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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2020-00150-01

Fecha
26 de marzo de 2026
Consejero ponente
Myriam Stella Gutiérrez Arguello

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2020-00150-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA 1. CONFIRMAR la sentencia apelada, proferida el 5 de diciembre de 2024, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A. 2. CONDENAR en costas en esta instancia a la parte demandante. En consecuencia, ordenar al tribunal que dé el trámite al respectivo incidente conforme con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. 10 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 25000-23-37-000-2020-00150-01 (29997) Demandante: María del Pilar Rocha Jaramillo

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 25000-23-37-000-2020-00150-01

Consejero ponente: Myriam Stella Gutiérrez Arguello

26 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

MAGISTRADA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá, D.C., veintiséis (26) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación 25000-23-37-000-2020-00150-01 (29997)
Demandante MARÍA DEL PILAR ROCHA JARAMILLO
Demandada ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES
COLPENSIONES
Temas Cobro coactivo. Deudas no tributarias. Excepciones de falta
de ejecutoria del título ejecutivo y de interposición de
demanda. Reiteración de jurisprudencia.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sección decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante
contra la sentencia del 5 de diciembre de 2024, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A, que decidió1:
PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda según lo expuesto en la parte motiva de
esta providencia.
SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia. […]

ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA

La Administradora Colombiana de Pensiones (en adelante Colpensiones) expidió la
resolución SUB 157569 del 18 de junio de 2018, mediante la cual revocó los actos
administrativos que reconocieron la pensión de vejez de la señora María del Pilar
Rocha Jaramillo2; y, en su lugar, negó la concesión de dicha prestación periódica.
La interesada interpuso los recursos de reposición y, en subsidio, de apelación
contra la anterior decisión. Empero, fueron confirmadas íntegramente, mediante las
resoluciones SUB 19646 del 22 de enero y DIR 934 del 24 de enero de 20193,
respectivamente.

Colpensiones ordenó a la señora Rocha Jaramillo el reintegro de las sumas
pagadas por concepto de mesadas pensionales, adicionales, retroactivo, aportes a
salud y descuentos en favor del fondo de solidaridad pensional, mediante la
resolución SUB 164425 del 21 de junio de 2018. La deudora presentó los recursos
de reposición y de apelación contra la anterior decisión. Sin embargo, fue
confirmada con las resoluciones SUB 231115 del 31 de agosto y DIR 17258 del 25
de septiembre de 2018, que resolvieron los recursos enunciados, respectivamente.

La señora Rocha Jaramillo radicó demanda en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho, el 16 de noviembre de 2018, en la que
1
Samai de tribunal, índice 41. Pág. 19.
2
Dichos actos son las resoluciones GNR 279993 del 12 de septiembre de 2015, GNR 27821 del 26 de enero de 2016 y SUB
109829 del 24 de abril de 2018.
3
Inicialmente, los recursos fueron rechazados de plano por extemporáneos, mediante la resolución SUB 328582 del 21 de
diciembre de 2018. No obstante, este acto fue revocado mediante la resolución que decidió el recurso de reposición.

1
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Radicado: 25000-23-37-000-2020-00150-01 (29997)
Demandante: María del Pilar Rocha Jaramillo

pretendió la nulidad de los actos de determinación referidos, la cual fue repartida
ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Subsección B, con el radicado
25000-23-42-000-2018-02507-00. Dicho tribunal remitió el expediente por
competencia a la Jurisdicción Ordinaria, en su Especialidad Laboral. Así, el asunto
fue repartido al Juzgado 38 Laboral del Circuito de Bogotá, con el radicado 11001-
31-05-038-2021-00119-00, el cual avocó conocimiento mediante auto del 23 de
mayo de 2024.

La administración profirió la resolución 000325 del 26 de febrero de 2019, en la que
libró mandamiento de pago contra la demandante con la finalidad de obtener el
reintegro de las sumas pagadas por concepto de mesadas pensionales, conforme
lo dispuso la resolución SUB 164425 del 21 de junio de 2018.

La señora Rocha Jaramillo propuso las excepciones de falta de ejecutoria del título
ejecutivo, de interposición de demanda de nulidad y restablecimiento del derecho y
de falta de título ejecutivo. No obstante, Colpensiones las declaró no probadas,
mediante resolución 001669 del 25 de abril de 2019.

Previa interposición del recurso de reposición, la autoridad confirmó la decisión en
resolución 003158 del 7 de junio de 2019.

ANTECEDENTES DEL PROCESO

Demanda

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
contemplado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), la parte demandante formuló las
siguientes pretensiones4:
3.1. La nulidad de la Resolución 001669 del 25 de abril de 2019, suscrita por la Directora de
Cartera de la Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES, por medio de
la cual se resolvieron las excepciones formuladas contra el mandamiento de pago
librado mediante la Resolución 000325 del 16 de febrero de 2019;
3.2. La nulidad de la Resolución 003158 del 7 de junio de 2019, mediante la cual se resolvió
el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 001669 del 25 de abril de
2019;
3.3. Que, a título de restablecimiento del derecho, se exonere a mi poderdante del cobro al
que aluden la Resolución 000325 del 16 de febrero de 2019 y las Resoluciones 001669
del 25 de abril y 003158 del 7 de junio de 2019;
3.4. Que se ordene la devolución del dinero cobrado a mi poderdante y los intereses
moratorios, debidamente indexados a la fecha que se haga efectivo el pago;
3.5. Que se ordene la cancelación o levantamiento de cualquier embargo o medida cautelar
impuesta contra mi representada.
3.6. Que la accionada pague la suma de 50 SMMLV, a título de la reparación integral del daño
moral generado.
3.7. Que, en los términos del artículo 16 de la Ley 448 de 1996, COLPENSIONES publique en
su página web un comunicado para que se restablezca el buen nombre de mi
representada y la opinión pública conozca que MARÍA DEL PILAR ROCHA JARAMILLO no
incurrió en conducta delictiva o fraudulenta para obtener el reconocimiento de su
derecho pensional, y que no se encuentra reportada como deudora del Estado.

4
Samai, índice 4. PDF 8 escrito de demanda, págs. 4 a 6.

2
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Demandante: María del Pilar Rocha Jaramillo

3.8. Que la demandada pague a mi poderdante la suma de $12´058.420, debidamente
indexados, a título de reparación del daño emergente consolidado, por concepto de
préstamos mensuales que ha tenido que solicitar a la fecha de presentación de la
presente demanda, más los intereses hasta ahora generados, para garantizar su
congrua subsistencia y la de su familia (pago de servicios públicos domiciliarios,
alimentación, crédito hipotecario, sistema general de seguridad social en salud), al no
poder disponer de sus recursos por la revocatoria de la pensión, ni sus ahorros por el
embargo de sus cuenta [sic] de ahorros;
3.9. Que subsidiariamente a la anterior pretensión, se condene a la demandada a pagar las
sumas de dinero que se acrediten dentro del proceso, debidamente indexados;
3.10. Que la demandada pague a mi poderdante la suma de $16´000.000, debidamente
indexados, a título de reparación del daño emergente consolidado, por concepto de los
honorarios del suscrito profesional del derecho;
3.11. Que, subsidiariamente a la anterior pretensión, se condene a la demandada a pagar
$4.000.000, debidamente indexados.
3.12. Que se condene a la demandada a pagar $13´848.328, debidamente indexados,
consistentes en las sumas de dinero embargadas dentro del proceso de cobro coactivo.
3.13. Que la demandada pague, por concepto de daño emergente futuro, las sumas de dinero
de los préstamos, con sus respectivos intereses, que mi poderdante tendrá adquirir [sic]
para garantizar su subsistencia, ante la falta de recursos por la revocatoria de su
pensión y el embargo de sus cuentas de ahorros, desde la fecha de presentación de
esta demanda hasta que se reactive el pago de su pensión y se haga efectivo el
desembargo de sus cuentas de ahorros;
3.14 Que se condene a COLPENSIONES a pagar a mi representada, a título de lucro cesante
consolidado y futuro, los intereses (IBC) sobre las sumas de dinero embargadas;
3.15 Que se condene a COLPENSIONES a pagar las costas y agencias en derecho.

Invocó como normas violadas los artículos 2, 6, 90 y 209 de la Constitución Política;
829, 831 (numerales 4, 5 y 7) y 833 del Estatuto Tributario.

El concepto de violación se resume a continuación:

Indicó que los actos demandados son nulos por violación a las normas en que debían
fundarse, teniendo en cuenta que el numeral 5 del artículo 831 prevé como
excepción la interposición de demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, la
cual debe interpretarse de forma literal, es decir, que solo con la presentación de la
demanda, se debe generar la terminación del proceso de cobro coactivo.

Señaló que, en el caso en concreto, la demandada declaró no probadas las
excepciones propuestas con fundamento en la jurisprudencia del Consejo de
Estado, en la que se establecía que para prosperar era necesaria la admisión del
medio de control; no obstante, ignoró que dicha postura fue reevaluada por la alta
corporación en sentencia del 12 de julio de 20185, con la que determinó que era solo
necesaria la interposición, acogiendo la literalidad de la citada norma.

Consideró vulnerado el artículo 10 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo, pues la demandada restó valor vinculante a dicha
sentencia bajo el pretexto de ser un caso particular, ignorando que se dictó en un
medio de control con efectos erga omnes. De igual manera, argumentó que la
administración aplicó indebidamente el numeral 1 del artículo 101 de la Ley 1437 de
2011, desconociendo que, según el artículo 2 (inciso 3) de la misma norma, las
disposiciones especiales del Estatuto Tributario deben prevalecer.

5
Exp. 11001-03-27-000-2017-00026-00. Indicó que la postura fue reiterada en sentencia del 29 de agosto de 2018, exp.
22433, M.P. Milton Chaves García.

3
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Demandante: María del Pilar Rocha Jaramillo

Respecto a la falta de ejecutoria del título ejecutivo, manifestó que, de conformidad
con el numeral 4 del artículo 829 del Estatuto Tributario, los actos se entienden
ejecutoriados solo cuando los recursos interpuestos o las acciones de control ante
la jurisdicción han sido definidas de forma definitiva6; cuestión que no ocurre en el
presente asunto, toda vez que los actos de determinación sobre la pensión de vejez
se encontraban demandados y pendientes de decisión judicial, por lo que no era
posible iniciar el proceso coactivo.

Destacó que la referida norma del Estatuto Tributario crea una excepción expresa
a la regla común sobre la fuerza ejecutoria de los actos administrativos, prevista en
el artículo 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

Agregó que la existencia del medio de control impide que el acto administrativo que
fundamentó el procedimiento tenga fuerza ejecutoria, según el artículo 829 (numeral
4) ibidem, y reiteró la nueva postura acogida por el Consejo de Estado, con relación
a la excepción de interposición de la demanda, advirtiendo que se debía dar
aplicación a dicho precedente jurisprudencial.

En cuanto a la falta de título ejecutivo, sostuvo que la autoridad no cumplió con los
requisitos legales, en concreto el artículo 422 del Código General del Proceso y el
Manual de Cobro Coactivo de Colpensiones, puesto que la obligación no fue clara,
expresa y exigible, considerando que el acto que revocó el reconocimiento de
pensión de vejez no fue notificado a la demandante.

Aclaró que, en realidad, dicho acto fue notificado en cumplimiento del fallo de tutela
del 10 de septiembre de 2018, proferido por el Tribunal Superior de Bogotá, lo que
permitió interponer los recursos administrativos en tiempo.

En todo caso, consideró que, por lo expuesto, no se podía exigir de forma inmediata
el reintegro de las supuestas sumas percibidas de forma indebida, por concepto de
mesadas pensionales. Así, concluyó que, debido a una actuación pendiente, no se
podía tener certeza sobre la exigencia y exigibilidad de alguna obligación, hasta que
el acto no adquiriera firmeza.

Por último, explicó que las resoluciones demandadas eran nulas por falsa
motivación, al no declarar probadas las excepciones presentadas contra el
mandamiento de pago, las cuales se encontraban ajustadas a la norma aplicable, y
seguir adelante con la ejecución.

Por último, expuso los perjuicios que estimó causados por conceptos de daño
emergente consolidado y futuro, de lucro cesante consolidado y futuro, y de
perjuicios morales, con lo cual fundamentó los montos indicados en las
pretensiones.

Oposición de la demanda

Colpensiones no se pronunció durante el traslado de la demanda, por lo que el
tribunal la tuvo por no contestada7.

6
Citó la sentencia del 27 de septiembre de 2001, exp. 6617, M.P. Manuel Santiago Urueta Ayola; y del 29 de septiembre
de 2005, exp. 13609, M.P. Héctor J. Romero Díaz.
7
Auto del 13 de diciembre de 2022 (Cfr. Samai de tribunal, índice 16). Se precisa que, al momento de allegar los
antecedentes administrativos, la demandada también presentó la contestación a la demanda; no obstante, ésta fue
extemporánea (Samai de tribunal, índice 22).

4
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Sentencia apelada

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A, negó
las pretensiones de la demanda y no condenó en costas a la demandante, por las
siguientes consideraciones8:

Expuso los hechos probados dentro del expediente, resumió los cargos expuestos
en la demanda y explicó la normativa aplicable al caso en concreto. Luego, indicó
que el análisis de los argumentos podía realizarse de forma conjunta, pues están
íntimamente relacionados entre sí.

Precisó que en el presente asunto no existe un procedimiento especial para el cobro
coactivo, puesto que las obligaciones no versan sobre impuestos, tasas o
contribuciones fiscales y parafiscales, sino que su naturaleza es laboral – pensional,
razón por la que resultaba aplicable lo previsto en la norma general, la Ley 1437 de
2011, y solo de forma subsidiaria se acudiría a las disposiciones del Estatuto
Tributario.

Adujo que el cobro que se discute tuvo fundamento en la resolución SUB 157569 de
18 de junio de 2018, que revocó un reconocimiento de pensión de vejez, y en la
resolución SUB 164425 del 21 de junio de la misma anualidad, que ordenó el
reintegro de las mesadas pensionales, como los respectivos actos que resolvieron
los recursos contra ambas resoluciones.

Determinó que el artículo 101 de la Ley 1437 de 2011 establece que no hay lugar a
la suspensión del proceso coactivo por la interposición de la demanda contra los
actos que constituyen el título ejecutivo; es decir, que este hecho no impide la
expedición de la resolución que ordene seguir adelante con la ejecución. Así,
advirtió que la demandada acertó al declarar no probada la excepción propuesta de
interposición de demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra los
citados actos; puesto que, al no existir auto admisorio de la demanda, no había
prueba fundamental para declarar la suspensión.

Agregó que, en el acto que resolvió el recurso de reposición, se hizo referencia al
artículo 101 de la Ley 1437 de 2011, con la finalidad de manifestar que el auto
admisorio de la demanda no era suficiente, ya que para la suspensión del trámite
administrativo se requiere que el título ejecutivo sea suspendido provisionalmente
por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Adicionalmente, afirmó que el
Consejo de Estado9 ha indicado que la excepción de interposición de demanda del
artículo 831 del Estatuto Tributario requiere de la presentación de la demanda en
debida forma de un proceso contencioso administrativo, lo cual no se configura en
este caso, pues la demanda fue remitida a la Jurisdicción Ordinaria en su
Especialidad Laboral.

En cuanto a la excepción de la falta de ejecutoria del título, sostuvo que, de acuerdo
con los artículos 87 y 89 de la Ley 1437 de 2011, dicho carácter depende que los
actos adquieran firmeza. En este caso, al aplicarse las normas generales del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, afirmó la
firmeza del título ejecutivo se configura desde el día siguiente a la publicación,
comunicación o notificación de la decisión sobre los recursos interpuestos. Señaló
que la administración realizó una debida interpretación de la norma, según los
8
Samai de tribunal, índice 41.
9
Sentencia del 6 de noviembre de 2019, exp. 23198, M.P. Milton Chaves García.

5
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hechos probados en el expediente administrativo, reiterando que con la
interposición de la demanda no se suspendía el término de ejecutoria.

Con relación a la falta de título ejecutivo, concluyó que, contrario a lo expuesto por
la demandante, los actos acusados cumplen con los requisitos para la procedencia
de un título, al contener una obligación clara, expresa y exigible10, así como cumplió
con las etapas de la actuación administrativa. En este aspecto, el a quo consideró11
que los argumentos estudiados, en realidad, tenía el objetivo de «cuestionar la legalidad
de los actos que ordenaron el reintegro de las mesadas pensionales, pues a su consideración, se
expidieron antes de que se encontrara en firme la actuación con la que se revocó su reconocimiento
de pensión, lo cual es un asunto que ha debido plantarse en sede administrativo – y eventualmente
judicial – dentro del estudio de la legalidad del título y no dentro de este proceso, por cuanto no hace
parte del estudio dentro del procedimiento de cobro coactivo realizar un análisis de legalidad del
título ejecutivo»12.

Por último, indicó que al momento de librar el mandamiento de pago se habían
agotado los recursos administrativos, los cuales fueron resueltos y comunicados
debidamente, razón por la que los actos se encontraban en firme y gozaban de
presunción de legalidad13.

Finalmente, no impuso condena en costas porque no fueron debidamente
acreditados, siguiendo los lineamientos jurisprudenciales14.

Recurso de apelación

La demandante solicitó revocar la sentencia de primera instancia, para lo cual reiteró
los hechos expuestos en la demanda, precisando que la resolución mediante la cual
la demandada revocó el reconocimiento de pensión de vejez y reliquidó la mesada
pensional, no fue notificada, y solo fue por un fallo de tutela que se amparó su
derecho al debido proceso y se ordenó surtir esta actuación. Por lo anterior, adujo
que el título ejecutivo sería inexistente, toda vez que se ordenó el reintegro de
dineros sin que el acto de determinación se encontrara en firme.

Señaló que el a quo no tuvo en cuenta el problema jurídico a resolver, así como no
observó la situación fáctica del caso en concreto, situación que, al estar ligada con
el derecho al mínimo vital de la demandante, debía tener mayor rigurosidad al
momento de verificar la legalidad de los actos administrativos y del perjuicio
causado por la privación de su pensión y ahorros.

Agregó que el tribunal desconoció la existencia del proceso judicial que pretende la
nulidad de los actos que revocaron el reconocimiento del derecho pensional y
ordenó el reintegro de las mesadas que fueron pagadas, que fue interpuesto en el
año 2018. Precisó que se presentó un conflicto de competencias, por lo que
actualmente conoce del asunto la Jurisdicción Ordinaria en su Especialidad Laboral,
la cual solo admitió la demanda en el año 2024.
Por lo anterior, manifestó que era aplicable el numeral 4 del artículo 829 del Estatuto
Tributario, el cual dispone de forma inequívoca que, para proceder con el cobro
coactivo, es necesario que los actos adquieran firmeza para que sea viable la

10
Citó la sentencia del 11 de noviembre de 2021, exp. 25209, M.P. Milton Chaves García.
11
Citó la sentencia del 22 de octubre de 200, exp. 23656, M.P. Milton Chaves García.
12
Samai del tribunal, índice 41, página 18.
13
Citó la sentencia del 22 de octubre de 2020, exp. 23656, M.P. Milton Chaves García.
14
Citó las sentencias del 6 de julio de 2016, sin expediente, M.P. Jorge Octavio Ramírez; y del 24 de julio de 2015, exp.
20485, M.P. Martha Teresa Briceño.

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ejecución formal. En ese sentido, procedió a citar unas sentencias del Consejo de
Estado que han estructurado una línea jurisprudencial sobre la ejecutoria de los
actos administrativos tributarios15, según la cual basta la sola interposición de la
demanda para afectar la firmeza de ellos, sin que se requiera la admisión de la
demanda. Así, consideró que esta postura es aplicable a los procedimientos de
cobro adelantados por Colpensiones, según el artículo 5 de la Ley 1066 de 200616.
Oposición a la apelación
La parte demandada guardó silencio.
Intervención del ministerio público
El agente del ministerio público no rindió concepto.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Antes de decidir sobre el debate judicial planteado en el trámite de esta segunda
instancia, se pone de presente que el magistrado Luis Antonio Rodríguez Montaño
manifestó estar impedido para participar en la decisión, por haber conocido el
proceso en primera instancia (índice 14 Samai) y que mediante auto del 19 de marzo
de 2026 la sala declaró fundado el impedimento presentado (índice 20 Samai).
Problema jurídico
Corresponde a la Sección estudiar la legalidad de las resoluciones 001669 del 25
de abril de 2019 y 003158 del 7 de junio de la misma anualidad, expedidos por
Colpensiones, que declararon no probadas las excepciones de falta de ejecutoria
del título ejecutivo, de interposición de demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho contra los actos de determinación y de falta de título ejecutivo, en el trámite
de cobro coactivo adelantado contra la señora María del Pilar Rocha Jaramillo.
La sala evidencia que, respecto a la falta de título ejecutivo, el a quo concluyó que
los argumentos propuestos al respecto en realidad controvierten la legalidad del
título ejecutivo, esto es, del acto que ordenó el reintegro de las mesadas
pensionales, por lo que no podían ser objeto de estudio en el procedimiento de cobro
coactivo; no obstante, la demandante, en el recurso de apelación, se limitó a reiterar
lo dicho en la demandada, sobre la improcedencia de expedir el acto que ordenó el
reintegro antes de que estuviera en firme la decisión de revocar el reconocimiento
pensional.
De este modo, la sala advierte que la apelante no formuló ningún reparo concreto
contra lo expuesto por el tribunal, pues no justificó por qué debería proceder el
estudio de sus afirmaciones en el trámite de cobro coactivo, y no en el procedimiento
de conformación del título o en el proceso judicial en su contra. Por lo anterior, este
aspecto no podrá ser estudiado, en aplicación del principio de congruencia,
conforme los artículos 320 y 328 del Código General del Proceso.
En ese sentido, se analizarán los argumentos propuestos en el recurso,
relacionados con las excepciones de interposición de demanda y de falta de
ejecutoria del título ejecutivo.
15
Citó las sentencias del 30 de septiembre de 2021, exp. 19001-23-33-000-2019-00141-02; y del 27 de mayo de 2021, exp.
05001-23-33-000-2014-02167-01, sin identificar ponentes.
16
Citó las sentencias del 19 de mayo de 2016, exp. 08001-23-31-000-2009-0013-01, sin identificar ponente; como la del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Subsección A, del 22 de abril de 2021, exp. 11001-33-37-039-2018-00260-01.

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Radicado: 25000-23-37-000-2020-00150-01 (29997)
Demandante: María del Pilar Rocha Jaramillo

Análisis del caso concreto

La apelante solicita la revocatoria del fallo de primera instancia, para lo que precisó
que, contrario a lo dicho por el tribunal, se cumplieron los supuestos de procedencia
de la excepción de interposición de la demanda, la cual recaía también sobre la
ejecutoria del título que dio origen al proceso de cobro coactivo.

Advirtió que la demanda que inicialmente presentó en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho sigue pendiente de decisión, dado que,
«[…] en la actualidad se tramita ante el Juzgado Treinta y Ocho (38) Laboral del Circuito de
Bogotá»17, a raíz del conflicto de competencia, por lo que se tramita bajo el radicado
único 11001-31-05-038-2021-00119-00.

El tribunal en la decisión que se discute indicó que, al tratarse de un asunto de
naturaleza laboral – pensional, no existía procedimiento especial para el cobro
coactivo, por lo que se debía acudir a la Ley 1437 de 2011, norma que no contempla
la excepción por interposición de la demanda; además, consideró que el título
ejecutivo se encontraba debidamente ejecutoriado, debido que la citada norma
prevé que la firmeza del título se configura desde el día siguiente a su notificación,
comunicación o publicación, según sea del caso.

Para definir este litigio, se observa que, para el momento en que inició el
procedimiento de cobro coactivo, se encontraba vigente el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Según se explicó en sentencia
del 14 de agosto de 201918, «el artículo 100 del CPACA definió las reglas procedimentales para
el cobro coactivo de las sumas líquidas de dinero adeudadas a entidades públicas, para lo cual
señaló tres situaciones, a saber: (i) los procedimientos regidos por reglas especiales se rigen por
ellas; (ii) los que carecen de regulación especial, se rigen por lo dispuesto en el Título IV de la Parte
Primera del CPACA y, en lo no previsto por esa normativa, por lo previsto en el ET; y, finalmente, (iii)
los relativos al cobro de obligaciones de carácter tributario aplican las reglas especiales del ET»19.

En efecto, la citada sentencia del 14 de agosto de 2019 señaló que la ejecutoria de
los actos administrativos de naturaleza distinta a la tributaria no se encuentra
regulada por el artículo 829 del Estatuto Tributario, sino por el artículo 89 de la Ley
1437 de 2011, por lo que no se afecta por la presentación de la demanda que
pretende su nulidad.

Además, concluyó que cuando una autoridad inicia el procedimiento de cobro
coactivo para el cumplimiento de obligaciones de distinta índole a la tributaria, no
son aplicables las excepciones de falta de ejecutoria del título ejecutivo y de
interposición de demanda, previstas en los numerales tercero y quinto del artículo
831 del Estatuto Tributario.

Respecto del primer punto, el artículo 89 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo determina que el carácter
ejecutorio de los actos administrativos depende de que los mismos hayan adquirido
firmeza, en los términos del artículo 87 ibidem. A su vez, este dispone que los actos
administrativos quedan en firme, entre otros supuestos, desde el día siguiente al de
su notificación, si contra ellos no procede ningún recurso, o desde el día siguiente
a la notificación de la decisión de los recursos interpuestos. Una vez adquirido el
atributo de firmeza y, consecuentemente, el de ejecutoria, el acto expedido resulta
17
Samai de tribunal, índice 45. Pág. 8.
18
Exp. 23471, M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez. Esta providencia fue reiterada, entre otras, en las sentencias del 21 de
septiembre de 2023 y del 21 de noviembre de 2024, exp. 26925 y 28868, M.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
19
Exp. 23471, M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.

8
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Demandante: María del Pilar Rocha Jaramillo

obligatorio en observancia del procedimiento administrativo general, condición que
se mantiene, a menos de que sea anulado por esta jurisdicción o que se configure
en el caso alguna de las causales de pérdida de ejecutoriedad indicadas
taxativamente en el artículo 91 de la Ley 1437 de 2011.

Por esto, a diferencia de lo que sucede con el artículo 829 del Estatuto Tributario
que supedita la ejecutoria de los actos administrativos de contenido tributario a la
decisión definitiva de las acciones de nulidad y restablecimiento del derecho, las
normas descritas permiten evidenciar que, en el contexto del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el ejercicio del
medio de control judicial de los actos de carácter no tributario no afecta la firmeza
ni el carácter ejecutorio de los mismos.

De este modo, si bien las excepciones reguladas en el artículo 831 del Estatuto
Tributario hacen parte de las normas de cobro a las que remite el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, su prosperidad
dentro de una actuación de cobro contra actos administrativos no conformados de
acuerdo con el Estatuto Tributario no puede generar la misma consecuencia
prevista para asuntos de tipo fiscal, pues la codificación administrativa regula
suficientemente la formación de las actuaciones administrativas.

En ese entendido y por las razones arriba expuestas, la ejecución del título ejecutivo
debe seguirse de acuerdo con las reglas de procedimiento para el cobro coactivo
contempladas en el Estatuto Tributario, sin que ello implique variar las previsiones
de la Ley 1437 de 2011 frente a la firmeza y al carácter ejecutorio de los actos
administrativos, ni los efectos que este código previó en el artículo 101 para la
admisión de demanda en contra del título ejecutivo. Esto, porque la remisión que se
hace al Estatuto Tributario es un aspecto procedimental de cobro (ejecución) que
no tiene el potencial ni la vocación de afectar las regulaciones sobre la fuerza de
ejecutoria de los actos de la autoridad.

Para el caso bajo examen, se evidencia que el artículo 24 de la Ley 100 de 1993
establece que las administradoras de los diferentes regímenes adelantarán las
acciones de cobro por incumplimiento en las obligaciones del empleador,
procedimiento que se realiza con base en lo previsto por la Ley 1066 de 2006. Sin
embargo, esta norma no es aplicable al caso bajo examen en la medida que la
entidad no pretende el cobro de aportes parafiscales, sino la recuperación de
mesadas pensionales que no eran debidas.

Esto explica que la resolución 504 de 2013, modificada por la resolución 0163 de
201520 (manual de cobro administrativo de Colpensiones) 21, establece que «Los actos
quedarán en firme de acuerdo con lo señalado con el artículo 87 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo en los siguientes eventos […]», y reitera los
supuestos previstos en esa norma legal.

Ahora, el cobro coactivo objeto de controversia tiene fundamento en la resolución
SUB 164425 del 21 de junio del 2018, por medio de la cual se ordenó a la
demandante el reintegro de la totalidad de los recursos girados por concepto de
mesadas pensionales. Contra esta decisión se interpusieron los recursos de
20
Este acto solo modificó los numerales 3.1. y 3.2. de la Tercera Parte del Manual de Cobro Administrativo de la
Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones.
21
La resolución se puede visualizar en el enlace:
https://www.colpensiones.gov.co/publicaciones/526/Resolucion%20504%20del%2026%20de%20diciembre%20de%202
013-MANUAL%20DE%20COBRO%20ADMINISTRATIVO%20DEFINITIVO.pdf

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reposición y, en subsidio, de apelación, que fueron resueltos en las resoluciones
SUB 231115 del 31 de agosto de 2018 y DIR 17258 del 25 de septiembre de la misma
anualidad, respectivamente.

Sin embargo, como lo afirmó el a quo, la presentación de la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho en su contra (hoy tramitada como demanda ordinaria
laboral) no tiene incidencia alguna en la firmeza de los actos administrativos que
conforman el título ejecutivo, pues se entienden que están en firme a partir del día
siguiente de la notificación del acto que decidió el recurso de apelación.

Se precisa que, si bien el artículo 3.1.3.2.2.2. de la resolución 504 de 2013 prevé
como excepciones contra el mandamiento de pago las enumeradas en el artículo
831 del Estatuto Tributario, dentro de las cuales se encuentra la interposición de
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, esto solo aplicaría respecto de
los procedimientos de cobro coactivo que adelante Colpensiones con asuntos que
puedan considerarse tributarios (por ejemplo, el cobro de aportes parafiscales al
sistema de pensiones); sin embargo, como se expuso previamente, este no es un
asunto tributario, por versar sobre el reintegro de mesadas pensionales pagadas de
forma indebida.

Con base en lo anterior, se tiene que la interpretación del a quo fue realizada en
debida forma, por lo que se encuentra que los actos que dieron origen al cobro
coactivo que se discute se encontraban en firme, por lo que la administración podía
ordenar su ejecución.

Por lo expuesto, no prospera la apelación de la demandante; en consecuencia, se
confirmará la decisión de primera instancia.

Costas

No se realizará pronunciamiento sobre la decisión del tribunal por este concepto,
dado que no fue objeto de apelación.

En cuanto a esta instancia, y según el artículo 365 del Código General del Proceso
y el acuerdo PCSJA-12355 del 28 de noviembre de 2025, como se confirmará la
sentencia dictada en primera instancia, es procedente condenar a la apelante por
concepto de agencias en derecho. Para tal efecto se tasan en un (1) SMMLV, y se
ordenará al tribunal tramitar el respectivo incidente de liquidación, conforme a las
reglas consagradas en el artículo 366 del Código General del Proceso.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,

FALLA

1. CONFIRMAR la sentencia apelada, proferida el 5 de diciembre de 2024, por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A.

2. CONDENAR en costas en esta instancia a la parte demandante. En
consecuencia, ordenar al tribunal que dé el trámite al respectivo incidente
conforme con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

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Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al tribunal de
origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

Este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente
dirección electrónica: https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

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