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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2019-00796-01

Fecha
9 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Claudia Rodríguez Velásquez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2019-00796-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR LA sentencia del 9 de marzo de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A. SEGUNDO: CONDENAR en costas a la parte demandante en esta instancia, según lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 25000-23-37-000-2019-00796-01

Consejero ponente: Claudia Rodríguez Velásquez

9 de septiembre de 2026

Radicado: 25000-23-37-000-2019-000796-01 (29328)
Demandante: Anadarko Colombia Company Sucursal Colombia

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

Bogotá D.C., nueve (9) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-37-000-2019-00796-01 (29328)
Demandante: Anadarko Colombia Company Sucursal Colombia.
Demandado: U.A.E. DIAN

Temas: Registro de contratos de importación de tecnología. Vigencia del
contrato como referente temporal para solicitar su registro.
Excepción de ilegalidad.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación1 interpuesto por la parte demandante contra la
sentencia del 9 de marzo de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo del
Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A, que decidió2:
“PRIMERO. – NÍÉGENSE las pretensiones de la demanda de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO. – No se condena en costas a la parte vencida.

(…)
ANTECEDENTES

Actuación administrativa

Entre los años 2013 y 2016, la parte demandante suscribió 38 contratos que fueron
objeto de solicitud de registro ante la entidad demandada durante los meses de octubre
a diciembre del año 2017.

Entre los meses de octubre de 2017 a enero de 2018 la DIAN le informó a la
demandante mediante 38 correos distintos que no era procedente la solicitud del
registro de contratos solicitada porque aquellos no estaban vigentes al momento de la
presentación de la solicitud, tal como lo exige el literal a) del artículo 4°de la Resolución
000062 de 2014. Arguyó que, además de lo anterior, en 2 de las 38 solicitudes de
registro el valor del contrato indicado en la solicitud difiere del valor pactado por las
partes.

Entre noviembre de 2017 y el 19 de enero de 2018, la parte demandante interpuso
recurso de reposición y en subsidio apelación en contra de los actos que negaron la
solicitud del registro de los contratos.

1
Ingresó al despacho el 04 de junio de 2025. SAMAI CE índice 44..
2
Samai Tribunal. Índice 28 ”Sentencia”.

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1

Radicado: 25000-23-37-000-2019-000796-01 (29328)
Demandante: Anadarko Colombia Company Sucursal Colombia

La entidad demandada, mediante resoluciones No. 010380 del 26 de diciembre de
20173, No. 001169 del 12 de febrero de 20184 y No. 001359 del 14 de febrero de 20185
resolvió el recurso de reposición confirmando la negativa al registro de los contratos
solicitados por la actora.

Posteriormente, la DIAN, mediante las resoluciones No. 001124 del 9 de febrero de
20186, No. 002308 del 16 de marzo de 20187 y No. 003634 del 3 de mayo de 20188
resolvió los recursos de apelación, confirmando en todos sus apartes, los actos
administrativos recurridos.

DEMANDA Y CONTESTACIÓN

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en
el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (CPACA), la parte demandante formuló las siguientes pretensiones9:

“1.1. Que se declare la nulidad total de la actuación administrativa integrada por los
siguientes actos:

Actos que rechazan las solicitudes de registro, Resoluciones que Resoluciones que
proferidos por la Subdirección de Gestión de resuelven los recursos de resuelven los recursos
Fiscalización Internacional de la DIAN. reposición proferidos por de apelación proferidos
la Subdirección de por la Dirección de
Gestión de Fiscalización Gestión de
de Internacional de la Fiscalización de la
DIAN. DIAN.

3
Samai CE. Índice 17 “Expediente Digital” 51ED_1CDFOLIO_1CDFOLIO374rar(.rar) NroActua 17” ”Anadarko 2018-310- Parte
1 Subsanación” Pags. 101 a 123.
4
Samai CE. Índice 17 “Expediente Digital” 51ED_1CDFOLIO_1CDFOLIO374rar(.rar) NroActua 17””Anadarko 2018-310- Parte 2
Subsanación” Págs. 43 a 63.
5
Samai CE. Índice 17 “Expediente Digital” 51ED_1CDFOLIO_1CDFOLIO374rar(.rar) NroActua 17” ”Anadarko 2018-310- Parte
2 Subsanación” Pags. 161 a 181.
6
Samai CE. Índice 17 “Expediente Digital” 51ED_1CDFOLIO_1CDFOLIO374rar(.rar) NroActua 17” ”Anadarko 2018-310- Parte
1 Subsanación” Págs. 127 a 151.
7
Samai CE. Índice 17 “Expediente Digital” 51ED_1CDFOLIO_1CDFOLIO374rar(.rar) NroActua 17” ”Anadarko 2018-310- Parte
2 Subsanación” Págs. 67 a 85.
8
Samai CE. Índice 17 “Expediente Digital” 51ED_1CDFOLIO_1CDFOLIO374rar(.rar) NroActua 17” ”Anadarko 2018-310- Parte
2 Subsanación” Págs. 129 a 157.
9
Samai CE. Índice 17 “Expediente Digital” 51ED_1CDFOLIO_1CDFOLIO374rar(.rar) NroActua 17” ”Anadarko 2018-310- Parte
1 Subsanación” Págs. 1 a 33.

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2

Radicado: 25000-23-37-000-2019-000796-01 (29328)
Demandante: Anadarko Colombia Company Sucursal Colombia

Acto del 30 de octubre de 2017, mediante el
cual se rechazan las siguientes solicitudes:

• 209000193119 por medio de la cual se
solicitó el registro del contrato celebrado entre
Anadarko y BMR Consulting LLC.

• 209000193244 por medio de la cual se
solicitó el registro del contrato celebrado entre
Anadarko y Champlian Group, Inc. DBA Gate
Premier Solutions.

• 209000193165 por medio de la cual se
solicitó el registro del contrato celebrado entre
Anadarko y Global Energy Ventures (UK)
Limited.

• 209000193251 por medio de la cual se
solicitó el registro del contrato celebrado entre
Anadarko y Houston International Drilling LLC. Resolución No. 010380 Resolución No. 001124
del 26 de diciembre de del 9 de febrero de
Acto del 1 de noviembre de 2017 mediante el 2017 2018.
cual se rechazan las siguientes solicitudes:

• 209000193649 por medio de la cual se
solicitó el registro del contrato celebrado entre
Anadarko y GMG Axis Inc DBA GX
Technology.

• 209000193695 por medio de la cual se
solicitó el registro del contrato celebrado entre
Anadarko y GMG Axis Inc DBA GX
Technology.

• 209000193742 por medio de la cual se
solicitó el registro del contrato celebrado entre
Anadarko y AOS Orwell Ghana Limited.

• 209000193735 por medio de la cual se
solicitó el registro del contrato celebrado entre
Anadarko y Weatherford Laboratories Inc.
Acto del 2 de noviembre de 2017 mediante el
cual se rechaza la solicitud: * 209000193885
por medio de la cual se solicitó el registro del
contrato celebrado entre Anadarko y Richard
E. Larese
Acto del 7 de noviembre de 2017 mediante el
cual se rechazan las siguientes solicitudes:

• 209000193932 por medio de la cual se
solicitó el registro del contrato celebrado entre
Anadarko y ERM Southwest, Inc

• 209000193925 por medio de la cual se
solicitó el registro del contrato celebrado entre
Anadarko y Wood Group Kenny, Inc

Acto del 8 de noviembre de 2017 mediante el
cual se rechazan las siguientes solicitudes:

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3

Radicado: 25000-23-37-000-2019-000796-01 (29328)
Demandante: Anadarko Colombia Company Sucursal Colombia

• 209000194568 por medio de la cual se
solicitó el registro del contrato celebrado entre
Anadarko y Fugro Geoconsulting, Inc

• 209000194575 por medio de la cual se
solicitó el registro del contrato celebrado entre
Anadarko y CGG Services (UK) Limited

• 209000194464 por medio de la cual se
solicitó el registro del contrato celebrado entre
Anadarko y Exp Engineering International,
LLC (Folios 17 al 98 y ss)
Acto del 11 de diciembre de 2017 mediante el Resolución No. 001169 Resolución No. 002308
cual se rechazan las siguientes solicitudes: del 12 de febrero de 2018 del 16 de marzo de
2018
• 209000198301 por medio de la cual se
solicitó el registro del contrato celebrado entre
Anadarko y National Petrographic Service, Inc
• 209000198324 por medio de la cual se
solicitó el registro del contrato celebrado entre
Anadarko y Echelon Consulting

• 209000198317 por medio de la cual se
solicitó el registro del contrato celebrado entre
Anadarko y Tubular Makeup Technology, Inc

• 209000198016 por medio de la cual se
solicitó el registro del contrato celebrado entre
Anadarko y Gardline Surveys Inc

• 209000198403 por medio de la cual se
solicitó el registro del contrato celebrado entre
Anadarko y PetroStrat Limited *
209000198030 por medio de la cual se solicitó
el registro del contrato celebrado entre
Anadarko y Cambrian Consultants of America,
Inc

• 209000198331 por medio de la cual se
solicitó el registro del contrato celebrado entre
Anadarko y The Global Edge Consultants, LLC
(Folios 17 al 92 y ss)
Acto del 13 de diciembre de 2017 mediante el
cual se rechazan las siguientes solicitudes:

• 209000197713 por medio de la cual se
solicitó el registro del contrato celebrado entre
Anadarko y Fugro Geos, Inc

• 209000197888 por medio de la cual se
solicitó el registro del contrato celebrado entre
Anadarko y AGR F.J. Brown, Inc

• 209000196446 por medio de la cual se
solicitó el registro del contrato celebrado entre
Anadarko y BMR Consulting LLC

• 209000197928 por medio de la cual se
solicitó el registro del contrato celebrado entre
Anadarko y Francis Drilling Fluids Ltd.

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Radicado: 25000-23-37-000-2019-000796-01 (29328)
Demandante: Anadarko Colombia Company Sucursal Colombia

• 209000197562 por medio de la cual se
solicitó el registro del contrato celebrado entre
Anadarko y Alford Services Inc

• 209000198009 por medio de la cual se
solicitó el registro del contrato celebrado entre
Anadarko y Archer UK Limited

• 209000197974 por medio de la cual se
solicitó el registro del contrato celebrado entre
Anadarko y Francis Drilling Fluids Ltd. (Otrosí)
Acto del 11 de enero de 2018 mediante el cual Resolución No. 001359 Resolución No. 003634
se rechazan las siguientes solicitudes: del 14 de febrero de 2018 del 03 de mayo 2018

• 209000205489 por medio de la cual se
solicitó el registro del contrato celebrado entre
Anadarko y ERM Southwest Inc

• 209000205511 por medio de la cual se
solicitó el registro del contrato celebrado entre
Anadarko y EPI Limited

• 209000205441 por medio de la cual se
solicitó el registro del contrato celebrado entre
Anadarko y EXP Engineering International,
LLC

• 209000205608 por medio de la cual se
solicitó el registro del contrato celebrado entre
Anadarko y Lionel L. Fray Associates, Inc

• 209000205575 por medio de la cual se
solicitó el registro del contrato celebrado entre
Anadarko y Lionel L. Fray Associates, Inc

• 209000205812 por medio de la cual se
solicitó el registro del contrato celebrado entre
Anadarko y QTEC Energy Services Inc

• 209000205701 por medio de la cual se
solicitó el registro del contrato celebrado entre
Anadarko y EchelonConsulting

• 209000205955 por medio de la cual se
solicitó el registro del contrato celebrado entre
Anadarko y CambrianConsultants (CC)
America, Inc

• 209000205758 por medio de la cual se
solicitó el registro del contrato celebrado entre
Anadarko y OffshoreCommissioning
Solutions, Inc

• 209000205686 por medio de la cual se
solicitó el registro del contrato celebrado entre
Anadarko y DarkHorse Engineering

Dichas resoluciones integran la actuación administrativa por medio de la cual la DIAN rechazó
las solicitudes de registro de contratos de importación de tecnología presentadas por
Anadarko.

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Radicado: 25000-23-37-000-2019-000796-01 (29328)
Demandante: Anadarko Colombia Company Sucursal Colombia

1.2. Que como consecuencia de lo anterior se restablezca el derecho a mi representada en
los siguientes términos:

1.2.1. Declarando que las solicitudes de registro de los contratos de importación de tecnología
presentadas por Anadarko cumplen con la totalidad de los requisitos exigidos por la Ley para
su registro.

1.2.2. Ordenando a la DIAN que proceda a formalizar las siguientes solicitudes de registro de
contratos de importación de tecnología:

(…)

1.2.3. Ordenando a la DIAN que declare que los registros de los contratos de importación de
tecnología enunciados en el punto anterior tienen plenos efectos desde la fecha de
presentación de cada una de las solicitudes de registro diligenciadas por Anadarko, en su
defecto, desde el término previsto en el artículo 3 del Decreto 259 de 1992, conforme lo indica
el artículo 6 de la Resolución 000062 de 2014”

Invocó como normas vulneradas los artículos 29 y 338 de la Constitución Política de
Colombia; 12 de la Decisión 291 de 1991 de la Comisión del Acuerdo de
Cartagena;742 del Estatuto Tributario (ET); 3 y 42 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA); 67 del Decreto 187 de
1975; y 2 del Decreto 259 de 1992.

Bajo el siguiente concepto de violación en la demanda se sustentaron los cargos y en
la contestación10 se ejerció el derecho de contradicción así:

Primer cargo: Aplicación errada de las normas que regulan el registro de los
contratos de importación de tecnología - La DIAN no podía exigir que los
contratos estuvieran vigentes al momento de la solicitud del registro por cuanto
ello no correspondía a un requisito previsto en la Ley.

1. La parte demandante manifestó que los actos administrativos expedidos por la
DIAN están viciados de nulidad por aplicación incorrecta de las normas que regulan el
registro de contratos de importación de tecnología.

Hizo un recuento de las distintas normas que han regulado el registro de importación
de contratos de tecnología en el país. Para el efecto, adujo que tanto la Decisión 24
como la Decisión 220 de 1987, expedidas por la Comunidad Andina, así como el
Decreto 187 de 1975, solo exigían, para efectos del registro y la deducción en el
impuesto sobre la renta de las expensas pagadas con ocasión de los contratos de
importación de tecnología, dos requisitos: i) probar la existencia del contrato de
importación de tecnología y ii) que este fuera aprobado por la autoridad competente.

Señaló que, a partir del año 1992, con la expedición de la Decisión 291 que remplazó
la Decisión 220 de 1987, el único requisito para la deducción en renta producto de
esos negocios jurídicos, era el registro del contrato. Así las cosas, las disposiciones
que regulan esta temática no establecían un término perentorio para el registro del
contrato, de manera que la Administración de Impuestos, en los actos demandados,
no podía exigirle el registro durante la vigencia de estos, en tanto este requisito no
estaba previsto en las normas que regulan esa temática.

10
Samai Tribunal. Índice 11 “Recibe Memoriales” ”
13RECIBEMEMORIALES_RV__CONTESTACION_DEMANDA_Y_EXCEPCION_PREVIA_201900796_ANADARKO_COLOMBI
A_COMPANY_SUCURSAL_COLOMBIAPDF(.ZIP)”

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Manifestó que los actos administrativos demandados no solo fueron expedidos en
desconocimiento de disposiciones de rango superior que no contemplan un término
perentorio para el registro sino también de la jurisprudencia del Consejo de Estado,
específicamente en las sentencias del 13 de diciembre de 201711 y del 1° de julio de
201612, que respaldan su posición.

Agregó que la entidad demandada, en la expedición de los actos administrativos
censurados, extralimitó sus funciones e incurrió en un exceso de facultad, dado que,
si la ley no exigía que los contratos estuvieran vigentes al momento de su registro, la
DIAN no podía requerir esa formalidad.

2. A su turno, la entidad demandada manifestó que los actos administrativos objeto
de reproche no desconocieron la normatividad relacionada con el registro de los
contratos de importación de tecnología vigente al momento de los hechos. Precisó que
el rechazo de la solicitud incoada por la actora se debió al incumplimiento de los
requisitos establecidos en la Resolución 0062 del 24 de febrero de 2014.

Adujo que los numerales 12 y 13 del artículo 291 de la Comisión del Acuerdo de
Cartagena prevén que los contratos serán registrados ante el organismo competente
y que para el efecto deberán contener, por lo menos, la identificación de las partes, la
modalidad de transferencia de tecnología, el valor contractual de cada uno de los
elementos involucrados y la determinación del plazo de vigencia, este último entendido
como el periodo de tiempo que comprende su fecha de inicio y su fecha de finalización.

Señaló que si bien, en un inicio la competencia para el registro de los contratos de
importación de tecnología estaba radicada en cabeza del Instituto Colombiano de
Comercio Exterior -INCOMEX-, esa atribución fue reasignada a la DIAN a través del
numeral 1° del artículo 1 del Decreto 4176 de 2011. Manifestó que, en uso de las
funciones establecidas en esta última disposición, el Director General de la DIAN,
expidió la resolución 0062 del 24 de febrero de 2014, en la que se reglamentó y fijó la
forma contenido y términos para solicitar el registro de contratos de importación de
tecnología el cual, al momento de la solicitudes de registro, estaba vigente y gozaba
de presunción de legalidad, y en cuyo literal a) del artículo 4 establecía, entre otras
formalidades para el registro, que el contrato se encontrara vigente al momento de la
solicitud.

Frente a extralimitación de la facultad reglamentaria alegada por la actora, manifestó
que, en la expedición de los actos particulares y concretos demandados no ejerció
potestad reglamentaria alguna, y que los mismos fueron proferidos en ejercicio de las
potestades asignadas por la ley y con fundamento en las disposiciones vigentes que
regulaban, para esa época, el registro de los contratos de importación de tecnología.

En relación con el desconocimiento de los distintos fallos del Consejo de Estado
alegado por Aanadarko, manifestó que las providencias a las que se hizo referencia
en la demanda no son aplicables al caso concreto, por cuanto en ellas se analizó si
era necesaria la renovación del registro para efectos de la procedencia de la deducción
de las expensas pagadas con ocasión del contrato y el término en que aquella se debía
11
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Sentencia del 13 de diciembre de 2017 (Exp. Interno
19747) C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
12
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Sentencia del 1° de julio de 2016 (Exp. interno
20351) C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia (E).

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registrar. Así las cosas, en esas providencias no se estudió si los contratos de
importación de tecnología tenían que ser registrados dentro del término de su vigencia
o no.

Segundo cargo violación al debido proceso:

1. Anadarko La demandante alegó que la DIAN vulneró su derecho al debido proceso
al rechazar las solicitudes de registro 209000205511 y 209000194575, pues no valoró
integralmente los contratos y demás documentos aportados ni atendió los argumentos
expuestos en sede administrativa para explicar la cuantía informada.

Frente a la solicitud 209000205511, sostuvo que el valor reportado correspondía a la
compensación efectivamente determinada conforme a la duración real del servicio. Por
ello, afirmó que el hecho de que la remuneración dependiera de la duración del
contrato no significaba que su cuantía fuera indeterminada y que consignar un valor
diferente habría implicado suministrar información que no correspondía con la realidad.

En relación con la solicitud 209000194575, señaló que la Administración debió
examinar integralmente la información suministrada, pues de esa valoración se
desprendía, a su juicio, que el valor registrado era correcto.

Con fundamento en lo anterior, adujo que la DIAN se limitó a reiterar las
inconsistencias inicialmente advertidas, sin efectuar un análisis suficiente de los
documentos ni pronunciarse sobre las explicaciones formuladas por la sociedad,
circunstancia que, en su criterio, vulneró sus derechos al debido proceso, defensa y
contradicción

2. La Administración de Impuestos alegó que no existió vulneración alguna al
derecho de defensa de la parte demandante.

En cuanto a la solicitud de registro No. 209000205511, señaló que el valor de la orden
del servicio No. 001, indicado en la casilla 145 del formulario No. 020 se registró un
valor de USD $332,420, y del análisis de ese documento se desprende que su valor
es indeterminado, de manera que no existe concordancia entre la información
contenida en la solicitud de registro y lo pactado por las partes, lo cual da lugar al
rechazo del registro según lo previsto en el artículo 4 de la Resolución No. 0062 de
2014.

Así mismo, alegó que el demandante no aportó prueba alguna que demostrara que el
valor indicado en la casilla 145 del formulario 020 para descartar los argumentos
expuestos en los actos administrativos que dieron lugar al rechazo del registro.

En cuanto al trámite con número de solicitud 209000194575, manifiesta que valor
especificado por la demandante en la casilla 145 del formulario 020 es cero, mientras
que en el contrato se lee que su valor es 93,000 libras esterlinas, de manera que la
información consignada en la solicitud de registro y la especificada en el contrato son
diferentes y, por tanto, procedía el rechazo de la solicitud.

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SENTENCIA APELADA Y RECURSO DE APELACIÓN DE LA PARTE
DEMANDANTE.

El Tribunal negó las pretensiones de la demanda y no condenó en costas a la
demandante13. A su turno, Anadarko formuló recurso de apelación14.

Los motivos del fallo impugnado y los argumentos de la alzada son los siguientes:

Primer cargo: Aplicación errada de las normas que regulan el registro de los
contratos de importación de tecnología - La DIAN no podía exigir que los
contratos estuvieran vigentes al momento de la solicitud del registro por cuanto
ello no corresponde a un requisito previsto en la Ley.

1. El Tribunal consideró que los actos administrativos demandados fueron expedidos
con sujeción a las normas vigentes para la época de las solicitudes de registro
formuladas por la actora, en particular a la Resolución 00062 de 2014, expedida por la
DIAN en virtud de lo previsto en el numeral 12 del artículo 6 del Decreto 4048 de 2008,
el Decreto 259 de 1992 y el artículo 1 del Decreto 4176 de 2011.

Resaltó que la demandante formuló las 38 solicitudes de registro entre octubre y
diciembre de 2017, periodo durante el cual ya se encontraba vigente la Resolución 0062
de 2014, en cuyo artículo 4 se preveía, como una de las formalidades para el registro,
que el contrato estuviera vigente al momento de la solicitud.

Precisó que, si bien el Consejo de Estado manifestó en distintas providencias que la
exigencia del registro de contratos de importación de tecnología no debía ser cumplida
en un momento determinado, los supuestos de hecho que dieron lugar a esos
pronunciamientos difieren de los examinados en este asunto. Explicó que en esos
casos la Sección Cuarta analizó registros efectuados en enero de 2002, enero de 2010
y la renovación del registro de un contrato con vigencia hasta el 2009 realizada el 3 de
septiembre de 2010 y la deducibilidad en el impuesto sobre la renta de los pagos
efectuados con ocasión de esos contratos, es decir, que analizaron hechos que
acaecieron de manera previa a la expedición de la Resolución 000062 del 24 de febrero
de 2014, norma que sí resultaba aplicable al caso concreto.

Así mismo, adujo que, aunque la demandante no formuló un reparo concreto frente a
la legalidad de la Resolución 00062 de 2014, el argumento según el cual DIAN no
podía exigir un requisito que no estaba previsto en la ley no estaba dirigido a atacar la
legalidad de los actos administrativos particulares y concretos que negaron el registro,
sino la de ese acto general en el cual la Administración de Impuestos fundó dicha
negativa. Añadió que la legalidad de dicha resolución debía ser examinada en el marco
de un proceso tramitado en el ejercicio del medio de control de nulidad simple y no en
el ámbito del presente proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

2. La parte demandante retomó en el recurso de apelación el marco normativo
aplicable a los contratos de importación de tecnología, el cual dividió en tres etapas.
Respecto de la primera, manifestó que el Decreto 1900 del 15 de septiembre de 1973
puso en vigencia en Colombia el Régimen Común de Tratamiento a los Capitales
Extranjeros y sobre Marcas, Patentes, Licencias y Regalías, aprobado mediante la
13
Samai Tribunal. Índice 28 ”Sentencia”.
14
Samai Tribunal. Índice 33 ”Recibe memoriales”

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Demandante: Anadarko Colombia Company Sucursal Colombia

Decisión 24 de la Comunidad Andina. Agregó que, de acuerdo con esa disposición y
con el artículo 67 del Decreto 187 de 1975, en ese momento bastaba con demostrar
la existencia del contrato de importación de tecnología y su aprobación por parte de la
autoridad competente.

En cuanto a la segunda etapa, señaló que la Decisión 220 de 1987 introdujo la
exigencia de registrar esos contratos. Posteriormente, la Decisión 291 de 1991
reemplazó esa normativa y eliminó el requisito de obtener la aprobación o autorización
de la autoridad competente, de modo que únicamente se mantuvo la obligación de
registro.

Añadió que la Decisión 291 de 1991 fue reglamentada por el Decreto 259 de 1992,
que designó al Instituto Colombiano de Comercio Exterior —Incomex— como
organismo competente para llevar el registro. Sin embargo, mediante el Decreto 4176
de 2011, esa función fue asignada a la DIAN.

Expuso que, dentro de ese marco normativo, la DIAN profirió la Resolución 000062 del
24 de febrero de 2014, mediante la cual reglamentó la forma, el contenido y los
términos para presentar las solicitudes de registro de los contratos de importación de
tecnología. No obstante, precisó que esa resolución debía interpretarse de manera
armónica con las normas de la Comunidad Andina que regulaban la materia.

Manifestó que la expedición de la Ley 1819 de 2016, que adicionó el artículo 123 del
ET, dio lugar a una tercera etapa. Explicó que solo a partir de la entrada en vigor de
esa disposición se estableció un término perentorio para solicitar el registro,
correspondiente a los seis meses siguientes a la suscripción del contrato o a los tres
meses siguientes a su modificación.

En ese contexto, sostuvo que, como los 38 contratos se celebraron antes de la entrada
en vigor de la Ley 1819 de 2016, se encontraban sujetos al régimen anterior. Por lo
tanto, la DIAN no podía exigir que estuvieran vigentes al momento de presentar las
solicitudes, porque las normas aplicables para la época de su suscripción no
establecían un plazo para efectuar el registro.

Para sustentar su dicho invocó la sentencia del 10 de noviembre de 2022, expediente
25718, en la cual la Sección Cuarta señaló que la Decisión 291 de la Comunidad
Andina y el Decreto 259 de 1992 no establecían un plazo perentorio para registrar los
contratos de importación de tecnología. A partir de ese pronunciamiento, Anadarko
afirmó que tampoco podía imponerse de manera indirecta ese límite temporal
mediante la exigencia de que el contrato estuviera vigente al formular la solicitud.

Finalmente, adujo que no era válido afirmar, como lo hizo el a quo, que dentro de este
proceso no podía examinarse la legalidad de la Resolución 000062 de 2014. Explicó
que el artículo 148 del CPACA facultaba al juez para inaplicar, de oficio o a petición de
parte y con efectos interpartes, los actos administrativos contrarios a la Constitución o
a la ley. En consecuencia, consideró que el Tribunal podía ejercer el control por vía de
excepción y determinar si la DIAN estaba facultada para exigir que los contratos
permanecieran vigentes al momento de solicitar su registro.

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Segundo cargo: violación al debido proceso.

1. El a quo señaló, de manera preliminar al estudio del cargo, que el cumplimiento de
los requisitos exigidos para la formalización de los contratos de importación de
tecnología era concurrente. En esa medida, como las 38 solicitudes incumplieron la
exigencia relativa a la vigencia de los contratos, también procedía el rechazo de las
solicitudes Nos. 209000194575 y 209000205511, con independencia de que fueran
acertados o no los reparos formulados por la DIAN frente a la cuantía informada en
cada una de ellas.

No obstante, examinó los cuestionamientos particulares formulados respecto de esas
dos solicitudes. Frente a la No. 209000194575, señaló que la actora registró en el
formulario un valor de cero, pese a que en el suplemento No. 3 del contrato figuraba
un costo total de 93.500 libras esterlinas. En cuanto a la solicitud No. 209000205511,
indicó que se informó una cuantía determinable de USD 332.420, aunque, según la
Administración, de la orden de servicio se desprendía que el valor era indeterminado.

Agregó que la demandante se limitó a afirmar que la DIAN no había valorado de
manera integral la información aportada, pero no identificó cuáles documentos o datos
concretos debían examinarse, ni explicó por qué estos permitían concluir que los
valores registrados eran correctos. Por esa razón, consideró que la actora no desvirtuó
la legalidad de los actos demandados y que, en virtud del carácter rogado de la
jurisdicción, el juez no podía suplir esa deficiencia argumentativa.

2. La apelante controvirtió la conclusión del Tribunal según la cual no había formulado
reparos específicos frente al trámite de las solicitudes Nos. 209000194575 y
209000205511. Aunque el a quo consideró que la falta de vigencia de los contratos
bastaba para mantener la negativa del registro, la actora reiteró que la DIAN también
vulneró el debido proceso al cuestionar las cuantías informadas sin valorar
adecuadamente los documentos contractuales.

Respecto de la solicitud No. 209000205511, sostuvo que el valor consignado
correspondía a la compensación efectivamente determinada con base en la duración
real del servicio, como lo establecía el contrato, por lo que no se trataba de una cuantía
indeterminada. En cuanto a la solicitud No. 209000194575, señaló que informó una
cuantía indeterminada y que la DIAN se limitó a afirmar que el listado de tarifas del
suplemento No. 3 no coincidía con lo registrado, sin analizar integralmente las
estipulaciones del contrato y sus documentos complementarios. A su juicio, ese
examen habría permitido constatar que la información incluida en las solicitudes era
correcta.

Pronunciamientos finales

Dentro del término concedido para el efecto, la DIAN se opuso al recurso de apelación
interpuesto por la demandante y solicitó que se confirmara la sentencia de primera
instancia15.

Manifestó que en el trámite de primera instancia se acreditó que los contratos no se
encontraban vigentes al momento en que se solicitó su registro, como lo exigía la

15
Samai CE. Índice 04. ”Recibe Memoriales Online”

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Resolución 000062 de 2014, disposición que estaba vigente y resultaba de obligatoria
aplicación. Por esa razón, consideró procedente el rechazo de las solicitudes.

En cuanto a la alegada violación del debido proceso, sostuvo que la demandante no
cumplió con la carga de demostrar que las cuantías informadas en las solicitudes Nos.
209000194575 y 209000205511 correspondían a las pactadas en los respectivos
contratos. En consecuencia, solicitó que se desestimaran los argumentos formulados
sobre ese particular.

El Ministerio Público guardó silencio.

CONSIDERACIONES DE LA SALA.

Cuestión previa.

Previamente a resolver el litigio planteado en esta instancia judicial, el consejero Luis
Antonio Rodríguez Montaño manifestó estar impedido para conocer del presente
proceso, de acuerdo con la causal de impedimento contenida en el numeral 2 del
artículo 141 del Código General del Proceso (CGP)16

Mediante el auto del 3 de abril de 2025 se declaró fundado el impedimento y se le
separó del conocimiento del presente proceso.17

Problemas jurídicos.

En los términos del recurso de apelación, conforme al artículo 328 del CGP, le
corresponde a la Sala resolver los siguientes problemas jurídicos:

I) Determinar si los actos administrativos demandados se expidieron con sujeción al
régimen jurídico aplicable al registro de los contratos de importación de tecnología y si
procede inaplicar, por vía de excepción, el requisito de vigencia previsto en el literal a)
del artículo 4 de la Resolución 000062 de 2014.

II) Establecer si la DIAN vulneró el debido proceso de la demandante al negar las
solicitudes de registro 209000194575 y 209000205511 por las inconsistencias
advertidas respecto del valor de los contratos.

Primer cargo: Aplicación errada de las normas que regulan el registro de los
contratos de importación de tecnología - La DIAN no podía exigir que los
contratos estuvieran vigentes al momento de la solicitud del registro por cuanto
ello no corresponde a un requisito previsto en la Ley

Tal como se observa en el expediente administrativo, entre los años 2013 y 2016 la
parte actora suscribió contratos con sociedades domiciliadas en el exterior, cuyo
registro ante la DIAN fue solicitado entre los meses de octubre y diciembre de 2017:

Contratista Vigencia Fecha de solicitud de Formulario de registro
registro
BMR Consulting LLC 2016 18/10/2017 209000193119

16
Samai CE. Índice 19 ”Manifestación de impedimento”
17
Samai CE. Índice 27.”Auto que resuelve impedimento”

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Champlian Group, Inc 2016 18/10/2017 209000193244
DBA Gate Premier
Solutions

Global 2016 18/10/2017 209000193165
EnergyVentures (UK)
Limited

Houston International 2016 18/10/2017 209000193251
Drilling LLC
GMG Axis Inc DBA GX 2013 20/10/2017 209000193649
Technology

GMG Axis Inc DBA GX 2013 20/10/2017 209000193695
Technology
AOS Orwell Ghana 2016 20/10/2017 209000193742
Limited
Weatherford 2016 20/10/2017 209000193735
Laboratories Inc
Richard E. Larese 2016 23/10/2017 209000193885

ERM Southwest, Inc. 2015 26/10/2017 209000193932

Wood Group Kenny, 2015 26/10/2017 209000193925
Inc.
Fugro Geoconsulting, 2014 26/10/2017 209000194568
Inc.
CGG Services (UK) 2016 26/10/2017 209000194575
Limited
Exp engineering 2016 26/10/2017 209000194464
International, LLC
National Petrographic 2015-16 28/11/2017 209000198301
Service, Inc.
Echelon Consulting 2014-2015 28/11/2017 209000198324

Tubular Makeup 2014 28/11/2017 209000198317
Technology, Inc.
Gardline surveys Inc 2014 28/11/2017 209000198016

PetroStrat Limited 2015-2016 28/11/2017 209000198403

Cambrian Consultants 2014 28/11/2017 209000198030
of America, Inc
The Global Edge EI 2014-2015 28/11/2017 209000198331
Consultants, LLC
Fugro Geos, Inc. 2013-2014 01/12/2017 209000197713

AGR F.J. Brown, Inc. 2014 01/12/2017 209000197888

BMR Consulting LLC 2015 01/12/2017 209000196446

Franscis Drilling Fluids 2015 01/12/2017 209000197928
Ltd.
Alford Services Inc 2016-2017 01/12/2017 209000197562

Archer UK Limited 2015 01/12/2017 209000198009

Franscis Drilling Fluids 2015 01/12/2017 209000197974
Ltd. (Otro sí)

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Demandante: Anadarko Colombia Company Sucursal Colombia

EXP Engineering 2016 28/12/2017 209000205441
International LLC
Lionel L. Fray 2015 28/12/2017 209000205575
Associates, Inc.
QTEC Energy 2015 28/12/2017 209000205812
Services Inc
Echelon Consulting 2014-2015 28/12/2017 209000205701

Cambrian Consultants 2015-2016 28/12/2017 209000205955
(CC) America Inc.
Offshore 2016-2017 28/12/2017 209000205758
Commissioning
solutions, Inc.
Dark Horse 2015 28/12/2017 209000205686
Engineering
Consultants, LLC
ERM Southwest Inc. 2013-2017 28/12/2017 209000205489

EPI Limited 2014-2017 28/12/2017 209000205511

Lionel L. Fray 2015 28/12/2017 209000205608
Associates, Inc.

La demandada negó las solicitudes de registro mediante correos electrónicos enviados
a la parte demandante el 30 de octubre de 201718, el 1 de noviembre de 201719, el 2
de noviembre de 201720, el 7 de noviembre de 201721, el 8 de noviembre de 201722, el
11 de diciembre de 201723, el 13 de diciembre de 201724 y el 11 de enero de 201825.
Para la DIAN, las 38 solicitudes no eran procedentes porque los contratos no estaban
vigentes al momento de la solicitud, tal como lo exigía el literal a) del artículo 4 de la
Resolución 000062.

Por su parte, la actora alegó que la Administración de Impuestos le exigió un requisito
no previsto en las disposiciones de rango superior que regulaban el registro de los
contratos de importación de tecnología, motivo por el cual los actos administrativos
demandados están viciados de nulidad. Así mismo, manifestó que los actos acusados
desconocen la posición del Consejo de Estado, según la cual antes de la entrada en
vigencia de la Ley 1819 de 2016, no existía un término perentorio para el contrato de
importación de tecnología y, por tanto, su registro podía efectuarse en cualquier
momento.

Conforme a lo anterior, la Sala analizará el régimen normativo aplicable al registro de
los contratos de importación de tecnología, vigente a la época de los hechos, con el fin

18
Samai CE. Indice 17 “Expediente Digital” 51ED_1CDFOLIO_1CDFOLIO374rar(.rar) NroActua 17”. ”Anadarko 2018-310- Parte
1 Subsanación” Págs. 47 a 59.
19
Samai CE.índice 17 “Expediente Digital” 51ED_1CDFOLIO_1CDFOLIO374rar(.rar) NroActua 17” ”Anadarko 2018-310- Parte
1 Subsanación” Págs. 63 a 75
20
Samai CE.índice 17 “Expediente Digital” 51ED_1CDFOLIO_1CDFOLIO374rar(.rar) NroActua 17” ”Anadarko 2018-310- Parte
1 Subsanación” Pág. 79.
21
Samai CE. índice 17 “Expediente Digital” 51ED_1CDFOLIO_1CDFOLIO374rar(.rar) NroActua 17” ”Anadarko 2018-310- Parte
1 Subsanación” Págs. 83 y 85.
22
Samai CE. índice 17 “Expediente Digital” 51ED_1CDFOLIO_1CDFOLIO374rar(.rar) NroActua 17” ”Anadarko 2018-310- Parte
1 Subsanación” Págs. 89 a 97.
23
Samai CE. índice 17 “Expediente Digital” 51ED_1CDFOLIO_1CDFOLIO374rar(.rar) NroActua 17” ”Anadarko 2018-310- Parte
2 Subsanación” Págs. 1 a 18.
24
Samai CE. índice 17 “Expediente Digital” 51ED_1CDFOLIO_1CDFOLIO374rar(.rar) NroActua 17” ”Anadarko 2018-310- Parte
2 Subsanación” Págs. 29 a 41.
25
Samai CE.índice 17 “Expediente Digital” 51ED_1CDFOLIO_1CDFOLIO374rar(.rar) NroActua 17” ”Anadarko 2018-310- Parte
2 Subsanación” Págs. 89 a 127.

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de establecer si de su contenido se desprende la exigencia de que el contrato estuviera
vigente al momento de realizar la solicitud de registro.

La Decisión 024 de 1970 correspondiente al Régimen común de tratamiento a los
capitales extranjeros sobre marcas, patentes, licencias y regalías, se refirió por primera
vez a los contratos de importación de tecnología en los siguientes términos:

“Artículo 18. Todo contrato sobre importación de tecnología y sobre patentes y marcas, deberá
ser examinado y sometido a la aprobación del organismo competente del respectivo País
Miembro, el cual deberá evaluar la contribución efectiva de la tecnología importada mediante la
estimación de sus utilidades probables, el precio de los bienes que incorporen tecnología u otras
formas específicas de cuantificación del efecto de la tecnología importada”.

Así mismo, el artículo 19 ibidem señalaba que los contratos de importación de
tecnología debían contener, por lo menos, cláusulas sobre i) la identificación de las
modalidades que reviste la transferencia de la tecnología que se importa, ii) valor
contractual de cada uno de los elementos involucrados en la transferencia de
tecnología, expresada en forma similar a la utilizada en el registro de inversión
extranjera directa y iii)determinación del plazo de vigencia.

A su turno, el Decreto 1900 del 15 de septiembre de 1973 puso en vigencia en
Colombia, el régimen común de tratamiento a los capitales extranjeros sobre marcas,
patentes, licencias y regalías.

Posteriormente, la Comunidad Andina adoptó la Decisión 220 del 11 de mayo de 1987
que sustituyó la Decisión 024 y dispuso, en cuanto los contratos de importación de
tecnología, lo siguiente:

Artículo 18. Todo contrato sobre importación de tecnología y sobre patentes y marcas deberá ser
examinado y sometido a la aprobación y registro cuando fuere el caso del organismo nacional
competente del respectivo País Miembro, el cual deberá evaluar la contribución efectiva de la
tecnología importada mediante la estimación de sus utilidades probables, el precio de los bienes que
incorporen tecnología u otras formas específicas de cuantificación del efecto de la tecnología
importada.

Nótese que, tal como lo ha manifestado la Sala26, la Decisión 220 “mantuvo la
obligación de la aprobación del contrato por el organismo nacional competente del
respectivo País Miembro y agregó la obligación de su registro ante el mismo”.

Posteriormente, con el fin de remover obstáculos a la inversión extranjera, así como
promover y estimular el flujo de capital y tecnologías extranjeras hacia las economías
andinas, la Comunidad Andina de Naciones profirió la Decisión 291 de 199127, la cual

26
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Sentencia del 28 de julio de 2011 (Exp. Interno
17864) C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia.
27
La Comisión del Acuerdo de Cartagena; Vistos: Los Artículos 7, 26 y 27 del Acuerdo de Cartagena, la Decisión 220 de la
Comisión y la Propuesta 228 de la Junta;

Considerando: Que los Presidentes de los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena, en la reunión celebrada en la ciudad de
La Paz, Bolivia, los días 29 y 30 de noviembre de 1990, expresaron su beneplácito por la "convergencia creciente entre las
políticas económicas de los Países Andinos en la búsqueda de una mayor eficiencia y competitividad de sus economías, mediante
la liberalización y apertura al comercio y la inversión internacional, en la línea de los intereses de nuestros países, y la implantación
de una racionalidad económica fundada en la iniciativa privada, en la disciplina fiscal y en un Estado redimensionado y eficaz";

Que asimismo, en la mencionada reunión los Presidentes Andinos acordaron remover los obstáculos para la inversión extranjera
e incentivar la libre circulación de capitales subregionales;

Que las nuevas políticas de inversiones extranjeras imperantes en la Subregión hacen indispensable revisar y actualizar las
normas comunitarias aprobadas mediante la Decisión 220 de la Comisión, con el fin de estimular y promover el flujo de capital y
de tecnologías extranjeras hacia las economías andinas

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sustituyó expresamente la Decisión 220, ya comentada, y reguló los contratos de
importación de tecnología en los siguientes términos:

“Artículo 12 Los contratos de licencia de tecnología, de asistencia técnica, de servicios técnicos, de
ingeniería básica y de detalle y demás contratos tecnológicos de acuerdo con las respectivas
legislaciones de los Países Miembros, serán registrados ante el organismo nacional competente
del respectivo País Miembro, el cual deberá evaluar la contribución efectiva de la tecnología
importada mediante la estimación de sus utilidades probables, el precio de los bienes que incorporen
tecnología, u otras formas específicas de cuantificación del efecto de la tecnología importada”

De igual manera, el artículo 13 de la Decisión ibidem reguló el contenido mínimo de
los contratos de importación de tecnología y estableció que aquel debía contener
cláusulas que señalaran por lo menos: i) la identificación de las partes, con expresa
consignación de su nacionalidad y domicilio; ii) identificación de las modalidades que
revista la transferencia de tecnología que se importa; iii) el valor contractual de cada
uno de los elementos involucrados en la transferencia tecnológica; y iv) la
determinación del plazo de vigencia.

Conforme a lo anterior, la Decisión 291 eliminó la obligación de solicitar aprobación
para celebrar contratos de importación de tecnología y mantuvo sólo la obligación de
registrar dichos contratos ante el organismo competente del respectivo país miembro.

A su turno, el Decreto 259 del 12 de febrero de 1992 reglamentó la Decisión 291 y
dispuso, entre otras cosas, que el Instituto Colombiano de Comercio Exterior –
ICOMEX- adscrito al Ministerio de Comercio Exterior era el organismo competente
para registrar los contratos de importación de tecnología28.

En el año 2011, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 4176, en cuyo numeral 1° del
artículo 1° reasignó a la DIAN la función de llevar y administrar el registro de contratos
de importación de tecnología, la cual estaba en cabeza del INCOMEX.

Posteriormente, en el año 2014, la entidad demandada expidió la Resolución 000062
del 24 de febrero, por la cual se estableció el procedimiento para presentar, registrar y
administrar los contratos de importación de tecnología.

El literal a) del artículo 4 de la resolución ibidem, dispone que el soporte de la solicitud
de registro es el contrato y deberá cumplir, entre otras, con la formalidad de estar
vigente al momento de la solicitud:

“Artículo 4. Documentos soporte a la solicitud de registro. El documento soporte de la
solicitud de registro es el Contrato de Importación de Tecnología, el cual debe cumplir con
las siguientes formalidades:

a) El contrato a registrar, debe contener los elementos legales de un contrato:
identificación de las partes, firma de las partes, que esté vigente al momento de la solicitud,
cláusulas, objeto, entre otros.

(...)”

28
ARTÍCULO 1o. El Instituto Colombiano de Comercio Exterior, Incomex, adscrito al Ministerio de Comercio Exterior es el
organismo competente para registrar los contratos de importación relativos a licencia de tecnología, asistencia técnica, servicios
técnicos, ingeniería básica, marcas, patentes y demás contratos tecnológicos.
El registro será dado de conformidad con lo establecido en el presente Decreto y de acuerdo con las políticas de desarrollo
tecnológico dictadas por el Ministerio de Desarrollo Económico. (...)

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Nótese que la Resolución 000062 de 2014 se encontraba vigente cuando Anadarko
presentó las 38 solicitudes de registro y establecía, como una de las formalidades del
trámite, que el contrato permaneciera vigente al momento de la solicitud.

Tampoco fue objeto de discusión que, para la fecha en que se formularon las
peticiones, los contratos ya habían perdido vigencia. La controversia se limitó a
determinar si la DIAN podía exigir válidamente esa condición para acceder al registro.

En ese contexto, la Sala advierte que la DIAN no introdujo en los actos particulares
una exigencia distinta a la prevista en las disposiciones que regulan el trámite de
registro, sino que sustentó la negativa en el literal a) del artículo 4 de la Resolución
000062 de 2014, acto administrativo general que se encontraba vigente y resultaba de
obligatorio cumplimiento para la entidad al momento de decidir las solicitudes. Por
consiguiente, desde la perspectiva de su fundamento normativo, los actos acusados
se expidieron con observancia de las disposiciones que regían el trámite del registro
de contratos de importación de tecnología.

En este punto, resulta necesario precisar cuál era la regulación aplicable en el tiempo
al trámite de las solicitudes, pues los contratos fueron celebrados entre los años 2013
y 2016, mientras que su registro se solicitó en el año 2017.

Para determinar la normativa aplicable a las solicitudes objeto de controversia, debe
distinguirse entre las disposiciones de carácter sustancial y aquellas que regulan el
procedimiento para hacer efectivos los derechos o situaciones jurídicas reconocidos
por el ordenamiento. Sobre esta distinción, la Corte Constitucional29 ha señalado que
las primeras determinan el contenido de los derechos, mientras que las normas proce-
sales establecen las formas mediante las cuales aquellos se realizan y, por ello, cum-
plen una función instrumental.

Esta distinción resulta relevante para establecer la aplicación temporal de las normas,
pues el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por el artículo 624 del CGP,
dispone que las normas concernientes a la sustanciación y ritualidad de los procedi-
mientos prevalecen desde el momento en que comienzan a regir, sin perjuicio de las
actuaciones, diligencias y términos que ya se hubieren iniciado.

En este caso, las disposiciones de la Resolución 000062 de 2014 que regulaban el
trámite para obtener el registro tenían ese carácter procedimental. En efecto, la reso-
lución estableció el procedimiento para presentar, registrar y administrar los contratos
de importación de tecnología y reguló los requisitos de la solicitud, los documentos que
debían aportarse y su posterior formalización. Dentro de esas reglas se encontraba el
artículo 4, que determinó las formalidades que debía reunir el contrato presentado
como soporte de la solicitud.

De ahí que, como las solicitudes examinadas en este proceso se presentaron en el
año 2017, cuando la Resolución 000062 de 2014 ya se encontraba vigente, su trámite
estuviera sometido a las disposiciones allí previstas, aun cuando los contratos hubie-
ran sido celebrados con anterioridad.

29 Sentencias C-029 de 1995 M.P Jorge Arango Mejía y C-619 de 2001 M.P. Marco Gerardo Monroy.

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Distinto es el caso del artículo 123 del ET, modificado por el artículo 72 de la Ley 1819
de 2016. Esta disposición no reguló el procedimiento para obtener el registro, sino que
estableció una condición para la procedencia de la deducción de los gastos derivados
de los contratos de importación de tecnología, consistente en que la solicitud se pre-
sentara dentro de los seis meses siguientes a su suscripción o de los tres meses si-
guientes a su modificación. Por ello, aunque esa norma se encontraba vigente cuando
la demandante presentó las solicitudes objeto de este proceso, el término allí previsto
no regulaba el trámite administrativo de registro ni determinaba los requisitos que
aquellas debían cumplir.

Una vez establecido que los actos administrativos demandados se fundaron en una
disposición vigente y aplicable al trámite de las solicitudes, le corresponde a la Sala
determinar si, como lo sostuvo la demandante en el recurso de apelación, procede
inaplicar el requisito previsto en el literal a) del artículo 4 de la Resolución 000062 de
2014 mediante el control por vía de excepción regulado en el artículo 148 del CPACA,
por resultar contrario a las normas superiores que regulaban el registro de los contratos
de importación de tecnología.

El artículo 148 ibidem establece lo siguiente:

“Artículo 148. Control por vía de excepción. En los procesos que se adelanten ante la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, el juez podrá, de oficio o a petición de parte,
inaplicar con efectos interpartes los actos administrativos cuando vulneren la Constitución
y la Ley.

La decisión consistente en inaplicar un acto administrativo solo producirá efectos en
relación con el proceso dentro del cual se adopte”

Sobre el artículo citado, la Sección Cuarta30 ha manifestado que la excepción de
ilegalidad es una potestad legal en cabeza del juez administrativo, para que, en su
ejercicio, se releve de aplicar en un caso concreto actos administrativos que resulten
contrarios al ordenamiento jurídico, en caso de que así lo estime.

Sobre el alcance de la excepción, la Sala31 ha manifestado lo siguiente:

“Sobre ese último aspecto-que incida en la legalidad-, debe recordarse que la excepción
no reemplaza al juicio de validez propiamente dicho, y en esa medida, se repite, no podría
recaer, con carácter general y definitivo, sobre el acto directamente enjuiciado.

Este, como medio exceptivo que es, procede ante situaciones en las que el juez evidencie
(bien sea porque las partes lo manifestaron, o porque el estudio del expediente lo lleve a
esa conclusión) que para la solución del caso concreto es necesario dejar de aplicar un
acto que guarda relación directa con el objeto del litigio, decisión que solo produce efectos
en el caso particular, y que no expulsa a aquel del ordenamiento normativo” .

Para determinar si procede el control por vía de excepción, la Sala debe establecer si
la exigencia contenida en el literal a) del artículo 4 de la Resolución 000062 de 2014
contradice las disposiciones superiores que regulaban el registro de los contratos de
importación de tecnología.

30
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. Sentencias del 25 de febrero de 2021 (Exp. Interno
21911) C.P. Stella Jeannette Carvajar y del 16 de marzo de 2023 (Exp. Interno 26599) C.P. Myriam Stella Gutiérrez A.
31
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. Sentencia del 31 de mayo de 2015 (Exp. Interno
21911, C.P Jorge Octavio Ramírez R.

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Desde ya se advierte que el análisis no se limita a constatar si las decisiones de la
CAN y los decretos que las reglamentaron fijaron un número de días o meses para
presentar la solicitud de registro, sino que también resulta necesario examinar la
finalidad del registro y si las normas de rango superior contienen algún otro referente
temporal.

En cuanto a lo primero, el artículo 12 de la Decisión 291 de 1991 dispuso que los
contratos de licencia de tecnología, asistencia técnica, servicios técnicos, ingeniería
básica y de detalle, así como los demás contratos tecnológicos, serían registrados ante
el organismo nacional competente, de acuerdo con las legislaciones de los países
miembros. La misma norma encargó a esa autoridad designada por cada país
miembro de evaluar la contribución efectiva de la tecnología importada mediante la
estimación de sus utilidades probables, el precio de los bienes que la incorporaran y
otras formas específicas de cuantificación de sus efectos.

Sobre la finalidad de esta obligación, esta Sección ha precisado que el registro de los
contratos de importación tecnológica fue establecido con fines de control y
estadísticos, dirigidos a verificar la contribución efectiva de la tecnología importada en
los países miembros de la Comunidad Andina:

“En todo caso, a partir de lo expuesto es evidente que la obligación de registro deviene de
un instrumento supranacional de obligatorio cumplimiento y aplicación prevalente en
nuestro ordenamiento jurídico, tal como lo confirmó la interpretación prejudicial emitida en
el curso de este proceso, y que la misma tiene como finalidad permitir a los países
miembros de la CAN contar con información para evaluar los costos y beneficios generales
y la contribución efectiva de la tecnología importada a sus territorios”32

De esta manera, el registro previsto por la normativa comunitaria no constituye una
mera formalidad documental ni una actuación destinada exclusivamente a dejar
constancia histórica de la existencia del contrato. Su propósito consiste en permitir a
la autoridad competente conocer, verificar y evaluar la operación tecnológica objeto
del acuerdo. Esa finalidad perdería sentido si el registro pudiera solicitarse una vez
concluida completamente la ejecución contractual, cuando ya no resulta posible
realizar de manera efectiva la evaluación que justificó la existencia misma del registro.

De acuerdo con lo anterior, el registro no fue concebido como la simple conservación
documental de importación de tecnología, sino como un instrumento para permitir a la
autoridad conocer las condiciones del contrato y evaluar los efectos derivados de su
celebración y ejecución.

Esa finalidad guarda correspondencia con la información que las disposiciones
comunitarias exigían para efectuar el registro. En particular, el artículo 13 de la
Decisión 291 exigió que los contratos sujetos a registro identificaran a las partes,
precisaran las modalidades de transferencia de tecnología, indicaran el valor
contractual de sus componentes y determinaran su plazo de vigencia. El artículo 2 del
Decreto 259 de 1992 reprodujo esos elementos y condicionó el registro a su
cumplimiento.

32
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. Sentencia del 27 de febrero de 2025 (Exp. Interno
25620) C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello

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Si bien la obligación de determinar el plazo de vigencia del contrato no equivale, por sí
sola, a establecer expresamente que este debía encontrarse vigente al momento de
presentar la solicitud, sí pone de presente que la duración del negocio jurídico
constituye un elemento relevante dentro del régimen del registro.

No obstante, la incorporación expresa de la vigencia dentro del contenido mínimo del
contrato sujeto a registro revela que el legislador comunitario atribuyó relevancia
jurídica a dicho elemento temporal dentro del esquema de control previsto para esta
clase de negocios. Por ello, la ausencia de un término perentorio para solicitar el
registro no implica que dicho trámite pudiera adelantarse una vez extinguida la relación
contractual y agotados por completo sus efectos jurídicos y económicos.

La conclusión anterior, además, encuentra respaldo en distintos pronunciamientos de
esta Sección. En efecto, al examinar las disposiciones que regulaban el registro antes
de la Ley 1819 de 2016, la Sala33 precisó que la Decisión 291 y el Decreto 259 de 1992
no establecieron que aquel surtiera efectos durante un plazo determinado, es decir que
tuviera una vigencia, y señaló que “la única referencia temporal que hacen es la
vigencia del contrato”. Este criterio fue reiterado posteriormente al analizar la
regulación contenida en la Resolución 000062 de 201434.

Más adelante, al resolver una controversia sobre contratos de importación de
tecnología cuya vigencia dependía de la voluntad de las partes, la Sección 35 reiteró
que el registro no estaba sometido a un plazo perentorio y precisó que “la única
exigencia temporal es la vigencia del contrato”, circunstancia que en ese asunto no
había sido discutida ni desvirtuada por la Administración.

La ausencia de un término perentorio tampoco significaba que el registro careciera de
relevancia para efectos tributarios. Sobre este aspecto, la Sala ha precisado que,
aunque la Decisión 291 y el Decreto 259 de 1992 no exigían registrar el contrato dentro
de un plazo determinado ni previamente a solicitar la deducción, para la procedencia
de esta debía demostrarse tanto la existencia del contrato como su registro ante la
autoridad competente. Así lo reiteró la sentencia del 20 de junio de 2024, exp. 2805536,
en la que la Sección tuvo por acreditado que, para el período discutido, el contrato
existía y se encontraba debidamente registrado.

De esta manera, la jurisprudencia ha distinguido entre la inexistencia de un término
perentorio para efectuar el registro y la vigencia del contrato. La primera circunstancia
significa que, de conformidad con las disposiciones vigentes antes de la expedición de
la Ley 1819, el interesado no estaba obligado a presentar la solicitud de registro dentro
de un número de días o meses contados desde la celebración del negocio jurídico. Sin
embargo, de ello no se desprende que el trámite careciera de todo límite temporal,
pues la Sección Cuarta identificó la vigencia como la única referencia temporal
incorporada por las normas que regulaban el registro de contratos de importación de
tecnología.

33
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Sentencia del 30 de octubre de 2019 (Exp. Interno
22877) C.P. Jorge Octavio Ramírez R.
34
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Sentencia del 28 de noviembre de 2019 (Exp.
Interno. 23344). C.P. Milton Cháves García.
35
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Sentencia del 17 de noviembre de 2022 (Exp.
Interno 25525) C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello. Reiterada en la sentencia del 23 de marzo de 2023 (Exp. Interno 25885),
C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
36
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Sentencia del 20 de junio de 2024 (Exp. Interno
25855) C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.

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En criterio de la Sala, admitir que el registro pudiera solicitarse en cualquier momento,
incluso una vez extinguido el contrato y culminada por completo su ejecución, vaciaría
de contenido la referencia expresa a la vigencia incorporada por los artículos 12 y 13
de la Decisión 291 de 1991. En tal hipótesis, la autoridad competente se vería privada
de la posibilidad de cumplir oportunamente la función de evaluación que dichas
disposiciones le asignan respecto de la contribución efectiva de la tecnología
importada, pues el contrato habría agotado todos sus efectos jurídicos y económicos
antes de la intervención administrativa. Por ello, la inexistencia de un término
perentorio para solicitar el registro no implica que este pueda efectuarse una vez
extinguida la relación contractual.

Dentro de ese marco, el requisito previsto en el literal a) del artículo 4 de la Resolución
000062 de 2014 no introdujo un término autónomo distinto del contemplado en las
normas superiores analizadas, en tanto que esa disposición no estableció un número
uniforme de días, meses o años para presentar la solicitud ni modificó la duración
convenida por los contratantes. Por el contrario, hizo depender la oportunidad para
efectuar el registro de la vigencia que las propias partes habían asignado al negocio
jurídico. Así las cosas, la inexistencia de un término perentorio no impedía que la
demandante solicitara el registro en cualquier momento, pero debía hacerlo mientras
los contratos permanecieran vigentes.

Esta conclusión también exige distinguir entre el establecimiento de un plazo para
cumplir la obligación de registro y la exigencia de que subsista una condición inherente
al objeto sobre el cual aquella recae. El primero supone fijar un período determinado
para realizar una actuación, contado a partir de un hecho previamente establecido. La
vigencia contractual opera de manera distinta, pues no determina un lapso uniforme
para presentar la solicitud, sino que se refiere a la subsistencia del negocio jurídico
cuyo registro se pretende.

Desde esta perspectiva, el literal a) del artículo 4 comentado no creó una nueva
oportunidad para el cumplimiento de la obligación de registro, sino que hizo explícita
una condición asociada al objeto de esta: que el contrato de importación de tecnología
conservara la vigencia que las normas superiores y la jurisprudencia de esta Sección
identificaron como su referente temporal. De ahí que la exigencia reglamentaria no
pueda entenderse como la creación indirecta de un término perentorio no previsto en
las disposiciones superiores

Por esta misma razón, dicho requisito no puede equipararse al término perentorio que
posteriormente incorporó el artículo 123 del ET, modificado por la Ley 1819 de 2016.
Mientras esta disposición estableció un lapso general contado desde la suscripción o
modificación del contrato, la Resolución 000062 de 2014 vinculó la presentación de la
solicitud a la duración de cada negocio, que podía variar según lo convenido por sus
partes.

Tampoco se advierte que las disposiciones superiores invocadas por la demandante
hayan consagrado expresamente la posibilidad de registrar contratos ya extinguidos o
ejecutados en su totalidad. El cargo se fundamenta en la ausencia de una prohibición
expresa, pero de ello no se sigue necesariamente la incompatibilidad entre la
regulación superior y la exigencia de vigencia prevista en la resolución administrativa.

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En esas condiciones, no se observa una contradicción directa entre el literal a) del
artículo 4 de la Resolución 000062 de 2014 y las normas superiores invocadas, pues
el requisito de vigencia no introdujo un plazo adicional para efectuar el registro, sino
que concretó el referente temporal asociado a la vigencia contractual que surge del
régimen aplicable.

Esta conclusión no desconoce las providencias de esta Corporación según las cuales,
bajo el régimen anterior a la Ley 1819 de 2016, no existía un término perentorio para
registrar los contratos. En esos asuntos, la Sala determinó que la Administración no
podía rechazar costos o deducciones por el solo hecho de que el registro se hubiera
efectuado después de la causación del gasto, porque las normas fiscales no
contemplaban esa consecuencia. Tales decisiones no examinaron directamente si la
autoridad encargada de administrar el registro podía exigir que el contrato estuviera
vigente al momento de solicitar su formalización.

Conforme a lo anterior, el cargo de apelación no prospera.

Segundo cargo: violación al debido proceso:

En la apelación, la parte actora sostiene que la demandada no valoró adecuadamente
el valor de los contratos cuyo registro se solicitó mediante los formularios
209000194575 y 209000205511, lo que, en su criterio, vulneró su derecho al debido
proceso. Según afirmó, los valores consignados en las solicitudes correspondían a lo
pactado por las partes, de manera que no existían las inconsistencias advertidas por
la DIAN. Añadió que bastaba con revisar integralmente los contratos y sus documentos
complementarios para comprobar la exactitud de la información reportada.

La Sala advierte que este reparo carece de incidencia sobre la legalidad de los actos
que negaron las solicitudes de registro identificadas con los números 209000194575
y 209000205511. En efecto, las inconsistencias advertidas respecto del valor de los
contratos no constituyeron el único fundamento de la decisión administrativa, pues la
DIAN también negó su registro porque aquellos no se encontraban vigentes al
momento de presentar las respectivas solicitudes.

Como se concluyó al resolver el cargo anterior, esta última exigencia se encontraba
ajustada al régimen aplicable y, por sí sola, impedía acceder al registro solicitado. En
consecuencia, aun si se admitiera, en gracia de discusión, que la Administración
incurrió en una indebida valoración de los documentos aportados para establecer el
valor de los contratos, dicha circunstancia no tendría la virtualidad de modificar la
decisión adoptada, pues subsistiría el incumplimiento del requisito de vigencia.

Por esta razón, carece de utilidad práctica efectuar un pronunciamiento adicional sobre
las inconsistencias advertidas por la DIAN respecto de la cuantía de los contratos,
dado que cualquier conclusión sobre ese aspecto no alteraría la improcedencia de las
solicitudes de registro.

En consecuencia, el cargo de apelación no prospera.

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Costas

Se condenará en costas en esta instancia, en su componente de agencias en derecho,
a la demandante de conformidad con el numeral 1° del artículo 365 del Código General
del Proceso, aplicable por remisión del artículo 188 de la Ley 1437 de 2011. Por tanto,
se ordenará al Tribunal tramitar el respectivo incidente conforme las reglas previstas
en el artículo 366 del Código General del Proceso.

Se fijarán como agencias en derecho el equivalente a un (1) SMMLV al momento de
la ejecutoria de la providencia, según las reglas previstas en el artículo 366, ibidem, y
los lineamientos dispuestos en el acuerdo PCSJA25-12355 del 28 de noviembre de
2025 expido por el Consejo Superior de la Judicatura.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la Ley,

FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR LA sentencia del 9 de marzo de 2023, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A.

SEGUNDO: CONDENAR en costas a la parte demandante en esta instancia, según lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia.

Cópiese, notifíquese y comuníquese. Devuélvase al Tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

(Firmado electrónicamente)
CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

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