Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2019-00837-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2019-00837-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 25000-23-37-000-2019-00837-01
Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello
11 de julio de 2024
Radicado: 25000-23-37-000-2019-00837-01 (28565)
Demandante: Gloria Lucía Álvarez Pinzón
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá D.C., once (11) de julio de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación 25000-23-37-000-2019-00837-01 (28565)
Demandante GLORIA LUCÍA ÁLVAREZ PINZÓN
Demandado CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Temas: Cobro coactivo. Notificación del mandamiento de pago. Excepción
de falta de título ejecutivo.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia del 14 de septiembre de 2023, en la que el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A, resolvió1:
«PRIMERO: NIÉGANSE las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo expuesto en
la parte motiva de la presente providencia.
SEGUNDO: No se condena en costas a la parte vencida, de conformidad con lo expuesto en
la parte motiva.
(…)».
ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA
La Contraloría General de la República expidió el Mandamiento de Pago Nro.
000088 del 9 de abril de 2014, aclarado mediante el Auto Nro. 0176 del 30 de
noviembre de 2015, con el fin de adelantar el cobro coactivo de la obligación a cargo
de Gloria Lucía Álvarez Pinzón, así como otras personas, con fundamento en el
Fallo de Responsabilidad Fiscal Nro. 00003 del 25 de febrero de 2013.
La deudora formuló las excepciones de interposición de demanda, de pago parcial
y de falta de título ejecutivo, mediante memorial del 5 de marzo de 2018.
La entidad acreedora declaró probada la excepción de pago parcial, negó las demás
y ordenó seguir adelante con la ejecución de la obligación restante, mediante la
Resolución Nro. 0050 del 3 de diciembre de 2018.
La deudora presentó recurso de reposición contra la anterior decisión con escrito
del 13 de febrero de 2019, pero la Contraloría General de la República la confirmó,
por medio de la Resolución Nro. 009 del 22 de mayo de 2019.
1 Samai del Tribunal, índice 31, página 31.
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Demandante: Gloria Lucía Álvarez Pinzón
ANTECEDENTES DEL PROCESO
Demanda
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
contemplado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), la parte demandante solicitó que,
previo al trámite respectivo, se hicieran las siguientes declaraciones2:
«1. SE DECLARE LA NULIDAD DEL PROCESO DE COBRO COACTIVO J-1517, a partir
de la notificación de los Autos 0088 del 9 de abril de 2014 y 000176 del 30 de noviembre
de 2015, por medio de los cuales se libró y aclaró el mandamiento de pago,
respectivamente, lo que incluye todas las actuaciones que se surtieron para llevar a cabo
la notificación a mi representada de dichos actos administrativos, y todas las actuaciones
posteriores, entre ellas la Resolución No. 0050 de 3 de diciembre de 2018, por medio del
cual se resolvieron las excepciones de mérito presentadas en contra del mandamiento
de pago y se ordenó seguir adelante la ejecución, y la Resolución No. 009 de 22 de mayo
de 2019, que confirmó la Resolución No. 0050 de 3 de diciembre de 2018.
2. SE DECLARE QUE HA OPERADO LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN EJECUTIVA
COACTIVA en favor de mi cliente Doctora GLORIA LUCÍA ALVAREZ PINZÓN». (Énfasis
del texto original).
La Sala destaca que, si bien se pretendió la nulidad del mandamiento de pago y su
aclaración y el Tribunal admitió la demanda sin hacer alguna precisión, el auto del
26 de julio de 2023, que resolvió las excepciones previas y fijó el litigio, señaló que
se debe entender que dichos actos de trámite no hacen parte del debate jurídico 3.
Para sustentar sus pretensiones, la demandante invocó como normas violadas los
artículos 13, 29, 228 y 229 de la Constitución Política, y 564 del Código de
Procedimiento Civil. El concepto de violación se resume así:
1. Indebida notificación del mandamiento de pago
Relató que la citación para llevar a cabo la notificación personal del mandamiento
fue enviada por correo a 2 direcciones. Sin embargo, la primera (Carrera 34 # 94-
11) fue devuelta con la anotación de dirección desconocida porque fue modificada
desde el año 2006, debido al cambio de nomenclatura en Bogotá (afirma que
actualmente corresponde a la Carrera 49A # 94-11), hecho que consideró de público
conocimiento por ser de interés nacional, sumado a que no existe explicación para
que la demandada tomara una dirección que dejó de existir hace más de 13 años.
La segunda notificación (Calle 131B # 54-21) fue devuelta con la anotación de
dirección errada porque, aunque en realidad era correcta, la Contraloría General de
la República omitió especificar la etapa y la casa correspondiente (informó que la
correcta era la Casa 71, Etapa 2).
Manifestó que el artículo 564 del Código de Procedimiento Civil, norma que
consideró aplicable, establece que la citación para notificar personalmente del
mandamiento de pago en la jurisdicción coactiva se debe enviar por correo
certificado a la última dirección registrada ante la dirección de impuestos.
2 Samai, índice 2, documento
«3_EXPEDIENTEDIGI_ESCRITODE_03ESCRITODEMANDAPDF_20240308105907», página 39.
3 Samai del Tribunal, índice 17, página 4.
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Demandante: Gloria Lucía Álvarez Pinzón
Adujo que lo anterior no fue cumplido por la demandada, a pesar de que así lo
dispuso en el mandamiento de pago. Además, puso de presente que la actora
solicitó copia del RUT y verificó que contenía la dirección Calle 131B # 54-21, Casa
71, así como un correo electrónico en el que podía ser contactada, por lo que no es
entendible la omisión de la demandada en consultar esta información.
Agregó que la entidad demandada tampoco utilizó las direcciones registradas por la
actora en el procedimiento de responsabilidad fiscal ni en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho contra el fallo de responsabilidad fiscal. En ese
sentido, afirmó que la Contraloría General de la República cometió graves errores
en el trámite de la notificación y que no hizo nada para corregirlos.
Arguyó que la demandada emplazó a la demandante y procedió a notificar el
mandamiento de pago a un curador ad litem, pese a no haberse tramitado la citación
en debida forma. Añadió que el curador le puso en conocimiento la existencia del
proceso, le entregó la documentación correspondiente y le hizo firmar un acta de
reunión, por lo que no tuvo la posibilidad de acudir oportunamente al proceso para
ejercer plenamente su derecho de defensa frente al mandamiento de pago.
Planteó que el curador ad litem no ejerció adecuadamente su defensa porque omitió
interponer el recurso de reposición contra el mandamiento de pago para proponer
las excepciones previas por la indebida notificación. Precisó que ella no podía
hacerlo porque, cuando conoció la existencia del proceso, había vencido el término
legal.
Expuso que, conforme con el Manual de Jurisdicción Coactiva de la Contraloría
General de la República y la Resolución Orgánica Nro. 5844 de 2007, modificada
por la Resolución Nro. 6372 de 2011, la notificación del mandamiento de pago debe
hacerse de conformidad con el artículo 564 del Código de Procedimiento Civil y,
además, que contra ese acto cabe el recurso de reposición dentro de los 3 días
siguientes, cuando el título no cumpla los requisitos legales (artículo 488 ibidem) y
cuando se configure alguna excepción previa, con el fin de sanear el proceso.
Hizo referencia a las Sentencias C-980 de 2010, T-051 de 2016, T-030 de 2017, C-
029 de 1995, T-283 de 2013 y T-025 de 2018 de la Corte Constitucional, con
fundamento en las cuales manifestó que se había cometido un defecto
procedimental absoluto en el procedimiento de cobro coactivo, lo que configuró la
causal de nulidad prevista en el numeral 8 del artículo 140 del Código de
Procedimiento Civil.
Aseguró que los hechos que configuran la nulidad referida fueron propuestos
oportunamente dentro del proceso de cobro coactivo, sin embargo, la Contraloría la
negó.
2. Omisión de la etapa de cobro persuasivo
Esgrimió que la Contraloría avocó el conocimiento de este asunto y ordenó surtir la
etapa del cobro persuasivo por el término de 3 meses en el Auto Nro. 000191 del
27 de agosto de 2013, la cual no fue llevada a cabo. Especificó que, pese a que
esta etapa es facultativa, al haber sido ordenada, era de forzoso cumplimiento, de
manera que no podía iniciar el proceso de cobro coactivo sin haber agotado dicha
instancia previa. Consideró que esta situación constituyó la violación del debido
proceso, así como los artículos 228 y 229 de la Constitución, y configuró la causal
de nulidad del numeral 3 del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil.
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3. Vulneración del principio de prejudicialidad
Informó que presentó una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
contra el fallo de responsabilidad fiscal, el 5 de diciembre de 2013, proceso que aún
se encuentra en curso ante el Consejo de Estado con el Radicado Nro. 25000-23-
41-000-2013-02762-01. Por eso, aseveró que el proceso de cobro coactivo debió
haberse suspendido por prejudicialidad, en virtud del numeral 5 del artículo 831 del
Estatuto Tributario, aplicable por remisión de los numerales 7 y 8 del artículo 5 de
la Resolución Orgánica Nro. 6372 de 2011 de la Contraloría.
4. Falta de un título ejecutivo con una obligación clara, expresa y exigible
Expresó que presentó la excepción de pago parcial contra el mandamiento de pago
y que probó que la cuantía por la cual se le estaba ejecutando no era cierta, pues
CORCARIBE S.A. en Liquidación había realizado varios pagos en el 2015 a favor
de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (en adelante CAR).
Explicó que, en los actos acusados, el director de la jurisdicción coactiva de la
entidad demandada declaró probada la mencionada excepción y ordenó seguir con
la ejecución, con lo cual hizo ajustes de los valores que consideraba adeudados por
cada uno de los ejecutados. Sostuvo que esta actuación fue irregular ya que, en su
condición de juez de cobro coactivo, el director referido no estaba facultado para
modificar el título ejecutivo, situación que se puso de presente con el recurso de
reposición, el cual no prosperó.
Argumentó que la demandada no reconoció que, al haber un pago parcial, el fallo
de responsabilidad fiscal dejó de cumplir los requisitos de un título ejecutivo porque
no contiene una obligación cierta ni actualmente exigible. Expuso que el pago
parcial afectó la certeza de la obligación, falencia que no podía ser subsanada
restando el valor sobre el cual se demostró el pago parcial. Dijo que lo anterior
lesionó su debido proceso, la observancia de las formas procesales y la adecuada
administración de justicia, en la medida en que el director de jurisdicción coactiva
de la entidad demandada asumió, simultáneamente, una posición de juez y parte.
Añadió que el pago parcial se hizo antes de que se expidiera y notificara el
mandamiento de pago, de manera que no se trató del abono parcial de la obligación,
sino de un error de la demandada porque no modificó oportunamente el fallo de
responsabilidad fiscal para que contuviera una obligación clara, expresa y exigible,
susceptible de ser cobrado coactivamente. Indicó que la entidad tenía conocimiento
de lo anterior, según consta en el acta de reunión de la junta de acreedores de
CORCARIBE S.A. en Liquidación, del 21 de diciembre de 2015.
Manifestó que el pago parcial no provino de ninguno de los ejecutados, de ahí que
no pudiera considerarse como un abono a la deuda, sino por la entidad que desfalcó
a la CAR y que corresponden a recaudos anteriores a la expedición del
mandamiento de pago.
Finalmente, se refirió a la sentencia del 25 de julio de 2016 de la Sección Segunda
del Consejo de Estado, exp. 11001-03-25-000-2014- 01534 00 (4935- 2014).
5. Prescripción de la obligación.
Aunque en las pretensiones de la demanda se solicitó la prescripción, en el
concepto de la violación no expuso ningún argumento que lo sustentara.
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Oposición a la demanda
La parte demandada controvirtió las pretensiones de la demanda, para lo cual indicó
que, con relación a la indebida notificación del mandamiento de pago, es
aplicable el artículo 564 del Código de Procedimiento Civil, conforme a la remisión
de la Ley 42 de 1993.
Alegó que realizó las gestiones necesarias para comunicarle el mandamiento de
pago a la actora, pues envío una comunicación a la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales (en adelante DIAN) y a la Unidad de Investigaciones
Especiales contra la Corrupción para que informara la dirección del domicilio de la
demandante. Y, con la información aportada por la Unidad referida, envió por correo
citaciones para notificar personalmente del mandamiento de pago, pero estas
fueron devueltas, razón por la cual tramitó la notificación mediante un aviso de
prensa, conforme el artículo 564 del Código de Procedimiento Civil.
Arguyó que la actora fue representada por un curador ad litem, de ahí que no existe
duda sobre la diligencia de la entidad demandada en aras de garantizar el debido
proceso de la demandante.
Destacó que consultó a la DIAN, pues en el expediente obra la respuesta de dicha
entidad, y que confió en la exactitud de la información, por lo que no tenía motivos
para acudir a la dirección suministrada en el trámite de responsabilidad fiscal ni en
el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
Puso de presente que una citación fue devuelta porque faltaba el número de la casa,
lo cual demuestra que la actora no actuó de buena fe, porque allí residía y, por lo
tanto, lo que se evidenció fue su intención de no dejarse notificar para que operará
la prescripción del mandamiento de pago, sin embargo, ello resultó infructuoso
porque el curador ad litem asumió su defensa.
Citó un aparte de los actos acusados y destacó que no existió vulneración del debido
proceso ni del acceso a la justicia, puesto que presentó excepciones y una solicitud
de nulidad mediante apoderada, el 5 de marzo de 2018, medios de impugnación
que fueron resueltos oportunamente por la Administración.
Agregó que el hecho de que la actora hubiese nombrado una apoderada le impedía
pretender la nulidad de los actos acusados porque, con tales actuaciones, saneó
las eventuales nulidades que pudieron ocurrir con ocasión de la notificación.
En cuanto a la omisión del cobro persuasivo, argumentó que, si bien se ordenó
el cobro persuasivo, ello no imponía adelantar tal etapa, pues no es obligatoria ni
hace parte del proceso de cobro coactivo en estricto sentido. Agregó que, según la
Ley 42 de 1993, en cualquier etapa del proceso se pueden celebrar acuerdos de
pago sin que se requiera adelantar una etapa persuasiva, y revisado el proceso de
responsabilidad fiscal, no existía manifestación por parte de la convocada
direccionada a este fin.
Frente a la violación del principio de prejudicialidad, señaló que no es aplicable
el artículo 831 del Estatuto Tributario, sino el artículo 56 de la Ley 610 de 2000,
según el cual la ejecución de los fallos con responsabilidad fiscal no está
condicionada a la sentencia que defina los procesos de nulidad y restablecimiento
del derecho. Añadió que el título ejecutivo quedó ejecutoriado desde el 6 de mayo
de 2013 y que goza de presunción de legalidad, puesto que no ha sido suspendido
5
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o anulado por esta jurisdicción. Con todo, advirtió que el proceso judicial fue
favorable para la entidad demandada porque el recurso de apelación contra la
sentencia de primera instancia, que negó las pretensiones, fue extemporáneo 4.
Sobre la falta de un título ejecutivo con una obligación clara, expresa y
exigible, aseveró que, si la deudora consideraba que el valor de la obligación no
era real con ocasión del pago parcial, debió haber expuesto tal circunstancia
mediante los recursos procedentes contra el título ejecutivo, pero no en el proceso
de cobro coactivo.
Sostuvo que el fallo de responsabilidad fiscal objeto de cobro contiene una
obligación clara, expresa y exigible y que tales características no dependen de que
la cuantía sea menor o mayor, puesto que eso se discute dentro del cobro coactivo,
mediante las excepciones. Por consiguiente, afirmó que los motivos de
inconformidad expuestos por la deudora no tenían vocación de prosperidad, máxime
cuando los reintegros que conllevaron a declarar probada la excepción de pago
parcial no los hizo ella, sino CORCARIBE S.A. en Liquidación.
Con relación a la prescripción de la acción de cobro, sostuvo que no es aplicable
el Estatuto Tributario porque el cobro coactivo de fallos con responsabilidad fiscal
se rige por las Leyes 42 de 1993, 610 de 2000 y 1437 de 2011. Además, aseveró
que el Consejo de Estado tiene decantado que el fenómeno de la prescripción no
se puede aplicar a esa clase de actos administrativos por su naturaleza
administrativa, lo cual permite salvaguardar el erario público.
Destacó que, en todo caso, no se presenta la pérdida de fuerza ejecutoria, pues el
fallo con responsabilidad fiscal quedó ejecutoriado el 6 de mayo de 2013 y el
mandamiento de pago se le notificó a la deudora el 20 de febrero de 2018, esto es,
dentro del término de 5 años establecido en la Ley 1437 de 2011.
Finalmente, propuso la excepción de inepta demanda con fundamento en que la
actora demandó la nulidad del mandamiento de pago, sin embargo, tal acto no es
susceptible de control judicial5. De igual forma, propuso otra excepción que
denominó genérica.
Sentencia apelada
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A, negó
las pretensiones de la demanda, sin condenar en costas a la parte actora, conforme
con los siguientes argumentos.
Respecto a la indebida notificación del mandamiento de pago, afirmó que era
procedente estudiar este cargo porque, aunque fue propuesto y decidido en sede
administrativa por el Auto Nro. 0105 de 2018, este acto no es susceptible de control
judicial6.
Adujo que la entidad demandada aplicó los artículos 90, 92 y 93 de la Ley 42 de
1993, 66 de la Ley 610 de 2000, y 564 del Código de Procedimiento Civil. Empero,
4 La Sala advierte que, si bien esto es cierto, la Sección Primera del Consejo de Estado revocó esta decisión
al resolver el recurso de queja en contra de dicha decisión. Así, el trámite de segunda instancia se está
adelantando con el Radicado Nro. 25000-23-41-000-2013-02762-02.
5 El Tribunal declaró no probada esta excepción mediante auto del 26 de julio de 2023, obrante en el índice
17 de SAMAI del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
6 Al respecto citó la sentencia del 1 de julio de 2021, exp. 24073, C.P. Milton Chaves García
6
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con el inicio de la vigencia de la Ley 1437 de 2011, el cobro coactivo debió
adelantarse con base en lo dispuesto en el Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo y en el Estatuto Tributario. Pese a lo anterior,
comoquiera que la actora no discutió la norma que regula la notificación personal
del mandamiento de pago, efectuó el análisis con base en las normas referidas en
los actos acusados.
Se refirió al artículo 564 del Código de Procedimiento Civil y relacionó las
actuaciones de la demandada. Con lo anterior, afirmó que, si bien se solicitó a la
DIAN información, la citación fue enviada a 2 direcciones erradas, circunstancia
reconocida por la demandada. Por lo tanto, esa entidad pretendió subsanar la
irregularidad con la publicación de un aviso en un periódico y con la asignación de
un curador ad litem. Sin embargo, concluyó que esta forma de citación subsidiaria
no era válida porque la devolución del correo no era atribuible a la actora y porque
la demandada omitió adelantar actuaciones diligentes para ubicarla.
Sostuvo que, aunque existió una irregularidad en la notificación del mandamiento
de pago, esta solo dio lugar a su ineficacia, no a su invalidez, pues no fue violado el
derecho al debido proceso porque pudo presentar el escrito de nulidad y de
excepciones el 5 de marzo de 2018, fecha en que ocurrió la notificación por
conducta concluyente. Sobre este aspecto, citó el artículo 330 del Código de
Procedimiento Civil y la sentencia del 7 de septiembre de 2021 (Exp. 25447, C.P. Myriam
Stella Gutiérrez Argüello) del Consejo de Estado.
En cuanto al trámite del cobro persuasivo, señaló que no existe disposición legal
que lo exija, por lo que su omisión no afectó la actuación ni vulneró derechos
fundamentales. En adición, advirtió que la Ley 42 de 1993, aplicable a este caso,
indica que, en cualquier etapa del proceso, se pueden celebrar acuerdos de pago
sin que se requiera adelantar una etapa persuasiva.
Sobre la vulneración del principio de prejudicialidad, afirmó que la Ley 1066 de
2006 remite el trámite de cualquier procedimiento de cobro coactivo a lo previsto en
el Estatuto Tributario, mientras que la Ley 1437 de 2011 precisa que el
procedimiento de cobro coactivo puede regirse por norma especial, cuando esta
exista, por el Estatuto Tributario, cuando la obligación es de carácter tributario y, en
los demás casos, por el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo y, en lo no previsto, por el Estatuto Tributario.
Con fundamento en la Sentencia C-005 de 1996 de la Corte Constitucional, destacó
que, en este caso, la Ley 1437 de 2011 prevalecía sobre la Ley 1066 de 2006, pues
era una norma posterior y especial, por lo que el procedimiento de cobro a seguir
sería el establecido el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo y el Estatuto Tributario. Lo anterior, explicó porque si bien «el artículo
90 de la Ley 42 de 1993 remite a las normas que sobre jurisdicción coactiva regulaba el CPC, con la
entrada en vigencia del CPACA, y como quiera que el trámite de la demandante inició en el año
2013, cuando ya estaba operando, sería procedente la aplicación de dichas disposiciones en asuntos
no regulados por las normas especiales»7.
Se refirió a los artículos 87, 89, 98, 99 y 104 de la Ley 1437 de 2011 y a la sentencia
del 28 de septiembre de 20168 del Consejo de Estado y expresó que, a partir del
día siguiente a la notificación del acto que confirmó el fallo de responsabilidad fiscal,
adquirió carácter ejecutorio.
7 Samai del Tribunal, índice 31, página 24.
8 Exp. 20825, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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Demandante: Gloria Lucía Álvarez Pinzón
Consideró que no es aplicable el artículo 835 del Estatuto Tributario porque el
artículo 101 de la Ley 1437 de 2011 prevé que la demanda contra los actos que
constituyen títulos ejecutivos no suspende el procedimiento de cobro, salvo que el
interesado lo solicite con fundamento en esa circunstancia. Entonces, aseveró que
la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho presentada contra el fallo de
responsabilidad fiscal no suspendía el proceso de cobro coactivo, máxime cuando
constituía un acto administrativo con fuerza ejecutoria susceptible de ejecución.
Frente a la inexistencia de un título ejecutivo con una obligación clara, expresa
y exigible, resaltó que no era objeto de discusión que la Resolución Nro. 0050 de
2018 declaró probada la excepción de pago parcial. Sin embargo, contrario a lo
expuesto por la actora, esta situación no traía como consecuencia la inexistencia
del título ejecutivo, sino la ejecución del mandamiento de pago respecto de la
obligación determinada en virtud del pago declarado, pues el pago parcial no
modificaba el título ejecutivo al ser un acto administrativo en firme, inmodificable
para la Administración.
Esgrimió que, si la demandante consideraba que el fallo de responsabilidad fiscal
no contenía una determinación real de la obligación porque estaba en curso la
liquidación de COLCARIBE S.A., debió haber interpuesto los recursos pertinentes,
pero no pretender la modificación del título ejecutivo en el cobro coactivo. Precisó
que ese acto fundamenta el mandamiento de pago con independencia de que la
cuantía de la obligación sea mayor o menor.
Puso de presente que, en las pretensiones de la demanda, se solicitó la
prescripción de la acción de cobro, sin incluir un cargo de nulidad que la
sustentara. No obstante, consideró procedente su estudio de oficio porque así lo ha
señalado el Consejo de Estado, en virtud del artículo 187 de la Ley 1437 de 2011.
A estos efectos, sostuvo que la norma aplicable era el artículo 817 del Estatuto
Tributario, según el cual la Administración tiene 5 años para cobrar las obligaciones,
contados a partir de la fecha de ejecutoria del acto administrativo que las contiene.
En esa medida, explicó que, como el fallo de responsabilidad fiscal quedó
ejecutoriado el 6 de mayo de 2013 y que el mandamiento de pago fue notificado por
conducta concluyente el 5 de marzo de 2018, no había vencido el término de
prescripción.
Finalmente, no condenó en costas a la demandante por no encontrarse probadas
en el expediente.
Recurso de apelación
La parte demandante sustentó su recurso en que la sentencia impugnada, pese a
haber reconocido el yerro de la notificación del mandamiento de pago, no
decretó su invalidez, sino su ineficacia, así como la ocurrencia de la notificación por
conducta concluyente.
Afirmó que el Tribunal no tuvo en cuenta que el curador ad litem fue nombrado y
pasaron más de 3 días hábiles sin que interpusiera el recurso de reposición, por lo
que quedó ejecutoriado. Adujo que esto constituyó una falta de defensa técnica y
una violación del debido proceso, pues no se alegaron los vicios formales ni las
excepciones previstas debido a la falta de diligencia del curador. De igual modo,
indicó que no podía considerarse notificada por conducta concluyente porque el
mandamiento de pago estaba en firme para el momento en que lo conoció.
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Agregó que, cuando tuvo conocimiento del cobro coactivo, por un lado, solicitó su
nulidad por indebida notificación del mandamiento de pago y la omisión del cobro
persuasivo, y por el otro, propuso excepciones. Sin embargo, estas actuaciones
fueron infructuosas porque el Auto Nro. 105 de 2018 negó la nulidad, lo cual fue
confirmado al resolver los recursos de reposición y apelación mediante los Autos
Nro. 151 y Nro. 326 del mismo año, respectivamente. Expuso que estos actos no
son susceptibles de control jurisdiccional, según el artículo 94 de la Ley 42 de 1993.
Alegó que la Resolución Nro. 0050 de 2018 declaró probada la excepción de pago
parcial, cuya consecuencia es que el título ejecutivo deja de contener una obligación
clara, expresa y exigible, por lo que era necesario modificar el fallo de
responsabilidad fiscal. Informó que presentó recurso de reposición contra la
mencionada resolución, el cual fue negado por la Resolución Nro. 009 de 2019.
Citó la Sentencia C-670 de 2004 de la Corte Constitucional y señaló que la
demandada cometió un defecto procedimental absoluto, ya que se le impidió
conocer oportunamente el mandamiento de pago y, a su vez, controvertirlo
mediante el recurso de reposición alegando la indebida notificación. Por tales
razones, aseguró que se configuró la causal de nulidad del numeral 8 del artículo
140 del Código de Procedimiento Civil (hoy artículo 133 del Código General del
Proceso), normas procesales que son de orden público y de obligatorio
cumplimiento, según los artículos 6 y 13 del Código General del Proceso. Agregó
que también se configuraba la nulidad de los actos administrativos acusados por
haber infringido las normas superiores en las que debieron haberse fundado.
Aseveró que el Tribunal cometió un error al negar la falta de título ejecutivo
contentivo de una obligación clara, expresa y exigible. Contó que presentó la
excepción de pago parcial y probó que la cuantía por la cual se le estaba ejecutando
no era cierta por los desembolsos realizados por CORCARIBE S.A. en Liquidación
en 2015 a favor de la CAR.
Dijo que el director de jurisdicción coactiva declaró probada la excepción de pago
parcial y ordenó seguir con la ejecución, para lo cual hizo ajustes de los valores que
consideraba adeudados por cada uno de los ejecutados. A su juicio, esta actuación
fue irregular ya que el mencionado director, en su condición de juez de cobro
coactivo, no estaba facultado para modificar el título ejecutivo.
Manifestó que esta situación se le puso de presente con ocasión del recurso de
reposición en contra de la Resolución Nro. 050 de 2018. No obstante, tal medio de
impugnación fue negado, pues no quiso reconocer que el pago parcial afectó la
certeza del fallo de responsabilidad fiscal, lo cual no se podía subsanar restando la
suma consignada del valor de la obligación. Dijo que este proceder lesionó el debido
proceso, la observancia de las formas procesales y la adecuada administración de
justicia.
Añadió que el pago parcial se hizo antes de que se expidiera el mandamiento de
pago, de manera que no se trató del abono parcial de la obligación, sino que la
Contraloría General de la República cometió un error al no modificar oportunamente
el fallo de responsabilidad fiscal que le sirvió de título ejecutivo, para que contuviera
una obligación clara, expresa y exigible, susceptible de ser cobrado coactivamente.
Aclaró que el pago parcial no provino de ninguno de los ejecutados, de ahí que no
pudiera considerarse como un abono a la deuda, sino de la entidad que desfalcó a
la CAR y que corresponden a recaudos anteriores a la notificación del mandamiento
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de pago. Aseguró que está probado que la demandada conocía dicho pago parcial
antes de iniciar el cobro coactivo con el acta de la junta de acreedores de
CORCARIBE S.A. en Liquidación del 21 de diciembre de 2015. Precisó que, pese
a lo anterior, la entidad no efectuó las modificaciones correspondientes al título
ejecutivo, las cuales no podía realizar el director de jurisdicción coactiva porque
actúa cómo juez del cobro y porque el fallo de responsabilidad fiscal fue proferido
por una dependencia distinta.
Planteó que lo que debió hacer la demandada al admitir la excepción de pago parcial
fue reconocer que no se reunían las condiciones que exige el título ejecutivo por la
carencia de uno de los requisitos para su debida constitución, esto es, «que la suma a
cobrar sea actualmente exigible y dar por terminado el proceso»9.
Finalmente, se refirió a la sentencia del 25 de julio de 2016 de la Sección Segunda
del Consejo de Estado, exp. 11001-03-25-000-2014- 01534 00 (4935- 2014).
Oposición al recurso de apelación
La parte demandada guardó silencio.
Concepto del Ministerio Público
El procurador quinto delegado ante esta Corporación solicitó confirmar la sentencia
apelada porque, aunque las citaciones enviadas a las direcciones informadas por la
DIAN fueron devueltas y se nombró un curador ad litem, esta situación generó la
ineficacia de la notificación del mandamiento de pago, pero no su invalidez. Puso
de presente que la actora presentó escrito de nulidad y de excepciones contra el
mandamiento de pago, el 5 de marzo de 2018, por lo que se notificó por conducta
concluyente.
Añadió que, contrario a lo expuesto por la apelante, el fallo de responsabilidad fiscal
del 25 de febrero de 2013 sí es un verdadero título ejecutivo, pues contiene una
obligación clara, expresa y exigible. Sostuvo que, si bien la Contraloría General de
la República declaró probada la excepción de pago parcial, ello no modificó el título
ejecutivo.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Asunto preliminar
La Sala pone de presente que el consejero Milton Chaves García manifestó su
impedimento para actuar en el proceso de la referencia porque su hermana celebró
un contrato de prestación de servicios con la entidad demandada10. Este hecho
configura la causal de impedimento del numeral 4 del artículo 130 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. En consecuencia,
se declarará fundado el impedimento y se separará al consejero del conocimiento
del proceso de la referencia.
2. Problema jurídico
Corresponde a la Sala decidir sobre la legalidad de las Resoluciones Nro. 0050 del
3 de diciembre de 2018 y Nro. 009 del 22 de mayo de 2019, en las que la Contraloría
9 Samai del Tribunal, índice 34, página 10.
10 Samai, índice 14.
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General de la República declaró no probada la excepción de falta de título ejecutivo
y probada la excepción de pago parcial, las cuales fueron presentadas por Gloria
Lucía Álvarez Pinzón en contra del mandamiento de pago expedido con fundamento
en el Fallo de Responsabilidad Fiscal Nro. 003 de 2013. Para el efecto en los
estrictos términos del recurso de apelación se resolverá sobre la notificación del
mandamiento de pago y de la excepción de falta de título ejecutivo.
3. Sobre la notificación del mandamiento de pago
La apelante sostuvo que el Tribunal cometió un error porque, aunque reconoció que
la notificación del mandamiento de pago fue irregular, concluyó que esto solo incidió
en su eficacia, omitiendo que no fue debidamente representada por el curador ad
litem al no presentar el recurso de reposición para proponer excepciones previas.
Además, sostuvo que no puede considerarse notificada por conducta concluyente
debido a que, cuando se enteró de la existencia del cobro coactivo, ya se encontraba
en firme el mandamiento de pago, solicitó la nulidad de lo actuado y formuló
excepciones contra el mandamiento de pago. De igual modo, aseguró que, por lo
anterior, se configuró un defecto procedimental absoluto y la causal de nulidad del
numeral 8 del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil.
Para resolver la apelación, se destaca que el Tribunal concluyó que la notificación
por aviso del mandamiento de pago y el nombramiento de un curador ad litem fueron
irregulares. No obstante, afirmó que esto solo «generaría la ineficacia del acto, más no su
invalidez, salvo que se advierta vulneración del derecho al debido proceso, circunstancia que no es
predicable en el presente caso, pues si bien no se efectuó una debida notificación del acto, la
demandante respecto del mismo pudo ejercer su derecho de defensa y contradicción, pues el 5 de
marzo de 2018 presentó escrito de nulidad y excepción contra el mandamiento de pago, por lo que
es predicable a partir de dicha fecha la notificación del acto por conducta concluyente»11.
La Sala pone de presente que le asiste la razón al Tribunal pues, como se ha
señalado en otras ocasiones, la falta de notificación no es una causal de nulidad,
pero su realización es «un requisito de eficacia y oponibilidad»12. Así las cosas, el solo
hecho de que se haya incurrido en alguna irregularidad con la notificación del
mandamiento de pago no es suficiente para declarar su nulidad ni la de los actos
administrativos posteriores (como son los que deciden las excepciones).
Ahora, aunque la demandada negó la petición de nulidad de lo actuado por la
indebida notificación del mandamiento de pago mediante el Auto Nro. 105 del 18 de
abril de 201813 (confirmada por el Auto Nro. 151 del mismo año),14 esta situación no
supone un defecto procedimental ni un trámite irregular, tampoco configura una
causal de nulidad procesal, pues la actora ejerció su derecho de defensa al formular
excepciones contra el mandamiento de pago, las cuales fueron resueltas de fondo
en los actos acusados15. De esta forma, tal como lo indicó el Tribunal, la
demandante se entiende notificada por conducta concluyente con la presentación
del memorial de excepciones contra el mandamiento de pago.
11 Ibidem, página 19.
12 Sentencia del 8 de junio de 2017, exp. 20254, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto, reiterada en la del 29
de febrero de 2024, exp. 27140, C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
13 Samai del Tribunal, índice 12, carpeta
«10_250002337000201900837002RECIBEMEMORIAL20220422155643», documento «Auto 0105 -
18.Abr.2018 - Resuelve Nulidad».
14 Ibidem, documento «Auto 0151 - 17.May.2018 - Reposición 0105».
15 Ibidem, documentos «Resolución 0050 - 03.Dic.2018 - Resuelve Excepciones» y « Resolución 009 -
22.May.2019 - Reposición Excepciones».
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Ahora, resulta irrelevante que el curador ad litem no haya presentado recurso de
reposición contra el mandamiento de pago, pues, si la actora lo consideraba
procedente, pudo ejercerlo una vez fue notificada por conducta concluyente.
En esas condiciones, no se vulneró el debido proceso de la actora, pues la
irregularidad en la notificación del mandamiento de pago no da lugar a su nulidad ni
la de los actos acusados, por lo que no prospera este cargo de la apelación.
4. Sobre la excepción de falta de título ejecutivo
La actora afirmó que i) la prosperidad de la excepción de pago parcial en los actos
acusados tiene como consecuencia la finalización del cobro coactivo, pues afecta
la certeza y exigibilidad de la obligación contenida en el fallo de responsabilidad
fiscal, por lo que debía ser modificado el título ejecutivo; y ii) el director de
jurisdicción coactiva no era competente para modificar el fallo de responsabilidad
fiscal y cometió un error al intentar subsanar la irregularidad restando las
consignaciones efectuadas por CORCARIBE S.A. en Liquidación al valor total de la
obligación, dichos pagos ocurrieron antes de la expedición del mandamiento de
pago y fue realizado por alguien diferente a los ejecutados.
Para resolver, la Sala evidencia que, en la sentencia de primera instancia, este
cargo fue negado porque i) la consecuencia jurídica de la excepción de pago parcial
no es la inexistencia del título, sino que la ejecución continúa con la adecuación del
monto de la obligación, y ii) si la actora consideró que el fallo de responsabilidad
fiscal no contenía una determinación real, cierta y actualmente exigible por los
pagos efectuados por COLCARIBE S.A. en Liquidación, debió interponer los
recursos procedentes en su contra, pues esta discusión no procede mediante la
formulación de excepciones contra el mandamiento de pago16.
La Sala precisa que el recurso de apelación no controvierte el segundo argumento
del Tribunal, pues no refuta la improcedencia de discutir la obligación contenida en
el fallo de responsabilidad fiscal dentro del cobro coactivo ni la necesidad de
presentar recursos contra el fallo de responsabilidad fiscal para obtener su
modificación.
De otro lado, se pone de presente que el literal c) del artículo 510 del Código de
Procedimiento Civil (aplicable por la remisión del artículo 561 ibidem y el artículo 90
de la Ley 42 de 1993) prevé que, si las excepciones prosperaren parcialmente, se
ordenará llevar adelante la ejecución en la forma que corresponda, esto es,
adecuando el valor de la obligación, tal como lo hicieron los actos acusados.
En esas condiciones, el título ejecutivo no deja de contener una obligación cierta y
actualmente exigible por la prosperidad de la excepción de pago parcial, por lo que
es improcedente dar por terminado el procedimiento de cobro coactivo o modificar
el título ejecutivo, pues por expreso mandato legal le corresponde al funcionario que
adelanta el trámite adecuar el valor de la obligación, sin que se pueda reputar su
falta de competencia.
5. Costas
A la luz de los artículos 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo y 365 (numeral 8) del Código General del Proceso, no
16 Samai del Tribunal, índice 31, página 28.
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habrá condena en costas (gastos del proceso y agencias en derecho) en esta
instancia, porque no se encuentran probadas en el expediente.
6. Decisión
Al no prosperar la apelación la Sala confirmará la sentencia impugnada. Además,
no impondrá condena en costas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Declarar fundado el impedimento manifestado por el consejero Milton Chaves
García.
2. Confirmar la sentencia del 14 de septiembre de 2023, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A.
3. Sin condena en costas.
Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al tribunal de
origen. Cúmplase.
La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidenta
(Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
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