RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 25000-23-37-000-2020-00067-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2020-00067-01

Fecha
3 de julio de 2025
Consejero ponente
Myriam Stella Gutiérrez Arguello

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2020-00067-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA 1. Confirmar la sentencia del 10 de agosto de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B. 2. No condenar en costas en esta instancia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 25000-23-37-000-2020-00067-01

Consejero ponente: Myriam Stella Gutiérrez Arguello

3 de julio de 2025

Radicado: 25000-23-37-000-2020-00067-01 (28242)
Demandante: Corporación para el Desarrollo de la Seguridad Social CODESS

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá, D.C., tres (03) de julio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación 25000-23-37-000-2020-00067-01 (28242)
Demandante CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA SEGURIDAD
SOCIAL CODESS
Demandada DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN
Temas Impuesto sobre la renta. Año gravable 2015. Régimen Tributario
Especial. Reinversión del beneficio neto o excedente. Caso
fortuito y/o fuerza mayor. Sanción por inexactitud.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia del 10 de agosto de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B1, que resolvió lo siguiente:
“PRIMERO: Negar las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la
parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Por no haberse causado, no se condena en costas. (…)”

ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA

El 12 de abril de 2016, la Corporación para el Desarrollo de la Seguridad Social,
CODESS, presentó la declaración del impuesto sobre la renta del año gravable 2015,
como contribuyente del régimen tributario especial en la que registró como renta
exenta la renta líquida del ejercicio, la declaración no arrojó saldo a pagar2.

Previa emisión del requerimiento especial3 y su correspondiente respuesta, la DIAN
emitió la liquidación oficial de revisión nro. 322412018000252 del 10 de octubre de
20184 en la cual propuso reclasificar parte de la renta exenta a renta líquida
gravable, debido a que CODESS no realizó la inversión del beneficio neto o
excedente, liquidó impuesto sobre la renta gravable, impuso sanción por inexactitud
equivalente al 100% del impuesto liquidado y determinó un saldo a cargo de la
actora.

El demandante interpuso recurso de reconsideración5, el cual fue resuelto por la
administración a través de la resolución nro. 007534 del 26 de septiembre de 20196,
que confirmó la liquidación oficial de revisión.

1
Samai, índice 2.
2
Folio 8, Caa Carpeta 1
3
Folio 1686, Caa Carpeta 9
4
Folio 1849, Caa Carpeta 10
5
Folio 1860, Caa Carpeta 10
6
Folio 1906, Caa Carpeta 10

1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 25000-23-37-000-2020-00067-01 (28242)
Demandante: Corporación para el Desarrollo de la Seguridad Social CODESS

ANTECEDENTES DEL PROCESO

Demanda

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
contemplado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), el demandante formuló las
siguientes pretensiones7:
“7.1. Declarar la nulidad de la liquidación oficial de revisión número 322412018000252 del
10 de octubre de 2018, mediante la cual la DIAN determinó un valor a pagar por
concepto del impuesto sobre la renta y complementario del año 2015 e impuso una
sanción por inexactitud a CODESS.

7.2. Declarar la nulidad de la resolución número 007534 del 26 de septiembre de 2019, por
medio de la cual se resolvió desfavorablemente el recurso de reconsideración
interpuesto contra la liquidación oficial de revisión número 322412018000252 del 10 de
octubre de 2018.

7.3. Como consecuencia de la nulidad de los actos demandados, y a título de
restablecimiento del derecho, declarar que CODESS no se encuentra obligada a pagar
suma alguna por los conceptos señalados en los actos administrativos demandados,
antes citados, y en consecuencia, que la declaración del impuesto sobre la renta y
complementario por el año 2015, presentada por CODESS, se encuentra en firme.”

A los anteriores efectos, el demandante invocó como violados los artículos 683, 711
y 745 del Estatuto Tributario.

En forma preliminar la demandante relató que estaba calificada como entidad del
régimen tributario especial y que, por su actividad, suscribió diversos contratos con
la entidad promotora de salud SaludCoop EPS, quien no pagó las obligaciones
dinerarias derivadas de los mismos, pese a que los ingresos derivados de esos
contratos sí se reconocieron en la declaración de renta del 2015. Agregó que, en
2016, tuvo que obtener créditos financieros, como consecuencia de lo anterior su
liquidez se redujo y, por tanto, la destinación del excedente neto aprobada en la
Asamblea resultó ser teórica por la cesación de pagos de SaludCoop.

Posteriormente presentó los motivos de inconformidad, como sigue:

1. Exención del beneficio neto o excedente

Explicó que la DIAN rechazó la clasificación como renta exenta del beneficio neto o
excedente, dado que no se destinó el mismo, directa o indirectamente, en el año
siguiente a su obtención a programas que desarrollaran su objeto social. Destacó
que se encontraba obligada a reconocer sus ingresos contablemente en el año o
período en el que se realizaran, según los artículos 12 y 48 del Decreto 2649 de
1993 y que, por tanto, registró los ingresos por los contratos celebrados con
SaludCoop EPS y con ocasión de los servicios que le prestó a esa entidad en el
período 2015, pero que los mismos nunca se hicieron efectivos, originando los
problemas de liquidez que dieron lugar al incumplimiento de la reinversión. Dijo que
el beneficio neto resultó ser un excedente teórico contable. Clarificó que, en todo
caso, los registros contables atendieron las normas de realización, asociación y
reconocimiento de ingresos y gastos.

7
Cuaderno 1 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 25000-23-37-000-2020-00067-01 (28242)
Demandante: Corporación para el Desarrollo de la Seguridad Social CODESS

Se refirió al artículo 27 del Estatuto Tributario y mencionó que, si bien el 24 de
noviembre de 2015 la Superintendencia de Salud ordenó la toma de posesión y la
intervención forzosa administrativa para liquidar a SaludCoop EPS, resultaba
imposible sospechar en ese momento que las obligaciones contraídas por esa EPS
no se iban a cancelar. Reparó en que ni en 2016, año en que se debía hacer la
reinversión, ni hasta la fecha en que se presentó la demanda se pagaron las sumas
adeudadas por la EPS y por esto se tuvo que hacer cargo de los gastos asociados
con los ingresos que se le facturaron a dicha entidad.

Precisó que la cesación de pagos de SaludCoop EPS condujo a dejar de percibir
$2.533.500.859 de ingresos, correspondientes a los servicios prestados y
facturados en 2015, suma que, a pesar de lo anterior, se reflejó en sus ingresos por
las normas contables, y se tuvo en cuenta para determinar el monto del excedente
del período. Anotó que el hecho de que el excedente de 2015 hubiese sido una
ficción contable, hizo imposible reinvertir la suma en las condiciones aprobadas por
la Asamblea General de Asociados, y dentro del término legal (año siguiente),
porque el excedente jamás existió. Invocó el principio según el cual “nadie está
obligado a lo imposible”.8

Evidenció que la situación que llevó al incumplimiento no fue un simple
inconveniente, como afirmó la DIAN, toda vez que al dejar de percibir los pagos por
los servicios prestados a SaludCoop EPS el excedente de ese período se redujo a
menos de la mitad, con lo cual el excedente fue “meramente teórico”. Insistió en que
se presentaron circunstancias constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito, dado
que se presentó un suceso imprevisible e irresistible que imposibilitó la reinversión
del excedente9, pues nada hacía prever a ese momento que la Superintendencia de
Salud ordenaría la toma de posesión e intervención forzosa de SaludCoop, que era
la EPS más grande del país, y que como consecuencia de esto se dejaran de
percibir los pagos de lo que le adeudaban.

Agregó que dicho suceso le era ajeno y que no podía resistir los efectos de este, ni
evitar que SaludCoop EPS dejara de cumplir las obligaciones adquiridas. Acotó que
el plan de inversiones del excedente no se pudo cumplir sencillamente porque no
se contaba efectivamente con los recursos destinados a ello, de tal forma que no
estaba obligada a lo imposible, es decir reinvertir el beneficio neto.

Frente al argumento de la DIAN relativo a que la facturación de servicios a
SaludCoop EPS representó solo el 11,3% de sus ingresos para el 2015, indicó que
carece de sustento y se opone a los estados financieros del período. Controvirtió
que la Administración afirmara que la demandante es una institución prestadora de
servicios de salud y que se encontraba dentro de la prelación de créditos en
segundo orden de pago, dado que ella es una corporación para el desarrollo de la
seguridad social, de tal forma que la deuda se reconoció dentro del último orden de
pago, con lo cual difícilmente se recuperará lo adeudado.

Afirmó que la DIAN pretende que se pague un mayor impuesto y sanción por no
haber reinvertido algo que nunca recibió, lo que sería un golpe para la supervivencia

8
Al respecto citó las sentencias C-010 de 2003, C-337 de 1993 de la Corte Constitucional, del 11 de abril de 2012, exp.
17851, C.P. Hernán Andrade Rincón de la Sección Tercera del Consejo de Estado, del 15 de julio de 2008, exp. 2002-
196, C.P. William Námen de la Corte Suprema de Justicia.
9
Sobre el tema invocó las sentencias del 29 de abril de 2005, exp. 0829-92, M.P. Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo, del
27 de febrero de 2009, ref. 73319-3103-002-2001-00013-01, del 26 de julio de 2005, exp. 050013103011-1998 6569-02,
M.P. Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo de la Corte Suprema de Justicia, del 29 de octubre de 1999, exp. 9629, del 16 de
marzo de 2000, exp. 11670 del Consejo de Estado.

3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 25000-23-37-000-2020-00067-01 (28242)
Demandante: Corporación para el Desarrollo de la Seguridad Social CODESS

de CODESS, entidad que se distingue por sus útiles aportes a la comunidad. Reparó
en que los actos demandados desconocen el espíritu de justicia y de prevalencia de
la realidad sobre las formas. Solicitó resolver las dudas en favor del contribuyente.

2. Provisión para disminuir el excedente

Frente al argumento de la demandada relativo a que CODESS debió realizar una
mayor provisión de cartera, destacó que, dada la solidez aparente de SaludCoop
EPS, no era dable presagiar en esos años la pérdida de cartera, ni determinar el
rumbo que tomaría la liquidación forzosa de la EPS en cuanto al pago de
proveedores, por lo que los estados financieros se aprobaron con una provisión
únicamente de $811.807.000 de las deudas (de un valor total de $2.533.500.859),
la cual se aumentaría según el desarrollo del proceso de liquidación, decisión que
no violó normas ni se opuso a los principios contables, según establece el dictamen
técnico contable allegado como prueba.

Explicó que para la época de aprobación de los estados financieros hasta ahora
empezaba el año 2016 y que, si hubiera querido defraudar al fisco habría
provisionado el 100% de la cartera.

Invocó una violación del principio de correspondencia, pues señaló que la resolución
que resolvió el recurso de reconsideración incluyó argumentos nuevos relativos a la
mayor provisión de cartera que debió realizar CODESS los cuales no se plasmaron
en la Liquidación Oficial.

3. Sanción por inexactitud

Solicitó declarar la improcedencia de la sanción dado que no existió un ánimo
defraudatorio. Alegó la configuración de una diferencia de criterios.

Reforma a la demanda

Con la reforma a la demanda, entre otros anexos, CODESS allegó un nuevo
dictamen pericial contable.10

Oposición de la demanda

La DIAN controvirtió las pretensiones de la demanda11, así:

Refirió que, una vez desvirtuada la presunción de veracidad de la declaración,
correspondía a la demandante refutar las glosas propuestas por la Administración
utilizando métodos probatorios idóneos para tal efecto. Descartó la vulneración al
espíritu de justicia dado que durante toda la investigación se garantizó el debido
proceso y el derecho de defensa.

Transcribió los artículos 357, 358 y 360 del Estatuto Tributario para afirmar que los
argumentos de la actora no eran de recibo, toda vez que desde la suscripción del
contrato de prestación de servicios con SaludCoop EPS (el 01 de abril de 2014)
CODESS tenía conocimiento de la intervención ordenada por la Superintendencia
de Salud, de tal forma que asumió el riesgo y debió haber realizado una provisión
adecuada de sus ingresos para cumplir con la reinversión del beneficio neto exigida
en las normas fiscales.
10
Samai Tribunal, índice 9.
11
Samai Tribunal, índice 8.

4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 25000-23-37-000-2020-00067-01 (28242)
Demandante: Corporación para el Desarrollo de la Seguridad Social CODESS

Recalcó que CODESS conocía de la intervención antes de presentar la declaración
de renta del período 2015 y al momento de la reunión de la Asamblea para ordenar
la inversión de los excedentes, de manera que este no era un hecho imprevisible e
irresistible. Acotó que la actora podía solicitar un plazo adicional de reinversión al
máximo órgano social o liquidar el impuesto a tarifa del 20%, ante la imposibilidad
de cumplir los requisitos de la exención. Dijo que la demandante no podía alegar su
propia culpa, al no prevenir una circunstancia de riesgo.
Sostuvo que la toma de posesión de SaludCoop EPS, dictaminada con resolución
del 24 de noviembre de 2015, impedía tomar los ingresos llevados como parte del
excedente como exentos del impuesto de renta.
Consideró que el dictamen técnico pericial aportado debía evaluarse en forma
conjunta para establecer si cumplía con el “principio de plena competencia” y que
no se trataba de un dictamen pericial dado que no contenía la explicación de los
métodos, exámenes, experimentos e investigaciones efectuadas, la
fundamentación técnica de las conclusiones, ni los documentos que acreditasen la
idoneidad y experiencia del perito. Agregó que el dictamen versaba sobre puntos de
derecho.
Solicitó condenar en costas a la demandante al generar un desgaste en la
administración de justicia.
Con ocasión de la reforma a la demanda, la DIAN remitió nuevamente el escrito de
contestación a la demanda inicial.12
Sentencia apelada
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B negó
las pretensiones de la demanda, con fundamento en las siguientes
consideraciones:13
Reseñó el objeto de CODESS y que la Superintendencia de Salud ordenó la toma
de posesión de SaludCoop EPS en 2015. Resumió las pruebas aportadas en el
proceso administrativo, entre ellas el contrato de prestación de servicios suscrito
entre la actora y SaludCoop EPS y sus otrosíes, las facturas de venta no pagadas
por dicha EPS, las actas de junta directiva y las notas a los estados financieros, la
resolución de liquidación de SaludCoop y el certificado de contador.
Explicó que para que el excedente de los contribuyentes del régimen tributario
especial sea exento del impuesto de renta debe acreditarse su reinversión dentro
del año siguiente a su obtención o en período superior, siempre que la asamblea lo
autorice, so pena de perderse el beneficio tributario frente al monto de los recursos
no reinvertidos.
En el caso concreto, determinó que no existía controversia frente a la obtención y el
monto de los excedentes del 2015 de CODESS, sobre los cuales, su Asamblea, el
17 de marzo de 2016, decidió que serían reinvertidos en un 100% en las actividades
de su objeto, sin salvedad alguna. Indicó que, a pesar de lo anterior, en la cuenta
3315 se evidenció que solo se reinvirtieron la totalidad de los excedentes de 2014,
y no la totalidad de los del 2015, que sólo se reinvirtieron en forma parcial.

Alegó que la actora no argumenta una indebida valoración probatoria sobre la
12
Samai, índice 23.
13
Samai Tribunal, índice 27.

5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 25000-23-37-000-2020-00067-01 (28242)
Demandante: Corporación para el Desarrollo de la Seguridad Social CODESS

reinversión, sino que acepta que no reinvirtió la totalidad del beneficio neto, según
lo aprobado, dada la intervención forzosa de SaludCoop EPS.
Estimó que bajo las normas no existe la posibilidad de dejar de realizar la reinversión
de los excedentes y obtener al mismo tiempo el beneficio tributario de exención de
las rentas. Conceptualizó la fuerza mayor y el caso fortuito para advertir que la
entrada en liquidación de SaludCoop EPS no se enmarca en esos conceptos.
Justificó lo anterior dado que el proceso de liquidación de la EPS no fue
intempestivo, pues la Superintendencia de Salud intervino forzosamente esa
entidad desde el año 2011, con lo cual, al momento de decretarse la liquidación, el
24 de noviembre de 2015, resultaba palmario que los acreedores debían someterse
al proceso de calificación de créditos según los grados de ley. Subrayó entonces
que la actora, al momento del cierre contable de 2015, podía prever que las deudas
de SaludCoop EPS podían ser de difícil cobro e, independientemente del momento
en que se hicieron valer los créditos, podía prever que no iba a obtener la liquidez
esperada, por lo cual era razonable que DIAN hubiese reprochado que no se
realizara alguna provisión contable.
Concluyó que la liquidación de SaludCoop no era irresistible, súbita o intempestiva.
Mencionó que, al revisar las actas de la Asamblea General de los años 2014, 2015
y 2016, se evidencia que ellas no dan cuenta de que la situación de CODESS
estuviera afectada en su flujo de recursos por cuenta de la liquidación de la EPS;
como tampoco se hizo especial énfasis a que se hubieran tomado medidas para
atenuar los efectos del incumplimiento en el pago de las facturas adeudadas.
Afirmó que, pese a que la EPS estaba intervenida desde 2011, la actora continuó
suscribiendo contratos y otrosíes incluso en 2015 y 2016, de modo que no actuó
con la debida diligencia de un buen hombre de negocios. Añadió que la actora no
puede ampararse en la falta de recursos para no haber reinvertido, pues basta
revisar las actas de Asamblea General, en especial la de 2015, para evidenciar que
la fuente principal de sus ingresos no eran las operaciones con SaludCoop EPS,
como lo explicó el revisor fiscal, y, señaló que, respecto de las demás fuentes de
ingreso no se aseveró que no existiera el flujo de caja necesario por falta de pago.
Acotó que la demandante es responsable de su propia incuria, pues si no podía
reinvertir los excedentes de 2015 pudo prorrogar el plazo para esto en la Asamblea
General, previa justificación. Estimó procedentes las glosas de los actos y la sanción
por inexactitud, dada la omisión de ingresos gravables y el uso de una exención a
la que no tenía derecho.
No condenó en costas al no encontrarlas probadas en el expediente.
Recurso de apelación
El demandante apeló la decisión de primera instancia14. Presentó cuadros para
evidenciar que la cartera no recuperada a cargo de SaludCoop EPS y los costos y
gastos asociados a los servicios que le prestó a dicha entidad hicieron imposible
cumplir con la reinversión de los excedentes. Acusó a la sentencia impugnada de
confundir los ingresos con el excedente neto y su liquidez, pues ella asumió costos
y gastos equivalentes al 98,42% de los ingresos, por valor de $7.465.449.209, y
que, en particular, no recuperó aquellos atribuibles a los servicios de SaludCoop
EPS.
14
Samai Tribunal, índice 2.

6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 25000-23-37-000-2020-00067-01 (28242)
Demandante: Corporación para el Desarrollo de la Seguridad Social CODESS

Hizo hincapié en que dejó de percibir ingresos por la suma de $2.533.500.859, que
involucraron costos y gastos asumidos de $2.437.448.900, proporción equivalente
al 96,21% de los ingresos facturados a SaludCoop en ese período fiscal, lo cual
impactó gravemente su liquidez. Cuestionó que se afirmara que tenía suficiente flujo
de caja para reinvertir el excedente y que se le obligase a pagar un mayor impuesto
y sanción, lo que atentaba contra el espíritu de justicia.
Expresó que el Tribunal confundió la imprevisibilidad e irresistibilidad del impacto
económico sufrido por la Corporación con la decisión en torno a la provisión de
cartera. Observó que no se tuvo en cuenta que, hasta julio de 2015, SaludCoop
EPS si cumplió oportunamente con sus obligaciones y solo en noviembre de ese
año se suspendieron los pagos. Anotó que la toma de posesión no implicaba que
los acreedores tuvieran que dar por perdidas sus acreencias y que dada la
importancia y tamaño de la EPS nada hacía presagiar que las obligaciones no se
pagarían, razón por lo cual siguió suscribiendo contratos.
Acotó que, una vez conocido el agravamiento de la situación de SaludCoop EPS,
los efectos de la cesación de pagos fueron irresistibles e imposibilitaron la
reinversión del excedente, cuyos ingresos ya se habían reconocido a partir de los
principios de realización y causación.
Frente a la provisión efectuada, manifestó que el valor provisionado no violó norma
alguna ni se opuso a principios contables y correspondió al juicio valorativo que, en
ese momento, se dio, dadas las circunstancias, a la situación descrita y que, solo
en 2016 se evidenció la necesidad de provisionar toda la cartera. Dijo que no
provisionó toda la cartera en 2015, pues eso no era procedente contablemente y, al
hacerlo, hubiese desconocido que la EPS sí venía cumpliendo con el pago de sus
acreencias hasta la segunda mitad de ese mismo año, razón por la cual la provisión
solo podía constituirse con un valor 33% de lo adeudado. Acotó que, en todo caso,
las intervenciones administrativas no tienen como finalidad la liquidación y la
cesación de los pagos a cargo de la entidad que es objeto de intervención, sino que
busca que el sujeto intervenido pueda mantener el desarrollo de su objeto social y
no incurra en incumplimiento a sus acreedores, de manera que la intervención no
implicaba per se que cesaran los pagos.
Explicó las formas de realizar provisiones de cartera en forma individual o general y
reparó en que el monto provisionado resultaba coherente con la posibilidad de
recuperación razonable de las deudas pendientes de pago a cargo de SaludCoop
EPS al cierre del período 2015, como se desprende del dictamen pericial decretado
como prueba, sobre el cual no se pronunció el Tribunal. Insistió en que la
Corporación efectuó la correspondiente provisión de cartera de acuerdo con las
normas fiscales y contables vigentes para la época y siguiendo la técnica que
correspondía para el efecto. Lo anterior, teniendo en cuenta que la provisión
individual por deudas de difícil cobro, como lo eran las acreencias de SaludCoop
EPS luego de la intervención de esta para efectos de liquidación, establece que el
tope máximo a provisionar de la deuda es de tan solo el 33%.
Sostuvo que, a 31 de diciembre de 2015 no era razonable calificar la deuda de
SaludCoop EPS como manifiestamente perdida o sin valor y así efectuar una
provisión del 100% del valor de la misma, pues aún no se daban los supuestos
establecidos en los artículos 79 y 80 del Decreto 187 de 1975. Subrayó que la deuda
no era manifiestamente pérdida o sin valor, toda vez que el deudor no estaba en
situación de insolvencia, pues la intervención con fines de liquidación pretendía
cubrir las deudas pendientes.

7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 25000-23-37-000-2020-00067-01 (28242)
Demandante: Corporación para el Desarrollo de la Seguridad Social CODESS

Consideró que no era procedente extender el plazo para la inversión del excedente
dado que no existía un proyecto de inversión que demandara un período de tiempo
superior para la ejecución. Agregó que no es posible cumplir con la inversión del
excedente del 2015 cubriendo su importe con ingresos obtenidos en un período
posterior y que ampliar el plazo de inversión solo habría dilatado la actuación de la
DIAN, dado que transcurridos cinco años tampoco se habrían recibido pagos por
parte de SaludCoop EPS.

Estimó improcedente la sanción por inexactitud pues, aun de considerarse que
procedía la reliquidación del tributo, no obró con el propósito de no reinvertir el
excedente en los términos previstos por la Asamblea, sino porque no tuvo los
recursos para hacerlo, con lo cual imponerla resultaría arbitrario e injusto. Reparó
en que no incurrió en culpa o dolo, ni desfiguró las bases imponibles, que la
declaración registró hechos y cifras completos y verdaderos y que, de no revocarse
la sanción, se afectaría una entidad con comportamiento tributario leal y con un fin
meritorio.

Oposición a la apelación

La demandada no presentó oposición a la apelación.

Intervención del Ministerio Público

El Ministerio Público guardó silencio.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Problema jurídico

De conformidad con los cargos de apelación formulados por la parte demandante
respecto de la sentencia de primera instancia, que denegó las pretensiones de la
demanda, juzga la Sala la legalidad de los actos que modificaron la declaración del
impuesto sobre la renta del año gravable 2015 presentada por la Corporación para
el Desarrollo de la Seguridad Social, CODESS.

En particular, corresponde determinar si: i) procedía o no la reclasificación de parte
de la renta exenta como renta líquida gravada, al estar demostrada una situación
imprevisible e irresistible que impidió la reinversión del excedente y ii) era dable o
no aplicar la sanción por inexactitud.

Análisis del caso concreto

1. Reinversión del excedente

El 12 de abril de 2016 la demandante presentó la declaración del impuesto sobre la
renta del año gravable 2015, en la que registró como renta exenta la suma de
$3.431.107.000, correspondiente al valor total de la renta líquida del ejercicio, por
tratarse de una entidad del régimen tributario especial. Los actos administrativos
demandados reclasificaron parte de esa renta exenta como renta líquida gravable,
debido a que la actora incumplió con la reinversión del beneficio neto o excedente
obtenido al 31 de diciembre de 2015, en cuantía de $1.076.794.000, excedente que
se debía invertir, según el Acta de Asamblea Ordinaria de Asociados nro. 16 de
2016 (fl. 306 Caa) en el “el proyecto de reorganización y reorientación de la Corporación.”

8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 25000-23-37-000-2020-00067-01 (28242)
Demandante: Corporación para el Desarrollo de la Seguridad Social CODESS

CODESS ha argumentado que la reinversión del excedente no fue posible debido a
la imposibilidad del cobro de cartera de lo adeudado por SaludCoop EPS, dada la
intervención forzosa y posterior liquidación de esa entidad, lo cual la afectó
gravemente y le impidió efectuar la reinversión del excedente, quedando el mismo
en una cifra meramente contable y no real. La sentencia de primera instancia avaló
la legalidad de los actos administrativos y estimó que la liquidación de SaludCoop
EPS no entrañaba una circunstancia de fuerza mayor o caso fortuito, pues no fue
intempestiva, no afectó el flujo de recursos de la actora, y, en todo caso, ésta pudo
ampliar el plazo de reinversión y efectuar una provisión de cartera.

En la apelación, el demandante expone que su liquidez se vio afectada gravemente
pues el Tribunal olvidó considerar los costos y gastos que debió asumir para la
prestación de los servicios en las operaciones con SaludCoop EPS. Agregó que el
Tribunal confundió la imprevisibilidad e irresistibilidad del impacto económico sufrido
por ella con la decisión en torno a la provisión de cartera. Observa que se obvió el
comportamiento de SaludCoop EPS, quien cumplió con los pagos de los contratos
hasta noviembre de 2015, y que la toma de posesión no implicaba que los
acreedores tuvieran que dar por perdidas sus acreencias, de tal forma que, solo una
vez conocido el agravamiento de la situación de SaludCoop EPS, los efectos de la
cesación de pagos fueron irresistibles e imposibilitaron la reinversión del excedente.

Indica que la provisión contable efectuada cumplió los requisitos contables y legales
y que no podía provisionarse la totalidad de la cartera dado el cumplimiento de
SaludCoop EPS y la posibilidad razonable de recuperar los saldos adeudados, los
cuales no podían calificarse como manifiestamente perdidos o sin valor para el
2015. Comenta que no era posible extender el plazo de reinversión, pues no existía
un proyecto específico y que no podía cubrirse la reinversión con ingresos de
períodos contables y fiscales posteriores.

Para resolver, sea lo primero precisar que no existe controversia entre las partes
frente al hecho de que el excedente de 2015 de CODESS no fue reinvertido en los
términos aprobados en el Acta de Asamblea Ordinaria de Asociados nro. 16 de
2016. Lo que se discute es si la no reinversión se encontraba justificada dado que
uno de los clientes de la actora, SaludCoop EPS, no realizó el pago por los servicios
prestados al entrar en liquidación forzosa, circunstancia que la demandante califica
como imprevisible e irresistible.

Al respecto, los artículos 358 del Estatuto Tributario y 8 del Decreto 4400 de 2004,
en su versión vigente para la época de los hechos, establecían que el beneficio neto
o excedente tenía el carácter de exento del impuesto sobre la renta siempre que se
destinara, directa o indirectamente, dentro del año siguiente de su obtención o en el
plazo fijado por la Asamblea a programas que desarrollasen el objeto social de la
entidad, so pena de que fuese gravable. Así, uno de los requisitos para que opere
la exención es la efectiva reinversión del beneficio neto o excedente, lo cual no
implica que ante la configuración de una circunstancia constitutiva de fuerza mayor
o caso fortuito que impida ejecutar la reinversión, el contribuyente pierda
automáticamente el derecho a gozar de la exención, siempre que esa situación esté
debidamente acreditada.

A estos efectos, el artículo 64 del Código Civil define la fuerza mayor o caso fortuito
como aquel “imprevisto a que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el
apresamiento de enemigos, y los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público”. En

9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 25000-23-37-000-2020-00067-01 (28242)
Demandante: Corporación para el Desarrollo de la Seguridad Social CODESS

consecuencia, esta Sección15 ha concluido que para que se configuren dichas
situaciones deben darse concurrentemente dos elementos: la imprevisibilidad 16 y la
irresistibilidad.17 En ese sentido, se ha señalado que: “el juez debe valorar una serie de
elementos de juicio, que lo lleven al convencimiento de que el hecho tiene en realidad esas
connotaciones, pues un determinado acontecimiento no puede calificarse por sí mismo como fuerza
mayor, sino que es indispensable medir todas las circunstancias que lo rodearon. Lo cual debe ser
probado por quien alega la fuerza mayor, es decir, que el hecho fue intempestivo, súbito, emergente,
esto es, imprevisible, y que fue insuperable, que ante las medidas tomadas fue imposible evitar que
el hecho se presentara, esto es, irresistible.” 18

Para efectos de lo anterior, se observa que en el expediente obran las siguientes
pruebas:

• Acta nro. 15 del 21 de abril de 2015 de la Asamblea Ordinaria de Asociados de CODESS (fl.
280 Caa), en la que se aprueba la constitución de un fondo para la reinversión del remanente
de 2014 para investigación, estudios y publicaciones, desarrollo del talento humano y
formación para la seguridad social y desarrollo tecnológico y de infraestructura para la
seguridad social. La reinversión se presupuestó para realizarse en los períodos 2015 a 2017.
• Acta nro. 16 del 17 de marzo de 2016 de la Asamblea Ordinaria de Asociados de CODESS
(fls. 305 y 306 Caa), en donde se evidencia que la Cooperativa tenía múltiples clientes, entre
ellos Positiva, Liberty Seguros y SaludCoop, siendo el más representativo Positiva.
El documento menciona que se presentó un informe detallado de la gestión jurídica frente a la
deuda de SaludCoop y se sugirió revisar la provisión de cartera de la EPS para lo cual se
estableció la necesidad de implementar un plan de seguimiento del avance de la liquidación.
Así mismo, expresa que se generó un remanente neto de $1.077.000.000 (valor aproximado),
respecto del cual se propuso su reinversión en investigación, programas de desarrollo social,
educación y cultura para la generación de pensamiento en las áreas de la seguridad social,
moción aprobada por unanimidad por los asambleístas.
• Acta nro. 18 del 23 de noviembre de 2017 (fl. 341 Caa), en donde se aprueban los estados
financieros y se decide compensar la pérdida de 2016 con excedentes de años posteriores,
sin mención particular a la situación de SaludCoop.
• Acta nro. 18 de 2018 de 23 de noviembre de 2017 (fls. 342 a 344 Caa), sin mención a la
situación de SaludCoop ni a la inversión de excedentes.
• A partir del libro auxiliar de la cuenta PUC reservas ocasionales de 2016 (fl. 251 Caa), la nota
interna de contabilidad NI-001902 de 2016 y el estado de cambios en el fondo social (fl. 292
Caa) se estableció cómo excedente a reinvertir a 31 de diciembre de 2016 la suma de
$1.076.793.505, la cual correspondía al excedente de 2015, de tal manera que la reinversión
no ocurrió. Posteriormente, se aportó certificación de la presunta reinversión de $424.042.898
firmada por la representante legal y contadora (fl. 360 Caa), respecto de la cual la DIAN
estableció que se trataba de los excedentes de 2014.
• Los Estados Financieros 19 con corte a 31 de diciembre de 2015 dan cuenta de que CODESS
obtuvo ingresos operacionales de $68.106.420.000, los cuales fueron afectados por costos de
$54.279.871.000 y gastos operacionales de administración de $12.190.627.000, así como por
egresos no operacionales de $559.128.000, lo cual arrojó un excedente neto de

15
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. Sentencia del 7 de septiembre de 2020, Exp.
24020, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
16
La imprevisibilidad se presenta cuando el suceso escapa a las previsiones normales, que ante la conducta prudente
adoptada por el que alega el caso fortuito, era imposible preverlo, como lo dijo la Corte Suprema de Justicia en sentencia
de febrero 27 de 1974, al señalar «La misma expresión caso fortuito idiomáticamente expresa un acontecimiento extraño,
súbito e inesperado…. Es una cuestión de hecho que el juzgador debe apreciar concretamente en cada situación,
tomando como criterio para el efecto, la normalidad o la frecuencia del acontecimiento, o por el contrario, su rareza y
perpetuidad».
17
La irresistibilidad, como lo dice la misma sentencia, es «el hecho […] debe ser irresistible. Así como la expresión caso
fortuito traduce la requerida imprevisibilidad de su ocurrencia, la fuerza mayor, empleada como sinónimo de aquella en la
definición legal, relieva esta otra característica que ha de ofrecer tal hecho: al ser fatal, irresistible, incontrastable, hasta
el punto de que el obligado no pueda evitar su acaecimiento ni superar sus consecuencias».
18
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. Sentencias del 3 de junio del 2010, Exp.
16564, C.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez y del 5 de septiembre del 2013, Exp. 18412, C.P. Hugo Fernando Bastidas
Bárcenas.
19
Samai Tribunal, índice 9.

10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 25000-23-37-000-2020-00067-01 (28242)
Demandante: Corporación para el Desarrollo de la Seguridad Social CODESS

$1.076.794.000. En la nota 4 (fl. 299 Caa), se acota que en las provisiones se incluyen:
“cuentas por cobrar a SaludCoop EPS en Liquidación por valor de $811.807 (en miles de
pesos), el cual corresponde al 70% de $1.179.725 (en miles de pesos) suma no reconocida
por la entidad y sobre la cual se ha presentado recurso de reposición.”
En sentido semejante, la nota 14 (fl. 302 Caa) aclara que: “la participación de ingresos está
representada en 2015 por Positiva con 71,82%, Liberty 15% y otros clientes 13,3%.”, mientras
que la nota 15 registra gastos operacionales de administración de provisiones por
$1.378.594.000.
• En los Estados Financieros de 201620 se observa que a 31 de diciembre de ese año la
demandante estableció una provisión de cartera de clientes por $2.570.880.000, que inició con
un saldo de $1.317.806.000, respecto de la cual se señaló, en la nota 7 (fl. 332 Caa):
“La Corporación a partir de 2015 analiza de manera detallada la situación de la entidad
SaludCoop EPS en liquidación, dado que el 24 de noviembre 2015 la Superintendencia de
Salud ordenó la toma de posesión inmediata de los bienes de la EPS y la intervención forzosa
administrativa para liquidar la entidad la cartera de la EPS asciende al 31 de diciembre de
2016 por $2,533,501.” (los estados financieros están expresados en miles de pesos)
Así mismo, se describe en la nota 15 (fl. 336 Caa) que los ingresos ordinarios por cliente están
representados para 2016 en un 68,37% por Positiva, Liberty 18,5% y otros clientes 13,13%,
mientras que en la nota 16 se afirma que los gastos de administración registran como
“provisión deudores” la suma de $1.490.584.000.
• En los Estados Financieros del año 201721 se evidencia que CODESS registró utilidad y que,
si bien se reconoce que las pérdidas derivadas de la liquidación del Consorcio CODESS
Compensar Salud Ocupacional y el reconocimiento del deterioro de cartera de Saludcoop EPS
en Liquidación le impactaron de manera significativa, persistió en la ampliación y actualización
de su portafolio de servicios. Se observa que los estados financieros se prepararon bajo la
hipótesis de que la actora continuaría como un negocio en marcha.
• Resolución nro. 002414 del 24 de noviembre de 2015 expedida por la Superintendencia
Nacional de Salud en virtud de la cual se ordena la toma de posesión inmediata de los bienes,
haberes y negocios y la intervención forzosa administrativa para liquidar SaludCoop EPS (fls. 1772 a 1779 dorso Caa), en donde se advierte que mediante resolución no. 00801 del 11 de
mayo de 2011 se ordenó la toma de posesión y la intervención forzosa administrativa de la
EPS, la cual se prorrogó en varias ocasiones hasta que se ordenó iniciar con la liquidación. En dicho documento consta que el agente especial interventor Guillermo Groso emitió
concepto técnico el 18 de noviembre de 2015 en el que afirmó que se presentaba: “la
imposibilidad de dar cumplimiento a las condiciones de (Sic) financieras y de solvencia de la
EPS (…)" y se sugirió liquidar la EPS y que la firma Baker Tilly informó, con corte a 30 de
septiembre de 2015, que la entidad tenía un patrimonio negativo superior a los 2,8 billones de
pesos y presentaba un incremento en el déficit de capital que impedía cumplir con las
obligaciones corrientes de la entidad. Así mismo, la Superintendencia Delegada para la Supervisión de Riesgos, el 13 de noviembre
de 2015, describió que la EPS demostraba una capacidad insuficiente para generar recursos
para atender sus obligaciones y que, desde 2011, se habían incumplido las condiciones
financieras y de solvencia para operar el aseguramiento en salud, tanto así que a 30 de
septiembre de 2015 su liquidez era de solo 0,23 y presentaba pérdidas operacionales de
$550.554 millones. Dentro de las ordenes de la toma de posesión se impartió la de suspender pagos de
obligaciones causadas.
• En la Resolución nro.

1960 del 6 de marzo de 2017 (anexo 3, renglón 236), una vez surtido el
proceso de calificación de acreencias, CODESS se reconoció como acreedor quirografario y
no se aceptó el pago de la deuda de $2.535.109.980 (fl. 1830 Caa).
• Con la reforma a la demanda22, el actor allegó dictamen pericial técnico, del cual se destaca
que los estados financieros de 2015 fueron aprobados en marzo de 2016, que incurrió en
costos y gastos para prestar los servicios inicialmente contratados por SaludCoop EPS, que

20
Ibidem.
21
Ibidem.
22
Samai Tribunal, índice 9.

11
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 25000-23-37-000-2020-00067-01 (28242)
Demandante: Corporación para el Desarrollo de la Seguridad Social CODESS

la cartera de la EPS representó el 49% de la cartera total, lo cual tenía incidencia muy alta
para la liquidez y el capital de trabajo de la actora, que la revisoría fiscal recomendó provisionar
toda la cartera con SaludCoop EPS sólo hasta el 29 de octubre de 2016 y que SaludCoop
realizó pagos hasta el 24 de noviembre de 2015.
Así mismo, el dictamen reconoce que la provisión de cartera se realizó conforme los principios
de contabilidad generalmente aceptados, que, para 2015, equivalía al 33% del total de la
cartera y reitera que la cartera de SaludCoop afectó la liquidez de la Corporación, al tener una
participación importante en los activos de la demandante.

Como se evidencia del recuento probatorio realizado, la Superintendencia de Salud,
en la resolución que ordenó la intervención para liquidación de SaludCoop fechada
a noviembre de 2015, a partir de diversos informes técnicos, advirtió las graves
dificultades financieras y de solvencia de la entidad que había sido intervenida
desde el año 2011, determinando que la EPS tenía un patrimonio negativo y que
sus obligaciones corrientes no podrían cumplirse dada la incapacidad para generar
recursos para atender las obligaciones pendientes, con descripción pormenorizada
de los índices de liquidez. Nótese que dicha decisión se tomó en forma previa al
cierre del período gravable 2015 y a la aprobación de los Estados Financieros de
ese año por parte de la actora, lo cual ocurrió en marzo de 2016.

Ese último año, la Asamblea de CODESS sugiere la “revisión” de la cartera
pendiente con SaludCoop y en los estados financieros se advierte que se efectuó
una provisión parcial de dichas deudas por valor de $811.807.000, la cual fue
complementada solo hasta el año 2016, en donde, tal como manifiesta el dictamen
técnico pericial, hasta octubre, la revisoría fiscal sugirió que se provisionara la
totalidad de la cartera. Posteriormente, en el año 2017, la actora registró utilidad y
desarrolló estrategias para la ampliación de su portafolio de servicios. En efecto, los
Estados Financieros fueron preparados bajo la hipótesis de negocio en marcha y se
reconoció que, si bien la cartera de SaludCoop impactó el negocio, no fue de tal
magnitud que impidiera la continuación de la actividad económica.

Así mismo, se observa que la demandante tenía otros clientes que le generaban
ingresos por cuantías superiores a las correspondientes a los servicios prestados a
SaludCoop, como por ejemplo Positiva, quien, para 2015, generó el 71,82% de los
ingresos brutos totales y que, en el año 2017, como consecuencia de la graduación
de créditos en la liquidación, se calificó a la actora como acreedor quirografario y se
determinó el impago de las obligaciones por parte de SaludCoop EPS.

Para la Sala resulta evidente que, contrario a lo alegado por la apelante, en este
caso no se presentó una circunstancia constitutiva de fuerza mayor o caso fortuito,
dado que la posibilidad de que SaludCoop EPS no pagara sus cuentas por pagar
era probable de acuerdo con la evidencia disponible para efectos del cierre contable
y fiscal del año 2015, de tal forma que la incobrabilidad de la cartera, que aminoró
la liquidez de la actora, no obedecía a un hecho intempestivo, súbito, emergente,
imprevisible o insuperable, sino, por el contrario, era perfectamente previsible dadas
la escaza liquidez de la EPS y los análisis recogidos en la resolución que ordenó la
toma para la liquidación forzosa la cual fue emitida antes de que concluyera el año
2015.

Si bien es cierto que la EPS realizó pagos hasta el segundo semestre de 2015,
suspendiéndose estos para noviembre de ese mismo año, también lo es que en la
resolución proferida por la Superintendencia de Salud se hizo referencia a los
índices de liquidez y al estado patrimonial de la entidad, lo cual, en forma razonable,
permitía advertir que había un riesgo de impago de las obligaciones por parte de la

12
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 25000-23-37-000-2020-00067-01 (28242)
Demandante: Corporación para el Desarrollo de la Seguridad Social CODESS

EPS, máxime si se tiene en cuenta que según el orden de prelación de créditos
existían obligaciones con prelación sobre aquellas surgidas para con CODESS
(deuda quirografaria), como las laborales, prelación que es plenamente aceptada
por la propia demandante en sus actos procesales.

En adición a lo anterior, se encuentra que la toma de posesión de Saludcoop desde
el 2011 y el inicio de su liquidación en noviembre de 2015 no implicaba
automáticamente la pérdida de las acreencias para la actora, lo cierto es que debido
a la situación particular de esa EPS (evidenciada en el informe del agente interventor, de la
firma Baker Tilly y de la Superintendencia Delegada para la Supervisión de Riesgos ), era evidente
que la entidad no contaba con la suficiencia financiera para atender sus acreencias,
motivo por el cual resultaba razonable esperar que CODESS adoptara todos los
correctivos necesarios para mitigar el impacto de dicha circunstancia y prever la
manera como ello podía afectar su situación financiera.

Por ende, no puede excusarse la actora en que “solo hasta el agravamiento de la
situación de SaludCoop”, adoptó las medidas necesarias, pues había suficiente
información que daba cuenta de que la situación de la EPS era grave desde
noviembre de 2015, tal como evidencia en la resolución proferida por la
Superintendencia de Salud y los documentos que hacen parte de esta.

Tampoco sobra advertir que, en este caso, la cesación de pagos tiene origen directo
en la toma de intervención de SaludCoop EPS que, se insiste, era de tal gravedad
que implicaba una alta probabilidad de que no se honraran las obligaciones
pendientes de pago que tenía esa entidad, y, dado que la actora tuvo conocimiento
de ello con antelación al año objeto de análisis, se encuentra que habría podido
tomar acciones frente a esas cuentas por cobrar con miras a mitigar los efectos,
cuando menos, fiscales derivados del no pago.

Ahora bien, en lo que respecta a los argumentos que presenta la demandante
referentes a que la sentencia de primera instancia no tuvo en cuenta los costos y
gastos asociados a la prestación de servicios a SaludCoop, que debieron ser
asumidos por ella afectando gravemente su liquidez, la Sala estima que, si bien los
documentos obrantes tales como los estados financieros de 2017 y el dictamen
técnico pericial dan cuenta de que la pérdida de la cartera afectó considerablemente
a la actora, y de que los costos y gastos asumidos no se tuvieron en cuenta en las
consideraciones hechas por el Tribunal, también lo es que CODESS tenía otros
clientes y la afectación no fue de tal magnitud que le impidiera continuar la
operación, según se comprueba en las mismas pruebas aportadas por la
demandante.

Específicamente, ello se evidencia, por un lado, en los estados financieros de 2017,
en donde, entre otros aspectos, se prepara la información bajo la hipótesis de
negocio en marcha, se vuelve a generar utilidad e incluso se amplía el portafolio de
servicios y, por el otro, en las actas de Asamblea de 2016 y 2017 en las que no se
mencionó la situación de SaludCoop como un evento relevante para efectos de la
situación económica de la actora.

En ese sentido, si bien se afectó el flujo de caja de CODESS, del acervo probatorio
no se observa que la misma tuvo tal grado para impedir la operatividad de la actora,
quien, en todo caso, conservaba un portafolio importante de clientes que le
reportaban mayores ingresos que SaludCoop, los cuales porcentualmente tenían
un mayor peso en la situación financiera de la demandante, y que, a la postre,

13
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 25000-23-37-000-2020-00067-01 (28242)
Demandante: Corporación para el Desarrollo de la Seguridad Social CODESS

permitieron que la actividad continuara desarrollándose. Así, si bien no es lo mismo
los ingresos que la liquidez de CODESS, del expediente se observa que el hecho
de asumir los costos y gastos no afectó la actividad del ente, quien pudo haber
tomado correctivos para cumplir con la reinversión de los excedentes en el año 2015
o en períodos posteriores.

En cuanto a las acciones que podía tomar la actora, y si bien no es el propósito de
este fallo fijar las conductas que deben desplegar los contribuyentes, pues será algo
que deberá revisarse en cada caso, la Sala echa de menos el despliegue de
conductas que reflejaran la implementación de medidas urgentes y necesarias
frente a la situación de Saludcoop que ya conocía. Dentro de esta conducta pudiera
encontrarse, por ejemplo, la provisión del valor total de la cartera de Saludcoop en
los Estados Financieros de 2015, pues desde noviembre de 2015 se conocían los
riesgos altos de impago de las obligaciones por parte de SaludCoop con lo cual era
justificable una provisión más alta que la del 33% que por demás solo se encuentra
establecida para efectos fiscales; no obstante, ello sólo ocurrió hasta octubre de
2016, a pesar de la evidencia que existía previamente. Otra cosa sería la discusión
sobre su deducibilidad, lo cual escapa del alcance de este fallo y que, como se
advirtió, deberá analizarse caso por caso.

En este caso, contrario a lo que afirma el apelante, la intervención administrativa de
noviembre de 2015 sí tenía como finalidad la liquidación y la cesación de pagos era
altamente probable, de manera que confunde la intervención a SaludCoop
efectuada en 2011 con la ocurrida en 2015 en donde se toma la decisión de liquidar
la EPS y que esta no continúe con el desarrollo de su objeto social.

A pesar de lo anterior, el demandante justifica el hecho de que no se provisionara
la totalidad de la cartera en una improcedencia contable. Indica que si se hubiese
provisionado el 100% de la deuda ello habría desconocido el hecho del pago de
obligaciones por parte de SaludCoop hasta la segunda mitad de 2015 y la
expectativa de recuperación de las deudas, que alega como razonable, con lo cual
estas no podían calificarse como manifiestamente perdida o sin valor, pues el
deudor no estaba en situación de insolvencia dado que la intervención con fines de
liquidación pretendía cubrir las deudas pendientes. Sin embargo, esta Sala no
observa la razonabilidad en la expectativa de recuperación de la cartera que
menciona el apelante dado que, se insiste, conforme a las pruebas del expediente,
los índices de liquidez y la capacidad de pago de las deudas por parte de la EPS
eran mínimos, por lo cual, si bien la intervención pretendía cubrir las deudas
pendientes, era previsible que no se honraría la totalidad de las obligaciones, y, en
especial, aquellas que como las de CODESS tenían los últimos lugares según la
prelación de créditos, circunstancia que no logra justificar la actora con el dictamen
técnico pericial presentado como prueba.

Así mismo, el pago de obligaciones se suspendió en forma previa al cierre del
período fiscal y contable 2015, y persistió incluso con anterioridad a la aprobación
de los estados financieros de ese período en marzo de 2016, lo cual refuerza el
hecho de que no podía existir una expectativa razonable de recuperación de las
acreencias. Es decir, desde noviembre de 2015 era previsible concluir que las
deudas difícilmente serían pagadas, lo cual desvirtúa la imprevisibilidad del hecho.
Se reitera que con esto no se está cuestionando el registro contable de la provisión
parcial, sino que ello da validez a las razones por las cuales la Administración
cuestionó la decisión de la actora de no provisionar la cartera por completo a pesar
de la evidencia inminente de impago.

14
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 25000-23-37-000-2020-00067-01 (28242)
Demandante: Corporación para el Desarrollo de la Seguridad Social CODESS

Por último, el artículo 360 del Estatuto Tributario, en su versión vigente para la época
de los hechos, disponía que respecto de programas cuya ejecución requiriera un
plazo adicional, la Asamblea General o el órgano directivo podía prorrogar el término
para efectuar la reinversión del excedente. Frente a lo cual, el apelante considera
que no era procedente extender el plazo dado que no existía un proyecto de
inversión que demandara un período de tiempo superior para la ejecución y que no
podía cubrirse el excedente cubriendo el importe con ingresos de períodos
posteriores, dado que, en todo caso, no se habrían recibido los pagos por parte de
SaludCoop.

Frente a lo primero, se evidencia que la reinversión fue aprobada para la
investigación y programas de desarrollo social, educación y cultura para la
generación de pensamiento en las áreas de la seguridad social, de manera que sí
existían programas concretos cuya ejecución podía ampliarse con intervención de
la Asamblea. Si, en efecto, hipotéticamente hubiese existido una expectativa
razonable del pago de las acreencias, la demandante podía advertir que este no
ocurriría en el mediano plazo, dada la complejidad del proceso de intervención para
liquidación de la EPS, con lo cual debía solicitar la ampliación del término al órgano
social, circunstancia que, evidentemente, no ocurrió.

Frente a lo segundo, asiste razón al apelante en la medida en que el excedente de
2015 no podía cubrirse con excedentes de años posteriores y que el primero
resultaría impago, a la postre. Sin embargo, también es cierto que, a la fecha de
aprobación de la reinversión del excedente, CODESS contaba con elementos para
prever que la cartera no sería recuperada, de tal manera que pudo tomar una
decisión diferente frente a la reinversión y al monto registrado en los Estados
Financieros y no lo hizo. Razón por la cual, no obró de manera prudente y diligente
para evitar los efectos tributarios de la no reinversión.

En síntesis, para la Sala no está probada la configuración de una circunstancia de
caso fortuito o fuerza mayor que impidiera la reinversión del excedente, dado que
razonablemente se podía evidenciar el impago de las deudas por parte de
SaludCoop, la actora no tomó los correctivos necesarios para castigar la cartera, la
sociedad no optó por utilizar la figura de plazos adicionales y los estados financieros
no logran demostrar que la entidad tuviera una dependencia financiera de
SaludCoop, de manera que el mayor impuesto no es violatorio del espíritu de
justicia, sino que deriva del actuar de la actora, quien no puede excusarse en su
propia culpa para acceder al beneficio de renta exenta. En consecuencia, se estima
que los actos administrativos son legales.

2. Sanción por inexactitud

El apelante se opone a la sanción por inexactitud dado que no obró con el propósito
de no reinvertir el excedente en los términos previstos por la Asamblea, sino porque
no tuvo los recursos para hacerlo, con lo cual imponerla resultaría arbitrario e
injusto. Reparó en que no incurrió en culpa o dolo, ni desfiguró las bases imponibles,
que la declaración registró hechos y cifras completos y verdaderos y que, de no
revocarse la sanción, se afectaría una entidad con comportamiento tributario leal y
con un fin meritorio.

Al respecto, la Sala estima procedente la sanción por inexactitud dado que se
declaró una exención inexistente pues no cumplió con los requisitos para acceder a
ella, lo cual resultó en un menor impuesto a pagar.

15
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 25000-23-37-000-2020-00067-01 (28242)
Demandante: Corporación para el Desarrollo de la Seguridad Social CODESS

En particular, por lo expuesto líneas arriba es claro que la no reinversión del
excedente no está debidamente justificada en una situación de caso fortuito o fuerza
mayor y se derivó de la negligencia de la actora, con lo cual, se encuentra que la
exención es inexistente y, por tanto, la imposición de la sanción no fue arbitraria ni
injusta pues, pese a que la demandante no tuvo los recursos para reinvertir el
excedente, pudo adoptar medidas para evitar el incumplimiento.
Sobre el dolo y la culpa, la jurisprudencia de esta Corporación ha sostenido que se
configura la sanción por: “la omisión de ingresos o la inclusión de costos y deducciones como
un dato o factor falso, equivocado, incompleto o desfigurado en la declaración a partir del cual se
derive un menor impuesto o saldo a pagar o un mayor saldo a favor para el contribuyente o
responsable, sin que para ello se requiera acreditar la existencia de fraude, culpa o dolo.” 23, con lo
cual, la sanción es procedente, sin que sea relevante el dolo o el hecho de que
exista o no la intención de defraudar al fisco y sin que el objeto de la entidad o su
afectación sean óbice para imponer la sanción.
En consecuencia, el cargo no prospera.
3. Costas
Conforme a lo previsto en el artículo 188 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y 365 (numeral 8) del Código
General del Proceso, no habrá condena en costas (gastos del proceso y agencias
en derecho) en esta instancia, por no encontrarse probadas en el expediente,
requisito indispensable para su reconocimiento.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Confirmar la sentencia del 10 de agosto de 2023, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B.

2. No condenar en costas en esta instancia.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al Tribunal de
origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica:https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

23
Consejo de Estado, Sección Cuarta, Sentencias del 9 de marzo de 2023, exp. 26283 y del 24 de febrero de 2022, exp.
24441, C.P. Myriam Stella Gutiérrez.

16
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.