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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2020-00016-01

Fecha
20 de noviembre de 2025
Consejero ponente
Claudia Rodríguez Velásquez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2020-00016-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA 1. Confirmar la sentencia del 14 de julio de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección “A” por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia. 27 Sentencia del 23 de septiembre de 2025, exp. 28292, C.P. Wilson Ramos Girón. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 17 Radicado: 25000-23-37-000-2020-00016-01 (27133) Demandante: Inversiones Guerfor S.A. 2. Condenar en costas a la demandante en esta instancia. En consecuencia, se ordena al Tribunal que dé trámite al respectivo incidente, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 25000-23-37-000-2020-00016-01

Consejero ponente: Claudia Rodríguez Velásquez

20 de noviembre de 2025

Radicado: 25000-23-37-000-2020-00016-01 (27133)
Demandante: Inversiones Guerfor S.A.

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

Bogotá, D. C. veinte (20) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-37-000-2020-00016-01 (27133)
Demandante: Inversiones Guerfor S.A.
Demandada: DIAN

Temas: Impuesto de renta 2014. Operaciones simuladas. Costos
presuntos.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación1 interpuesto por la demandante contra la
sentencia del 14 de julio de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca – Sección Cuarta – Subsección A, que decidió lo siguiente2:

PRIMERO. NEGAR las suplicas de la demanda.

SEGUNDO. Sin condena en costas.

ANTECEDENTES

Actuación administrativa

Inversiones Guerfor S.A. presentó la declaración del impuesto sobre la renta
correspondiente al año gravable 2014. En relación con dicha declaración, la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) adelantó un proceso de determinación oficial,
dentro del cual decretó y practicó inspección tributaria. Posteriormente, se emitió
requerimiento especial, el cual fue atendido oportunamente por la sociedad
contribuyente.

El 25 de julio de 2018, previa emisión del requerimiento especial, la DIAN profirió
liquidación oficial de revisión, mediante la cual determinó la obligación tributaria a cargo
de la sociedad por el año gravable 2014. Contra dicho acto administrativo se interpuso
recurso de reconsideración, el cual fue resuelto por la administración tributaria en el
sentido de confirmar la decisión adoptada en la liquidación oficial.

Demanda y contestación de la demanda

En ejercicio del medio de control previsto en el artículo 138 del CPACA (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), la demandante formuló
las siguientes pretensiones3:

1
Ingresó por primera vez al despacho sustanciador del momento, el 14 de octubre de 2022. SAMAI CE índice 3.
2
SAMAI Tribunal índice 20.
3
Archivo 5, Índice 2, SAMAI CE.

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1

Radicado: 25000-23-37-000-2020-00016-01 (27133)
Demandante: Inversiones Guerfor S.A.

PRIMERA: Que el Honorable Tribunal decrete la Nulidad de la Liquidación Oficial de Revisión
N° 322412018000219 del 25 de julio de 2008, expedida por (…) la Dirección Seccional de
Impuestos de Bogotá, por la cual se modificó la declaración privada del impuesto sobre la renta y
complementarios por el año gravable 2014, que presentara el contribuyente INVERSIONES
GUERFOR S.A. (…).

SEGUNDA: Que el Honorable Tribunal decrete la Nulidad de la Resolución N° 992232019000102
del 1 de agosto de 2019, (…) proferida por (…) la Dirección de Gestión Jurídica de la Dirección
Seccional de Impuestos de Bogotá (…) mediante la cual la División Jurídica confirma la Liquidación
Oficial de Revisión del numeral anterior.

TERCERA: Que, como consecuencia de las declaraciones anteriores, el Honorable Tribunal,
declare, a título de restablecimiento del derecho, que la sociedad INVERSIONES GUERFOR
S.A. (…) no está obligada a pagar a favor del erario público, las sumas determinadas en las
Resoluciones cuya nulidad se demanda.

CUARTA: Que el Honorable Tribunal, como consecuencia de prosperar las nulidades de los actos
administrativos demandados, a título de restablecimiento del derecho declare la firmeza de la
declaración del impuesto sobre la renta y complementarios por el año 2014, presentada por la
sociedad INVERSIONES GUERFOR S.A. (…) mediante formulario N° 1110601159268 y radicado
N° 91000285783189.

QUINTA: Que el Honorable Tribunal condene en costas y agencias en derecho, a la parte
demandada en cumplimiento de la normatividad vigente.

PRETENSIONES SUBSIDIARIAS

En caso que El Honorable Tribunal no aceda (sic) a las peticiones anteriores, le solicito en forma
respetuosa:

PRIMERA: Se de aplicación al artículo 82 del E.T. relacionado con los costos presuntos
reconociéndolos en un porcentaje del 75% del valor de los ingresos.

SEGUNDA: Se reliquide la cuantía de la sanción impuesta a la Sociedad que represento, que debe
ser la mínima posible de acuerdo con la ley; o aquella suma inferior que el H. Tribunal considere
procedente de acuerdo con los principios que regulan la dosimetría de las sanciones administrativas.

TERCERA: Que el Honorable Tribunal condene en costas y agencias en derecho, a la parte
demandada en cumplimiento de la normatividad vigente.

La actora alegó la vulneración de los artículos 1, 2, 6, 25, 29, 83, 209 y 363 de la
Constitución Política (CP); los artículos 82, 683, 714, 730, 772, 773, 774 y 777 del
Estatuto Tributario (ET); así como los artículos 137 y 138 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA).

Bajo el siguiente concepto de violación en la demanda se sustentaron los cargos y en la
contestación4 se ejerció el derecho de contradicción así:

Primer cargo: firmeza de la declaración – Pérdida de competencia temporal.

1. La demandante alegó que la notificación del requerimiento especial se realizó por
fuera del término de dos años contados a partir del vencimiento del plazo para presentar
la declaración del impuesto sobre la renta correspondiente al año gravable 2014, esto es,
el 24 de abril de 2015. Lo anterior, debido a que el auto mediante el cual se decretó la
práctica de la inspección tributaria fue expedido el 16 de junio de 2017 y no fue notificado
en la dirección del apoderado de Inversiones Guerfor S.A.

En consecuencia, dicho auto fue emitido cuando ya se había consolidado la firmeza de

4
Índice 10, Samai Tribunal.

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Demandante: Inversiones Guerfor S.A.

la declaración privada y, además, al no haberse notificado correctamente, no era
procedente extender el término para la emisión del requerimiento especial.

Adicionalmente, la falta de notificación en debida forma tanto del auto que ordenó la
inspección tributaria como del requerimiento especial vulneró las garantías del debido
proceso, toda vez que no fueron comunicados a los apoderados debidamente informados
por Guerfor en sede administrativa. Por lo tanto, dichos actos no resultan oponibles para
el ejercicio efectivo del derecho de contradicción y defensa.

2. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) sostuvo que no operó la
firmeza de la declaración privada, toda vez que el término de dos años contados a partir
de la solicitud de devolución presentada por la demandante —el 10 de agosto de 2015—
se amplió por tres meses adicionales como consecuencia de la expedición y práctica de
la inspección tributaria. En virtud de ello, el requerimiento especial enviado por correo el
7 de noviembre de 2017 fue emitido dentro del término legal de competencia temporal
conferido por la ley a la administración tributaria.

Los argumentos de la parte demandante carecen de vocación de prosperidad, en tanto
la controversia planteada se refiere a los trámites de notificación del auto que decretó la
inspección tributaria. Dicho auto fue notificado el 21 de junio de 2017 en la dirección
registrada en el Registro Único Tributario (RUT) de la contribuyente, y también fue
remitido a la dirección del RUT de su apoderado. No obstante, este último no aportó una
dirección específica para efectos del expediente, y el envío fue devuelto por la causal “no
reside”, lo que habilitó a la DIAN para acudir a la notificación subsidiaria mediante
publicación en su página web.

La misma situación se presentó con la notificación del requerimiento especial, el cual fue
enviado por correo el 8 de noviembre de 2017 a la dirección de la contribuyente y a su
segunda apoderada. Ante la devolución del envío por la causal “no reside”, se procedió
a su publicación en la página web de la DIAN el 11 de noviembre siguiente, conforme a
lo dispuesto en el artículo 568 del Estatuto Tributario. La actualización de la dirección en
el RUT realizada el día anterior al envío del requerimiento (7 de noviembre de 2017) no
invalida la notificación, dado que el artículo 563 del Estatuto Tributario establece que,
durante los tres meses siguientes al cambio de dirección, la anterior conserva validez
para efectos de notificación.

En consecuencia, los supuestos errores en la notificación alegados por la demandante
no se acreditan, según consta en el expediente, y por tanto, la DIAN interrumpió
válidamente el término de firmeza mediante la notificación oportuna del requerimiento
especial.

Segundo cargo: Falta y falsa motivación por indebida valoración probatoria.

1. La demandante sostuvo que los actos administrativos proferidos por la DIAN adolecen
de falta de motivación y vulneran el derecho fundamental al debido proceso, en tanto no
se garantizó el derecho de contradicción y defensa. Afirmó que la administración tributaria
no analizó ni se pronunció frente a los argumentos expuestos en sede administrativa.

En particular, señaló que se cuestionó la realidad de operaciones comerciales por valor
de $2.138.437.000 realizadas con la sociedad Expoálvarez S.A.S., sin que existiera
fundamento suficiente para ello, pues las irregularidades advertidas por la DIAN

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Radicado: 25000-23-37-000-2020-00016-01 (27133)
Demandante: Inversiones Guerfor S.A.

obedecen a circunstancias ajenas al control de Inversiones Guerfor S.A., como el
incumplimiento del tercero de sus obligaciones formales y sustanciales frente al fisco.
Agregó que no se conoce la razón por la cual dicho tercero manifestó falsamente ante la
DIAN no haber tenido operaciones con la demandante en el año 2014, y que se haya
otorgado credibilidad a tales afirmaciones, a pesar de tratarse de un contribuyente que
no presenta declaraciones, no reporta operaciones y cuyo Registro Único Tributario fue
suspendido en 2015.

Asimismo, indicó que la DIAN desconoció sin justificación las operaciones realizadas con
la sociedad Global Importaciones S.A.S., por un valor de $5.677.131.028, con base en
que los sellos de restricción de negociabilidad de los cheques girados a dicha empresa
fueron levantados sin autorización escrita del beneficiario. A juicio de la demandante, esta
circunstancia no constituye motivo suficiente para calificar la operación como inexistente
o ilegal, máxime cuando en los actos administrativos acusados se reconoce que las
operaciones de compra de láminas y tuberías sí se llevaron a cabo.

En ese sentido, consideró que no existen razones válidas para desvirtuar el valor
probatorio de la contabilidad, los documentos soporte y la certificación del revisor fiscal,
los cuales fueron revisados durante la visita practicada por la DIAN a las instalaciones de
la sociedad. Por tanto, concluyó que los costos derivados de dichas operaciones
comerciales deben ser reconocidos como procedentes.

2. Por su parte, la DIAN justificó el desconocimiento de los pasivos y la consecuente
disminución de los costos declarados por Inversiones Guerfor S.A. en su declaración del
impuesto sobre la renta del año gravable 2014, en el hecho de haberse demostrado,
mediante diversos medios probatorios, que las operaciones comerciales de compra de
bienes nacionales gravados a la tarifa general del IVA, así como el impuesto descontable
derivado de dichas operaciones, carecían de realidad material.

Durante el desarrollo de la actuación administrativa, no se logró acreditar el movimiento
físico de las mercancías, su entrega efectiva ni los pagos correspondientes. Además, el
supuesto proveedor C.I. Expoálvarez S.A.S. negó haber tenido operaciones con la
demandante o con la sociedad Global Importaciones S.A.S. en el año 2014. Afirmó que
las facturas presentadas por Guerfor eran falsas. Esta afirmación fue respaldada por el
impresor de las facturas y por los documentos originales de la empresa, hechos que
fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación.

Tercer cargo: Desconocimiento del artículo 82 del ET – Costos presuntos.

1. La demandante. La demandante afirmó que la DIAN, de manera injustificada, omitió
estimar el costo en el 75% del valor de la respectiva enajenación, previsto en el artículo
82 del Estatuto Tributario, a pesar de que Inversiones Guerfor S.A. no tuvo participación
ni responsabilidad en las irregularidades presentadas por los terceros con los que celebró
operaciones comerciales legítimas.

Indicó que, si bien la administración tributaria no controvirtió la percepción de ingresos
brutos operacionales por valor de $33.513.008.000, resultaba lógico que se aceptaran
como costos al menos $24.920.421.000, equivalentes al 77% de las ventas. Sin embargo,
la DIAN únicamente reconoció $19.104.853.000, lo que representa apenas el 57% de los
ingresos, generando un desconocimiento de $6.815.568.000. A juicio de la demandante,
esta situación resulta ilógica e inadmisible, dado que no es razonable ni jurídicamente
viable que se generen ingresos sin costos asociados.

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Radicado: 25000-23-37-000-2020-00016-01 (27133)
Demandante: Inversiones Guerfor S.A.

En consecuencia, sostuvo que debió aplicarse, como mínimo, la presunción de costos
establecida en el artículo 82 del Estatuto Tributario, tomando como referencia las
estadísticas de los agregados económicos nacionales correspondientes a la actividad
económica CIIU 3110 (fabricación de productos metálicos para uso estructural).

2. La DIAN no se pronunció en la contestación frente a este cargo.

Cuarto cargo: La sanción por inexactitud no atiende los principios de razonabilidad
y proporcionalidad.

1. Para la demandante, la DIAN no valoró adecuadamente los medios de prueba que
acreditan la existencia real de las operaciones comerciales cuestionadas, por lo que no
era procedente imponer la sanción por inexactitud. Señaló que dicha sanción resulta
desproporcionada, toda vez que excede el valor del patrimonio líquido de la sociedad, lo
cual la convierte en una medida excesiva y de carácter confiscatorio, en contravención
de los principios constitucionales de equidad y proporcionalidad tributaria.

2. La DIAN defendió la legalidad de la sanción impuesta, al considerar que se encuentra
debidamente demostrada la inexactitud en los datos consignados por la demandante en
su declaración del impuesto sobre la renta correspondiente al año gravable 2014. Según
la entidad, tales inconsistencias condujeron a la liquidación de un menor impuesto a
cargo, lo cual configura una conducta sancionable conforme a lo previsto en los artículos
647 y 648 del Estatuto Tributario.

Sentencia apelada y recurso de apelación de la parte demandante

El Tribunal negó las pretensiones de la demanda por las razones que se exponen
adelante, sin condenar en costas5. A su turno, la parte demandante formuló recurso de
apelación6. Los motivos del fallo impugnado y los argumentos de la alzada son:

Primer cargo. firmeza de la declaración – Pérdida de competencia temporal.

1. El Tribunal concluyó que no se configuró la firmeza de la declaración privada
presentada por la demandante. Contrario a lo sostenido por esta, la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) notificó de manera oportuna y conforme a
derecho el requerimiento especial. En el trámite administrativo, las comunicaciones
correspondientes al auto que decretó la inspección tributaria y al requerimiento especial
se remitieron a los correos electrónicos oficiales registrados en el Registro Único
Tributario (RUT), tanto de la contribuyente como de sus apoderados, sin que ello
implicara afectación al debido proceso ni consolidación de la firmeza de la declaración.

Lo anterior se fundamenta en que la DIAN logró válidamente ampliar el término de firmeza
en tres meses adicionales, mediante la práctica de la inspección tributaria. Dentro del
plazo extendido notificó el requerimiento especial a las direcciones registradas en el RUT.
El hecho de que los envíos fueran devueltos por causas distintas a errores en la
dirección, habilitó a la administración para efectuar la notificación subsidiaria mediante
publicación en su página web, conforme lo establece el artículo 568 del Estatuto
Tributario.

5
Índice 20, Samai Tribunal.
6
SAMAI Tribunal, Índice 23.

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Radicado: 25000-23-37-000-2020-00016-01 (27133)
Demandante: Inversiones Guerfor S.A.

En consecuencia, el Tribunal consideró que la DIAN actuó dentro del marco de su
competencia temporal y respetó las garantías del debido proceso.

2. La demandante no planteó censura frente a este aspecto en su recurso de apelación.

Segundo cargo. Falta y falsa motivación por indebida valoración probatoria.

1. Para el Tribunal no se configuró la causal de falsa motivación alegada por la parte
demandante, dado que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) realizó
una comprobación especial de las operaciones efectuadas por Inversiones Guerfor S.A.
con las sociedades C.I. Expoálvarez S.A.S. y Global Importaciones S.A.S. Para ello,
la administración tributaria practicó traslados documentales provenientes de otros
expedientes, efectuó cruces de información y, a partir del análisis conjunto de los medios
probatorios recaudados, arribó a la conclusión de que las transacciones no ocurrieron, lo
cual se encuentra debidamente justificado en el expediente.

De la revisión de las pruebas obrantes en el proceso, se evidenció la ausencia de
trazabilidad de las operaciones. En el caso de Expoálvarez, se presentó denuncia por la
falsedad de las facturas que fueron utilizadas como soporte de compras, tanto por la
demandante como por la sociedad Global Importaciones S.A.S., lo que generó el
desconocimiento expreso del supuesto beneficiario de los pagos registrados como costos
y pasivos al cierre del año gravable 2014. Además, no se logró verificar la realidad de los
pagos, toda vez que los cheques aportados fueron cobrados por terceras personas
ajenas a los proveedores.

Respecto de Global Importaciones S.A.S., en las visitas realizadas a la contribuyente
se informó que existe una relación de vinculación entre ambas sociedades, al formar parte
de un mismo grupo económico familiar. Al revisar los cheques correspondientes a los
pagos por las mercancías adquiridas, se constató que varios de ellos fueron cobrados
por la misma persona que había cambiado los cheques supuestamente girados a
Expoálvarez. En otros casos, las facturas fueron registradas como pagadas en efectivo.
Adicionalmente, la DIAN había adelantado una investigación previa sobre las
operaciones de Global Importaciones en el año 2014, concluyendo que las mismas no
existieron, por lo que dicha sociedad no pudo haber adquirido la mercancía que
posteriormente habría vendido a Guerfor.

En virtud del análisis conjunto de los distintos medios de prueba, el Tribunal consideró
que la DIAN actuó con fundamento en indicios debidamente estructurados en ejercicio
de sus facultades legales de fiscalización, y que le asistía razón para desconocer, por
ficticias, las operaciones de compra que dieron lugar al registro de pasivos y costos de
venta con los terceros mencionados. Por tanto, no se configuró la causal de falsa
motivación, ya que los documentos contables y las facturas invocadas por la demandante
como plena prueba fueron desacreditados por la administración tributaria de manera
razonada y conforme al procedimiento legal.

2. La demandante, sostuvo que la sentencia apelada, al igual que los actos
administrativos que le precedieron, desconocen injustificadamente las pruebas
documentales —facturas, documentos equivalentes y demás soportes contables— que
respaldan las operaciones comerciales de compra de mercancías realizadas durante el
año gravable 2014, las cuales fueron registradas como costos deducibles. En su lugar,
se otorgó mayor valor probatorio a indicios construidos por la DIAN que, a juicio de la
apelante, no constituyen prueba directa ni principal.

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Radicado: 25000-23-37-000-2020-00016-01 (27133)
Demandante: Inversiones Guerfor S.A.

Se alegó que el Tribunal no valoró correctamente la contabilidad, las facturas y la
situación empresarial de la sociedad contribuyente, al ratificar las razones expuestas por
la DIAN para desconocer las operaciones con base en hechos atribuibles a un tercero —
la empresa Expoálvarez S.A.S.—, como lo fue el incumplimiento de sus obligaciones
tributarias. Si bien dicha situación conllevó a la suspensión de su Registro Único
Tributario en el año 2015, ello no desvirtúa que para el año 2014 se encontraba
plenamente habilitada para realizar transacciones comerciales, como las efectuadas con
Inversiones Guerfor S.A. para la adquisición de láminas y tuberías, las cuales se
encuentran debidamente soportadas en el expediente.

Respecto de las operaciones realizadas con Global Importaciones S.A.S., por valor de
$5.677.131.028, la demandante cuestionó que, pese a que la DIAN pudo constatar que
dicha sociedad cuenta con infraestructura para desarrollar actividades comerciales, se
haya desestimado la contabilidad de la mercancía, las facturas, la certificación del revisor
fiscal y demás documentos soporte, bajo el argumento de indicios que, según la apelante,
son infundados y no cumplen con los requisitos establecidos en el artículo 240 del
Código General del Proceso para ser considerados prueba válida.

En ese sentido, la parte apelante concluyó que, del análisis conjunto del material
probatorio obrante en el expediente, se evidencia que Inversiones Guerfor S.A. cumplió
con la carga probatoria exigida por la ley, sin que los cuestionamientos formulados por la
DIAN —y confirmados por el Tribunal— tengan la entidad suficiente para desacreditar la
realidad de las compras que fueron registradas como costos en su declaración del
impuesto sobre la renta del año gravable 2014.

Tercer cargo: Desconocimiento del artículo 82 del ET – Costos presuntos.

1. El Tribunal concluyó que no era procedente aplicar la presunción de costos prevista
en el artículo 82 del Estatuto Tributario, al considerar que dicha norma resulta aplicable
únicamente en los casos en que no existen facturas que respalden los costos, o cuando
estas no cumplen con los requisitos legales para constituirse en prueba válida.

En el presente asunto, según el fallo, sí se aportaron facturas y documentos contables,
por lo que no se configura el supuesto de hecho que habilita la aplicación de dicha
presunción.

Adicionalmente, el Tribunal señaló que no es jurídicamente viable reconocer costos
presuntos cuando los costos declarados fueron expresamente rechazados por la
administración tributaria, en razón de la falta de realidad de las operaciones que los
originaron. En consecuencia, consideró que no se cumplían las condiciones para aplicar
el mecanismo de estimación previsto en el artículo 82 del Estatuto Tributario.

2. La demandante controvirtió la interpretación del Tribunal, al considerar que se
desconoció la aplicabilidad del artículo 82 del Estatuto Tributario en el presente caso.
Sostuvo que, si bien en el expediente reposan los soportes documentales y contables
que acreditan la existencia de las erogaciones, la administración tributaria y el Tribunal
desestimaron su valor probatorio sin fundamento suficiente.

Indicó que, así como no se cuestionó la percepción de ingresos brutos operacionales por
valor de $33.513.008.000, tampoco puede negarse el reconocimiento de los costos
presuntos necesarios para la generación de dichas rentas. Afirmó que desconocer los

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costos asociados implica ignorar la realidad económica del negocio, lo cual vulnera el
principio de razonabilidad y la equidad tributaria.

En ese sentido, solicitó que se reconocieran los costos presuntos conforme a lo previsto
en el artículo 82 del Estatuto Tributario, tomando como referencia los agregados
económicos nacionales correspondientes a la actividad económica desarrollada por la
sociedad contribuyente.

Cuarto cargo: La sanción por inexactitud no atiende los principios de razonabilidad
y proporcionalidad.

1. El Tribunal concluyó que es correcta la imposición de la sanción porque al no
demostrarse la realidad de los pasivos y costos, se concretó el hecho sancionable de
inexactitud por parte de Guerfor, sin que sea posible aceptar la ocurrencia de una
diferencia de criterios entre la DIAN y el contribuyente que lo exima de responsabilidad.

2. Para la demandante no es procedente la imposición de la sanción por inexactitud
porque la DIAN carece de fundamentos fácticos para rechazar los pasivos y los costos,
porque existen soportes probatorios que demuestran la veracidad de las operaciones.

Pronunciamientos finales

No hubo oposición al recurso de apelación por parte de la demandada, durante la
oportunidad prevista en el artículo 247 numeral 4° del CPACA, modificado por el artículo
67 de la Ley 2080 de 2021.

El Ministerio Público guardó silencio.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cuestiones previas

Por auto de 20 de marzo de 2025, la Sección aceptó el impedimento presentado por el
magistrado Luis Antonio Rodríguez Montaño y lo separó del conocimiento de este
asunto7. Comoquiera que no se afecta el quórum decisorio, no se requiere sortear
conjuez.

La Sala advierte que la demandante no presentó censura frente a lo decidido por el
Tribunal respecto de los cargos procedimentales de firmeza de la declaración privada por
notificación irregular del auto de inspección tributaria y del requerimiento especial. Por tal
razón solo se concretará el análisis de la Sección en los puntos expresos del recurso de
apelación contra la sentencia de primera instancia, antes resumidos.

Problema jurídico

En los términos de la apelación interpuesta por la actora, la Sala decide si:

i) Son procedentes los pasivos y costos rechazados por la DIAN o, por el
contrario, son operaciones irreales.
ii) Es procedente el reconocimiento de los costos presuntos, según lo dispuesto
en el artículo 82 del ET.
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Índice 23. Samai CE.

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Radicado: 25000-23-37-000-2020-00016-01 (27133)
Demandante: Inversiones Guerfor S.A.

iii) Está demostrada la inexactitud sancionada por la DIAN.

Análisis del caso concreto

Primer cargo de la apelación: Los actos no adolecen de falsa motivación – rechazo
de operaciones

Inversiones Guerfor S.A. se dedica al diseño, fabricación y comercialización de muebles
en diferentes materiales. En su declaración de renta del año gravable 2014 incluyó las
siguientes cifras que la DIAN modificó y que, se afirmó por la demandante, tienen origen
en operaciones de compra de bienes a los terceros C.I. Expoálvarez SAS y Global
Importaciones SAS:

Renglón Declaración DIAN Diferencia en
privada discusión
40. Pasivos $13.849.557.000 $6.124.892.000 $7.724.665.000
49. Costos de venta $25.920.421.000 $19.104.853.000 $6.815.568.000
Rentas gravables por pasivos - $7.724.665.000 $7.724.665.000
inexistentes

Para la procedencia de los pasivos, los artículos 2838 y 770 del ET y el 123 del Decreto
2649 de 1993 (en materia de soportes de la contabilidad), establecen el deber de que se
acrediten con los documentos que muestren el origen, el saldo, los términos del
endeudamiento y vigencia al cierre del periodo fiscal. Adicionalmente, es posible su
demostración de manera supletoria, con el reconocimiento que haga el beneficiario
(acreedor) en su declaración de renta, con las cantidades respectivas y sus rendimientos,
como lo habilita el artículo 771 del ET.

En el detalle de la composición de los pasivos registrados en la cuenta contable
PUC220505-Proveedores Nacionales9, se informó que corresponden a deudas que al 31
de diciembre de 2014, muestra los siguientes saldos con los proveedores cuestionados
por la DIAN:

Proveedor / Acreedor Valor crédito
C.I. Expoálvarez SAS $1.281.120.925
Global Importaciones SAS $6.443.543.714
Total $7.724.664.639

Asimismo, por estos dos proveedores se reporta contablemente en la cuenta PUC
710505-Materia prima – Compras gravadas10 los siguientes valores al cierre del periodo:

Proveedor / Acreedor Valor crédito
C.I. Expoálvarez SAS $1.138.437.000
Global Importaciones SAS $5.677.131.028
Total $6.815.568.028

8
Artículo 283. Requisitos para su aceptación. Para que proceda el reconocimiento de las deudas, el contribuyente está obligado:
1. A conservar los documentos correspondientes a la cancelación de la deuda, por el término señalado en el artículo 632.
(…)
Parágrafo. Los contribuyentes que no estén obligados a llevar libros de contabilidad, sólo podrán solicitar los pasivos que estén
debidamente respaldados por documentos de fecha cierta. En los demás casos, los pasivos deben estar respaldados por
documentos idóneos y con el lleno de todas las formalidades exigidas para la contabilidad. (Se destaca).

Artículo 770. Prueba de pasivos. Los contribuyentes que no estén obligados a llevar libros de contabilidad, sólo podrán solicitar
pasivos que estén debidamente respaldados por documentos de fecha cierta. En los demás casos, los pasivos deben estar
respaldados por documentos idóneos y con el lleno de todas las formalidades exigidas para la contabilidad. (Se destaca).
9
Folios 189 y 191 del cuaderno de antecedentes administrativos, Tomo 1 págs. 210 y 212 pdf.
10
Folios 182 y 184 del cuaderno de antecedentes administrativos, Tomo 1 págs. 201 y 204 pdf.

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9

Radicado: 25000-23-37-000-2020-00016-01 (27133)
Demandante: Inversiones Guerfor S.A.

En el caso de los costos y gastos el artículo 771-2 del ET dispone que deben soportarse
con facturas que cumplan los requisitos especificados en los artículos 617 (literales b, c,
d, e, f y g) y 618 del ET, sin que ello implique la procedencia automática de las partidas.
Téngase en cuenta que la factura es un simple medio de control para probar la
trazabilidad de las operaciones (Sistemas Técnicos de Control, art. 864-2 ET). Por ello el
legislador dispuso su existencia como condición para el reconocimiento fiscal de la
partida. Ahora bien, cosa distinta es que, al ejercer las facultades consagradas en el
artículo 684 del ET, la DIAN pueda (y deba) direccionar la fiscalización a corroborar la
realidad de las operaciones a través de otros medios directos e indirectos11; esto es,
determinar la sustancia y materialidad de las operaciones y no su simple apariencia
formal.
En el sub-lite, la información de las operaciones prenotadas fue reportada por Guerfor a
través de los medios magnéticos; pero, esta información no cruzó con el reporte de los
datos hecho por la C.I. Expoálvarez SAS, quien indicó no haber tenido operaciones con
la demandante en el año gravable 2014.

Sobre este aspecto en particular, la postura de la parte demandante es que no pueden
derivarse consecuencias, como el desconocimiento de los pasivos y costos, por el hecho
de que el tercero (Expoálvarez) incumpla con sus obligaciones formales y sustanciales
con el fisco. Sostiene que, en lo que corresponde a Guerfor, se cumplió con tener los
documentos que soportan las transacciones (v.gr. facturas, soportes de pago, recibo de
mercancías y contabilidad), mientras que la DIAN y el tribunal parten de unos indicios
indebidamente fundados e interpretados.

En el mismo sentido, defiende la realidad de las transacciones con Global Internacional
por tener pleno respaldo probatorio, según las reglas para la procedencia de costos,
gastos y pasivos que dispone el Estatuto Tributario.

En este punto, compete a la Sala analizar las pruebas obrantes en el expediente, por lo
que se resaltan los siguientes hechos probados:

Operaciones con la C.I. Expoálvarez SAS
La DIAN abrió investigación en contra de la C.I. Expoálvarez SAS para la verificación de
la correcta liquidación de sus obligaciones relacionadas con el impuesto sobre las ventas
(IVA) del año gravable 2014, toda vez que había sido reportada como proveedora de 5
empresas en la información exógena de ese periodo que, a su vez, no fueron reportadas
por Expoálvarez en sus propios informes. Entre esas empresas se encontraban
Inversiones Guerfor S.A. ($1.320.586.920) y Global Importaciones Ltda.
($5.268.818.590),

El 07 de diciembre de 2016, C.I. Expoálvarez SAS, a través de su representante legal,
informó a la DIAN que durante el año gravable 2014 no realizó operaciones comerciales
con Guerfor ni con Global Importaciones SAS. Tampoco conoce a sus representantes
legales o a alguna persona de esas empresas1213. Calificó de falsa la factura 0992 del 14
de febrero de 2014 aportada por la hoy demandante que muestra la compraventa de
láminas cold rolled (CR) por valor de $1.138.437.000.

11
Señalados en la ley tributaria o en el procedimiento civil, como lo autoriza el artículo 742 del ET.
12
Ver págs. 69 s 72 pdf. Cuaderno de antecedentes administrativos, Tomo 2.
13
Págs. 39 a 41, cuaderno de antecedentes administrativos, tomo 6.

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10

Radicado: 25000-23-37-000-2020-00016-01 (27133)
Demandante: Inversiones Guerfor S.A.

Para corroborarlo informó que el número de esa factura no fue utilizado en el mes de
febrero de 2014, pues los rangos de facturación del 0001 a 1000 fueron agotadas entre
abril de 2012 y enero de 2014 y, particularmente, la factura 992 correspondió a una venta
hecha a otra persona el 19 de diciembre de 201314. Por esta razón, C.I. ExpoAlvarez SAS
sostuvo que la factura reportada por Guerfor es apócrifa y no corresponde a una
operación real con Expoálvarez, lo que fue corroborado por la DIAN con el reporte de
movimientos de tercero de 2013 en el cual Expoálvarez registró una operación de venta
con Todo Tubos Ltda. que se soporta con la factura 992.

En ese orden, adolece de respaldo material la afirmación de Guerfor sobre la realidad de
la operación de compra que dijo haber materializado con Expoálvarez por
$1.138.437.000, pues el único soporte es la factura que el supuesto tercero desacreditó
como verídica, no solo al negar haber tenido operaciones en 2014 con la hoy
demandante, sino al mostrar que en su facturación el consecutivo 992 se emitió en un
año distinto (2013), por un monto diferente y con un tercero que nada tiene que ver con
Guerfor, con lo cual la afirmación de la demandante queda desprovista de prueba
material.

Ahora, de la revisión que la DIAN hizo de los pagos reportados en la contabilidad como
realizados por Guerfor a Expoálvarez, en virtud de la factura 992 del 14 de febrero de
2014, se encontró que se respaldan con cheques girados a través del Banco de
Occidente, con la particularidad que ninguno fue cobrado por representante legal o
delegado de Expoálvarez. Por el contrario, a esos cheques les fueron levantados los
sellos para pago al primer beneficiario, habiendo sido cobrados por un tercero -Luis
Eduardo Martínez- que no tiene relación con el proveedor.

Asimismo, existe contradicción entre los pagos que informó la contribuyente haber hecho
a Expoálvarez, pues el representante legal y la revisora fiscal manifestaron que a 31 de
diciembre de 2014 Guerfor no adeudaba sumas a ese proveedor y, para ello, se aportó
el movimiento por terceros15, donde aparece que todas las compras habían sido
canceladas durante el año, sin que existieran saldos insolutos. Esto no tiene plena
correspondencia con los soportes documentales de esos pagos, porque si bien coinciden
en el valor y número de identificación con el reporte dado por el representante legal y la
revisora fiscal, las fechas son disímiles y denotan pagos hechos en noviembre de 2014 y
otros en noviembre de 2015, lo que, además de ser una irregularidad, impide convalidar
la vigencia y monto del supuesto pasivo que reclama como cierto a 31 de diciembre de
2014.

Del recuento anterior se advierte que la decisión de la DIAN de rechazar el pasivo y los
costos originados en transacciones mercantiles con Expoálvarez fue justificada. Además,
existen pruebas directas de carácter documental y la declaración del representante legal
de Expoálvarez que, de manera categórica y con apoyo en sus propios soportes,
desconoció la realidad de cualquier tipo de operación con Guerfor y calificó de falsa la
factura que se le atribuyó, por presentar adulteraciones que se probaron con su propia
contabilidad. Además, la factura real fue emitida bajo ese consecutivo en una fecha
anterior a la endilgada por la actora.

14
Se aportó el registro de los movimientos con terceros de 2013 donde se muestra que la factura 992 del 19 de diciembre de 2013
se expidió por una venta realizada a Todo Tubos Ltda. Ver pág. 99, cuaderno de antecedentes administrativos, tomo 2.
15
Aportado como respuesta a requerimiento ordinario hecho por la Seccional de Cúcuta de la DIAN. Folios 32 a 62 del cuaderno de
antecedentes administrativos, tomo 1. Págs. 50 a 52 pdf.

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11

Radicado: 25000-23-37-000-2020-00016-01 (27133)
Demandante: Inversiones Guerfor S.A.

Operaciones con Global Importaciones SAS

Guerfor reportó compras por $5.677.131.028 a Global Importaciones SAS de los cuales,
según el balance de prueba, al cierre del periodo existió un valor insoluto de
$6.443.543.714, que se llevó al renglón de los pasivos16.

De los documentos recopilados por la DIAN se estableció que entre las dos empresas
existe un vínculo porque hacen parte de un mismo grupo económico familiar.
Puntualmente, en la visita adelantada a la contribuyente el 12 de diciembre de 201617, se
informó respecto de la relación entre Guerfor y Global, que “Global por ser parte del grupo,
es uno de los proveedores que actuó como intermediario de Inversiones Guerfor S.A, para realizar
compras a aquellos proveedores que no le vendían directamente a Inversiones por encontrarse
en reestructuración (Ley 550), por lo cual en 2014 no se le había efectuado ningún pago, estos
se han venido haciendo desde el 2015”.

Por otro lado, de la revisión de las operaciones de este proveedor se identificó por la
DIAN que algunos de los productos vendidos por Global a Guerfor fueron previamente
adquiridos por la primera a Expoálvarez, por un monto total de $4.542.084.991 que,
precisamente, resultaron atacadas de falsas por Expoálvarez y los hechos denunciados
ante las autoridades penales.

Valga referir que el representante legal de Expoálvarez SAS expuso que las 10 facturas
reportadas como operaciones de venta a Global Importaciones SAS eran falsas, pues los
códigos de dichos documentos fueron emitidos en otras fechas y a otros clientes. En
consecuencia, se informó que radicó denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación
en contra de los representantes legales de esa empresa y la hoy demandante.

Como patrón común, se tiene que los supuestos pagos de las mercancías que hizo Global
a Expoálvarez SAS también se hicieron mediante cheques que, según lo informado por
el Banco de Occidente, fueron cobrados por Luis Eduardo Martínez, persona ajena a
Expoálvarez y quien, igualmente, cobró los cheques que Guerfor afirmó haberle girado a
Expoálvarez, como se refirió líneas atrás.

El resto de los bienes vendidos por Global a Guerfor se informaron como previamente
adquiridos de la empresa Distribuciones Dupraga SAS por $3.167.617.388, empresa que
no fue ubicada para corroborar la realidad de sus operaciones.

Los hechos anteriores que involucran las operaciones de Global Importaciones SAS en
2014, fueron analizados por esta Sección al conocer del litigio sobre la legalidad de los
actos administrativos por medio de los cuales la DIAN le determinó el impuesto sobre la
renta a su cargo por el año gravable 2014 dentro del expediente 2762718. Periodo en el
cual había registrado operaciones de costos con C.I. Expoálvalez SAS y Distribuciones
Dupraga SAS (mismos que posteriormente vendió a Inversiones Guerfor en el mismo
2014) por los valores antes referidos y se concluyó que las operaciones no fueron reales,
así:

“De lo expuesto frente a los proveedores C.I. EXPOÁLVAREZ S.A.S. y DISTRIBUCIONES
DUPRAGA S.A.S., se colige que la DIAN rechazó los costos registrados en la declaración
de renta del año 2014, a partir del análisis en conjunto del material probatorio recaudado
(requerimientos ordinarios, cruces con terceros, verificación de la contabilidad, reporte de
16
Según se verídica en el movimiento de terceros de la cuenta contable 220505-Pasivo proveedores nacionales. Folios 250 y 251 del
cuaderno de antecedentes administrativos. Págs. 54 y 55 pdf. tomo 2.
17
Folios 74 a 79 del cuaderno de antecedentes administrativos. Págs. 93 a 99 pdf. Tomo 1.
18
Sentencia del 5 de octubre de 2023, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.

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Demandante: Inversiones Guerfor S.A.

inventario, relación de costos, formas de pago, etc.) que se constituyeron en un indicio
de que las operaciones económicas que registró la contribuyente son inexistentes.
(…)
Aunque la actora manifestó que la realidad de las compras se soportó con las facturas, la
contabilidad que presentó y el certificado del revisor fiscal, esas pruebas no logran
contrarrestar los hallazgos antes relacionados, con los cuales se desvirtuó la presunción de
veracidad de la declaración tributaria objeto de fiscalización, sin que la contribuyente
demostrara una realidad diferente a la determinada en los actos administrativos enjuiciados,
a pesar de que en ella recaía la carga probatoria.
(…)
Así las cosas, del análisis en conjunto de las pruebas bajo las reglas de la sana crítica
y de las circunstancias fácticas que quedaron consignadas en los actos acusados,
se concluye la inexistencia de las operaciones de compra declaradas por la
demandante, con lo cual hay lugar a rechazar las compras que, según se afirma, fueron
realizadas a los citados proveedores”. (Se destaca)

En el expediente que se refiere, la DIAN no logró ubicar al tercero Distribuciones Dupraga
SAS para la comprobación de sus actividades mercantiles y de la certeza de las ventas
que supuestamente le realizó en 2014 a Global Importaciones SAS. Además, Dupraga
incumplió con presentar las declaraciones de IVA y renta.

Como se observa, no hay trazabilidad que permita verificar la real adquisición de la
mercancía que en 2014 adquirió Global Importaciones y que, posteriormente, vendió a
Guerfor y que se tradujeron en el pasivo de $6.443.543.714 y los costos de
$5.677.131.028, que aquí se discuten, para lo cual las facturas y la contabilidad resultan
insuficientes, como ha sido postura de esta Sección19, porque:

«aunque la factura sea un requisito necesario a efectos del reconocimiento de costos, lo cierto es
que su exhibición no implica, indefectiblemente, que el costo sea procedente, porque la autoridad de
impuestos está facultada para adelantar investigaciones respecto de la operación documentada en
la factura, con miras a afirmarla o desvirtuarla. En ese evento, corresponderá al obligado tributario
desplegar la actividad probatoria necesaria para demostrar la realidad y las características de la
transacción cuestionada mediante los medios de prueba señalados en la ley”

De modo que, es a partir del análisis de pruebas directas obtenidas de los documentos
(facturas y contabilidad) y explicaciones dadas por el representante legal de Expoálvarez,
sobre la inexistencia de transacciones con Global Importaciones; el rastro de los
supuestos pagos hechos con cheques y la falta de corroborabilidad de operaciones del
tercero Distribuciones Dupraga SAS; que no se puede dar valor probatorio a las facturas
y demás registros contables que la actora aportó como soporte de los pasivos y costos
derivados de las transacciones con Global Importaciones. Lo anterior, porque esos
documentos carecen de realidad material frente a las demás pruebas directas e indicios
que consiguió la DIAN para rechazarlos.

Así, se concluye que Inversiones Guerfor no cumplió con la carga probatoria que le asiste
para desacreditar los sólidos indicios establecidos por la DIAN, a partir del cúmulo de
medios probatorios directos obtenidos en ejercicio de sus facultades de fiscalización que
impiden dar reconocimiento a los pasivos y costos que la demandante atribuyó originados
en operaciones de compra de materiales a Expoálvarez y Global Importaciones. Por tal
razón, los actos administrativos no adolecen de vicios que permitan declarar su nulidad,
pues los rechazos de dichos renglones están justificados.

19
Sentencia del 29 de julio de 2021, exp. 24827, C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.

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Segundo cargo de la apelación: Improcedencia de los costos presuntos

La demandante sostiene que por existir soportes documentales de las operaciones que
le representaron costos a partir de los cuales obtuvo los ingresos brutos en el año
gravable 2014, independientemente de lo considerado por la DIAN para su rechazo, lo
cierto es que no puede desconocerse que para obtener las rentas incurrió en
erogaciones, por lo cual deben serle reconocidos, al menos, los costos presuntos
previstos en el artículo 82 del ET.

Por su parte, la DIAN asevera que no puede darse aplicación al artículo 82 del ET, porque
el presente asunto no hay carencia de prueba de los costos, para que haya lugar a hacer
estimaciones; por el contrario, la actora presentó facturas con el cumplimiento de los
requisitos legales, pero que materialmente no muestran operaciones reales. De ahí que
no se está en el supuesto normativo que Guerfor persigue ser beneficiado.

Como quedó analizado a lo largo de esta providencia, el desconocimiento de los costos
fue el resultado de que la DIAN demostró que no hubo trazabilidad de las compras, que
en su mayoría las facturas no correspondieron a compras reales que Guerfor y Global
Importaciones hubiesen podido realizar a Expoálvarez, como se demostró con el cruce
de información y la documentación de las operaciones de Expoálvalez. Tampoco pudo
verificarse las adquisiciones de material hechas por Global Importaciones a
Distribuciones Dupraga SAS porque esta empresa no fue ubicada y, con ello, no existe
certeza de que Global realmente hubiera adquirido los bienes que facturó a Guerfor
originadas en ese proveedor. En el mismo sentido, no fueron contrastables los pagos
realizados mediante cheques, pues estos no fueron cobrados por los supuestos
destinatarios de los pagos.

Con atención de lo anterior y atendiendo el criterio sobre la procedencia de reconocer los
costos presuntos del artículo 82 del ET debe recabarse en que los mismos son aplicables
cuando no sea posible establecerlos a través de medios de prueba directos, para lo cual
esta Sección20 ha fijado los siguientes criterios a considerar:

“(i) «Los métodos de estimación indirecta y de estimación objetiva del artículo 82 del ET no
derogan las exigencias probatorias a cargo de quien solicita el reconocimiento de costos en
la venta de activos fijos o movibles, ni lo eximen de las consecuencias derivadas de la
negligencia probatoria.
(ii) Cuando la Administración desvirtúe las pruebas aportadas para la comprobación del
costo solicitado, pero carezca de medios de prueba aptos para su determinación directa,
puede estimarlo indirectamente valiéndose de información económica contrastable sobre
costos acordes en operaciones asimilables a la debatida.
(iii) Para la estimación indirecta del costo se emplearán datos estadísticos procedentes de
entidades públicas y de agremiaciones competentes, o las conclusiones de estudios
económicos específicos sobre transacciones comparables entre partes independientes.
(iv) Se reconoce la posibilidad de que el interesado pida en el curso del procedimiento
administrativo la estimación indirecta del costo de venta del activo enajenado, como
mecanismo subsidiario ante la eventualidad de que la autoridad de impuestos desestime
las pruebas directas que hubiere aportado.
(v) Le corresponde a quien subsidiariamente pretenda la estimación indirecta del costo que
invoca, llevar al procedimiento administrativo de liquidación el dato estadístico que alegue
como aplicable, su certificación, o el estudio económico contrastable acerca de la valoración

20
Sentencia del 5 de junio de 2025, exp. 29037, C.P. Wilson Ramos Girón.

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de costos habituales en el sector productivo o en operaciones asimilables a la cuestionada,
para que la Administración lo aplique o controvierta.
(vi) Solo se puede acudir al método de estimación objetiva para fijar el costo en el 75% del
precio de enajenación del activo cuando se demuestre la imposibilidad de estimar
indirectamente el costo, por la inexistencia de operaciones comparables; nunca como
consecuencia de la negligencia en la solicitud de estimar indirectamente el costo, con el
lleno de los requisitos exigibles.
(vii) Ninguno de los dispositivos previstos en el artículo 82 del ET está habilitado para
estimar supletoriamente los costos de prestaciones de servicios o de actividades distintas
a la venta de activos, ni para estimar los gastos deducibles de la renta bruta.
(viii) Tampoco proceden cuando no se haya probado la existencia de la operación de venta
del activo que da derecho a solicitar un costo para determinar la renta bruta y de la previa
adquisición de ese activo o de la conformación del costo.»

Los anteriores criterios no se cumplen en el presente asunto, porque mediante la
estimación directa de las pruebas no se tiene convencimiento de la existencia de las
operaciones que originaron los costos rechazados. Tampoco por estimación indirecta,
pues la demandante no aportó estudios o criterios técnicos del sector en el que desarrolla
su objeto social para establecer precios aplicables a sus operaciones y, sobre todo, no
puede acudirse a la presunción de costos del artículo 82 del ET, cuando no se ha probado
la existencia de las operaciones21, como ha sido criterio de esta Sección22:

“Si bien la actora alegó que no le asistía responsabilidad por las circunstancias que
rodearon a los proveedores cuestionados, incluida la posterior liquidación de
aquellos, se reitera23 que en los procesos de fiscalización no se pretende exigir al
contribuyente obligaciones adicionales a las establecidas por la ley, y menos respecto
de sus proveedores o terceros; por el contrario, el deber de la Administración es
verificar la realidad de las operaciones que, como en este caso, dan lugar a
reclamar costos, circunstancias dentro de las que se advirtieron las situaciones
e irregularidades mencionadas, que llevaron a la conclusión de la inexistencia
de las operaciones con Depósito & Ferretería Dandy SAS e Inversiones y
Comercializadora JE SAS.

En suma, como la Administración encontró elementos de prueba sobre la
irrealidad de las operaciones cuestionadas con los referidos proveedores, sin
que la actora acreditara la realidad de las mismas por medios distintos a las
facturas y soportes, pese a asistirle la carga demostrativa de los aspectos
negativos de la base imponible por ser quien los invoca a su favor24, y especialmente,
porque la autoridad tributaria cuestionó su veracidad, se concluye la
procedencia del desconocimiento de los costos glosados, sin que se advierta
vulneración del debido proceso, ni falsa motivación.

En línea con lo anterior, como en este caso el rechazo parcial de costos obedeció al
resultado del análisis en conjunto del material probatorio que evidenció la
inexistencia de las operaciones; que la Administración no desconoció la totalidad
los costos, sólo los relativos a la compra de chatarra con los referidos proveedores;

21
Entre otras, así se determinó en la sentencia del 26 de junio de 2025, exp. 27343, C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello y en la
sentencia del 11 de octubre de 2024, exp. 28039, C.P. Milton Chaves García.
22
Sentencia de 23 de mayo de 2024, exp. 27647, C.P. Wilson Ramos Girón.
23
Entre otras, sentencia del 15 de octubre de 2020 (exp. 23974, CP: Stella Jeannette Carvajal Basto). Reiterada en sentencia del 09
de febrero de 2023 (exp. 26365, CP: Wilson Ramos Girón).
24
Sentencias del 31 de mayo de 2018 y 05 de agosto de 2021 (exps. 20813 y 22478, CP: Julio Roberto Piza Rodríguez) y del 09 de
febrero de 2023 (exp. 26365, CP: Wilson Ramos Girón).

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y que el legislador en el artículo 82 ib., no incluyó su no comprobación como
presupuesto para su aplicación25, no proceden costos presuntos.
[…]” (Se resalta)

Como consideración final a los dos cargos analizados:

1. Se reitera que la aplicación del costo presunto es residual, como último recurso,
ante la imposibilidad del contribuyente de acreditar de manera directa o, cuando menos
estimada, el costo atribuible al ingreso26. La aplicación es residual porque de ninguna
manera puede concluirse que el legislador incorporó un sistema directo de costos
presuntos equivalente al 75% de los ingresos. Afirmar lo anterior, derivaría en la falta de
sentido útil de las normas que regulan las condiciones de procedibilidad de los costos,
toda vez que quedaría a la discrecionalidad del contribuyente cumplir la ley o acudir a la
presunción de costos, y luego tomar las deducciones procedentes.

En este caso, por demás, resulta sorprendente que el demandante y apelante requiera la
aplicación del artículo 82 del ET cuando, ante la censura planteada por la DIAN para
rechazar las operaciones, no desplegó mayor actividad probatoria para acreditar los
costos objetados, inclusive en sede judicial; sino que optó por pedir la presunción, como
respuesta al rechazo por falta de veracidad de sus operaciones.

2. De otra parte, esta Sala reitera que las pruebas documentales emitidas por la
propia parte como soporte de la contabilidad, deben ser analizadas al amparo de lo
señalado en el artículo 743 del ET que dispone:

“La idoneidad de los medios de prueba depende, en primer término, de las exigencias que para establecer
determinados hechos preceptúen las leyes tributarias o las leyes que regulan el hecho por demostrarse y a
falta de unas y otras, de su mayor o menor conexión con el hecho que trata de probarse y del valor de
convencimiento que pueda atribuírseles de acuerdo con las reglas de la sana crítica.”

Ahora bien, el concepto de sana crítica ha sido definido por la Corte Constitucional en
sentencia C-622 de 1998, así:

“Ese concepto configura una categoría intermedia entre la prueba legal y la libre convicción. Sin la excesiva
rigidez de la primera y sin la excesiva incertidumbre de la última, configura una feliz formula, elogiada alguna
vez por la doctrina, de regular la actividad intelectual del juez frente a la prueba.

“Las reglas de la sana crítica son, ante todo, las reglas del correcto entendimiento humano. En ellas interfieren
las reglas de la lógica, con las reglas de la experiencia del juez. Unas y otras contribuyen de igual manera a
que el magistrado pueda analizar la prueba (ya sea de testigos peritos, de inspección judicial, de confesión
en los casos en los casos en que no es lisa y llana) con arreglo a la sana razón y a un conocimiento
experimental de las cosas.

“El juez que debe decidir con arreglo a la sana crítica, no es libre de razonar a voluntad, discrecionalmente,
arbitrariamente. Esta manera de actuar no sería sana crítica, sino libre convicción. La sana crítica es la unión
de la lógica y de la experiencia, sin excesivas abstracciones de orden intelectual, pero también sin olvidar
esos preceptos que los filósofos llaman de higiene mental, tendientes a asegurar el más certero y eficaz
razonamiento.”

Por ende, mal puede el apelante cuestionar el fallo del tribunal, so pretexto que se
desconoció la prueba documental, que fue generada internamente por el demandante
como soporte contable, cuando esta entra en abierta y franca contradicción con la prueba
25
Entre otras, sentencias del 13 de mayo de 2021 y del 04 de agosto de 2022 (exps. 23202 y 24927, CP: Julio Roberto Piza
Rodríguez); del 31 de agosto de 2023 (exp. 27422, CP: Stella Jeannette Carvajal Basto) y del 04 de abril de 2024 (exp. 27506, CP:
Wilson Ramos Girón)
26
Recuérdese que ”la carga de efectuar las demostraciones concernientes a los factores negativos de la base imponible recae sobre
los obligados tributarios, incumbe al contribuyente probar y poner en conocimiento de las autoridades administrativas y judiciales las
circunstancias que justifican la causalidad, necesidad y proporcionalidad de las erogaciones cuestionadas por la Administración”.
Sentencia del 26 de noviembre de 2020, exp. 21329, 2020CE-SUJ-4-005, C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.

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Radicado: 25000-23-37-000-2020-00016-01 (27133)
Demandante: Inversiones Guerfor S.A.

recabada de terceros y de los indicios, configurados estos mediante hechos indicadores
probados y no cuestionados por la apelante. En este punto, la sana crítica del fallador
supone que la valoración se hace aplicando la lógica y la experiencia.

Solo resta indicar que el apelante descalifica la prueba indiciaria; pero, una vez más,
tampoco ejerció su facultad probatoria para desvirtuar los hechos indicadores probados
o presentar contraindicios. A modo de ejemplo, el apelante en vía gubernativa y judicial
no aportó prueba directa alguna para acreditar la entrega real y efectiva del cheque girado
como pago de los costos. Tampoco explicó porque se levantó el sello restrictivo, que dio
paso a que un tercero cobrara el cheque. Mucho menos brindó explicación alguna de
cómo y porqué el cheque fue cobrado por un tercero distinto a su proveedor.

Como el demandante no desvirtuó el hecho indicador, resulta válido inferir que nunca
hubo pago del presunto costo; luego, el costo no existió. Este indicio no infirmado por el
demandante, aunado a la declaración del presunto proveedor (prueba testimonial), junto
con las demás pruebas, son las que justifican la racionalidad suficiente del fallo de
primera instancia.

Es por lo anterior que el cargo no tiene procedencia.

Tercer cargo de la apelación: Procedencia de la sanción por inexactitud

Del análisis desarrollado en estas consideraciones, la Sala mantiene la sanción por
inexactitud impuesta en los actos administrativos al demostrarse que la demandante
incluyó pasivos inexistentes y costos improcedentes que conllevaron a disminuir la base
gravable del impuesto sobre la renta a cargo de la demandante por el año gravable 2014,
lo cual concretó el hecho sancionable previsto en el artículo 647 del ET, vigente para la
época de los hechos.

Condena en costas

Acorde con el criterio de la Sección27, procede la condena en costas en esta instancia,
por concepto de expensas y gastos del proceso, a cargo de la parte vencida -
demandante- debido a la no prosperidad del recurso de apelación, conforme lo establece
el artículo 365.1 del CGP. Para tal efecto, se liquidarán de acuerdo con su causación,
comprobación y razonabilidad en los términos del numeral 3 del artículo 366 ib.

En relación con las agencias en derecho, en aplicación del Acuerdo PSAA16-10554 de
2016 se fijan a favor de la demandada en un (1) SMLMV en esta instancia. La liquidación
de las costas se hará por el Tribunal, en los términos del artículo 366 del Código General
del Proceso.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sección Cuarta, administrando justicia
en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Confirmar la sentencia del 14 de julio de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección “A” por las razones expuestas en la parte
motiva de la presente providencia.

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Sentencia del 23 de septiembre de 2025, exp. 28292, C.P. Wilson Ramos Girón.

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2. Condenar en costas a la demandante en esta instancia. En consecuencia, se ordena
al Tribunal que dé trámite al respectivo incidente, conforme a lo expuesto en la parte
motiva de esta sentencia.

Notifíquese y comuníquese. Devuélvase el expediente al Tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente Aclaro voto

(Firmado electrónicamente)
CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

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