Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2020-00025-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2020-00025-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 25000-23-37-000-2020-00025-01
Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto
20 de junio de 2024
Radicado: 25000-23-37-000-2020-00025-01 (28148)
Demandante: PLINIO FERNANDO RODRÍGUEZ SAINEA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Bogotá D.C., veinte (20) de junio de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 25000-23-37-000-2020-00025-01 (28148)
Demandante: PLINIO FERNANDO RODRÍGUEZ SAINEA
Demandado: DIAN
Temas: IVA Tercer Cuatrimestre de 2015. Reclasificación de ingresos.
Sanciones.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra la
sentencia del 31 de agosto de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, que negó las pretensiones de la
demanda, sin condenar en costas1.
ANTECEDENTES
El 26 de enero de 2016, Plinio Fernando Rodríguez Sainea presentó la declaración
del impuesto sobre las ventas del tercer cuatrimestre del año 2015, corregida el 10 de
abril de 2017 y el 15 de junio de 2017, en la que registró un saldo a pagar de $355.000.
Previo requerimiento especial -sin respuesta-, la División de Gestión de Liquidación de
la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Bogotá profirió la Liquidación Oficial
de Revisión 322412018000241 del 24 de agosto de 2018, en la cual reclasificó
ingresos por operaciones gravadas al 5 %, ingresos por operaciones exentas e
ingresos por operaciones excluidas, y los adicionó al renglón de ingresos por
operaciones gravadas a la tarifa general. Así, fijó el impuesto por operaciones
gravadas en $120.659.000, el saldo a pagar en $49.672.000 e impuso sanciones por
inexactitud del 100 % en $49.116.000 y por irregularidades en la contabilidad de
$9.261.0002, para determinar un total a pagar de $107.493.000.
Contra la liquidación de revisión se interpuso recurso de reconsideración3, decidido por
la Resolución 992232019000526 del 28 de agosto de 2019, expedida por la
Subdirección de Gestión de Recursos Jurídicos de la Dirección de Gestión Jurídica de
la DIAN, que confirmó el acto recurrido.
1
Expediente digital disponible en SAMAI, índice 2.
2
Para un total sanciones de $58.377.000.
3
Radicado el 29 de octubre de 2018.
1
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Radicado: 25000-23-37-000-2020-00025-01 (28148)
Demandante: PLINIO FERNANDO RODRÍGUEZ SAINEA
DEMANDA
Plinio Fernando Rodríguez Sainea, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento, formuló las siguientes pretensiones:
«PRIMERA: Que el Honorable Tribunal decrete la Nulidad de la Liquidación Oficial de
Revisión Nº 32241201800024 del 24 de agosto de 2018, expedida por Flerida Yurley
Beltrán Preciado, Jefe GIT Determinaciones Oficiales de la División de Gestión de
Liquidación de la Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá, por la cual se modificó la
declaración privada del impuesto sobre las ventas por el tercer período de cuatrimestral del
año gravable 2015, que presentara el contribuyente PLINIO FERNANDO RODRIGUEZ
SAINEA, identificado con la cédula de ciudadanía Nº 74.357.110.
SEGUNDA: Que el Honorable Tribunal decrete la Nulidad de la Resolución Nº
992232019000125 del 28 de agosto de 2019, proferida por el Subdirector de Gestión de
Recursos Jurídicos de la Dirección de Gestión Jurídica de la Dirección Seccional de
Impuestos de Bogotá, Dr. Andrés Bermúdez Duchamp, en contra del contribuyente PLINIO
FERNANDO RODRÍGUEZ SAINEA, identificado con la cédula de ciudadanía N°
74.357.110, mediante el cual la División Jurídica confirma Liquidación Oficial de Revisión
del numeral.
TERCERA: Que como consecuencia de las declaraciones anteriores, el Honorable
Tribunal, declare, a título de restablecimiento del derecho, que la persona natural PLINIO
FERNANDO RODRÍGUEZ SAINEA, identificado con la cédula de ciudadanía N°
74.357.110, no está obligado a pagar a favor del erario público, las sumas determinadas
en las resoluciones cuya nulidad se demanda.
CUARTA: Que el Honorable Tribunal, como consecuencia de prosperar la nulidad de los
actos administrativos demandados, a título de restablecimiento del derecho declare la
firmeza de la corrección de la declaración del impuesto sobre las ventas por el tercer
periodo cuatrimestral del año gravable 2015, presentada el 15 de junio de 2017, mediante
Formulario Nº 3001620371793 y adhesivo 91000433540528 por la persona natural PLINIO
FERNANDO RODRÍGUEZ SAINEA, identificado con la cédula de ciudadanía N°
74.357.110.
QUINTO: Que el Honorable Tribunal condene en costas y agencias en derecho, a la parte
demandada en cumplimiento de la normatividad vigente.
PRETENSIONES SUBSIDIARIAS:
En caso de que el Honorable Tribunal no acceda a las pretensiones anteriores, le solicito
de forma respetuosa:
PRIMERA: Se reliquide la cuantía determinada como saldo a pagar por impuesto,
determinada en la suma de $49.471. 000.oo, una vez el H. Tribunal acepte la existencia de
los ingresos por operaciones exentas y excluidas, y de ventas gravadas al 5%, que se
prueben en la presente demanda.
SEGUNDA: Se reliquide la cuantía de la sanción impuesta a la Sociedad que represento,
por presunta inexactitud y por presunta irregularidad en la contabilidad, que debe ser la
mínima posible de acuerdo con la ley; o aquella suma inferior que el H. Tribunal considere
procedente de acuerdo con los principios que regulan la dosimetría de las sanciones
administrativas.
TERCERA: Que el Honorable Tribunal condene en costas y agencias en derecho, a la parte
demandada en cumplimiento de la normatividad vigente».
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Demandante: PLINIO FERNANDO RODRÍGUEZ SAINEA
Invocó como disposiciones violadas, las que se enuncian a continuación:
• Artículos 1, 2, 6, 25, 29, 83, 209 y 363 de la Constitución Política;
• Artículos 683, 742, 745, 772, 773, 774, 775, 776, 781 y 786 a 791 del Estatuto
Tributario y,
• Decreto 2649 de 1993.
Como concepto de la violación expuso, en síntesis, lo siguiente4:
Los actos acusados violan el debido proceso, al no establecer con claridad la vigencia
sobre la que se determinó el impuesto, pues en unos apartes se refirieron al tercer
cuatrimestre del año 2014, y en otros al mismo periodo, pero del 2015. Además, por
indebida valoración probatoria, en tanto ignoraron las documentales aportadas
durante la inspección contable, que dieron cuenta de las ventas gravadas al 5 % y de
las mercancías vendidas que tienen connotación de exentas y de excluidas.
La DIAN se basó en supuestos y no en hechos probados para reclasificar los ingresos,
pues alude a la falta de certeza para establecer qué tipo de bienes y servicios incluyen
las operaciones de venta y para identificar si se trata de operaciones gravadas,
exentas o excluidas y así determinar los productos vendidos como exentos, excluidos,
a la tarifa general o a la tarifa especial del 5 %.
Si bien se presentaron algunas deficiencias en el manejo de la contabilidad, estas no
eran suficientes para desconocer las ventas reflejadas en las facturas y demás
soportes. Además, en el marco de la inspección contable se entregó toda la
documentación contable con la que se contaba.
La sanción por inexactitud es desproporcionada, irrazonable e injusta, máxime si las
bases fueron modificadas sin sustento fáctico ni legal. La sanción por irregularidades
en la contabilidad es improcedente, porque los libros oficiales diario, mayor y balances
fueron aportados cuando la autoridad los requirió.
OPOSICIÓN
La DIAN se opuso a las pretensiones de la demanda, con fundamento en lo siguiente:
No se violó el debido proceso, pues las actuaciones y decisiones adoptadas se
fundaron en las normas aplicables y los hechos probados. No existió confusión
respecto del periodo investigado, que recae en la corrección a la declaración de IVA
del tercer cuatrimestre de 2015.
De las pruebas aportadas y recaudadas se concluyó que el actor no demostró qué
productos vendía con tarifa del 5 % y cuáles eran exentos o excluidos, por lo que, en
aplicación del artículo 763 del ET, se gravaron con la tarifa que correspondía.
4
La actora en el concepto de la violación aludió al desconocimiento de pasivos, que no fueron materia de glosa en los actos
acusados. Al efecto expuso: «Los pasivos declarados fueron desconocidos de manera ligera, basados en indicios. El hecho de
no hallar al proveedor en la dirección registrada en el RUT, o haber informado datos falsos en el mismo, no llevar contabilidad y
o reportar información exógena, no origina de suyo la inexistencia del proveedor o de las transacciones efectuadas con él».
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Demandante: PLINIO FERNANDO RODRÍGUEZ SAINEA
Se hallaron inconsistencias en la numeración de las facturas, los valores registrados
de venta y los liquidados de IVA y saltos de facturación, y el actor no aportó en formato
físico o magnético los comprobantes internos que permitan establecer los productos
vendidos. La contabilidad se desconoció por no reflejar la realidad económica, pues
debe contar con soportes idóneos que acrediten los conceptos registrados; de ahí que
la certificación de la contadora no sea suficiente para tenerse como prueba.
Procede la sanción por inexactitud, porque se declararon ingresos por operaciones
gravadas a la tarifa del 5 % y operaciones exentas y excluidas, que incumplían
requisitos legales, lo que derivó en un menor impuesto a pagar.
TRÁMITE PROCESAL EN PRIMERA INSTANCIA
La demanda se admitió por auto del 26 de noviembre de 2020, que ordenó notificar a
las partes. Aportada la contestación, en auto del 9 de julio de 2021 se prescindió de la
audiencia inicial, se precisó que no se presentaron irregularidades procesales,
nulidades, ni se plantearon excepciones o medidas cautelares y, al estar saneado el
proceso, se decretaron las pruebas pertinentes, se dio traslado a las partes para alegar
de conclusión y el litigio se concretó en determinar la legalidad de los actos acusados.
SENTENCIA APELADA
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, negó las
pretensiones de la demanda, sin condenar en costas, por estas razones:
No se transgredió el debido proceso, pues se probó que el periodo fiscalizado
correspondía a la vigencia 2015.
En las visitas practicadas se solicitó información contable que no fue suministrada. Se
pidieron los soportes de facturas escogidas aleatoriamente del grupo de las informadas
en los registros contables, y una relación de ventas por producto según referencias
parametrizadas por caja, pero tal documentación no se aportó so pretexto de que el
ingeniero encargado de «sacar el back up» no estaba en las instalaciones, y luego se
indicó que este no podía sacar la lista de los productos gravados a tarifa plena, a tarifa
del 5 %, exentos y excluidos, porque el aplicativo tomó los totales contabilizados en el
comprobante de factura de venta y el informe de ventas correspondiente, sin que fuera
posible discriminar el producto vendido.
Y si bien en visita del 30 de octubre de 2017, el contribuyente aportó algunas facturas
acompañadas de tirillas de caja denominadas informes diarios de venta, nuevamente
alegó que no tenía la relación de productos vendidos que evidenciara las operaciones
gravadas a tarifa general, a tarifa del 5 %, exentas y excluidas.
Sobre los ingresos por operaciones gravadas a la tarifa general, exentas y excluidas,
se encontraron inconsistencias en los soportes contables, tales como: i) saltos en la
facturación, ii) no se siguió el consecutivo en las facturas, iii) numeración repetida en dos cajas
registradoras, iv) no se presentó copia de las facturas, v) no se aportó la clasificación y
parametrización de las cajas registradoras que permitieran identificar el producto y su tarifa.
De ahí que se desconociera la contabilidad, además por: i) no demostrar movimientos de
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inventarios, ii) no incluir la totalidad de los ingresos obtenidos en el periodo fiscalizado, iii)
presentar irregularidades tanto en las facturas como en el sistema de facturación, iv) no
presentar soportes internos de las facturas relacionadas en los informes contables y, v) no
presentar relación de ventas discriminada por producto y por caja.
El certificado de contador carece de eficacia probatoria y procede su desconocimiento,
ante la presencia de elementos demostrativos que desvirtúen su contenido.
Aplica la sanción por inexactitud, ante la inclusión de ingresos por operaciones sin
soporte, que dieron lugar a un menor saldo a pagar. La sanción se impuso conforme
con el artículo 287 de la Ley 1819 de 2016, que modificó el artículo 647 del ET, con lo
cual no hay lugar a modificar la impuesta en los actos acusados. También procede la
sanción por irregularidades en la contabilidad, según las inconsistencias detectadas.
RECURSO DE APELACIÓN
El demandante reiteró los cargos de violación al debido proceso por la incertidumbre
respecto del año gravable investigado y por indebida valoración probatoria, y que:
Rechazar las tirillas de caja y exigir la parametrización por cada producto vendido es
absurdo e imposible, pues el sistema POS de facturación y registro se maneja en
todos los supermercados y en pequeñas tiendas de barrio. Para acreditar las ventas
se aportó la contabilidad y las tirillas de caja referentes al sistema POS.
En la contabilidad obran las bases de las ventas gravadas al 5 % y de aquellas con
connotación de exentas y excluidas; de hecho, los mismos funcionarios en el informe
de visita reconocieron y cuantificaron los valores por cada uno de esos rubros.
Los indicios en los que se fundó la Administración no tienen la connotación para
desestimar las pruebas documentales aportadas, ni para desconocer la contabilidad
y la certificación contable. Las irregularidades contables, a lo sumo darían lugar a una
sanción por irregularidades, pero no a la reclasificación de ingresos.
Las sanciones impuestas son desproporcionadas, irrazonables e injustas, pues las
bases se modificaron sin sustento fáctico o legal, imponiendo al actor una carga mayor
a la que le corresponde; además, transgreden el principio de no confiscatoriedad y su
imposición desborda su capacidad económica, poniendo en riesgo su patrimonio.
TRÁMITE PROCESAL DE SEGUNDA INSTANCIA
Como no se requirió decreto de pruebas, no se dio traslado para alegar de conclusión
-art. 247 CPACA-. Las partes no se pronunciaron y el Ministerio Público no conceptuó.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
Se decide la legalidad de los actos administrativos que modificaron la declaración del
impuesto sobre las ventas de Plinio Fernando Rodríguez Sainea, por el tercer
cuatrimestre del año gravable 2015.
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En los términos del recurso de apelación, se debe determinar si se violó el debido
proceso por indebida valoración probatoria, al reclasificar ingresos por operaciones
gravadas a tarifa especial del 5 %, por operaciones exentas y por operaciones
excluidas, al renglón de ingresos de transacciones gravadas a la tarifa general, con
fundamento en indicios. Además, se establecerá si proceden las sanciones impuestas.
Se descarta la violación al debido proceso por yerros sobre el año gravable
investigado5, pues está acreditado que la DIAN fiscalizó el tercer cuatrimestre de la
vigencia 2015, y no del 2014, y que el actor ejerció sus derechos de defensa y de
contradicción en sedes administrativa y judicial en relación con el año 2015.
Los obligados fiscales deben demostrar los hechos consignados en sus declaraciones
tributarias cuando estos sean sujetos de comprobación especial por parte de la
Administración quien, en ejercicio de sus facultades de fiscalización, puede practicar
los medios de prueba previstos en las leyes tributarias o en el CGP, en cuanto sean
compatibles con aquellos (art. 742 del ET), para corroborar la existencia de las
operaciones.
La Sala ha precisado que el ordenamiento tributario no enlista los medios de prueba
conducentes para acreditar la existencia de las operaciones; de ahí que su
demostración se enmarque en la regla general de libertad probatoria a que alude el
artículo 165 del CGP y que, conforme al artículo 743 del ET, la eficacia de los medios
probatorios aportados para tal fin dependerá «de [su] mayor o menor conexión con el hecho
que trata de probarse», situación en la que los indicios resultan relevantes, dado que, si la
operación económica es inexistente, no habrá evidencia directa de tal afirmación.
Por tal motivo, la inexistencia o simulación de las operaciones económicas debe ser
acreditada mediante la prueba de otros hechos, a partir de los cuales, por inferencia
lógica, estas se colijan. En esas condiciones, el hecho indicador debe estar acreditado
en el proceso mediante otros medios de prueba, y contar con la entidad de demostrar
otro a través de un proceso de inferencia lógica, según las reglas de la experiencia6.
También se precisó que, en virtud del principio general de la carga de la prueba
contenido en el artículo 167 CGP, corresponde al obligado fiscal demostrar los
aspectos negativos de la base imponible del impuesto (costos, gastos, impuestos
descontables, compras), por ser quien los invoca a su favor y, en contraste, cuando se
pretenda alterar el aspecto positivo de la base gravable (entiéndase adición de ingresos u
operaciones sometidos a tributación), esa carga recae en la Administración. Ahora bien, en
virtud del sistema de autoliquidación tributaria, cuando medie un despliegue probatorio
que permita cuestionar la veracidad de los hechos declarados, el llamado a
comprobarlos es el sujeto pasivo de la obligación7.
En el caso concreto, el apelante alega que los actos acusados violaron el debido
proceso por indebida valoración probatoria, al darle prevalencia a indicios sobre las
pruebas documentales aportadas, que daban cuenta de las operaciones declaradas,
5
«[A]l no establecer con claridad la vigencia sobre la que se determinó el impuesto a las ventas a cargo, pues en folio 1 del
expediente del procedimiento señaló que se refería al tercer cuatrimestre del año 2014, pero posteriormente indicó que era por el
mismo periodo, pero de 2015», según relató el contribuyente tanto en la demanda como en el recurso de apelación.
6
Sentencias del 19 de febrero de 2020 y del 05 de agosto de 2021, Exps. 23296 y 22478, CP. Julio Roberto Piza Rodríguez,
reiteradas en sentencia del 7 de octubre de 2021, Exp. 23149.
7
Sentencias del 31 de mayo de 2018 y del 05 de agosto de 2021, Exps. 20813 y 22478, CP. Julio Roberto Piza Rodríguez.
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y que la contabilidad, pese a presentar deficiencias, contenía información suficiente
respecto de los ingresos por ventas a tarifa especial y de bienes exentos y excluidos.
Por su parte, la DIAN manifestó que el actor no probó qué productos vendía con tarifa
del 5 % y cuáles eran exentos o excluidos, por lo que, en aplicación del artículo 763
del ET, se debían gravar con la tarifa más alta de bienes vendidos por el responsable.
Anotó que se encontraron inconsistencias en la numeración de facturas, los valores
registrados de venta y los liquidados de IVA y saltos de facturación; que el actor no
aportó los comprobantes internos que permitieran establecer los productos vendidos
y que la contabilidad se desconoció por no reflejar la realidad económica, pues no
contaba con soportes idóneos que acreditan la veracidad de lo registrado; de ahí que
la certificación de la contadora fuera suficiente para tenerse como prueba.
En el expediente están acreditados los siguientes hechos:
• El contribuyente registra en el RUT como actividad económica la descrita con el código 4711:
«Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto
principalmente por alimentos, bebidas o tabaco», y la 4799: «otros tipos de comercio al por
menor no realizado en establecimientos, puestos de venta o mercados». Del certificado de
matrícula de persona natural expedido por la Cámara de Comercio, se advierte que está inscrito
desde el 21 de agosto de 2003 y registra ser propietario de un establecimiento de comercio
denominado «Mercados Samacá».
• El 26 de enero de 2016, el actor presentó la declaración del impuesto sobre las ventas del tercer
cuatrimestre del año gravable 2015, corregida el 15 de julio de 2015, en la cual registró ingresos
por operaciones gravadas al 5 % de $20.562.000, impuesto generado de $1.028.000; ingresos
brutos por operaciones gravadas de $440.721.000; ingresos brutos por operaciones exentas de
$129.779.000 e ingresos brutos por operaciones excluidas por $163.058.000, con un impuesto
a cargo por la tarifa general de $70.515.000 e impuestos descontables por $70.987.000.
• La DIAN reclasificó los ingresos brutos declarados por operaciones gravadas al 5 %, exentas y
excluidas, adicionando el renglón de ingresos brutos por operaciones gravadas a tarifa general,
al no estar soportados y diferenciados en la contabilidad, lo que a su vez resultó en el incremento
del impuesto a cargo por operaciones gravadas en $120.659.000. Tales modificaciones se
sintetizan así:
Concepto Valor Declaración privada Valor determinado
Ingresos Operaciones gravadas al 5 % $20.652.000 $0
Operaciones gravadas al 16 % $440.721.000 $754.120.000
Operaciones exentas $129.779.000 $0
Operaciones excluidas $163.058.000 $0
TOTAL INGRESOS NETOS $754.120.000 $754.120.000
A la tarifa del 16 % $70.515.000 $120.659.000
Impuesto A la tarifa del 5 % $1.028.000 $0
Generado TOTAL IMPUESTO OPERACIONES
GRAVADAS $71.543.000 $120.659.000
Impuesto Imp. descontable por compra de $1.581.000 $1.581.000
Descontable bienes gravados tarifa 5%
Imp. descontable por compra de $69.406.000 $69.406.000
bienes gravados tarifa 16%
Total Imp. Descontado, pagado o $70.987.000 $70.987.000
facturado
Liquidación Total saldo a pagar por impuesto $355.000 $49.471.000
• En visita del 3 de mayo de 2017, se requirieron los soportes de ingresos y de ventas por caja
principal y secundaria, la relación mensual del tercer cuatrimestre del año 2015 y de compras
y ventas de los productos Súper Rica que distribuye. En respuesta, el contribuyente manifestó
7
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que no tenía la información, pero que procederían a organizarla para entregarla con
posterioridad8. Asimismo, en el Acta de Visita se indicó que, «El contribuyente manifiesta que
la anterior contadora no les entregó libros auxiliares, balances ni estados financieros del año
2015 y a la fecha la nueva contadora adquirió un paquete contable el cual está implementando
y alimentando con todos los soportes físicos (facturas de compra, soportes de pago de
arriendos, servicios públicos, pagos ICA, gasolina, peaje, mantenimiento y otros. Con las
relaciones de compras […]».
• El 26 de mayo de 2017, el actor entregó las relaciones de facturas de compra d e los meses
de septiembre a diciembre del año 2017 y de compras y ventas de los productos Súper Rica del
mismo período9.
• Según Acta de visita10, el 20 de octubre de 2017 se solicitaron los libros oficiales (diario y
mayor), el balance, los auxiliares de las cuentas 14, 24 y 41 correspondientes a compras, IVA
e ingresos, facturas de compra y las siguientes facturas de venta escogidas aleatoriamente
así: i) 818 de 26 de septiembre de 2015, 1059 del 12 de diciembre de 2015, 1093 de 23 de
diciembre de 2015, 1096 del 24 de diciembre de 2015, 114 y 115 de 31 de diciembre de 2015.
No obstante, el actor no aportó las facturas argumentando que no estaba el ingeniero
encargado del sistema, por lo que se le solicitó una relación de las ventas por caja
correspondiente al período comprendido entre el 1.° de septiembre al 31 de diciembre de 2015,
clasificando por producto las operaciones gravadas al 5 %, gravadas a tarifa general, exentas,
excluidas y/o no gravadas.
• En el acta de visita de 30 de octubre de 2017 consta que el actor allegó las facturas aleatorias
requeridas, pero no presentó la relación de las ventas por producto según su gravamen a tarifa
general, tarifa del 5 %, exentas o excluidas, limitándose a aportar una tirilla denominada
informe de venta por día para cada una de las cajas. Al contrastar las tirillas con las facturas
de venta allegadas se encontraron inconsistencias entre el valor total de la venta reflejado en
dicho comprobante y el de las facturas de venta, así como doble facturación y consecutivos
repetidos; Por ello, se solicitó toda la facturación de cada una de las cajas para el día 31 de
diciembre de 2015, requerimiento que no fue atendido ante la supuesta imposibilidad del
contribuyente para obtenerlas por problemas técnicos.
• En el extracto del libro auxiliar del período del 1.° de septiembre y el 31 de diciembre de 2015 11
se relacionan las siguientes FV: i) por productos gravados a tarifa del 5 % por valor de
$20.562.358 (fls. 217 a 222), ii) por productos gravados a tarifa del 16 % por valor de $
440.721.028 (fls. 222 a 229), iii) por productos exentos por valor de $129.779.011 (fls. 230, 231
y 234), iv) por productos excluidos por valor de $163.058.168 (fls. 235 a 239), referenciando
en todas al tercero comprador como “cliente por mostrador”.
• En visita del 1.° de diciembre de 2017, la contadora reiteró que diariamente se realiza un solo
cierre de facturación por caja registradora, generando un documento denominado INFORME
DE VENTA, que corresponde al Informe Diario exigido por el sistema de facturación, mediante
el tiquete de máquina POS, donde se resume el rango de facturación utilizado y las ventas por
valores según el tratamiento de los productos frente al IVA y que por el comprobante FACTURA
DE VENTA no se realiza ningún registro en la cuenta 11 de Inventarios 12.
• En el requerimiento especial del 7 de diciembre de 201713 se propuso reclasificar los ingresos
por operaciones gravadas al 5 % de $20.562.000, los ingresos por operaciones exentas de
$129.779.000 y los ingresos por operaciones excluidas de $163.058.000, al renglón de
ingresos por operaciones gravadas a la tarifa general e imponer sanciones por inexactitud del
100 % por $49.116.000 y por irregularidades en la contabilidad de $9.261.000. Dicho acto se
notificó el 12 de diciembre de 2017, pero no fue respondido por el contribuyente.
8
Fls. 44-45.
9
Fl. 55.
10
Fls. 178-179.
11
Fl. 217.
12
Fl. 701.
13
Fls. 816-836.
8
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• En consecuencia, la DIAN profirió la Liquidación Oficial de Revisión 322412018000241 de 24
de agosto de 2018, confirmando las modificaciones propuestas en el requerimiento especial.
• Previa interposición del recurso de reconsideración14, la DIAN expidió la Resolución
992232019000125 de 28 de agosto de 2019, de manera desfavorable15.
Se observa que el contribuyente no presentó la totalidad de la información solicitada,
ni el archivo con la relación de ventas por producto, según referencias parametrizadas
por la caja registradora, con el argumento de que el ingeniero de sistemas no podía
extraer la lista de productos exentos, excluidos, gravados al 16 % y gravados al 5 %,
y que el aplicativo tomó los totales contabilizados en el comprobante «FACTURA DE
VENTA-FV» y en el informe de ventas correspondiente, dejando constancia de que «A
LA FECHA NO SE PUEDE DISCRIMINAR POR PRODUCTO VENDIDO 16».
Que, como no fue posible constatar la clasificación de los productos vendidos en el
periodo investigado, se cotejaron los comprobantes internos denominados «FACTURA
DE VENTA», entregados por la contadora, encontrando las siguientes inconsistencias:
• La factura de venta 1115 por $7.565.35817 contenida en la caja 1 tiene un soporte informe de
ventas 1053 por $3.592.23818, cifras que difieren. Para aclarar la diferencia, la contadora
presentó el informe de ventas 1055 por $7.565.35819, lo cual indica que el informe de ventas
1053 no tiene soporte contable. No obstante, en el informe aparece que $3.592.238 fueron
vendidos mediante facturas 311397 a 31159920, en ventas del 31 de diciembre de 2015.
• La factura de venta 1114 expedida en la caja 2, por $7.074.920 con su soporte de ventas 1052
por $8.346.359, corresponde a ventas efectuadas el 31 de diciembre de 2015 21. Para justificar
la diferencia, la contadora entregó el comprobante interno correspondiente a la factura de venta
1116 por $1.271.43922, contradiciendo lo manifestado respecto a que el aplicativo genera un
informe de ventas diario por caja registradora.
• Respecto de los informes de ventas entregados, en la Caja 1, informe de ventas 1053 del 31 de
diciembre de 2015, la factura inicial es la 311397 y la final la 311599, lo que indica que se
expidieron en ese día 202 facturas.
• En el informe de ventas 1052 del 31 de diciembre de 2015, correspondiente a la Caja 2 fueron
expedidas 217 facturas, de la 311213 a la 311430. Dicho informe tuvo un faltante de 167
facturas, por lo cual se solicitó copia de las facturas de venta de las dos cajas registradoras, a
lo que la contadora manifestó no poder presentar copia de estas, porque el sistema no permitía
sacar copias de facturas emitidas en el año 2015 23.
Al comparar las ventas del 31 de diciembre de 2015, tomando en cuenta las facturas
de ventas, los informes de venta y el valor registrado en el libro diario y las dos cajas
encontradas en el establecimiento, se encontró una diferencia de $3.400.186:
CAJA N° FACTURA DE INFORME DE VALOR TOTAL IMPUESTOS VALOR VENTA SIN
VENTA VENTA IMPUESTOS
1 675 1055 $7.565.358 $370.980 $7.194.378
2 SIN SOPORTE 1053 $3.592.238 $192.052 $3.400.186
1114 Y 1116 1052 $8.346.359 $533.952 $7.812.407
TOTAL VENTA A 31/12/2015 $18.406.971
VALOR INCLUIDO EN EL LIBRO DIARIO (FOLIO 203) $15.006.785
DIFERENCIA $3.400.186
14
Fls. 877 – 879.
15
Fls. 910 - 917
16
Fl. 428.
17
Fl. 675.
18
Fl. 674.
19
Fl. 678.
20
Fl. 674.
21
Fls. 677-679.
22
Fl. 678.
23
Fl. 429.
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De lo anterior, se infirió que el valor correspondiente al informe de ventas 1053, que
carece de factura de venta, no fue declarado en el periodo investigado.
Sobre las tirillas aportadas por el actor, denominadas «INFORME DE VENTAS», se revisó
el consecutivo de las facturas de cada una de las cajas registradoras usadas en el
establecimiento, encontrando las siguientes inconsistencias:
• Del 10/11/15 al 14/11/15: de la factura 301290 se pasa a la factura 301852, con un salto de 560
facturas.
• Del 14/11/15 al 16/11/15: de la factura 302043 se pasa a la factura 302216, con un salto de 171
facturas.
• Del 16/11/15 al 20/11/15: de la factura 302393 pasa a la 302964, con un salto de 596 facturas.
• Del 20/11/15 al 26/11/15: de la factura 303144 a la 304121, con un salto de 975 facturas.
• Del 31/12/15: de la factura 311431 pasa a la 311598, salto de 167 facturas.
Al preguntar a la contadora respecto de la inconsistencia en la facturación, esta
respondió: «No sé explicar por qué realizaron los diferentes cortes de facturación con la misma
numeración utilizada. El personal de contabilidad trabaja con la información que se le entrega. De
todas maneras, en ese periodo no estaba a cargo de la contabilidad […]»24.
De lo anterior se concluye que la contabilidad del contribuyente no refleja en forma
completa, clara y verificable la totalidad de las transacciones realizadas, ni los valores
declarados, pues no se aportó de manera completa, no hay certeza de los inventarios
obtenidos y la base de informes diarios extraídos del sistema POS presentan
inconsistencias que no fueron desvirtuadas.
Así, en lo que respecta a los ingresos por operaciones exentas, excluidas y gravadas
a tarifa especial del 5 %, i) la contabilidad no demuestra movimiento de inventarios, pues no existen
auxiliares o Kardex de los mismos; ii) la contabilidad no incluye el total de ingresos obtenidos en el
periodo; iii) no se presentó relación de conteo físico de inventarios al 31 de diciembre de 2015; al solicitar
copia de las facturas, no las presentó; iv) no presentó relación de ventas discriminada por producto y
por caja , indicando tipo de producto, valor y base del impuesto cobrado y, v) se encontraron
irregularidades en el sistema de facturación POS, que no permitieron identificar la base de
contabilización de los ingresos y gastos; los informes diarios presentaban inconsistencias como mismo
rango de facturación en la misma caja con diferentes valores y distintos tratamientos de IVA, rangos de
facturación no usados y expediciones de más de un informe por diario por día.
En ese contexto, la contabilidad y las pruebas aportadas por el demandante no
proporcionan certeza respecto del tipo de bienes y servicios que comercializaba, ni
permiten identificar si vende bienes gravados, exentos, excluidos del impuesto sobre
las ventas. En contraste, la Administración, mediante los medios de prueba
recaudados en ejercicio de sus facultades de fiscalización, estableció la existencia de
irregularidades que no fueron infirmadas por el actor, sobre quien recaía la carga de la
prueba.
Al efecto, cabe anotar que si bien el artículo 772 del ET establece que los libros de
contabilidad del contribuyente constituyen prueba a su favor cuando se llevan en
debida forma25, el numeral 4 del artículo 774 ejusdem precisó que ello aplica cuando no
hayan sido desvirtuados por la Administración «por medios probatorios directos o indirectos
que no estén prohibidos por la ley». Por ello, su eficacia probatoria no es absoluta, ya que
está sujeta a la verificación de la autoridad fiscal, quien en desarrollo de sus facultades
24
Fl. 702.
25
Artículo 774 del Estatuto Tributario.
10
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de fiscalización puede solicitarla y, si es del caso, desvirtuarla a través de medios de
prueba directos o indirectos que no estén prohibidos por la ley.
Por ello, ante las irregularidades detectadas en la contabilidad del contribuyente, no es
posible tenerla como prueba, en cuanto fue desvirtuada por la Administración.
En lo que respecta al certificado expedido por la contadora del contribuyente, se
advierte que, aunque el artículo 777 del ET establece que cuando se trate de presentar
ante la autoridad tributaria una prueba contable, «serán suficientes las certificaciones de los
contadores o revisores fiscales de conformidad con las normas legales vigentes, sin perjuicio de la
facultad que tiene la administración de hacer las comprobaciones pertinentes», la Sala ha indicado26
que dicho documento debe contener la discriminación de las circunstancias
estrictamente contables y su idoneidad probatoria depende del grado de detalle y de
la calidad de los comprobantes que los acompañen. Así, la calidad de «prueba suficiente»
que le otorga el ET no puede limitarse a simples afirmaciones globales sobre las
operaciones de orden interno y externo carentes de respaldo27.
De ahí, que se haya exigido el cumplimiento de los siguientes requisitos: i) expresar si la
contabilidad se lleva de acuerdo con las normas, ii) si los libros se encuentran registrados en la Cámara
de Comercio, iii) si reflejan la situación financiera del ente económico, iv) debe tener algún grado de
detalle en cuanto a los libros, cuentas o asientos correspondientes a los hechos que se pretenden
demostrar y estar respaldados por comprobantes internos y externos y v) llevar al convencimiento del
hecho que se pretende probar, con sujeción a las normas que regulan el valor probatorio de la
contabilidad28, los cuales no están acreditados en el caso, máxime cuando los hallazgos
de la Administración desvirtuaron la contabilidad, en el contexto antes precisado.
En consonancia con lo anterior, al no existir certeza sobre la realidad económica de
las operaciones adelantadas por el contribuyente durante el tercer cuatrimestre del año
gravable 2015, ni de la calidad de los bienes vendidos y la clasificación tarifaria de los
mismos, opera el artículo 763 del ET, según el cual, cuando la contabilidad del
responsable no permita diferenciar los bienes vendidos, se presumirá que la totalidad
de las ventas no identificadas se tendrán gravados a la tarifa general, que para la fecha
de los hechos correspondía al 16 %. No prospera el cargo de apelación.
Sanción por irregularidades en la contabilidad
El artículo 15 de la Constitución Política facultó a la Administración para exigir de los
obligados «la presentación de libros de contabilidad y demás documentos privados, en los términos
que señale la ley», cuya omisión implica que no puedan invocar tales documentos con
posterioridad y que ello se tenga como indicio en contra29, a lo cual se suma la
imposición de sanciones por el incumplimiento de deberes formales30.
26
Sentencia del 29 de septiembre de 2022, Exp. 25770, CP. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
27
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Proceso: 66001-23-33-000-2016-00174-01 (24646).
Sentencia del 2 de diciembre de 2021. CP: Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
28
En este sentido ver: i) Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Proceso: 15255. Sentencia
del 25 de septiembre de 2008. CP: Héctor J. Romero Díaz; ii) Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección
Cuarta. Proceso: 20529. Sentencia del 16 de noviembre de 2017. CP: Julio Roberto Piza Rodríguez; iii) Consejo de Estado. Sala
de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Proceso: 22241. Sentencia del 14 de marzo de 2019. CP: Milton Chaves
García; iv) Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Proceso: 22920. Sentencia del 15 de abril
de 2021. CP: Stella Jeannette Carvajal Basto; y v) Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta.
Proceso: 24375. Sentencia del 4 de noviembre de 2021. CP: Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
29
Lo anterior fue establecido en los artículos 781 del Estatuto Tributario y 133 del Decreto 2649 de 1993, según el cual «Si el ente
económico no presenta los libros y papeles cuya exhibición se decreta, se tendrán como probados en su contra los hechos que
la otra parte se proponga demostrar, si para los mismos es admisible la confesión, salvo que aparezca probada y justificada su
pérdida, extravío o destrucción involuntaria».
30
Sentencia del 2 de diciembre de 2015, Exp. 19902, C.P. Dra. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez.
11
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Sobre las irregularidades contables, el artículo 654 del ET dispone que, «Habrá lugar a
aplicar sanción por libros de contabilidad, en los siguientes casos (…) e. No llevar los libros de
contabilidad en forma que permitan verificar o determinar los factores necesarios para
establecer las bases de liquidación de los impuestos o retenciones (…)». Se resalta.
Respecto a las infracciones que dan lugar a la sanción por irregularidades en la
contabilidad, se ha precisado que «tributariamente se castiga no llevar contabilidad, no registrar
los libros, no exhibirlos cuando se requieran, llevar doble contabilidad, no diligenciarlos de manera que
se puedan establecer las bases de liquidación de los impuestos o retenciones y cuando se encuentren
atrasados, pues de presentarse alguno de estos hechos, la fuente contable no es idónea y eficaz
para una correcta determinación tributaria»31. Se resalta.
En lo que atañe a este asunto, la Sección considera que la sanción por irregularidades
en la contabilidad está estrechamente relacionada con la clase de infracción de que se
trate32, lo que corrobora que las infracciones a que alude el artículo 654 del ET, que
dan lugar a la sanción por libros, son todas diferentes y, por tanto, no deben
confundirse, pues se viola el principio de tipicidad de las sanciones.
En relación con la sanción por libros de contabilidad, el artículo 655 del ET señala que,
«Sin perjuicio del rechazo de los costos, deducciones, impuestos descontables, exenciones, descuentos
tributarios y demás conceptos que carezcan de soporte en la contabilidad, o que no sean plenamente
probados de conformidad con las normas vigentes, la sanción por libros de contabilidad será del medio
por ciento (0.5%) del mayor valor entre el patrimonio líquido y los ingresos netos del año anterior al de
su imposición, sin exceder de 20.000 UVT […]».
Para la Sala, se configuró la sanción impuesta en los actos demandados, en tanto se
evidenció que el contribuyente no llevaba la contabilidad en debida forma,
incumpliendo lo establecido en el artículo 774 del ET, pues no reflejaba la realidad de
las operaciones en esta consignadas, ni permitía verificar o identificar las bases de
liquidación. No prospera el cargo de apelación.
Sanción por inexactitud - Reiteración Jurisprudencial33
La demandante sostiene que la sanción por inexactitud es improcedente, porque los
datos declarados fueron veraces.
El artículo 647 del ET establece que, procede la sanción por inexactitud, entre otros
eventos, cuando en la declaración se omiten ingresos, impuestos generados por las
operaciones gravadas, de bienes o actuaciones susceptibles de gravamen, o se
utilizan datos o factores falsos, equivocados, incompletos o desfigurados de los que
se derive un menor impuesto a cargo o un mayor saldo a favor del contribuyente.
En este caso, se considera que la sanción es procedente, porque el demandante
incluyó en la declaración de ventas del tercer cuatrimestre de 2015 ingresos gravados
a la tarifa del 5 %, exentos y excluidos que no fueron soportados, de lo que se derivó
un menor impuesto a cargo, circunstancia que constituye inexactitud sancionable. Y,
contrario a lo expuesto por la parte actora, esta fue impuesta conforme con el artículo
31
Sentencia de 13 de septiembre de 2017, exp 20632, C.P Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
32
Entre otras, ver sentencia del 6 de febrero de 1998, Exp. 8664, C.P. Delio Gómez Leyva; sentencia de 9 de julio de 1999, Exp.
9223, C.P. Daniel Manrique Guzmán; sentencia del 7 de junio de 2006, Exp. 15008, C.P. María Ines Ortiz Barbosa; sentencia de
11 de diciembre de 2007, exp. 15053, C.P. Héctor J. Romero Díaz.
33
Se reitera el criterio expuesto por la Sala en sentencias del 20 de febrero de 2017, exp. 20623, CP. Hugo Fernando Bastidas
Bárcenas (E) y 9 de marzo de 2017, exp. 19823, CP. Stella Jeannette Carvajal Basto, entre otras.
12
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647 del ET (100 %), con lo cual no existe vulneración a los principios de razonabilidad,
proporcionalidad y no confiscatoriedad. No prospera el cargo de apelación.
Las razones que anteceden son suficientes para confirmar la sentencia apelada, que
negó las pretensiones de la demanda y no condenó en costas.
Finalmente, conforme a lo previsto en los artículos 188 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 365 del Código General del
Proceso34, no se condenará en costas (agencias en derecho y gastos del proceso) en esta
instancia, comoquiera que no se encuentran probadas en el proceso.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
FALLA
1.- CONFIRMAR la sentencia del 31 de agosto de 2022, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B.
2.- Sin condena en costas en esta instancia.
Notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
Cúmplase.
La presente providencia se aprobó en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA
Presidenta
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILSON RAMOS GIRÓN
34
C.G.P. «Art. 365. Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia en
la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: 1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien
se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto.
Además, en los casos especiales previstos en este código. 5). En caso de que prospere parcialmente la demanda, el juez podrá
abstenerse de condenar en costas (…) 8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la
medida de su comprobación».
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