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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2019-00746-01

Fecha
4 de junio de 2026
Consejero ponente
Myriam Stella Gutiérrez Arguello

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2019-00746-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA 1. REVOCAR la sentencia apelada proferida el 27 de abril de 2023, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A. 2. INHIBIRSE para emitir un pronunciamiento de fondo sobre la legalidad de las resoluciones demandadas, por las razones expuestas en esta providencia. 3. Sin condena en costas.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 25000-23-37-000-2019-00746-01

Consejero ponente: Myriam Stella Gutiérrez Arguello

4 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

MAGISTRADA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá, D.C., cuatro (4) de junio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación 25000-23-37-000-2019-00746-01 (28977)
Demandante ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES
COLPENSIONES
Demandada MUNICIPIO DE MADRID, CUNDINAMARCA
Temas Cobro coactivo. Impuesto predial. Terminación por mutuo
acuerdo.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sección decide el recurso de apelación interpuesto por ambas partes contra la
sentencia del 27 de abril de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A, que decidió1:
PRIMERO: Ténganse por no presentados los escritos del 14 y 16 de marzo de 2023 radicados
por los doctores Diego Fernando Londoño Cabrera y María Camila Bedoya García invocando
actuar como apoderados de la parte demandante, de conformidad con lo expuesto en esta
providencia.
SEGUNDO: DECLÁRASE la nulidad parcial de la Resolución No. 0247 del 20 de mayo de 2019,
a través de la cual se resolvieron las excepciones propuestas en contra del mandamiento de
pago librado a la demandante, entre otros; y de la Resolución No. 620 del 31 de julio de 2019,
que no repuso la decisión anterior; sólo en cuanto al cobro coactivo del impuesto predial de
las vigencias 2013, 2014 y 2015 del bien con Cédula Catastral No. 010200040016000 y
Matrícula Inmobiliaria No. 050-127359 únicamente frente a COLPENSIONES, de conformidad
con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.
TERCERO: DECLÁRASE la nulidad parcial de la Resolución No. 761 del 27 de agosto de 2019,
mediante la cual se liquidó el crédito y las costas del procedimiento de cobro coactivo, sólo
en lo que atañe al impuesto predial de la vigencia 2015 del bien con Cédula Catastral No.
010200040016000 y Matrícula Inmobiliaria No. 050-127359 únicamente frente a
COLPENSIONES, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.
CUARTO: En consecuencia, a título de restablecimiento del derecho DECLÁRASE probada
parcialmente la excepción de falta de título ejecutivo respecto a las vigencias 2013, 2014 y
2015 del bien con Cédula Catastral No. 010200040016000 y Matrícula Inmobiliaria No. 050-
127359 únicamente frente a COLPENSIONES, por las razones expuestas en la parte motiva de
este proveído.
QUINTO: Declárense no probadas las excepciones propuestas por la demandada relativas a
“la legalidad de los actos administrativos demandados y razonada motivación de los mismos”
y “COLPENSIONES como empresa industrial y comercial del Estado es sujeto pasivo del
impuesto predial unificado”, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente
providencia.
SEXTO: Declárese probada parcialmente la excepción propuesta por la demandada relativa a
que “COLPENSIONES es deudor solidario del impuesto predial unificado”, de conformidad con
lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.
SÉPTIMO: Niéganse las demás pretensiones de la demanda, de conformidad con lo expuesto
en esta providencia.

1
Samai de tribunal, índice 25, páginas 18 a 19.

1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 25000-23-37-000-2019-00746-01 (28977)
Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES

OCTAVO: No se condena en costas
[…].

ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA

La Secretaría de Hacienda del municipio de Madrid, Cundinamarca, expidió la
liquidación oficial 031 de 2018, en la que determinó el impuesto predial por los años
2011 a 2018 a cargo de Inversiones Supernonoise S.A., Central de Inversiones S.A.,
Codensa S.A., Espíndola Auditores y la Administradora Colombiana de Pensiones
(en adelante Colpensiones), en su calidad de copropietarios del inmueble
identificado con la matrícula inmobiliaria 50C-127359 y cédulas catastral Nro.
010200040016000. Contra este acto administrativo no fue interpuesto recurso
alguno por parte de la demandante.

Ante el impago de la obligación, la entidad territorial profirió el mandamiento de
pago 451-2018 del 31 de agosto de 2018, con sustento en la liquidación oficial
referida, en contra de Colpensiones y los demás deudores.

La entidad demandante formuló las excepciones de ausencia de la calidad de
deudor solidario, indebida tasación de la deuda y prescripción. El municipio,
mediante la resolución 0247 del 20 de mayo de 2019, declaró probada parcialmente
la excepción de prescripción respecto de las vigencias 2011 y 2012, negó las demás
excepciones, ordenó continuar con la ejecución, dispuso liquidar el crédito y las
costas del cobro coactivo administrativo, ordenó el embargo de las cuotas partes
del bien inmueble de la referencia y efectuar la investigación de bienes y cuentas
bancarias de los deudores con fines de ampliar las medidas cautelares.

Colpensiones interpuso el recurso de reposición en el que solicitó revocar la
decisión. Este fue resuelto mediante la resolución 620 del 31 de julio de 2019, que
lo negó. Posteriormente, la administración municipal profirió la resolución 761 del
27 de agosto de 2019, por medio de la cual liquidó el crédito y las costas a cargo
de Colpensiones y los demás propietarios, poseedores y personas indeterminadas
que crean o tengan derechos sobre el bien inmueble objeto de cobro. En este acto,
puso de presente que se realizaron pagos parciales, motivo por el cual, liquidó la
deuda únicamente por los años 2015 a 2018.

ANTECEDENTES DEL PROCESO

Demanda

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
contemplado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), la sociedad demandante formuló las
siguientes pretensiones2:
PRIMERO: Se declare la nulidad de la resolución No. 0247 del 20 de mayo de 2019, por medio
de la cual la SECRETARIA DE HACIENDA DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE MADRID CUNDINAMARCA en
su parte resolutiva ordenó seguir adelante con la ejecución en contra de la ADMINISTRADORA
COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES, por concepto impuesto predial unificado y
sanciones.

2
Samai de tribunal, índice 9, PDF de la subsanación de la demanda, páginas 1 a 2.

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Radicado: 25000-23-37-000-2019-00746-01 (28977)
Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES

SEGUNDO: Se declare la nulidad de la resolución No. 620 de fecha 31 de julio de 2019 por
medio de la cual se resolvieron unos recursos de reposición impetrados contra la resolución
0247 del 20 de mayo de 2019. Quedando agotada la reclamación administrativa.
TERCERO: Se declare la nulidad de la resolución No. 761 de 2019, de fecha 27 de agosto de
2019, por medio de la cual la SECRETARIA DE HACIENDA DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE MADRID
CUNDINAMARCA, liquida el crédito y las costas en contra de COLPENSIONES por un valor de
trescientos treinta [y] nueve millones dieciséis mil seiscientos pesos ($339.016.600.00 M/Cte).
Conforme al artículo 101 del CPACA.
CUARTO: Que como consecuencia de la anterior declaración y a título de restablecimiento del
derecho, se ordene cesar la ejecución y el cobro de pago del Impuesto predial unificado, sobre
el inmueble identificado con matrícula inmobiliaria No. 50C-127359, de propiedad de
COLPENSIONES en un porcentaje del (22.7195%).
QUINTO: Se ordene la cancelación de las medidas cautelares decretadas dentro del proceso
de cobro coactivo No. 451-2018, del 31 de agosto de 2018. Medida cautelar que consistió en
el embargo y secuestro de las cuentas bancarias de COLPENSIONES ordenadas en la
resolución No. 0247 del 20 de mayo de 2019, en su artículo décimo quinto.
SEXTO: Por tratarse de recursos que hacen parte de la Seguridad social, de conformidad con
el artículo 48 de la Constitución Política, se ordene a la SECRETARIA DE HACIENDA DE LA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE MADRID CUNDINAMARCA, que en lo sucesivo se abstenga de cobrar
cualquier tributo a mi mandante COLPENSIONES por concepto de Impuesto predial unificado.

Para estos efectos, invocó como normas violadas los artículos 48 de la Constitución
Política; 817, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836 y 837 del Estatuto Tributario; 177
de la Ley 1607 de 2012; y la Ley 100 de 1993. El concepto de violación se resume
así:

Puso de presente que la demandante es una empresa industrial y comercial del
Estado, con carácter financiero y vinculada al Ministerio de Trabajo, cuya misión es
administrar el régimen de prima media con prestación definida, con lo cual se trata
de una entidad integrante del Sistema de Seguridad Social, conforme al Acto
Legislativo 01 de 2005.

Explicó que con el oficio 440-035153 del 22 de junio de 2006 de la Superintendencia
de Sociedades le transfirió al Instituto de Seguros Sociales (ISS) el 22,7195% del
inmueble identificado con la matrícula inmobiliaria 50C-127359, en el marco de un
proceso concordatario. Posteriormente, esa misma porción del inmueble, le fue
transferida a Colpensiones, en virtud del artículo 12 del Decreto 2013 del 28 de
septiembre de 2012.

Señaló que el inmueble referido hace parte del sistema general de pensiones,
motivo por el cual le es aplicable el artículo 48 de la Constitución Política, que
proscribe la utilización de recursos de las instituciones de seguridad social para
fines diferentes a ella3.

Precisó que son recursos parafiscales que no pertenecen a la Nación, ni a las
entidades que los administran, y que en materia tributaria están exentos de
impuestos, tasas y contribuciones de cualquier origen4. Añadió que, al tratarse de
un bien de uso público, es improcedente el cobro del impuesto predial conforme lo
señalado en el artículo 177 de la Ley 1607 de 2012. Explicó que, en ese sentido, la
destinación del bien es su enajenación5 para hacer las imputaciones a las
correspondientes cuentas individuales de sus afiliados.
3
Citó las sentencias C – 828 de 2001; C – 1040 de 2003; C - 824 de 2004; y C – 422 de 2016 de la Corte Constitucional.
4
Citó el artículo 135 de la Ley 100 de 1993, y la sentencia C – 090 de 2011 de la Corte Constitucional; y la sentencia del
25 de febrero de 2016, exp. 19980 de la Sección Cuarta del Consejo de Estado.
5
Citó el artículo 2.2.3.4.5. del Decreto 352 de 2017.

3
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Cuestionó que se estuviera adelantando el cobro del impuesto desde el año 2013,
cuando la adjudicación del inmueble a la demandante se hizo a título gratuito el 24
de julio de 2015, por parte del patrimonio autónomo de remanentes del Instituto de
Seguros Sociales en Liquidación6. Señaló que, antes de la fecha de la transferencia,
el inmueble pertenecía al Instituto de Seguros Sociales, que era una entidad
perteneciente a la Nación, de modo que estaba exenta del impuesto predial. Así,
consideró que la demandada adelantó un cobro retroactivo sobre un bien que en
su momento estaba exento del impuesto.

Adicionalmente, resaltó que formuló excepciones de fondo por ausencia de
solidaridad, indebida tasación y prescripción. Al respecto, el municipio declaró
parcialmente probada la excepción de prescripción frente a los años 2011 y 2012,
pero rechazó el resto bajo el argumento de que la copropiedad no exonera de la
responsabilidad solidaria de las obligaciones sobre el predio.

Sostuvo que la entidad territorial no motivó los actos demandados, sino que se limitó
a señalar que se había configurado un título ejecutivo expreso, claro y exigible,
frente a lo cual reiteró que se desconoció la calidad de los bienes objeto del tributo
y que los recursos de la seguridad social no pueden ser objeto de imposición
alguna. Insistió en que, en gracia de discusión, de darse la responsabilidad de la
demandante por concepto del impuesto predial, esta solo se predicaría a partir del
25 de julio de 2015. Así, estimó demostrada la falta de claridad del título y
exigibilidad de la obligación.

Oposición de la demanda

La demandada solicitó negar las pretensiones. Frente a los hechos de la demanda,
precisó que la porción de titularidad del inmueble que le fue cedida a la demandante
en realidad es del 32.4282% y que, por ser un bien proindiviso, el mandamiento de
pago fue proferido en contra de todos los copropietarios de aquel.

Sostuvo que no es cierto que los inmuebles representen dinero líquido destinado a
la seguridad social, conforme al artículo 48 de la Constitución, por lo que el predio
sigue siendo propiedad de la demandante hasta que se den las enajenaciones
contempladas en el artículo 2.2.3.4.5 del Decreto 352 de 2017. Además, aseguró
que la exclusión regulada en el artículo 177 de la Ley 1607 de 2012 alude a los
bienes de uso público, característica que no ostenta el bien que dio lugar al presente
debate.

En los argumentos de defensa, planteó la excepción de mérito denominada
«legalidad de los actos administrativos demandados y razonada motivación de los mismos»,
en la que sostuvo que la demandante no logró demostrar que el inmueble objeto
del cobro del tributo perteneciera a los recursos del sistema general de seguridad
social, y que en esa medida tuviera naturaleza parafiscal. Puso de presente que,
conforme al artículo 12 del Decreto 2013 de 2012, Colpensiones debe conservar la
separación patrimonial de los bienes que administra, para de ese modo distinguir
entre el patrimonio de origen pensional y el recibido por otro concepto.

Señaló que en la anotación número 27 del folio de matrícula inmobiliaria se transfirió
el derecho de dominio sobre bienes fiscales a título gratuito, es decir, que se trata
de un bien fiscal destinado a cumplir las funciones de la entidad. Precisó que la
jurisprudencia señaló que este tipo de activos se definen como aquellos cuya
6
Citó el artículo 4 del Decreto 0553 de 2015.

4
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titularidad ejerce el Estado de forma similar a los particulares7, y que dista de la
noción del sistema general de pensiones, cuyos recursos se destinan
exclusivamente a él, y no pertenecen ni a la Nación ni demás entidades
administrativas8.

Alegó la excepción que denominó «Colpensiones es deudor solidario del impuesto
predial unificado», en el que cuestionó la afirmación de que la demandante está
exenta del pago del tributo, pues la jurisprudencia ha sostenido que las empresas
industriales y comerciales del Estado pueden ser objeto de este gravamen9.

Señaló que la solidaridad se predica frente a todas las vigencias fiscales, con
independencia de la fecha en que se realizó la transferencia del derecho de
dominio, pues se trata de un tributo de naturaleza real, que recae en los
propietarios, poseedores o usufructuarios; de modo que el sujeto activo puede
perseguir el pago del tributo con independencia de quien sea el propietario del
bien,10 ni la fecha de traspaso, conforme el artículo 7 de la Ley 788 de 2002.

Sentencia apelada

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A,
declaró la nulidad de parcial de los actos demandados, sin condenar en costas, con
base en lo siguiente:

Frente a los cargos de nulidad relacionados con que el inmueble corresponde a
recursos de la seguridad social, por recibirse en dación en pago, explicó que ellos
se dirigen a establecer que la demandante no es sujeto pasivo del impuesto predial,
por lo que versa sobre la legalidad del título ejecutivo, y no sobre la responsabilidad
solidaria de la demandante.

Precisó que la liquidación oficial 031 del 22 de marzo de 2018, frente a la cual no
se ejercieron recursos, es el acto administrativo que presta mérito ejecutivo, y dio
lugar al proceso de cobro de la referencia. De este modo, sostuvo que el proceso
de determinación era el escenario para cuestionar los elementos del tributo, pues,
como se ha precisado por la jurisprudencia11, no es de recibo que en el proceso de
cobro coactivo se cuestione la validez del título ejecutivo, dado que se reabriría una
discusión sobre aspectos ya decididos.

Por ese mismo motivo el a quo no estudió las excepciones de mérito propuestas
por la demandada denominadas «legalidad de los actos demandados y razonada motivación
de los mismos» y «COLPENSIONES como empresa industrial y comercial del Estado es sujeto pasivo
del impuesto predial unificado».

Respecto de los cargos de falta de claridad y exigibilidad del título ejecutivo, que se
sustentan en que la demandante no era propietaria del predio antes del 24 de julio
de 2015, señaló que, en contraposición, la demandada formuló la excepción según
la cual la demandante es deudora solidaria en virtud del carácter real del tributo.
Luego, puso de presente que el demandado, en los actos acusados, declaró la
7
Citó la sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, del 30 de abril de 2012, exp. 21699, M.P. Ruth Stella Correa
Palacio.
8
Citó la sentencia C – 422 de 2016 de la Corte Constitucional.
9
Citó las sentencias del Consejo de Estado, Sección Cuarta, del 19 de abril de 2007, exp. 14226, M.P. Héctor J. Romero
Díaz; y del 29 de mayo de 2014, exp. 19561, M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
10
Citó el artículo 60 de la Ley 1430 de 2010; y la sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, del 29 de junio de
2017, exp. 19825, M.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
11
Cito las sentencias del Consejo de Estado, Sección Cuarta del 21 de noviembre de 2012, exp. 18647, M.P. William
Giraldo Giraldo; y del 29 de abril de 2020, exp. 23906, M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.

5
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prosperidad parcial de la excepción de prescripción, frente a los años 2011 y 2012.
En consecuencia, interpreta que los cargos de la demanda sobre este punto se
refieren a los años 2013 a 2015, de modo que «se acepta que las presuntas
responsabilidades del mismo son predicables a partir de dicha fecha, es decir para este caso para
las vigencias 2016, 2017 y 2018»12.

Transcribió el artículo 60 de la Ley 1430 de 2010 y destacó que el municipio puede
perseguir el pago de cualquier propietario o poseedor; sin embargo, ello no implica
que la responsabilidad del actual propietario se predique de cualquier vigencia
fiscal, pues la norma referida aclara que, cuando se expidan liquidaciones oficiales
de revisión con posterioridad a la transferencia del dominio, la responsabilidad para
el pago de los mayores valores determinados recae en cabeza del propietario y/o
poseedor de la respectiva vigencia fiscal.

Por lo anterior, señaló que no le son exigibles a la demandante las obligaciones
relacionadas con los años 2013, 2014 y 2015, motivo por el cual declaró probada
parcialmente la excepción de falta de título ejecutivo, así como la excepción según
la cual la demandante es deudor solidario del impuesto predial unificado.

Explicó que no se propusieron reparos directos en contra de la resolución que
liquidó el crédito y las costas del procedimiento de cobro coactivo; empero, dicha
resolución está íntimamente relacionada con los demás actos acusados. Entonces,
teniendo en cuenta algunos abonos realizados por otros obligados solidarios, la
liquidación se centra en las vigencias 2015 a 2018, y dadas las consideraciones
realizadas líneas atrás, concluyó que, procedía la nulidad parcial de este acto,
únicamente frente a la vigencia 2015.

Puso de presente que no hay prueba de que se haya materializado la medida
cautelar de embargo y secuestro de las cuentas bancarias de la demandante, y
dado que el cobro coactivo es procedente por los años 2016 a 2018, señaló que no
prosperan las pretensiones relacionadas con este punto.
Finalmente, no se condenó en costas, en cuanto la demanda prosperó
parcialmente.
Recurso de apelación
La demandante afirmó que hay lugar a declarar la nulidad total de los actos
acusados, en tanto el procedimiento de cobro coactivo fue adelantado de manera
indebida, injustificada y por fuera del ordenamiento legal.
Sostuvo que «es evidente que la Secretaría de Hacienda de la Alcaldía Municipal de Madrid
(Cundinamarca), no tuvo en cuenta de forma íntegra los argumentos expuestos por la
Administradora Colombiana de Pensiones, respecto de las excepciones, recurso de reposición y la
solicitud de revocatoria de la medida cautelar impetradas por mi poderdante, al contrario, la parte
actora [sic] de forma autoritaria, con argumentos básicos, generales y evidentemente sin ser precisa,
pretende en virtud del cobro coactivo objeto del presente litigio recaudar unos dineros que
legalmente Colpensiones no está en la obligación de pagar, y que al contrario de ser obligada a
hacerlo, se estaría generando un agravio y un detrimento injustificado ante una entidad que tiene
como principal objetivo la administración estatal del Régimen de Prima Media con Prestación
Definida»13.

Destacó que la demandada sustentó los actos acusados en un título ejecutivo
expreso, claro y exigible, pero omitió el deber de motivarlos, incurriendo en falsa
12
Samai de tribunal, índice 25, página 16.
13
Samai de tribunal, índice 29, PDF de la apelación, páginas 4 a 5.

6
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motivación, pues no analizó que los bienes administrados por la apelante forman
parte de recursos del sistema general de seguridad social, dado que fueron
recibidos en dación en pago, y en esa medida gozan del tratamiento excluido
señalado en el artículo 48 de la Constitución Política.

Insistió en que dichos recursos tienen la naturaleza de parafiscales, pues se trata
de un bien transferido por el Instituto de Seguros Sociales a la demandante, que a
su vez obtuvo en el marco del cobro a un empleador moroso, por lo que la finalidad
en la adjudicación era cubrir los aportes al sistema de seguridad social. Adujo que
la naturaleza parafiscal de dichos recursos implica que su destinación no pueda ser
modificada, ni siquiera por el legislador14.

Teniendo en cuenta lo anterior, explicó que resultaba aplicable la exención prevista
en el artículo 135 de la Ley 100 de 1993, que releva a los recursos del sistema
general de seguridad social del pago de impuestos, tasas y contribuciones de
cualquier origen, del orden nacional. Luego, insistió en la especial destinación
constitucional de los recursos de la seguridad social15.

Finalmente, señaló que el a quo «tan solo analizó el procedimiento del cobro coactivo, y no
miró la naturaleza del tributo que se persigue, pues va en contravía del artículo 48 de la Constitución
y debería estar exceptuado, por lo cual se ruega al H. Consejo de Estado, se analice si los bienes
dados en dación en pago como producto de deudas por el no pago de aportes a la seguridad social
(parafiscales), puede ser objeto de tributo por parte de las administradoras de pensiones, pues se
estaría en detrimento de la entidad estatal, de los dineros parafiscales que buscan proteger el
derecho a la seguridad social de los colombianos, aspectos que no fueron analizados por el a-quo,
el cual solo se limitó a revisar el procedimiento coactivo, y no el bien sujeto al gravamen y su
naturaleza, que es lo que se solicita con la presente acción»16.

La demandada aseguró que hay lugar a revocar la sentencia, pues consideró que
era improcedente proferir una sentencia de fondo, ya que se incumplen los
presupuestos para ello, en cuanto que la demandante no agotó el recurso de
reconsideración contra la liquidación oficial del tributo.

Destacó que el a quo puso de presente que no se agotó el recurso de
reconsideración contra el acto de determinación, el cual se anunció como
procedente al momento de su notificación, con lo cual la sentencia de primera
instancia afirmó que no era procedente reabrir el debate sobre la validez del título
ejecutivo. Además, indicó que no se cumplieron los requisitos para la demanda per
saltum, prevista en el artículo 720 del Estatuto Tributario17, pues no ejerció el medio
de control dentro de los 4 meses siguientes a la notificación.

Con base en lo anterior, concluyó que «el Tribunal Administrativo debió haber decretado la
ausencia de requisitos procedimentales o en su defecto la caducidad del medio de control frente a
las pretensiones direccionadas a modificar la liquidación del impuesto predial»18 [negrilla y
subrayado del original]. Así, anunció que efectuaría un análisis de las pretensiones y
de los cargos de nulidad, con el fin de determinar que el a quo «se pronunció frente a
aspectos que no eran de su competencia, por ausencia del requisito de procedibilidad»19.

14
Citó las sentencias C-824 de 2004, C-828 de 2001 y C-1040 de 2003 de la Corte Constitucional.
15
Citó la sentencia C-090 de 2011 de la Corte Constitucional; y la sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, del
25 de febrero de 2016, exp. 19980.
16
Samai del tribunal, índice 29, PDF de la apelación, página 9.
17
Citó el artículo 720 del Estatuto Tributario; el auto del Consejo de Estado, Sección Cuarta, del 12 de febrero de 2020,
radicado Nro. 13001-23-33-000-2014-00134-01, M.P. Stella Jeannette Carvajal Basto; y la sentencia del 10 de octubre
de 2016, exp. 20311, M.P. Jorge Octavio Ramírez.
18
Samai de tribunal, índice 28, página 6.
19
Ibidem.

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Indicó que el primer argumento de la demandante consiste en que los recursos del
sistema de seguridad social no están gravados por el impuesto predial; empero,
como lo manifestó el tribunal, este argumento debió plantearse como ataque al acto
de liquidación, y no en el cobro coactivo. Por lo tanto, la demandada aclaró que no
presenta reparos frente a estas consideraciones del a quo.

Frente al argumento, según el cual, la demandante no era propietaria del predio
antes del 25 de julio de 2015, afirmó que «este aspecto tuvo que haber sido objetado
dentro del recurso de reconsideración pues no fue una situación que COLPENSIONES únicamente
se dio por enterada al iniciarse el proceso de cobro coactivo»20 [negrilla del original]. En este
punto, reiteró que el acto de determinación fue notificado en el 2018, en el que se
liquidó el tributo por los años 2011 a 2018, por lo que la demandante tenía la
obligación de cuestionar las vigencias en las que consideraba que no era deudora
mediante el ejercicio del recurso de reconsideración.

Por lo tanto, aseveró que existe un título ejecutivo contra Colpensiones, el cual no
fue controvertido oportunamente, lo que impide su estudio en el cobro coactivo.

De otro lado, afirmó que la nulidad parcial decretada en primera instancia vulnera
el debido proceso y el principio de justicia rogada, pues estos argumentos no fueron
planteados por la demandante. Destacó que la demandante no pretendió la nulidad
de la liquidación oficial del impuesto predial. Pese a ello, consideró que, «cuando el
Tribunal expresó “destacándose que más allá de la existencia del título, los argumentos expuestos
en el primer cargo de la demanda conducen es a la controversia de la legalidad del título ejecutivo
cobrado”, lo que hizo fue adaptar el concepto de la violación formulado, para poder pronunciarse
frente a un aspecto del que no tenía competencia, atacando así el acto administrativo que sirvió
como base para iniciar el cobro coactivo y no el procedimiento de cobro coactivo en sí mismo»21.

Adujo que el tribunal sobrepasó sus facultades al interpretar erróneamente los
argumentos de la demanda relacionados con la imposibilidad de gravar recursos
destinados a la seguridad social, pues en ningún momento Colpensiones manifestó
que no existiera un título ejecutivo; y, de haber sido así, afirmó que el a quo no
podría pronunciarse sobre la determinación del impuesto predial, ya que no se
interpuso el recurso de reconsideración. Así las cosas, manifestó que fue vulnerado
su derecho al debido proceso, dado que la sentencia de primera instancia se
pronunció sobre un acto que no fue controvertido, lo que le impidió ejercer su
adecuada defensa.

Finalmente, manifestó que el título ejecutivo es claro, expreso y exigible, y vincula
a la demandante solidariamente22. Afirmó que «los sujetos pasivos del impuesto predial son los
bienes raíces, más no los titulares del derecho de propiedad»23, por lo que el cobro coactivo se
dirige contra el inmueble. Así lo reconoció el artículo 60 de la Ley 1430 de 2010, al
indicar que se podrá hacer efectivo el cobro con independencia de quien sea el
propietario.

Afirmó que, por lo expuesto, es irrelevante que algunos periodos cobrados
correspondan a cuando la demandante no era propietaria. Con todo, la actuación
se sustenta en una liquidación oficial que establece la condición de deudores
solidarios, el monto de la obligación y el momento de su pago, por lo que cumple
todos los elementos propios los títulos ejecutivos. Esto, sumado a que no se ejerció
20
Ibidem, página 7.
21
Ibidem, página 9.
22
Citó la sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, del 22 de septiembre de 2016, radicado Nro. 25000-23-27-000-
2011-00323-01, M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.
23
Ibidem, página 11.

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el recurso de reconsideración en su contra, lo que hace improcedente discutir su
legalidad.

Oposición a la apelación

La demandante y la demandada no se pronunciaron con relación al recurso de su
contraparte.

Intervención del ministerio público

El agente del ministerio público guardó silencio.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Antes de decidir sobre el debate judicial planteado en el trámite de esta segunda
instancia, se pone de presente que el magistrado Luis Antonio Rodríguez Montaño
manifestó estar impedido para participar en la decisión, por haber conocido el
proceso en primera instancia (índice 23 Samai) y que mediante auto del 27 de
noviembre de 2025 la sala declaró fundado el impedimento presentado (índice 28
Samai).

Problema jurídico

Corresponde a la Sección decidir sobre la legalidad de las resoluciones 0247 del
20 de mayo, 620 del 31 de julio y 761 del 27 de agosto de 2019, proferidas por el
municipio de Madrid, en el marco del trámite de cobro coactivo adelantado contra
Colpensiones, respecto del impuesto predial unificado para los períodos de 2011 a
2018.

Análisis del caso concreto

Previo a resolver de fondo los cargos propuestos en los recursos de apelación, la
Sala observa que, en sentencia del 19 de febrero de 202624, se decidió un asunto
con identidad fáctica y jurídica, en el que se estudió la legalidad de los actos que
discutían el impuesto predial con relación al mismo inmueble y los mismos períodos
gravables respecto a otro copropietario, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
(ICBF), en la que se puso de presente la existencia de una terminación por mutuo
acuerdo y del acto que dio por terminado el cobro coactivo.

En el contexto de lo explicado, se precisa que en el caso en concreto se discute la
legalidad de los actos administrativos por medio de los cuales la autoridad municipal
inició e impulsó el procedimiento de cobro coactivo respecto al impuesto predial
unificado del inmueble 50C-127359 a cargo de Colpensiones, como copropietario
del bien, para los períodos de 2011 a 2018, que con motivo de la declaratoria de la
prescripción y los pagos parciales se reliquidó el crédito por las vigencias 2015 a
2018.

Así las cosas, se evidencia que el municipio de Madrid, mediante la resolución 1822
del 31 de octubre de 201925, aprobó la solicitud de terminación por mutuo acuerdo
del trámite de cobro elevada por el señor Jorge Iván Hurtado Suárez, por cumplir
con los requisitos previstos en los acuerdos 001 y 006 de 2019. En concreto,
24
Exp. 27911, M.P. Wilson Ramos Girón.
25
Samai, índice 59. PDF 68, páginas 1 a 2.

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encontró probado el pago total de la obligación, por lo que ordenó «dar por terminado
de mutuo acuerdo el proceso administrativo tributario – coactivo, sobre los inmuebles con las
Cédulas Catastrales Nro. 010200040016000 denominado o con dirección K 2E 15 197 CAJA
COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMIL […]»26.

Como consecuencia de lo anterior, la administración, en la resolución 1895 del 15
de noviembre de 2019, indicó lo siguiente27:
Que con la Resolución N. 0247 del 20 de mayo de 2019, se resolvieron las excepciones contra
el mandamiento de pago N. 451-2018 del 31 de agosto de 2018, y en la misma Resolución se
ordenó seguir adelante con la ejecución en contra de HURTADO SUÁREZ JORGE IVÁN, con CC. […],
COLPENSIONES, con NIT […], todos ellos que aparecen inscritos en el folio de matrícula
inmobiliaria número 50C-127359 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, Zona
Centro de Bogotá DC, así mismo, contra los poseedores y personas indeterminadas que se
crean o tengan derechos sobre el inmueble objeto de cobro.
[…]
Que mediante Resolución No. 1822 del 31 de octubre de 2019, se aprobó al contribuyente
HURTADO SUÁREZ JORGE IVÁN, con CC […] el pago de las obligaciones en mora respecto del
predio con cédula catastral N. 01-02-0004-0016-000 con dirección K 2E 15 197, ello conforme
lo dispuesto en el Acuerdo Municipal N.006 del 5 de abril de 2019.
[…]
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: No hay lugar a reiterar la orden de pago de los amparos garantizado
mediante Póliza expedida por la Aseguradora Seguros del Estado S.A. conforme lo
considerado.
ARTÍCULO SEGUNDO: Se ORDENA dar por terminado el proceso administrativo de cobro coactivo
que se había iniciado con Mandamiento de Pago No. 451-2018 del 31 de agosto de 2018,
seguido en contra del predio con cédula catastral No. 01-02-0004-0016-000 con dirección K
2E 15 197, por pago total de la(s) obligación(es) fiscal(es) ejecutadas, según lo motivado.
ARTÍCULO TERCERO: Se ORDENA cancelar y levantar las medidas cautelares de embargo
decretadas dentro del proceso administrativo de cobro coactivo, siempre que aun
permanezcan vigentes. […]

En ese sentido, resulta claro que los hechos objeto de debate en el presente asunto
desaparecieron, por lo que no es posible para esta Sección realizar un análisis de
los argumentos expuestos en el caso en concreto.

En consecuencia, atendiendo el precedente de la sentencia del 19 de febrero de
2026, la Sala revocará la sentencia de primera instancia y en su lugar, se inhibirá
para hacer un pronunciamiento de fondo.

Costas

De acuerdo con el artículo 365 del Código General del Proceso aplicable por
remisión del artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, como no hay parte vencida dentro
del proceso, la Sección se abstendrá de imponer condena en costas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,

26
Ibidem, página 2.
27
Ibidem, PDF 69, páginas 1 a 3.

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FALLA

1. REVOCAR la sentencia apelada proferida el 27 de abril de 2023, por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A.
2. INHIBIRSE para emitir un pronunciamiento de fondo sobre la legalidad de las
resoluciones demandadas, por las razones expuestas en esta providencia.
3. Sin condena en costas.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al tribunal de
origen.

Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

Este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente
dirección electrónica:https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

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