Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2020-00017-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2020-00017-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 25000-23-37-000-2020-00017-01
Consejero ponente: Milton Chaves Garcia
6 de marzo de 2025
Radicación: 25000-23-37-000-2020-00017-01 (28008)
Demandante: FRANCISCO JAVIER RICAURTE
FALLO
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: MILTON CHAVES GARCÍA
Bogotá D.C., seis (6) de marzo de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-37-000-2020-00017-01 (28008)
Demandante: FRANCISCO JAVIER RICAURTE
Demandado: DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-
Temas: Declaración de renta año gravable 2016. Deducción de costos y
gastos. Sanción por inexactitud. Sanción por no informar.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en contra
de la sentencia del 1 de junio de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección “B”, que accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda y negó la condena en costas.
La parte resolutiva de la sentencia apelada dispuso lo siguiente1:
“PRIMERO: Se DECLARA la nulidad parcial de la Liquidación Oficial
322412019000326 del 10 de septiembre de 2019, por medio de la cual la DIAN
determinó oficialmente el impuesto sobre la renta a cargo de Francisco Javier
Ricaurte por el año gravable 2016, de conformidad con el análisis realizado en la
parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho se determina la obligación
tributaria por el impuesto sobre la renta del año gravable 2016 a cargo del actor,
conforme a los conceptos y guarismos incluidos en la liquidación vertida en la parte
considerativa de esta providencia.
TERCERO: Por no haberse causado no se condena en costas. […]”
ANTECEDENTES
El 4 de octubre de 2017 el demandante presentó declaración del impuesto sobre la
renta del periodo gravable 2016, en la que determinó un valor total de costos y
deducciones de $417.700.000, total de retenciones por $96.772.000, y registró como
saldo a pagar $96.318.0002.
El 10 de septiembre de 2019 la DIAN profirió la Liquidación Oficial de Revisión
322412019000326 en la que redujo el valor total de costos y deducciones a la suma
1 Índice 2 de la plataforma SAMAI. Sentencia.
2 Índice 2 de la plataforma SAMAI. Cuaderno 1. Folio 34
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Demandante: FRANCISCO JAVIER RICAURTE
FALLO
de $38.212.000, y de retenciones a $95.444.000. Además, determinó sanción por
inexactitud de $69.876.000, sanción por no informar de $163.670.000, para un total de
saldo a pagar de $333.129.0003.
DEMANDA
FRANCISCO JAVIER RICAURTE, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del CPACA, formuló las
siguientes pretensiones4:
“PETICIÓN:
Con base en los hechos y los fundamentos de derecho comedidamente solicito.
Primero. Declararla nulidad de la Resolución 322412019000326 de fecha 10 de
septiembre de 2019, proferida por la División de Gestión de Liquidación de la
Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá la cual modificó la liquidación privada
de la declaración de renta del año gravable 2016 del contribuyente FRANCISCO
JAVIER RICAURTE GOMEZ, identificado con Nit. 73.105.717.
Segundo. A título de restablecimiento del derecho, solicito confirmar en todas sus
partes las (sic) liquidación privada contenida en la declaración de renta
correspondiente al año gravable 2016 presentada por el contribuyente
FRANCISCO JAVIER RICAURTE GOMEZ identificado con C.C. 73.105.717.
Tercero. - Condenar en costas a la parte demandada.”
El demandante invocó como normas violadas las siguientes:
• Artículos 23,28, 29, 83, 228, 229, 338 y 363 de la Constitución Política.
• Artículos 563, 647, 651, 714, 720, 742, 745, 746 y 863 del Estatuto Tributario.
• Artículos 137, 138, 155, 162, 163, 164, 166, 171, 187 a 220 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -CPACA-.
• Artículo 612 del Código General del Proceso.
• Artículo 193 de la Ley 1607 de 2012.
• Artículo 9 del Decreto 19 de 2012.
• Artículo 44 de la Ley 962 de 2005.
El concepto de la violación se sintetiza así5:
Alegó que la administración extralimitó sus funciones fiscalizadoras al exigirle el envío
de pruebas que corroboraran la veracidad de las cifras registradas en su declaración
de renta, pese a que informó que se encontraba privado de su libertad. Además, se
debe partir de la presunción de veracidad de las declaraciones, y que las pruebas que
se remitieron en respuesta al requerimiento especial desvirtúan la información
exógena que reportaron algunos terceros.
3 Índice 2 de la plataforma SAMAI. Cuaderno 1. Folios 63 a 80.
4 Índice 2 de la plataforma SAMAI. Cuaderno 1. Folios 1 a 31.
5 Ibidem.
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Demandante: FRANCISCO JAVIER RICAURTE
FALLO
Explicó en cuanto a los costos y deducciones, que fueron probados en el proceso
administrativo al haberse remitido soporte de cada uno de ellos, los cuales se
encuentran relacionados con su actividad productora de renta “actividades jurídicas”
que se encontraba establecida en el registro único tributario -RUT-. Adicionalmente,
advirtió que remitió como pruebas contratos, pagos de aportes al Sistema de
Seguridad Social, pago de arrendamiento, información de sus hijos para la deducción
de dependientes y el valor de deudas incobrables, los cuales no se valoraron de forma
correcta al prevalecer la información exógena sobre la prueba material.
Señaló que se requiere que la administración pruebe que existió un daño, para que
proceda la sanción por no enviar información, y es necesario que solo recaiga sobre
la información no remitida y no sobre la totalidad de los ingresos, como lo hicieron los
actos demandados. En el mismo sentido, manifestó que no es procedente la sanción
por inexactitud, porque no remitió la totalidad de las pruebas de soporte de su
declaración por su situación de fuerza mayor de estar privado de la libertad, y entendió
que existía presunción de veracidad de su información reportada.
CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
La DIAN se opuso a las pretensiones de la demanda en los siguientes términos6:
Advirtió que en cumplimiento de los artículos 48 del Decreto 4048 de 2008 y 688 del
Estatuto Tributario, tiene facultades fiscalizadoras que le permiten solicitar pruebas y
determinar el valor de los tributos. Además, se garantizó el debido proceso al
informarle al actor de cada etapa procesal.
Explicó que la presunción de veracidad de la declaración del impuesto sobre la renta
fue desvirtuada al no haber sido remitidos los documentos de soporte de costos, gastos
y retenciones en consideración con los artículos 684 y 746 del Estatuto Tributario.
Adicionalmente, de acuerdo con los principios de la carga de la prueba la actora no
determinó que se cumpliera con los requisitos del artículo 107 del Estatuto Tributario,
y no remitió información de uno de sus hijos para determinar la procedencia de la
deducción por dependientes.
Señaló que la privación de la libertad no es excusa para no cumplir con el envío de
información de acuerdo con el artículo 686 del Estatuto Tributario. En el mismo sentido,
explicó que los contribuyentes deben conservar su información tributaria durante 5
años de acuerdo con el artículo 632 de dicho estatuto.
Aclaró que la sanción por inexactitud estuvo determinada de forma correcta, porque
se aplicó el porcentaje del 100% del mayor valor a pagar del tributo, de acuerdo con la
modificación del artículo 282 de la Ley 1819 de 2016. Adicionalmente, explicó que la
sanción por no enviar información se ajusta a la conducta del artículo 651 del Estatuto
Tributario y el daño que se causó fue no permitir la correcta recaudación de los tributos.
6 Índice 8 de la plataforma SAMAI del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
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Demandante: FRANCISCO JAVIER RICAURTE
FALLO
SENTENCIA APELADA
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección “B” accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda y negó la condena en costas. Las
razones de la decisión se resumen así7:
Explicó que la DIAN tiene facultades de fiscalización, de acuerdo con los artículos 684
y 688 del Estatuto Tributario. Además, explicó que el demandante no probó el
cumplimiento del requisito de causalidad en relación con la actividad productora de
renta en consideración del artículo 107 del Estatuto Tributario, por lo que no son
procedentes los costos y gastos declarados.
Manifestó que la DIAN desvirtuó los valores declarados por el demandante, por lo que
la presunción del artículo 746 del Estatuto Tributario no es procedente.
Adicionalmente, de acuerdo con las pruebas del expediente las retenciones totales
fueron de $95.494.000 y no de $96.772.000 como lo declaró el actor o de $95.444.000
de acuerdo con la DIAN.
Señaló que la sanción por inexactitud es procedente, puesto que el contribuyente
reportó costos y deducciones a los que no tenía derecho y en el mismo sentido,
atribuyó retenciones sobre las cuales no se tuvo soporte para demostrar la realidad de
las operaciones que originaron las mismas.
Aclaró que la sanción por no enviar información fue procedente con fundamento en el
artículo 651 del Estatuto Tributario. Sin embargo, el valor por la información remitida
de forma extemporánea debió ser el 3%, por lo que se estableció un valor total de
$105.868.484.
Finalmente, negó la condena en costas por no encontrarse probadas en el expediente.
RECURSO DE APELACIÓN
El demandante apeló con fundamento en los siguientes argumentos8:
Alegó que la administración no actuó de acuerdo con sus capacidades de fiscalización,
para desvirtuar la presunción de veracidad de la declaración en discusión. Además,
advirtió que la DIAN tenía información exógena, por lo que al solicitar pruebas
adicionales a las ya recaudadas no cumplió con lo establecido en el artículo 44 de la
Ley 962 de 2005.
Explicó que los costos y gastos relacionados con viajes, pagos de telefonía, internet,
papelería y arrendamiento de su oficina, sí tenían conexidad con su actividad
productora, por cuanto en dichos lugares prestaba sus servicios como abogado y los
insumos eran necesarios para el desarrollo de su profesión. Además, señaló que sí
tuvo relación laboral con su abogada auxiliar pese a no haber aportado prueba
documental de su contrato laboral, pues este se realizó de manera verbal, y realizó
mes a mes los aportes correspondientes a la seguridad social y parafiscales a través
de las planillas PILA.
7 Índice 2 de la plataforma SAMAI.
8 Ibidem.
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Demandante: FRANCISCO JAVIER RICAURTE
FALLO
Argumentó que el valor de $45.258.620 solicitado como deducción de gasto por
deudas incobrables por servicios no pagados por la sociedad Mnemo Colombia SAS
identificada con Nit. 900.396.176, se facturó como honorarios y pagó el IVA no
recaudado en el año 2015, sin embargo, nunca recuperó dichos pagos sobre el IVA ni
el valor de sus servicios y por lo tanto se configuró la procedibilidad de la deducción
del gasto no recuperado. Adicionalmente, explicó que pese a la protección
constitucional de la presunción de inocencia y veracidad que amparaba la declaración
tributaria presentada, la administración situó la carga de la prueba en cabeza del
contribuyente para demostrar su buena fe, cuando le correspondía a la demandada
demostrar la mala fe del particular.
Mencionó que la sanción por inexactitud no es procedente, porque existió una
diferencia de criterio con la Administración. En el mismo sentido, aclaró que, desde la
respuesta al requerimiento especial, solicitó a la DIAN que se corrigiera la base
gravable del IMAN y del sistema ordinario, situación que no fue acatada y generó una
renta superior tanto en el IMAN como en la renta ordinaria por no incorporar la renta
exenta que se debió incluir como lo determinó la Corte Constitucional en la Sentencia
C-492 de 2015.
Manifestó su inconformidad con las cifras impuestas frente a la sanción por no enviar
información, pues el Tribunal desconoció que el contribuyente además de estar
imposibilitado, la mayor parte de la información estaba en poder de la administración
y según el demandante, solo se limitó a imponer la sanción máxima sin tomar en
consideración lo mencionado o haberse probado el daño.
Advirtió que la liquidación de la sanción por no informar debió realizarse sobre los
ingresos netos por no estar cuantificada la base para tasarla y de esa forma, aplicar el
principio de favorabilidad de sanciones en materia tributaria donde la sanción correcta
según el accionante sería de $14.450.430 equivalente al 0.5% de $2.890.086.000 de
acuerdo con el artículo 80 de la Ley 2272 de 2022.
TRÁMITE PROCESAL DE SEGUNDA INSTANCIA
La parte demandada no se pronunció respecto al recurso de acuerdo con lo
establecido en el numeral 4 del artículo 247 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo modificado, por el artículo 67 de la
Ley 2080 de 2021.
El Ministerio Público no se pronunció.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
En los términos del recurso de apelación interpuesto por el demandante, le
corresponde a la Sala determinar si i) la DIAN actuó de acuerdo con sus facultades en
el proceso de fiscalización, ii) si procede el desconocimiento de costos y gastos, y si
iii) se aplicó de forma correcta las sanciones por inexactitud y por no enviar
información.
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Facultades de fiscalización de la DIAN
El actor alegó, que la demandada no actuó de acuerdo con sus facultades de
fiscalización, debido a que no desvirtuó la presunción de veracidad de la declaración
en discusión. Además, no podía solicitar pruebas documentales adicionales al tener
acceso a información de terceros.
En cuanto a las facultades de fiscalización de la DIAN y la posibilidad de desvirtuar la
presunción de veracidad de las declaraciones, esta Sala en sentencia del 21 de
octubre de 2021 explicó lo siguiente9:
“El artículo 746 del Estatuto Tributario establece la presunción de veracidad de las
declaraciones tributarias, al señalar que «Se consideran ciertos los hechos
consignados en las declaraciones tributarias, en las correcciones a las mismas o
en las respuestas a requerimientos administrativos, siempre y cuando que, sobre
tales hechos, no se haya solicitado una comprobación especial, ni la ley la exija».
La Sala ha dicho que la anterior disposición establece una presunción legal, en
tanto el contribuyente no está exento de demostrar los hechos consignados en
sus declaraciones tributarias, correcciones a las mismas o en las respuestas a
requerimientos administrativos.
Lo anterior implica que dicha presunción admite prueba en contrario y que la
autoridad fiscal, para asegurar el «efectivo cumplimiento de las normas
sustanciales», puede desvirtuarla mediante el ejercicio de las facultades de
fiscalización e investigación previstas en el artículo 684 del Estatuto Tributario.
Así pues, es a la autoridad tributaria a la que le corresponde desvirtuar la
veracidad de las declaraciones tributarias y de las respuestas a los
requerimientos; y ante una comprobación especial o una exigencia legal, le
corresponde al contribuyente.” (Subraya la Sala)
De acuerdo con el criterio expuesto, la presunción de veracidad de las declaraciones
puede ser desvirtuada por la demandada de acuerdo con sus facultades fiscalizadoras,
las cuales le permite exigir a los contribuyentes pruebas que soporten la información
declarada.
En el presente caso, se observa que desde antes de ser expedido el requerimiento
especial se le solicitó información al demandante por medio de requerimientos
ordinarios, con el fin de soportar los costos y gastos declarados. En consecuencia, la
DIAN actuó de acuerdo con sus facultades fiscalizadoras, para comprobar la
información declarada.
En cuanto al artículo 44 de la Ley 962 de 2005 y la solicitud de pruebas documentales,
cuando la Autoridad Tributaria tiene acceso a información de terceros, esta Sala en
sentencia del 20 de septiembre de 2017 aclaró lo siguiente10:
9 Exp. 24977. C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
10 Exp. 22434. C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
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“La Sala advierte que, a diferencia de los datos generales registrados en las
declaraciones tributarias, la información en medio magnético a que se refiere el
artículo 631 del Estatuto Tributario y la Resolución 12807 de 2006, es de carácter
específico, pues recae sobre las personas y entidades con las cuales el
contribuyente realizó operaciones o transacciones durante el período gravable
respectivo, y que, por su naturaleza, es de su conocimiento, y no de la
Administración.
En esa medida, no le asiste la razón al demandante al afirmar que la
Administración no podía exigir una información que ya conocía, pues tal
información no se puede confundir con los datos registrados en sus declaraciones
fiscales. En consecuencia, no se evidencia la violación del artículo 44 de la Ley
962 de 2005, invocada en el recurso de apelación y en la demanda.” (Subraya la
Sala)
De acuerdo con el criterio de la Sala, la información de terceros es diferente a la que
se consigna en las declaraciones tributarias, por lo que solicitar documentos
adicionales a los datos recopilados por la DIAN no vulnera el artículo 44 de la Ley 962
de 2005. En consecuencia, no prospera el cargo.
En cuanto a las expensas necesarias
El demandante advirtió que no se realizó un debido análisis probatorio de los costos y
gastos, ya que de acuerdo con los soportes que se encuentran en el expediente no
debieron ser rechazados por los actos demandados.
En relación con las expensas necesarias el artículo 107 del Estatuto Tributario
establecía lo siguiente:
“Art. 107. Las expensas necesarias son deducibles. Son deducibles las expensas
realizadas durante el año o período gravable en el desarrollo de cualquier actividad
productora de renta, siempre que tengan relación de causalidad con las
actividades productoras de renta y que sean necesarias y proporcionadas de
acuerdo con cada actividad.
La necesidad y proporcionalidad de las expensas debe determinarse con criterio
comercial, teniendo en cuenta las normalmente acostumbradas en cada actividad
y las limitaciones establecidas en los artículos siguientes.” (Subraya la Sala)
En cuanto a los principios de necesidad, causalidad y proporcionalidad esta Sala en
sentencia de unificación del 26 de noviembre de 2020, concluyó lo siguiente11:
“1. Tienen relación de causalidad con la actividad productora de renta, todas las
expensas realizadas por el contribuyente en desarrollo o ejecución de la actividad
productora de renta. Para establecer el nexo causal entre el gasto y la actividad
lucrativa, no es determinante la obtención de ingresos ni el enunciado del objeto
social del sujeto pasivo.
2. Las expensas necesarias son aquellas que realiza razonablemente un
contribuyente en una situación de mercado y que, real o potencialmente, permiten
desarrollar, conservar o mejorar la actividad generadora de renta. La razonabilidad
11 Exp. 21319. C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez
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comercial de la erogación se puede valorar con criterios relativos a la situación
financiera del contribuyente, las condiciones del mercado donde se ejecuta la
actividad lucrativa, el modelo de gestión de negocios propio del contribuyente,
entre otros. Salvo disposición en contrario, no son necesarios los gastos
efectuados con el mero objeto del lujo, del recreo o que no estén encaminados a
objetivos económicos sino al consumo particular o personal; las donaciones que
no estén relacionadas con un objetivo comercial; las multas causadas por incurrir
en infracciones administrativas; aquellos que representen retribución a los
accionistas, socios o partícipes; entre otros.
3. La proporcionalidad corresponde al aspecto cuantitativo de la expensa a la luz
de un criterio comercial. La razonabilidad comercial de la magnitud del gasto se
valora conforme a la situación económica del contribuyente y el entorno de
mercado en el que desarrolla su actividad productora de renta.
4. Los contribuyentes tienen la carga de poner en conocimiento de las autoridades
administrativas y judiciales las circunstancias fácticas y de mercado,
demostraciones y carga argumentativa, conforme a las cuales una determinada
expensa guarda relación causal con su actividad productora de renta, es necesaria
y proporcional con un criterio comercial y tomando en consideración lo
acostumbrado en la concreta actividad productora de renta.
5. Las anteriores reglas jurisprudenciales de unificación rigen para los trámites
pendientes de resolver en vía administrativa y judicial. No podrán aplicarse a
conflictos previamente decididos.”
De acuerdo con el criterio de la Sala, se requiere analizar los principios de necesidad,
causalidad y proporcionalidad de las expensas necesarias, para determinar su
deducción del impuesto sobre la renta de acuerdo con las razonas enunciadas por la
sentencia transcrita.
En cuanto a la prueba de los costos y gastos y la carga de la prueba, esta Sala en
sentencia del 25 de noviembre de 2021, aclaró lo siguiente12:
“Para decidir la cuestión jurídica se reitera lo que en casos similares ha dicho la
Sala13, respecto a facultad de fiscalización sobre la realidad de transacciones
declaradas y que en ejercicio de esa facultad la Administración puede controvertir
y desvirtuar la realidad de los documentos aportados como prueba del costo y así
corre la carga de la prueba por cuenta del contribuyente.
Para la procedencia de los costos y deducciones en el impuesto sobre la renta, el
artículo 771-2 del Estatuto Tributario señala que se requiere de facturas con el
cumplimiento de los requisitos establecidos en los artículos 617, literales b), c), d),
e), f) y g), y 618 del Estatuto Tributario.
Lo anterior, sin embargo, no impide que la DIAN ejerza su facultad fiscalizadora
para verificar la realidad de la transacción. Por tal razón, si en ejercicio de la
referida facultad logra probar la inexistencia de las transacciones aun cuando el
12 Exp. 25118. C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto
13 Entre otras, las sentencias del 12 de junio de 2019, exp. 23007, C.P. Milton Chaves García; del 30 de octubre de
2019, Exp. 22884, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto; del 25 de abril de 2018 y 18 de julio de 2019, Exp. 21088
y 22899 respectivamente, C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez; y del 28 de noviembre de 2019, Exp. 23071, CP.
Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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contribuyente pretenda acreditarlas con facturas o documentos equivalentes, los
costos pueden ser rechazados.”
De acuerdo con lo expuesto por la Sala, la DIAN puede solicitar información, con el fin
de averiguar la realidad de las transacciones y de acuerdo con el artículo 771-2 del
Estatuto Tributario se requiere el cumplimiento de las facturas de los artículos 61714 y
61815 de dicho estatuto, para que los costos y deducciones sean debidamente
soportados.
Se aclara que las expensas fueron rechazadas por la DIAN en el requerimiento
especial por no tener soporte probatorio, y en la liquidación oficial por no cumplir con
los requisitos del artículo 107 del Estatuto Tributario y por faltante probatorio. Lo
anterior fue confirmado por el Tribunal en fallo de primera instancia.
En el presente caso el demandante reportó en el Registro Único Tributario – RUT- la
actividad principal 0010 “Asalariados”, actividad secundaria 6910 “Actividades
jurídicas”, y como otras actividades la 0090 “Rentista de capital”16.
De acuerdo con lo expuesto, se procederá a realizar el análisis de las expensas en
relación con las pruebas a las que hizo referencia en el recurso de apelación:
Pruebas remitidas Razones jurídicas
1. Pagos de hoteles y viajes: Estado de cuenta y En cuanto a los gastos de fiesta y de estadía en
recibo de caja de Hotel de Las Américas por el Hotel de Las Américas es una expensa, que no
$21.760.403 por concepto de fiestas, festivales, tiene relación con la actividad productora de
propina, room service, cafetería y propina. Pago renta, por lo que no cumple con el artículo 107 del
al mencionado hotel por estadía de $7.000.000, Estatuto Tributario. Además, no existe prueba de
$5.000.000 a nombre del demandante y un que el tercero tenga una vinculación laboral con
tercero en las mismas fechas de la fiesta entre el el actor.
28 de diciembre de 2016 y el 7 de enero de
201717. En el mismo sentido, no existe prueba que
vincule el viaje a Cartagena con los clientes que
enuncia en la apelación, por lo que no se
evidencia que en temporada de la fiesta haya
realizado una actividad jurídica.
14 “Art. 617. Requisitos para la factura de ventas: Para efectos tributarios, la expedición de factura a que se refiere
el artículo 615 consiste en entregar el original de la misma, con el lleno de los siguientes requisitos: […]
b. Apellidos y nombre o razón y NIT del vendedor o de quien presta el servicio.
c. *Modificado* Apellidos y nombre o razón social y NIT del adquirente de los bienes o servicios, junto con la
discriminación del IVA pagado.
d. Llevar un número que corresponda a un sistema de numeración consecutiva de facturas de venta.
e. Fecha de su expedición.
f. Descripción específica o genérica de los artículos vendidos o servicios prestados.
g. Valor total de la operación.”
15 “Art.618. Obligación de exigir factura o documento equivalente. A partir de la vigencia de la presente ley los
adquirentes de bienes corporales muebles o servicios están obligados a exigir las facturas o documentos
equivalentes que establezcan las normas legales, al igual que a exhibirlos cuando los funcionarios de la
administración tributaria debidamente comisionados para el efecto así lo exijan.”
16 Índice 8 de la plataforma SAMAI del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Antecedentes administrativos 2.
17 Folios 83 a 87 del Cuaderno principal.
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Demandante: FRANCISCO JAVIER RICAURTE
FALLO
2. Facturas de Aviatur por valor total de En relación con los viajes a diferentes ciudades
$42.885.920 por tiquetes aéreos y estadía en se advierte que el demandante solo explicó la
hoteles en Cartagena, Cali, Medellín, Valledupar, relación de causalidad en la apelación, para los
Perú, Cuba, Costa Rica y Panamá, junto con viajes a Cartagena y Barranquilla, por lo que no
asistencias médicas a nombre del contribuyente existe razones jurídicas de deducibilidad de los
y otros terceros, por ejemplo, José López, demás viajes que deba ser analizado.
Alejandro Muñoz, Hugo Granados y Oscar
Montenegro18. En cuanto a los viajes a Cartagena y Barranquilla
se observan facturas de viaje a dichas ciudades,
pero no remitió pruebas de relación laboral o de
servicios con las empresas enunciadas en el
escrito de apelación.
3. Billetera Mont Blanc por $1.230.000 y factura En relación con la billetera Mont Blanc y almuerzo
por $403.382 del restaurante Café Renault 19. en el restaurante no existe relación de causalidad
con la actividad de abogado, ya que son gastos
personales, por lo que no se cumple con el
artículo 107 del Estatuto Tributario. Además, la
factura del almuerzo no establece el nombre del
comprador.
4. Recibo de compra de certificados de existencia Los recibos de la Cámara de Comercio no
y representación legal de 4 personas jurídicas de enuncian que hayan sido pagados por el
la Cámara de Comercio de Bogotá20. demandante, por lo que no hay claridad de que el
actor las haya adquirido.
5. Factura de Aviatur de viaje a Cartagena de En la factura de Aviatur se evidencia viaje a
Javier David Ricaurte Velásquez, Francisco José Cartagena del demandante y de personas de las
Ricaurte Velásquez, Gloria Isabel Ricaurte que no se encuentra contrato de vinculación
Velásquez, y Gloria Velásquez Cubides21. laboral con su actividad como abogado.
Adicionalmente, no existe prueba de vinculación
laboral o de servicios con clientes.
6. Factura de movistar por telefonía celular por Al encontrarse la factura expedida con el lleno de
$289.913, $160.071, $263.868, $258.568, los requisitos y al ser una expensa relacionada
$303.852, $430.426, $260.880, $167.982, con la actividad de abogado, común en la
$167.982, $327.280 y $408.38622. actividad comercial y ser proporcional se cumple
con los requisitos del artículo 107 del Estatuto
Tributario, por lo que los $ 3.039.208 son
deducibles del impuesto sobre la renta.
18 Folios 89 a 126, del 129 a 131 del Cuaderno principal.
19 Folio 127 del Cuaderno principal.
20 Folio 128 del Cuaderno principal
21 Folios 129 a 130 del Cuaderno Principal.
22 Folios 131 a 141 del Cuaderno Principal.
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FALLO
7. Consignaciones a Graciela Lozano por El demandante alega, que la existencia de
$45.170.51023. contrato de arrendamiento de oficina se
encuentra probado, por las consignaciones
realizadas, reporte de ingreso de información
exógena de Graciela Lozano y resolución de
facturación de la DIAN.
Se observa que las consignaciones establecen,
que se realizó la transferencia bancaria del
demandante a Graciela Lozano, lo cual no prueba
la existencia de un contrato de arrendamiento.
Además, se advierte que en el reporte de terceros
de la DIAN solo se establece que efectivamente
Lozano recibió el valor enunciado, pero no se
establece la razón del pago24.
En el mismo sentido, el hecho de que exista una
resolución de facturación de la DIAN en que se
enuncia la dirección de una oficina no prueba la
existencia de un contrato de arrendamiento entre
el demandante y Graciela Lozano, por lo que no
existe forma para determinar la existencia de una
expensa necesaria. Además, no se evidencia
factura o documento de soporte del pago de
arrendamiento.
8. Pago de servicios públicos de oficina25. El demandante remitió pago de servicio de
telefonía e internet de la Empresa de Teléfonos
de Bogotá de la oficina de la cual no se encontró
prueba de la existencia de contrato de
arrendamiento. En consecuencia, al no haberse
probado que la expensa es de un bien con el que
el demandante tenga un vínculo jurídico, para
realizar su actividad productora de renta no
procede su deducibilidad, de acuerdo con el
artículo 107 del Estatuto Tributario.
9. Facturas de pago de a Hoteles Portón S.A.26 Se observa de las facturas de Hoteles Portón
S.A., que son de dos cafés y un jugo, los cuales
no cumplen con los requisitos del artículo 107 del
Estatuto Tributario al no poderse vincular con el
ejercicio de la abogacía del demandante.
Además, no determinan la persona que realizó la
compra.
23 Folios 142 a 145 del Cuaderno Principal.
24 Folio 59 del Índice 8 de la Plataforma SAMAI del Tribunal Administrativo. Tomo 3
25 Folios 146 a 157 del Cuaderno Principal.
26 Folio 158 del Cuaderno Principal.
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FALLO
10. Facturas de impresoras y UPS a nombre de De las facturas de las impresoras y de una UPS
Juan Montaña27. se advierte que no se identifica al demandante
como comprador, sino que al señor Juan
Montaña, por lo que no se prueba que sea una
expensa del actor, en consecuencia, no procede
su deducción.
11. Libros relacionados con derecho de la Se observa que el demandante adquirió en el año
empresa Legis28. 2016 libros relacionados con derecho de la
empresa Legis por $4.826.000. Los anteriores
libros se encuentran relacionados con la
actividad productora de renta, son comunes de
forma comercial y es proporcional a su ingreso.
En consecuencia, se deben reconocer como
deducibles del impuesto sobre la renta para el
demandante al cumplir con los requisitos de las
facturas.
12. Factura del Hotel JW Marriot e Inversiones Se observa que la factura del Hotel JW Marriot es
Framai S.A.S.29. de jugos y cafés, y la de Inversiones Framai de
combustible corriente, que no especifican el
comprador. Los anteriores productos no se
pueden relacionar con la actividad productora de
renta del demandante y no existen razones
jurídicas expuestas en la apelación que permitan
un estudio adicional, por lo que no pueden
determinarse como deducibles del impuesto
sobre la renta.
13. Facturas del restaurante Balzac, productos En las facturas se observa la compra de
de Almacenes Olímpica, Panpaya y Calzados la alimentos, productos de aseo y calzado, los
Rebaja30. cuales no se vinculan con la actividad productora
de renta del demandante, y no enuncian el
nombre del comprador, por lo que no son
deducibles del impuesto sobre la renta.
14. Facturas de la papelería Panamericana con Las facturas contienen productos de oficina en
productos de oficina31. los que se incluyen arreglos navideños, sobres de
manila, cintas y argollado. De los productos
enunciados no se evidencia relación con la
actividad productora de renta del demandante y
al no existir prueba de arriendo de oficina no
pueden proceder como deducibles del impuesto
sobre la renta. Adicionalmente, no mencionan el
nombre del comprador, por lo que no se puede
determinar el verdadero beneficiario de la
expensa.
27 Folios 159 a 161 del Cuaderno Principal.
28 Folio 162 del Cuaderno Principal.
29 Folios 163 del Cuaderno Principal.
30 Folios 164 a 174 del Cuaderno Principal.
31 Folio 174 del Cuaderno Principal.
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15. Facturas de parqueaderos de la empresa De las facturas se observa que solo son del
Parking32. servicio de parqueadero y no se determina el
comprador del servicio, y no se prueba su
relación con la actividad de renta del
demandante, por lo que no es una expensa
deducible del impuesto sobre la renta.
16. Factura de pago de plataforma digital De acuerdo con la factura el demandante que es
Legismovil por $693.00033. abogado renovó suscripción de la plataforma
jurídica Legismovil, la cual se encuentra
relacionada con la actividad productora de renta,
de forma comercial es muy común para los
abogados y el valor es proporcional, por lo que es
deducible del impuesto sobre la renta.
17. Facturas de bolsa de basura para carro y No existe sustento ni conexión con la actividad
cambio de aceite de automóvil34. productora de renta del demandante con las
bolsas y cambio de aceite del vehículo, por lo que
no es deducible del impuesto sobre la renta.
18. Factura hotel Charleston S.A.S. Cartagena35. Se reitera que el demandante no remitió relación
de que haya desempeñado actividades en
Cartagena que justificaran su viaje a dicha
ciudad, para realizar actividades jurídicas, por lo
que no es deducible del impuesto sobre la renta.
19. Factura de compra de una batería y de un No existe razón jurídica expuesta por el
celular Samsung36. demandante de la compra de celular con la
actividad productora de renta. En consecuencia,
no es deducible del impuesto sobre la renta.
20. Facturas de la empresa Claro de servicios al Por no existir prueba, que el demandante trabaja
apartamento del demandante37. en su apartamento no se puede definir que haya
relación con la actividad productora de renta, por
lo que no es deducible del impuesto sobre la
renta.
21. Facturas de la ANDI ($2.042.500) con estadía Se observa que en factura de la ANDI el
en el hotel Charleston ($1.527.496) y de demandante pagó asistencia a la asamblea de
impresión de facturas por $190.00038. dicha entidad y estadía en el hotel Charleston en
Cartagena.
Del mencionado pago se advierte que ir a un
congreso de empresarios se relaciona con la
actividad productora de renta de abogacía, por lo
32 Folios 175 del Cuaderno Principal.
33 Ibidem
34 Folios 176 y 177 del Cuaderno Principal.
35 Folio 177 del Cuaderno Principal.
36 Folios 178 y 179 del Cuaderno Principal.
37 Folios 180 a 189 del Cuaderno Principal.
38 Folios 190 y 191 del Cuaderno Principal.
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que procede su deducción al poderse ver
beneficiado de los temas que se discuten y de
potenciales nuevos clientes.
En cuanto a la impresión de facturas procede su
deducción al cumplir con los requisitos de
facturación y con el artículo 107 del Estatuto
Tributario.
22. Gastos laborales por contrato de Claudia El demandante alegó que probó la existencia de
Milena Castellanos. contrato laboral verbal con Claudia Milena
Castellanos, debido a que remitió pagos al
sistema de seguridad social y las consignaciones
que se realizaron de forma mensual, de acuerdo
con pruebas que se remitieron en respuesta al
requerimiento especial (Folios 76 a 87 de la
respuesta al requerimiento especial).
De las mencionadas pruebas se advierte, que no
existe prueba en el expediente del contrato
laboral entre el demandante y Claudia Milena
Castellanos, debido a que se observan pagos al
sistema de seguridad social, pero no se evidencia
el nombre del beneficiario, sino solo el numero de
la planilla. Además, no aportó prueba de que se
cumplieran alguno de los elementos del contrato
de trabajo establecido en el artículo 23 del Código
Sustantivo del Trabajo, por lo que al no probarse
el contrato laboral no puede estudiarse como
expensa necesaria.
23. Deuda impagable con la sociedad MNEMO El actor explicó desde la demanda, que en el año
COLOMBIA S.A.S. 2016 declaró la deducción de $45.258.620 de
deuda incobrable a la sociedad MNEMO
COLOMBIA S.A.S. Sin embargo, no explicó
razón jurídica de su deducibilidad del impuesto
sobre la renta, solo que existe una cuenta por
cobrar de acuerdo con información exógena,
pero no hay forma de determinar la imposibilidad
de su cobro. En consecuencia, no es posible el
estudio de su procedencia como costo o gasto.
De acuerdo con lo expuesto son procedentes en el renglón de costos y gastos de la
declaración del impuesto sobre la renta del año 2016 del demandante $ 3.039.208 por
pago de telefonía celular, $4.826.000 por compra de libros jurídicos, $693.000 por
pago de plataforma Legismovil, $2.042.500 de pago a la ANDI por asistir a evento,
$1.527.496 por estadía en el Hotel Charleston y $190.000 por impresión de facturas.
En consecuencia, la Sala realizará liquidación en la que se reconoce $12.318.204 de
costos y gastos al demandante, por lo que prospera parcialmente el cargo.
En cuanto a la sanción por inexactitud
El contribuyente alegó que la DIAN y el Tribunal no analizaron el cargo de diferencia
de criterios, no se pronunciaron sobre la solicitud del sistema IMAN, y que no se probó
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la falsedad de los documentos sobre costos, gastos y retenciones, lo que tuvo como
efecto una sanción sin proporcionalidad.
El artículo 647 del Estatuto Tributario, en su texto vigente para la época de los hechos,
disponía39 que constituía inexactitud sancionable, entre otros, la omisión de ingresos,
de impuestos generados por las operaciones gravadas, de bienes o actuaciones
susceptibles de gravamen y, en general, la utilización en las declaraciones tributarias
de datos o factores falsos, equivocados, incompletos o desfigurados, de los que se
derive un menor impuesto o saldo a pagar, o un mayor saldo a favor.
Además, establecía que no se configura inexactitud sancionable en los eventos en que
el menor valor a pagar que resulte en las declaraciones tributarias se derive de errores
de apreciación o de diferencias de criterio entre las oficinas de impuestos y el
declarante, relativos a la interpretación del derecho aplicable, siempre que los hechos
y cifras denunciados sean completos y verdaderos.
En cuanto a la diferencia de criterios esta Sala ha explicado en diversos fallos que “…
la discrepancia debe basarse en una argumentación sólida que, aunque equivocada, permita
concluir que su interpretación en cuanto al derecho aplicable llevó al convencimiento que su
actuación estaba amparada legalmente, pero no ocurre lo mismo, cuando a pesar de su
apariencia jurídica, no tiene fundamento objetivo y razonable”40.
En el presente caso, el demandante no soportó de forma adecuada los costos y gastos
que declaro, por lo que no se evidencia una razón jurídica que justifique su carencia
probatoria de las cifras de su declaración del impuesto sobre la renta, razón por la cual
no se observa diferencia de criterios.
En cuanto a la solicitud de aplicar la sentencia C-492 de 2015 sobre el sistema IMAN
de la Corte Constitucional en la que se resolvió “Segundo.- Declarar EXEQUIBLE, por los
cargos examinados, el artículo 10 (integral) de la referida Ley, en concordancia con la reforma
introducida por el artículo 33 de la Ley 1739 de 2014, en el entendido de que a partir del periodo
gravable siguiente a aquel en que se expide este fallo, el cálculo de la renta gravable
alternativa para empleados, obtenida en virtud de los sistemas IMAN e IMAS-PE, debe permitir
la sustracción de las rentas de trabajo exentas, en los términos previstos por el artículo 206-
39 “ARTÍCULO 647. SANCIÓN POR INEXACTITUD. Constituye inexactitud sancionable en las declaraciones
tributarias, la omisión de ingresos, de impuestos generados por las operaciones gravadas, de bienes o actuaciones
susceptibles de gravamen, así como la inclusión de costos, deducciones, descuentos, exenciones, pasivos,
impuestos descontables, retenciones o anticipos, inexistentes, y, en general, la utilización en las declaraciones
tributarias, o en los informes suministrados a las Oficinas de Impuestos, de datos o factores falsos, equivocados,
incompletos o desfigurados, de los cuales se derive un menor impuesto o saldo a pagar, o un mayor saldo a favor
para el contribuyente o responsable. Igualmente, constituye inexactitud, el hecho de solicitar compensación o
devolución, sobre sumas a favor que hubieren sido objeto de compensación o devolución anterior./ La sanción por
inexactitud será equivalente al ciento sesenta por ciento (160%) de la diferencia entre el saldo a pagar o saldo a
favor, según el caso, determinado en la liquidación oficial, y el declarado por el contribuyente o responsable. Esta
sanción no se aplicará sobre el mayor valor del anticipo que se genere al modificar el impuesto declarado por el
contribuyente./ […]/ No se configura inexactitud, cuando el menor valor a pagar que resulte en las declaraciones
tributarias se derive de errores de apreciación o de diferencias de criterio entre las Oficinas de impuestos y el
declarante, relativos a la interpretación del derecho aplicable, siempre que los hechos y cifras denunciados sean
completos y verdaderos./ […]”.
40 Sentencia del 12 de marzo de 2009. Exp. 16575. C. P. Martha Teresa Briceño de Valencia, reiterada en la
sentencia del 3 de septiembre de 2015. Exp. 2002, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, citada en la sentencia de
15 de septiembre de 2016. Exp. 20555 y en la sentencia del 7 de marzo de 2018. Exp. 17919, C.P. Milton Chaves
García.
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10, primera frase, del Estatuto Tributario, una vez se detraigan del valor total de los pagos
laborales recibidos por el trabajador, los conceptos permitidos por el artículo 332 del Estatuto.”
Se advierte que el demandante solo solicita que se le aplique la sentencia enunciada,
pero no remite los conceptos y soportes de ingresos laborales que se requieren para
su cálculo, por lo que no procede su solicitud. En consecuencia, no prospera el cargo.
En cuanto a la sanción por no enviar información
Se advierte que el Tribunal determinó que la sanción por no enviar información era
procedente, sin embargo, ajustó por principio de favorabilidad los porcentajes al 3%
para la información que se remitió de forma extemporánea y del 5% para la que nunca
se remitió, de acuerdo con la Ley 1819 de 2016.
El demandante advirtió que no se encuentra probado el daño a la administración, que
la DIAN tenía toda la información por lo que no tenía la carga de la prueba, y que se
debe aplicar el principio de favorabilidad en materia sancionatoria para aplicar los
porcentajes de la sanción por no enviar información establecido en el artículo 80 de la
Ley 2277 de 2022.
En cuanto al daño y la sanción por no enviar información, esta Sala en sentencia del
17 de agosto de 2017 explicó lo siguiente41:
“3.7 Ahora bien, aunque la falta de entrega de información y la entrega tardía de
la misma inciden en las facultades de fiscalización y control para la correcta
determinación de los tributos y sanciones y, en esa medida, pueden considerarse
potencialmente generadoras de daño al fisco, principalmente sobre su labor
recaudatoria, sin dejar de lado los consiguientes efectos negativos sobre las arcas
públicas, tales omisiones sancionables no pueden medirse con el mismo rasero
para fundamentar el daño inferido cuando no se entregan o se entregan
extemporáneamente”
De acuerdo con el criterio expuesto, el no envío de información o el remitido de forma
extemporánea afecta al fisco en su capacidad de fiscalizar, lo cual es un daño en la
capacidad recaudadora. En consecuencia, el no envío de información en el tiempo
requerido genera daño en las arcas públicas.
En el presente caso, los actos demandados determinaron que el demandante no
remitió información solicitada por la DIAN y otra información se remitió de forma
extemporánea, por lo que procedió a imponer sanción por no enviar información, lo
cual se realizó por el daño a la administración de forma correcta.
Ahora, la Sala reitera lo explicado de forma previa respecto a la carga de la prueba, la
cual el demandante no cumplió al no enviar pruebas de soporte de sus costos y gastos.
En cuanto al principio de favorabilidad y la aplicación del artículo 80 de la Ley 2277 de
2022 esta Sala en sentencia del 25 de mayo de 2023 explicó lo siguiente42:
41 Exp. 21879. C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez
42 Exp. 27205. C.P. Wilson Ramos Girón
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FALLO
“Al efecto, en primer lugar hay que tener en cuenta, conforme lo ha expresado la
Sala, que si bien en el proceso la DIAN es único apelante, se advierte que «el
principio de favorabilidad cuando es aplicable en materia sancionatoria
administrativa constituye un imperativo constitucional y, por ende, bien puede ser
aplicado a solicitud de parte, o de oficio por la autoridad juzgadora competente».
Así, dado que el artículo 80 de la Ley 2277 de 2022 redujo el porcentaje de la
sanción por enviar la información con errores al 0,7%, procede, de conformidad
con el principio de favorabilidad en materia punitiva (artículo 29 de la Constitución),
reducir la multa que fue impuesta en el acto demandado; y sobre esta calcular el
cumplimiento del pago de la sanción reducida. En consecuencia, la sanción por
no enviar información por el año gravable 2014 se fija así: […]”
De acuerdo con el criterio expuesto, el principio de favorabilidad en materia
sancionatoria es aplicable de oficio o a solicitud de parte y de forma específica el
artículo 80 de la Ley 2277 de 2022 redujo las tarifas de la sanción por no enviar
información, por lo que es aplicable en el presente caso.
El artículo 651 del Estatuto Tributario modificado por la norma enunciada, ordena lo
siguiente:
“ARTÍCULO 651. Sanción por no enviar información o enviarla con errores. Las
personas y entidades obligadas a suministrar información tributaria así como
aquellas a quienes se les haya solicitado informaciones o pruebas, que no la
suministren, que no la suministren dentro del plazo establecido para ello o cuyo
contenido presente errores o no corresponda a lo solicitado, incurrirán en la
siguiente sanción:
1. Una multa que no supere 7.500 UVT*, la cual será fijada teniendo en cuenta los
siguientes criterios:
a) El uno por ciento (1%) de las sumas respecto de las cuales no se suministró la
información exigida;
b) El cero coma siete por ciento (0,7%) de las sumas respecto de las cuales se
suministró en forma errónea;
c) El cero coma cinco por ciento (0,5%) de las sumas respecto de las cuales se
suministró de forma extemporánea;
d) Cuando no sea posible establecer la base para tasar la sanción o la información
no tuviere cuantía, la sanción será de 0,5 UVT* por cada dato no suministrado o
incorrecto la cual no podrá exceder 7.500 UVT*.
2. El desconocimiento de los costos, rentas exentas, deducciones, descuentos,
pasivos, impuestos descontables y retenciones, según el caso, cuando la
información requerida se refiera a estos conceptos y de acuerdo con las normas
vigentes, deba conservarse y mantenerse a disposición de la Administración
Tributaria. […]” (Subraya la Sala)
De acuerdo con la norma transcrita en la liquidación de la sanción por no enviar
información se debe aplicar la tarifa del 1% respecto a la información que no fue
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remitida por el demandante y del 0.5% sobre la información que remitió de forma
extemporánea.
En relación con el cálculo de la sanción por no enviar información se observa que
recae sobre la información solicitada, como de forma correcta lo hizo la DIAN en la
liquidación oficial y como lo ordena la norma transcrita, por lo que no se realizó o no
debe calcularse sobre los ingresos netos, como de forma errónea lo asegura la
demandante. En consecuencia, prospera parcialmente el cargo.
En este orden de ideas la Sala procede a hacer la liquidación de acuerdo con lo
explicado de forma previa:
Entregó con
renta al
Concepto No entregó
Requerimiento
Especial
Patrimonio Bruto $ 1.650.913.000 $
-
Deudas $ 220.341.000 $
-
Honorarios $ 743.047.000 $
-
Intereses y rendimientos $ 2.981.000 $
-
Ingresos no constitutivos de renta $ 2.279.000 $
-
Deducciones dependientes $ 11.425.000 $
-
Costos $ 26.787.000 $ 379.488.000
SSGSS $ 63.813.000 $ 20.000
renta presuntiva $ 38.212.000 $
-
pensión $ 34.794.000 $
-
servicio doméstico $ $ 2.532.000
-
retenciones $ 95.494.000 $ 1.278.076
Base Sanción $ 2.890.086.000 $ 383.318.076 $ 3.273.404.076
Porcentaje Sanción 0,7% 1,0%
Total, sanción por no informar $ 20.230.602 $ 3.833.181 $ 24.063.783
Concepto Liq. Privada Liq. Oficial Liq. C de E
Ingresos netos $ 743.749.000 $ 743.749.000 $ 743.749.000
Deducción por dependientes económicos $ 11.425.000 $ 11.425.000 $ 11.425.000
costos y deducciones $ 406.275.000 $ 26.787.000 $ 39.105.000
Total costos y deducciones $ 417.700.000 $ 38.212.000 $ 50.530.000
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FALLO
Renta liquida $ 326.049.000 $ 705.537.000 $ 693.219.000
Aportes obligatorios a pensión $ 34.794.000 $ 37.027.000 $ 37.027.000
Renta liquida gravable $ 291.255.000 $ 668.510.000 $ 656.192.000
Ingresos obtenidos IMAN $ 746.028.000 $ 746.028.000 $ 746.028.000
Aportes a SGSS a cargo empleado $ 63.833.000 $ 63.813.000 $ 63.813.000
Aportes a SGSS a empleado domestico $ 2.532.000 0 0
Renta gravable alternativa IMAN $ 679.663.000 $ 682.215.000 $ 682.215.000
Impuesto sobre renta gravable $ 79.304.000 $ 203.798.000 $ 199.733.000
Impuesto sobre renta IMAN $ 135.250.000 $ 135.939.000 $ 135.939.000
Impuesto neto de renta $ 135.250.000 $ 203.798.000 $ 199.733.000
Saldo a favor 2015 $ 8.771.000 $ 8.771.000 $ 8.771.000
Retenciones $ 96.772.000 $ 95.494.000 $ 95.494.000
Saldo a pagar por impuesto $ 29.707.000 $ 99.533.000 $ 95.468.000
Sanciones $ 0 $ 175.694.000 $ 89.825.000
Total saldo a pagar $ 29.707.000 $ 275.227.000 $ 185.293.000
SANCIONES
Saldo a pagar determinado $ 99.533.000 $ 99.533.000 $ 95.468.000
Saldo a pagar declarado $ 29.707.000 $ 29.707.000 $ 29.707.000
Base Sanción $ 69.826.000 $ 69.826.000 $ 65.761.000
% Sanción 100% 100% 100%
Sanción Inexactitud $ 69.826.000 $ 69.826.000 $ 65.761.000
Sanción por no enviar información $ 105.868.000 $ 105.868.000 $ 24.064.000
TOTAL SANCIONES $ 175.694.000 $ 175.694.000 $ 89.825.000
Condena en costas
Conforme con lo previsto en los artículos 188 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y 365 numeral 8 del Código General
del Proceso, no procede la condena en costas, por cuanto en el expediente no se
encuentran pruebas que las demuestren o justifiquen.
De acuerdo con lo expuesto, la Sala modificará la sentencia apelada y negará la
condena en costas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por
autoridad de la ley,
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Radicación: 25000-23-37-000-2020-00017-01 (28008)
Demandante: FRANCISCO JAVIER RICAURTE
FALLO
FALLA
PRIMERO: MODIFICAR el ordinal segundo de la parte resolutiva de la sentencia del
1 de junio de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Cuarta, Subsección “B”. En su lugar, se dispone:
“SEGUNDO: En consecuencia, a título de restablecimiento del derecho
DECLÁRESE que el valor del impuesto de renta, sanción por inexactitud y sanción
por no enviar información a cargo de FRANCISCO JAVIER RICAURTE, por el
periodo gravable 2016 corresponde a la suma determinada en la parte motiva del
presente fallo.”
SEGUNDO: No condenar en costas en esta instancia.
Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
Cúmplase.
La anterior providencia se estudió y aprobó en sesión de la fecha
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
Salvo voto parcial
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
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