Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2020-00095-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2020-00095-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 25000-23-37-000-2020-00095-01
Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello
6 de febrero de 2025
Radicado: 25000-23-37-000-2020-00095-01 (29326)
Demandante: Omega Energy Colombia
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá D.C., seis (06) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-37-000-2020-00095-01 (29326)
Demandante: OMEGA ENERGY COLOMBIA
Demandada: DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN
Temas: Autorretención en la fuente. Periodos 10 y 11 del año 2013.
Competencia de la Dirección Seccional de Grandes
Contribuyentes. Reiteración Jurisprudencial.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación1 interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia del 11 de julio de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección “B”, que decidió2:
“PRIMERO: NIÉGANSE las pretensiones de la demanda, de conformidad con la parte motiva
de esta providencia.”3
ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA
La Dirección Seccional de Impuestos de Grandes Contribuyentes de la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales (en adelante DIAN) expidió emplazamientos para
declarar Nro. 312382018000056 del 13 de julio de 2018 y Nro. 312382018000058
del 16 de julio de 2018, por concepto de retención en la fuente a cargo de la
demandante por los periodos 10 y 11 del año 2013, respectivamente.
Posteriormente, la DIAN expidió la Resolución Sanción Nro. 312412018000076 del
5 de septiembre de 2018 y la Resolución Sanción Nro. 312412018000082 del 2 de
octubre de 2018, por medio de las cuales impuso sanción a la demandante por no
declarar retención en la fuente por los periodos 10 y 11 del año gravable 2013,
respectivamente.
El 08 de noviembre, la DIAN expidió la Liquidación Oficial de Aforo Nro.
312412018000041 y el 05 de diciembre de 2018 la Nro. 312412018000042, por
medio de los cuales determinó la retención en la fuente a cargo la demandante para
los periodos 10 y 11 del año gravable 2013, respectivamente.
Por su parte, la demandante presentó recursos de reconsideración contra las
Liquidaciones Oficiales y Resoluciones Sanción, decisiones que se confirmaron en
su totalidad.
1
Ingresó al despacho por primera vez el 12 de septiembre de 2024.
2
SAMAI Tribunal, Índice 33, página 17.
3
De acuerdo con el punto 6.3 de la parte considerativa de la sentencia de primera instancia no es procedente condenar en
costas a la parte vencida, en la resolutiva no se hizo mención expresa.
1
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Demandante: Omega Energy Colombia
ANTECEDENTES DEL PROCESO
Demanda
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto
en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (Ley 1437 de 2011), la parte demandante formuló las siguientes
pretensiones4:
“A. Que se declare la nulidad total de los siguientes actos administrativos:
1. El acto administrativo por el cual la DIAN expidió la Liquidación Oficial de Aforo
del periodo 10 del año gravable 2013, acto administrativo contenido en las
siguientes resoluciones:
a. Liquidación oficial de aforo No. 312412018000041 del 8 de noviembre de 2018
expedida por la División de Gestión de Liquidación de la Dirección Seccional de
impuestos de Grandes Contribuyentes, y
b. La resolución No. 312362019000014 del 27 de septiembre de 2019 expedida por
la División de Gestión Jurídica de la Dirección Seccional de Impuestos de
Grandes Contribuyentes que la confirmó.
2. El acto administrativo por el cual la DIAN expidió la Liquidación Oficial de Aforo
del periodo 11 del año gravable 2013, acto administrativo contenido en las
siguientes resoluciones:
a. Liquidación Oficial de Aforo No. 312412018000042 del 5 de diciembre de 2018
expedida por la División de Gestión de Liquidación de la Dirección de Impuestos
de Grandes Contribuyentes, y
b. Resolución que resolvió el recurso de reconsideración No. 312362019000013 del
12 de septiembre de 2019 expedida por la División de Gestión Jurídica de la
Dirección Seccional de impuestos de Grandes Contribuyentes.
3. El acto administrativo por el cual la DIAN expidió la Resolución sanción por no
declarar del periodo 11 del año gravable 2013, acto administrativo contenido en
las siguientes resoluciones:
a. Resolución Sanción por no declarar No. 312412018000082 del 2 de octubre de
2018 expedida por la por la División de Gestión de Liquidación de la Dirección
Seccional de impuestos de Grandes Contribuyentes.
b. Resolución No. 992232019000012 del 24 de septiembre de 2019 expedido por
la Subdirección de Gestión de Recursos Jurídicos de la Dirección de Gestión
Jurídica de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, que lo confirmó.
B. Que a título de restablecimiento del derecho, se declare Omega Energy Colombia no
está obligada ni estuvo a pagar suma alguna en favor de la DIAN con base en los actos
administrativos anulados.
C. Declare que operó el fenómeno de la caducidad de la acción fiscalizadora de la DIAN
en contra de OMEGA ENERGY COLOMBIA por los periodos a que se refieren los actos
administrativos anulados, esto es, periodo 10 del año gravable 2013 y periodo 11 del
año gravable 2013.
D. Condene en costas (incluidas las agencias en derecho) a la DIAN de conformidad con
el contenido normativo determinado en los artículos 361, 363, 364 365 y 366 del Código
General del Proceso y en concordancia con los numerales 3.1., 3.1.2., y 3.1.3., del
Acuerdo 1887 de 2003.”
A los anteriores efectos, la demandante invocó como violados los artículos 6, 122 y
123 de la Constitución Política, 20 y 51 del Decreto 4048 de 2008; 264 de la Ley
223 de 1995, 113 de la Ley 1943 de 2018; las Resoluciones DIAN Nros. 007 y 009
de 2008; y el Concepto Nro. 003164 del 2011 de la DIAN.
4
Samai, índice 3, “ 3ED_CARATULAY_01CartulayDemandapdf(.pdf)”, páginas 7 y 8.
2
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El concepto de la violación de esas disposiciones se resume así:
1. Falta de competencia de la Dirección Seccional de Impuestos de Grandes
Contribuyentes para emitir los actos demandados
Indicó que la falta de competencia, como causal de nulidad de los actos
administrativos, se encuentra contemplada en los artículos 137 y 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y 730 del Estatuto
Tributario, normas aplicables al caso, pues los actos demandados fueron proferidos
por un órgano incompetente.
Mencionó los artículos 6, 122 y 123 de la Constitución Política, indicando que allí se
establecen los límites de la competencia de los funcionarios, y planteó
consideraciones generales sobre jurisprudencia relacionada con la falta de
competencia de los funcionarios públicos como cargo de nulidad5. Añadió que, la
nulidad por la falta de competencia se ha establecido para efectos de amparar los
principios de legalidad y seguridad jurídica.
Puso de presente que, según los artículos 562 del Estatuto Tributario y 51 del
Decreto 4048 de 2008, las Resoluciones DIAN Nro. 007 y 009 de 2008 y 7234 de
2009, la Dirección Seccional de Grandes Contribuyentes es competente para
ejercer control sobre las sociedades que tengan esa calidad y, en consecuencia, es
nula cualquier fiscalización que se realice sobre sujetos no catalogados como
grandes contribuyentes.
Aclaró que, la Administración con la Resolución Nro. 00076 del 1 de diciembre de
2016 adoptó la lista de sujetos calificados como grandes contribuyentes para los
años 2017 y 2018, en la que no incluyó a la actora, resaltando que esa resolución
entró en vigor antes de la fecha en la cual se profirieron los actos demandados, y
que, por tanto, se evidencia la falta de competencia de la Seccional de Grandes
Contribuyentes para emitirlos. Planteó que el órgano competente era la División de
Gestión de Liquidación de la Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá.
Agregó que el Director de la DIAN mediante la Resolución Nro. 012635 de 2018
calificó a nuevos sujetos como Grandes Contribuyentes, lista en la cual tampoco fue
incluida la demandante, con lo cual insistió en que no estaba calificada como tal al
momento en que fueron expedidos los actos acusados, años 2019 y 2020, de modo
que la Dirección Seccional de Impuestos de Grandes Contribuyentes no era
competente para proferirlos.
Sostuvo que la competencia de la Dirección Seccional de Grandes Contribuyentes
no está asociada a las vigencias fiscales de las declaraciones, sino al marco
temporal de la calificación como gran contribuyente. Así, aunque un denuncio
rentístico haya sido presentado cuando se estaba calificada como gran
contribuyente, una vez se pierde esa calidad, no puede ser fiscalizada por la
Seccional referida.
Señaló que, si bien el artículo 3 de la Resolución Nro. 76 de 2016 establece
facultades ultractivas para la Dirección Seccional de Grandes Contribuyentes,
respecto de declaraciones presentadas ante ellas en eventos de cambio de
domicilio fiscal del contribuyente, esta situación no se presenta en el caso, por lo
5
Al respecto citó las sentencias del Consejo de Estado, Sección Quinta, del 21 de junio de 2018 y del 19 de septiembre de
2016. De igual modo, invocó las sentencias C-893 de 2003, M.P. Alfredo Beltrán Sierra, y T-1082 de 2012, M.P. Jorge
Ignacio Pretelt Chaljub, de la Corte Constitucional, y del 12 de agosto de 1982, Nro. 61, M.P. Manuel Gaona Cruz, de la
Corte Suprema de Justicia.
3
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que la competencia para proferir la Liquidación Oficial de Aforo le correspondía al
Jefe de la División de Gestión de Fiscalización de la Dirección Seccional de
Impuestos de Bogotá y, para emitir la Resolución Sanción, al Jefe de la División de
Gestión de Liquidación de esa misma Dirección Seccional.
2. Nulidad por indebida aplicación del Concepto DIAN Nro. 003164 de 2011
Planteó que el Concepto DIAN Nro. 003164 de 2011 fue indebidamente aplicado, y
que este era de obligatorio cumplimiento para determinar la competencia en la
expedición de los actos administrativos demandados, de conformidad con los
artículos 264 de la Ley 223 de 1995, vigente para el año 20166, 20 del Decreto 4048
de 2008 y 113 de la Ley 1943 de 20187.
Reiteró que la DIAN justifica la competencia funcional de la Dirección Seccional de
Grandes Contribuyentes en que la declaración que no se presentó correspondía a
un periodo durante el cual se tuvo dicha calidad. Sin embargo, frente a las facultades
ultractivas de las direcciones seccionales, insistió en que estas se contemplan solo
para el cambio de domicilio fiscal, supuesto que no ocurrió en el caso. Dijo que la
interpretación sobre las facultades ultractivas se confirmaba en el Concepto Nro.
098525 de 1998, del cual citó apartes.
Señaló que la DIAN aplica el Concepto Nro. 003164 ibidem, que analizó la
competencia en virtud de los factores territorial y temporal; empero, en este asunto
se debía acudir al factor subjetivo (perdió su calificación como gran contribuyente),
porque la demandante no modificó su domicilio fiscal, aspecto al que se refiere el
concepto. En consecuencia, la DIAN al pretender justificar su competencia por
razones relacionadas con los factores territorial o temporal, desconoce su doctrina,
pues es claro que, en este caso, aquella se define por el factor de calificación.
Agregó que, la Administración también aplicaba indebidamente el citado Concepto
Nro. 003164, al considerar que en virtud del factor temporal la competencia depende
del año gravable que es objeto de determinación oficial.
Oposición de la demanda
En cuanto a la falta de competencia, señaló que el artículo 730 del Estatuto
Tributario no es aplicable a la resolución sanción, porque este contempla
únicamente la nulidad de los actos de liquidación de impuestos y resolución de
recursos proferidos por la Administración, por lo cual se deberán aplicar las causales
establecidas en los artículos 137 y 138 de la Ley 1437 de 20118.
Explicó que la competencia de las Direcciones de la Unidad Administrativa Especial
de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, se encuentra determinada en
las Resoluciones Nros. 007 y 0010 de 2008, y 07234 de 2009. Dijo que, bajo las
mismas, la competencia de una dirección seccional se determina a partir del factor
territorial, esto es, según el domicilio del contribuyente, para el caso la ciudad de
Bogotá, de acuerdo con la dirección reportada en el RUT.
Citó las Resoluciones Nro. 000048 de 2008, 000105 de 2020 y los Conceptos Nros.
098525 de 1998 y 003164 de 2011, para indicar “que el factor territorial implica el lugar
6
Citó la sentencia del Consejo de Estado Sección Cuarta, Sentencia del 18 de febrero de 2016, Radicado
250002327000200601275-01, Consejero Ponente Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.
7
Ibidem.
8
Al respecto citó el Auto del Consejo de Estado, Sección Quinta, del 13 de julio de 2017, Exp. 63001-23-33-000-2017-
00145-01.
4
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donde se presentó la declaración; el factor temporal la independencia a los años o periodos
gravables sobre los cuales se analiza la competencia; y el factor funcional indica que, cuando el gran
contribuyente es despojado de dicha calificación, el competente es la dirección seccional relacionada
con el lugar donde fue presentada o debió presentarse la declaración en el año fiscal
correspondiente.”
Señaló que, en el presente caso, para determinar la competencia, fue determinante
establecer la calificación de la actora, en el año de la declaración omitida y el lugar
donde se debía presentar. Así, mediante la Resolución 014097 del 30 de diciembre
de 2010, ratificada mediante la Resolución 41 del 30 de enero de 2014, el director
general incluyó como gran contribuyente a la demandante, calificación que solo fue
retirada en el año 2016.
Agregó que, el plazo para la presentación de las declaraciones de retención en la
fuente, de los periodos 10 y 11 del año “2013”, para aquellos contribuyentes cuyo
NIT terminara en 5, como la actora, correspondía al 19 de noviembre y 16 de
diciembre de 2013 respectivamente, fechas para las cuales la demandante estaba
calificada como gran contribuyente y domiciliada en Bogotá, por lo que la
competencia para proferir los actos acusados era de la Dirección Seccional de
Impuestos de Grandes Contribuyentes de Bogotá. La pérdida de la calidad de gran
contribuyente para el año 2017 no afectó la competencia de esa Dirección
Seccional, dada la independencia de los periodos fiscales.
Frente a la presunta aplicación indebida de la doctrina oficial de la Dian resaltó
que no se dio, debido a que obró de conformidad con su doctrina, pues tuvo en
cuenta los factores temporal y funcional mencionados en el Concepto Nro. 03164
de 2011.
Solicitó negar la condena en costas considerando que, en el presente proceso se
discute un asunto de interés público.
Sentencia apelada
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección “B” negó
las pretensiones de la demanda y no condenó en costas, por las siguientes
consideraciones:
Señaló que, para la época de los hechos, la competencia de la DIAN se regulaba
en el artículo 1 del Decreto 4048 de 2008, que la facultaba para administrar lo
concerniente a las retenciones en la fuente, lo que comprende el recaudo,
fiscalización, liquidación, discusión y cobro. Precisó que, para el desarrollo de tales
funciones existe una estructura interna dividida en niveles, así: i) central, ii) local
(direcciones seccionales de impuestos y de aduanas), y iii) delegado (direcciones
seccionales delegadas de impuestos y aduanas).
Señaló que dentro de las direcciones seccionales se encuentra: i) la de Grandes
Contribuyentes, que tiene competencia respecto de los administrados calificados
como “grandes contribuyentes”, y ii) la de Bogotá, que investiga los contribuyentes que
residan en Bogotá y no tengan aquella calidad, de acuerdo con la Resolución Nro.
007 de 2008.
Para el año 2013, la actora tenía la condición de gran contribuyente, según lo
dispuesto en las Resolución Nro. 014097 del 30 de diciembre de 2010. Consideró
que cuando se omitió el deber de declarar y pagar la retención en la fuente de los
períodos 10 y 11 de 2013, la demandante se consideraba gran contribuyente por lo
5
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que, con independencia de su calificación para el momento en el cual fueron
proferidos los actos acusados, la competente para su fiscalización era la Dirección
Seccional de Grandes Contribuyentes.
Sostuvo que contrario a lo señalado por la demandante, la doctrina de la DIAN no
establece que la Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá deba asumir la
competencia de los procesos y períodos fiscalizados a Grandes Contribuyentes, a
quienes sin cambio de domicilio se les ha modificado su calificación. Por lo cual no
hay lugar a una aplicación indebida de la misma9.
Insistió en que lo determinante para establecer la competencia es la calificación del
contribuyente para el periodo objeto de fiscalización, lo que desacredita los
argumentos propuestos por la actora.
Finalmente, no impuso condena en costas porque no se demostró su causación.
Recurso de apelación
La demandante indicó que el Tribunal omitió analizar el numeral 1 del artículo 1 de
la Resolución 0007 de 2008, a partir del cual se puede concluir que, el criterio
funcional no atiende a la dirección seccional frente a la cual debía presentarse o se
presentó la declaración, pues la norma no se refiere a dicho criterio, sino que la
competencia depende del domicilio del contribuyente. La actora se encuentra
domiciliada en Bogotá, por lo que, solo en caso de estar catalogada como gran
contribuyente, la competencia le corresponde a la Dirección Seccional de Grandes
Contribuyentes, y, de no ser así, estará en cabeza de la Dirección Seccional de
Impuestos de Bogotá.
Precisó que se trata de una competencia dinámica que “persigue” al contribuyente en
su domicilio. La norma en cuestión se relaciona con el derecho al debido proceso y
el acceso a la administración de justicia, pues lo que se pretende es que el
contribuyente pueda ejercer su derecho de defensa en su lugar de domicilio10.
Anotó que las normas que fijan la jurisdicción y competencia son de orden público
y de obligatorio cumplimiento, debido a que con ellas se pretende salvaguardar el
derecho de defensa y el acceso a la administración de justicia11. Y, que, a pesar de
que para la época en que “se presentó la declaración de renta” estaba catalogada como
gran contribuyente, al perder dicha calidad en el año 2017, la competencia pasó a
ser de la Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá, toda vez que, el criterio que
prevalece es el domicilio del contribuyente, como lo señala el numeral 1 del artículo
1 de la Resolución Nro. 0007 de 2008.
Aseguró que, según el artículo 264 de la Ley 223 de 1995, la autoridad tributaria
está obligada a aplicar la doctrina emitida. Empero, en este caso, al expedir los
actos demandados no se atendió lo previsto en el Concepto Nro. 03164 de 2011.
Reiteró que, contrario a lo referido por la demandada, la autoridad no mantiene la
competencia cuando el contribuyente pierde la calificación de gran contribuyente,
debido a que las facultades ultractivas de las direcciones seccionales se aplican
ante el cambio de domicilio fiscal, lo que no ocurrió en este caso.
9
Al respecto citó la sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, del 3 de junio de 2021, Exp. 24898, C.P. Stella
Jeannette Carvajal Basto.
10
Al respecto citó la sentencia del Consejo de Estado, Radicado 0145-10 C.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila.
11
Citó el auto del Consejo de Estado, del 16 de noviembre de 2016 Radicado 22526 C.P. Hugo Fernando Bastidas
Bárcenas.
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De igual forma, advirtió que, de conformidad con lo planteado en la demanda y en
la apelación se aplicó de forma indebida el Concepto Nro. 03164 de 2011.
Por lo expuesto, solicitó que se revocara la sentencia.
Oposición a la apelación
Además de oponerse a los argumentos expuestos en el escrito de apelación, la
demandada reprochó que la parte demandante en la sustentación al recurso de
apelación se limitara a reiterar los argumentos jurídicos planteados en la demanda,
sin manifestar un argumento contra los fundamentos expuestos por el Tribunal.
Intervención del Ministerio Público
El agente del Ministerio Público guardó silencio.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
Problema jurídico
De conformidad con los cargos presentados en el recurso de apelación,
corresponde a la Sala decidir sobre la legalidad de las Liquidaciones Oficiales de
Aforo Nro. 312412018000041 del 8 de noviembre de 2018 y Nro. 312412018000042
del 5 de diciembre de 2018, y de las Resoluciones Nro. 312362019000014 del 27
de septiembre de 2019 y Nro. 312362019000013 del 12 de septiembre de 2019, por
medio de las cuales se determinaron las retenciones en la fuente, a cargo de la
actora, para los periodos 10 y 11 del año 2013. De igual forma, corresponde
examinar la legalidad de la Resolución Nro. 312412018000082 del 2 de octubre de
2018, confirmada por la Resolución Nro. 992232019000012 del 24 de septiembre
de 2019, mediante las cuales se impuso la sanción no presentar la declaración del
periodo 11 del año 2013.
Para el efecto, en primer lugar, se observa que la demandada reprocha que la
actora, ahora apelante única, no planteó en su recurso reparos concretos contra la
sentencia del Tribunal y, por lo tanto, no resulta procedente el estudio del recurso
interpuesto.
El artículo 320 del Código General del Proceso establece que el objeto del recurso
de apelación consiste en que el superior examine la cuestión decidida, únicamente,
respecto de los reparos concretos formulados por el apelante en su escrito de
apelación. Todo lo cual es concordante con el artículo 328 ibidem, conforme con el
cual la competencia del juez de segunda instancia se limita a los argumentos
expuestos por el apelante.
Sobre lo anterior, esta Sección ha señalado que:
“El recurso de apelación tiene como finalidad examinar la providencia de primera instancia
para que su superior la revoque o reforme y según como lo expresó esta Corporación “es
deber del recurrente señalar los motivos de inconformidad respecto de la providencia proferida
en primera instancia, pues dichos cuestionamientos serán objeto de análisis por el fallador de
segunda instancia.”
Sobre la congruencia que debe existir entre el recurso de apelación y la providencia objeto del
recurso, ha dicho la Sala:
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“2.1- La Sala pone de presente que, en virtud del principio de congruencia externa de las
providencias (artículo 328 del Código General del Proceso), la competencia del juez de
segunda instancia se restringe a los aspectos formulados en la apelación; pero los cargos de
apelación deben ser consonantes con lo decidido y razonado por el a quo, pues, aun en los
juicios de simple nulidad, la presunción de legalidad que se pretende debatir en el marco de
la segunda instancia debe ser objeto de discusión acorde con lo planteado en la demanda y
lo decidido en primera instancia. De no ser así, se vulneraría el derecho de contradicción de
las partes procesales, además de asumir competencias indebidas en sede de segunda
instancia que a desconocerían el principio justicia rogada.” 12
En este caso, del análisis del recurso de apelación observa la Sala que, contrario a
lo señalado por la DIAN, la demandante sí hizo reparos concretos contra la
sentencia de primera instancia, y por tanto procede el estudio del recurso, en la
medida en que en el mismo se señaló que el Tribunal incurrió en un yerro de
interpretación al omitir analizar de forma correcta el numeral 1 del artículo 1 de la
Resolución 0007 de 2008, en conjunto con el Concepto Nro. 003164 de 2011 de la
DIAN, para efectos de determinar si la Dirección Seccional de Impuestos de
Grandes Contribuyentes era competente para emitir los actos demandados, por lo
que no se encuentra acreditada la falencia advertida por la demandada.
En relación con la competencia funcional, esta Sección se ha referido al tema en
reiteradas oportunidades13, incluso en un caso entre los mismos sujetos procesales
pero referente a la declaración de retención de CREE del período 4 del año 2015 y
de autorretención en la fuente de CREE del periodo 10 del año 201414, razón por la
cual se reiteran las consideraciones pertinentes que permitieron a esta Sala concluir
que la pérdida de la calificación de gran contribuyente que tenga un sujeto
investigado, no desplaza la competencia de la Seccional de Grandes
Contribuyentes para fiscalizar aquellos asuntos concernientes a los períodos
gravables en los cuales detentó tal calidad.
De conformidad con el numeral 23 artículo 6 del Decreto 4048 de 2008, la Dirección
General de Impuestos y Aduanas Nacionales fijó la competencia funcional y
territorial de las direcciones seccionales en la Resolución Nro. 0007 de 2008,
señalando en el numeral 1 del artículo 1:
“La competencia para la administración de los impuestos será ejercida por las Direcciones
Seccionales de Impuestos y Direcciones Seccionales de Impuestos y Aduanas, con
competencia tributaria en el lugar donde se encuentren domiciliados los contribuyentes,
responsables, agentes de retención, declarantes en general y terceros, de conformidad con lo
dispuesto en la presente resolución y comprende su recaudación, fiscalización, liquidación,
sanción, discusión, cobro, devolución y todos los demás aspectos relacionados con el
cumplimiento de las obligaciones tributarias.”
Al respecto, la Resolución Nro. 006 de 2019, artículo 1, estableció un régimen de
transición, el cual consiste en que, en el evento que “alguno de los contribuyentes
responsables o agentes retenedores que perteneciendo a la Dirección Seccional de Impuestos de
Bogotá sea clasificado como Gran Contribuyente, a partir de la entrada en vigencia de la respectiva
resolución, la competencia para efectos tributarios corresponderá a la Dirección Seccional de
Grandes Contribuyentes”. No obstante, si la Seccional de Bogotá, previo a la entrada en
vigor de dicho acto había expedido autos de apertura, “seguirá y culminará los procesos
de investigación, determinación y discusión”.
12
Sentencia del 20 de septiembre de 2024, Exp. 28500, C.P. Milton Chaves García.
13
Al respecto ver las sentencias del 7 de marzo de 2024, exp.28026, C.P. Wilson Ramos Girón (que reiteró los precedentes
del 3 y 24 de junio de 2021, exps.24898 y 24966, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto, del 10 de noviembre de 2022,
exp.25971 C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez), y del 8 de agosto de 2024 y del 26 de septiembre de 2024, exps. 28095 y
28800, C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
14
Sentencia del 21 de noviembre de 2024, exp 29198, C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
8
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Radicado: 25000-23-37-000-2020-00095-01 (29326)
Demandante: Omega Energy Colombia
Sobre lo anterior, esta Sala precisó, para un caso entre las mismas partes, pero
referente al año 2015 que:
“la mencionada regla especial, no sería la aplicable al sub lite. Primero, porque solo reguló la
competencia cuando se adquiere la calidad de gran contribuyente, mas no la situación
contraria, esto es, cuando el contribuyente pierde la calidad de gran contribuyente. Segundo,
porque su vigencia no cubre ni los períodos de las obligaciones tributarias reclamadas por la
demandada (…). Con todo, debe destacarse que tal regla constituye la única regulación que
ha sido positivizada en materia de competencia cuando sobrevienen cambios en la calificación
del sujeto pasivo.”15
Así mismo, en cuanto al factor temporal se indicó que:
“[L]a potestad de gestión administrativa tributaria debe establecerse atendiendo las calidades
del sujeto pasivo de la obligación respectiva. En este orden, cuando se adelante un
procedimiento de aforo, en razón del cual se imponga una sanción por no declarar a un
contribuyente domiciliado en Bogotá que no ha sido clasificado como gran contribuyente, y el
emplazamiento para declarar sea proferido por la dirección seccional de esa jurisdicción, se
habrán honrado las reglas de competencia territorial establecidas en la normativa tributaria” 16.
De acuerdo con lo planteado, es posible señalar que los criterios para establecer la
dirección seccional competente corresponden al factor territorial, las calidades
tributarias del contribuyente y el período omitido u objeto de investigación, salvo que
exista una regla especial que disponga algo diferente. Por lo tanto, la competencia
de la dirección seccional respectiva corresponderá a un factor subjetivo (si el sujeto
detenta o no la calidad de gran contribuyente), territorial (domicilio fiscal), y temporal
(período de la obligación que se está determinando), gracias a lo cual es posible
concluir que los cambios en el factor subjetivo de la competencia no eliminan o
desplazan el factor temporal de la misma.
En otras palabras, la pérdida de la calificación de gran contribuyente (factor
subjetivo) no excluye el factor temporal que también determina la competencia y,
por, esto la Seccional de Grandes Contribuyentes sigue siendo competente para
investigar y proferir actos referentes a aquellos períodos gravables en los cuales se
detentó tal calidad.
Descendiendo al caso concreto, las partes coinciden en que la demandante estaba
calificada como gran contribuyente para el año 201317 y fue excluida de dicha
categoría para el año 201718, por lo cual, a la fecha de expedición de los actos
demandados (2018 y 2019) ya no tenía esa condición. No obstante, como los actos
administrativos demandados se refieren a la omisión de la presentación de la
declaración de retención en la fuente para los periodos 10 y 11 del año gravable
2013, obligaciones que debían cumplirse en momentos en los cuales la actora
contaba con la calidad de gran contribuyente, en atención a lo ya mencionado, la
autoridad competente para emitir los actos cuestionados era la Dirección Seccional
de Impuestos de Grandes Contribuyentes.
Adicionalmente, respecto a la aplicación del Concepto Nro. 003164 de 2011, como
lo indicó esta Sección, en el mismo se “reafirma la relevancia del criterio territorial (domicilio
15
Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 7 de marzo de 2024, exp.28026 C.P. Wilson Ramos Girón.
16
Ibidem.
17
Resoluciones Nro. 014097 de 2010 (Acto que puede ser consultado en el siguiente enlace:
https://www.dian.gov.co/normatividad/Normatividad/Resoluci%C3%B3n%20014097%20de%2030-12-2010.pdf) y Nro.
254 de 2014 (Acto que puede ser consultado en el siguiente enlace:
https://normograma.dian.gov.co/dian/compilacion/docs/resolucion_dian_0254_2014.htm).
18
Resolución Nro. 0076 de 2016 (Acto que puede ser consultado en el siguiente enlace:
https://www.dian.gov.co/normatividad/Normatividad/Resoluci%C3%B3n%20000076%20de%2001-12-2016.pdf).
9
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fiscal) a los efectos de comprobar la competencia funcional de la dirección de grandes
contribuyentes, factor que en todo caso debe ser analizado en conjunto con el criterio subjetivo, esto
es, la calificación del sujeto durante el período sometido a investigación” 19.
De esta forma, no se evidencia una indebida aplicación de la doctrina oficial, pues
se reitera que, atendiendo la competencia por el factor subjetivo, procedía la
fiscalización por parte de la Dirección Seccional de Impuestos de Grandes
Contribuyentes frente a las obligaciones omitidas durante los periodos en que la
actora era considerada un gran contribuyente.
Por lo expuesto, no prospera la apelación.
No se impondrá condena en costas procesales porque no fue demostrada su
causación según lo exige el artículo 365 del Código General del Proceso, numeral
8, aplicable en virtud del artículo 188 de la Ley 1437 de 2011.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Confirmar la sentencia del 11 de julio de 2024, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección “B”.
2. Sin condena en costas en segunda instancia.
3. Reconocer personería al abogado Julián Tiberio Villarreal García, como
apoderado de la parte demandada, en los términos del poder obrante en el
índice 14 de Samai.
Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al tribunal de
origen. Cúmplase.
La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica:https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
19
Sentencia del 7 de marzo de 2024, exp. 28026, C.P. Wilson Ramos Girón
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