactividad y, en consecuencia, declaró la nulidad de
los actos acusados. Además, no impuso condena en costas, por no estar probada
su causación.
Recurso de apelación
El Municipio de Zipaquirá apeló la sentencia de conformidad con los siguientes
argumentos:
Manifestó que está probado que los predios objeto del tributo se encuentran
ubicados en la zona tecnológica de la entidad territorial, de conformidad con el
Acuerdo Nro. 12 de 2013 y el Decreto Municipal 117 de 2012, este último en
desarrollo de los Acuerdos Nro. 12 del 2000 y Nro. 08 de 2003.
Adujo que, de conformidad con la jurisprudencia del Consejo de Estado 13 y los
artículos 73 y 74 de la Ley 388 de 1997, los concejos municipales pueden adoptar
la participación en plusvalía, cuyo hecho generador consiste en la acción
urbanística, contenida en los POT o los instrumentos que lo desarrollen, y que
permita la destinación del predio a un uso más rentable o que incremente el
aprovechamiento del suelo. Así mismo, destacó que se podrá generar una nueva
acción urbanística en vigencia de un mismo plan de desarrollo.
Explicó que los actos administrativos gozan de dos presunciones: i) de legalidad y
ii) que se fundamentan en razones del buen servicio. De esta forma, destacó que
quien pretenda su nulidad deberá desvirtuar dichas presunciones, lo que a su juicio
no ocurrió en este caso.
Afirmó que, según el informe de demarcación de la Secretaría de Planeación, el
artículo 40 del Acuerdo Nro. 12 de 2013 establece que los hechos generadores del
tributo en la zona tecnológica son: i) la zonificación del uso del suelo, y ii) la
autorización de un mayor aprovechamiento del suelo en edificación.
Destacó que el municipio realizó los estudios para identificar y cuantificar los predios
en los cuales se configuró el hecho generador para, posteriormente, estimar el
efecto plusvalía y liquidar el tributo con la tasa de participación que fue previamente
adoptada por el Concejo Municipal de Zipaquirá.
Con base en lo anterior, señaló que “podemos ver que la resolución número 024 de 2019, no
viola las normas contenidas en los artículos 73 y siguientes de la ley 388 de 1997 y fue expedida de
forma legal, no viola el principio de irretroactividad y no adolece de falsa motivación” 14.
Aseguró que la base para el cobro del efecto plusvalía es la Ley 388 de 1997 y los
POT. Así, no tiene razón el Tribunal al indicar que la acción urbanística se dio
exclusivamente con el Acuerdo Nro. 08 de 2003, sin considerar el Acuerdo Nro. 12
de 2013 y el Decreto Municipal 090 de 2017. Manifestó que una conclusión contraria
haría que “cada vez que se pretendiera cobrar el efecto plusvalía respecto de bienes inmuebles
en los cuales se configuran los elementos de dicho efecto y cobro tendrían los municipios en la
aprobación de nuevos acuerdos y modificaciones a los POT respectivos hablarse de predios exactos
y determinados”15.
13 Citó la sentencia del 3 de diciembre de 2020, exp. 23540, C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
14 Samai del Tribunal, índice 42, PDF de la apelación, página 9.
15 Ibidem, página 10.
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Reprochó que el a quo señalara que la adopción de la participación en plusvalía fue
posterior a la acción urbanística contemplada en el Acuerdo Nro. 08 de 2003 y que
por lo tanto no se causó el hecho generador porque, como lo manifestó el Consejo
de Estado, “la norma señala que los concejos municipales y distritales podrán adoptar la
participación en plusvalía, mediante acuerdos de carácter general y su destino será para fomentar
el interés común”16.
Finalmente, insistió que la autorización específica que configura el hecho generador
de la participación en plusvalía es la acción urbanística contenida en el POT o en
los planes que lo desarrollen.
Oposición al recurso de apelación
Manifestó que en el escrito de apelación no fueron enunciados o desarrollados
reparos concretos contra la sentencia de primera instancia.
En todo caso, afirmó que el informe de demarcación de la zona de uso tecnológico
no puede determinar el uso de los predios para el año 2000, pues hace referencia
al Acuerdo Nro. 12 de 2013, y destacó que desde aquel año existía una vocación
urbanística y constructiva de esa zona.
Sostuvo que el municipio de Zipaquirá cambió su postura respecto al uso del suelo,
debido a que inicialmente consideró que era rural y que el cálculo efectuado
desconoció que el POT del año 2000 contemplaba la potencialidad de edificabilidad
del 20% en la zona de uso tecnológico.
Resaltó que el cobro del tributo desconoce el principio de irretroactividad de que
trata el artículo 363 de la Constitución debido a que el hecho generador ocurrió en
2003, como consecuencia del cambio de uso del suelo según se consagró en el
Acuerdo Nro. 8, mientras que el municipio de Zipaquirá adoptó y definió la tarifa de
la participación en plusvalía con el Acuerdo Nro. 49 de 200917.
Finalmente, reiteró los argumentos de la demanda.
Concepto del Ministerio Público
El agente del Ministerio Público solicitó que se confirmara la sentencia de primera
instancia porque los actos acusados invocaron como único fundamento de la
configuración del hecho generador, el Acuerdo Nro. 08 de 2003, el cual empezó a
regir antes de que se adoptara la participación en plusvalía por el Acuerdo Nro. 49
de 2009, reglamentado por el Decreto Municipal 090 de 2017.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
Corresponde a la Sala decidir sobre la legalidad de la Resolución Nro. 24 de 2019,
mediante la cual el Municipio de Zipaquirá determinó la participación en el efecto
plusvalía sobre los predios identificados con matrícula inmobiliaria Nro. 176-110828
y 176-8311, y de la Resolución Nro. 272 de 2019, que rechazó por improcedente la
reposición presentada en contra de la anterior decisión.
Según la apelante, en este caso se acató el principio de irretroactividad tributaria
porque el hecho generador no se sustentó únicamente en el Acuerdo Nro. 08 de
16 Ibidem.
17 Al respecto citó las sentencias C- 643 de 2002 y C-785 de 2012.
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2003, sino también en el Acuerdo Nro. 12 de 2013 y el Decreto Municipal 090 de
2017. Además, insistió en que durante la vigencia del POT se pueden adoptar
nuevas acciones urbanísticas que configuren el hecho generador de la participación
en plusvalía, por lo que no es necesario que sea modificado o expedido uno nuevo
cada vez que se pretenda recaudar el tributo.
Para decidir lo anterior, se pone de presente que esta Sección, en sentencia del 3
de diciembre de 2020, exp. 23540 (2020CE-SUJ-4-006), C.P. Julio Roberto Piza
Rodríguez, unificó su jurisprudencia sobre la expresión “autorización específica” así:
“1) A efectos del artículo 74 de la Ley 388 de 1997, la autorización específica que configura
el hecho generador de la participación en plusvalía es la acción urbanística, entendida
en los términos del artículo 8.º ibidem, que permita la destinación del predio a un uso más
rentable o incrementar el aprovechamiento del suelo, en los eventos señalados en la
disposición. La acción urbanística podrá estar contenida en los planes de
ordenamiento territorial, o en los instrumentos que lo desarrollan o complementan (art. 9
Ley 388 de 1997) e, incluso, se podrá generar una nueva acción urbanística en vigencia
de un mismo plan”.
La participación en plusvalía se causa siempre y cuando el ente territorial, previo a la
acción urbanística, haya adoptado dicha exacción.
2) La anterior regla jurisprudencial de unificación rige para los trámites pendientes de
resolver en sede administrativa y judicial. No podrá aplicarse a conflictos decididos con
antelación”.
La última afirmación de la primera regla transcrita, según la cual el tributo se causa
cuando la entidad territorial, previo a la acción urbanística adoptó la exacción, ha
sido reiterada por la Sala. Así, por ejemplo, en la sentencia del 18 de marzo de
2021, exp. 23990, C.P. Milton Chaves García, se expuso lo siguiente:
“Dado que, en este caso, la autorización específica de aprovechamiento del suelo de
conformidad con el POT se encuentra contenida en el Decreto 075 del 20 de marzo de 2003,
mientras que el tributo solo fue adoptado por el Distrito Capital de Bogotá mediante el Acuerdo
118 del 30 de diciembre de 2003, es necesario concluir que no se configuró el hecho
generador de la participación en plusvalía, por ser su adopción posterior al supuesto legal que
lo configura. Así, la exigencia del cobro de la participación en plusvalía en este caso comporta
una violación del principio de irretroactividad en la determinación de las cargas tributarias
establecido en la Constitución Política” (subraya la Sala).
Con base en lo anterior, aunque durante la vigencia de un POT pueden adoptarse
nuevas acciones urbanísticas, para que se configure el hecho generador de la
participación en plusvalía es imprescindible que de forma previa se haya adoptado
el tributo por parte de la entidad territorial.
Teniendo presente lo anterior, la Sala encuentra que en el proceso están
acreditados los siguientes hechos relevantes:
• El Concejo Municipal de Zipaquirá expidió el POT para el municipio por medio del Acuerdo
Nro. 12 del año 200018, el cual fue ajustado por el Acuerdo Nro. 08 de 200319, cambiando
los usos del suelo.
• Luego, mediante el artículo 144 del Acuerdo Nro. 049 de 2009, la entidad territorial adoptó
la participación en plusvalía20, asunto que no se controvierte.
18 Samai, índice 2, carpeta de anexos a la demanda, PDF del Acuerdo Nro. 12 de 2000.
19 Ibidem, PDF del Acuerdo Nro. 08 de 2003.
20 Aunque esta norma no obra en el expediente, así lo determina la entidad demandada en las consideraciones
de la Resolución Nro. 024 de 2019. Cfr. Samai, índice 20, carpeta de antecedentes administrativos, PDF de
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Demandante: Edificando Industria S.A.S
• El Municipio de Zipaquirá expidió un nuevo POT mediante el Acuerdo Nro. 12 de 201321.
• El 12 de septiembre de 2017, el alcalde emitió el Decreto Municipal 090 por el cual se
determina la participación del efecto plusvalía en la entidad demandada22.
• El cálculo del efecto plusvalía efectuado por la entidad territorial en diciembre de 2018,
que sustentó los actos acusados, asegura que corresponde al “ACUERDO No. 12 DE
2000 Y ACUERDO No. 008 DE 2003” 23. Además, en su texto, asegura que se configuró
el hecho generador por modificación del régimen o de la zonificación del uso del suelo por
la comparación entre el Acuerdo Nro. 12 de 2000 y el Acuerdo Nro. 08 de 200324.
• El Municipio de Zipaquirá expidió la Resolución Nro. 24 de 2019, que determinó el tributo
correspondiente a los predios identificados con Matrículas Inmobiliarias Nros. 176-110828
y 176-8311. En sus consideraciones, la demandada expuso:
“Que mediante el Acuerdo 12 de 2000 Por el cual se adopta el Plan de Ordenamiento
Territorial para el Municipio de Zipaquirá y se dictan otras disposiciones, clasifico (sic) el predio
dentro del suelo rural suburbano, (el cual forma parte del Suelo Rural) -Cinturón Verde,
según se establece en el artículo 90.
Que con posterioridad fue expedido el Acuerdo No. 008 de 2003 Por el cual se revisa y ajusta
el Acuerdo 12 de 2000, el cual clasifica al predio como suelo suburbano ZONA
TECNOLÓGICA, como se indica en el artículo 38, actividad que fue reglamentada con el
Decreto 263 de 2011.
(…)
Que los hechos generadores de la participación en plusvalía cuyo cálculo de mayor valor se
realiza mediante el presente acto, surgen a partir de la comparación de las normas
urbanísticas del municipio contenidas en el Acuerdo 12 de 2000 y el Acuerdo 08 de 2003, que
dan lugar a mayores beneficios por cambio de uso del suelo” 25.
Según se observa, y contrario a lo dicho por la apelante, la resolución que determinó
la participación en plusvalía y el cálculo en que se fundamentó únicamente
identifican como hecho generador el cambio del uso del suelo originado en el ajuste
del POT del Acuerdo Nro. 08 de 2003, el cual es anterior a la adopción del tributo
por el Acuerdo Nro. 49 de 2009.
En otras palabras, no es cierto, como lo afirma la apelante, que el hecho generador
que fundamentó los actos acusados sea la acción urbanística contenida en el
Acuerdo Nro. 12 de 2013.
Con base en lo anterior, la Sala concluye que, en este caso, no se pudo configurar
el hecho generador identificado en los actos acusados porque el ajuste del POT por
el Acuerdo Nro. 08 de 2003 ocurrió antes de que se adoptara la participación en
plusvalía.
Además, contrario a lo dicho por el apelante, las razones expuestas permiten
concluir que la actora desvirtuó la presunción de legalidad de los actos
la Resolución Nro. 024, página 1. En todo caso, el texto del Acuerdo Nro. 49 de 2009 puede ser consultado
en el siguiente enlace: https://docplayer.es/24269435-Acuerdo-no-49-de-2009-30-oct-2009.html.
21 Samai, índice 2, carpeta de anexos a la demanda, PDF del Acuerdo Nro. 12 de 2013.
22 Este documento tampoco se encuentra en el expediente, pero el hecho se tiene por probado porque también
lo reconoce la Resolución Nro. 024 de 2019. Cfr. Samai, índice 20, carpeta de antecedentes administrativos,
PDF de la Resolución Nro. 024, página 2. De igual modo, el texto del Decreto Municipal 090 de 2017 puede
ser consultado en el siguiente enlace: https://www.zipaquira-cundinamarca.gov.co/normatividad/decreto-90-
del-12-septiembre-de-2017.
23 Samai, índice 2, carpeta de anexos a la demanda, PDF del informe de liquidación del tributo, página 1.
24 Ibidem, páginas 10 a 11.
25 Samai, índice 2, carpeta de anexos a la demanda, PDF de la Resolución 24 de 2019, página 2.
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administrativos acusados y la presunción de que fueron expedidos por razones del
buen servicio.
Por lo anterior, no prospera la apelación y, en consecuencia, se confirmará la
decisión impugnada.
Finalmente, no se impondrá condena en costas en esta instancia porque no fue
demostrada su causación, tal como lo exige el artículo 365 del Código General del
Proceso, aplicable en virtud del artículo 188 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Confirmar la sentencia del 13 de julio de 2023, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A.
2. Sin condena en costas en esta instancia.
Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al tribunal de
origen. Cúmplase.
La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA
Presidenta
Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILSON RAMOS GIRÓN
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador
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