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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2019-00785-01

Fecha
14 de mayo de 2026
Consejero ponente
Wilson Ramos Girón

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2019-00785-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA 1. Modificar el ordinal primero de la sentencia apelada. En su lugar: Primero. Declarar la nulidad parcial de la Liquidación Oficial RDO-2018 02299, del 06 de julio de 2018, y la Resolución que resolvió el recurso de reconsideración RDC-2019-01295, del 26 de julio de 2019, por medio de los cuales se determinaron oficialmente los aportes al SPS del señor Carlos Gustavo Castellanos por los doce períodos mensuales del año 2015. A título de restablecimiento, se ordena a la UGPP reliquidar los aportes a salud y pensión (incluido FSP) de los períodos de enero, junio, julio, septiembre, noviembre y diciembre de 2015, conforme al IBC señalado en el cuadro inserto en la providencia de segunda instancia; igualmente recalcular las multas correspondientes. En cambio, por los meses de febrero, marzo, abril, mayo, agosto y octubre de 2015 no habría lugar a determinar obligación a cargo del actor. 2. En lo demás, confirmar la sentencia apelada. 12 Sentencia del 23 de septiembre de 2025 (exp. 28292, CP: Wilson Ramos Girón) Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 16 Radicado: 25000-23-37-000-2019-00785-01 (29332) Demandante: Carlos Gustavo Castellanos Castillo 3. Sin costas en esta instancia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 25000-23-37-000-2019-00785-01

Consejero ponente: Wilson Ramos Girón

14 de mayo de 2026

Radicado: 25000-23-37-000-2019-00785-01 (29332)
Demandante: Carlos Gustavo Castellanos Castillo

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN

Bogotá, D C., catorce (14) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-37-000-2019-00785-01 (29332)
Demandante: Carlos Gustavo Castellanos Castillo
Demandada: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales, UGPP.

Temas: Liquidación de aportes (2015). Revocatoria directa.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación1 interpuesto por la demandada contra la sentencia
del 30 de mayo de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Cuarta, Subsección B, que resolvió2:

Primero. Declarar la nulidad parcial de la Liquidación Oficial RDO-2018 02299 del 06 de julio de 2018
y la Resolución que resolvió el recurso de reconsideración RDC-2019-01295 del 26 de julio de 2019;
actos por medio de los cuales se determinó oficialmente los aportes al Sistema de Seguridad Social
del señor Carlos Gustavo Castellanos por el periodo 2015, de conformidad con la parte motiva de
esta providencia.

Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento se ordena a la UGPP:

-Eliminar la liquidación de aportes al subsistema de pensión y fondo de solidaridad pensional,
situación que implica eliminar la sanción por omisión.

-Eliminar la liquidación de aportes al Subsistema de salud de los meses de febrero, marzo, abril,
mayo, agosto y octubre de 2015, como quiera que el demandante no tuvo capacidad de pago.

-Liquidar los aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud a cargo del actor por los meses de
enero, junio, julio, septiembre, noviembre y diciembre, de conformidad con lo establecido en esta
providencia, lo cual a su vez implica la modificación de la sanción por inexactitud.

Segundo. Por no haberse causado no se condena en costas.

ANTECEDENTES

Actuación administrativa

Mediante la Liquidación Oficial RDO-2018-02299, del 06 de julio de 2018, la demandada
le determinó al actor aportes al Sistema de Protección Social (en adelante, SPS), en los
subsistemas de salud y pensiones, por el período comprendido entre el 01 de enero y el

1
SAMAI tribunal, índice 52, certificado (A6B0D6BFE930DE9A 3D76C621D25D2C37 6F7F4B13F9DB2C89 67A496BB2C6BE7F1)
(pdf) pp. 2 a 11.
2
SAMAI tribunal, índice 48, certificado (4FE6BDDAF2EF8774 4A46AAE0E9B3538C 439EF201E568EA31 732F429BBC5F7A1F)
(pdf) p. 36.

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Radicado: 25000-23-37-000-2019-00785-01 (29332)
Demandante: Carlos Gustavo Castellanos Castillo

31 de diciembre de 2015 y le impuso sanción por omisión e inexactitud. Tras recurrirse el
anterior acto, la entidad modificó la decisión mediante la Resolución RDC-2019-01295,
del 26 de julio de 2019, en el sentido de aceptar costos por $936.978.087 y recalcular las
multas impuestas en función de lo anterior.

Posteriormente, la Administración expidió la Resolución RDO-2020-M-03927, del 30 de
octubre de 2020, a través de la cual revocó parcialmente la liquidación oficial RDO-2018-
02299, en el sentido de aplicar el sistema de presunción de costos establecido en la
Resolución 209 de 2020, modificando el monto de los aportes.

Demanda

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el
artículo 138 del CPACA (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Ley 1437 de 2011), el demandante formuló las siguientes pretensiones3:

Primera. Declarar la nulidad de Liquidación Oficial RDO-2018-02299 del 6 de julio de 2018 y la
Resolución que resolvió el recurso de reconsideración RDC-2019-01295 del 26 de julio de 2019.

Segunda. Como consecuencia de la anterior declaración, ordenar dejar las resoluciones sin efectos
jurídicos.

Tercera. Que en caso de no tener en cuenta las anteriores solicitudes, de forma subsidiaria y
conforme a la aplicación recta de la ley y la justicia se coteje la información de forma correcta y
realice las respectivas correcciones conforme a la información reportada, ajustando los valores del
Ingreso Base de Cotización -IBC- realmente devengados en el año 2015.

Al efecto, invocó como normas vulneradas los artículos 2, 6 y 29 de la Constitución; y 137
de la Ley 1437 de 2011, bajo el siguiente concepto de violación4:

Sostuvo que la Administración incurrió en falsa motivación, por lo que tomó una decisión
persiguiendo un fin distinto al previsto por el legislador, que obedecía a un propósito
particular o arbitrario. Adujo que se vulneró el debido proceso y el derecho a la defensa,
dado que la demandada aplicó de forma desproporcionada su potestad sancionadora,
sin tener en cuenta su efectivo derecho a controvertir, aportar o solicitar pruebas que
conducían a aclarar los hechos. Además, le impuso sanciones inexistentes, carentes de
sustento jurídico por una interpretación errónea de la norma. En específico, planteó los
siguientes cargos:

-Nulidad del acto … por ser expedido con infracción de las normas en que debería
fundarse. Planteó que la demandada estaba obligada a determinar un sistema de
presunción de ingresos para los transportadores y demás independientes diferentes a los
contratistas, conforme lo establecía el artículo 18 de la Ley 1122 de 2007. Si bien, se
avanzó con el IBC de los independientes con contratos de prestación de servicios,
quienes percibían ingresos de fuente diferente dependían de la reglamentación para
establecer su IBC. Sin embargo, para el 2015, el Gobierno nacional no había establecido
un sistema de presunción de ingresos para los independientes por cuenta propia o
rentistas de capital -como se reconoció en el Concepto 164487 del 24 de septiembre de
2014, emitido por MinTrabajo. Advirtió que el parágrafo segundo del artículo 204 de la
Ley 100 de 1993 también determinó la obligación para el gobierno de reglamentar un
sistema de presunción de ingresos. Seguidamente, señaló que supuestamente a partir

3
SAMAI CE, índice 02, certificado (608FD5E05E016904 92145608FF9A464A 28D9BBFA2F446E54 651F0318BD10DCB1) (pdf) p.
03.
4
SAMAI CE, índice 02, certificado (608FD5E05E016904 92145608FF9A464A 28D9BBFA2F446E54 651F0318BD10DCB1) (pdf) pp
05 - 66.

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Demandante: Carlos Gustavo Castellanos Castillo

del 09 de junio de 2015 fue la Ley 1753 de 2015 -art. 135- la que creó un sistema de
presunción de ingresos para los trabajadores por cuenta propia; sin embargo, fue la Ley
1955 de 2019 -parágrafo del artículo 244- la que previó que, para efectos del cálculo del
IBC, la Administración debía determinar un esquema de presunción de costos. De modo
que dicha norma era la aplicable para establecer dicho sistema de presunción de
ingresos, costos y gastos de la actividad económica que desarrolló en el año 2015, puesto
que el proceso de fiscalización inició con el Requerimiento para Declarar y/o Corregir
RCD-2017-03025, del 31 de octubre de 2017, y, para esa época, el MinTransporte ya
contaba con mecanismos para identificar los costos en que incurrían todos los
transportadores a nivel nacional.

No obstante, la demandada únicamente tuvo en cuenta los ingresos declarados
(honorarios, comisiones y servicios) como trabajador por cuenta propia por valor de
$1.333.469.000, los cuales fueron prorrateados en los 12 meses de tal vigencia, sin
valorar los costos y deducciones de la actividad económica que igualmente fueron
declarados para esa vigencia, lo cual evidenció que la demandada no realizó un estudio
exhaustivo de la actividad generadora de renta, lo que implicó endilgarle «una obligación
excesivamente onerosa de pago al sistema de la seguridad social sin que exista fundamento alguno ». Así,
afirmó que los actos demandados eran nulos por incurrir en falsa motivación y fundarse
en normas que no correspondían al caso; esto es, con infracción de la ley.

-Indebida conformación del IBC. Cuestionó que la demandada estableció un sistema de
presunción de ingresos incorrecto, puesto que solo tomó en cuenta los ingresos que
fueron declarados en renta del período 2015, sin valorar ni aceptar todos los costos y
gastos de la actividad económica declarados, lo que aumentó el IBC de todos los
periodos, lo que evidenciaba que la conducta de la demandada se dirigía a menoscabar
su patrimonio, así como los derechos al debido proceso, dado que no estaba obligado a
efectuar aportes al SPS por el tope máximo los 12 períodos del año 2015, ya que, en
algunos meses, tuvo costos superiores a los ingresos, debido a que no hubo la misma
demanda de los productos de droguería en dos de sus establecimientos de comercio. A
tal efecto, insertó un cuadro relacionando los ingresos mensuales del año 2015 que
aseguró eran los reales, según la facturación, y que fueron registrados en su contabilidad.
No obstante, manifestó que, por principio de favorabilidad y correspondencia, debía
respetársele los ingresos señalados en la liquidación oficial y la resolución que resolvió
el recurso de reconsideración para los meses de enero, junio, julio, agosto y diciembre
del año 2015, puesto que los valores reales eran superiores a los tomados por la
autoridad y no podía hacérsele más gravosa su situación. Reiteró que para el 2015 no
existía un sistema de presunción de ingresos para los independientes con contrato
diferente al de prestación de servicios.

Cuestionó que la demandada hubiera liquidado el IBC con base en el 100% del supuesto
ingreso mensualizado, sin determinar la norma aplicable para calcular la base mínima o
máxima de cotización al SPS, desconociendo que, para los trabajadores independientes
o quienes prestan servicios sin contrato de prestación de servicios, la cotización debía
calcularse sobre los ingresos efectivamente percibidos, habiendo errado la UGPP en el
cálculo del IBC, puesto que la base máxima de cotización era del 40% del ingreso
mensualizado, una vez deducidas las expensas y los gastos. Adujo que no se encontraba
obligado a efectuar aportes al SPS por el tope máximo, dado que su utilidad era muy
baja.

Adujo que la demandada no analizó toda la información de la declaración de renta del
año 2015, la cual quedó en firme en el año 2017, pues no la valoró de forma integral.
Ejemplo de esto fue que, contrario al cálculo efectuado por la entidad, el actor no percibió

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Demandante: Carlos Gustavo Castellanos Castillo

de manera mensual las sumas señaladas en los actos demandados, puesto que debió
incurrir en los costos y gastos operacionales y de administración reportados por el actor.
En específico, señaló que de la declaración de renta 2015, la UGPP no tuvo en cuenta:
(i) que el actor, como propietario de cuatro vehículos tipo bus (placas SOS722, SZP745,
SXS664), celebró contrato de vinculación con las empresas Bolivariano y Velotax, por
medio del cual les entregó en administración sus vehículos a las transportadoras para
desarrollar la actividad económica. Así, del ingreso producido por los vehículos, las
empresas transportadoras descontaban todos los costos y gastos generados en la
actividad y, por tal razón, los soportes estaban a nombre de estas. Al actor lo único que
le correspondía era aceptar el descuento del valor del costo o gasto, acorde con lo
señalado en los extractos mensuales que entregaba el administrador, puesto que así se
pactó.

En esa mismalínea, adujo que en la ejecución del servicio de transporte se incurría en
múltiples costos y gastos, de los cuales las sociedades transportadoras emitían un
extracto que discriminaba los conceptos y montos pagados que se les descontaban. Por
tanto, dicho documento era la prueba idónea y suficiente para demostrar tanto el valor
real de los ingresos como el de los costos, los cuales relacionó en un cuadro, detallando
por mes la placa del vehículo, el concepto, por un valor total de $1.000.226.313 [en otro
cuadro señaló como cifra total $1.565.970.243]. Seguidamente, reprochó que aunque
aportó los soportes que le entregaron las empresas transportadoras, la demandada
rechazó $668 millones, aduciendo: (i) ilegibilidad; sobre lo cual precisó que correspondían
en gran parte a peajes y combustible que estaban impresos en papel químico, el que por
el transcurso del tiempo se había empezado a borrar; sin embargo, destacó que en la
mayoría de ellos, aún podía constatarse el tipo de peaje y la ruta realizada, lo cual
permitía determinar -por asociación-, el valor del soporte; más aún, cuando el transporte
se ejecutaba todo el año por las mismas rutas, lo que implicaba que los peajes y
estaciones de gasolina se repitieran innumerables veces en el año; y (ii) los soportes de
pólizas y combustible porque la identificación no correspondía al demandante, lo cual
ocurría porque quien compraba y pagaba el combustible era el conductor del bus o la
compra se efectuaba en una estación de gasolina con convenio con las empresas
transportadoras, de modo que muchas facturas tenían el nombre del conductor o el NIT
de las trasportadoras, pero en cualquier caso, los gastos eran suyos. Explicó que lo
mismo ocurría con las pólizas de seguros, las cuales aparecían a nombre de las
empresas de transporte.

A continuación, insertó un cuadro detallando los costos y gastos rechazados y acotó que
era evidente el ejercicio arbitrario de la entidad, considerada la realidad económica, pues
las utilidades netas de la actividad eran muy bajas y solo estaba obligado a aportar por
ciertos meses -salvo diciembre- en el que los gastos fueron superiores a los ingresos
obtenidos- y solo para el subsistema de salud, pues para el de pensiones no estaba
obligado. Agregó que la demandada valoraba de forma sesgada la declaración de renta,
sin atender la totalidad de la información allí consignada. Además, si bien esta probaba
ingresos, esto era para efectos del impuesto de renta.

-Aplicación del principio de correspondencia. Si bien la información de los extractos
mensuales de las empresas de transporte señalaba ingresos brutos de enero, junio, julio,
agosto y diciembre mayores a los que fueron considerados en la liquidación oficial, en
virtud del principio de correspondencia, debían mantenerse los ya señalados por la
entidad porque la liquidación oficial debía coincidir con lo indicado en el acto preparatorio.
Así, para efectos del cálculo del IBC, se debían tener en cuenta los ingresos señalados
en el acto oficial, con el fin de respetar su derecho de defensa y no hacerle más gravosa
su situación –a su entender, esto en función del principio de favorabilidad-.

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-Inexistencia de la obligación de pagar aportes a pensión. Indicó que la Ley 100 de 1993
creó el Sistema de Seguridad Social Integral y, en particular, el subsistema de pensiones
y que, si bien la afiliación y la cotización son obligatorias para trabajadores dependientes
e independientes, la normativa prevé excepciones. A tal efecto, precisó que el artículo 2
del Decreto 758 de 1990 establecía que los trabajadores independientes que se afiliaran
por primera vez con 55 años o más, si se es hombre, se encontraban excluidos de la
obligación de cotizar al sistema pensional y podían efectuar aportes únicamente al
subsistema de salud y riesgos profesionales. Así, el actor no estaba obligado a efectuar
aportes pensionales, puesto que a la fecha de presentación de la demanda tenía 66 años,
sin haber cotizado alguna vez al subsistema de pensión, como lo demostraba la
verificación del RUAF, por lo que se encontraba exonerado de realizar aportes; lo
contrario, sería obligarlo a cotizar sin que existiera mayor probabilidad de llegar a disfrutar
la pensión de vejez. No habría lugar al disfrute de estos por su parte, porque no adquiriría
el estatus de pensionado, ya que tendría que cotizar 24 años aproximadamente (1270
semanas), de modo que a partir de 2008 cesó la obligación de cotizar a pensiones. En
consecuencia, no se cumplirían los fines señalados en la Constitución y normas que
regulan el derecho a la pensión de vejez. Adicionó que los aportes calculados por la
demandada no tuvieron en cuenta los ingresos reales percibidos, por lo que se violó el
debido proceso.

-Falsa motivación. Sostuvo que la demandada no realizó un análisis detallado de las
circunstancias de modo y lugar que «dieron origen a la renta, las características del tipo de
independiente, la información suministrada en la declaración correspondiente a los rubros que no entraron
al patrimonio de mi poderdante por concepto de costos y gastos, y además determinó un IBC incorrecto
para el cálculo de los aportes», generando una falsa motivación. En específico, adujo que la
demandada no verificó el tipo de independiente (trabajador por cuenta propia, acorde con
las definiciones de la Ley 1607 de 2012, art. 329 del ET y el Decreto 3032 de 2013); ni
tuvo en cuenta el renglón de costos de la declaración de renta de 2015 incurridos para
desarrollar su actividad, lo que debía ser detraído porque estos no enriquecieron su
patrimonio. Arguyó que la entidad debió recalcular correctamente los aportes al SPS y la
correspondiente sanción por inexactitud sobre el valor real mensual percibido y no por el
valor total declarado en la renta 2015. Por último, planteó que del texto del artículo 135
de la Ley 1753 de 2015 no se desprendía en ningún momento ni la metodología para la
presunción de ingresos, ni la competencia de la demandada para establecerla, lo que era
ilegal. Por ello, el acto acusado estaba viciado de falsa motivación.

Contestación de la demanda

La demandada se opuso a las pretensiones5. Previamente, advirtió que la entidad aplicó
el sistema de presunción de costos previsto en la Resolución 209 de 2020, atendiendo la
actividad económica del actor (transporte y almacenamiento -sin transporte de carga por
carretera), en acatamiento de lo previsto en el parágrafo segundo del artículo 244 de la
Ley 1955 de 2019, adicionada por el artículo 139 de la Ley 2010 de 2019, lo cual efectuó
vía revocatoria directa, mediante la Resolución RDO-2020-M-03927, del 30 de octubre
de 2020, notificada el 16 de marzo de 2021. Al respecto, destacó que se cumplieron las
causales previstas para el efecto en el artículo 94 del CPACA, que se trató de hechos
nuevos, como lo fue la expedición de la nueva norma que disponía la aplicación de costos
presuntos y que ello era procedente frente a los procesos que estuvieran en trámite de
resolverse en la instancia judicial. Por ello, solicitaba tenerla en cuenta al momento de
fijar el litigio y resolverlo.

5
SAMAI tribunal, índice 22, certificado (469D7C1DCFDBF061 432CC2DB6A8064EF 66C28F076B07A3E1 9F66A2281DD229B4)
(pdf) pp. 03-42.

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Seguidamente se refirió a los cargos planteados en la demanda, así:

Preliminarmente, sostuvo que la entidad no vulneró ninguna de las disposiciones
señaladas en el concepto de violación; en cambio, de su lectura se advertía que
correspondía a una transcripción y apreciación de estas, sin que la actora precisara con
claridad cuál era la infracción de las normas en las que había incurrido la Administración
al expedir los actos demandados. Al respecto, citó jurisprudencia relativa a la importancia
de argumentar correctamente el presupuesto de la violación en la demanda; y aseguró
que la Administración profirió los actos en el marco de sus competencias, otorgó las
oportunidades legales para el ejercicio del derecho de defensa, fundamentó sus
decisiones en el acervo probatorio, notificó debidamente las actuaciones administrativas
y actuó dentro del marco jurídico.

Bajo la misma ilación, señaló que el demandante no precisó por qué se vulneraron las
disposiciones atinentes al debido proceso, derecho de defensa, ni por qué se incurrió en
interpretación errónea de la ley y falsa motivación. Con todo, adujo que para la expedición
de los actos se respetaron los derechos de defensa, audiencia y contradicción de la
demandante, pues se le concedieron todas las oportunidades para ejercer la defensa y
se fundamentaron las decisiones en el acervo probatorio. Destacó que el actor fue
contradictorio al señalar que se impuso una sanción económica inexistente y sin
fundamento jurídico, y simultáneamente manifestar que la norma aplicable fue
interpretada de manera equivocada, lo que, aunado a la falta de explicación, era
suficiente para negar el cargo. Sin embargo, clarificó que la sanción por omisión estaba
regulada en el artículo 179 de la Ley 1607 de 2012, modificado por el artículo 314 de la
Ley 1819 de 2016, que fue la norma aplicada, según podía constatarse en la liquidación
oficial y que aplicaba cuando el obligado no se afiliaba ni pagaba los aportes. Agregó
que, al aplicarla, garantizó el debido proceso.

Sobre la obligación de los trabajadores independientes de efectuar aportes al SPS,
señaló que la normativa aplicable era la Ley 100 de 1993, el artículo 26 del Decreto 806
de 1998 y el Decreto Reglamentario 780 de 2016. Adicionalmente, desde la expedición
del Decreto 1406 de 1999 (que implementó el RUA) y compilado en ese último, se
incluyeron los independientes como aportantes. Además, el Decreto 1833 de 2016
establecía la obligación de estos de afiliarse al subsistema de pensiones. Así, bajo tal
marco regulatorio, los trabajadores independientes y rentistas de capital eran aportantes
al sistema, tanto de salud como de pensiones, lo cual debían hacer de acuerdo con los
ingresos efectivamente percibidos (art. 1 Decreto 510 de 2003), de los cuales, podían
deducirse las sumas que el afiliado debía erogar para desarrollar su actividad lucrativa
en las condiciones previstas en el artículo 107 del ET.

Precisó que el artículo 33 de la Ley 1438 de 2011 estableció dos presunciones, una que
presumía la capacidad de pago en los eventos previstos en los numerales 33.1 a 33.3; y
otra, que se fundaba en la información de las actividades económicas, lo que estaba
condicionado a la reglamentación del Gobierno Nacional. Así, las personas que se
enmarcaran en los citados numerales tenían la obligación de afiliarse al SPS por su
capacidad de pago, acorde con los artículos 15 y 157 de la Ley 100 de 1993. En ese
sentido, cuando se identificaban ingresos en las declaraciones de Renta, IVA o ICA, se
presumía la capacidad de pago. Por ello, una persona que percibía ingresos iguales o
superiores a un salario mínimo estaba en la obligación de cotizar a los subsistemas de
salud y pensión.

Explicó que para el periodo julio a diciembre se aplicó el artículo 135 de la Ley 1753 de
2015, por lo que se determinó el IBC del 40% sobre el valor mensualizado de los ingresos;

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y, que, tras el análisis de las pruebas aportadas por el actor, se aceptaron costos por
$936.978.087 y se rechazaron $668.758.426 porque no cumplían los requisitos del
artículo 107 del ET. Lo anterior evidenciaba que la Administración analizó los
fundamentos de derecho y valoró las pruebas documentales aportadas, sin que se
estuviera atribuyendo las competencias de la DIAN, porque en ningún momento se
estaba verificando si estos eran o no deducibles para efectos del impuesto de renta; solo
había verificado el IBC, para lo cual solo eran procedentes los costos que cumplieran las
condiciones de la citada disposición.

Respecto de la manifestación del actor en relación con los documentos que fueron
rechazados por ilegibles, que en su mayoría correspondían a peajes y combustible,
señaló que, más allá de las afirmaciones efectuadas, el rechazo no se desvirtuó con
prueba alguna, lo que debió hacer el demandante, de conformidad con el artículo 742 del
ET; sin embargo, durante el proceso de determinación y discusión de las obligaciones,
no acreditó los costos y gastos asociados a los ingresos, de modo que la demandada
determinó las obligaciones con base en la declaración de renta.

Advirtió que el actor presentó en la demanda una serie de cuadros y liquidaciones que a
su juicio son los que correspondían a la realidad; en ninguno de los apartes de esta,
cuestionó objetivamente, junto con las pruebas, la distribución de los ingresos, ni
controvirtió el motivo de rechazo de los costos. Dijo que el accionante no definió con
claridad las pretensiones y se alejó de la carga de la prueba en materia tributaria. Aseguró
que no vulneró el debido proceso, ya que, de conformidad con la Ley 1151 de 2007, el
artículo 746 del ET y el Decreto 169 de 2008, la Administración podía considerar los
ingresos de la declaración de renta, porque esta constituía un medio probatorio para
determinar el IBC.

Arguyó que la carga de la prueba de la demandada no limitaba la del demandante, pues
en materia tributaria operaba la carga dinámica, en el entendido de que era quien estaba
en una posición privilegiada para probar; además de que quien alegaba un hecho a su
favor, debía probarlo, conforme lo había señalado esta corporación6. Ahora bien, con el
recurso de reconsideración se aportaron pruebas que fueron analizadas y aplicadas para
determinar el IBC cuando resultaron procedentes; al igual que fueron rechazadas las que
no cumplían con los requisitos legales, situación que no fue desvirtuada por el actor.

Sobre la solicitud de aplicación del artículo 2 del Decreto 758 de 1990, mencionó que,
para la fecha de publicación de la norma, el demandante tenía 37 años, por lo cual no lo
cobijaba ninguna de las excepciones previstas y por tanto, debía afiliarse al sistema.
Además, con la expedición de la Ley 100 de 1993 se derogó el decreto 758 de 1990 y se
dispuso como obligatoria la afiliación al SPS. Bajo la misma ilación, argumentó que no se
podía aplicar retroactivamente una norma que desapareció de la vida jurídica hace casi
20 años y menos aún cuando, para el año fiscalizado (2015), el actor no había cumplido
60 años (tenía 52 años). Adicionalmente, la obligación de aportar a pensiones para los
hombres solo cesaba cuando este cumplía 62 años y acreditaba como mínimo 1.300
semanas cotizadas (art. 9 Ley 797 de 2003).

En relación con el principio de correspondencia, tras reproducir el artículo 711 del ET,
adujo que, al contrastar el requerimiento para declarar y la liquidación oficial, se podía
verificar el cumplimiento de tal principio, porque el proceso de determinación se contrajo
a la autoliquidación y pago de aportes al SPS por el año 2015, así como a sancionar las
conductas de omisión e inexactitud, de modo que no era acertado lo afirmado por el actor.

6
Sentencia del 18 de marzo de 2010 (exp. 17756, CP: Mauricio Fajardo Gómez).

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Radicado: 25000-23-37-000-2019-00785-01 (29332)
Demandante: Carlos Gustavo Castellanos Castillo

Finalmente, sobre la falsa motivación, sostuvo que el requerimiento para declarar y/o
corregir se inició con fundamento en lo observado en la información reportada ante la
DIAN y la PILA, a través de la cual se determinó que el demandante incurrió en omisión
e inexactitud y tanto la liquidación oficial como la resolución que resolvió el recurso
interpuesto atendieron las objeciones, valoraron las pruebas allegadas y definieron con
fundamento en la normativa aplicable, lo que incluso determinó la disminución de los
ajustes. Todo ello descartaba la falsa motivación.

Sentencia apelada

El tribunal declaró la nulidad parcial de los actos demandados7. En primer lugar, precisó
que la autoridad revocó parcialmente la liquidación oficial que declaró la omisión en la
afiliación e inexactitud de las autoliquidaciones de aportes al SPS de la demandante, para
reconocerle costos presuntos; acto que no fue demandado, razón por la que no ahondaría
en su legalidad, sin perjuicio de que la eventual nulidad de los actos acarreara el
decaimiento de dicho acto revocatorio.

Luego, tras referirse a la regulación que fundamenta la obligación de hacer cotizaciones
al subsistema de salud y pensión por parte de los trabajadores independientes, sostuvo
que, de acuerdo con los artículos 153 y 156 de la Ley 100 de 1993, todas las personas
con capacidad de pago, incluidos los mencionados trabajadores, debían contribuir con la
financiación del sistema. Entonces, como para el año 2015, el actor desarrolló la actividad
económica de transporte de carga por carretera, se enmarcaba como trabajador por
cuenta propia, con capacidad de pago, y por ende debió contribuir al SPS.

Aludió a que para el año 2015, el artículo 33 de la Ley 1438 de 2011 estableció la
presunción de capacidad de pago para las personas declarantes del impuesto sobre la
renta. Así, al establecerse el IBC con fundamento en la declaración de renta, el aportante
tenía la carga de demostrar -con otros soportes- la percepción de los ingresos y su
causación, so pena de que se mensualizaran los ingresos declarados, conforme lo ha
avalado la jurisprudencia. Y, desestimó el argumento de la demandante relativo a la falta
de reglamentación de tal disposición y su incidencia en el cálculo del IBC. Precisó que,
en este caso, el IBC debía liquidarse así: «i) Entre enero y junio de 2015, conforme a lo señalado
en los artículos 19 y 204 de la Ley 100 de 1993, el ingreso base de cotización corresponde al 100% de los
ingresos efectivamente percibidos y ii) Entre julio y diciembre de 2015, la introducida por el artículo 135 de
la Ley 1753 de 2015, es decir, sobre el 40% del valor de los ingresos mensualizados ».

Advirtió que en ambos casos era procedente depurar la base de cotización mediante la
detracción de las expensas necesarias para desarrollar la actividad productora de renta,
de conformidad con el artículo 107 del ET. Explicó que existía una base fijada en el
ordenamiento -artículo 3 del Decreto 510 de 2003-, de modo que la demandada tenía
competencia para establecer el pago de los aportes, pues la declaración privada
acreditaba su capacidad de pago.

Sobre la obligación del demandante de cotizar al subsistema de pensión, señaló que,
según los artículos 15, 17 y 175 de la Ley 100 de 1993, los trabajadores independientes
debían afiliarse al sistema tanto en salud como en pensión y, frente a este último, el
artículo 2 del Decreto 758 de 1990 determinó como causales de exclusión tener 55 años
o más, si se es hombre, y nunca haber cotizado a dicho sistema. Esta disposición
mantenía su vigencia en virtud del artículo 31 de la Ley 100 de 1993, el cual previó que,
para ese régimen, continuaban aplicándose las normas del Instituto de Seguros Sociales,

7
SAMAI tribunal, índice 48, certificado (4FE6BDDAF2EF8774 4A46AAE0E9B3538C 439EF201E568EA31 732F429BBC5F7A1F)
(pdf) pp. 20-35.

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Radicado: 25000-23-37-000-2019-00785-01 (29332)
Demandante: Carlos Gustavo Castellanos Castillo

postura que fue ratificada en la Circular Conjunta 01 de 2005 del MinHacienda. Así, como
el demandante cumplió 62 años para el año objeto de fiscalización (2015), acreditó uno
de los requisitos; sin embargo, según la validación en el sistema RUAF, el demandante
se afilió al Régimen de Prima Media con Prestación Definida el 09 de mayo de 1996,
fecha para la cual tenía 42 años, por lo que no le era aplicable la exclusión. Sin embargo,
consideró que el actor estaba imposibilitado para cumplir con los aportes, ya que no había
cotizado las semanas necesarias para solicitar la pensión de vejez, pues incluso en la
actualidad tenía 71 años, por lo cual, en virtud del principio de justicia tributaria, no se
ajustaba a derecho exigir el pago al subsistema de pensiones por valor de $24.903.700,
ni el Fondo de Solidaridad Pensional por $2.953.500, como tampoco la sanción por
omisión de $55.734.400.

Sobre los ingresos determinados por la demandada, el a quo encontró que correspondían
al monto declarado en renta, mientras que en los gastos existía una diferencia de
$132.073.729 resultante de comparar los reportados en la declaración de renta
($1.295.369.000) con el valor de los soportes allegados por el demandante
($1.163.295.271). Sin embargo, como la presunción de veracidad (art. 746 del ET) cubría
toda la declaración, debían tenerse en cuenta los costos y gastos reportados en la
declaración de renta; de modo que la diferencia ($11.006.114) debía ser incluida en los
doce meses fiscalizados para calcular el IBC.

Luego de realizar el respectivo cálculo del IBC, atendiendo las reglas aplicables en los
dos semestres del año, advirtió que el demandante solamente estaba obligado a aportar
al subsistema en salud por los meses de enero, junio, julio, septiembre, noviembre y
diciembre por un valor total de $3.670.000, ya que fueron en los únicos periodos en que
realmente percibió ingresos y tuvo capacidad de pago. En ese marco, estimó que la
Administración incurrió en falsa motivación al omitir la valoración de los ingresos y los
gastos. Agregó que la liquidación oficial no se correspondía con la realidad sustancial de
la actividad económica del aportante durante el año 2015.

Recurso de apelación

La demandada apeló la decisión del tribunal8.

-Inexistencia de la obligación de pagar aportes a pensión. Sostuvo que el tribunal
desatendió que el artículo 61 de la Ley 100 de 1993 es la norma que regula la exclusión
del deber de cotizar a pensión en el régimen de ahorro individual y allí se dispuso con
carácter obligatorio la afiliación a los subsistemas de salud y pensión. En tal sentido,
censuró que la sentencia apelada realizara el estudio bajo el Decreto 758 de 1990, porque
esa norma se entendería derogada al ser contraria a la Ley 100 de 1993, conforme al
artículo 289 ídem; máxime cuando estaba demostrado que el actor estaba afiliado desde
el 09 de mayo de 1996 al Régimen de Prima Media con Colpensiones y en esa fecha
contaba con 42 años, fecha para la cual estaba vigente el referido artículo 61 la Ley 100
de la Ley 100, en cumplimiento del cual, el cese del subsistema pensional dependía de
que, al año 2015 fiscalizado, tuviera 62 años y un mínimo de 1300 semanas cotizadas;
sin embargo, a esa anualidad el actor tenía 52 años, de modo que estaba obligado a
afiliarse y pagar aportes a pensión.

Así, adujo que la sentencia debía revocarse, pues la aplicación del principio de equidad
se apartaba de su verdadero sentido, que consistía en la ponderación de distribución de
cargas y beneficios o la imposición de gravámenes entre los contribuyentes para evitar

8
SAMAI tribunal, índice 52, certificado (A6B0D6BFE930DE9A 3D76C621D25D2C37 6F7F4B13F9DB2C89 67A496BB2C6BE7F1 )
(pdf) pp. 03 a 12.

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Demandante: Carlos Gustavo Castellanos Castillo

cargas excesivas; igualmente, difería de la naturaleza y del sentido de existir la UGPP, -
determinación correcta y oportuna de los aportes, para lo cual estaba investida de
facultades. Así, de dar tal aplicación al principio aplicado por el tribunal, estaría
incumpliendo su deber legal.

-Falsa motivación. Determinación de ingresos y costos. Sostuvo que analizó y valoró los
soportes allegados por el demandante de conformidad con el artículo 107 del ET.
Adicionalmente, el tribunal no se pronunció sobre la Resolución RDO-2020-M-03927, del
30 de octubre de 2020, -notificada electrónicamente el 16 de marzo de 2021-, por la cual
revocó parcialmente la liquidación oficial para aplicar el artículo 139 de la Ley 2010 de
2019, en el sentido de reconocer costos presuntos por la actividad de transporte y
almacenamiento -sin transporte de carga por carretera-, conforme a su RUT; teniendo en
cuenta el ingreso bruto mensual probado en el expediente; acto que se expidió con
posterioridad a la decisión que resolvió el recurso de reconsideración.

Así, la UGPP revocó de forma oficiosa y parcial la Liquidación Oficial RDO-2018-02299,
del 06 de julio de 2018 (modificada con la Resolución RDC 2019-01295, del 26 de julio
de 2019), tras verificar que se cumplían las causales 1 y 3 del artículo 93 del CPACA -
incluido el art. 95 ídem-; esto es, por cuanto se infringían las normas constitucionales y
legales al causarse un agravio injustificado al actor y, además, ese esquema de
presunción de costos dispuesto por el Gobierno fue expedido con posterioridad a la
emisión de la liquidación oficial y favorecía al demandante. Esto permitió aplicar el
esquema de presunción de costos de la Resolución 209 de 2020 para recalcular el IBC
reconociendo costos presuntos del 66,50%, lo cual disminuyó los aportes y sanciones.
Agregó que tramitó la revocatoria dentro de la oportunidad legal, en los términos del
artículo 95 de la Ley 1437 de 2011.

Por último, resaltó haber determinado que el aportante tenía capacidad de pago, acorde
con su ingreso mensual depurado, valorados los soportes de ingresos y gastos allegados
en sede administrativa, no siendo cierto lo señalado por el a quo, acerca de que omitió
tener en cuenta hechos demostrados que hubieran podido llevar a una decisión
sustancialmente diferente, además de que oficiosamente aplicó el esquema de
presunción de costos, de modo que la liquidación guardó correspondencia con la realidad
sustancial de la actividad económica del aportante.

Pronunciamientos finales

La demandante y el ministerio público guardaron silencio en esta oportunidad (índice 12
de Samai).

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1- Juzga la Sala la legalidad de los actos administrativos acusados, atendiendo los cargos
de apelación de la demandada contra la sentencia de primera instancia, que declaró la
nulidad parcial de los actos demandados, sin condenar en costas.

Problema jurídico

2- Corresponde a la Sala establecer si: (i) era improcedente exonerar al demandante de
cotizar al subsistema de pensiones y al FSP, de modo que el a quo incurrió en una
indebida aplicación del principio de equidad tributaria; y (ii) el tribunal omitió pronunciarse
sobre la Resolución RDO-2020-M-03927, del 30 de octubre de 2020, mediante la cual se

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Demandante: Carlos Gustavo Castellanos Castillo

revocó parcialmente la liquidación oficial para aplicar el esquema de presunción de
costos; y (iii) el tribunal erró al concluir que la demandada omitió valorar las pruebas de
costos y gastos aportadas por el actor.

Análisis del caso concreto

3- Respecto del primer problema jurídico, la apelante adujo que el tribunal desconoció las
disposiciones que determinaban el carácter obligatorio de la afiliación al SPS, así como
las causales de exclusión al deber de cotizar a pensión en el régimen de ahorro individual
con solidaridad, de modo que erró al fundamentar su análisis en el Decreto 758 de 1990,
en tanto que con el artículo 289 de la Ley 100 de 1993 se entendería derogada esa
disposición por serle contraria. Además, la aplicación del principio de equidad tributaria,
se apartaba de su verdadero sentido, que consistía en la ponderación de la distribución
de cargas y beneficios y la imposición de gravámenes entre los contribuyentes para «evitar
cargas excesivas o beneficios exagerados».

Por su parte, el actor consideró que, aunque la afiliación y cotización era obligatoria, el
artículo 2 del Decreto 758 de 1990 fijó la excepción para efectuar aportes pensionales
por parte de los trabajadores por cuenta propia, que, siendo hombres, se afiliaron por
primera vez con 55 años o más. Dado que para cuando demandó, tenía 66 años y nunca
había cotizado al subsistema de pensión, se encontraba exonerado de realizar aportes
y, en todo caso, no había lugar al disfrute de estos por su parte, porque no adquiriría el
estatus de pensionado, ya que le hacían falta 24 años aproximados de cotización -1270
semanas-.

El tribunal acogió la postura del demandante, pero por razones diferentes, pues clarificó
que los artículos 15, 17 y 175 de la Ley 100 de 1993 establecían la obligación para los
trabajadores independientes de afiliarse al subsistema pensional, mientras que el artículo
2 del Decreto 758 de 1990 determinó como causal de exclusión el tener 55 años o más,
para los hombres, y nunca haber cotizado a dicho sistema; disposición que mantenía su
vigencia, acorde con el artículo 31 de la Ley 100 de 1993. Sin embargo, advirtió que,
según la información del sistema RUAF, el demandante se afilió al Régimen de Prima
Media el 09 de mayo de 1996, fecha para la cual tenía 42 años, por lo cual no le aplicaba
la exclusión del Decreto 758 de 1990; con todo, el actor no cotizó las semanas necesarias
para solicitar la pensión de vejez, no siendo ajustado a derecho exigir el pago reclamado
al subsistema de pensiones en virtud del principio de justicia tributaria, pues incluso a ese
momento el actor tenía 71 años. Así, desestimó la exigencia de hacer aportes al
subsistema pensional, al FSP, y la correlativa sanción por omisión.

3.1- Para dilucidar este tema, resulta pertinente tener en cuenta el análisis efectuado
sobre el particular en las sentencias del 20 de septiembre de 2024 y del 10 de octubre de
2025 (exps. 28045 y 28861, CP: Stella Jeannette Carvajal Basto y Wilson Ramos Girón,
respectivamente). En la primera de estas, se indicó que la «filosofía» del SPS comporta
un entendimiento según el cual «los aportes no tienen que verse necesariamente reflejados en las
prestaciones, pues estos aportes tienen finalidades que sobrepasan el interés individual del afiliado y
apuntan a la protección del sistema considerado como un conjunto dirigido a proteger a toda la población»9.
De ahí que esta judicatura, al analizar la normativa que regula la obligación de hacer
aportes al SPS, haya indicado que: «Todas las personas que, sin estar vinculadas por contrato de
trabajo ni de prestación de servicios, perciban ingresos propios derivados de una actividad económica o de
la explotación de un capital, están obligadas a afiliarse y realizar aportes al sistema, en aplicación de los
principios de solidaridad, universalidad y capacidad contributiva » (sentencia del 05 de junio de 2025,
exp. 29480, CP: Wilson Ramos Girón).

9
Sentencia del 20 de septiembre de 2024 (exp. 28045, CP: Stella Jeannette Carvajal Basto).

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Demandante: Carlos Gustavo Castellanos Castillo

En tal sentido, los tributos dirigidos a sostener el SPS no solo propenden por satisfacer
la prestación individual del cotizante en los distintos subsistemas, sino que dicho sistema
de seguridad social está regido por el principio de solidaridad que « implica que todos los que
participan en el sistema tienen el deber de contribuir a su sostenibilidad, equidad y eficiencia, lo cual explica
que sus miembros deban, en general, cotizar, no solo para poder recibir los distintos beneficios, sino para
preservar el sistema en su conjunto» (sentencia C-739, del 10 de septiembre de 2002, MP:
Jaime Córdoba Triviño). Así, resulta determinante para el nacimiento de la obligación
tributaria la capacidad contributiva del sujeto pasivo, a partir de lo cual se encuentra sujeto
a pagar los correspondientes aportes, lo que transciende la exclusiva obtención de un
beneficio efectivo para el aportante, ya sea en la prestación del servicio de salud o por la
obtención del estatus de pensionado.

Ahora bien, respecto de la letra b. del artículo 2 del Decreto 758 de 1990, regulatorio de
la exclusión de efectuar aportes pensionales y cuya vigencia fue señalada en la sentencia
del 30 de enero de 2025 (exp. 27024, CP: Wilson Ramos Girón), se precisa aclarar que
este se encuentra referido al Régimen de Prima Media con Prestación Definida, mientras
que el artículo 61 de la Ley 100 de 1993 estaría acotado al Régimen de Ahorro Individual
con Solidaridad, con lo cual el primero de estos dispositivos no podría contravenir la
previsión de la Ley 100 de 1993, por tener diferentes objetos normativos. Adicionalmente,
según ese dispositivo, la exoneración de aportar a pensiones estaba prevista en el evento
en que el trabajador independiente que se afiliara por primera vez tuviera 55 o más años
-en el caso de hombres-, con lo cual tal norma estaría acotada a ese supuesto fáctico,
sin que pueda extenderse a situaciones en las que, quien se afilió antes de cumplir esa
edad, le faltarían semanas de cotización y que, habiendo omitido hacer los aportes, le
fueran exigidos por la autoridad.

Conforme a lo anterior, el afiliado -trabajador independiente- que ha omitido efectuar los
aportes a los que estaba obligado deberá cumplir con esta obligación, siempre que
detente capacidad contributiva para el efecto, dado que este elemento es el consultado
para el nacimiento de la obligación tributaria, por lo que: «si el trabajador independiente deja de
percibir recursos no se le puede obligar a realizar las cotizaciones pensionales, pues no se cumple la
condición de tener “un ingreso efectivo que le permita realizar las cotizaciones a pensiones”. Como tampoco
se cumple la anterior regla, cuando teniendo el trabajador independiente determinado ingreso, no pueda
cotizar al sistema pensional sin vulnerar el límite de su mínimo vital» (sentencias C-1089 de 2003 y
C-259 de 2009, MP: Mauricio González Cuervo). Adicionalmente, no puede desatenderse
que el legislador previó en relación con los aportes pensionales que, de cumplir el afiliado
la edad para pensión, sin las semanas de cotización requeridas, tendría derecho a la
indemnización sustitutiva o a la devolución de los saldos, bajo el régimen de prima media
o ahorro individual con solidaridad, según corresponda, en los términos de los artículos
37 y 66 de la Ley 100 de 1993, de tal forma que la propia regulación posibilita en tal caso,
el reintegro del ahorro efectuado por el aportante, cuando al cumplir la edad reglamentaria
para adquirir la pensión carece de las semanas de cotización.

3.2- De conformidad con el derecho aplicable, si bien el Decreto 758 de 1990 no estaría
derogado por el artículo 61 de la Ley 100 de 1993, en vista de que el alcance del señalado
decreto es sobre un régimen pensional diferente al que estaría acotado lo dispuesto en
el artículo 61 ídem, lo cierto es que al demandante le era inaplicable lo regulado en la
letra b. del artículo 2 del referido decreto, dado que para cuando se afilió al subsistema
de pensión -09 de mayo de 1996, según el reporte RUAF consultado por el tribunal y no
controvertido por el demandante- tenía 42 años10, por lo que no estaba en el supuesto
regulado en el decreto, el cual excluía la posibilidad de la afiliación al subsistema

10
De acuerdo a la copia de su cédula, nació el 26 de julio de 1953.

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pensional de los trabajadores independientes que tuvieran 55 años o más -si se era
hombre-, lo que no cumplía el demandante.

Así, como lo defendió la apelante, el actor estaba sometido a efectuar aportes
pensionales determinados oficialmente por los períodos mensuales de 2015, en tanto que
el aportante detentaba capacidad contributiva, aspecto no desvirtuado en el juicio, y en
cambio, las pruebas evidencian que el demandante obtuvo ingresos susceptibles de ser
gravados con los aportes al SPS. En ese orden, no comparte la Sala la decisión del
tribunal que, pese a lo anterior, definió que no le asistía obligación al demandante de
aportar a pensiones, bajo la consideración del principio de justicia, por haber cumplido la
edad requerida para pensión en el año 2015 -62 años-, faltándole las semanas de
cotización para el efecto, por lo que no se lograría cubrir el riesgo, lo cual era el objetivo
sustancial de la contribución o aporte. No puede desatenderse que, como lo ha precisado
esta corporación, «los trabajadores independientes deben realizar cotizaciones al sistema pensional
mientras no reúnan los requisitos para acceder a la pensión … de lo cual se deriva que aunque un obligado
tributario no tenga acceso a la pensión de vejez por el incumplimiento de las semanas de cotización, no
por ello deja de ser un sujeto pasivo del tributo, pues el dato económico del objeto imponible consulta la
capacidad contributiva de quien conserve la percepción de ingresos iguales o superiores a un salario
mínimo» (sentencia ut supra, exp. 27024).

Dada la procedencia de la obligación de aportar a pensión y al FSP reclamada por la
demandada, prospera el cargo de apelación de la UGPP.

4- En relación con el segundo problema jurídico, la apelante censuró que el fallo de
primera instancia no se pronunció sobre el acto de revocatoria directa RDO-2020-M-
03927, del 30 de octubre de 2020, que fue proferido con posterioridad a la Resolución
RDC -2019-01295, del 26 de julio de 2019, por medio de la cual se resolvió el recurso de
reconsideración, para reconocer costos presuntos, en el marco del artículo 139 de la Ley
2010 de 2019, tras verificar que se cumplían las causales 1 y 3 del artículo 93 del CPACA
esto es, porque se infringían normas constitucionales y legales al causarse un agravio
injustificado al demandante y, porque la presunción de costos fue regulada con
posterioridad a la emisión de la liquidación oficial y favorecía al demandante.

Adicionalmente, adujo que los soportes de ingresos y gastos allegados en sede
administrativa sí fueron valorados, no siendo cierto lo señalado por el a quo, acerca de
que omitió tener en cuenta hechos demostrados que hubieran podido llevar a una
decisión sustancialmente diferente, pues oficiosamente aplicó el esquema de presunción
de costos, de modo que la liquidación guardó correspondencia con la realidad sustancial
de la actividad económica del aportante.

Por su parte, el tribunal estimó que debían tenerse en cuenta los costos y gastos
reportados en la declaración de renta, dada la presunción de veracidad. Así, la diferencia
de ($132.073.729), resultado de comparar lo reportado en la declaración de renta
($1.295.369.000) con lo acreditado con los soportes allegados por la actora
($1.163.295.271), debía ser incluida distribuida en los doce meses ($11.006.114 por
mes).

4.1- A efectos de dirimir el asunto debatido, se tiene que la demandada en cumplimiento
de lo previsto en el artículo 139 de la Ley 2010 de 2019 que reguló la aplicación del
sistema de presunción de costos «a los procesos de fiscalización en curso y a los que se inicien
respecto de cualquier vigencia fiscal», y de la Resolución 209, del 12 de febrero de 2020, que
adoptó el sistema, expidió la Resolución RDO-2020-M-03927, del 30 de octubre de 2020,
revocando oficiosa y parcialmente los actos de determinación para reconocer los costos
presuntos, la cual fue notificada el 16 de marzo de 2021, fecha anterior a la notificación

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del auto admisorio de la demanda que data del 22 de agosto de 2021, de forma tal que
la Sala corrobora que el acto de revocatoria fue expedido cuando la autoridad tenía
competencia temporal y, en tal sentido, logró producir efectos jurídicos.

En dicho acto de revocatoria directa, la autoridad estableció que los costos presuntos
para la actividad económica del aportante «Transporte y almacenamiento (Sin transporte de carga
por carretera)», equivalían al 66,50% de los ingresos, lo que significó el reconocimiento de
costos en cada período fiscal del año 2015 por la suma de $73.896.407, para un total de
$886.756.884.

Sin embargo, en la actuación acusada, tras haberse interpuesto el recurso de
reconsideración, la autoridad, al examinar los soportes allegados, había concluido como
costos procedentes por cada periodo los siguientes: enero $91.349.120; febrero
$74.418.004; marzo $63.777.737; abril $60.638.235; mayo $52.434.559; junio
$62.756.595; julio $91.246.762; agosto $78.259.732; septiembre $58.545.562; octubre
$66.680.715; noviembre $96.757.228; y diciembre $140.113.838, para un total de
$936.978.087.

Según se observa, el acto de revocatoria advirtió que «cuando el IBC determinado en el proceso
de fiscalización fuese inferior al resultante de la aplicación del Esquema de Presunción de Costos, no habrá
lugar a modificarlo en el presente acto administrativo », así que la base imponible pasó a ser la
siguiente, en contraste con el determinado en los actos demandados:

Período IBC acto que resolvió recurso de IBC acto de revocatoria directa
reconsideración
Enero $15.400.000 $15.400.000
Febrero $16.108.750 $16.108.750
Marzo $16.108.750 $16.108.750
Abril $16.108.750 $16.108.750
Mayo $16.108.750 $16.108.750
Junio $16.108.750 $16.108.750
Julio $7.950.262 $7.950.262
Agosto $13.145.074 $13.145.074
Septiembre $16.108.750 $14.890.404
Octubre $16.108.750 $14.890.404
Noviembre $5.746.075 $5.746.075
Diciembre $644.350 $644.350

De acuerdo con lo anterior, para los meses de enero a junio, el IBC no se vio modificado,
debido a que la base imponible estaba limitada al umbral de los 25 smmlv. Para los meses
de julio, agosto, noviembre y diciembre, conservó el IBC del acto que resolvió el recurso
de reconsideración y, para los meses de septiembre y octubre, reconoció un menor IBC
en comparación con el anterior.

Ahora bien, acorde con el análisis del tribunal sobre los costos para el subsistema de
salud, para los meses de febrero a mayo y octubre no resultó IBC debido a que los gastos
fueron mayores que los ingresos. Por los periodos enero, junio a septiembre y noviembre
y diciembre, se estableció un menor IBC en relación con el señalado en la revocatoria
directa, como resultado de validar los soportes de gastos analizados por la demandada
en la actuación administrativa y de incluir, en cada período mensual, la suma de
$11.006.114 (mayor valor de los costos de la declaración de renta, cuyo valor total fue de
$132.073.729). Así el IBC determinado por el a quo fue el siguiente:

Período IBC acto de revocatoria directa IBC sentencia del tribunal
Enero $15.400.000 $6.628.929

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Radicado: 25000-23-37-000-2019-00785-01 (29332)
Demandante: Carlos Gustavo Castellanos Castillo

Febrero $16.108.750 -
Marzo $16.108.750 -
Abril $16.108.750 -
Mayo $16.108.750 -
Junio $16.108.750 $12.978.672
Julio $7.950.262 $812.886
Agosto $13.145.074 -
Septiembre $14.890.404 $3.044.222
Octubre $14.890.404 -
Noviembre $5.746.075 $5.237.420
Diciembre $644.350 $644.350

Sin embargo, la apelante no formuló reparos contra la determinación del IBC efectuado
por el tribunal, solo cuestionó que el tribunal no se hubiera pronunciado sobre el acto de
revocatoria directa en el que reconoció costos presuntos. Si bien dicho acto logró producir
efectos jurídicos al haber sido expedido dentro del término de competencia de la
Administración, esto no impedía que el tribunal efectuara la correspondiente valoración
probatoria -que ratificó los costos soportados y reconoció el monto residual declarado en
renta distribuido en los doce meses del año-11.

En ese sentido, la Sala considera que, tras el juicio probatorio y jurídico que hizo el
tribunal de los costos que se reconocerían, no resultaría procedente acoger las
erogaciones admitidas en el acto de revocatoria directa que serían inferiores a las ya
estudiadas y definidas por la judicatura, pues, conforme al parágrafo del artículo 244 de
la Ley 1955 de 2019, subsiste en los obligados tributarios la posibilidad de demostrar
costos diferentes a los definidos por el esquema de presunción, siempre que cuenten con
los documentos que los soporten y estos, junto con la posición jurídica adoptada por el a
quo, condujeron a otorgar mayores costos. Por consiguiente, al existir en el expediente
elementos probatorios suficientes que permiten establecer los costos en que incurrió el
aportante, estos deben prevalecer sobre la aplicación de un esquema presuntivo. No
prospera el cargo de apelación.

En consecuencia, la Sala mantendrá los costos reconocidos por el tribunal, los cuales
resultan aplicables tanto para el subsistema de salud como para el de pensión y FSP,
pues los costos que fueron reconocidos son los que procederían para todos los
subsistemas en los que esté el demandante obligado a aportar. Así, el IBC que
corresponderá para cada subsistema sería el siguiente:

Período IBC salud CE IBC pensión y FSP CE
Enero $6.628.929 $6.628.929
Febrero - -
Marzo - -
Abril - -
Mayo - -
Junio $12.978.672 $12.978.672
Julio $812.886 $812.886
Agosto - -
Septiembre $3.044.222 $3.044.222
Octubre - -
Noviembre $5.237.420 $5.237.420
Diciembre $644.350 $644.350

Lo anterior supondrá la reliquidación de las sanciones impuestas en los actos acusados.

11
Sentencias del 18 de mayo de 2023, del 15 de junio de 2023, del 09 de noviembre de 2023 y del 27 de noviembre de 2025 (exps.
26808, 26698, 27260 y 28904, CC PP: Milton Chaves García, Myriam Stella Gutiérrez y Wilson Ramos Girón).

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15

Radicado: 25000-23-37-000-2019-00785-01 (29332)
Demandante: Carlos Gustavo Castellanos Castillo

De acuerdo con lo precedente, se modificará el ordinal primero de la sentencia apelada,
con el fin de reconocer, a título de restablecimiento del derecho, que el IBC de los aportes
a salud y pensión (incluido FSP) corresponde al señalado en el cuadro anterior para los
períodos de enero, junio, julio, septiembre, noviembre y diciembre, y se ordenará
recalcular las multas correspondientes. Respecto de febrero, marzo, abril, mayo, agosto
y octubre de 2015, no habría lugar a determinar obligación a cargo del actor.

Conclusión

5- Como criterio interpretativo de esta providencia, se advierte que la obligación de cotizar
al subsistema de pensiones de los trabajadores independientes procede mientras tengan
capacidad contributiva, con independencia de que tengan la edad reglamentaria para
adquirir la pensión sin tener las semanas de cotización necesarias. Lo anterior, sin
perjuicio de la posibilidad de solicitar la indemnización sustitutiva o la devolución de los
saldos, según el régimen pensional al que se pertenezca -arts. 37 y 66 de la Ley 100 de
1993-.

De igual forma, la Sala precisa que, pese a la existencia del acto de revocatoria directa,
de establecerse el derecho a mayores costos, estos últimos prevalecerían sobre los
presuntos.

Costas

6-Conforme al criterio jurisprudencial mayoritario adoptado por esta Sección12 no habrá
condena en costas en esta instancia, por cuanto se confirma la nulidad parcial de los
actos demandados.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sección Cuarta, administrando justicia
en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Modificar el ordinal primero de la sentencia apelada. En su lugar:

Primero. Declarar la nulidad parcial de la Liquidación Oficial RDO-2018 02299, del 06 de julio de
2018, y la Resolución que resolvió el recurso de reconsideración RDC-2019-01295, del 26 de julio
de 2019, por medio de los cuales se determinaron oficialmente los aportes al SPS del señor Carlos
Gustavo Castellanos por los doce períodos mensuales del año 2015.

A título de restablecimiento, se ordena a la UGPP reliquidar los aportes a salud y pensión (incluido
FSP) de los períodos de enero, junio, julio, septiembre, noviembre y diciembre de 2015, conforme al
IBC señalado en el cuadro inserto en la providencia de segunda instancia; igualmente recalcular las
multas correspondientes. En cambio, por los meses de febrero, marzo, abril, mayo, agosto y octubre
de 2015 no habría lugar a determinar obligación a cargo del actor.

2. En lo demás, confirmar la sentencia apelada.

12
Sentencia del 23 de septiembre de 2025 (exp. 28292, CP: Wilson Ramos Girón)

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Radicado: 25000-23-37-000-2019-00785-01 (29332)
Demandante: Carlos Gustavo Castellanos Castillo

3. Sin costas en esta instancia.

Notifíquese y comuníquese. Devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente Aclara voto
Aclara voto

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

La integridad de este documento electrónico puede comprobarse con el «validador de documentos» disponible en:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

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