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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2020-00047-01

Fecha
8 de agosto de 2024
Consejero ponente
Myriam Stella Gutierrez Arguello

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2020-00047-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA 1. Revocar la sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A, del 05 de mayo de 2023, y en su lugar: Primero: Declárese la nulidad de los siguientes actos administrativos: Acta TMA Resolución apelación Nro. 803-000004 del 27 de septiembre de 2019 Nro. 009697 del 11 de diciembre de 2019 Nro. 803-000005 del 27 de septiembre de 2019 Nro. 009698 del 11 de diciembre de 2019 Nro. 803-000006 del 27 de septiembre de 2019 Nro. 009699 del 11 de diciembre de 2019 Nro. 803-000007 del 27 de septiembre de 2019 Nro. 009700 del 11 de diciembre de 2019 Nro. 803-000008 del 27 de septiembre de 2019 Nro. 009701 del 11 de diciembre de 2019 Nro. 803-000009 del 27 de septiembre de 2019 Nro. 009702 del 11 de diciembre de 2019 Nro. 803-000010 del 27 de septiembre de 2019 Nro. 009347 del 28 de noviembre de 2019 Nro. 803-000012 del 22 de octubre de 2019 Nro. 009703 del 11 de diciembre de 2019 Nro. 803-000013 del 22 de octubre de 2019 Nro. 009704 del 11 de diciembre de 2019 Nro. 803-000014 del 22 de octubre de 2019 Nro. 009705 del 11 de diciembre de 2019 Nro. 803-000015 del 22 de octubre de 2019 Nro. 009706 del 11 de diciembre de 2019 Nro. 803-000016 del 22 de otubre de 2019 Nro. 009707 del 11 de diciembre de 2019 Nro. 803-000017 del 22 de octubre de 2019 Nro. 009708 del 11 de diciembre de 2019 15 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 25000-23-37-000-2020-00047-01 (27921) Demandante: Discovery Energy Services Colombia S.A. – En Reorganización Segundo: A título de restablecimiento del derecho, declarar la terminación de los procesos administrativos, teniendo en cuenta que no adeuda suma alguna relacionados con los siguientes actos: Obligación Emplazamiento para declarar Retención en la fuente 2 – 2015 Nro.312382018000146 del 07 de diciembre de 2018 Retención en la fuente 3 – 2015 Nro.312382018000147 del 07 de diciembre de 2018 Retención en la fuente 4 – 2015 Nro.312382018000148 del 07 de diciembre de 2018 Retención en la fuente 5 – 2015 Nro.312382018000149 del 07 de diciembre de 2018 […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 25000-23-37-000-2020-00047-01

Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello

8 de agosto de 2024

Radicado: 25000-23-37-000-2020-00047-01 (27921)
Demandante: Discovery Energy Services Colombia S.A. – En Reorganización

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá, D. C., ocho (08) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación 25000-23-37-000-2020-00047-01 (27921)
Demandante DISCOVERY ENERGY SERVICES COLOMBIA S.A. – EN
REORGANIZACIÓN
Demandado DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES – DIAN
Temas Retención en la fuente 2015. Autorretención CREE 2015.
Conciliación Administrativa Tributaria y Terminación por
Mutuo Acuerdo.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la demandante contra la
sentencia del 05 de mayo de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A, que decidió1:
«Primero: negar las pretensiones de la demanda.
Segundo: No se condena en costas en esta instancia, por las razones expuestas en la parte
considerativa de esta providencia. (…).»

ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA

El 7 de diciembre de 2018 la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN,
le profirió a la sociedad Discovery Energy Services Colombia S.A. – En
Reorganización (en adelante Discovery) emplazamientos para declarar por
concepto de retención en la fuente de los períodos 2, 3, 4, 5, 6, 7, y 8 del año 2015;
y autorretención a título de CREE de los períodos 3, 4, 5, 6, 7 y 8 del año 20152.

El 25 de julio de 2019, la actora presentó, bajo el artículo 101 de la Ley 1943 de
2018, solicitud de terminación por mutuo acuerdo Nro. 00005157, acompañándola
de las declaraciones presentadas con posterioridad a los emplazamientos, y los
recibos de pago correspondientes.

El 27 de septiembre y 22 de octubre de 2019, el Comité Especial de Conciliación y
Terminación por Mutuo Acuerdo negó, a través de diferentes actas, la solicitud
presentada. Las decisiones del Comité fueron apeladas por la demandante. El 11
de diciembre de 2019 se expidieron las correspondientes resoluciones,
confirmando la negativa.

1 Samai del Tribunal, índice 25.
2 Se observa, tanto para el caso de las declaraciones de retención en la fuente como para las de
autorretención de CREE, que la DIAN había enviado oficios a la actora indicándole que las declaraciones
eran ineficaces según lo dispuesto en el artículo 580-1 del Estatuto Tributario, que mencionaba “las
declaraciones de retención en la fuente presentadas sin pago total no producirán efecto legal alguno, sin
necesidad de acto administrativo que así lo declare.” (versión vigente para 2015). También realizó visita al
contribuyente.
1

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Radicado: 25000-23-37-000-2020-00047-01 (27921)
Demandante: Discovery Energy Services Colombia S.A. – En Reorganización

A continuación se identifica los emplazamientos, declaraciones, actas del Comité
Especial de Conciliación y Terminación por Mutuo Acuerdo (Acta TMA), y las
resoluciones que resolvieron los recursos de apelación, mencionados:

Emplazamiento Resolución
Obligación Declaración Acta TMA
para declarar apelación
Retención en la Nro.312382018000 Nro.3509663076678 Nro. 803-000004 del Nro. 009697 del 11
fuente 146 del 07 de del 18 de enero de 27 de septiembre de de diciembre de
2 – 2015 diciembre de 2018 2019 2019 2019
Retención en la Nro.312382018000 Nro.3509663076685 Nro. 803-000005 del Nro. 009698 del 11
fuente 147 del 07 de del 18 de enero de 27 de septiembre de de diciembre de
3 – 2015 diciembre de 2018 2019 2019 2019
Retención en la Nro.312382018000 Nro.3509663076700 Nro. 803-000006 del Nro. 009699 del 11
fuente 148 del 07 de del 18 de enero de 27 de septiembre de de diciembre de
4 – 2015 diciembre de 2018 2019 2019 2019
Retención en la Nro.312382018000 Nro.3509663076718 Nro. 803-000007 del Nro. 009700 del 11
fuente 149 del 07 de del 18 de enero de 27 de septiembre de de diciembre de
5 – 2015 diciembre de 2018 2019 2019 2019
Retención en la Nro.312382018000 Nro.3509663076725 Nro. 803-000008 del Nro. 009701 del 11
fuente 150 del 07 de del 18 de enero de 27 de septiembre de de diciembre de
6 – 2015 diciembre de 2018 2019 2019 2019
Retención en la Nro.312382018000 Nro.3509663076757 Nro. 803-000009 del Nro. 009702 del 11
fuente 151 del 07 de del 18 de enero de 27 de septiembre de de diciembre de
7 – 2015 diciembre de 2018 2019 2019 2019
Retención en la Nro.312382018000 Nro.3509663076764 Nro. 803-000010 del Nro. 009347 del 28
fuente 152 del 07 de del 18 de enero de 27 de septiembre de de noviembre de
8 – 2015 diciembre de 2018 2019 2019 2019
Autorretención Nro. 900120 del 07 Nro.3602626712187 Nro. 803-000012 del Nro. 009703 del 11
CREE de diciembre de del 18 de enero de 22 de octubre de de diciembre de
3 – 2015 2018 2019 2019 2019
Autorretención Nro. 900121 del 07 Nro.3602626712194 Nro. 803-000013 del Nro. 009704 del 11
CREE de diciembre de del 18 de enero de 22 de octubre de de diciembre de
4 – 2015 2018 2019 2019 2019
Autorretención Nro. 900919 del 07 Nro.3602626710002 Nro. 803-000014 del Nro. 009705 del 11
CREE de diciembre de del 18 de enero de 22 de octubre de de diciembre de
5 – 2015 2018 2019 2019 2019
Autorretención Nro. 900118 del 07 Nro.3602626712211 Nro. 803-000015 del Nro. 009706 del 11
CREE de diciembre de del 18 de enero de 22 de octubre de de diciembre de
6 – 2015 2018 2019 2019 2019
Autorretención Nro. 900117 del 07 Nro.3602626712227 Nro. 009707 del 11
Nro. 803-000016 del
CREE de diciembre de del 18 de enero de de diciembre de
22 de otubre de 2019
7 – 2015 2018 2019 2019
Autorretención Nro. 900116 del 07 Nro.3602626710034 Nro. 803-000017 del Nro. 009708 del 11
CREE de diciembre de del 18 de enero de 22 de octubre de de diciembre de
8 – 2015 2018 2019 2019 2019

ANTECEDENTES PROCESALES

Demanda

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
contemplado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), la demandante formuló las
siguientes pretensiones:

«Por medio del presente proceso, comedidamente solicitó a los H Magistrados, Primero: Se
sirvan declarar la nulidad, de los Actos Administrativos demandados y relacionados a
continuación

2

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Radicado: 25000-23-37-000-2020-00047-01 (27921)
Demandante: Discovery Energy Services Colombia S.A. – En Reorganización

ACTA TERMINACIÓN MUTUO ACUERDO RESOLUCIÓN RECURSO APELACIÓN
Fecha No. Fecha No.
Fecha Fecha
notificación Resolución notificación Resolución
10/10/2019 11/10/2019 803000004 11/12/2019 19/12/2019 009697
10/10/2019 11/10/2019 803000005 11/12/2019 19/12/2019 009698
10/10/2019 11/10/2019 803000006 11/12/2019 19/12/2019 009699
10/10/2019 11/10/2019 803000007 11/12/2019 19/12/2019 009700
10/10/2019 11/10/2019 803000008 11/12/2019 19/12/2019 009701
10/10/2019 11/10/2019 803000009 11/12/2019 19/12/2019 009702
10/10/2019 11/10/2019 803000010 28/11/2019 5/12/2019 009347
25/10/2019 28/10/2019 803000012 11/12/2019 19/12/2019 009703
26/10/2019 28/10/2019 803000013 11/12/2019 19/12/2019 009704
27/10/2019 28/10/2019 803000014 11/12/2019 19/12/2019 009705
28/10/2019 28/10/2019 803000015 11/12/2019 19/12/2019 009706
29/10/2019 28/10/2019 803000016 11/12/2019 19/12/2019 009707
30/10/2019 28/10/2019 803000017 11/12/2019 19/12/2019 009708

Segundo: y como restablecimiento de derecho ordenar a la DIAN aceptar que las
correcciones realizadas por el contribuyente, en relación con las declaraciones de retención
en la fuente, se ajustaron plenamente a los dispuesto por la ley(sic) 1943 de 2018 y en
consecuencia que la obligación pendiente de declaración y pago, se encuentra plenamente
satisfecha por parte de la empresa DISCOVERY ENERGY SERVICES COLOMBIA S.A. –
EN REORGANIZACIÓN.»3

Para estos efectos, invocó como normas violadas los artículos 23 y 29 de la
Constitución Política; y el artículo 101 de la Ley 1943 de 2018.
El concepto de violación de estas disposiciones se resume así:
Indicó que los actos administrativos proferidos por la DIAN, que niegan la solicitud
de terminación por mutuo acuerdo Nro. 00005157 del 25 de julio de 2019 (en
adelante, TMA), carecen de sustente legal alguno, configurándose una vía de
hecho administrativa.
Explicó que la Ley 1943 de 2018, estableció en su artículo 101, la terminación por
mutuo acuerdo de los procesos administrativos tributarios, aplicable, entre otros, a
los contribuyentes que hubiesen presentado declaraciones sin pago, entendidas
como ineficaces. Señaló que, dado que a primero de enero de 2019 tenía
presentadas sin pago las declaraciones de retención en la fuente de los períodos
2, 3, 4, 5, 6, 7, y 8 del año 2015 y autorretención a título de CREE de los períodos
3, 4, 5, 6, 7 y 8 del año 2015, respecto de las cuales había recibido emplazamientos
por parte de la Administración, presentó la TMA, cumpliendo con los requisitos
establecidos en el artículo 101 ibidem, y normas concordantes, pues pagó la
totalidad del impuesto a cargo, y el 30% de las sanciones e intereses moratorios
correspondientes.
Afirmó que la DIAN negó la TMA porque, en su concepto, no se cumplió con el
deber de liquidar el 30% de las sanciones e intereses, con base en las
certificaciones expedidas por la División de Cobranzas de la Seccional de
Impuestos de Grandes Contribuyentes. Al respecto, dijo que esto presenta dos
irregularidades.

De un lado, no pudo conocer el contenido de las certificaciones, ni las cifras que
tomó como referencia la demandada para concluir que se había calculado de modo

3 Las fechas de las actas de terminación por mutua acuerdo y resolución recurso de apelación que incluye la
actora es sus pretensiones corresponden a las fechas incluidas mediante sello, debajo de otro sello que
establece G.I.T DE DOCUMENTACIÓN CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN.
3

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incorrecto el valor de las sanciones e intereses moratorios; lo cual implicó la
vulneración del debido proceso, establecido en el artículo 29 de la Constitución
Política, específicamente en cuanto al derecho de contradicción. Y, de otro, los
valores que señala la Administración en los actos administrativos rebasan el cálculo
de la sanción por extemporaneidad en la presentación de las declaraciones con
posterioridad al emplazamiento de que trata el artículo 642 del Estatuto Tributario,
y, por esto, no tienen coherencia con los valores objeto de la TMA.

Después de citar el artículo 642 ibidem, dio un ejemplo ilustrativo, y manifestó que,
para liquidar el 30% de la sanción, la DIAN tomó como base un valor que
corresponde al 400% de la deuda por retenciones y autorretenciones a título de
CREE que declaró, superando el 200% de sanción máxima que establece el
artículo mencionado. Indicó que, esta conducta configura una vía de hecho
administrativa4, pues la decisión que negó la TMA se hizo de manera arbitraria y
con desconexión del ordenamiento jurídico.

Reiteró que, de acuerdo con la definición del beneficio del artículo 101 de la Ley
1943 de 2018, cumplió con los requisitos para acceder a la TMA consistentes en: i)
presentar las declaraciones; ii) pagar el 100% de las retenciones; iii) pagar las
sanciones e intereses moratorios aplicando una reducción del 70%; y iv) presentar
prueba del pago.

Oposición a la demanda

La DIAN controvirtió las pretensiones de la demanda señalando que los actos se
ajustaron a derecho, pues se expidieron en atención de las disposiciones
normativas vinculantes, y con observancia del debido proceso5.

Afirmó que la no aprobación de la TMA se fundamentó en la falta de cumplimiento
de la actora de todas las exigencias señaladas en el artículo 101 de la Ley 1943 de
2018. Para el efecto, inicio por advertir que era relevante establecer cuál era la
sanción por transar en el proceso de terminación por mutuo acuerdo, para así poder
entender si se habían cumplido o no los requisitos del señalado artículo 101.

Como antecedente relevante para esto, aclaró que le notificó a la demandante los
emplazamientos para declarar de los periodos de retención y autorretención de
2015 objeto de discusión, e indicó que, en el contenido de dichos emplazamientos
se le advirtió a la demandante que contaba con el término perentorio de un (1) mes
para presentar las declaraciones correspondientes, liquidando la sanción por
extemporaneidad regulada en el artículo 642 del Estatuto Tributario. Afirmó que allí
también se le informó a la actora que, vencido este término, la Administración
procedería a aplicar la sanción por no declarar prevista en el artículo 643 del
Estatuto Tributario.

Dijo que, como consta en el expediente, la presentación de las declaraciones y
pago de las obligaciones indicadas en los emplazamientos se hizo por fuera del
mes señalado6, de manera que, por ese motivo, la demandante tenía la obligación

4 Al respecto citó la sentencia T-682 de 2015 de la Corte Constitucional.
5 Samai del Tribunal, índice 14.
6 “De acuerdo a las fechas de notificación de los emplazamientos para declarar, Discovery tenía como plazo
máximo para declarar calculando sanción por extemporaneidad entre el 11 y 14 de enero del 2019
dependiendo del caso. Sin embargo, todas sus declaraciones fueron presentadas con pago hasta el 18 de
enero de 2019 de forma extemporánea al mes de respuesta otorgado por el artículo 715 citado
anteriormente”
4

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de liquidar la sanción por no declarar del artículo 643 ibidem, y no la del artículo
642.

Agregó que el parágrafo primero del artículo 1.6.4.3.3. del Decreto 1625 de 2016,
norma que se refiere a la determinación de los valores a transar en los procesos
administrativos tributarios, señala que el acto susceptible de ser transado es el
último que se haya notificado al contribuyente, a la fecha de presentación de la
solicitud de terminación, y que, el monto a transar por sanciones es el propuesto en
dicho acto, con lo cual, en el en el presente caso, está acreditado que la
demandante debía presentar la TMA respecto de los emplazamientos previos por
no declarar, siendo la sanción por no declarar aquella objeto de transacción.

Indicó que, la actora fue clara “en pedir el beneficio con base en los emplazamientos previos
por no declarar, solicitud que fue reiterada en oficio del 04 de septiembre de 2019” , con lo cual
no se entiende por qué la misma afirma que no conoce el monto de la sanción ni la
base sobre la que se le calculó el pago a realizar.

Aclaró, en todo caso que, la demandante presentó la TMA reconociendo la
aplicación de la sanción por extemporaneidad del artículo 642 del Estatuto
Tributario, generando con ello el incumplimiento de los requisitos señalados en el
artículo 101 de la Ley 1943 de 2018, pues la norma exige el pago total de las
retenciones, y el pago disminuido de las sanciones e intereses moratorios. Por lo
que al haberse tomado como hecho sancionable uno distinto, la demandante no
pagó la totalidad de las sanciones a que había lugar.

Destacó igualmente que la demandante tuvo conocimiento de las cifras y normas
que aplicó la administración de cara a determinar y liquidar cada sanción, anotando
que en todo caso los valores de las certificaciones de cobranzas transcritos en las
Actas de TMA pueden variar, por la imputación de los valores pagados según lo
dispuesto en el artículo 804 del Estatuto Tributario.

Finalizó indicando que, de acuerdo con lo expuesto, se evidencia que el cargo de
«vía de hecho administrativa» carece de fundamento, pues los actos que expidió la DIAN
no provinieron de un ejercicio arbitrario por parte de la entidad, sino de la aplicación
rigurosa de las normas vinculantes para el caso concreto7.

Sentencia apelada

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A, negó
las pretensiones de la demanda con base en las siguientes consideraciones8:

Inició indicando las normas que regulan el acceso al beneficio de la TMA, para
resaltar que, en el caso de los emplazamientos para declarar, el mismo se sujeta a
que el solicitante no hubiese presentado demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho el 28 de diciembre de 2018; que la solicitud de TMA se haya presentado
hasta el 31 de octubre de 2019. A la fecha de dicha solicitud el contribuyente haya
presentado la declaración correspondiente, de conformidad con el último acto
administrativo que se le notificó; y que se adjunte prueba del pago de los valores a
que haya lugar.

Frente a estos requisitos, después de describir los hechos relevantes en el caso,

7 Al respecto citó la sentencia T-275 de 2012 de la Corte Constitucional.
8 Samai del Tribunal, índice 25.
5

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destacó que en el anexo explicativo de los emplazamientos para declarar se
determinó, entre otros, como base para calcular el monto de la sanción por no
declarar, el numeral 3 del artículo 643 del Estatuto Tributario que se refiere al 10%
de los cheques girados o costos y gastos de quien persiste en el incumplimiento o
al 100% de las retenciones que figuren en la última declaración presentada, verificó
que la demandante no cumplió con el pago total de los valores que le correspondían
para acceder a la TMA.

Con base en lo anterior, afirmó que le asistía la razón a la DIAN en el cálculo
efectuado en las Actas de TMA, que negaron el beneficio, ya que era obligación de
la actora liquidar la sanción por no declarar según el artículo 643 del Estatuto
Tributario, y no la sanción del artículo 642 ibidem, cuyo desconocimiento es alegado
por la misma demandante, pues, en efecto, la respuesta a los emplazamientos para
declarar se hizo por fuera del mes que permitía aplicar la sanción por
extemporaneidad.

Señaló igualmente que consta en el expediente que la Administración tomó como
base para liquidar las sanciones por no declarar la información relativa a los
cheques girados, los costos y gastos, y la última declaración presentada por la
demandante. Así, indicó que no es cierto que se haya vulnerado el derecho de
contradicción de la actora, pues las cifras y metodología para liquidar las sanciones
se puso en conocimiento de la demandante.

Concluyó entonces que no se configuró una vía de hecho administrativa, pues la
DIAN expidió los actos de negación de la TMA amparada en las disposiciones que
regulan tal instrumento.

No se condenó en costas.

Recurso de apelación

La parte demandante presentó recurso de apelación contra la anterior decisión, con
base en lo siguiente9:

Dijo que la decisión de primera instancia se tomó a partir de información imprecisa,
suministrada por la DIAN, pues sí presentó las declaraciones y pagó los valores
que le eran exigibles de cara a acceder al beneficio de TMA. Agregó que los pagos
realizados están relacionados en el expediente administrativo, pero no se reflejaron
en las certificaciones emitidas por la DIAN, y que, posiblemente esta imprecisión se
debía a problemas en la actualización de la cuenta corriente. Lo cual en todo caso
es atribuible a la DIAN, y no tiene que afectar al contribuyente, siguiendo el principio
de confianza legítima.

Señaló que, al haber tomado el Tribunal información equivocada como base para
analizar la legalidad de los actos, se generó un quebranto al anterior principio, ya
que, como contribuyente, tenía la expectativa razonable de que la Administración
actuara de manera responsable y confiable, esto es, aportando certificaciones que
reflejaran la realidad de los pagos efectuados. Adicionó entonces que, la falta de la
DIAN, al expedir una certificación que no reflejó los valores correctos, indujo a error
no solo al Comité de Conciliación y Terminación por Mutuo Acuerdo, sino también
al juez de primera instancia.

9 Samai del Tribunal, índice 28.
6

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De otro lado afirmó que el a quo incurrió en un error de juicio, al señalar que la TMA
se debe solicitar respecto del último acto notificado al contribuyente, sin que se
admita discutir lo liquidado por la Administración en el mismo, pues con esto el juez
le está dando mayor jerarquía jurídica a la decisión administrativa de la DIAN, que
a las normas de rango legal en materia sancionatoria. Señaló que esto es así, toda
vez que esa interpretación permite concluir que la demandada puede hacer una
liquidación que supera la sanción establecida en el Estatuto Tributario y dicha
decisión administrativa puede derogar o excepcionar la aplicación del “artículo 641
del Estatuto Tributario”, relativo a la extemporaneidad en la presentación de las
declaraciones.

Adicionó que, la violación al debido proceso se materializó a través de una vía de
hecho, no sólo por efectos de la certificación inexacta proferida por la DIAN, sino
porque, de acuerdo con lo anterior, la Administración pretende aplicar una sanción,
excediendo el límite impuesto por la misma norma, violando abiertamente las
normas superiores, a las que debe estar sometido como ente administrativo. En
suma, manifestó que la DIAN omitió aplicar el principio de legalidad al imponer una
sanción que carece de base legal, pues los montos liquidados exceden el límite
normativo, y que también violó el debido proceso, pues no se le dio la oportunidad
de conocer la metodología y cálculo de la sanción.

Insistió que la demandada rebasó el límite del artículo 642 del Estatuto Tributario,
al establecer en las resoluciones objeto de demanda un valor diferente de base de
liquidación al indicado en dicha norma, y que con base en ese cálculo erróneo e
ilegal es que la DIAN niega la terminación de que trata el artículo 101 de la Ley
1943 de 2018.

Oposición al recurso

La demandada no presentó escrito de oposición.

Concepto del Ministerio Público

El Ministerio Público no se pronunció.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Corresponde a la Sala decidir sobre la legalidad de los actos administrativos por
medio de los cuales la DIAN negó la procedibilidad de la solicitud de terminación
por mutuo acuerdo, que a continuación se relacionan:

Acta de Terminación por Resolución que resuelve
Obligación Periodo
Mutuo Acuerdo recurso de apelación
Nro. 803-000004 del 27 de Nro. 009697 del 11 de
Retención en la fuente 2
septiembre de 2019 diciembre de 2019
Nro. 803-000005 del 27 de Nro. 009698 del 11 de
Retención en la fuente 3
septiembre de 2019 diciembre de 2019
Nro. 803-000006 del 27 de Nro. 009699 del 11 de
Retención en la fuente 4
septiembre de 2019 diciembre de 2019
Nro. 803-000007 del 27 de Nro. 009700 del 11 de
Retención en la fuente 5
septiembre de 2019 diciembre de 2019
Nro. 803-000008 del 27 de Nro. 009701 del 11 de
Retención en la fuente 6
septiembre de 2019 diciembre de 2019
Nro. 803-000009 del 27 de Nro. 009702 del 11 de
Retención en la fuente 7
septiembre de 2019 diciembre de 2019

7

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Acta de Terminación por Resolución que resuelve
Obligación Periodo
Mutuo Acuerdo recurso de apelación
Nro. 803-000010 del 27 de Nro. 009347 del 28 de
Retención en la fuente 8
septiembre de 2019 noviembre de 2019
Nro. 803-000012 del 22 de Nro. 009703 del 11 de
Autorretención CREE 3
octubre de 2019 diciembre de 2019
Nro. 803-000013 del 22 de Nro. 009704 del 11 de
Autorretención CREE 4
octubre de 2019 diciembre de 2019
Nro. 803-000014 del 22 de Nro. 009705 del 11 de
Autorretención CREE 5
octubre de 2019 diciembre de 2019
Nro. 803-000015 del 22 de Nro. 009706 del 11 de
Autorretención CREE 6
octubre de 2019 diciembre de 2019
Nro. 803-000016 del 22 de Nro. 009707 del 11 de
Autorretención CREE 7
otubre de 2019 diciembre de 2019
Nro. 803-000017 del 22 de Nro. 009708 del 11 de
Autorretención CREE 8
octubre de 2019 diciembre de 2019

En concreto hay lugar a analizar si la sentencia de primera instancia incurrió en una
indebida valoración probatoria respecto de los pagos efectuados por la
demandante; situación que habría generado una vulneración al principio de
confianza legítima. Adicionalmente, se debe establecer si el Tribunal incurrió en un
error de juicio al omitir la aplicación de los artículos 641 y 642 del Estatuto Tributario.

1. Vulneración al principio de confianza legítima e Indebida valoración
probatoria

En la apelación se indicó que la División de Gestión de Cobranzas de la Dirección
Seccional de Impuestos de Grandes Contribuyentes de la DIAN indujo a error al
Comité de Conciliación y Terminación de Mutuo Acuerdo, y al juez de primera
instancia, pues al expedir la certificación que se usó como fundamento de los actos
administrativos demandados, que indicaron la falta de cumplimiento de los
requisitos señalados en el artículo 101 de la Ley 1943 de 2018, no se tuvo en
cuenta la totalidad de los pagos efectuados por la demandante, violando así el
principio de confianza legítima. Y agregó que, si bien los soportes de pago
reposaban en los antecedentes administrativos, los mismos no fueron valorados
por el juez de primera instancia.

Según consta en el expediente10, y en los documentos adjuntos al recurso de
apelación, los pagos efectuados por la demandante el día 18 de enero de 2019,
fueron los siguientes:

No. De
Recibo de pago Sanción Intereses Retención Total11
formulario
4910264847073 3509663076678 48.400.000 20.049.000 71.388.000 139.837.000
4910264849180 3509663076678 - - 9.279.000 9.279.000
4910264857949 3509663076685 46.712.000 18.836.000 69.019.000 134.567.000
4910264859146 3509663076685 - - 8.835.000 8.835.000
4910264864458 3509663076700 20.986.000 8.395.000 31.241.000 60.622.000
4910264866391 3509663076700 - - 3.735.000 3.735.000
4910264869807 3509663076718 38.260.000 14.815.000 59.941.000 113.016.000
4910264871291 3509663076718 - - 3.825.000 3.825.000
4910264874549 3509663076725 32.757.000 12.395.000 48.122.000 93.274.000
4910264875468 3509663076725 - - 6.473.000 6.473.000

10 Samai del Tribunal, índice 15.
11 Resaltado de la Sala.
8

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No. De
Recibo de pago Sanción Intereses Retención Total11
formulario
4910264881936 3509663076757 28.836.000 10.691.000 41.817.000 81.344.000
4910264883181 3509663076757 - - 6.244.000 6.244.000
4910264886201 3509663076764 30.641.000 11.104.000 45.317.000 87.062.000
4910264887182 3509663076764 - - 5.751.000 5.751.000
4910264889211 3602626712187 14.183.000 5.860.000 23.638.000 43.681.000
4910264892043 3602626712194 42.030.000 16.610.000 70.050.000 128.690.000
4910264894720 3602626712211 15.701.000 6.069.000 26.169.000 47.939.000
4910264897202 3602626710002 18.441.000 7.246.000 30.735.000 56.422.000
4910264900135 3602626712227 29.770.000 11.032.000 49.616.000 90.418.000
4910264902654 3602626712234 17.644.000 6.478.000 29.407.000 53.529.000

Por su parte los valores que se reconocieron como pagados a la Administración en
las distintas actas de TMA, coinciden con los pagos transcritos en la anterior tabla,
así:

− Acta Nro. 803-00000412: se reconocen pagos por $139.837.000 y por $9.279.000.
− Acta Nro. 803-00000513: se reconocen pagos por $134.567.000 y por $8.835.000.
− Acta Nro. 803-00000614: se reconocen pagos por $60.622.000 y por $3.735.000.
− Acta Nro. 803-00000715: se reconocen pagos por $113.016.000 y por $3.825.000.
− Acta Nro. 803-00000816: se reconocen pagos por $93.274.000 y por $6.473.000.
− Acta Nro. 803-00000917: se reconocen pagos por $81.344.000 y por $6.244.000.
− Acta Nro. 803-00001018: se reconocen pagos por $87.062.000 y por $5.751.000.
− Acta Nro. 803-00001219: se reconoce pago por $43.681.000.
− Acta Nro. 803-00001320: se reconoce pago por $128.690.000.
− Acta Nro. 803-00001421: se reconoce pago por $47.939.000.
− Acta Nro. 803-00001522: se reconoce pago por $56.422.000.
− Acta Nro. 803-00001623: se reconoce pago por $90.418.000.
− Acta Nro. 803-00001724: se reconoce pago por $53.529.000.

Ahora bien, en la sentencia de primera instancia se transcribieron los apartes
relevantes de las actas de TMA; pero el Tribunal incurrió en los siguientes errores:

− La cita del acta Nro. 803-000004, está incompleta, pues no detalló el valor total pagado por
la demandante.
− La cita del acta Nro. 803-000014 señaló el valor correspondiente al acta Nro. 803-000015.
− La cita del acta Nro. 803-000017 repitió el valor del acta Nro. 803-000016.

De lo anterior la Sala concluye que, a diferencia de lo mencionado por la actora, no
es cierto que la División de Gestión de Cobranzas de la Dirección Seccional de
Impuestos de Grandes Contribuyentes de la DIAN haya inducido a error al Comité
de Conciliación y Terminación de Mutuo Acuerdo y al juez de primera instancia,

12 Samai del Tribunal, índice 15, expediente digital, Carpeta de Antecedentes 1, Anexo 8, pág. 2.
13 Samai del Tribunal, índice 15, expediente digital, Carpeta de Antecedentes 2. Anexo 4, pág. 3.
14 Samai del Tribunal, índice 15, expediente digital, Carpeta de Antecedentes 3, Anexo 4, pág. 3.
15 Samai del Tribunal, índice 15, expediente digital, Carpeta de Antecedentes 4, Anexo 4, pág. 3.
16 Samai del Tribunal, índice 15, expediente digital, Carpeta de Antecedentes 5, Anexo 4, pág. 3.
17 Samai del Tribunal, índice 15, expediente digital, Carpeta de Antecedentes 6, Anexo 4, pág. 3.
18 Samai del Tribunal, índice 15, expediente digital, Carpeta de Antecedentes 7, Anexo 4, pág. 3.
19 Samai del Tribunal, índice 15, expediente digital, Carpeta de Antecedentes 8, Anexo4, pág. 2.
20 Samai del Tribunal, índice 15, expediente digital, Carpeta de Antecedentes 9, Anexo 4, pág. 2.
21 Samai del Tribunal, índice 15, expediente digital, Carpeta de Antecedentes 10, Anexo 4, pág. 2.
22 Samai del Tribunal, índice 15, expediente digital, Carpeta de Antecedentes 11, Anexo 4, pág. 2.
23 Samai del Tribunal, índice 15, expediente digital, Carpeta de Antecedentes 12, Anexo 4, pág. 2.
24 Samai del Tribunal, índice 15, expediente digital, Carpeta de Antecedentes 13, Anexo 4, pág. 2.
9

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pues los valores que certificó reconocieron aquellos efectivamente pagados por la
apelante y que son los correspondientes a los recibos de pago que obran en el
expediente.

De manera que, no tiene fundamento el cargo de vulneración del principio de
confianza legítima, toda vez que, como lo ha señalado esta Sección, las
expectativas del contribuyente “deben fundarse en hechos o circunstancias objetivas, capaces
de propiciar el surgimiento de la confianza, de manera, que no toda probabilidad puede ser
protegida mediante este precepto, pues necesariamente tendrá que ser una proyección seria,
que tenga la fuerza de llevar al administrado a la convicción de que su situación jurídica es
una y no cualquiera otra, en particular, que bajo ciertas condiciones, se hará acreedor de un
derecho o mantendrá uno ya adquirido.” 25:

Así las cosas, es claro que en el presente caso los datos reportados por la DIAN se
ajustaron a la realidad de los pagos incurridos por la apelante, de manera que no
se observa circunstancias diferentes que hayan sido capaces de propiciar la
violación al principio de la confianza legítima en el sentido alegado por la
demandante.

De otra parte, se alega una indebida valoración probatoria, respecto del acervo
citado anteriormente, sobre lo cual se considera que, si bien el a quo erró en citar
algunos apartes de las actas de TMA, tal equivocación no fue de tal talante que
pueda constituir una violación al debido proceso, toda vez que aún sin incurrir en
este yerro la decisión del a-quo hubiera sido la misma y, además, porque dicho
error no es consecuencia de una indebida valoración, pues de la lectura de la
sentencia de primera instancia se desprende que si se examinaron los documentos
de solicitud y negación de la TMA de manera íntegra, pero el Tribunal incurrió en
unos errores más de carácter tipográfico al exponer su análisis y conclusiones.

Lo anterior se refuerza en el hecho de que, independientemente del análisis sobre
la adecuada tasación de las sanciones, que es el punto que se abordará en seguida,
la decisión del a quo no se basó únicamente en los valores certificados por la DIAN;
sino que también tuvo en consideración el concepto de sanción aplicable para
valorar todas las pruebas del pago, que en criterio del a quo correspondía a la
«sanción por no declarar».

Por lo tanto, pese al yerro del Tribunal en la transcripción de algunas actas, está
acreditado que el análisis sí abordó de manera adecuada el material probatorio
aportado al proceso, en particular los recibos de pago, bajo la tesis acogida por el
Tribunal.

Por lo anterior, no prospera el cargo.

2. Error de juicio por inaplicar los artículos 641 y 642 del Estatuto Tributario

Para la apelante el juez de primera instancia le asignó un mayor valor normativo a
los emplazamientos expedidos por la DIAN, que a las disposiciones de rango legal
que regulan la imposición de sanciones en los eventos de extemporaneidad en la
presentación de las declaraciones, esto es, los artículos 641 y 642 del Estatuto
Tributario. En efecto, la demandante considera que la DIAN en el proceso de
tasación de la sanción tuvo que haberse limitado a los lineamientos de las normas
25 Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencia del 17 de junio de 2021. Exp. 24575. C.P. Milton Chaves
García, reiterado en la sentencia del 16 de febrero de 2023, Exp. 26918, C.P. Myriam Stella Gutiérrez
Argüello.
10

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en cita, y que el Tribunal, al confirmar las decisiones administrativas incurrió en un
error de juicio, en particular al afirmar que la solicitud de TMA procedía respecto al
contenido de los últimos actos notificados “sin que se admita por parte de la norma de alivio
tributario, discutir lo liquidado”.

El reparo contra la sentencia de primera instancia radica en que no se valoró si la
liquidación de las sanciones fue adecuada, sino que se presumió la legalidad de los
cálculos efectuados por la DIAN, pero, precisamente al revisar los montos de las
sanciones liquidadas es posible concluir que para llegar a los mismos resultados
que la Administración, se tendría que tomar como base un valor cercano al 400%
de las retenciones a cargo de la apelante, lo cual carece de fundamento jurídico, y
excede los límites de las normas.
De cara a la resolución del problema jurídico planteado, la Sala destaca los
siguientes hechos probados en el expediente. Dentro de estos que la DIAN emplazó
a la apelante para que presentara las declaraciones que se relacionan a
continuación:

Obligación Año Periodo Emplazamiento para declarar Notificación
Retención en la fuente 2015 2 Nro. 312382018000146 del 07/12/18 11/12/18
Retención en la fuente 2015 3 Nro. 312382018000147 del 07/12/18 11/12/18
Retención en la fuente 2015 4 Nro. 312382018000148 del 07/12/18 11/12/18
Retención en la fuente 2015 5 Nro. 312382018000149 del 07/12/18 11/12/18
Retención en la fuente 2015 6 Nro. 312382018000150 del 07/12/18 11/12/18
Retención en la fuente 2015 7 Nro. 312382018000151 del 07/12/18 11/12/18
Retención en la fuente 2015 8 Nro. 312382018000152 del 07/12/18 11/12/18
Autorretención CREE 2015 3 Nro. 900120 del 07/12/18 14/12/18
Autorretención CREE 2015 4 Nro. 900121 del 07/12/18 13/12/18
Autorretención CREE 2015 5 Nro. 900919 del 07/12/18 12/12/18
Autorretención CREE 2015 6 Nro. 900118 del 07/12/18 12/12/18
Autorretención CREE 2015 7 Nro. 900117 del 07/12/18 12/12/18
Autorretención CREE 2015 8 Nro. 900116 del 07/12/18 12/12/18

En el contenido de cada uno de los emplazamientos la DIAN le informó a la actora
que contaba con el término de un (1) mes para presentar cada una de las
declaraciones, con el respectivo pago. De cumplirse lo anterior, esto es declarar
dentro del término indicado, habría lugar a aplicar la sanción por extemporaneidad
contemplada en el artículo 642 del Estatuto Tributario. Pero, si cumplido el mes, la
apelante no presentaba y pagaba la declaración, lo que resultaba procedente era
la aplicación de la sanción por no declarar contemplada en el artículo 643 del
Estatuto Tributario.
Así mismo, en el contenido de los emplazamientos la Administración detalló el
monto de la sanción por no declarar a que había lugar en caso de que el apelante
no cumpliera con la condición de declarar y pagar dentro del mes siguiente a la
notificación; para ello indicó que se tomaron los valores de los cheques girados, los
costos y gastos del respectivo periodo; y el total de las retenciones o
autorretenciones de la última declaración, de acuerdo con el numeral 3 del artículo
643 del Estatuto Tributario.
Ocurrido lo anterior, la apelante presentó las declaraciones relacionadas en los
emplazamientos y, de manera acumulada, presentó una solicitud de TMA26,
agrupando la totalidad de los periodos referidos en la tabla anterior. Para el efecto
indicó que se habían presentado las declaraciones con pago total liquidado

26 Samai del Tribunal, índice 15, expediente digital, Carpeta de Antecedentes 1, Anexo 6, pág. 2.
11

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conforme lo dispuesto en el artículo 101 de la Ley 1943 de 2018, y el Decreto 872
de 2019.

De los documentos que reposan en el expediente se tiene que algunos
emplazamientos fueron notificados a la apelante el 11 de diciembre de 2018, y, por
tanto, estos debían responderse a más tardar el 11 de enero de 2019. Los
emplazamientos que se notificaron el 12, 13 y 14 de diciembre de 2018, tenían
plazo de respuesta hasta el 14 de enero de 2019, pues los días 12 y 13 de enero
de 2019 fueron días inhábiles. Ahora bien, la presentación y pago de las
declaraciones de retención en la fuente y autorretención a título de CREE, que se
dio como consecuencia de los emplazamientos, se efectúo el día 18 de enero de
2019, es decir, por fuera del término de un mes señalado.

Considerando entonces que ya se había vencido el mes para responder el
emplazamiento, la DIAN señaló que no se había cumplido con el requisito del pago
del 30% de la sanción, que exigía los artículos 101 de la Ley 1942 de 2018 y
1.6.4.3.2 del Decreto 872 de 2019 para acceder a la terminación, por cuanto se
debía pagar el porcentaje indicado, pero de la sanción por no declarar (artículo 643
del Estatuto Tributario), y no de la sanción por extemporaneidad del 642 ibidem.

Sobre esto, la Sala encuentra que no le asiste razón a la apelante al indicar que
una de las normas que resultaba aplicable frente a la infracción cometida por ella
era la del artículo 641 del Estatuto Tributario, pues la sanción allí indicada se liquida
cuando las declaraciones son presentadas de manera tardía, pero voluntariamente,
y antes de la notificación de los emplazamientos para declarar. Es decir, la actora
no se encontraba en los supuestos regulados por el artículo 641 del Estatuto
Tributario.

Ahora bien, si le asiste la razón a la apelante, en cuanto a que la sanción que le
correspondía liquidar en su caso era la de extemporaneidad en la presentación de
declaraciones, con posterioridad al emplazamiento, de que trata el artículo 642 del
Estatuto Tributario.

Para estos efectos es relevante considerar que el artículo 715 del Estatuto le
impone a la Administración la obligación de emplazar, por el término perentorio de
un mes, a los contribuyentes que no hayan cumplido con la obligación de presentar
las declaraciones tributarias, advirtiéndoles cuales son las consecuencias de
persistir en su incumplimiento, y, dicho artículo también señala que los
contribuyentes podrán presentar las declaraciones liquidando la sanción por
extemporaneidad conforme al artículo 642 ibidem. A su vez, el artículo 716
establece que, si transcurrido el mes no se han presentado las declaraciones, “la
Administración de Impuestos procederá a aplicar la sanción por no declarar prevista en el artículo
643.”

De lo anterior, se tiene que el mes indicado es un término perentorio para la
Administración, bajo el cual esta le debe dar la oportunidad al contribuyente de
ponerse al día con sus obligaciones, antes de que la misma pueda iniciar con el
proceso de imposición de la sanción por no declarar del artículo 643 del Estatuto
Tributario. Y es que precisamente esta última sanción no es de aquellas que pueda
liquidar el contribuyente, sino de exclusiva aplicación de la DIAN.

Así las cosas, y considerando que la demandante presentó las declaraciones objeto
de la solicitud de TMA después del mes y antes de que la DIAN expidiera los actos

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previstos en el artículo 643 del Estatuto Tributario27, la sanción aplicable era la
sanción de extemporaneidad, tal como lo ha precisado esta Sección quien señalo
que para los casos que, las declaraciones presentadas vencido el término
concedido en el emplazamiento no generan sanción por no declarar, sino por
extemporaneidad, así28:
De acuerdo con el artículo 716 del Estatuto Tributario, si vencido el término otorgado en el
emplazamiento el contribuyente no declara, la Administración debe imponer la sanción por
no declarar. Esta previsión tiene sentido porque si el contribuyente no atiende el
emplazamiento, y, por tanto, no declara, a pesar de estar obligado a hacerlo, debe ser
sancionado por no declarar.
Sin embargo, si el contribuyente declara aun después de vencido el plazo concedido en el
emplazamiento, no debe imponérsele la sanción por no declarar, pues, lo que se censura
con dicha sanción, es la omisión del deber de declarar, omisión que no se presenta cuando
el contribuyente declara, aunque tardíamente.
En relación con las declaraciones presentadas después del mes otorgado por la
Administración en el emplazamiento para declarar, la Sala precisó que no dan lugar a la
imposición de la sanción por no declarar, dado que el hecho sancionable no se presentó,
toda vez que las declaraciones se presentaron, aunque de manera extemporánea.

En el caso bajo estudio se observa que, en las Resoluciones que resolvieron los
recursos de apelación, la demandante cita como sustento para confirmar la
negación de la solicitud de TMA, la sentencia del 31 de julio de 2014 de esta
Sección (exp. 18829, C.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez) en donde resalta
que “Si transcurre el término señalado sin que el interesado presente la respectiva declaración, la
Administración está obligada a imponer la sanción por no declarar, prevista en el artículo 643 del
Estatuto Tributario, porque el objeto del acto sancionatorio está dado únicamente por el
incumplimiento del deber formal de declarar.” Sobre esto, debe destacarse que dicha
providencia está mencionando ese aspecto dentro del contexto del procedimiento
de aforo, del cual hace parte el emplazamiento para declarar y la liquidación de
aforo, de acuerdo con los artículos 715 a 719 del Estatuto Tributario, con lo cual la
misma no era sustento para negar la apelación, pues esta sólo confirma que la
sanción por no declarar debe ser impuesta por la Administración, y nada menciona
que ocurre cuando el emplazado si presenta la declaración.

El hecho de haber aclarado lo anterior, no contradice lo dispuesto en el parágrafo
2 del artículo 1.6.4.3.3 del Decreto 872 de 2019, que señala que “el monto a transar
respecto de las sanciones es el propuesto o determinado en los actos administrativos objeto de
solicitud”, toda vez que los emplazamientos, últimos actos administrativos notificados
a la actora con anterioridad a la presentación de la solicitud de la TMA (numeral 4
del artículo 1.6.4.3.2 del Decreto 872 de 2019), señalaban que la demandante podía
liquidar la sanción del artículo 642 del Estatuto Tributario, con lo cual no se está
discutiendo lo allí indicado, respetando así la naturaleza del TMA.

Recuérdese que la TMA es un instrumento que le permite a las partes dar por
terminada una controversia, y por ello el punto de partida para celebrar el acuerdo,

27 En los antecedentes administrativos se observa que en algunos casos la DIAN expidió actos imponiendo
sanción por no declarar, todos con posterioridad a las declaraciones del 18 de enero de 2019 y a la solicitud
de terminación por mutuo acuerdo. Como ejemplo está la Resolución Sanción Nro. 900119 del 11 de
diciembre de 2019, en donde se impone sanción respecto de la retención en la fuente período 3 -2015. Este
acto fue expedido el mismo día en que se profirió la Resolución Nro. 009698, que estaba resolviendo el
recurso de apelación interpuesto contra el Acta de TMA que negó la terminación respecto de la declaración
del mismo período. Otro ejemplo es la Resolución Sanción 900136 del 26 de diciembre de 2019, que impuso
sanción por no declarar la autorretención del CREE del período 5-2015.
28 Sentencias del 16 de agosto de 2002, Exp. 12927, C.P. Ligia López Díaz, y del 24 de julio de 2008, Exp.
15976, C.P. Héctor J. Romero Díaz.
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es la liquidación efectuada por la Administración, sobre la cual el contribuyente
puede pagar unos valores reducidos, pero no cuestionar la base de los mismos.
Sobre estos procedimientos, la Sección ha explicado que se trata de un mecanismo
que busca la solución de controversias, generando beneficios al contribuyente y a
la Administración. A continuación, se cita la posición de esta Sección, que, si bien
hace referencia a la TMA regulada por la Ley 1607 de 2012, es aplicable para el
presente caso, pues explica la naturaleza de este mecanismo:
«el procedimiento de terminación por mutuo acuerdo previsto por los artículos 148 de la Ley
1607 de 2012 y 6 del Decreto 699 de 2013, parte de que exista un diferendo jurídico entre
los contribuyentes y la Administración susceptible de discusión en sede administrativa
o de solución en vía judicial, respecto del cual, quiso el legislador en aras de la
economía procesal y de la eficiencia del recaudo del tributo, permitirle a los
contribuyentes y responsables de impuestos —o garantes— resolver su situación
jurídica anticipadamente, al propio tiempo que la DIAN, la jurisdicción contencioso-
administrativa y el propio tesoro público se verían relativamente beneficiados. Por esa
razón, el interesado no debía promover demanda ante el contencioso-administrativo, y
como es apenas predicable de la Ley 1607 de 2012, tenía que formular su solicitud ante la
Administración antes de que el acto administrativo adquiriera firmeza y fuerza ejecutoria por
no haber agotado la actuación administrativa o por configuración de la caducidad para
demandar, pues ello apareja que el contribuyente, garante o responsable pierda la
oportunidad de discusión de los actos en la jurisdicción contencioso-administrativa»29
(Resaltado fuera del texto original).

Los requisitos previstos en la cita que hace referencia a un cuerpo normativo
diferente (Ley 1607 de 2012), también se incluyeron en la TMA regulada por el
artículo 101 de la Ley 1943 de 2018. Y están enfocados básicamente a que se
presente en tiempo la solicitud de TMA, y a que los temas objeto de disenso entre
la Administración y el contribuyente, no estén siendo discutidos ante la jurisdicción
de lo contencioso administrativo, pues en ese caso no tendría sentido dar por
terminado de manera anticipada el debate.

De acuerdo con lo anterior, en el presente caso se encuentra entonces probado el
error de juicio alegado por la apelante, con lo cual, la Sala pasa a determinar si se
cumplió con el pago de las sanciones de que trata el artículo 642 del Estatuto
Tributario, siendo este el motivo por el cual la DIAN negó el acceso a la terminación
por mutuo acuerdo, que es objeto de la apelación.

Así, se encuentra que el artículo 642 del Estatuto Tributario, vigente para la fecha
de los hechos, indicaba que la sanción por extemporaneidad, por cada mes o
fracción de mes, equivalía al 10% del total de la retención objeto de la declaración,
sin exceder del 200% de la retención a cargo. De acuerdo con esto, y la información
que reposa en el expediente, se tiene que la actora si realizó los pagos de forma
adecuada, pues pagó el 30% de las sanciones, que en todos los casos
correspondieron al 200% de las retenciones o autorretenciones declaradas, como
sigue:

Fecha
Impuesto Período Fecha Inicial Meses o fracción
declaración
Retención 2 24/3/2015 18/1/2019 47
Retención 3 27/4/2015 18/1/2019 46
Retención 4 26/5/2015 18/1/2019 45
Retención 5 24/6/2015 18/1/2019 44
Retención 6 22/7/2015 18/1/2019 43
Retención 7 25/8/2015 18/1/2019 42

29 Sentencia del 05 de abril de 2018, exp. 22919, C.P: Julio Roberto Piza Rodríguez.
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Fecha
Impuesto Período Fecha Inicial Meses o fracción
declaración
Retención 8 21/9/2015 18/1/2019 41
Autoretención CREE 3 27/4/2015 18/1/2019 46
Autoretención CREE 4 26/5/2015 18/1/2019 45
Autoretención CREE 5 24/6/2015 18/1/2019 44
Autoretención CREE 6 22/7/2015 18/1/2019 43
Autoretención CREE 7 25/8/2015 18/1/2019 42
Autoretención CREE 8 21/9/2015 18/1/2019 41

Impuesto - Sanción Sanción máxima 30% de Pago de la Recibo de
Retención
período plena (200%) sanción Sanción Pago
Rete-2-2015 80.667.000 379.135.000 161.334.000 48.400.000 48.400.000 4910264847073
Rete-3-2015 77,854,000 358.128.000 155.708.000 46.712.000 46.712.000 4910264857949
Rete-4-2015 34.976.000 157.392.000 69.952.000 20.986.000 20.986.000 4910264864458
Rete-5-2015 63.766.000 280.570.000 127.532.000 38.260.000 38.260.000 4910264869807
Rete-6-2015 54.595.000 234.759.000 109.190.000 32.757.000 32.757.000 4910264874549
Rete-7-2015 48.061.000 201.856.000 96.122.000 28.837.000 28.836.000 4910264881936
Rete-8-2015 51.066.000 209.371.000 102.132.000 30.640.000 30.641.000 4910264886201
ACR-3-2015 23.638.000 108.735.000 47.276.000 14.182.800 14.183.000 4910264889211
ACR-4-2015 70.050.000 315.225.000 140,100,000 42.030.000 42.030.000 4910264892043
ACR-5-2015 30.735.000 135.234.000 61.470.000 18.441.000 18.441.000 4910264897202
ACR-6-2015 26.169.000 112.527.000 52.338.000 15.701.000 15.701.000 4910264894720
ACR-7-2015 49.616.000 208.387.000 99.232.000 29.770.000 29.770.000 4910264900135
ACR-8-2015 29.407.000 120.569.000 58.814.000 17.644.000 17.644.000 4910264902654

Por lo expuesto anteriormente prospera el cargo de apelación, y la sala procederá
a revocar la sentencia de primera instancia y en su lugar se declarará la nulidad de
los actos administrativos demandados.
3. Sobre la condena en costas
No se impondrá condena en costas porque no fue demostrada su causación, tal
como lo exige el artículo 365 del Código General del Proceso, aplicable en virtud
del artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Revocar la sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A, del 05 de
mayo de 2023, y en su lugar:
Primero: Declárese la nulidad de los siguientes actos administrativos:
Acta TMA Resolución apelación
Nro. 803-000004 del 27 de septiembre de 2019 Nro. 009697 del 11 de diciembre de 2019
Nro. 803-000005 del 27 de septiembre de 2019 Nro. 009698 del 11 de diciembre de 2019
Nro. 803-000006 del 27 de septiembre de 2019 Nro. 009699 del 11 de diciembre de 2019
Nro. 803-000007 del 27 de septiembre de 2019 Nro. 009700 del 11 de diciembre de 2019
Nro. 803-000008 del 27 de septiembre de 2019 Nro. 009701 del 11 de diciembre de 2019
Nro. 803-000009 del 27 de septiembre de 2019 Nro. 009702 del 11 de diciembre de 2019
Nro. 803-000010 del 27 de septiembre de 2019 Nro. 009347 del 28 de noviembre de 2019
Nro. 803-000012 del 22 de octubre de 2019 Nro. 009703 del 11 de diciembre de 2019
Nro. 803-000013 del 22 de octubre de 2019 Nro. 009704 del 11 de diciembre de 2019
Nro. 803-000014 del 22 de octubre de 2019 Nro. 009705 del 11 de diciembre de 2019
Nro. 803-000015 del 22 de octubre de 2019 Nro. 009706 del 11 de diciembre de 2019
Nro. 803-000016 del 22 de otubre de 2019 Nro. 009707 del 11 de diciembre de 2019
Nro. 803-000017 del 22 de octubre de 2019 Nro. 009708 del 11 de diciembre de 2019

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Segundo: A título de restablecimiento del derecho, declarar la terminación de
los procesos administrativos, teniendo en cuenta que no adeuda suma alguna
relacionados con los siguientes actos:

Obligación Emplazamiento para declarar
Retención en la fuente 2 – 2015 Nro.312382018000146 del 07 de diciembre de 2018
Retención en la fuente 3 – 2015 Nro.312382018000147 del 07 de diciembre de 2018
Retención en la fuente 4 – 2015 Nro.312382018000148 del 07 de diciembre de 2018
Retención en la fuente 5 – 2015 Nro.312382018000149 del 07 de diciembre de 2018
Retención en la fuente 6 – 2015 Nro.312382018000150 del 07 de diciembre de 2018
Retención en la fuente 7 – 2015 Nro.312382018000151 del 07 de diciembre de 2018
Retención en la fuente 8 – 2015 Nro.312382018000152 del 07 de diciembre de 2018
Autorretención CREE 3 – 2015 Nro. 900120 del 07 de diciembre de 2018
Autorretención CREE 4 – 2015 Nro. 900121 del 07 de diciembre de 2018
Autorretención CREE 5 – 2015 Nro. 900919 del 07 de diciembre de 2018
Autorretención CREE 6 – 2015 Nro. 900118 del 07 de diciembre de 2018
Autorretención CREE 7 – 2015 Nro. 900117 del 07 de diciembre de 2018
Autorretención CREE 8 – 2015 Nro. 900116 del 07 de diciembre de 2018

Tercero: sin condena a costas.

2. Sin condena en costas en esta instancia.

3. Reconocer al abogado Joel Antonio Tamayo García como apoderado de la
DIAN, en los términos y para los fines previstos en el poder que obra en el
índice 24 de Samai.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al tribunal de
origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA
Presidenta

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILSON RAMOS GIRÓN

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador

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